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1. Introducción
Después de la firma de los Acuerdos de Paz en 2016 entre el gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las FARC-EP, muchas universidades del país asumieron la responsabilidad de contribuir a la reconstrucción del tejido social en los territorios más afectados por el conflicto armado. En el mundo académico, el proceso de paz, como lo señalan Rojas-Granada y Cuesta Borja (2021), estimuló de manera significativa la producción de conocimiento sobre conflicto y paz en Colombia, lo cual se evidenció en el incremento de publicaciones, especialmente aquellas con un enfoque territorial.
Justamente, es este enfoque el que les permitió a los académicos encender las alarmas sobre la manera como se han venido dando los procesos de implementación de los acuerdos de paz, en especial en lo referido a su primer punto sobre reforma rural integral y los obstáculos que enfrenta la paz territorial que tanto se plantea en ellos. (Rojas-Granada y Cuesta Borja, 2021, p. 228)
Las investigaciones realizadas desde 2015 en este campo evidencian un cambio significativo, donde la categoría de conflicto armado ha dado lugar a términos como construcción de paz o proceso de paz (Rojas-Granada y Cuesta Borja, 2021). Este emergente interés investigativo no implica que el conflicto armado haya sido ignorado como objeto de estudio, sino que ha permitido una nueva perspectiva centrada en la construcción de paz, en la que los conflictos territoriales y los procesos sociales y comunitarios son fundamentales. Este enfoque territorial destaca la dimensión simbólica del territorio, considerando imaginarios, representaciones, prácticas cotidianas y acciones comunitarias que le dan significado y resignificado a este. Así, se introduce la categoría de territorialidad, definida como el conjunto de prácticas y percepciones que un actor social utiliza para apropiarse, usar, controlar y defender un territorio específico (Sack, 1986). Ahora bien, como lo sugiere Jiménez-Martín:
La construcción social del territorio expresa un proceso permanente de disputa. Esto es, denota una confrontación de propuestas frente a la ordenación, el uso y el carácter simbólico de los territorios. En otras palabras, la tensión por la dirección política de los mismos. Para el caso colombiano, es posible afirmar que las geografías de la guerra han impulsado un tipo de configuración espacial que niega, persigue e incluso criminaliza algunas formas comunitarias de organizar el territorio (2016, p. 63).
Las investigaciones con enfoque territorial (Rojas-Granada y Cuesta Borja, 2021), destacan cómo las territorialidades de los actores comunitarios, como las comunidades indígenas o afro del Chocó, consideran el territorio como un ser vivo, madre tierra, tierra de los ancestros. Esta visión contrasta con la utilitarista de los grupos armados y las políticas neoliberales y extractivistas del Estado. En este contexto, los impactos y transformaciones territoriales resultantes del conflicto armado indican que la guerra se manifiesta de distintas maneras según las características geográficas, históricas, políticas, económicas y sociales de cada región. Además, se demuestra que los grupos armados, las élites o grupos empresariales, la institucionalidad estatal y las comunidades locales poseen sus propias territorialidades en conflicto, siendo estas últimas las más perjudicadas (Rojas-Granada y Cuesta Borja, 2021).
Estudiar los procesos de construcción de paz desde el enfoque territorial implica comprender el papel de las comunidades. Las investigaciones al respecto (Rojas-Granada y Cuesta Borja, 2021) muestran precisamente las iniciativas de distintas comunidades organizadas que resisten a la violencia y construyen paz, dando un lugar central al territorio en sus estrategias de lucha. Estas comunidades buscan defender el territorio, darle un significado distinto al de la violencia, o salvaguardarlo por considerar que en él se encuentran elementos de la naturaleza que el Estado, las multinacionales o los grupos armados no abordan en beneficio de todos. Bajo este enfoque, algunos autores proponen considerar tanto el conflicto como la paz como una construcción geosociohistórica (Rojas-Granada y Cuesta Borja, 2021), en la que el territorio "no puede ser leído ni como un contenedor de objetos, ni como una construcción estática. Éste expresa los horizontes y las luchas de sentido entre las clases sociales y las posibilidades materiales reales que tienen para su realización" (Jiménez-Martín, 2016, pág. 63). Las territorialidades funcionan así, simultáneamente, como una táctica universal de supervivencia colectiva y como un escenario para la construcción de otros mundos posibles (Jiménez-Martín, 2016).
El despliegue de las territorialidades comunitarias (Jiménez-Martín, 2016) como lucha por la supervivencia, por el sentido y por la construcción de otros mundos posibles, comprende las capacidades y las acciones de las propias comunidades. En este artículo se quiere presentar precisamente algunas comprensiones respecto a dichas capacidades y acciones tal y como fueron reconocidas en el proyecto de investigación "Hilando sociedad" , del Programa de Investigación Colombia Científica "Reconstrucción del Tejido Social en zonas de postconflicto" , y el modo en que estas contribuyen a la justicia territorial y a la construcción de paz.
El proyecto "Hilando sociedad" se desarrolló con aquellos actores sociales afectados directa o indirectamente por el conflicto armado (Comisión Histórica del conflicto y sus víctimas, 2015) en territorios priorizados en los acuerdos de La Habana: Bojayá y Riosucio (Chocó), Chalán y Ovejas (Sucre) y Samaná y Riosucio (Caldas). El objetivo de este proyecto fue: "Gestar capacidades políticas para las transiciones en los territorios, con base en mediaciones democráticas de los conflictos sociales, orientadas hacia la reconciliación y la construcción de paz estable y duradera" (Sánchez-Jiménez M. H., 2021, p. 45). A este objetivo le subyace una apuesta epistemológica basada en principios concordantes entre la Investigación Acción Participante y el Construccionismo Social, tales como: "el reconocimiento de la pluralidad de saberes, la calidad de cognoscentes y de productores de conocimiento válido de todos los sujetos, la reflexión crítica y la construcción colectiva" (Sánchez-Jiménez M. H., 2021, pág. 46). En una palabra, el proceso investigativo se guió por la premisa de que la investigación social se realiza con el otro, no sobre el otro.
El sentido de este proceso investigativo se resume justamente en el reemplazo de la preposición sobre por la preposición con. Su sentido, en primer lugar, remite a "una epistemología dialógica" (González-Rey, 2015) que comprende una resignificación del lugar del actor social dentro del proceso investigativo. Para esta epistemología el actor social es sujeto de la investigación, lo que garantiza "su expresión auténtica y la definición de un lugar propio desde el cual se pueda expresar en el curso de la investigación" (González-Rey, 2015, pág. 9). De esta resignificación, se infiere, un segundo sentido del investigar con y no sobre. Este sentido concierne la relación que se construye entre el actor social y el investigador. Mientras que la relación basada en la preposición sobre es una relación vertical, la relación basada en la preposición con es una relación horizontal (Peñaranda, 2011). Se desdibuja de este modo la distinción entre un sujeto que investiga y otro que es investigado. Para "Hilando Sociedad" los habitantes de estos territorios que participaron del proceso fueron considerados en consecuencia como co-investigadores comunitarios. En cuanto al diseño metodologico, el proceso se estructuró en cuatro etapas basadas en los objetivos y categorías teóricas del proyecto.
Preparación y Capacitación: En la primera etapa, se enfocó en la preparación y formación de los equipos de investigadores que llevarían a cabo el proyecto en cada uno de los seis municipios.
Reconocimiento de Territorios: La segunda etapa consistió en el reconocimiento de los territorios y de los actores con quienes se desarrollaría la investigación. Esto incluyó una caracterización social multidimensional de cada territorio.
Análisis de Conflictos: En la tercera etapa, se identificaron y analizaron los conflictos territoriales, una vez comprendidas las características sociales, culturales, económicas y políticas de cada territorio.
Mediaciones y Construcción de Paz: La cuarta etapa se centró en las mediaciones pacifistas y en las experiencias de paz llevadas a cabo por algunos actores sociales frente a los conflictos territoriales.
La experiencia de este proceso investigativo de la que nos ocuparemos en este artículo tuvo lugar en el municipio de Riosucio, situado en la región del Bajo Atrato en Chocó, entre agosto de 2019 y junio de 2022. El primer objetivo allí fue presentar los objetivos, categorías y metodologías del proyecto, para lo cual realizamos una serie de reuniones con representantes de la institucionalidad del municipio, de diferentes consejos comunitarios y de algunas organizaciones sociales de base comunitaria. Como fruto de estas reuniones, logramos construir una agenda de trabajo con la Mesa Municipal de Víctimas, la Secretaría de Paz, la Asociación de Campesinos de Riosucio (Acamuri), la Asociación de Mujeres Víctimas Indígenas (Asomuvir), la Asociación de Consejos Comunitarios del Bajo Atrato (Ascoba), la emisora comunitaria Riosucio Estéreo y la Plataforma Municipal de la Juventud. Los representantes de estos grupos se vinvularon al proyecto en calidad de co-investigadores comunitarios. El siguiente objetivo fue reconocer el territorio a través de un ejercicio de caracterización social en la cual abarcamos aspectos demográficos, históricos, políticos, organizativos, económicos y ambientales. Esta caracterización comprendió el uso de fuentes primarias, secundarias y directas (Buonocore, 1980). Con los hallazgos encontrados a partir de la información recolectada y analizada a partir de las fuentes primarias y secundarias, procedimos a una siguiente fase de socialización con los co-investigadores comunitarios con el fin de reconocer las características del territorio así como sus conflictos y las mediaciones pacifistas y experiencias de paz respecto a estos.
En esta fase, se buscó la consolidación de los procesos y las experiencias de mediaciones en el territorio, partiendo del trabajo directo, a manera de taller, entrevistas y análisis documental, con las experiencias-organizaciones-colectivos en los municipios, para la identificación de los procesos de mediación de construcción de paz y sobre matrices que permitiera reconocer: I) los actores y sus capacidades desplegadas, relacionamientos y concimientos-saberes; 2) los escenarios de despliegues de condiciones estructurales y subjetivas; 3) los procesos con sus acciones desarrolladas y alcances (logros, efectos e impactos). Este momento arrojó la priorización de experiencias emblemáticas. De esta misma manera, se hizo uso de información previamente recolectada en el marco del proyecto, en la medida de las definiciones establecidas en el marco general del proceso. (Loaiza de la Pava, 2023, p. 67)
De este modo, transitamos la tercera y la cuarta etapa. Para ello, recurrimos al método de la matriz unitaria comprensiva (Jiménez , 2020), el cual permitió reconocer la forma en que se relacionan los actores territoriales con las categorías de análisis del proyecto (conflictos, mediaciones y experiencias de paz). Mediante una primera matriz, se examinaron cinco tipos de conflictos territoriales: político, social, económico, ambiental y armado. A partir de esta matriz, se logró identificar el impacto de estos conflictos sobre los habitantes de Riosucio, especialmente en mujeres y jóvenes. Posteriormente, se elaboró otra matriz enfocada en las relaciones entre estos actores y sus acciones de mediación respecto a los conflictos mencionados. Gracias a estas matrices analíticas, se pudo identificar una diversidad de recursos, enfoques, estrategias, conocimientos y prácticas que representan formas de agencia para mediar en los conflictos analizados (Loaiza de la Pava, 2023). Con el fin de profundizar en la comprensión de las mediaciones y experiencias de paz lideradas por mujeres y jóvenes en el territorio, se aprovecharon dos estraetegias de carácter educativo que habían sido requeridas precisamente por estos actores. Con los jóvenes se realizó un diplomado sobre liderazgo denominado "Territorio y Capacidades Políticas" entre junio y noviembre de 2021. En el marco de este diplomado realizamos una serie de conversaciones sobre sus experiencias, percepciones y reflexiones como jóvenes en este territorio. Con las mujeres por su parte, realizamos un curso corto entre agosto y noviembre de 2021 que se denominó "Cuidado de salud mental comunitaria" y entre marzo y junio de 2022 el diplomado "Capacidades para el Cuidado Comunitario del Bienestar en la Perspectiva de la Construcción de Paz en el Territorio". Los procesos con estos dos actores sociales, permitieron identificar ciertas capacidades y acciones que interpretamos como formas de mediación ante los conflictos del territorio. Frente a estos, nos preguntamos entonces si estas formas de mediación pueden ser comprendidas como elementos significativos para los procesos de construccion de paz desde un enfoque de justicia territorial.
Un panorama de los conflictos territoriales de Riosucio, Chocó (Colombia)
En la década de los 70 del siglo pasado, Colombia vivió uno de los períodos más violentos de su historia, marcado por la presencia de diversas guerrillas como el M19, el ELN, el EPL y las FARC-EP (Villamizar, 2022), el auge del narcotráfico y la emergencia del paramilitarismo. Esta combinación explosiva ha desencadenado una espiral de violencia que continúa hasta nuestros días. La alianza entre la guerrilla y el narcotráfico ha provocado una inestabilidad generalizada del orden público, afectando también al departamento del Chocó. Situado en la llanura del Pacífico, este departamento colombiano posee valiosas cuencas hidrográficas como los ríos San Juan, Baudó y Atrato. En este contexto de violencia y de pobrezas (Bonet, 2007), estos ríos, en especial el río Atrato, se han convertido en un epicentro del conflicto armado debido a su utilización en el comercio ilícito de drogas y armas.
Precisamente a la orilla del rio Atrato, se encuentra el municipio de Riosucio, hogar de 48.257 personas según el censo nacional de población y vivienda de 2018. El 12,72% de esta población se reconoce como indígena mientras que el 79,34% como afrodescendiente (DANE, 2019). El 30,04 % habita en la zona urbana, mientras que el 69,96 % en la rural (DANE, 2019). Los habitantes de Riosucio viven actualmente bajo la amenaza constante que genera la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Entre los múltiples hechos de violencia a los que están expuestos los riosuceños y riosuceñas, se encuentran los desplazamientos forzados, los asesinatos selectivos, confinamientos, reclutamiento forzado, exposición a minas antipersona, abusos sexuales y vulneración de derechos (Comision de la Verdad, 2022).
Estos hechos se suman a otras afectaciones derivadas de otros conflictos territoriales que históricamente han impactado la vida de la población. Los conflictos existentes en el territorio revelan problemas estructurales de naturaleza social, política y económica. Los principales problemas en Riosucio se pueden resumir de la siguiente manera:
Precariedad de la infraestructura física: La falta de infraestructuras adecuadas afecta la provisión de servicios públicos, especialmente en áreas críticas como salud y educación.
Deficiencias en el sistema de transporte: La falta de vías de transporte adecuadas dificulta la conexión de la región con el resto del departamento y el país, obstaculizando el desarrollo económico y social.
Corrupción y clientelismo: Se observa la presencia de prácticas de corrupción y clientelismo por parte de las clases dirigentes locales y regionales, lo que contribuye a la desigualdad y a la falta de oportunidades para la población
Dependencia económica y falta de diversificación: La economía local depende en gran medida de cultivos específicos, y existe una falta de adaptación del sistema productivo y de comercialización de los productos, lo que limita las oportunidades económicas.
Explotación de los recursos naturales: La explotación de los recursos del territorio, especialmente a través de megaproyectos mineros y madereros, genera impactos negativos en el medio ambiente y en las comunidades locales.
Estos problemas estructurales se reflejan en la insatisfacción de las necesidades básicas, la escasez de oportunidades laborales, el acceso limitado a la educación en diferentes niveles, altas tasas de enfermedades físicas y mentales, así como en las violaciones a los derechos sociales, políticos y económicos de la población. En este complejo escenario de conflictos y adversidades, las mujeres y los jóvenes desempeñan un papel fundamental en el territorio, tanto por los desafíos particulares a los que se enfrentan como por las perspectivas que desde sus propias experiencias, trayectorias, saberes y acciones ponen al servicio de la construcción de una territorialidad en disputa con otras territorialidades propias de las geografías de la guerra y de la colonialidad.
La Plataforma Municipal de la juventud espacio y experiencia de encuentro para la configuración de una praxis divergente de los jóvenes de Riosucio
El conflicto armado en Riosucio, que persiste incluso después de la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC-EP, crea un entorno adverso para los jóvenes. Con un índice de pobreza monetaria del 68,4 % (DANE, 2020) y un sistema productivo inadecuado (PNUD, 2015), las oportunidades para el desarrollo de capacidades y talentos son limitadas. La educación es uno de los sectores más afectados, con bajas coberturas en educación básica, secundaria y media, y una tasa de analfabetismo del 22,10 % para mayores de 15 años, muy superior a la media nacional del 8,80 % (Alcaldía Municipal de Riosucio, 2016). Además de la falta de cobertura educativa, la calidad de la educación se ve mermada por la insuficiente infraestructura y falta de personal docente. Las oportunidades para continuar estudios superiores son escasas, dificultando la inserción laboral. Esta falta de oportunidades educativas y laborales crea un caldo de cultivo para la proliferación de economías ilegales como el narcotráfico y la trata de personas, aumentando el riesgo de reclutamiento forzado o voluntario de los jóvenes.
En respuesta a estas adversidades, los jóvenes de Riosucio han asumido la defensa de sus vidas y derechos de manera autónoma, participativa y creativa. La Escuela Interétnica para el Liderazgo Juvenil, apoyada por ACNUR, OXFAM y la parroquia Nuestra Señora del Carmen, fue un importante espacio de aprendizaje, intercambio de conocimientos y desarrollo de habilidades de liderazgo para estos jóvenes, quienes se prepararon para ser agentes de cambio y promotores de paz en sus territorios (Castañeda, 2016). De este proceso, surgio en 2018 la Plataforma Municipal de la Juventud, un espacio de encuentro y diálogo creado por la Ley Estatutaria de Juventud 1622 de 2013 y fortalecido por la Ley 1885 de 2018. (Función Pública - Ley estatutaria 1885, 2018). Este espacio, compuesto por procesos organizativos y participativos, permite a los jóvenes ejercer veeduría y control social sobre los planes de desarrollo y políticas públicas, además de proponer iniciativas que reflejen sus necesidades y aspiraciones. Y si bien es cierto que la narrativa de los jóvenes de esta plataforma evidencia la influencia del discurso Estado-céntrico que retrata a los jóvenes como sujetos en transición hacia su plena ciudadanía (Alvarado, Vommaro, Patiño, y Borelli, 2021), su trayectoria evidencia un tipo de participación y de incidencia territorial a través del desarrollo autónomo de procesos sociales, culturales y ambientales, alineándose con una visión comprensiva de la juventud que destaca al joven como sujeto político (Alvarado, Vommaro, Patiño, y Borelli, 2021).
En medio de esta lucha por el reconocimiento, y de la conflictividad territorial, los jóvenes de la Plataforma han construido formas diferentes de concebirse a sí mismos, reconociendo sus capacidades para atender sus propias necesidades e intereses. La experiencia de los jóvenes en esta plataforma en cuanto a conflictividad territorial de la cual hacen parte, podría repensarse en términos de una territorialidad en conflicto. La territorialidad en conflicto que atraviesa sus existencias se refleja en diferentes formas de representar el territorio y a los propios jóvenes. Por un lado, está la representación inherente al ya mencionado discurso Estado-céntrico funcionalista, que los concibe como sujetos cuyo desarrollo depende del Estado-nación. Por otro lado, están las concepciones instrumentalistas de ciertos actores que promueven una visión neoliberal y extractivista del territorio, como los actores armados y algunos grupos económicos multinacionales, para quienes los jóvenes representan mano de obra barata. Que confluyen en lo que Mbembe (1999) denomina necropolítica, los jóvenes desarrollan su propia construcción simbólica del territorio y de su lugar en él, basándose en los discursos de sus comunidades afro e indígenas de origen, pero también de representaciones contemporáneas de lo juvenil.
Las territorialidades en conflicto generan frustración entre los jóvenes, reflejada en sentimientos de abandono y desesperanza. Es allí en esta especie de callejon sin salida en la que la juntanza de los jóvenes a través de la plataforma configura lo que Trejo (2005) denomina una praxis divergente, es decir, una respuesta social y cultural frente a la incertidumbre, exclusión y desesperanza (Feixa, 2006). Esta responsabilidad de asumir su propio ser en el mundo se hace posible al reconocer a otros jóvenes con intereses y capacidades similares. Estas capacidades comunitarias se construyen a través de relaciones sociales concretas o de acciones colectivas para generar bienes comunes, es decir, capacidades colectivas (Otano-Jiménez, 2015a). La Plataforma de la Juventud es un espacio vital para el desarrollo y fortalecimiento de estas capacidades de los jóvenes que configura una praxis divergente, que se materializa a través de sus iniciativas, acciones, estrategias y proyectos. Estas actividades constituyen una forma de mediación frente a la conflictividad territorial, y las territorialdiades en conflicto, que los afecta. La Plataforma entonces se consolida como un espacio para la creación de una existencia juvenil basada en una praxis divergente. Esta praxis, al encontrar resonancia en otros jóvenes con intereses y capacidades similares, adquiere fuerza, forma y contenido a través de la co-construcción de la Plataforma de la Juventud como una comunidad de sentido.
El papel de las emociones, los saberes, las acciones y la juntanza de mujeres afro e indígenas en la construcción de territorialidades del cuidado
El conflicto armado ha dejado profundas secuelas en las mujeres afro e indígenas, quienes siguen enfrentando un constante riesgo para su supervivencia en sus territorios. La intimidación, el acoso y la violencia sexual continúan siendo utilizados por los grupos armados para transmitir mensajes políticos, implicando la subyugación y dominio de los cuerpos de niñas y mujeres, así como del territorio mismo (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2017). Sin embargo, las afectaciones a las mujeres no se limitan a estos actos de violencia. En estos territorios, la mujer es valorada no solo como objeto sexual, sino también por su función reproductiva, con su sexualidad controlada por ideales coloniales y modernos de género, basados en el dimorfismo biológico y el heterosexualismo como rasgos dominantes (Lugones, 2008). Esto las obliga a enfrentar tanto la violencia sexual como el abandono y los prejuicios coloniales persistentes en el imaginario social (Quintero, Castaño, y Figueroa, 2022).
El imaginario de la mujer se refuerza y reproduce a través de prácticas socioculturales como los matrimonios tempranos. Las escasas oportunidades educativas y laborales obligan a las mujeres adolescentes a seguir los caminos de sus madres y abuelas. La deficiente calidad, cobertura y oferta educativa resulta en altos índices de deserción escolar y baja escolaridad, limitando su acceso al capital cultural (Bourdieu, 1986) que la educación debería proporcionar.
La falta de conocimientos sobre salud sexual y reproductiva refleja el escaso capital cultural disponible para las mujeres jóvenes en estos territorios. La percepción social de la mujer como sujeto sexualizado y subordinado, junto con el limitado capital cultural sobre su salud, refuerzan la asignación de roles de género. Esta división sexual del trabajo genera desigualdades económicas que restringen las capacidades de las mujeres, asignándoles responsabilidades relacionadas con el cuidado y sustento de la familia, la comunidad y el territorio. Estas asignaciones resultan de relaciones sociales históricamente determinadas (Pineda, 1980) y no de cualidades intrínsecas o atributos naturales (Martínez, 1992). Estas asignaciones históricas y los eventos traumáticos del conflicto armado han limitado las posibilidades de las mujeres para liberarse de su condición de subordinación, tanto en términos eróticos como de cuidado. Han sido sujetas a la colonialidad de género, convirtiéndose en lo que Lugones denomina "mujeres de color" (2008).
Este sometimiento se agrava por el conflicto armado y otros desafíos sociales, políticos, económicos y ambientales. Sin embargo, han surgido lideresas en las comunidades afro e indígenas que desafían esta realidad. Organizaciones como Asomuvir, Ascoba, Acamuri y la Plataforma de la Juventud promueven una ética del cuidado que trasciende los estereotipos de la mujer-madre. A través de procesos organizativos, estas mujeres han fortalecido su lucha y reivindicación como sujetos políticos, generando redes de trabajo y aumentando su participación en espacios de toma de decisiones.
En el marco del proyecto "Hilando Sociedad", específicamente en el curso "Cuidadoras de Salud Mental Comunitaria" y el diplomado "Capacidades para el Cuidado Comunitario del Bienestar en la Perspectiva de la Construcción de Paz en el Territorio", 40 mujeres de estas organizaciones protagonizaron una experiencia en la que abordaron las secuelas psicosociales del conflicto armado mediante intervenciones basadas en conocimientos y prácticas locales, así como en ejercicios simbólicos guiados por el arte. Gracias a este proceso, estas mujeres, la mayoría víctimas y sobrevivientes del conflicto armado, lograron resignificar el cuidado de sí mismas y de sus pares, a través del reconocimiento de aquellas acciones cotidianas desde la cuales consideraban se lograba la construcción del territorio y que podrían ser entendidas como expresiones de lo que Muñoz (2009) denomina paz imperfecta.
En este proceso de resignificación, las emociones y los lazos afectivos (Mandolessi, Dhondt y Zícari, 2022) jugaron un papel crucial, operando como una condición compartida para la construcción de una identidad común como mujeres cuidadoras. Esta condición facilitó la construcción de vínculos sociales entre mujeres de diversas identidades, permitiéndoles unirse para formar comunidad. Reflexionaron colectivamente sobre el cuidado, no solo como una función orientada hacia los demás, sino también hacia sí mismas. Este proceso permitió confluir experiencias de vida, trayectorias como lideresas sociales, procesos comunitarios, dolores y esperanzas, en un diálogo entre mujeres afro e indígenas que, más allá de sus diferencias étnicas, se reconocieron como víctimas y sobrevivientes, y principalmente como sujetos con saberes, capacidades y objetivos similares.
Esta reflexión nos confronta con la cuestión de la justicia y la construcción de paz desde un enfoque territorial diferencial, comprendido a través de una mirada interseccional (Crenshaw, 1991). Las mujeres afro e indígenas construyen simbólicamente su territorio a partir de sus experiencias y capacidades, especialmente en lo relacionado con el cuidado. Esta territorialidad del cuidado, basada en saberes y prácticas propias, se fortalece en la juntanza, reconfigurando una nueva forma de ser mujer en el territorio. La importancia de la territorialidad y el enfoque de la interseccionalidad para abordar la cuestión de las mujeres afro e indígenas en la justicia territorial y la construcción de paz es crucial. La territorialidad de las mujeres afro e indígenas se basa en sus experiencias, capacidades políticas y agenciamiento, especialmente en lo relacionado con el cuidado. Esta territorialidad del cuidado, mediada por prácticas pacifistas y basada en saberes y prácticas propias, se fortalece en la juntanza, reconfigurando una nueva forma de ser mujer en el territorio. Este enfoque permite una comprensión integral de la justicia territorial, considerando las múltiples dimensiones de opresión y resistencia que atraviesan las vidas de estas mujeres, y ofrece un camino hacia la construcción de paz desde un enfoque territorial y de la interseccionalidad.
Reflexión
Justicia territorial y territorialidad de la justicia
La experiencia del proyecto de investigación "Hilando Sociedad" en Riosucio (Chocó) que compartirmos en este artículo, permite plantear la cuestión respecto al sentido que tienen los procesos comunitarios agenciados por jóvenes y mujeres en la construcción de paz con enfoque territorial. Como lo señalamos desde los primeros renglones, la producción científica en el campo de los estudios del conflicto y la paz en Colombia, muestran que este enfoque es fundamental, más aún, por las deduas que en cuanto a la implementación de los acuerdos de paz de 2016 se han detectado. El enfoque territorial, conlleva a pensar un asunto transversal para la construcción de paz como lo es la justicia territorial.
Las desigualdades y las injusticias territoriales acentuadas por las dinámicas de la guerra requieren resolverse en un escenario de construcción de paz. Por tanto, materializar el propósito que persiguen los acuerdos generales para la terminación del conflicto pasa por construir unas nuevas formas de organización del espacio que pongan frenos a los procesos de opresión y dominación, y, permitan el despliegue de territorialidades comunales y procesos territoriales para la vida digna de las comunidades en diversas regiones del país. Los acuerdos parciales dados a conocer por la mesa de conversaciones en La Habana parecerían caminar en esta dirección (Jiménez-Martín, 2016, p. 64)
La pregunta podemos entonces ampliarla al punto de interrogar de que modo los procesos comunitarios, y en especial los saberes y acciones de carácter colectivo se relacionan con la justicia territoria. Dicho de otra forma ¿De que forma las mediaciones de los jóvenes y de las mujeres en Riosucio contribuyen a la construcción de justicia territorial? Cabe anotar, que la reflexión que intentamos desarrollar en este artículo resulta de la relectura de las comprensiones logradas en el proyecto "Hilando Sociedad" respecto a los procesos de las mujeres y jóvenes en Riosucio (Chocó) a la luz de algunos enfoques de justicia, en especial el de la Justicia Territorial.
En Colombia, el desafío del factor territorial (Melo, 2020) ha sido una barrera significativa para la construcción de una sociedad más justa y equitativa. A pesar del reconocimiento constitucional de la diversidad cultural y étnica en el país, como lo establece el artículo 7 de la Constitución Nacional de 1991 (Colombia, 1991). la realidad evidencia una segregación y discriminación racial estructural (Mosquera, 2017) que ha generado conflictos densos en los territorios. Esta situación resalta la importancia de abordar la justicia territorial como una herramienta fundamental para superar estas dificultades. Es relevante tener en cuenta que las instituciones políticas, constitucionales, legales y culturales adoptadas en Colombia tienen su origen en Europa, lo que ha generado dificultades en su adaptación a la realidad colombiana (García, 2017) y ha obstaculizado su eficacia en muchos casos (García, 2014).
Este panorama de ausencia estatal y falta de protección a las poblaciones periféricas se relaciona directamente con la problemática del apartheid institucional en Colombia (García y Espinosa, 2013). La ineficiencia, ilegitimidad e ineficacia estatal perpetúan la falta de legitimidad del Estado y la búsqueda de organizaciones privadas como fuentes de representación. En muchos casos, estos grupos privados son los movimientos armados que surgieron como respuesta a la ineficiencia estatal (Villamizar, 2022). Esta dinámica genera una brecha cada vez mayor entre las comunidades y el Estado, lo que dificulta la protección de los derechos económicos, sociales y culturales en estas zonas periféricas. En situaciones de conflicto entre comunidades y grupos armados, la falta de diálogo y protección estatal resulta en desplazamientos forzados, marginalidad y violencia. En definitiva, la falta de presencia y capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos en estas zonas de la Colombia profunda, alimenta la brecha y la desigualdad entre los territorios, agravando así la problemática del apartheid institucional en el país.
En el contexto de múltiples formas de violencia y una segregación estatal y violenta, es imprescindible establecer un marco jurídico, social y político para la paz en Colombia, tal como se ha intentado con el modelo transitorio de la Justicia Transicional, cuyos avances respecto a la reparación de derechos a las víctimas es notable (Acosta-López y Acosta, 2023). La desmovilización y el cese de la lucha armada interna son elementos clave para lograr una resolución pacífica de los conflictos y fortalecer la legitimidad estatal. Aunque se han llevado a cabo diversos procesos de paz que han contribuido a la reducción del conflicto, aún se requiere un sistema integral de resolución de controversias que se enfoque en el conflicto armado y fomente la mediación, tal como se ha descrito y desarrollado en el marco del proyecto "Hilando Sociedad". Estos mecanismos son fundamentales para alcanzar la paz a través de la resolución de altercaciones y la resignificación de los movimientos sociales, políticos y étnicos en los espacios socio-comunitarios, y que implica la construcción de una cultura de paz, o como lo denomina Rognon (2012), una paz societal.
Las prácticas descritas como ejercicios de mediación desempeñan un papel fundamental al contribuir a los propósitos principales de la justicia transicional actual. Sin embargo, van más allá al ser esenciales para lograr una justicia transformativa (García P. , sf) desde los territorios, también conocida como justicia territorial. Estos ejercicios de resignificación de la vida en respuesta a las políticas de violencia se convierten en una herramienta fundamental para cumplir los objetivos de la justicia transicional en Colombia, que incluyen buscar la verdad y garantizar que no se repitan prácticas violentas en los territorios. Tanto la justicia transformativa como la transicional se consideran alternativas a sistemas más inquisitivos y sancionatorios (Uprimmy y Saffon, 2006), y por lo tanto, representan una garantía plausible para lograr objetivos superiores dentro de un marco integral para la paz. Además, es importante destacar que las justicias territoriales no solo requieren la consecución de una paz "total", "estable y duradera" o cualquier otro término utilizado, sino que también exigen un diagnóstico riguroso de las necesidades diferenciadas y diversas de cada departamento, municipio, corregimiento y zona veredal en el país.
Según la Encuesta Nacional de Necesidades Jurídicas (ENNJ) (Villadiego y Lalinde, 2017), centrada en las necesidades de la población urbana, se evidenció que la proporción de la demanda resuelta por el sistema en relación con el total de necesidades jurídicas declaradas es muy baja. Esta investigación reveló que los temas que generaban mayor conflicto eran el hurto, la estafa y los conflictos de salud en la población en general, la población en situación de extrema pobreza y la población con discapacidad. Además, se observó que un porcentaje significativo de la población decidió no tomar ninguna acción frente a los conflictos. Esto sucedió en un 40,9 % de los casos en la población general, un 42 % en la población en situación de extrema pobreza y un 47,4 % en la población con discapacidad (Villadiego y Lalinde, 2017). Además, menos del 32 % de los casos en los que la población general decidió tomar medidas acudieron a un tercero para resolver el conflicto. Cuando ese tercero era una autoridad estatal, se acudió más a las autoridades administrativas que a las autoridades judiciales.
Estos hallazgos demuestran la brecha existente entre las necesidades jurídicas de la población y la efectiva resolución de los casos en el sistema de justicia. Además, indican que muchas personas optan por no hacer nada frente a los conflictos o buscar soluciones alternativas fuera del sistema legal. Estos resultados plantean la necesidad de abordar los desafíos en el acceso a la justicia y fortalecer los mecanismos que promuevan una resolución más efectiva y satisfactoria de los conflictos en la sociedad.
Dado este panorama, resulta evidente que existe un enfoque estatal centrado en un marco normativo excesivamente estadocéntrico como base para abordar las problemáticas territoriales y atender no solo el conflicto armado, sino también las deficiencias en la protección de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). Sin embargo, como se ha observado a través de las mediaciones mencionadas en el proyecto "Hilando Sociedad", la perspectiva de la justicia territorial parece estar más orientada hacia las mediaciones para la paz imperfecta, las mediaciones psicosociales, las mediaciones socio-culturales, comunitarias y político-locales (Sánchez-Jiménez, Rodríguez Triana, Loaiza de la Pava, y Rincón Isaza, 2021), adoptando un enfoque pluralista paraestatal que dignifica los territorios mediante el fortalecimiento de sus propias capacidades, el reconocimiento de sus conocimientos, costumbres y prácticas de socialización y esparcimiento.
Esto refleja una profunda desconfianza por parte de la ciudadanía en la administración de justicia, e incluso parece sugerir que la idea de justicia no está estrechamente vinculada con los órganos judiciales estatales. Además, se percibe cierta opacidad en cuanto a su funcionamiento interno. Ante la desconfianza en la administración de justicia estatal tradicional, la población busca otras alternativas, lamentablemente no solo las busca, sino que también se somete a ellas. Un ejemplo de esto son los pluralismos jurídicos ilegales, es decir, las llamadas justicias guerrilleras o para-estatales que se ejercen en las zonas periféricas del país donde la presencia del Estado es limitada. La existencia de esta justicia paraestatal evidencia la ineficiencia e ilegitimidad del Estado, como se mencionó anteriormente.
La justicia armada se aferra a estándares anacrónicos e inconstitucionales que no concuerdan con el Estado Social y Democrático de Derecho que promulga la Constitución Política de Colombia de 1991, en su Artículo I (Colombia, 1991). En esta forma de justicia, se aplican castigos como la pena de muerte, el destierro y tratos crueles, inhumanos y degradantes, entre otras acciones delictivas. Estas prácticas de justicia operan más a través del miedo que de la legitimidad. En este sentido, tanto la justicia armada como la estatal carecen de aceptación, pero la justicia armada tiene un mayor grado de cumplimiento debido al elemento del miedo que influye en aquellos que son sujetos a su jurisdicción, es decir, la ciudadanía indefensa que no logra acceder al sistema de justicia estatal. En este contexto, frente a un panorama de justicia y paz imperfectas donde prevalece la ley del más fuerte desde distintos extremos políticos, tanto estatales como paraestatales, emergen los agenciamientos y las prácticas socio-comunitarias como formas y puentes para subsanar las deficiencias de las justicias normativas, procedimentales y tradicionales. Estas prácticas representan escenarios plausibles de resistencia civil y pacífica que reivindican la preservación de la cultura propia y buscan construir sus propias realidades sociales (Espitia y Lugo, 2023).
Identifican los problemas estructurales históricos, pero también tratan de avanzar en medio de las dificultades mediante las herramientas tradicionales de sus comunidades transmitidas de generación en generación. Las prácticas socio-comunitarias se presentan como una respuesta frente a los vacíos de las justicias normativas y tradicionales, resaltando la importancia de la resistencia pacífica y la reafirmación de la identidad cultural en la construcción de realidades propias en medio de las dificultades históricas, alejándose de las etiquetas de la normatividad social o jurídica tradicional.
Las justicias territoriales, como se ha observado, representan un equilibrio necesario ante la ineficiencia estatal en las zonas periféricas, donde las propias comunidades se auto-organizan y regulan utilizando los instrumentos otorgados por la Constitución, especialmente en términos de libertad de expresión, que no solo se limita a lo individual, sino también a la expresión colectiva de los pueblos. Si bien estos procesos pueden ser cuestionables desde una perspectiva legal, no se puede subestimar la importancia de las amplias posibilidades de justicia comunitaria que, de manera interesante, abordan asuntos específicos de los territorios, considerando sus propias identidades y cosmovisiones autóctonas. Esto es particularmente relevante para pueblos indígenas, afrodescendientes, palenqueros, romaníes y otros grupos. En este contexto, las justicias restaurativas desempeñan un papel fundamental, especialmente en épocas de posconflicto, como se ha evidenciado en casos como Timor Oriental, los Balcanes (Dizdarevic, 1993) o Ruanda con los Tribunales Gacaca (Vallière- Luhahe, 2012). Estos mecanismos permiten abordar los daños causados durante los conflictos y fomentar la reconciliación y la reconstrucción de las comunidades. Son procesos que reconocen la importancia de la participación de los colectivos en la resolución de los conflictos y buscan restaurar las relaciones dañadas, promoviendo la justicia de una manera más inclusiva y centrada en las necesidades de las personas y los territorios.
Las justicias territoriales representan un contrapeso necesario a la ineficiencia estatal en las zonas periféricas, permitiendo a las comunidades ejercer su autogobierno y resolver sus conflictos de acuerdo con sus propias cosmovisiones y cosmogonías autóctonas. Además, las justicias restaurativas desempeñan un papel importante en la construcción de la paz y la reconciliación en períodos posteriores a los conflictos armados o beligerantes. En el sistema integrado de justicia con énfasis territorial, se destaca la relevancia del componente comunitario, especialmente a nivel municipal, donde juegan un papel fundamental los conciliadores, las juntas de acción comunal, las autoridades indígenas y los consejos comunitarios de las comunidades negras (Villadiego y Lalinde, 2017).
Estas estructuras comunitarias son especialmente importantes en los periodos de construcción de paz, como se ha evidenciado en experiencias comparadas, como en el caso de Timor Oriental, donde el derecho comunitario y los mecanismos de resolución de conflictos desempeñaron un papel central. Es importante tener en cuenta que, debido a la mayoría de la población rural y las limitaciones en infraestructura de transporte, el acceso a la justicia estatal es relativamente difícil. Además, las costumbres locales no siempre son compatibles con las decisiones tomadas por los jueces estatales. En los sistemas consuetudinarios, por ejemplo, las víctimas de delitos tienen un papel esencial en el proceso de determinar la compensación, lo cual es más importante para ellas y sus familias que el castigo de prisión impuesto por el sistema jurídico oficial (Villadiego y Lalinde, 2017). Sin menospreciar las posibilidades interesantes de las justicias alternativas (Sousa Santos, 2011) como enfoques plausibles para resolver conflictos en el marco de la justicia territorial descrita anteriormente, es importante destacar que la justicia desde esta perspectiva territorial no solo debe considerarse como una alternativa antes los vacios de otras concepciones y mecanismos de justicia. La justicia territorial, entendida además como enfoque para la construcción de paz en los territorios, pone en cuestión toda concepción de justicia que se postule como hegemonica. Jiménez-Martín (2016) subraya precisamente la importancia de la disputa social sobre quién determinará el contenido de la paz territorial y asumirá un papel protagónico en la implementación de los acuerdos.
La construcción de la paz territorial es un asunto estratégico. Por lo tanto, es esencial que los movimientos sociales, y las comunidades en sus respectivos territorios, lo consideren un proyecto en disputa (Jiménez-Martín, 2016). Esta disputa es correlativa de las territorialidades en conflicto, o sea, de lo que Peña (2019) describe como un intrincado entramado de relaciones de poder a diferentes escalas y en diferentes dimensiones entre diversidad de actores, en medio del cual deben leerse las experiencias significativas y los sentidos de paz que han tenido las comunidades y de las cuales hay que partir para territorializar la paz.
Conclusiones
En Colombia se reconoce la importancia de buscar alternativas de justicia que se ajusten a las prácticas comunitarias y territoriales, aprovechando los beneficios de las mediaciones. Estas se basan en modelos ancestrales de resolución de conflictos de comunidades indígenas, mientras que a nivel estatal se ha evolucionado hacia un enfoque mediador más interdisciplinario, con la participación de profesionales de diferentes campos para brindar apoyo integral en el proceso de mediación.
El entendimiento de las diferentes formas de justicia en perspectiva territorial o comunitaria, como la justicia restaurativa, transicional y transformativa, se considera integral y puede aportar elementos importantes a la construcción de políticas públicas. Las justicias territoriales, en el contexto descrito, van más allá de la simple administración de justicia. También abarcan la diversidad de las personas que conforman el territorio y las diversas relaciones que se establecen en términos de alianzas estratégicas a nivel comunitario. Por lo tanto, las evoluciones o retrasos económicos y productivos, así como las relaciones sociopolíticas y afectivas, hacen de cada pequeño lugar un mundo simbólico que requiere una constante reinvención. En el proyecto "Hilando Sociedad", se pudieron identificar algunas formas de agenciamiento y mediación a través de las cuales las comunidades, especialmente en Riosucio (Chocó), intentan abordar los conflictos estructurales de su territorio. Esto demuestra la importancia de promover y apoyar iniciativas que permitan a las comunidades enfrentar y resolver sus conflictos de manera más participativa.
En este artículo, se ha examinado la importancia de la justicia territorial y las prácticas de mediación en la construcción de una sociedad más justa y equitativa en Colombia. A través del análisis de diversos aspectos, se ha demostrado que la justicia territorial es fundamental para abordar los problemas estructurales, garantizar condiciones de vida dignas, promover la inclusión y el reconocimiento de los derechos de las comunidades en los territorios. En primer lugar, se evidenció la existencia de conflictos múltiples y densas problemáticas en los territorios colombianos, lo cual resalta la necesidad de implementar la justicia territorial como una herramienta para superar estas dificultades. La falta de satisfacción de necesidades básicas, la escasez de oportunidades de empleo, las limitaciones en la oferta educativa, las altas tasas de enfermedades físicas y mentales, y las violaciones a los derechos sociales, políticos y económicos de la población fueron identificadas como problemáticas estructurales que requieren atención desde una perspectiva de justicia territorial.
En este contexto, el proyecto ' 'Hilando Sociedad" se presentó como un ejemplo de prácticas y agenciamientos de mediación y resolución de conflictos que reflejan la importancia de la justicia territorial. A través de la conformación de la "Red de Cuidadoras" y la "Plataforma Municipal de la Juventud", se evidenció el papel fundamental de las mujeres y los jóvenes en la transformación de los territorios, el empoderamiento comunitario y la defensa de sus derechos y costumbres.
Asimismo, se identificó una desconfianza en la administración de justicia estatal tradicional, lo cual lleva a la búsqueda de alternativas, incluso sometiéndose a justicias paraestatales ilegales. Esta situación resalta la necesidad de fortalecer las justicias territoriales y comunitarias como opciones legítimas y efectivas para la resolución de conflictos y la búsqueda de una justicia transformativa.
Es importante destacar que las justicias territoriales abarcan además la diversidad de las comunidades, las relaciones sociopolíticas y afectivas, y requieren una constante reinvención. Estas justicias promueven la participación decidida de las comunidades en la construcción de sus propias realidades y buscan soluciones justas y sostenibles. Pero estas luchas por el territorio de parte de las comunidades implica un reconocimiento por parte del Estado así como de la ciudadanía de estas luchas, ello con el fin de asumir conjuntamente el desafio de construir procesos de gestión territorial como una herramienta clave para lo que Rojas-Granada y Cuesta Borja (2021) denominan el proceso de territorialización de la paz.
