Introducción
La necesidad de incorporar conocimientos provenientes desde las neurociencias a la hora de reflexionar y actuar en justicia penal ha quedado plasmada en formulaciones sistemáticas sobre la pertinencia de campos de estudio como la neuropsicología forense (p. ej., en Jarne & Aliaga, 2010) y la neurocriminología (Glenn & Raine, 2014), necesidad que ha sido reforzada por actuales llamados a resaltar “la importancia de esta nueva área neurocientífica en la comprensión de la criminalidad”, convocando activamente a este “nuevo campo de estudio que puede dar luces en los nuevos repertorios del delito” (Vargas Valencia et al., 2021). Esto es atingente en distintos contextos, así como en diferentes momentos del ciclo vital, incluyendo a la justicia penal juvenil.
En función de lo anterior y de manera aplicada, es necesario resaltar que un contundente cuerpo de evidencia da cuenta de la relación que existe entre una variedad de problemas neuropsicológicos en los jóvenes que han infringido la ley. Pese a esto, las herramientas neuropsicológicas no son de uso habitual en los sistemas de justicia juvenil en los países de habla hispana. Si bien existen tres metaanálisis previos que observan una relación entre funciones ejecutivas (en adelante, FE) deficitarias y una mayor propensión a infringir la ley, el funcionamiento ejecutivo es raramente estimado en programas y centros dedicados al diagnóstico y el tratamiento de jóvenes que delinquen. Es por lo anterior que la presente revisión pretende precisar el rendimiento ejecutivo de personas que han violado la ley, particularmente en aquellos que son parte de los sistemas penales juveniles. Esto al considerar la relevancia de evaluar FE con el objeto de mejorar tanto la comprensión sobre el comportamiento delictual como la intervención que se desarrolla con los niños, las niñas, los adolescentes y los adultos jóvenes en el marco de medidas y sanciones penales, al igual que en programas complementarios.
Definición de funciones ejecutivas
Pese a haberse destacado la naturaleza elusiva del concepto de FE (Jurado & Rosselli, 2007), pues se considera una de las definiciones más desafiantes de perfilar en neuropsicología, en la actualidad se han logrado propuestas que le otorgan al concepto de FE una validez de constructo apropiada y pruebas evaluativas confiables que permiten estudiarlas de manera sistemática.
Al ser Luria (1973) un claro antecesor conceptual y Lezak (1982) quien colabora significativamente en su definición y evaluación, las FE se conciben como, un conjunto de habilidades implicadas en la generación, la supervisión, la regulación, la ejecución y el reajuste de conductas adecuadas para alcanzar objetivos complejos, especialmente aquellos que son considerados por el individuo como novedosos y precisan de una solución creativa. (Gilbert & Burgess, 2008)
De esta manera, se constituyen en “el eje central que guía las conductas adaptativas y socialmente aceptadas y aceptables” (Tirapu et al., 2012). El constructo FE resulta difícil de operacionalizar, por lo que se utilizarán las concisas propuestas de Miyake et al. (2000) y las definiciones de Diamond (2006), las cuales gozan de mayor aceptación, según García (2018, p. 25), y parecen ser las más apropiadas para los fines de esta revisión. Estas propuestas indican que las FE se dividen en tres componentes:
Control inhibitorio. Entendido como la capacidad de ignorar distracciones y cambiar de forma deliberada la producción de respuestas automáticas cuando la situación lo requiere, de modo que se logra cancelar las tendencias de respuesta prepotentes o las representaciones no adecuadas a los objetivos de una tarea. El control inhibitorio podría desglosarse, a su vez, en inhibición perceptual, inhibición cognitiva e inhibición comportamental (Canet-Juric et al., 2016).
Memoria de trabajo. Monitorización, manejo y actualización de información en tiempo real. Es la facultad de sostener información en mente, de manera de estar en capacidad de manipularla y administrarla, manteniendo simultáneamente diversas opciones disponibles y jerarquizadas.
Flexibilidad cognitiva. Es la habilidad de alternar de forma flexible entre distintas respuestas, operaciones mentales, focos de atención, perspectivas o esquemas cognitivos, propiciando un ajuste a cada situación o demanda en particular y evitar así un funcionamiento estereotipado o perseverante.
Respecto a las bases neuroanatómicas de las FE, en términos generales, la neuropsicología clínica tiene el objetivo de intentar establecer una relación entre las funciones psicológicas y sus fundamentos fisiológicos. Sin embargo, modelar dicha relación respecto a funciones cognitivas de alta complejidad resulta especialmente difícil. Las FE parecen ser coordinadas por diversas estructuras, no solo del cerebro, sino del encéfalo en general, incluyendo el cerebelo (O’Halloran et al., 2012). No obstante, muy habitualmente se atribuye su coordinación al funcionamiento del lóbulo frontal, particularmente a la corteza prefrontal.
Entonces, si bien tradicionalmente se ha considerado a la corteza prefrontal como una estructura crucial en la implementación de FE, tanto “regiones frontales como no frontales son necesarias para un funcionamiento ejecutivo intacto” (Álvarez & Emory, 2006). Aún más difícil parece proponer definiciones localizacionistas precisas respecto a la neuropsicología de funcionamiento ejecutivo infantil y juvenil (Wilkening, 1989). Por este motivo, el estudio neuropsicológico de las FE no solo se apoya en consideraciones anátomo-funcionales, sino que pone atención al análisis teórico, comportamental, en contexto y ecológico (Álvarez & Emory, 2006), lo que le dé sustento al constructo en marcos socializados de interacción. Por este motivo el presente estudio enfoca el rendimiento de los participantes en pruebas neuropsicológicas más que en estudiar hallazgos neuroanatómicos descritos por la literatura científica especializada. Pese a lo anterior, en las reflexiones finales se propondrá un esquema de relación entre ciertas regiones frontales, procesos funcionales ejecutivos y test que lograrían medir predominantemente dichos procesos.
En esta búsqueda de considerar lo contextual y social de las funciones cognitivas superiores es necesario establecer cómo las habilidades que se definen como ejecutivas nos permiten progresivamente, a lo largo de la vida, proponernos objetivos, controlar la irrupción de pensamientos o emociones interferentes, responder flexiblemente a distintas situaciones y organizar nuestra conducta en tiempo y espacio. Esto le otorga complejidad al comportamiento humano, lo libera de respuestas dependientes solo del ambiente y edifica un fuero interno en el que el sujeto administra según su voluntad diversas respuestas, lo cual involucra postergar las gratificaciones inmediatas y sostener un conjunto atencional que permita ponderar distintas posibilidades. Lo anterior supone que las FE son parte fundamental del desarrollo psicológico humano y resultan el sustento de habilidades sociocognitivas y socioafectivas esenciales. Por tanto, cuando se detectan demoras, fallas o retrocesos en su desarrollo, se produce un ajuste disarmónico e, incluso, una desregulación conductual, especialmente frente a situaciones exigentes, como aquellas que implican un componente social o emocional. Así, entonces, las FE no se limitan a una serie de operaciones sumamente calculadoras y estrictamente mentales, sino que se integran y armonizan con variados componentes emocionales y motivacionales mediante las llamadas “funciones ejecutivas calientes” (Kerr & Zelazo, 2009), de modo que son un aporte significativo a la cognición social.
Por esto, se propone que las FE reúnen las habilidades fundamentales que contribuyen a explicar el comportamiento delictual de jóvenes que han infringido las leyes, ya que serían esenciales en el despliegue de un comportamiento regulado. Por otra parte, el proceso de desistimiento que se busca lograr en el marco de las intervenciones propias de medidas judiciales y sanciones penales con niños y jóvenes podría verse potenciado por acciones que impacten sobre el desarrollo de las FE, sobre todo considerando que entre sujetos jóvenes las habilidades neuropsicológicas se encuentran en plena construcción.
En consecuencia, la pregunta que conducirá nuestra revisión es: ¿cuáles son los resultados en mediciones de funciones ejecutivas en jóvenes que han infringido la ley?
Método
Se ha desarrollado una revisión bibliográfica exhaustiva fundamentada en un protocolo de búsqueda sistemático que logre responder a nuestra pregunta de una manera comprehensiva, no sesgada, transparente y replicable. A continuación, se presentan los criterios aplicados.
Criterios de selección de los estudios
Los criterios de inclusión fueron: (1) fuentes publicadas en inglés o castellano; (2) fuentes que incluyeran jóvenes que han infringido la ley, independiente del contexto en que se encuentren -medio libre, sanción privativa de libertad, programas presentenciales-, o quienes hayan reconocido cometer delitos según autorreporte; (3) estudios que describan medición de FE, independientemente del diseño de estudio y de las pruebas aplicadas; (4) respecto a la edad, se incluyen aquellos estudios cuya muestra abarque participantes considerados dentro del ámbito de la “justicia penal juvenil”, es decir, niños, niñas, adolescentes y adultos jóvenes entre diez y veinticinco años de edad; (5) fuentes publicadas sin límite de antigüedad hasta el año 2019.
Es relevante para los fines de esta revisión observar la situación de quienes por edad son o pudieran ser sancionados por leyes penales juveniles, así como aquellos que se encuentran cumpliendo medidas y sanciones por dichas leyes, sancionados siendo menores de edad y que, por tanto, pueden remontar su edad entrada la adultez joven, debido a la duración misma de las sanciones.
Los criterios de exclusión han sido: (1) artículos que se centran únicamente en población que ha cometido delitos sexuales, ya que se trata de actos con una connotación psicológica y neuropsicológicamente distinta a la que se desea analizar; (2) estudios con participantes cuya edad es inferior a diez o superior a veinticinco años; (3) estudios que miden problemas conductuales, de personalidad psicopática, comportamiento antisocial, conducta violenta u otra variable que no sea directamente el haber cometido delitos o autorreportar dicha conducta; (4) estudios que miden FE en personas que han cometido actos de violencia intrafamiliar, violencia en la pareja o contra compañero íntimo u otras situaciones ocurridas en contexto familiar y procesadas por leyes de familia; (5) fuentes publicadas posterior al 2019.
Desde luego, para ser incorporado en la revisión un estudio debe cumplir todos los criterios de inclusión y ningún criterio de exclusión. Con relación a los límites temporales de las publicaciones, se argumentará al respecto en la sección de discusión.
Se estimó necesario incorporar no solo estudios que incluyen a personas procesadas penalmente, sino también a quienes han reconocido cometer delitos a través de un autorreporte, por ser un indicador confiable de criminalidad que “ha demostrado tener propiedades psicométricas fuertes” (White et al., 1994). Lo anterior permite dar cuenta de las FE de quienes no han sido detenidos: una hipótesis sobre FE entre infractores es que estas se evalúan deficitarias, especialmente entre quienes han sido apresados. En cambio, quienes delinquen, pero logran evadir la acción penal supuestamente demostrarían FE conservadas. Esto ha sido descartado por Moffitt y Silva (1989) al incorporar sujetos que reportan haber cometido delitos sin haber sido apresados, muestras de participantes que exhiben el mismo nivel de FE deficitarias de quienes han sido capturados por la acción policial/judicial. En consecuencia y por varios motivos, existe fundamento para considerar que el autorreporte delictual resulta una medida fidedigna y de considerable importancia metodológica.
Estructura de la revisión
La revisión se sistematizará según tres fases. En la primera y reconociendo la existencia de tres metaanálisis previos que abarcan temáticas similares, se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica dirigida, que buscaba seleccionar de entre estos metaanálisis los estudios que cumplen los criterios de selección que hemos propuesto, para luego exponer sus hallazgos en un sumario. Algunas orientaciones consideran obligatorio para ejecutar correctamente una revisión sistemática estudiar por completo la lista de referencias de revisiones sistemáticas y metaanálisis previos sobre temas similares a los analizados (Higgins & Thomas, 2019).
Luego -como parte de una segunda fase- aplicamos el protocolo de búsqueda de artículos de revistas en bases de datos electrónicas, y desplegamos en un sumario sus resultados.
En tercer lugar, además de artículos en revistas presentes en bases de datos, se incluyeron antecedentes provenientes de la literatura gris a fin de aumentar el alcance de la discusión y las conclusiones. Se entiende por literatura gris el conjunto de reportes o estudios publicados fuera del circuito tradicional, incluyendo disertaciones, resúmenes de conferencias, tesis, reportes de gobiernos o agencias, boletines, etc. Se tiene en cuenta que muchos de ellos pueden ser de alta calidad, de modo que incluir literatura gris en una revisión sistemática es “altamente deseable” en el nivel metodológico (Higgins & Thomas, 2019) en la medida en que permite controlar sesgos de publicación que se introducen al centrar búsquedas exclusivamente en artículos revisados por pares, por tanto, se considera que la apreciación de la literatura gris está aumentando en el ámbito investigativo (Paez, 2017). Hemos integrado a la búsqueda de literatura gris algunos libros y capítulos de libros que realizaron mediciones de FE con resultados que no han sido publicados en artículos de revistas u otros reportes.
Los artículos que cumplan con los criterios de selección serán sintetizados cualitativamente. La presente revisión no incluye una síntesis cuantitativa o un metaanálisis, ya que la razonabilidad de incluirlo decae considerando la alta heterogeneidad entre estudios, las escasa combinabilidad de los resultados debido a la diversidad de metodologías implementadas, la ausencia de medición sobre tamaño del efecto de las FE sobre el comportamiento infraccional y, sobre todo, por el enfoque de la pregunta que guía nuestra revisión y el hallazgo de estudios más bien descriptivos que se limitan a medir FE entre infractores, más que establecer correlación, causalidad, efectividad de tratamientos u otros métodos que sí habilitan la posibilidad de desplegar un metaanálisis de los resultados, entendido este como un “componente opcional de una revisión sistemática” (Davies & Francis, 2018).
Resultados
Primera fase: búsqueda dirigida. Síntesis de metaanálisis (Morgan & Lilienfeld, 2000; Ogilvie et al., 2011; Gil-Fenoy et al., 2018)
Los tres metaanálisis revisados completan -en conjunto- un total de 141 estudios, 32 de los cuales cumplen con los criterios de inclusión establecidos y no cuentan con criterios de exclusión. De estas 32 fuentes revisadas, seis estudios corresponden a literatura gris (los que se analizarán en el tercer sumario), y el resto a estudios publicados en revistas presentes en bases de datos. La totalidad de artículos incluidos en metaanálisis anteriores sobre el tema, indicándose el cumplimiento o no de los criterios de la presente revisión, se encuentran detallados en la Tabla 1.
En la Tabla 2 se presenta el sumario de estas 26 publicaciones y sus principales hallazgos. Se detalla, además, el autor principal, el año de publicación, el tipo de diseño utilizado, la edad de los participantes (rango, promedio o ambas, según lo haya explicitado la publicación), el tamaño de la muestra (distinguiendo total y mujeres en caso de haber), el contexto en el que se encontraban los participantes y los instrumentos utilizados para la medición de las FE.
* Se indica con un check su consideración en uno o más de estos metaanálisis, si cumple o no los criterios de inclusión de la presente revisión y cuál sería el criterio de exclusión, de haberlo.
Abreviaciones: PMT: Porteus Maze Test; PCM: Paragraph Completion Method; WSCT: Wisconsin Sorting Card Test; TMT: Trails Making Test; ID/ ED: Intradimensional / Extradimensional Set Shift Task; SWM: Spatial Working Memory Task; ToL: Tower of London Test; K-ABC: Kaufman Assessment Battery for Children; CPT: Continuous Performance Test; COWAT; Controlled Oral Word Association Test/Verbal Fluency; BCT: Booklet Category Test; CANTAB: Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery; RCT: Risky Choice Task; VFT: Verbal Fluency Task; IGT: Iowa GamblingTask
Segunda fase: estrategia de búsqueda en bases de datos
La búsqueda de los artículos científicos analizados en esta revisión sistemática fue ejecutada utilizando las bases de datos Pubmed/Medline, Scopus, Web of Science, PsycINFO, Taylor & Francis, Latindex y ProQuest, ver Figura 1.
La búsqueda se efectuó utilizando términos clave combinados mediante los operadores booleanos de la manera expuesta en el sumario. Las búsquedas que no han arrojado resultados se han omitido. En el mismo sentido, se excluyeron las búsquedas realizadas en la base SciELO por no arrojar ningún resultado que cumpliera nuestros criterios.
De los 34 estudios encontrados en bases de datos electrónicas, diez corresponden a literatura gris y serán considerados en el tercer sumario. Los 24 restantes demuestran hallazgos detallados y sintetizados en la Tabla 3. En la segunda columna de dicha tabla se encuentran los términos de búsqueda exactos aplicados a cada base de datos.
Abreviaciones: BRIEF-SR: Behaviour Rating Inventory of Executive Function - Self Report Version; D-KEFS: Delis-Kaplan Executive Function System; CAS: Cognitive Assessment System; R-PACT: Residential Positive Achievement Change Tool; YPI: The Youth Psychopathic Traits Inventory; RPQ: The Reactive-Proactive Aggression Questionnaire; BES: The Basic Empathy Scale; IFS: Ineco Frontal Screening.
Tercera fase: literatura gris
La búsqueda de material correspondiente a literatura gris se ha concretado al incorporar libros, capítulos de libros y búsquedas en bases de datos Embase, ProQuest, OpenGrey y otras. Se especifican en el sumario solo aquellas fuentes que han arrojado resultados esperados. Los términos de búsqueda utilizados han sido los mismos ya declarados para las bases de datos en el apartado anterior.
En resumen, se exponen los resultados de un total de 64 estudios (Tabla 4). El proceso global de búsqueda podemos sistematizarlo mediante un diagrama Prisma (Moher et al., 2009), tal como se expone en la Figura 2.
Discusión
En esta sección nos proponemos integrar los hallazgos que, en su conjunto, responden a nuestra pregunta inicial. Este propósito se guía por estándares tradicionales en el momento de conducir una síntesis cualitativa (IOM standards, Eden et al., 2011), es decir, describir la naturaleza de la evidencia en laliteratura especializada, describir los posibles efectos de las diferencias entre estudios, describir relaciones entre las características de estudios individuales y sus hallazgos reportados, así como desentrañar patrones recurrentes, revisar algunas debilidades y fortalezas en la base de evidencia y también vincular los resultados a elementos teóricos y de aplicabilidad de los resultados.
El protocolo de búsqueda utilizado permitió identificar y analizar 64 fuentes, de las cuales se desprende una muestra total que supera los 24.000 niños, niñas y jóvenes, de estudios publicados entre 1942 y 2019. Estos antecedentes se resumen en la Tabla 5.
La pandemia mundial iniciada en el 2019 ha mermado la capacidad de los investigadores de acceder a participantes, levantando datos con mucha dificultad, con el fin de iniciar o proseguir acciones investigativas. Esto ha generado la necesidad de superar las dificultades de maneras específicas (p. ej., Byrom, 2020; Racionero-Plaza et al., 2021).
Esta revisión no integrará resultados posteriores al 2019, ya que la forma específica en que cada estudio ha enfrentado e intentado contrapesar las dificultades propias del acceso a participantes en pandemia debería ser observada con un mayor detenimiento y con otros criterios más específicos que los propuestos por las condiciones originalmente planteadas para la presente revisión.
Sumado a lo anterior, la pandemia y las condiciones de confinamiento y otras alteraciones de la vida cotidiana han tenido un fuerte impacto en la población mundial. No solo se ha descrito sistemáticamente la afectación que la pandemia ha inducido en el comportamiento cotidiano en personas con bajo nivel ejecutivo preexistente a la pandemia (Appelhans et al., 2021), sino que los efectos de la pandemia han producido decrementos en el funcionamiento cognitivo en general (Ingram et al., 2021), y específicamente en el funcionamiento ejecutivo de la población (Da Silva Castanheira et al., 2021), afectación ejecutiva que también se ha constatado específicamente en niños y adolescentes (Lavigne-Cerván et al., 2021).
En consecuencia, si los componentes de estrés, ansiedad y preocupación contextual, incrementados mundialmente durante la pandemia de Covid-19 (debido a las alteraciones de la vida cotidiana, confinamiento y otros factores), perjudican las funciones ejecutivas de la población, las mediciones de estos parámetros se encuentran influidas por el contexto y, por tanto, conviene observarlas más detalladamente; en efecto, se estima necesario no incorporarlas a una revisión de horizonte temporal tan amplio como la que se suscribe. De todas formas, son numerosos los estudios recientes que continúan comprobando la relación entre menores niveles de funcionamiento ejecutivo entre jóvenes que han delinquido (p. ej., Bantjes et al., 2020; Coenen et al., 2021; Franco-O’Byrne et al., 2021; Harwood-Gross et al., 2020).
En conclusión, pese a esta pequeña limitación temporal de las publicaciones, la presente revisión acoge diversas formas de reporte científico sobre las FE en jóvenes que han infringido la ley, revisión que abarca más de setenta años de investigación científica especializada sobre el problema, con lo que es posible que efectivamente esta entregue nociones sobre cómo se ha entendido el estudio de las variables involucradas a lo largo de varias décadas, al mismo tiempo que incentivar una revisión actualizada y en condiciones de revisión óptimas a futuro.
Síntesis cualitativa
Respecto a los hallazgos en el ámbito global se puede decir que, del total de 64 estudios, solo en cuatro no se observa ningún tipo de relación entre FE y la comisión de delitos (O´Keefe 1975, Baskin- Sommers, 2015, Borrani et al. 2015, y Appellof, 1985). El resto de las investigaciones revisadas considera que se han medido FE característicamente bajas entre los niños y jóvenes que cometen delitos. Las bajas FE detectadas a lo largo de la revisión resultan independientemente del contexto donde se ha medido (centros de diagnóstico, sanciones en medio libre, centros cerrados, etc.). Varias investigaciones estiman que contextos privativos de libertad inducen una afectación de las FE. Por ejemplo, el metaanálisis de Meijers et al. (2015), al sistematizar siete investigaciones llega a la conclusión de que sujetos privados de libertad disminuyen de forma progresiva sus capacidades atencionales, su memoria de trabajo, la resolución de problemas y su inhibición conductual; en consecuencia, estos sujetos son aún más proclives cometer actos violentos o delictuales a través de un efecto carcelario que parece derechamente iatrogénico. Sería sumamente importante que futuras investigaciones se centren en cómo los efectos de la prisionización inciden negativamente en las FE en población infantil y juvenil.
Pese a la contundencia del escenario observado de forma preliminar, este nivel de análisis resulta insuficiente, por lo que se desagregarán los estudios según la metodología y el diseño utilizado.
Tipos de diseño
Entre los estudios escogidos según los criterios de búsqueda se incluyen 54 estudios transversales y diez longitudinales. En cuanto a estos últimos, se caracterizaron por realizar entre dos y seis mediciones sobre la muestra, realizando seguimientos de la FE a lo largo de entre tres y veinte años. Solo uno de estos estudios longitudinales no encuentra ningún tipo de relación entre bajo desempeño en FE y conducta delictual.
Independiente de los resultados mencionados, preocupa principalmente distinguir con qué se ha comparado las medidas de FE de jóvenes infractores. Para esto, se desagregaron los estudios que confrontan los resultados con un grupo control, con grupos de comparación y, finalmente, con una norma poblacional.
Comparación con grupo control
Un total de 35 de los 38 estudios que utilizan grupo control estiman que el grupo de infractores logra desempeños en FE significativamente bajos, en comparación con los niños y jóvenes no-infractores.
Las variables que fueron pareadas para conformar el grupo control fueron edad y sexo en la totalidad de los estudios. Otras variables consideradas para parear los grupos fueron: Nivel socioeconómico (seis estudios), coeficiente intelectual o inteligencia (seis estudios), nivel educacional (cinco estudios), origen étnico o racial (tres estudios) y dominancia manual (un estudio).
Uso de grupos de comparación
Un total de 29 estudios compararon resultados de medición en FE con subgrupos dentro de la muestra. Los resultados pueden resumirse de la siguiente manera.
Edad
Un solo estudio ha comparado grupos de infractores adultos y jóvenes, estimando que no existen entre ellos diferencias en FE, al ser estas deficitarias de forma semejante en ambos grupos etarios.
Sexo
Las cuatro investigaciones que han comparado el desempeño ejecutivo en niñas y niños no han precisado diferencias. Esto demuestra en grupos de infractores de ambos sexos un rendimiento igualmente insuficiente en su funcionamiento ejecutivo cuando se comparan con el grupo control o norma poblacional.
Respecto a considerar mujeres en las muestras de los estudios revisados, cabe resaltar que estas corresponden a cerca de un 10% de la muestra total (2.007 de 24.674), lo que se aproxima a la proporción entre hombres y mujeres en los sistemas penales juveniles en general (p. ej. Reyes, 2014, para el caso de Chile). Es necesario destacar que hubo autores en nuestra revisión que declararon la intención de incorporar mujeres en sus análisis, sin embargo, no lograron conseguir la muestra suficiente para ejecutar pruebas estadísticas que arrojaran resultados plausibles (p. ej., Baskin-Sommers et al., 2015; Barker et al., 2007). Aunque la justificación es comprensible, algunos autores destacan que “la brecha de género entre hombres y mujeres en justicia juvenil está disminuyendo” (Cebulla, 2016), lo que parece guardar relación con cambios en los roles de género, por lo que recobra importancia estudiar los riesgos asociados a la infracción juvenil específicamente femenina.
Tipología infraccional
Un vacío en la literatura puede implicar la enorme diversidad de tipos delictuales estudiados, de una manera poco sistemática o unificada. Prácticamente ningún estudio reporta el delito puntual que los participantes han cometido, sin embargo, ya que la presente revisión se propone observar los resultados en funcionamiento ejecutivo entre “jóvenes infractores” en general, no es un dato que en su ausencia haya perjudicado el proceso de búsqueda. Se comprende que los sistemas judiciales penales son altamente heterogéneos en el mundo y los autores demuestran una tendencia a definir de forma autónoma ciertos parámetros de análisis respecto a la duración, la persistencia, el nivel de violencia, el nivel de gravedad y la connotación sexual u homicida del acto, entre otras consideraciones sobre la infracción que se analizan a continuación.
Más que delitos concretos, muchas investigaciones revisadas se dedican a comparar grupos que presentan diferentes “tipologías delictuales”. En ese sentido se puede indicar que existe una contradicción entre las dos investigaciones que comparan el desempeño ejecutivo entre infractores de inicio temprano y ofensores con un inicio tardío. Cada uno de esos estudios indica que los de inicio precoz tienen aún más problemas en FE que el grupo comparativo, mientras que la investigación restante no observa diferencias.
Según uno de los estudios analizados, los jóvenes con comportamiento delictual estable y consistente tienen peor funcionamiento ejecutivo que sus pares que infringen la ley según un comportamiento delictual ocasional. De esta manera, hay mucha más evidencia y concordancia entre investigaciones al momento de comparar infractores violentos y no-violentos. En la totalidad de los cinco estudios revisados se observa un desempeño significativamente menor en FE por parte de infractores violentos en comparación con los no-violentos, mientras que ambos grupos obtienen resultados inferiores que los grupos de control. Además, una menor capacidad en FE pareciera predisponer a la reincidencia en infractores primerizos.
Existe evidencia contradictoria respecto a la comparación de infractores sexuales y no-sexuales. Se recuerda que un criterio de exclusión de la revisión es estudios que midieran FE únicamente en ofensores sexuales, pero se admitieron investigaciones que comparan participantes de grupos de ofensores sexuales con grupos de ofensores no-sexuales, ya que son estos últimos los que justamente observan resultados de interés para esta revisión. Un estudio señala que infractores sexuales tienen mejor funcionamiento ejecutivo que sus pares ofensores de tipo no-sexual, mientras otra investigación indica lo contrario y otras dos no evalúan diferencias en FE entre ambos grupos. Se destaca la complejidad de evaluar esta tipología delictual de manera diferenciada en tanto no se especifique la carga de violencia que el delito sexual involucra: ofensas que abarcan un abanico bastante amplio, desde ofensores que agreden violentamente a desconocidos, hasta situaciones propias del contexto intrafamiliar y mediadas por la implementación de engaño o amedrentamiento. Lo anterior da cuenta de perfiles neuropsicológicos completamente distintos, unificados bajo la variable de delitos sexuales.
Un rendimiento distintivamente disminuido en FE permitiría diferenciar a infractores que cometen delitos graves, en comparación con quienes cometen delitos leves, especialmente en los ámbitos de memoria de trabajo y control inhibitorio.
Respecto a otras tipologías delictuales, dos investigaciones comparan las FE de grupos de jóvenes homicidas con otros perfiles de ofensores, y establecen que el mejor predictor del comportamiento que culmina en asesinato es un perfil neuropsicológico deficitario en funcionamiento ejecutivo.
Confluencia con otros trastornos, déficits o rasgos
Los infractores con bajo funcionamiento ejecutivo y que además demuestran algún nivel de déficit atencional ven potenciado su comportamiento delictivo, en cuanto a impulsividad, agresividad, frecuencia, gravedad de los delitos cometidos y propensión a la reincidencia, de acuerdo con los tres estudios revisados que compararon estas variables.
Por otra parte, el funcionamiento ejecutivo se observa en similar medida deficitario entre infractores con y sin trastorno bipolar. La misma situación se aprecia en relación con jóvenes con y sin psicopatía. El sugestivo resultado de una de las investigaciones revisadas indica que jóvenes infractores con frialdad emocional demuestran una alta capacidad ejecutiva, lo que es consistente con planteamientos teóricos que distinguen entre perfiles delictuales impulsivo/ agresivos caracterizados por violencia reactiva y baja FE, versus un perfil más planificador, de violencia proactiva y con capacidades ejecutivas conservadas (p. ej., Raine, 2013).
Comparación con resultados de la población normativa
Un total de nueve estudios han comparado el desempeño en FE de jóvenes infractores con lo esperado en la población de jóvenes de su edad, mediante una norma poblacional. De forma unánime, estas investigaciones estiman que el desempeño de infractores se caracteriza por sobrerrepresentar problemas ejecutivos en comparación con los resultados poblacionales. Según las investigaciones revisadas, entre un 25% y un 75% de los jóvenes infractores de ley tiene impedimentos ostensibles en FE. Específicamente, proporciones considerables de las muestras de ofensores obtienen un rendimiento significativamente por debajo de lo esperado en tiempos de reacción y cantidad de errores en pruebas de control inhibitorio, así como incremento de errores en pruebas de flexibilidad cognitiva, considerándose en varios estudios que se observaron niveles de “genuina disfunción neuropsicológica”, en general, y “disfunción prefrontal” en particular.
Resulta especialmente alarmante el estudio de jóvenes que esperan pena de muerte en Texas por delitos cometidos a los diecisiete años de edad, participantes que en su totalidad cuentan con signos de disfunción prefrontal (reflejada en su deficitario rendimiento ejecutivo, entre otros indicadores).
En términos generales, los estudios comparativos a la norma pueden tener un menor rigor metodológico, pero resultan fundamentales en el momento de poner en juego una noción de normalidad estadística para las poblaciones, norma que podría ser utilizada en programas y centros que evalúan o intervienen con infractores y que no tienen posibilidad de comparar los resultados con un grupo control construido ad-hoc.
Finalmente -para todos los tipos de diseño- es necesario resaltar que la gran mayoría de investigaciones revisadas controló variables extrañas o intervinientes al excluir de sus muestras a jóvenes con diversas características. Entre las más usuales: participantes con tratamiento farmacológico, jóvenes con consumo problemático de drogas, con desórdenes psiquiátricos, con historial de daño orgánico cerebral y con trastornos neurológicos.
Otras reflexiones
Uno de los énfasis que se ha deseado imprimir en esta revisión es la importancia de distinguir el comportamiento delictual de otros indicadores con los que se suele confundir, incluso en la literatura especializada. Hemos excluido investigaciones que incluso en su título anuncian la medición de FE en “jóvenes delincuentes”, pero en realidad no incluyen a participantes que han cometido delitos ni capturan un autorreporte delictual, sino que simplemente levantan mediciones de problemas conductuales, tendencia antisocial y personalidad psicopática, entre otros factores que se podrían intersectar con el comportamiento delictivo, pero que no reflejan directamente delitos consumados ni dan cuenta del perfil atendido efectivamente en los sistemas penales juveniles a los que pretendemos contribuir.
Otro componente para considerar en futuras investigaciones es la conveniencia de desglosar el constructo de FE. Por ejemplo, abordar y medir de forma diferenciada la inhibición conductual, la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva. Una variante, según la distinción de Ardila y Ostroski-Solís (2008), podría incluir medir FE reflejadas en capacidad de planificación y estrategias “metacognitivas” (FE frías), así como las FE que logran coordinar las habilidades cognitivas con el eje motivación/emoción (FE calientes). Estos desgloses contribuirían a precisar de qué manera subcomponentes ejecutivos tributan de forma diferenciada a la potenciación del comportamiento delictivo.
Por otra parte, en un nivel teórico se puede afirmar que los resultados de la presente revisión parecen apoyar los planteamientos de la criminología del desarrollo y del curso de la vida. Desde este modelo teórico diversos autores han aportado progresivamente al entendimiento sobre tipologías infraccionales transitorias y persistentes, distinción que resulta fundamental en el momento de realizar una evaluación e intervención con personas que han infringido las leyes (Farrington, 2006).
Una actualización de todas las conclusiones respecto a la diferenciación entre “infractores limitados a la adolescencia” versus “infractores persistentes en el curso de la vida” realizada por Terrie Moffitt confirma que los predictores prospectivos más potentes del comportamiento antisocial persistente son déficits neuropsicológicos, dificultades en la parentalización y exclusión social.
En este sentido, muchos estudios muy bien diseñados han demostrado que resultados insuficientes en pruebas neuropsicológicas están prospectivamente asociados con trayectorias delictuales persistentes (…) hay buena evidencia sobre que el comportamiento delictual persistente en el curso de la vida, se caracteriza por dificultades en funciones mentales, particularmente en las verbales y en las funciones ejecutivas. (Moffitt, 2018)
No obstante, nuestra propuesta no intenta evidenciar una causalidad entre bajo funcionamiento ejecutivo y conducta delictual, así como tampoco busca reducir a alteraciones en tejidos neuronales la causa última de los delitos, sino que contempla dichas propensiones en el marco sociocultural y de ciclo vital que habilite una comprensión del delito también como el “producto de una historia personal del neurodesarrollo social. Por qué y cuándo se inicia, cuáles son sus signos tempranos y cómo evoluciona, son elementos indispensables para pensar en prevenir” (Morales, 2008).
Entonces, es necesario adaptar nuestra comprensión y el tratamiento de la conducta delictual a la distinción de si esta viene acompañada de indicadores neuropsicológicos que suelen relacionarse con trayectorias eventualmente más complejas, así como ajustar las modalidades de atención e intervención a las capacidades de cada joven, proporcionando recursos mediadores cuando se observen dificultades específicas en habilidades sociocognitivas y socioafectivas relevantes.
Así es como una de las principales dificultades en el momento de medir la efectividad de tratamientos enfocados en personas que infringen la ley es que la mayoría de los estudios se centran en participantes con comportamiento delictual menos grave. Sherman (2007) llama a observar con detención justamente el perfil de infractores más problemáticos, en sus términos, “los pocos poderosos”, es decir, quienes siendo minoritarios cometen la mayor parte de los delitos y cuentan con necesidades interventivas especiales. Este grupo, dado que presenta trayectorias delictuales persistentes y, por ende, varios de ellos tienen problemáticas neuropsicológicas de base, deben recibir -según Sherman-tratamientos informados en sus características particulares, impactando de forma decisiva sobre las tasas globales de delincuencia y su prevención.
Según una aplicación de la Proporción de Pareto (Caspi, 2016), se ha propuesto con mayor o menor exactitud que el 20% de los infractores más complejos cometen el 80% del total de los delitos perpetrados (p. ej., Früling, 2012, p. 69). En términos más concretos, diversos estudios han estimado que la mayoría de los actos delictivos violentos son cometidos por un pequeño grupo de personas (Loeber et al., 1999; Elonheimo et al., 2009; Falk et al., 2014; entre otros), lo que se vincula, principalmente, a la incidencia de infractores de alta persistencia delictiva, temprano inicio en prácticas delictuales y a la mantención de dicho patrón conductual en la adultez. Por ejemplo, Herrera y Morales (2005), citando distintas fuentes, reafirman que infractores jóvenes de tipología precoz y persistente -si bien pertenecen a una minoría entre los jóvenes que infringen la ley- generan alrededor del 50% de la totalidad de delitos, por lo que considera que el abordaje específico de adolescentes con dicha trayectoria “tiene importantes implicancias para el desarrollo de políticas públicas de prevención del crimen, así como el tratamiento jurídico y psicológico por parte de los sistemas de administración de Justicia Penal Juvenil en nuestras naciones” (2005, p. 231).
En efecto, es de primordial importancia distinguir perfiles delictuales persistentes, ya que “los infractores transitorios versus los persistentes constituyen dos tipos de personas cualitativamente distintas” (Moffitt, 1993), requiriéndose explicaciones teóricas diversas y, por ende, intervenciones inequívocamente diferenciadas.
En la medida en que se ha confirmado la validez transcultural de ciertos elementos de la criminología del desarrollo y del curso de la vida (como la taxonomía del desarrollo, de Moffitt), acciones inspiradas por esta teoría efectivamente podrían contribuir “en el diseño de programas de prevención del comportamiento antisocial entre población adolescente y juvenil en América Latina” (Morales, 2008).
Para terminar, es preciso resaltar la necesidad de incorporar herramientas neuropsicológicas a la labor de evaluación e intervención en el área de justicia juvenil. Existe una gran diversidad de test que estiman las FE, aplicados a lo largo de las investigaciones revisadas, de modo que completan 42 instrumentos distintos, lo que puede resultar confuso en principio. Sin embargo, los más utilizados son solo cuatro: Wisconsin Sorting Card Test (WCST, utilizado en 21 estudios), Stroop Test (aplicado en 17 estudios), Porteus Maze Test (PMT, presente en 11) y el Trail Making Test (TMT, usado en diez investigaciones). Resultan excelentes herramientas en el uso con jóvenes que han infringido la ley, debido a que son fácilmente comprensibles, tienen un carácter claramente lúdico, son de breve aplicación y exigen muy mínimamente funciones verbales (las que resultan muchas veces deficitarias en población penal, como ya se ha mencionado). Por otra parte, sobresalientes esfuerzos en el ámbito de la evaluación neuropsicológica, como el Proyecto Neuronorma (p. ej. Casals-Coll et al., 2013) y la validación de diez test de uso común en adultos (Arango-Lasprilla, 2015), así como para población infanto-juvenil (Arango- Lasprilla & Rivera, 2017), nos permiten contar con norma poblacional actualizada en pruebas de FE para la mayoría de los países de habla hispana, entre ellas WCST, Stroop y TMT.
Pese a que se ha criticado en páginas anteriores una lógica localizacionista estricta en neuropsicología, con el fin de no dejar desatendida la relación entre procesos neuropsicológicos y bases neuroanatómicas y con intención de mejorar la organización de estos resultados acogemos la propuesta de Stuss (2002) acerca de regiones corticales frontales que parecen establecer mayor asociación con comportamientos ante exigencias ejecutivas, lo que adicionalmente podemos relacionar con test que precisamente reflejen en mayor proporción dichos procesos (véase la Figura 3).
Los eventuales aportes de la evaluación neuropsicológica, sumados a la necesaria incorporación de otras disciplinas, como, por ejemplo, el trabajo social clínico, la psicopedagogía, la educación diferencial, la terapia ocupacional, la logopedia/fonoaudiología y otras, podrían abrir un campo interdisciplinario más completo en justicia juvenil.
Una justicia juvenil más comprehensiva puede aportar una mayor efectividad a las intervenciones sobre las tendencias a cometer acciones delictuales, las cuales han sido absorbidas por la plasticidad del sistema nervioso y en el nicho de la interacción social, y podrían ser solucionadas a partir de esta interacción, así como gracias a la misma plasticidad. En definitiva, es urgente abarcar la real variedad de vulnerabilidades y daños que existen a la base de comportamientos problemáticos en niños, niñas y adolescentes, potenciados al amparo de una matriz de desigualdades y falencias familiares, sociales y culturales de las cuales todos somos parte, falencias que incluyen la insistencia de los sistemas en sostener prácticas no-inclusivas en justicia juvenil.
Después de todo, una pieza esencial de una labor fundamentada en un enfoque de derechos realmente operativo es considerar las características particulares de cada participante, ajustando decididamente las modalidades de atención para que logren implicar una adecuada neurodiversidad y que, especialmente en menores de edad, se transformen las prácticas en consideración de su genuino interés superior. De paso, permitirá que las acciones interventivas en justicia juvenil, diseñadas según las verdaderas características de los usuarios, incrementen su efectividad en el momento de incentivar el desistimiento delictual y la reinserción social de niñas, niños y jóvenes1.