Del triunfalismo al estallido de la crisis: el caso CRAV

El año político de 1981 se iniciaba con un ambiente triunfalista, marcado por la ausencia de una oposición articulada y la entrada en vigor de la nueva constitución. El día anterior a la misma, el editorial comentaba las declaraciones de Bardón, ministro director de la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN), que explicaba que, en el nuevo marco legislativo, los lineamientos de la política social debían definirse "por medio de las fuerzas del mercado, pues ellas son más eficaces para detectar las necesidades reales de la población" (EMV, 10/3/1981).

En las semanas siguientes, la sección de "Temas económicos" argumentaba que los "resultados positivos en los campos de la producción, los precios, las finanzas públicas, la inversión, el ahorro, el empleo, las remuneraciones y la distribución del ingreso" suponían las pruebas objetivas que desautorizaban las críticas al modelo económico del gobierno. La reestructuración del mercado financiero, la liberalización de los precios y la reforma arancelaria eran el fundamento para el desarrollo de un régimen de libertades individuales y de progreso identificado con la extensión del consumo entre la población con ingresos medios y bajos. Y a quienes, desde la derecha leal a la dictadura, criticaban con argumentos éticos el peligro que el consumismo suponía para los valores espirituales del pueblo chileno, respondía que "salir de la pobreza significa, precisamente, mejorar los niveles de consumo". La oposición y las resistencias a la política económica del gobierno se debía a la lenta adaptación de la sociedad, lo que se asumía con indulgencia -no falta de cierta soberbia-, "ya que los chilenos han sido formados en una tradición diferente, de raigambre estatizante, que los lleva a desconfiar de la iniciativa privada, la libertad económica, la descentralización y, en fin, de todo lo que podría denominarse estrategia no socialista de desarrollo" (EMV, 21/3/1981, p. 5). Por su parte, los editoriales de "La semana política" invalidaban esas críticas apelando a los indicadores macroeconómicos -"hasta los más escépticos se encuentran sorprendidos"- y legitimaba los resultados del gobierno como unánimemente aplaudidos por la opinión pública, "que los compara con la época traumática que se vivió durante el gobierno marxista" (EMV, 5/4/1981). Todo, en el mismo mes en que Friedrich Hayek visitaba Chile por segunda vez. Era el momento dorado del llamado milagro económico (^{Caldwell y Montes, 2015}, pp. 115-120).

Sin embargo, en 1981 comenzaron a aparecer síntomas de lo que se vislumbraba como una gran crisis económica (^{Ffrench-Davis, Muñoz y Palma, 2002}, pp. 345346), así como las primeras disensiones del empresariado con las políticas neoliberales, especialmente en los sectores tradicionales perjudicados por la apertura aduanera (^{Campero, 1984}, p. 231). Ya en diciembre de 1980 Carlos Podlech, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Trigo (ANPT), que agrupaba a los agricultores del Sur, había enviado una carta al ministro de Agricultura culpándolo de la quiebra de los agricultores (^{Almonacid, 2016}, p. 123). En Valparaíso también era visible el mismo descontento por la brusca bajada de aranceles, como señalaba el presidente de la ASIVA. El balance era ya preocupante: más de cincuenta fábricas quebradas desde 1975, un importante aumento del desempleo y la práctica desaparición de rubros completos del tejido industrial de la región, como la pesquería industrial, la manufactura conservera y la confección textil, forzada a transformarse en importadora ante la invasión de productos extranjeros (EMV, 18/4/1981).

Sin embargo, el escándalo estalló en mayo cuando se anunció en primera página el cese de actividades de la azucarera CRAV. Inicialmente El Mercurio de Valparaíso presentó el caso como resultado de una fallida operación de compra de materia prima en el exterior (EMV, 3/5/1981), tratando de desvincular la quiebra de la empresa de la política económica del gobierno, que había traído un "creciente bienestar para toda la población" (EMV, 5/5/1981). Consecuentemente, responsabilizaba en exclusiva a la gerencia de la empresa por no haber previsto la pérdida de rentabilidad que implicaba la bajada internacional de los precios del azúcar, sin advertir que las "consecuencias no las soportaría ella sola sino también sus trabajadores, sus accionistas y la economía general del país", y planteaba la posibilidad de reflotar la empresa (EMV, 9/5/1981). En cualquier caso, las noticias se sucedieron reflejando la preocupación por cómo afectaría a su más de ochocientos trabajadores, a todos sus acreedores y a las pequeñas y medianas empresas subsidiarias cuyas actividades giraban en torno a la factoría de Viña del Mar (EMV, 6/5/1981).

En efecto, fundada en 1887, la CRAV no solo era uno de los emblemas de la tradición industrial de la región de Valparaíso, sino también una de las diez principales empresas de Chile (^{Bravo, 2002}). Formaba parte un "holding" que reunía a importantes compañías comerciales, eléctricas, industriales y financieras -la matriz CRAV Alimentos S. A. (CRAVAL), la cadena de supermercados Unicrav, Comercializadora y Distriduidora Nacional (CODINA), Industrias Varias S. A. (INVARSA), la Compaña Nacional de Fuerza Eléctrica S. A. (CONAFE), el Fondo Mutuo La Alborada, las aseguradoras Los Andes y La Alborada, entre otras-, sin contar las empresas que operaban como pantalla entre Chile y Panamá. El presidente del grupo, Jorge Ross Ossa, estaba emparentado con las principales familias de la oligarquía chilena, entre ellas los Edwards -con quienes su familia formó hasta los años sesenta un mismo conglomerado, el grupo Ross-Edwards-, y había participado también en el directorio de compañías del grupo Matte, el otro grupo empresarial tradicional, uno de cuyos directivos era presidente de CRAVAL al momento de la quiebra. Pero el dinamismo de Ross, entusiasta del modelo neoliberal, le había permitido levantar su propio grupo y vincularse también estrechamente a los llamados "Pirañas" -los grupos Cruzat-Larraín y Vial-, que se habían forjado al calor de la especulación bursátil, comprando participaciones de pequeños accionistas para depredar empresas mayores y, finalmente, sobrepasar a los grandes conglomerados tradicionales, el grupo Matte y el Edwards. Así, Javier Vial había permanecido en el directorio de la CRAV hasta 1980 y conservaba una parte importante a través del Banco Hipotecario de Chile (BHC). Por su parte, Manuel Cruzat había controlado el 20 % de acciones de la CRAV hasta 1976 y seguía participando en el grupo a través de empresas interpuestas. En realidad, resultaba difícil precisar la proporción que alcanzaba la participación de Cruzat en CRAVAL o si Ross era, más bien, un gestor de sus intereses, como pareció al ser nombrado presidente de la Compañía de Petróleos de Chile justo cuando estalló el escándalo de la CRAV. En cualquier caso, Ross aparecía como una suerte de agente articulador del sistema de grupos que acaparaban el poder económico tras la concentración empresarial de los años anteriores. Y, por si fuera poco, su relación con Cruzat también lo vinculaba directamente con Sergio de Castro, que había sido director de la CRAV desde 1968 hasta 1973. Tras el golpe, De Castro se convirtió en el principal asesor del ministro de Economía, Fernando Léniz -presidente de El Mercurio durante el gobierno de Allende- y en 1975 fue nombrado ministro de Economía, asumiendo la cartera de Hacienda desde 1977. No extraña, pues, que en 1973 la CRAV obtuviera del Banco del Estado un crédito subsidiado por decreto de Léniz. Tampoco que pudiera adquirir con facilidad las fábricas de su única competencia, la Industria Azucarera Nacional (IANSA), cuando el gobierno procedió al desmantelamiento de la Corporación de Fomento (CORFO). Ni que, finalmente, en diciembre de 1979 otro decreto de Sergio de Castro terminara condonando todas las deudas de la CRAV con el Estado, que sumaban más de 400 millones de dólares. Al contrario, permitía entender la verdadera dimensión económica y política que podía alcanzar la quiebra de la CRAV, en tanto que afectaba "al centro neurálgico del sistema", como señalaba el "dossier" que le dedicó Análisis (36, 7/1982), que también denunciaba la cobertura superficial que la prensa oficialista daba al caso, presentándolo apenas como una operación especulativa fallida para obviar la falta de mecanismos de control sobre la situación financiera de los grupos económicos.

Mientras la banca aseguraba que no peligraba la estabilidad del sistema y que "el problema solo está centrado en esa empresa" (EMV, 20/5/1983), la reacción del diario ante la quiebra de la CRAV se concretó en una serie de editoriales en los que persistía en la defensa del modelo económico y planteaba un doble mensaje. Por un lado, advertía a los empresarios de la necesidad de adaptarse y ofrecer mayor calidad a precios más bajos que la oferta extranjera, lo que redundaba en el interés de la mayoría (EMV, 25/5/1981). Admitía que la industria había experimentado en el último año una disminución de su tasa anual de crecimiento respecto de las acumuladas desde 1976 por efecto del ajuste que debía afrontar la economía nacional, pero esa circunstancia era, "por definición, de carácter transitorio". Recurriendo a estadísticas oficiales, presentaba los buenos resultados de algunos rubros industriales y concluía que, por encima de "la impresión de cierto deterioro [...] la rentabilidad, a pesar de todo, es interesante, lo que indica que las perspectivas futuras son positivas" (EMV, 26/05/1981). La quiebra de la CRAV era, por tanto, una excepción debida a los riesgos asumidos por la empresa. Pero se aclaraba que "no hay posible desarrollo de una economía de mercado sin los riesgos que trae aparejados un régimen de libertad". Incluso, encerraba una importante lección, porque, a diferencia del régimen anterior, "no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague" en lo que se definía como un "sistema para adultos". En definitiva, la libertad de mercado requería un mayor grado de eficiencia y responsabilidad "que el que podía admitirse en el régimen para menores que imperaba bajo la crónica orientación inflacionaria y proteccionista" (EMV, 19 y 25/5/1981).

Por otro lado, resaltaba los beneficios del modelo económico para la mayoría de la sociedad, ya que -además del saneamiento de las finanzas públicas, la estabilización de la moneda y la modernización de las estructuras de la producción y del comercio- garantizaba que las consecuencias de lo que se definía como "el fatal accidente económico de CRAV" no recayeran de manera generalizada sobre el bolsillo de los consumidores. De hecho, en un año el precio del kilo de azúcar había bajado de 62 a 38 pesos, beneficiando especialmente a los consumidores pobres, que en el régimen anterior habrían tenido que solventar las pérdidas de la CRAV con el incremento del "precio de cada cucharada de azúcar". Ello demostraba que, para el gobierno, "el interés de la gran masa consumidora prevalece claramente sobre el de cualquier grupo de poderosas empresas". De esta forma, el chileno medio podía confiar en que el mercado restablecería los equilibrios perdidos y en que "el sistema está al servicio de las mayorías". En consecuencia, el gobierno debía "mantener a toda costa los principios de su política económica", ya que cualquier "vacilación intervencionista o demagógica" sólo podría generar "graves perjuicios económicos y, tal vez, políticos" (EMV, 19 y 25/5/1981).

Esas últimas afirmaciones iban dirigidas a los "duros", que venían denunciado que las políticas neoliberales favorecían la especulación (^{Valdivia, 2003}, pp. 230241). Uno de sus principales voceros, el empresario Ricardo Claro, era muy crítico con la gestión de los Chicago Boys y esos días tituló su columna de La Tercera con un "¡No al extremismo liberal!". Citando a Juan Pablo II, acusaba tácitamente al ministro De Castro de arrastrar al país a los vicios del consumismo y de haber convertido la libertad y el mercado en los fines de una "especie de religión materialista [...] sustrayendo el proceso económico de toda norma moral". Recordaba además que "las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile no perdieron o arriesgaron su vida combatiendo a los extremistas marxistas para reemplazarlos por extremistas liberales" (LaTercera, 26/5/1981).

El caso CRAV estaba levantando a la oposición interna. Ante eso, El Mercurio de Valparaíso no dudaría en utilizar el argumento de la lealtad a la figura misma de Pinochet para desenmascarar lo que definió como una "oposición larvada", más peligrosa que la que ejercían los partidos ilegalizados y compuesta por "aduladores del régimen militar, que paradójicamente combaten las realizaciones más importantes y decisivas del Gobierno", y advertía que las críticas sobre el gobierno recaían directamente sobre el jefe de Estado (EMV, 28/5/1981). El mismo día el director de El Mercurio de Valparaíso recordaba la visita de Hayek y su positiva valoración favorable de la política económica de la dictadura (EMV, 28/05/1981, p. 5). Y, por su parte, Bardón insistía en restar importancia a la quiebra, que definía como "una mezcla de un negocio mal hecho con una especulación que falló" (EMV, 26/5/1981).

Sin embargo, resultaba imposible seguir negando la gravedad del caso. Tras la autorización ministerial del cese de faenas y el despido masivo de trabajadores (EMV, 16/5/1981, 19/5/1981 y 23/5/1981), siguieron la constitución de una comisión liquidadora presidida por el exministro Léniz (EMV, 30/5/1981) y la querella por fraude presentada por el Banco del Estado (EMV, 9/6/1891). El propio Javier Vial, como presidente de la Asociación de Bancos, admitía sus repercusiones sobre el sistema financiero (EMV, 28/5/1983). Y, así, El Mercurio de Valparaíso terminaba reconociendo en sus titulares que la crisis había pasado "de temblor a terremoto", que "muchos sabían con tiempo lo que sucedería", que traería "cambios profundos en mercados de valores" (EMV, 31/5/1981) y, finalmente, que "el problema de la CRAV ha tenido graves repercusiones" (EMV, 10/6/1981).

Aquellos mismos días El Mercurio de Valparaíso publicó un editorial titulado "Lo que Santiago nos quita" en el que se lamentaba de que la región metropolitana venía absorbiendo desde 1978 "un porcentaje cada vez mayor de los recursos regionales" y de que no se habían cumplido las transferencias presupuestarias destinadas a infraestructuras y servicios comprometidas por el gobierno para el quinquenio 1976-1981, lo que desincentivaba la creación de empleo y significaba "una vuelta al antiguo centralismo" (EMV, 7/6/1981). Ciertamente, el proyecto de descentralización económica estaba lejos de alcanzarse. Pero aquella denuncia, en realidad, no hacía sino desviar la atención de las verdaderas causas del desempleo y del deterioro industrial de la región.

A diferencia del tratamiento dado por El Mercurio, La Tercera sí había venido informando acuciosamente sobre el caso CRAV y advirtiendo sobre sus consecuencias, y Ricardo Claro insistía exigiendo responsabilidades:

Si claramente se trató de una maniobra especulativa, habrá que establecer quiénes fueron los especuladores. Si el origen de todo estuvo en un engaño masivo a productores, trabajadores, accionistas y al país todo, con mayor razón habrá de identificarse y sancionarse a los autores. (La Tercera, 9/6/1981).

Con las acciones de la CRAV ya sin valor alguno, en junio se celebró la última junta de accionistas, en la que miles de ahorradores minoritarios comprobaron cómo se habían esfumado todos sus capitales. Lo mismo ocurría con los depósitos en los fondos de inversión de las empresas del grupo, que afectaba a miles de pequeños ahorradores. Y es que la caída de la CRAV había provocado un efecto dominó sobre el resto de las empresas del grupo y el colapso amenazaba con extenderse a los bancos comprometidos con sus créditos y avales (Análisis, 36, 7/1981).

En un ambiente que iba del desconcierto al pánico, para algunos representantes de los gremios empresariales, como Rafael Cumsille, presidente nacional de los comerciantes minoristas, el país afrontaba la peor crisis económica de los últimos años y reconocía "una especie de desesperación colectiva". Cumsille era un inequívoco partidario de la dictadura, como también Gastón Acuña, redactor de La Tercera, que en julio denunciaba las excusas y el anterior triunfalismo imprudente del equipo económico del gobierno. Declaraciones como aquellas eran recogidas por la escasa prensa que podía calificarse de opositora, como Análisis, cuyo número de agosto seguía analizando el caso CRAV y destacaba que las estadísticas oficiales ya revelaban una situación preocupante antes de la quiebra, con un desequilibrio preocupante de la balanza comercial y un peligroso aumento de la deuda vencida (Análisis, 37, 8/1981).

Efectivamente, para junio la situación se había vuelto caótica. A tal punto que ese mes el ministro De Castro viajaría sin publicidad a Estados Unidos -acompañado de Javier Vial y Carlos Urenda, abogado de la CRAV y del grupo Edwards- con la misión de informar a los bancos acreedores de que el derrumbe de la CRAV se había debido únicamente a un mal cálculo especulativo y que no afectaría a la política económica ni a la estabilidad del sistema financiero chileno. Los argumentos resultarían convincentes, dado que, en el segundo semestre de 1981, se recibieron otros 6000 millones de dólares (^{Cavallo, Salazar y Sepúlveda, 1988}, p. 274).

Pero, a pesar de aquellas apuradas gestiones, de la confianza del gobierno en el llamado "ajuste automático" y del traspaso de los fondos previsionales desde el Estado a las nuevas sociedades administradoras de fondos de pensiones resultado de la reforma previsional que entró en vigor coincidiendo con la quiebra de la CRAV, el colapso de esta compañía agudizó las críticas incluso desde sectores partidarios del gobierno. Se hablaba de "castillo de naipes que se derrumba, de economía de papel". Como recogía Análisis (37, 8/1981), se había producido un masivo efecto psicológico entre los empresarios de "pérdida de fe, de confianza en el sistema económico".

Mientras tanto, los editoriales políticos de El Mercurio invocaban la "Fe en la economía chilena", como titulaba para defender "la aplicación firme y continua de un régimen de economía social de mercado [...] ejemplo de mayor progreso, estabilidad institucional y avance económico social" (EMV, 21/6/1981), al tiempo que denunciaba una ofensiva contra el modelo económico en la que se sumaban "los enemigos políticos abiertos del régimen", "los adversarios larvados del gobierno" y "los descontentos por causa de los resultados de sus negocios personales" (EVM, 12/7/1982). Junto a esa heterogénea oposición interna, el régimen debía enfrentar la recesión mundial, coyuntura que -como declarara Pinochet- "es casi imposible de controlar" y "ajena a nuestra voluntad" (EMV, 22/6/1981).

Frente a ese panorama, comentando la exposición del ministro De Castro sobre el estado de la Hacienda Pública, el diario sostenía la conveniencia de mantener la aplicación inalterada del modelo económico del gobierno, ya que era precisamente su estabilidad uno de sus rasgos excepcionales, en clara alusión a la dictadura que lo había hecho posible y lo sostenía (EMV, 26/07/1981). En esa misma línea, a dos meses de la primera noticia del cierre de la CRAV, se zanjaba editorialmente el escándalo sin variar la interpretación inicial, es decir, resumiendo sus causas a una especulación fallida y a la pérdida de rentabilidad de la refinación de azúcar. Asumía que la especulación y la quiebra "tienen sin duda, aspectos ingratos, pero éstos son limitados y muy inferiores al beneficio social que significan y al eventual costo de tratar de evitarlas". En definitiva, la crisis de la CRAV debía redundar en un mayor control del sistema financiero (EMV, 30/07/1981). Sin embargo, en los meses siguientes no se apreciaría ninguna mejora. A pesar del entusiasmo con que se celebró el aniversario del golpe en el editorial de El Mercurio, insistiendo en los logros económicos del régimen a partir de la comparación de "lo que Chile era a comienzos de septiembre de 1973 y lo que es hoy" (EMV, 12/9/1981), aquel invierno los ánimos estaban bajos: "es como entrar en un túnel que no se sabe de qué largo es ni qué hay en la salida", declaraba un anónimo empresario a la revista Análisis (40, 11/1981), mientras que el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) resumía en la misma edición que el trimestre de julio a septiembre había sido "malo para la producción y peor para las ventas; y octubre, noviembre y diciembre no se vislumbran mejores". No erraba en su previsión.

La crisis financiera nacional

El editorial del 2 de noviembre de 1981 se tituló "Vigencia del modelo económico" y se hacía eco de las presiones recibidas por el gobierno para modificar su política económica para, una vez más, defenderla: "el modelo sirve". Se aducían unos resultados que "han permitido remontar con éxito una de las crisis más graves que ha sufrido nuestra economía". Añadía que la propiedad privada y la libre iniciativa de mercado se cimentaban sobre el respeto a los derechos del hombre enunciado ya en la declaración de principios del gobierno de 1974, y tenían una proyección directa sobre la apertura del país al comercio internacional y la limitación de las funciones del Estado en economía. Para solucionar los problemas de la recesión internacional no era necesario variar el rumbo de lo que era -en palabras de Pinochet- "un viaje sin retorno" (EMV, 2/11/1981).

Sin embargo, la crisis no se había superado, como afirmaba el diario, sino que no había hecho más que comenzar. Al día siguiente se produjo la primera intervención bancaria con la que el gobierno tomó bajo control cuatro sociedades financieras y cuatro bancos, cuyos activos sumaban cerca del 35 % del sector financiero nacional (^{Brock, 1989}). Mientras, en la región de Valparaíso aún se asistía a las consecuencias directas de la quiebra de la CRAV. Semanas antes se había informado que peligraban las indemnizaciones de los más más de cuatrocientos trabajadores despidos (EMV, 2/10/1981) y que "los viejos portones de CRAV se cierran hoy para siempre" (EMV, 30/10/1981), reflejando la amargura y el impacto que provocaba el cierre definitivo de la planta de Viña del Mar. A pesar de ello, en la idea del viaje sin retorno, un editorial de "La semana política" se encabezaba con la consigna "No retroceder" ante lo que volvía a definir como una "transitoria dificultad económica". Se advertía del peligro de acercarse a las políticas propias de países como la Nicaragua sandinista o la Francia de Mitterrand, "lamentablemente similar a nuestra experiencia allendista", y malgastar el supuesto prestigio internacional que acumulaba el régimen tras imponer con éxito una verdadera economía de mercado sobre los valores del orden y la disciplina (EMV, 15/11/1981).

Coincidiendo con ese agitado mes de noviembre se produciría la visita de Milton Friedman a Viña del Mar, donde se celebró la XI reunión regional de la Mont Pèlerin Society. Esperadas con ansiedad por la prensa, las declaraciones del máximo referente del neoliberalismo supondrían, sin embargo, un inesperado varapalo a los argumentos con que El Mercurio sostenía la validez de las políticas económicas del gobierno. Aun negándose a aventurar un pronóstico, Friedman declaró que la reciente intervención bancaria no resultaba justificable, como tampoco el respaldo estatal en defensa de los accionistas, aunque sí en el caso de los pequeños ahorradores. Afirmó asimismo que la economía internacional no estaba en recesión, lanzando un cañonazo a la línea de flotación del Ministerio de Hacienda y de la propia jefatura del Estado: "lo que ocurre es que a las personas que gobiernan los países nunca les gusta tomar la responsabilidad de las cosas que están pasando y tienen la costumbre de atribuir sus problemas a lo que sucede en el exterior". Por último, manifestó que una economía de libre mercado sólo podía mantenerse en el tiempo en la medida en que existiera paralelamente una sociedad política libre (EMV, 16, 17 y 18 /11/1981).

Desmintiendo al gobierno y al propio Pinochet, El Mercurio de Valparaíso titulaba "Coincidencia de economistas en que no hay una recesión" (EMV, 17/11/1981), lo que sin duda generaría desconcierto entre sus lectores. También es fácil imaginar el impacto que causarían las palabras del maestro sobre sus aplicados discípulos chilenos, de los que, en aquella ocasión, solo parecía desmarcarse tímidamente Rolf Ludders, por entonces vicepresidente ejecutivo del grupo Vial (EMV, 17/11/1981). Al año siguiente, Friedman reafirmaría su posición respecto a la incompatibilidad entre el libre mercado y un régimen autoritario, a lo que Bardón respondería: "Milton Friedman conoce muy poco de Chile" (Análisis, 50, 10/1982).

Las columnas de opinión de Bardón de noviembre y diciembre de 1981 se destacaron por refutar las críticas que procedían de los sectores "supuestamente oficialistas" que reclamaban mayor protección arancelaria como parte de "las variadas modalidades que asume al socialismo", e insistía en que "la apertura permite un consumo mayor, que para los más pobres significa sencillamente superar el nivel de subsistencia". Trataba así de despejar las acusaciones de favorecer los intereses de los grupos económicos vertidas sobre el gobierno por la prensa asociada a los "duros" y corporativistas, acusándolas de generar un clima de incertidumbre que empeoraba la situación (EMV, 12/11/1981, 3 y 17/12/1981). Al tiempo, desde los editoriales económicos se invocaba haber logrado "estabilidad y desarrollo por sobre los niveles históricos en un mundo en recesión", así como haberse alcanzado "cierto consenso sobre lo esencial del modelo económico que conviene mantener a cualquier costo" (EMV, 5/12/1981).

Sin embargo, no existía tal consenso y los resultados eran cuestionados por un espectro social y político cada vez más amplio. Así, para Ricardo Claro, el camino sin retorno por el que no se debía retroceder era un "camino a una depresión", y anticipaba "dentro de un plazo relativamente breve una gran cantidad de quiebras, que pondrán en peligro la estabilidad misma del sistema bancario", responsabilizando a la recesión internacional, pero sobre todo al Banco Central y al Ministerio de Hacienda por la errada política monetaria y las elevadas tasas de interés (La Tercera, 29/12/1981). Y, efectivamente, el pronóstico que no aventuró Friedman y que Bardón negaba era realmente grave. Así lo constataba la quiebra de 431 empresas con que se cerraba el año y la consecuente oleada masiva de despidos, datos revelados en un informe publicado en la revista Análisis. Entre todas ellas, las empresas del grupo CRAV sumaban más de mil cien trabajadores cesantes (Análisis, 01/1982; ^{Angell, 1993}, p. 117).

En la región de Valparaíso la onda expansiva de la quiebra de la CRAV ofrecía un panorama devastador del que El Mercurio de Valparaíso difícilmente podía inhibirse. Una encuesta de la ASIVA daba a conocer una importante disminución de la rentabilidad respecto al año anterior y se auguraba que 1982 sería "de regular a malo" (EMV, 7/1/1982). Se titulaba con "Fin del milagro" y los empresarios reconocían que "hubo exceso de optimismo, exceso de inversión, exceso de riesgo y falta de información. No nos explicaron las reglas del juego" (EMV, 10/1/1982).

Desde la SOFOFA se calificaba la situación de la industria como mala e inquietante y se señalaba como causa la reducción del consumo, lo que contradecía los argumentos del diario (EMV, 20/1/1982). Representantes de la industria textil se lamentaban de que la producción recibiera altos subsidios en otros países de América Latina para desventaja de la industria nacional (EMV, 22/1/1982). Y la Cámara de Comercio de Valparaíso expresaba su preocupación (EMV, 12/1/1982), mientras se multiplicaban los locales cerrados (EMV, 12/2/1982) y el endeudamiento con los bancos (EMV, 14/03/1982). En abril el titular que describía el panorama de la industria regional era "Adecuarse o desaparecer" (18/4/1982).

Pero, aunque las voces críticas se elevaban a medida que aumentaban las pérdidas, el gobierno insistía en su negativa a intervenir en ayuda de los sectores más castigados. Ya en febrero Pinochet había dejado claro a los productores agropecuarios que los problemas del agro eran responsabilidad de los agricultores y que el Estado no asumiría un papel regulador en la economía. Incluso el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Germán Riesco, asumía esa misma postura, desentendiéndose de las reivindicaciones de parte de sus propios afiliados (^{Almonacid, 2016}, p. 127).

La situación se había agravado desde marzo cuando Sergio de Castro concretó una subida de impuestos que pretendía paliar el déficit fiscal provocado por la crisis. La medida recaía especialmente sobre los sectores medios y altos, pero sus efectos no podían sino expandirse sobre toda la economía (Análisis, 44, 4/1982). Hasta ese momento, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y las principales asociaciones empresariales afiliadas a ella, como la SOFOFA, la SNA y la Cámara de Chilena de la Construcción, se habían quejado puntualmente de las rebajas arancelarias y de las altas tasas de interés. Pero, siendo fervientes partidarias del régimen, habían mantenido su apoyo al ministro De Castro y a su política. Las únicas excepciones habían sido la Confederación de Productores Agrícolas (CPA), cuyo presidente había declarado que "la recesión en gran parte es autogenerada por medidas equivocadas" (Análisis, 37, 8/1981), y la ANPT, presidida por Podlech, que afirmaba sin ambages que "el 99 por ciento de los chilenos está contra el actual sistema económico". En la popular revista Cosas declaraba:

Continuar como estamos es ir precisamente a un caos, porque la verdad es que ni con Frei, ni con Allende, ni con nadie habíamos estado peor [...] El país se ha convertido en un depósito de chatarra. Es el mayor puerto libre del mundo, porque un diez por ciento de aranceles no es un arancel [...] El único buen negocio que se puede hacer aquí es el de la prostitución y el de las drogas. (Citado en Análisis, 44, 4/1982)

Aquella subida de impuestos marcaría ciertamente un quiebre en el apoyo del empresariado y revelaría profundas disensiones entre sectores que habían sido entusiastas partidarios del golpe militar y que hasta entonces habían respaldado al régimen sin fisuras. Las declaraciones se sucedieron cuestionando la ortodoxia neoliberal y lo que se consideraba una traición a los principios de la Junta Militar, cuyo Bando 36 enunciaba que "el aumento de la producción y de la productividad son imperativos dramáticos de nuestra patria [...] respetar los derechos de los trabajadores [...] combatir el desempleo" (^{Correa, Figueroa, Jocelyn-Holt, Rolle y Vicuña, 2003}, pp. 398-400).

Así, los presidentes de la Cámara de la Construcción y de la Cámara de Comercio criticaron abiertamente la subida de impuestos. Juan Jara y León Vilarín, presidentes de los gremios de taxistas y de camioneros, que protagonizaron los paros previos al golpe, reclamaban "rescatar al gobierno de manos de un grupo privilegiado" y la necesidad de un plebiscito sobre el modelo económico, respectivamente. Críticas similares vertieron el general Leigh, miembro de la primera Junta Militar, el general Díaz Estrada, ministro de Trabajo en 1974-1975, y Pablo Rodríguez, exlíder de Patria y Libertad. Aquellas declaraciones aparecían recogidas en la revista Análisis, algunas publicadas previamente en medios oficialistas como La Tercera. Y, como se apuntaba, todas coincidían peligrosamente con las de quienes siempre habían estado en contra de la dictadura, porque, además de los obreros y asalariados, "también los profesionales y técnicos conocen como nunca antes lo que es la cesantía, mientras los empresarios se debaten entre deudas y bajas ventas" (Análisis, 44, 4/1982).

Efectivamente, las desafecciones entre los partidarios de la dictadura resultaban ya tan clamorosas que, aunque antes hubiesen sido definidas por El Mercurio como "oposición larvada", también este terminó por cuestionar la conveniencia de mantener la aplicación irrestricta del modelo neoliberal. Arturo Fontaine, director de El Mercurio de Santiago, afirmó en una columna titulada "Malos días", que criticaba los asesinatos políticos y el manejo económico, que "las cosas se están haciendo mal, se están manejando con una rudeza de inexperto", lo que ponía al régimen "en peligro de quedar sin más defensores que sus aguerridos soldados" (EMV, 28/3/1982). Era un golpe mortal para De Castro y también una severa advertencia al propio Pinochet. Fontaine debió renunciar y Edwards asumió personalmente la dirección. Pero a las dos semanas también De Castro abandonó el Ministerio de Hacienda.

El cuestionamiento de la ortodoxia neoliberal

La salida de Sergio de Castro provocó un baile de sillas en el gabinete y los generales Luis Danús y Gastón Frez, sus principales adversarios en el interior del gobierno, se hicieron cargo, respectivamente, del Ministerio de Economía y de la ODEPLAN, que había sido el centro de operaciones de la ortodoxia neoliberal, desplazado entonces al Banco Central. Allí pasó como presidente Miguel Kast y encontró acomodo para De Castro, quien también se encargaría a partir de entonces de los editoriales económicos de El Mercurio (Análisis, 48, 4/1982). Así, el comentario de la reforma del gabinete elogiaba el patriotismo y la firmeza de Sergio de Castro en la concepción y ejecución del modelo de economía de mercado, pero llevaba por título "Nueva etapa" (EMV, 24/4/1982), lo que indicaba sutilmente un quiebre tanto en el rumbo de la política económica como en la defensa que el periódico había hecho de ella hasta ese momento.

De hecho, los cambios en el área económica parecían buscar un equilibrio de tendencias, conservando los Chicago Boys el Ministerio de Hacienda con Sergio de la Cuadra. Pero pronto aflorarían las fracturas que ya se habían manifestado, incluso entre ellos, a propósito de la conveniencia de rebajar los salarios -a pesar de su evidente costo social- o devaluar la moneda, a lo que se había negado siempre De Castro, empeñado en mantener el valor del dólar a 39 pesos. Así como también las tensiones con los ministros militares, acusados de estatismo por los economistas neoliberales, sobre las medidas para hacer frente a la comprometida situación de los bancos (^{Cavallo et al., 1988}, p. 277-278).

En los meses siguientes, la actualidad económica y política estarían marcadas por esos dos temas decisivos. Así, a fines de abril, a solo una semana del cambio de gabinete, se anunciaba una segunda intervención bancaria, tras la que El Mercurio advertía a los nuevos ministros de Economía y Hacienda de no "dar lugar a expectativas e interpretaciones erradas", así como a los dirigentes empresariales de "no alentar falsas esperanzas" sobre los efectos positivos de un cambio en la política económica, que solo podía conducir a "agravar y retrasar un ajuste que a todas luces resulta inevitable" (EMV, 5/5/1981). Asimismo, se recogían declaraciones de Pinochet sobre mantener y reafirmar la política económica, si bien se refería también a la necesidad de tomar medidas para combatir el alto desempleo y reiteraba que no habría devaluación (EMV, 4 y 9/6/1981), lo que finalmente sí se produjo en junio.

Siendo imposible eludir lo que había dejado de ser "un rumor de opositores o un tema controvertible para transformarse en la evidencia de un fracaso" (^{Moulian, 1997}, p. 282), El Mercurio de Valparaíso recogería en primera página nuevas declaraciones de Pinochet, esta vez presentándolas como "la alternativa más justa" y descartando "que la devaluación constituya el quiebre de la actual política económica" (EMV, 17/6/1982). A pesar de esos fútiles mensajes de tranquilidad, la devaluación del peso -que redujo su relación con el dólar un 18 % de manera inmediata- sembró un clima general de desconfianza y extendió la crisis a todos los sectores de la economía y de la sociedad que hasta entonces habían podido sortearla. Mientras las tasas de interés seguían creciendo hasta un 5 % mensual por la súbita falta de liquidez, el dólar alcanzaría en agosto los 70 pesos y el desempleo se acercaba al 20 %. La carga de las empresas se agravaba con la reciente reforma fiscal y la intervención bancaria de abril no había resuelto la grave situación del sistema financiero. Los créditos impagos (carteras vencidas) sumaban ya un 54 % del capital de todos los bancos, a lo que se añadía el problema de los préstamos concedidos a empresas de sus mismos propietarios (carteras relacionadas), que afectaba especialmente a los grupos empresariales más importantes, el grupo Cruzat-Larraín y el grupo Vial (Análisis, 48, 8/1982; ^{Cavallo et al., 1988}, pp. 292-295; ^{Meller, 2016}:193-202).

Pero mientras el grupo Cruzat-Larraín -ya afectado por la crisis de la CRAV- optó por plegarse discretamente a las indicaciones, Javier Vial -propietario del Banco Hipotecario de Chile (BHC), que también controlaba un 30 % del Banco de Chile y presidía la Asociación de Bancos- adoptó una estrategia financiera más agresiva y una postura abiertamente crítica con el gobierno, especialmente a partir de la devaluación, ganándose la animadversión y colocándose en el punto de mira del propio Pinochet (^{Cavallo et al., 1988}, pp. 293-294). De hecho, aunque la devaluación marcó el fin del monetarismo más extremo, "dando paso a un liberalismo económico de carácter más pragmático" (^{Gárate, 2012}, p. 284), el desplome de la economía chilena tendería a agudizar las diferencias entre las diversas facciones del oficialismo.

Los Chicago Boys, señalados ya por la prensa opositora como los "autores del antimilagro", descalificaban a los productores que exigían aranceles proteccionistas y culpaban a los grupos económicos de ser los responsables del desastre por no poder afrontar unos créditos que habían obtenido gracias a la desregulación del mercado financiero que ellos mismos habían impulsado (Análisis, 48, 8/1982). Pero también mostraban fisuras entre la debilitada posición de Sergio de la Cuadra como ministro de Hacienda y la postura de Kast desde el Banco Central o De Castro desde El Mercurio, para quienes la devaluación había agudizado la crisis y las indecisiones del gobierno solo socavaban la firmeza que la política económica debía mantener frente a las propuestas de Frez y Danús de abandonar la estrategia del "ajuste automático" y virar hacia la reactivación industrial (^{Arellano y Cortázar, 1982}; ^{Cavallo et al., 1988}, pp. 295-296). Por su parte, los grupos exigían moratorias y esperaban que el Estado respondiera por las deudas que eran incapaces de asumir, amparados por la amenaza del efecto en cadena que generaría su caída. Mientras, el gran empresariado tradicional agrupado en la CPC, la SNA y la SOFOFA apostaba por el cambio en política económica y por recuperar a "la vieja guardia alessandrista" defensa de sus intereses (Análisis, 52, 12/1982), incluso si eso implicaba "posibilidades de relevo" en la jefatura del Estado, puesto que "el presidente Pinochet y sus principales colaboradores en este momento representarían un escollo", como denunciaba La Tercera (28/11/1982). Finalmente, los "duros", aunque carecían de base social definida, se disputaban el poder con los Chicago Boys apoyados en la Junta de Generales y, desde la tradición del pensamiento autoritario con ingredientes de inspiración fascista y absolutamente fieles a la figura de Pinochet, se resistían a cualquier forma de apertura política "al estilo español", reclamaban una política exterior más independiente de Estados Unidos, eran partidarios de la intervención estatal en la economía y asumían posiciones antioligárquicas que los enfrentaban tanto a los tecnócratas como a los grupos, acusando a unos y a otros de traicionar los principios del golpe militar (^{Zemelman, 1990}, p. 312).

Sus pretensiones coincidían plenamente con los mensajes de Claro en La Tercera, que desde tiempo atrás venía criticando duramente la "fronda seudoaristocrática" que representaban los grupos económicos de reciente aparición y los tecnócratas aperturistas (16 y 22 de abril de 1980).² Por si fuera poco, la situación política, enrarecida por las sospechas que levantó la muerte del expresidente Frei y por la investigación del asesinato del expresidente de la Asociación Nacional de Trabajadores Fiscales (ANEF), Tucapel Jiménez, a manos de agentes de la Central Nacional de Informaciones (CNI), se complicaba con las exigencias de los agricultores, que en julio reunieron en Santiago a representes de 84 organizaciones de todo el país (^{Almonacid, 2016}, p. 128). Por otro lado, la crisis animaba la agitación de los partidos de izquierda y de los sindicatos. En agosto, dirigentes de 600 organizaciones exigieron reunirse con Pinochet, tras lo que fueron detenidos los presidentes de la ANEF, de la Unión Democrática de Trabajadores (UDT) y de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) (Análisis, 48, 8/1982; ^{Cavallo et al., 1988}, p. 295). El día 19 se convocó la primera "Marcha del Hambre", que desde las poblaciones de Santiago llegó hasta el céntrico Paseo Ahumada, donde fue duramente reprimida por Carabineros (Vicaría de la Solidaridad, 8/1982, p. 29; ^{Osorio, 2019}).

A la influencia de los "duros" y a las presiones de los grandes gremios empresariales, que coincidían en tender a una política económica nacionalista, respondieron los vaivenes de Pinochet a la hora de designar el liderazgo del equipo económico -debatiéndose entre el general Danús y de la Cuadra (Análisis, 48, 8/1982)- y su amenaza de desterrar a Vial en julio de 1982 (^{Cavallo et al., 1988}, pp. 293-294). Pero también las argumentaciones de tono demagógico que reiteraría hasta final del año y que parecían tanto avenirse al ánimo antioligárquico de los "duros" como tratar de aplacar las manifestaciones populares:

Muchos políticos y financistas que se decían partidarios del gobierno han mostrado su verdadera cara [...] No es posible que mientras el gobierno y los chilenos se esfuerzan por sortear la situación económica [...] unos pocos aumenten su ambición política y financiera. (Análisis, 52, 12/1982)

Ante las fracturas del oficialismo y los movimientos políticos y sociales de oposición, El Mercurio de Valparaíso se alinearía con la figura de Pinochet, difundiendo declaraciones en las que insistía sobre los "problemas de origen externo, ajenos a nuestro control", y llamaba a la unidad frente a los aprietos económicos, a "saber afrontarlos con sacrificio", aunque "marxistas y políticos" trataran de obtener réditos políticos de la coyuntura (EMV, 22/6/1982).

Pero, asimismo, en el invierno de 1982 el diario comenzaría a mostrar su distanciamiento del gobierno y de unas políticas que consideraba no ortodoxas. Así, los efectos de la crisis a escala regional empezaron a ser presentados no solo como consecuencia de la recesión internacional, sino también como resultado de la falta de firmeza en la aplicación del necesario ajuste automático. Así, se sembraba la duda sobre la efectividad de la reciente devaluación, cuyo resultado habría de diluirse "entre seis semanas a dos meses más, produciéndose un fuerte incremento de la inflación" (EMV, 9/7/1982). Y, de paso, se responsabilizaba a los empresarios locales de haber recurrido "ellos mismos a la compra en el extranjero de productos manufacturados que, en definitiva, sustituían parte de su propia elaboración" (EMV, 10/7/1982). Cualquier cosa menos asumir la responsabilidad de quien escribía aquellos editoriales. Asimismo, se recogían las advertencias de Kast, presidente del Banco Central, en "charla a puertas cerradas" con los industriales de la región, sobre la necesidad de adaptarse a una baja en el nivel de vida (EMV, 18/7/1982), y las opiniones del presidente de la SOFOFA sobre la situación industrial "verdaderamente delicada" y su pronóstico de una larga duración de la crisis (EMV, 1/8/1982). Nada de ello podía contribuir a generar confianza en el gobierno, como tampoco los ecos recogidos entre el sector industrial y de la construcción -los más importantes de la región- sobre la incertidumbre que generaban "las nuevas medidas que fueron anunciadas por el gobierno en el sentido de reactivación del sector privado", las que se calificaban de solución parcial (EMV, 31/7/1982).

Ciertamente, el panorama industrial era ruinoso, y a las noticias sobre los remates de las instalaciones y equipos de la CRAV se sumaban los de la planta de Unión Lechera Aconcagua (ULA) en Viña del Mar (EMV, 4/8/1982), otro de los pilares industriales de la región que también había quebrado en junio tras las frustradas gestiones de los bancos acreedores para evitar su cierre definitivo (EMV, 8 a 10/6/1982). Un tercer caso era el de la empresa alimentaria Costa, que ya en mayo había vendido un 70 % de sus acciones al grupo Carozzi (EMV, 18 y 19/5/1982), con sede en Santiago, y que finalmente terminaría abandonando la producción en su fábrica de Valparaíso. Incluso el puerto de Valparaíso venía registrando una fuerte disminución de su actividad desde meses atrás, con una cesantía que afectaba a más del 50 % de tripulantes y trabajadores portuarios, como denunciaban los dirigentes sindicales (EMV, 28/4/1982 y 13/6/1982). El que había sido tradicionalmente primer puerto del país era ahora calificado como "un enfermo que requiere de atención urgente", afectado por la recesión internacional y unas infraestructuras obsoletas (EMV, 13/6/1982), pero también -a juicio del presidente de la Cámara de Comercio de Valparaíso- por mantener su administración estatal, sugiriendo su privatización (EMV, 12/5/1982).

Por supuesto, la situación del comercio local no era mejor. La Cámara de Comercio de Viña del Mar estimaba que el 25 % de los establecimientos que permanecían abiertos cerraría sus puertas antes de fin de año (EMV, 4/7/1982), asfixiados por la contracción de la demanda que comenzó con la crisis de la CRAV y que se agravó con el alza de los precios provocada por la devaluación, y exigía medidas de reactivación del empleo y créditos a intereses razonables (EMV, 20/8/1982). En Valparaíso, el presidente de la Cámara de Comercio Detallista se lamentaba de que "la gente compra sólo productos muy esenciales" (EMV, 24 y 29/8/1982).

Aunque parte de la atención mediática se desviara a la investigación del caso de los llamados "psicópatas de Viña del Mar", cuyos crímenes habían conmocionado a la opinión pública de todo el país, la situación económica era desoladora. En el primer semestre de 1982 habían quebrado 362 empresas más (Análisis, 48, 8/1982) y las declaraciones del brigadier Julio Bravo, ministro secretario general del Gobierno, llamando a los chilenos a "cambiar su actual mentalidad pesimista y derrotista" para enfrentar la realidad del país con otra "optimista y diáfana", no podían sonar más que ridículas (EMV, 31/7/1982). De hecho, los editoriales de El Mercurio de Valparaíso sobre la situación empresarial de la región se desmarcaban abiertamente de esos ilusorios llamados a recuperar el optimismo, reconociendo en cambio la "honda preocupación" que generaba conocer los análisis que presentaba la ASIVA y el efecto que el cierre de industrias y comercios de la región tendría sobre el empleo (EMV, 10/7/1982). En una crítica directa al gobierno, que parecía ignorar la gravedad de la situación en la región, se lamentaba:

Es doloroso tener que usar la expresión defensa de Valparaíso, porque da la idea de una región atacada, combatida [...] Pero en un plano de sincera lealtad y de sólida cooperación con el gobierno, cometeríamos una falta imperdonable hacia la autoridad si no señalamos el olvido en que se encuentra la Quinta Región [...] a pesar del esfuerzo y la constancia con que sobre ellos insisten desde la Intendencia Regional. (EMV, 21/7/1982)

Ese reconocimiento explícito a la Intendencia, ocupada por el vicealmirante Luis de los Ríos, reflejaba las fracturas al interior del oficialismo y evidenciaba el distanciamiento del diario respecto del equipo económico del gobierno, cuestionado ya no solo por los "duros", sino entonces también por la ortodoxia neoliberal que defendía De Castro desde la cabecera de El Mercurio en la capital. De hecho, el anuncio que hizo Pinochet de medidas encaminadas a "terminar con la cesantía, reactivar el país" (EMV, 19/8/1982) podía parecer una respuesta a las presiones de los corporativistas, del empresariado tradicional y de la masa creciente de desempleados. Sin embargo, más allá de lo que podían interpretarse como "veleidades pseudopopulistas" (^{Zemelman, 1990}, p. 313), nunca se produjo una escora real de Pinochet hacia las posturas de los "duros" ni un giro de la política económica hacia la reactivación industrial. Muy al contrario, declaraciones en esa línea coincidían con el mensaje sobre el origen externo de la crisis (EMV, 18/8/1982).

Para fines de agosto, la cesantía alcanzaba el 23,4 %, según las estadísticas elaboradas por la SOFOFA y la Universidad de Chile, y en la región de Valparaíso superaba esa cifra conforme a la estimación de la ASIVA (EMV, 18/8/1982). El Programa de Empleo Mínimo (PEM) puesto en marcha en 1975 nunca había dado buenos resultados, pero ahora se encontraba completamente desbordado y desde la ODE-PLAN se trabajaba en un nuevo plan de emergencia para contener la cesantía. Por otra parte, el gobierno había logrado la salida de Vial del Banco de Chile para intentar contener la bola de nieve que formaban las carteras vencidas y relacionadas, pero el saneamiento del sistema financiero seguía pendiente. Sin embargo, el gobierno no solo necesitaba resultados rápidos -algo realmente imposible-, sino superar el deterioro de imagen que provocaba la evidente falta de cohesión del gabinete que provocaba la tensión entre los ministros militares y los tecnócratas (^{Cavallo et al., 1988}, pp. 294-295). La solución por la que optó Pinochet fue un nuevo cambio en el gabinete, en el que fundió los ministerios de Hacienda y Economía, poniendo a cargo a ^{Lüders a fines de agosto de 1982}.

Lüders nombró a Carlos Cáceres presidente del Banco Central y a Bardón subsecretario de Economía y, aunque asumía con amplios poderes, también afrontaba una situación catastrófica. El endeudamiento público y privado y la demanda de divisas se había agravado desde el 17 de agosto por el anuncio de suspensión de pagos del presidente mexicano López Portillo, que alarmó a la banca internacional, cortó el flujo de crédito hacia los países endeudados y desató la crisis de la deuda externa en toda América Latina (^{Bárcena, 2014}, p. 9). Pero más allá de eso, cuando uno de los problemas más graves era precisamente la situación de los grupos, su nombramiento causó estupefacción en el Consejo de Generales y entre los "duros" por su estrecha relación con el BHC de Vial, del que había sido hasta poco antes vicepresidente y uno de sus principales socios (Análisis, 52, 12/1982). Una semana después, al tiempo que los presidentes de la SOFOFA y la ASIVA manifestaban en Viña del Mar su preocupación por la crisis de la industria de la región (EMV, 7/9/1982), Ricardo Claro respondería al nombramiento del nuevo superministro con una columna titulada "La vía de Chicago hacia el socialismo", en la que señalaba a "los extremistas liberales" como responsables de la quiebra generalizada de los sectores productivos y anunciaba que el sistema bancario estaba "muy cerca del colapso". Denunciaba que "la recesión importada se convirtió en una depresión, por la soberbia y dogmatismo de los que no querían ver la realidad", se preguntaba si "podría existir un caldo de cultivo mejor para el socialismo que un millón de cesantes" y exigía "necesario volver a los Principios de la Junta de Gobierno" (La Tercera, 7/9/1982).

El domingo 12 de septiembre, las cabeceras de El Mercurio publicaron a toda página una entrevista a Bardón, en la que expuso con argumentos técnicos que la situación económica se debía a factores externos, aunque ya había comenzado a mejorar, y pronosticaba recuperar los niveles previos a la crisis en un año y medio. Preguntado directamente por la idoneidad de Lüders para la dirigir la economía nacional siendo a la fecha codeudor de doce mil millones de pesos del grupo Vial-BHC, Bardón desmentía que ello supusiera problema alguno -"yo creo que no hay relaciones entre los que hacen la política y los que tienen el dinero [...] los grupos nunca han estado en el gobierno, ni ahora ni antes"- y elogiaba su flexibilidad para enfrentar a la crisis de credibilidad del gobierno, lo que lo convertía en "el más indicado" para el momento (EMV, 12/9/1982). Sin embargo, la luna de miel duraría poco. En la Exposición sobre el estado de la Hacienda Pública presentada en octubre, Lüders reconoció la gravedad de la crisis -con caídas de 13 % del PGB y del 18,2 % en la producción industrial- y afirmó que solo un tercio del grave endeudamiento de empresas y familias era atribuible a la recesión internacional, siendo el resto achacable a la pérdida de competitividad de las exportaciones, agravada por las altas tasas de interés y la desprotección de las industrias nacionales. Lüders estaba señalando directamente al "mecanismo de ajuste escogido" por Sergio de Castro de ser responsable de la mayor parte de la crisis (Lüders, 1982, pp. 7-14), lo que provocaría un distanciamiento total entre ambos (Análisis, 52, 12/1982).

Mientras tanto, en octubre había entrado en funcionamiento el Programa de Ocupación para Jefes de Hogar (POJH), que habría de beneficiar inicialmente a diez mil personas en la Quinta Región (EMV, 15/9/1982 y 8/10/1982). Sus efectos positivos ya eran publicitados apenas a una semana de su inicio como la "solución del drama humano que genera la falta de trabajo" (EMV, 6/10/1982) y, según aseguraba el propio Lüders, en menos de dos semanas ya había contribuido a reducir en dos puntos el índice de desempleo, mientras prometía que "el gobierno va a gastar lo que sea necesario para reducir drásticamente las tasas de desocupación del país". Para entonces, alcanzaba el 23,5 % en la región, según los datos entregados por la Intendencia y la ASIVA, lo que no dejaba de ser dramático e indicaba el gran deterioro de la industria regional, según reconocía el propio diario (EMV, 13/10/1982).

En tanto que se sucedían las noticias sobre la desaparición de negocios en las calles céntricas de Valparaíso y el presidente de la Cámara de Comercio manifestaba su preocupación (EMV, 9/10/1982), el discurso de los diferentes miembros del nuevo equipo económico empezaba a ser contradictorio y el mensaje de los editoriales que redactaba De Castro para El Mercurio tampoco parecía coincidir plenamente con el del biministro. Así, mientras Lüders explicaba en ENADE, favor, revisar esto. No está claro. del país, que la reactivación se llevaría a cabo respetando la propiedad privada, la libertad de mercado y la apertura al comercio exterior, es decir, manteniendo el rol subsidiario del Estado y sin ayudas del gobierno a los empresarios (^{Almonacid, 2016}, 132), El Mercurio señalaba:

Algunos personeros del Gobierno sugieren que el país podría recuperarse en un tiempo corto y que el desempleo tendría que reducirse de manera substancial en un breve lapso [...] Hay que tener, sin embargo, realismo [...] No hay que hacerse ilusiones con fórmulas mágicas. (EMV, 16/11/1982)

A fines de noviembre Pinochet visitó la región y se reunió con los empresarios de la ASIVA. En ausencia de Lüders, Bardón aclaró que no habría "ninguna variación sustancial en la actual política arancelaria", descartó que se fuera a autorizar una moratoria general para las deudas con los bancos y advirtió de la lentitud con que se demorarían los cambios, especialmente para el sector de la construcción, otro de los más afectados. El presidente de los empresarios manifestó frustración por los limitados resultados de la descentralización prometida por el gobierno y argumentó protocolariamente que Valparaíso requería "atención preferente de las autoridades". Pinochet respondió que no le parecía que aquella fuera "una región abandonada de la mano de Dios" y que, geopolíticamente, debía considerarse parte de la unidad que formaba con el Gran Santiago, limitándose a comprometer algunas inversiones en obras públicas, como la mejora de la conexión viaria con la capital. Las reacciones de los dirigentes empresariales que recoge el diario fueron más bien frías, cuando no de manifiesta decepción (EMV, 30/11/1982).

El Mercurio de Valparaíso ya había relevado meses atrás el desengaño que causaba el fallido proceso de regionalización, la desigual distribución del presupuesto y la concentración de recursos en la capital. Para entonces, la fuerte baja de la recaudación fiscal no auspiciaba ningún apoyo gubernamental para revertir la crisis de las grandes industrias de la región y su repercusión sobre el tejido de la pequeña y mediana empresa. De hecho, en términos políticos, la situación era mucho más grave en otras regiones.

A fines de noviembre, las protestas de los agricultores de Valdivia se extendieron a otras ciudades con apoyo de comerciantes e industriales. Poco después se reunieron, por primera vez en diez años, los dirigentes de las principales asociaciones agrícolas nacionales y se celebró en Santiago un encuentro de todas las organizaciones empresariales adscritas a la Confederación de la Producción y del Comercio. Podlech fue detenido y la ANPT emitió una declaración exigiendo la intervención de la banca y la moratoria y renegociación de las deudas de los empresarios, a la que se sumaron la UDT, el sindicato de taxistas y la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, que exigían un cambio definitivo de política económica. Una protesta contra el desempleo convocada por la Coordinadora Nacional Sindical y la Confederación de Trabajadores de la Construcción terminó con la detención de sus presidentes, que fueron enviados al destierro junto a Podlech. Y todo en la primera semana de diciembre. Las tensiones acumuladas desde el escándalo CRAV habían levantado súbitamente un movimiento empresarial y sindical -de derecha a izquierda- que tenía un evidente cariz político, peligroso para la estabilidad de la dictadura (^{Campero, 1984}, pp. 263-272 y 2003, p. 165; ^{Cavallo et al., 1988}, pp. 301-302; ^{Almonacid, 2016}, p. 132).

La cobertura que dio El Mercurio de Valparaíso a todos aquellos incidentes se centró en las declaraciones de Pinochet: "hoy se trata de confundir los conceptos de democracia y libertad" (01/12/1982) y "no habrá un retorno a fórmulas políticas superadas, ya que los problemas económicos no se superan con medidas políticas" (02/12/1982). Se destacó también la opinión del presidente de la SOFOFA sobre "la inconveniencia de producir en el país alarmas exageradas e innecesarias, como presuntas huelgas de camioneros y otras cosas", y el editorial desautorizaba a los "personeros gremiales que, lamentablemente, parecen haber perdido la mesura" (EMV, 4/12/1982). Pero, evidentemente, existía el riesgo de que se extendiera un movimiento que parecía "una virtual sublevación civil contra la situación económica" (Análisis, 52, 12/1982).

Y aunque las expulsiones de sus líderes más críticos podían haber frenado su ímpetu, no habían aplacado las iras de los empresarios (^{Cavallo et al., 1988}, pp. 302). Por supuesto, tampoco habían resuelto la causa de su descontento. No parecía, por tanto, quedar más recurso que apelar a la obediencia de los partidarios de la dictadura (EMV, 7/12/1982). Pero a la vez, en editorial se trataba de despejar el desconcierto que debía de causar a buena parte de los lectores la simultánea expulsión de un empresario junto a "dirigentes sindicales de reconocida simpatía marxista", por lo que se rescataban los argumentos populistas en defensa del modelo que ya se habían empleado antes del estallido de la crisis y que mostraban las demandas de los empresarios como perjudiciales para los sectores medios y bajos de la población. Se aprovechaba, además, para desprestigiar las reivindicaciones de los sindicatos de izquierda, presentando una incongruente alianza con los sectores nacionalistas (EMV, 7/12/1982), en esa misma línea que trataba de agrupar en una misma heterogénea oposición a "marxistas y políticos". Para contrarrestar aquel ambiente hostil, el gobierno celebró el fin de año publicando una caída de siete puntos en la tasa de cesantía -gracias a que los inscritos en los programas de empleo del gobierno salían automáticamente de la estadística- y el subsecretario Bardón tranquilizaría los ánimos declarando que "existe una política clara que está empezando a dar frutos" (EMV, 29/12/1982). Sin embargo, nuevos problemas estaban por llegar.

De la crisis económica a la crisis política

Que los empresarios, especialmente los grupos emergentes, fueran quienes se hiciesen cargo de sus propias deudas podía coincidir, en efecto, con la pretensión de la derecha nacionalista y también con el criterio los economistas neoliberales, defensores del ajuste automático y del rol subsidiario del Estado. Sin embargo, la cuenta del fracaso de los Chicago Boys en la dirección de la economía del país la terminaría pagando Moya, como se decía coloquialmente en alusión al ciudadano de a pie que resignadamente soportaba el peso de la crisis.

Así quedó claro en las semanas siguientes al 13 de enero de 1983, cuando el ministro Lüders anunció por televisión la tercera intervención bancaria en quince meses, que sería la más drástica. Entre los bancos afectados se encontraban los dos más grandes del país: el Banco de Chile y el Banco de Santiago, este del grupo Cruzat-Larraín. El BHC del grupo Vial fue declarado en liquidación. En total, nueve entidades que representaban el 45 % de los activos del sistema financiero. Con las intervenciones anteriores, un conjunto de 22 instituciones financieras que representaban el 60 % del mercado -un 85 % según los cálculos de la SOFOFA-habían quedado bajo control del Estado (^{Brock, 1989}; ^{Morand, 2000}).

El plan, diseñado como una operación militar, implicaba el cierre al día siguiente de las oficinas para evitar la fuga de los depósitos -que provocó el pánico de los ahorradores y suponía que los préstamos externos de las entidades liquidadas quedarían impagos. Del resto se haría cargo el Estado. Pero las presiones de la banca internacional obligaron finalmente al Banco Central a avalar las deudas de los bancos (^{Cavallo et al., 1988}, pp. 303). Y eso equivalía a transferir al contribuyente todo el peso de las deudas. El Mercurio optó por silenciar la información para no evidenciar el derrumbe absoluto del sistema financiero, como denunciaba la revista Análisis (54, 2/1983). Mientras que La Tercera censuró a fines de enero una columna de Ricardo Claro titulada "¡Basta!", en la que desautorizaba a Lüders, se refería a De Castro, Bardón y Kast como "los destructores de Chicago", y a El Mercurio como "el periódico que incita a la destrucción sistemática de la economía del país", para concluir llamando a las Fuerzas Armadas a restablecer el orden.³

La liquidación del BHC implicaba la extinción del grupo Vial, cuyas principales empresas quedaban en cesación de pagos, al igual que las de Cruzat-Larraín. Pero mientras este negoció con el Banco Central, Vial judicializó su pugna con el gobierno. La continuidad de Lüders al frente del equipo económico resultaba imposible. No podía ser responsable de la renegociación internacional de la deuda chilena, pública y privada, al tiempo que aparecía como corresponsable de una quiebra millonaria y fraudulenta. De hecho, terminaría encarcelados meses después. Pero el terremoto financiero de enero también afectó a otros destacados funcionarios del régimen decisivos en el diseño y aplicación del modelo, como los exministros Léniz, Cauas, Baraona, Federicci y De Castro, que habían desempeñado o desempeñaban en esa fecha puestos de máxima responsabilidad en empresas o bancos de los grupos quebrados y que, en definitiva, habían permitido y contribuido directamente a su expansión. Mientras Pinochet guardaba silencio, se desmoronaba la imagen de "general de los pobres" que había tratado de proyectar los meses anteriores y el hundimiento de los grupos era interpretado por la prensa opositora como el derrumbe del modelo y, en consecuencia, el principio del fin de la dictadura (Análisis, 54, 2/1983). Con perspectiva, parece claro que la primera interpretación resultaba mucho más errada aún que la segunda.

A corto plazo se imponía otro relevo de los ministros del equipo económico, el cuarto en menos de un año. Para La Tercera, "aunque los relevos han sido siempre una rutina, todos los antecedentes permiten calificar este cambio como señal de una nueva definición de las líneas seguidas" (14/2/1983). El nuevo ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, era un reconocido neoliberal, pero compartía con los "duros" ciertas posiciones políticas, como su oposición al sufragio universal previsto en la Constitución, lo que lo distanciaba de los Chicago Boys y de los gremialistas (^{Osorio y Cabezas, 1995}, pp. 135-153). Cáceres anunció pronto un paquete de medidas de emergencia que, ciertamente, suponían un acercamiento a los empresarios, entre ellas la subida de los aranceles al 20 % (^{Campero, 1984}, pp. 277278). Algunas asociaciones las recibieron favorablemente (El Mercurio, 23/3/1983), pero los más críticos -ANPT, CPA, los comerciantes detallistas de Cumsille, los transportistas de Vilarín y, desde entonces, también los gremios de la pequeña industria, entre los que se contaba ASIVA consideraron que no importaban cambios sustanciales y apenas resolvían problemas parciales (El Mercurio, 16/4/1983; La Tercera, 3 y 18/4/1983).

Desde los editoriales que redactaba para El Mercurio, De Castro seguiría defendiendo su ortodoxia en nombre de "quienes postulan una forma de vida más libre, de orientación contraria al socialismo" y desautorizando el cambio de rumbo que representaba una amenaza de control económico y estatismo (EMV, 10/4/1983). En cambio, la edición de Valparaíso editorializaba lamentando los efectos de la crisis en la región, la más castigada por la cesantía del país, y atribuía la desaparición del tejido industrial, la fuga de empresas a la capital y el decaimiento de la actividad portuaria y de la construcción -para la que auguraba cinco años de paralización al fallido proceso de regionalización que había sido incapaz de frenar el centralismo metropolitano. En otras palabras, responsabilizaba tácitamente a la inacción del gobierno y pedía la reactivación de las industrias cerradas que habían sostenido el desarrollo económico regional, aludiendo en concreto a la CRAV (EMV, 8/5/1983).

De todas formas, el cambio de rumbo que pretendía De Castro vino motivado por un factor ajeno a las tensiones entre el gobierno y los empresarios, y con resultados sorprendentes. El 11 de mayo ocurrió la primera de las jornadas de protesta nacional convocada principalmente por la CTC, el sindicato más fuerte, con el respaldo de los grupos de oposición adheridos al Manifiesto Democrático firmado en marzo. La jornada fue secundada masivamente por múltiples sectores de la población y la respuesta represiva no se hizo esperar con semejante intensidad. Pero las protestas se replicaron mensualmente en los meses siguientes, demostrando la erosión del régimen. A pesar de su gravedad, la crisis económica dejaba de ser el principal problema del gobierno y, en consecuencia, el foco de atención de la prensa oficialista cambió (^{Campero, 1984}, p. 279; ^{Maza y Garcés, 1985}; ^{Cavallo et al., 1988}, pp. 304-305).

En ese contexto, la CPC formuló un plan alternativo de recuperación que contaba con el consenso de las diferentes asociaciones empresariales y fue entregado al ministro Cáceres el 8 de julio. Entonces, en una nueva fractura del gobierno, el ministro de Economía, Manuel Martín empresario con gran ascendiente en el gremio, amigo personal de Pinochet y crítico con la gestión de los Chicago Boys-, preparó su propia propuesta de reactivación, opuesta también a las medidas de Cáceres, y la presentó en una reunión de la Confederación del Comercio Detallista con inmediatas manifestaciones de apoyo de las pequeñas y medianas asociaciones empresariales (^{Campero, 1984}, pp. 279-282). Por aquellos mismos días, el presidente de la ASIVA había insistido en la necesidad de que "el gobierno tenga una política de desarrollo regional bien llevada" (EMV, 8/7/1983), ante el golpe a la economía regional que suponía el cierre de la fábrica de galletas y chocolates Hucke, otra de las grandes industrias de la región que, después de fusionarse con la empresa McKay (EMV, 6/1/1981), iniciaba su traslado a Santiago, generando aún más desempleo en Valparaíso (EMV, 26/8/1983-11/10/1983).

El progresivo deterioro de la credibilidad del gobierno por la brecha abierta entre Cáceres y Martín constituía una nueva amenaza ante la que El Mercurio apostó por el primero. Así, a pesar de haber criticado anteriormente su paquete de emergencia, los editoriales económicos redactados desde Santiago defendían las "señales que permiten pensar en una recuperación de la confianza", y elogiaban la seriedad de Cáceres y la congruencia de sus decisiones, especialmente los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y con la banca extranjera sobre renegociación de la deuda (EMV, 4/7/1983). Y, concretamente, desautorizaba los planes alternativos de la CPC y del ministro Martín porque erosionaban la credibilidad y unidad del gobierno que tanto había costado restablecer y porque, en definitiva, coincidían con "políticas que probadamente ocasionaron en el pasado económico chileno agudas crisis que no tuvieron justificación externa alguna" (EMV, 20/7/1983). Los editoriales económicos redactados en Santiago seguían usando los mismos argumentos para eludir la responsabilidad de los Chicago Boys en la crisis y para desprestigiar con la sombra del socialismo cualquier atisbo de política económica encaminada a sostener la estructura de la industria nacional, aunque se emplearan ahora para defender a un ministro que había elevado los aranceles de protección nada más llegar y cuya gestión se alejaba de la ortodoxia neoliberal antes defendida por el diario.

La erosión que las jornadas de protesta causaban a la dictadura parecían justificar aquel cambio de rumbo editorial. Pero también la comprometida situación financiera del grupo Edwards, que se había endeudado riesgosamente en los años en que Sergio de Castro mantuvo el dólar fijo. Con la devaluación, la deuda de El Mercurio Sociedad Anónima Periodística (EMSAP) se multiplicó, al tiempo que la crisis provocaba una caída de la inversión publicitaria justo cuando era más necesaria y, para 1983, el balance arrojaría pérdidas de 22,5 millones de dólares. Sin embargo, a pesar de la quiebra virtual del EMSAP y del hundimiento del grupo Edwards, el Ministerio de Hacienda no había intervenido el Banco Edwards en enero de 1983. Al contrario, el Estado le otorgó nuevos préstamos, elevando su deuda a 67 millones de dólares. Efectivamente, la dictadura protegió a Agustín Edwards, aunque ahora sus acreedores -el Banco del Estado y la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones- poseían el 51 % de las acciones del grupo editorial (APSI, 2/1984; ^{Dermota, 2002}, pp. 109-111). En esas condiciones, más allá de los escrúpulos teóricos que De Castro y otros Chicago Boys acogidos en la redacción de El Mercurio al salir del gobierno pudieran sentir por el pragmatismo de las nuevas medidas económicas, la línea editorial no podía desviarse de su adhesión al régimen cívico-militar, especialmente cuando la derecha nacionalista cuestionaba su respuesta ante la crisis, la oposición de izquierda mostraba una estrategia cada vez más cohesionada y en las calles clamaba la masiva protesta ciudadana.

Desde Valparaíso, los argumentos empleados eran diferentes, algunos contradictorios. Pero también se orientaban a apuntalar el apoyo a la dictadura de los sectores medios que conformaban mayoritariamente el público objetivo de El Mercurio de Valparaíso. Así, a fines de julio, un editorial comentaba la preocupación por el aumento del desempleo de la Confederación de Empleados Particulares de Valparaíso -uno de los segmentos socioeconómicos más afectados por las políticas neoliberales- y ofrecía una sencilla explicación del desmantelamiento industrial en la región. Algunas empresas "habían sido trasladadas a la capital por decisión de sus dueños" en ejercicio de la libertad de empresa, pero también en desmedro del desarrollo de la región, por lo que el Estado "debió arbitrar medidas para evitarlo". Ciertamente, aquel no parecía un argumento muy afín a la concepción neoliberal del rol subsidiario del Estado, pero cuadraba con la frustración con la que podía identificarse buena parte de los lectores del diario, como profesionales autónomos, empleados de los cuadros intermedios -incluidos los cesantes- y pequeños y medianos empresarios locales. En cualquier caso, también debían asumir que otras empresas habían quebrado por causa de una gestión ineficiente y, como era sabido, la especulación tiene sus riesgos. Pero, más aún, que muchas habían sucumbido "por falta de consumidores, que desdeñaron la oferta regional para inclinarse por alternativas foráneas". En resumidas cuentas, "la industria local se eclipsó cuando los porteños, sea como consumidores individuales o como jefes de grandes núcleos compradores públicos o privados, eligieron bienes manufacturados fuera de la región" (EMV, 28/7/1983). Esa era la otra cara de las ventajas de la apertura comercial. Por tanto, si como trabajadores o productores se encontraban desempleados o quebrados era por las decisiones que ellos mismos como consumidores habían tomado libremente en una economía de mercado. No en vano aquel era un régimen político y un modelo económico para adultos.

Las tensiones interministeriales no cesarían y fueron nuevamente resueltas por Pinochet con otro cambio de gabinete en agosto de 1983. Martín fue reemplazado por Andrés Passicot, quinto ministro de Economía en lo que iba de año, y Cáceres fue confirmado, dando respaldo a su plan de emergencia. Con el nombramiento de Sergio Onofre Jarpa como ministro de Interior se abriría una nueva etapa de relativa apertura política, orientada a enfrentar las protestas y a recuperar una base más amplia y estable de apoyos para el régimen (^{Campero, 1984}, pp. 282). Y aunque los efectos de la crisis económica se mantendrían aún, para El Mercurio parecían el precio que pagar por la libertad económica que había traído el golpe de 1973. Era el precio del ajuste. Pagaba Moya.