Personas desaparecidas y no identificadas en Colombia

El conflicto armado colombiano es uno de los conflictos sociopolíticos más violentos de América Latina (Grupo de Memoria Histórica 2013). A la fecha, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) reporta 9 278 531 víctimas del conflicto armado, donde 1 907 502 son víctimas fallecidas, directas de desaparición forzada y homicidio⁶. Durante el conflicto sus diferentes actores (grupos armados ilegales y agentes del Estado) infligieron varias formas de violencia como homicidios selectivos, desapariciones forzadas, masacres, torturas, desplazamiento forzado y abuso sexual (CNMH 2018, 2016; Grupo de Memoria Histórica 2013; Sanabria y Osorio 2015; ^{Vivas y Vega 2020}). Muchos de los crímenes que van en contra de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario se convirtieron en estrategias de guerra utilizadas por los diferentes actores (Grupo de Memoria Histórica 2013).

Como producto de esta violencia hay miles de desaparecidos y personas en estado de no identificado (CNI). El Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) reporta 60 630 personas desaparecidas para el período de 1970 a 2015 (Semma 2020), 220 000 muertos desde 1958 hasta 2013 que incluye civiles y combatientes (Grupo de Memoria Histórica 2013) y alrededor de 10 000 a 22 000 personas en condición de no identificados (CNI) (Sanabria y Osorio 2015). A esta problemática se suma el hecho de que los cuerpos de miles de fallecidos fueron enterrados en fosas clandestinas, arrojados a los ríos, descuartizados, incinerados o enterrados en cementerios en condición de no identificados como resultado de la violencia (CNMH 2016).

Este panorama ha forzado al Estado colombiano a establecer leyes específicas para generar el marco jurídico para atender a las víctimas y fortalecer instituciones para la búsqueda e identificación de miles de desaparecidos y la judicialización a los perpetradores. En el marco se incluyen: 1) la Ley 589 del 2000⁷ que es relativa al genocidio, desaparición forzada, desplazamiento forzado y tortura. En esta se ordena la creación de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas (CBPD) y se formula el Plan Nacional de Búsqueda. 2) La Ley 975 de 2005⁸, conocida como Ley de Justicia y Paz. Esta fue creada dentro del mecanismo de justicia transicional y dicta los mecanismos por los cuales los grupos armados ilegales sujetos a dicho proceso podían desmovilizarse. Señala, además, que a cambio de la confesión de delitos y contribuir a la verdad, los perpetradores podrían tener sanciones penales reducidas. En el contexto de esta ley, la Fiscalía General de la Nación estableció la Unidad Especial de Justicia y Paz, que está encargada de las labores de búsqueda de los desaparecidos, identificación de los fallecidos y entrega de sus restos a sus familiares para ser sepultados, según sus familiares y tradiciones comunitarias (artículo 48, 49.2). 3) La Ley 1408 de 2010⁹ o Ley de Víctimas, la cual reconoce las víctimas de desaparición forzada, da instrucciones para su búsqueda e identificación y crea el Banco de Perfiles Genéticos de Desaparecidos. Esta ley refuerza el marco legal de la Ley 589 del 2000. Reconoce a las víctimas como parte integral de los procesos de búsqueda. Asimismo, plantea la dignificación del proceso de entrega digna a familiares. 4) La búsqueda de desparecidos en Colombia producto del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP¹⁰ (^{Bouvier y Haugaard 2016}).

A esta situación de violencia se le suma desapariciones en otros contextos como las actuaciones de las bandas criminales (Bacrim) y migraciones. Dado el alcance del problema de las miles de personas desaparecidas en Colombia, diferentes instituciones cuentan con equipos interdisciplinarios (antropólogos, médicos, genetistas, entre otros) para el abordaje de restos humanos o cadáveres esqueletizados. Dentro de estas instituciones se encuentra, primero, la Fiscalía General de la Nación, bajo su división conocida como Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que desde el año 1993 realizan necropsias e identificaciones exclusivamente a cuerpos en estado esqueletizado (Fiscalía General de la Nación 2007). Segundo, la Policía Nacional de Colombia con la Dirección de Investigación Criminal (Dijin) e Interpol. Y, tercero, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia (INMLCF). Este último actualmente está compuesto por un sistema nacional de morgues. Además, cuenta con un repositorio centralizado de información disponible para todas las entidades conocido como Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec), el cual contiene información sobre personas desaparecidas e información post mortem de personas no identificadas. Sin embargo, estas distintas instituciones enfrentan el reto de articular la información recolectada por cada una de estas en lo referente a: la información de los desparecidos, información de la etapa arqueológica o hallazgos y la información producto del análisis en laboratorio. A este escenario se suma la información recolectada (contexto de los casos y recuperación decadáveres) por la Justicia Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsquedade Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).

A su vez, el gran número de desaparecidos y cuerpos no identificados, así como la labor que realiza cada institución, requiere contar con un número de profesionales idóneos que integran los equipos para realizar sus respectivas actividades. No obstante, el número de profesionales entrenados para tareas específicas antropológicas y para atender la demanda de casos en el país es escaso (Sanabria y Osorio 2015). Esto constituye una dificultad a la hora de agilizar procesos de respuesta a los familiares.

Necropsia medicolegal, identificación y antropología forense

La patología forense es la especialidad de la medicina que estudia un cadáver dentro de una investigación judicial de la muerte (^{Morales 2016}). Este estudio se realiza a través de la necropsia medicolegal, la cual constituye en examinar un cadáver o partes de él, en cualquier estado en que se encuentre de acuerdo a los fenómenos cadavéricos tempranos o tardíos (Morales, Córdoba y División de Acreditación y Certificación Forense 2009). Dentro de sus objetivos están: establecer la identidad de la persona fallecida, tiempo de muerte y manera y causa de muerte (Morales, Córdoba y División de Acreditación y Certificación Forense 2009). Para esto se fundamenta también en el análisis de la información aportada por la autoridad sobre el caso, como información de la escena, ya sea una exhumación (ficha arqueológica) o un acta de levantamiento e historia clínica del fallecido (Morales, Córdoba y División de Acreditación y Certificación Forense 2009). Los objetivos pueden lograrse también a través de la contribución de los análisis realizados por otras disciplinas, tales como la genética, odontología o antropología forense.

Los análisis realizados por la antropología forense se agrupan dentro de lo que se denomina el análisis antropológico forense. Este es el examen a un cuerpo esqueletizado o un cuerpo (o partes del mismo) que presenta fenómenos cadavéricos tardíos. Su objetivo es aportar evidencias a la manera y causa de la muerte y al proceso de identificación por medio de: la determinación de que las estructuras examinadas sean humanas o no-humanas, establecer si el caso se encuentra dentro de un contexto forense o arqueológico, realizar el proceso de individualización y determinación del número mínimo de individuos (NMI), establecer el perfil biológico (sexo, edad, descripción de características faciales y estatura) con fines de identificación, determinar características óseas individualizantes (incluyendo osteopatologías, alteraciones ante mortem, entre otros), evaluar trauma óseo (alteraciones ante mortem y peri mortem), número de lesiones, regiones anatómicas y sus mecanismos relacionados y evaluar eventos tafonómicos (alteraciones post mortem).

El análisis antropológico forense permite reconstruir el contexto forense, saber si se trata de estructuras humanas de carácter forense, si hay uno o más individuos, conocer los parámetros biológicos del individuo o los individuos, determinar rasgos individualizantes que puedan ser útiles en la identificación, establecer si hay lesiones traumáticas (número y región anatómica) y sus mecanismos para contribuir a la manera y causa de muerte y reconstruir los hechos alrededor de la muerte que puedan estar asociados a tortura, desmembramiento, ocultamiento del cuerpo, entre otros. A su vez, el contexto forense que se reconstruye proporciona diferentes elementos útiles al proceso de identificación, el cual se reconoce como un proceso científico, donde su abordaje es interdisciplinario y toma en cuenta diversas líneas de evidencia en el contexto particular de cada caso para lograr una identificación positiva. Como este proceso es interdisciplinario, el antropólogo forense participa en la elaboración del informe de identificación el cual sintetiza y concluye el proceso para la identificación realizado por los profesionales intervinientes (médico forense, antropólogo, odontólogo, genetista) (FGN 2017).

Tras la promulgación de la Ley 589 del 2000 (que incluye la CNBP y el Plan Nacional de Búsqueda) se inició la búsqueda y recuperación de cuerpos a lo largo del país en diferentes contextos, fosas clandestinas, restos humanos en superficie, cementerios, entre otros. Posteriormente, con la Ley 975 de 2005, o Ley de Justicia y Paz, se genera un marco de justicia transicional donde las confesiones de los postulados aumentaron el volumen de hallazgos de fosas y por consiguiente de cuerpos. La gran mayoría de estos cuerpos recuperados estaban en fase de esqueletización y muchos provenían de enterramientos colectivos. En un inicio cientos de cuerpos fueron transportados al INMLCF y al CTI, por lo que realizar las respectivas necropsias medicolegales a cientos de cuerpos constituyó un gran reto para los profesionales forenses. Desde el año 2005 hasta el año 2022 la FGN ha recuperado 8 120 cuerpos y entregado a familiares 4 539 cuerpos, y desde el 2010 hasta el 2022 ha exhumado 2 909 cuerpos de cementerios y entregado a familiares 448 cuerpos (Grube 2022).

Los miles de desaparecidos y personas en condición de no identificadas (CNI) han llevado a las instituciones a cargo de recuperar e identificar fallecidos a generar protocolos interdisciplinarios e interinstitucionales (^{Vivas y Vega 2020}). Esto se hace con el fin de articular las diferentes instituciones y, a su vez, coordinar las distintas contribuciones de los profesionales forenses involucrados en el proceso de búsqueda, recuperación, necropsia medicolegal e identificación de personas.

En 2017 la Fiscalía General de la Nación (FGN) publicó los Estándares forenses mínimos para la búsqueda de personas desaparecidas, y la recuperación e identificación de cadáveres, la guía fue producto de la colaboración conjunta entre entidades del Estado. Además de la Fiscalía General de la Nación, participaron el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF); el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR); organizaciones no gubernamentales, como el EAAF, la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos (ASFADDES) y el Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (Equitas); y académicos de universidades colombianas. Este documento incorpora la experiencia adquirida a nivel nacional e internacional en materia de búsqueda de desaparecidos e identificación de fallecidos por lo que se constituye como guía de buenas prácticas para la búsqueda, localización, recuperación, estudio e identificación de cadáveres. Además, este documento tiene como objetivo que sea utilizado por todas las organizaciones involucradas en la búsqueda de personas desaparecidas y su identificación en Colombia.

Esta guía establece que en los casos donde se han recuperado cadáveres CNI independiente de su estado de preservación se debe realizar la necropsia medicolegal por un equipo interdisciplinario compuesto por médico (quien coordina el procedimiento), antropólogo y odontólogo. Este examen se realiza de manera simultánea por los distintos profesionales y, en los casos que sea necesario, el equipo puede apoyarse en disciplinas como la genética, balística, química, entre otras (FGN 2017). Esta es la manera consensuada en que se articulan las diferentes disciplinas y en especial la necropsia y la antropología forense.

Por un lado, el enfoque de la multidisciplinariedad en la práctica de la necropsia medicolegal, en casos de cuerpos esqueletizados, descompuestos, desmembrados, expuestos al fuego entre otros, y, por otro lado, el gran número de casos requeridos para este abordaje interdisciplinario y/o de consulta al antropólogo forense, han llevado a que los profesionales en antropología forense fueran buscados con más frecuencia. Incluso ha aumentado el número de antropólogos para tener una mejor cobertura a nivel nacional en las diferentes instituciones. Por ejemplo, el laboratorio de Antropología Forense del INMLCF de Bogotá pasó de un total de 153 casos entre 1989 a 1994, a un total de 1 928 casos entre 1995 y 2005 (^{Guzmán y Sanabria 2016}). A pesar de estos esfuerzos, sigue siendo insuficiente el número de antropólogos en las distintas entidades para cubrir el número de casos que llegan.

Actualmente, en los Estándares forenses mínimos para la búsqueda de personas desaparecidas, y la recuperación e identificación de cadáveres, el análisis antropológico forense se describe bajo el marco de la necropsia medicolegal. Esto sucede independiente del contexto del caso, es decir, si proviene de la justicia ordinaria (Ley 906 de 2004), desastres masivos, justicia transicional (Ley 795 de 2005) o del Sistema Integral para la Paz, con la respectiva Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) (producto del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y FARC-EP). A su vez, el antropólogo forense participa dentro del equipo interdisciplinario durante la necropsia, primero, en el proceso de análisis: apertura y manejo del cadáver y del elemento material de prueba [EMP] / evidencia física [EF] asociada y; segundo, en el examen del cadáver: determinación de sexo, estimación de edad ósea, estimación de la estatura, descripción de características faciales, descripción de lesiones y alteraciones ante mortem y post mortem, toma de muestras e informe pericial de antropología y de identificación.

A pesar de que en la guía se incluyen aspectos del análisis antropológico forense no se realiza una diferenciación entre este y la necropsia medicolegal, sino que parte del análisis antropológico forense se entiende como si se realizará en el procedimiento de necropsia. Esta perspectiva puede generar poca claridad en cuanto al rol del antropólogo en la fase de análisis de laboratorio como se define en diferentes guías internacionales (CICR y Ministerio Público-Fiscalía de la Nación 2017, ^{Fondebrider 2020}, Protocolo de Minnesota 2016). A su vez, dificulta definir los procesos de la disciplina en la etapa de análisis, en especial en entidades que cuentan con laboratorios de antropología y que buscan su acreditación o en laboratorios de identificación en donde la gestión y abordaje de casos no siempre sigue esos lineamientos (p. ej. CTI). La heterogeneidad en la manera como están estructuradas las diferentes entidades en cuanto a sus laboratorios y organigramas hace que la figura del análisis antropológico forense en la necropsia medicolegal pueda invisibilizar sus alcances y objetivos como parte esencial en los análisis de un cadáver.

De la teoría a la práctica

Debido a que la antropología forense ha sido considerada una disciplina aplicada de la antropología y a la cercanía de muchos antropólogos forenses con la medicina, en especial con la anatomía, ha sido criticada por su carencia de fundamentos teóricos. Es vista como una disciplina que solo presta un servicio técnico a los médicos forenses y autoridades judiciales cuando se presentan casos de restos óseos humanos o descompuestos (^{Boyd y Boyd 2018a}). Sin embargo, diferentes autores han enmarcado su fundamento teórico y delineado sus alcances (Boyd y Boyd 2018a, 2011; ^{Dirkmaat et al. 2008}). Boyd y Boyd (2018a) recomiendan que la interpretación de su base teórica se debe analizar desde tres formas dinámicas de teoría: la fundacional, la interpretativa y la metodológica (Boyd y Boyd 2018a).

En el caso del análisis antropológico forense, en la fase de análisis de laboratorio, la teoría fundacional corresponde a la teoría de la evolución biológica. Esta es la base que permite abordar diferentes temas de relevancia como las similitudes y diferencias morfológicas entre huesos humanos y no humanos, la variación biológica humana, el dimorfismo sexual y la ontogenia (^{Boyd y Boyd 2018a}). Debido a este conocimiento es posible hacer la estimación del perfil biológico y por consiguiente el proceso de identificación humana (Boyd y Boyd 2018a). La teoría interpretativa, construida desde la investigación y explicaciones validadas, es la base subyacente para el entendimiento de eventos específicos en el análisis del trauma óseo o eventos tafonómicos incluyendo el intervalo post mortem (IPM) (Boyd y Boyd 2018a). La base empírica de esta teoría, producto de estudios experimentales y estudios de caso, tanto en el trauma óseo (p. ej. trauma contundente, trauma corto-contundente, trauma por proyectil de arma de fuego, entre otros) como en la tafonomía, permiten generar una base de datos que podrá ser utilizada para el reconocimiento e interpretación de eventos en nuevos casos forenses (Boyd y Boyd 2018b). La teoría metodológica, que la constituye la teoría de recuperación, la teoría analítica y la teoría estadística, es la que proporciona las razones del por qué se utiliza un protocolo o un método analítico en específico. Esta teoría permite probar y desarrollar métodos y procedimientos para el análisis en laboratorio o para lo que en este artículo referimos como análisis antropológico forense en la necropsia medicolegal.

El fundamento teórico de esta disciplina es de gran importancia en el contexto legal, ya que del marco teórico-científico del análisis antropológico se desprenden las interpretaciones y conclusiones que son incorporadas a la necropsia medicolegal y en sí a la investigación judicial del caso. Las interpretaciones y conclusiones recopiladas en el informe pericial de antropología se convierten en evidencia, que adquiere valor probatorio en un proceso judicial si es admitida en un caso. De ser así, el antropólogo puede actuar como testigo experto en la corte (^{Bethard y DiGangi 2019}). Por lo tanto, la construcción teórica y su continuo modelamiento es esencial para la reconstrucción del contexto forense y demuestra que el conocimiento que requiere el antropólogo forense es un conocimiento especializado, que se adquiere a través de entrenamiento y formación académica. Muchos antropólogos forenses validan sus conocimientos a través de certificaciones de entidades nacionales (INMLCF y el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia [ONAC]) o de asociaciones internacionales (Asociación Latinoamérica de Antropología Forense [ALAF]; American Board of Forensic Anthropologists [ABFA]).

Luego de que se introdujera el Sistema Penal Acusatorio en la Constitución colombiana en el año 2002 (^{Reyes 2005}) y se promulgara la Ley 906 de 2004¹¹, donde se expide el Código de Procedimiento Penal (CPP), se estableció un nuevo manual para el procedimiento de cadena de custodia (FGN 2018) y se delinearon los principios de admisibilidad de la prueba técnica y científica (^{Guzmán y Sanabria 2016}). Esto se refleja en los artículos 251, 420 y 422 del CPP que discuten la admisibilidad de las metodologías disponibles de identificación humana, prueba pericial y nuevos métodos. Estos artículos son las pautas en las que el juez puede evaluar un dictamen pericial y admitir una prueba.

La Ley 906 de 2004 adoptó el modelo europeo (derecho civil) para evaluar la prueba presentada por un perito, por lo que la admisibilidad científica se evalúa sobre las conclusiones del perito y no sobre los principios y métodos científicos en sí (^{Cantillo 2016}). En cambio, las reglas de admisibilidad, como los criterios Daubert utilizados en Estados Unidos, evalúan la admisibilidad científica previo al juicio oral con base en los principios científicos propios de los métodos (^{Bethard y DiGangi 2019}; Cantillo 2016). Los criterios Daubert han moldeado la producción teórico-científica de la antropología forense, donde se ha hecho énfasis en las investigaciones en temas relacionados a la estimación del perfil biológico (sexo, filiación poblacional, edad y estatura) (Bethard y DiGangi 2019). Por lo demás, dichos criterios han ido incluyendo mejoramientos en los métodos cuantitativos, desarrollo de colecciones óseas y bases de datos como el Forensic Data Bank (^{Dirkmaat et al. 2008}). Sin embargo, no hay el mismo énfasis y producción científica en las áreas donde con mayor frecuencia se requiere el testimonio del antropólogo forense como lo es la interpretación del trauma óseo y la estimación del intervalo post mortem (Bethard y DiGangi 2019).

En Colombia actualmente se desconoce el número de antropólogos que son llamados a dar testimonio y el área o tema en que mayormente son consultados, por lo que no podemos evaluar el impacto del CPP y si ha influido en el desarrollo de la disciplina. Sin embargo, es importante resaltar que es imperativa la producción teórica-científica que subyace a la antropología forense como un todo y al análisis antropológico forense en Colombia. Esto permitirá generar evidencias sólidas para que sean admitidas de acuerdo al CPP y puedan ser utilizadas para probar con más fortaleza algún hecho que llevará a tomar decisiones legales.

Conclusiones

Diferentes autores han descrito los limitantes y retos de la práctica de la antropología forense en Colombia, tales como las dificultades para realizar las recuperaciones y exhumaciones en medio del conflicto (^{Guzmán y Sanabria 2016}), la reducida oferta académica para entrenamiento (^{Chapetón 2015}; ^{Corcione 2018}), la insuficiente formación de nuevas generaciones de antropólogos forenses que enfrenten la problemática actual de las personas desaparecidas y la identificación de fallecidos en el país (Equitas 2011; Sanabria y Osorio 2015), así como, el escaso protagonismo en equipos interdisciplinarios (Corcione 2018). Dentro de los retos generales se resalta la falta de información y consenso del universo de personas desaparecidas y la escasa producción científica (Corcione 2018). A su vez, los resultados del estudio de Corcione (2018) demuestran que aún la antropología forense en Colombia es percibida como una labor técnica y no como “una ciencia transversal que inicia en la dimensión cultural y termina en la dimensión biológica de la muerte” (Corcione 2018, 39).

Esta reflexión sobre la relación entre la necropsia medicolegal y la antropología forense plantea retos que no son ajenos a los mencionados por otros autores y en general para la disciplina. Por ejemplo, la poca oferta académica en el país limita la oportunidad de entrenamiento especializado que requiere un antropólogo forense y en especial el entrenamiento para realizar los análisis enmarcados en el análisis antropológico forense. También demuestra la poca producción científica que nutre el fundamento teórico-científico de la disciplina y sus alcances. Es la que genera el sustrato para establecer estándares y buenas prácticas a nivel nacional y la que enriquece la evidencia antropológica (hallazgos del análisis). Ambos elementos son elementos vitales para fortalecer la disciplina, ya que impulsan el estatus de los antropólogos como científicos forenses dentro del sistema legal y ayudan en la reflexión de cómo se conciben a sí mismos (^{Boyd y Boyd 2018b}).

Desde el año 1995 hasta el año 2009, el Laboratorio de Antropología Física de la Universidad Nacional de Colombia ofreció el posgrado Especialización en Antropología Forense (^{Chapetón 2015}). En dicha especialización la producción académica estaba enfocada a temas como la verificación de los estándares de edad, sexo y estatura, el grosor del tejido blando, derechos humanos y trauma óseo (impacto de las minas antipersonales) (^{Rodríguez 2011}). Durante la siguiente década no hubo oferta de postgrado en antropología forense. En el año 2020 la Universidad del Magdalena abrió la línea forense en el programa de maestría de antropología y nuevamente se reactiva el entrenamiento y la producción científica en antropología forense desde los posgrados. La oferta académica actual de antropología en Colombia constituye cursos en pregrado en antropología biológica o de antropología forense, diplomados ofrecidos por algunas universidades y solo un programa de maestría en antropología (línea forense). El entrenamiento de los peritos del Estado ha sido proporcionado en parte por las instituciones del sistema judicial (FGN, INMLCF, Dijin e Interpol) y en parte por la propia iniciativa de los antropólogos y el apoyo de instituciones internacionales como el CICR, EAAF, el Gobierno alemán (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit [GIZ]) y el International Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Es necesario una participación activa y comprometida de la academia con el fin de fortalecer la limitante de la carencia en la producción científica y el fortalecimiento del marco teórico-científico de la práctica de la antropología forense en Colombia. Esto debe hacerse con el fortalecimiento de la planta académica, nuevas líneas de investigación en grupos de investigación ya establecidos o nuevos grupos de investigación en las universidades y apertura de programas académicos dentro de los programas de antropología.

A su vez, es fundamental que se comprenda que el análisis antropológico forense es un examen independiente a la necropsia medicolegal y no un análisis inmerso en ella. Sus hallazgos propios tienden a ser validados a través de la necropsia y no desde el análisis antropológico como tal. Los objetivos como la identificación de la manera y causa de muerte y los hechos alrededor de la muerte se nutren de diferentes disciplinas. La reconstrucción del contexto forense por parte de los antropólogos es una labor especializada y fundamental en un caso; además tiene una fundamentación tanto teórica como metodológica distinta a la de la necropsia. Factores como la poca oferta académica y la falta de producción científica son elementos que no permiten reforzar su protagonismo en la fase del examen de un cadáver. Además, se hace necesaria una reflexión sobre los estándares y procedimientos que fusionan la necropsia medicolegal con los análisis antropológicos forenses, con el fin de visibilizar sus alcances y objetivos. Así se podrá clarificar el rol del antropólogo y definir las dinámicas del análisis para facilitar la acreditación de laboratorios y/o procesos de las distintas entidades.

Esto tiene implicaciones en la práctica forense en contextos judiciales. Los hallazgos en juicio pueden llegar a ser sustentados por el médico, además se puede llegar a concebir la labor antropológica como una asistencia al médico y no como una disciplina formal que requiere procesos transversales a la necropsia, pero independientes a esta.

Finalmente, este artículo abre nuevamente la discusión respecto al fortalecimiento de la disciplina no solo desde su práctica sino desde sus fundamentos científicos. Invita a los antropólogos forenses a reflexionar en su rol dentro de la fase de laboratorio, su importancia en el contexto legal y su participación activa en la búsqueda e identificación de desaparecidos en Colombia.