Método

Este texto se elaboró en el marco del proyecto de investigación “Addressing Postcolonial Legacies in Transitional Justice”, realizado por tres académicos radicados en Irlanda del Norte y Estados Unidos. El estudio se desarrolló entre 2020 y 2024, de la mano del Gender, Justice and Security Hub (conocido como “el Hub”), un consorcio financiado por la Agencia Nacional de Investigación del Reino Unido (UKRI, por su sigla en inglés). El Hub reunió a más de ciento veinte investigadores pertenecientes a más de cuarenta organizaciones alrededor del mundo, con el objetivo de analizar la construcción de paz desde una perspectiva incluyente¹.

El trabajo en cuestión busca comprender cuál es la relevancia de los legados coloniales en los contextos en los que se implementan procesos de JT y, a su vez, proponer cómo se pueden debatir dichos legados usando herramientas de la JT. El punto de partida es la visión cortoplacista de la JT, que no con frecuencia ahonda en las raíces estructurales de los conflictos y las desigualdades contemporáneas (^{Rolston y Ní Aoláin 2018}). Dada la escasez de análisis sobre la temática en la literatura académica, el estudio se diseñó desde una perspectiva exploratoria e inductiva. Los autores decidieron tratar el caso de Colombia, precisamente, a causa de su relación histórica con el colonialismo español y su reciente experiencia con la JT, mediante el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (el SIVJRNR).

Al reconocer una falta de acercamiento previo a la problemática, se decidió iniciar la investigación gracias a una serie de entrevistas en profundidad con expertos académicos en temas relacionados con la JT y/o el colonialismo en Colombia. Se llevaron a cabo unas veinte entrevistas entre junio y diciembre de 2020, con especialistas de distintas instituciones académicas en Colombia (Universidad de los Andes, Universidad del Rosario, Universidad del Norte, Universidad de Pereira, Universidad del Cauca, Universidad Autónoma de Bucaramanga y Color Tierra, Centro de Estudios Independientes) y académicos colombianos radicados en Estados Unidos (New York University, University of Virginia). Los investigadores provienen de diversas disciplinas como la historia, la ciencia política, el derecho, la sociología, la filosofía, la antropología, los estudios latinoamericanos y el arte. Dadas las restricciones de viaje impuestas a causa de la pandemia por la covid-19, todas las entrevistas se realizaron en línea con Claire Wright como entrevistadora. También se grabaron y se transcribieron para su análisis posterior.

Uno de los principales hallazgos de esta primera ronda exploratoria de entrevistas fue que el colonialismo tenía poco peso en los discursos y las prácticas respecto a la construcción de paz en Colombia. Con todo, varios entrevistados también señalaron que algunos liderazgos feministas, indígenas y afrodescendientes habían encuadrado sus reivindicaciones desde una crítica al colonialismo. Para indagar más en este punto, que parecía relevante para el análisis, entre junio y diciembre de 2021 hubo otra serie de entrevistas en profundidad, con diecinueve mujeres constructoras de paz que pertenecen a diversos pueblos étnicos en distintos territorios de Colombia, entre estos, Cauca, Antioquia, Nariño, Amazonas, Putumayo, La Guajira, Santander y Magdalena. Ya que para esas fechas seguían las restricciones de viaje por parte de nuestra universidad, estas entrevistas también se aplicaron en línea, con Claire Wright, se grabaron y se transcribieron para su análisis correspondiente.

Asimismo, luego de la revisión del Comité de Ética de la Escuela de Derecho de Queen’s University Belfast, en especial, de cara a las entrevistas en profundidad, las recomendaciones contemplaban proporcionar una hoja de consentimiento con información sobre el estudio para ser revisado y firmado después o aceptado verbalmente por parte de cada entrevistado. El comité recomendaba la opción del anonimato para los participantes con el fin de proteger su identidad, por lo tanto, los académicos entrevistados en el marco del estudio permanecen en el anonimato. No obstante, en la segunda fase del proyecto todas las lideresas entrevistadas, menos una, pidieron de forma activa que se las nombrara para no opacar su voz. Conscientes de nuestra posición de privilegio como académicos radicados en Europa y Estados Unidos, se buscó establecer relaciones respetuosas con los entrevistados, por ejemplo, manteniéndolos informados respecto al proceso de la investigación, junto con las distintas publicaciones, y extendiendo un certificado de participación a las constructoras de paz. En ese sentido, cabe destacar el apoyo recibido por parte de colaboradores en la Universidad de los Andes y Alianza Iniciativa de Mujeres Colombianas por la Paz (IMP) en diversas fases del estudio, que resultó clave a la hora de establecer y manejar los contactos con muchos de los interlocutores. En otro artículo (Wright, Rolston y Ní Aoláin en prensa) los autores ahondan en diversas cuestiones de ética y poder que emergieron a lo largo del proyecto.

Durante la investigación se presenció cómo el tema de los legados coloniales empezó a tener auge en el discurso público, en el contexto del asesinato de George Floyd y las protestas de Black Lives Matter, que se extendieron por el mundo, incluyendo Reino Unido y Colombia (^{Miller et al. 2020}). Asimismo, resultó de interés la manera como la CEV empleó un enfoque diferencial en su metodología de cara a los pueblos étnicos e incorporó la categoría del colonialismo en distintos volúmenes del informe final. En sintonía con este proceso, que estaba apareciendo de forma paralela a nuestro estudio, se establecieron una serie de conversaciones informales con dos integrantes de la Dirección de Pueblos Étnicos, Sonia Londoño Niño y David Cortés Araujo, quienes ofrecieron información, consejos y pistas que ayudaron a enfocar el examen en el trabajo de la comisión concretamente.

Por lo anterior, este escrito debe entenderse como fruto de una triangulación de las observaciones recopiladas a partir de las dos rondas de entrevistas en profundidad, las conversaciones informales sostenidas con los integrantes de la Dirección de Pueblos Étnicos y diversos tomos del informe final de la CEV. También significa un acercamiento exploratorio a la temática, que se adaptó a las circunstancias de la pandemia. Es importante reconocer desde un principio que el artículo carece de un análisis sistemático, respecto a la manera en que los comisionados incorporaron los legados del colonialismo -en un plano más general-, aunque el intercambio de ideas con integrantes de la Dirección de Pueblos Étnicos puede subsanar, en parte, dicha limitación. Como resultado, y teniendo en cuenta lo novedoso del proceso, esta investigación puede abrir la puerta a otras sobre este tema, tanto en Colombia como en otros lugares del mundo, donde los legados coloniales cobran relevancia en relación con la JT.

El Estado colombiano, los sectores dominantes y los legados coloniales

En los estudios políticos ha habido una tendencia a examinar los aspectos más cotidianos y contemporáneos de la esfera pública: las elecciones, la cultura política, los partidos políticos y las políticas públicas. Si bien es cierto que ahora se discuten elementos sistémicos -que cuentan con la distribución territorial y funcional del poder y los regímenes políticos (democracia, autoritarismos, regímenes híbridos)-, durante mucho tiempo el Estado quedó en gran medida fuera del análisis (^{Evans, Rueschemeyer y Skocpol 1985}). Esto a pesar de su gran relevancia para todos aquellos procesos políticos que toman lugar dentro de un territorio determinado, con una población definida y (en el mejor de los casos) un monopolio legítimo de la violencia ejercida por las fuerzas públicas (siguiendo la conceptualización de ^{Weber [1919] 1970}).

Existe una idea general en América Latina de que el Estado sigue siendo una construcción débil (Urteaga 2017). En conversaciones informales mantenidas con investigadores en la región a lo largo de los años, hemos escuchado que los Estados latinoamericanos, en algunos lugares y en algunos momentos, operan como “una finca” o “una hacienda”. En un primer momento, dicha conceptualización hace referencia a la falta de institucionalidad y la personalización del poder por parte de los que manejan un territorio político. En un segundo momento -y posiblemente sin pensarlo- se está refiriendo a una estructura completamente colonial en su origen.

Así, está claro que la Independencia no deshizo las estructuras de poder que había construido la Corona española, como explicó una antropóloga de la Universidad de los Andes: “entonces el paso de la colonia a la independencia fue un poco eso ¿no? Fue un poco como que queremos ser como ustedes, pero gobernarnos nosotros” (entrevista en línea, Bogotá-Belfast, 5 de junio de 2020). Tanto el Estado nación, a manera de horizonte político, como la ausencia del Estado en la práctica serían sombras del colonialismo español. Como afirmó un economista de la Universidad del Cauca: “eso viene de la Colonia, la idea de grandes extensiones digamos de territorio en los que nunca funcionó la institucionalidad estatal y ni siquiera la presencia colonial pudo hacerlo y eso se prolongó en la perspectiva de la república” (entrevista en línea, Popayán-Belfast, 19 de junio de 2020).

Si bien se sobreentiende que la historia está marcada por el colonialismo, no es un tema muy presente en la agenda pública de los Estados latinoamericanos, más allá de algunas referencias en los currículos escolares, las estatuas que rinden homenaje a los “héroes”, tanto de la Colonia como de la Independencia, y los recientes bicentenarios celebrados en la región. Por su lado, en el marco del Día de la Hispanidad, en los últimos años se han producido debates sobre las deudas coloniales de España con las Américas (^{Jiménez 2018}) y acerca de las representaciones estereotípicas de los pueblos indígenas y afrodescendientes en Colombia, como observó Nidia Rosa Macea Márquez, lideresa social (entrevista en línea, Caribe-Belfast, 6 de noviembre de 2021). El contexto global del movimiento Black Lives Matter, que también dejó huella en Colombia (^{Miller et al. 2020}), ofrece una renovada oportunidad para indagar y cuestionar el pasado colonial, como lo ocurrido en Popayán, Colombia, donde unos indígenas nasa tumbaron una estatua de Sebastián de Belalcázar (^{Eaton 2020}). En cualquier caso, estas oportunidades para cuestionar las bases coloniales del Estado -sobre todo con referencia a las jerarquías racializadas- no han abierto la puerta para una transformación del Estado latinoamericano en un verdadero Estado poscolonial.

Ahora bien, resulta muy común, como señala ^{Betts (2004)}, que los Estados, que otrora formaban parte de una administración colonial, busquen borrar ese pasado. De este modo, Colombia no es una excepción; en su intento por “forjar patria” (^{Gamio [1916] 1992}), ha desarrollado “un proyecto de nacionalismo concentrado que intentaba romper con el pasado colonial, decir ya no tenemos nada, nosotros nos liberamos y como nos liberamos somos este país y por eso lo colombiano es colombiano” (entrevista en línea con abogado defensor de los derechos humanos de la Universidad de Virginia, Charlottesville-Belfast, 4 de junio de 2020). El mismo entrevistado subraya que el resultado es que pocas personas buscan entender “[…] la conexión que existe entre el comportamiento de nuestras instituciones y nuestra cultura de hoy en día con los legados de lo que fue el ejercicio de poder despótico de España en Colombia” (entrevista en línea, 4 de junio de 2020). Con todo, ciertos movimientos sociales reclaman que el Estado colombiano opera como un poder colonial, a pesar de su búsqueda por invisibilizar el pasado, como afirma un artista y latinoamericanista de la Universidad del Cauca: “pues digamos que el Estado no habla de eso [el colonialismo] pero ellos lo practican” (entrevista en línea, valle del río Patía-Belfast, 8 de junio de 2020).

A ese respecto, es importante reconocer los aportes de la escuela de la modernidad-colonialidad. Como observó un economista de la Universidad del Cauca,

para […] el contexto de América Latina […] aplica más el concepto de la colonialidad [que el colonialismo], […] la perspectiva de que una vez superada la presencia colonial extranjera siguió funcionando una colonialidad en el saber, en el ser y en las formas en como entendemos las cosas. (Entrevista en línea, Popayán-Belfast, 19 de junio de 2020)

Efectivamente, como explicó una experta en educación de Color Tierra, Centro de Estudios Independientes², la escuela de la modernidad-colonialidad (que es primordialmente latinoamericana) hace eco de los estudios poscoloniales de los continentes asiático y africano, con la búsqueda de decolonizar la cultura y el pensamiento en el presente, que siguen muy vinculados a la hegemonía europea (entrevista en línea, Manizales-Belfast, el 23 de junio de 2020). En un plano material, el despojo y el extractivismo constituyen pilares de una matriz de poder colonial que se ha mantenido de forma ininterrumpida y que se maneja desde centros del poder en el norte global (^{Castro-Gómez 2007})³. Con respecto a esto, la colonialidad es una estructura subyacente de dominación, toda vez que el colonialismo se refiere a un proyecto histórico (^{Mignolo 2005}).

Tras reconocer que el colonialismo no se acabó con la Independencia (^{Escobar 2004})⁴, nos parece muy pertinente la reflexión de una historiadora de la Universidad de los Andes, quien observa que “esa experiencia colonial es una experiencia fundamental, pues genera unas rupturas y unas desigualdades que van a ser muy profundas y que nos van a marcar a todos de aquí en adelante” (entrevista en línea, Bogotá-Belfast, 4 de junio de 2020). Esta idea también la conceptualiza la antropóloga e historiadora Ann Laura ^{Stoler (2008}) como “ruinas” imperiales:

Aquí no nos referimos a las ruinas en el sentido de “restos” como grandiosos memoriales o reliquias […] sino a lo que [el colonialismo] les “deja” a las personas: es decir, lo que queda, a las réplicas imperiales, a la persistencia material y social de las estructuras, las sensibilidades, y las cosas […]. La pregunta es importante: ¿Cómo es que las formaciones imperiales persisten en los escombros materiales, los paisajes arruinados, y a través del arruinamiento social de la vida de las personas? (194)⁵

Como observaron varias constructoras de paz y académicos consultados en el curso de esta investigación, las ruinas coloniales que siguen estructurando la sociedad aparecen en varias esferas de la vida cotidiana. Quizás la más evidente es la jerarquización racial, la discriminación y la exclusión de los pueblos indígenas y afrodescendientes del poder, que es un problema de larga duración. Como señaló una entrevistada “se piensa que es solamente en estos sesenta años de conflicto de guerra que ha habido en Colombia, no, pero no; nosotros como pueblos indígenas hemos sido muchísimo más violentados desde la colonización” (entrevista en línea con la lideresa social Ligia Lupe Valenzuela Colimba, dpto. de Nariño, 6 de agosto de 2021).

A su vez, las ruinas coloniales que moldean las experiencias cotidianas de muchos colombianos se encuentran inscritas en la forma del Estado. Así, una de las observaciones clave por parte de los entrevistados radicaba en cómo la organización del Estado refleja una matriz colonial, en términos tanto de la tierra como de la institucionalidad. Una antropóloga e historiadora de la Universidad del Rosario lo expresó en los siguientes términos: “Ese rasgo, el rasgo de la tierra y el factor agrario sí lo puedes remontar a la colonia. Porque yo creo que la estructura de las haciendas coloniales tiene muchísimo que ver con la distribución inequitativa de la tierra” (entrevista en línea, Bogotá-Belfast, 1.º de julio de 2020).

Y aquí es cuando llegamos al papel de las élites dominantes al perpetuar un modelo de Estado en lo territorial, económico e institucional que se alimenta de las jerarquías raciales y que se puede trazar desde la colonia española. Son los que mantienen vivos los escombros coloniales que -como indica ^{Stoler (2008)} - son el escenario de las desigualdades y las violencias contemporáneas. Según un artista y latinoamericanista de la Universidad del Cauca: “eso nos va a explicar hoy en día la configuración de las élites que gobiernan este país pues tiene ese legado colonial porque son la descendencia de ese criollato anterior […]” (entrevista en línea, valle del río Patía-Belfast, 8 de junio de 2020). La idea de que son los mismos colonos los que siguen manteniendo el poder es muy común respecto a las excolonias del colonialismo británico en el marco del colonialismo de asentamiento -o settler colonialism- (^{Veracini 2010}). Si bien la relación entre colonos y colonizados en el ámbito colombiano tiene matices sustanciales, sobre todo en el contexto del mestizaje, el colonialismo de asentamiento puede ser una óptica útil para reflejar la noción de que los actores del colonialismo contemporáneo siguen siendo los mismos (^{Gott 2007}). Frente a esto, se impone el interrogante: ¿cómo se puede hacer frente a dichas estructuras y situaciones de privilegio?

La justicia transicional como herramienta para el cambio

La JT se considera un mecanismo importante para brindar remedios a aquellas personas y sociedades afectadas por contextos de violencia y violaciones de los derechos humanos (Gil 2018). Las herramientas con las que cuenta la JT, desde las medidas duras (p. ej. los tribunales especiales) hasta las blandas (p. ej. las disculpas oficiales), pueden abrir un camino para cambiar las relaciones entre el Estado y la sociedad y forjar un futuro más justo. En un sentido amplio, si las diversas herramientas transicionales llegan a transformar las prácticas en sociedades que emergen de un período sostenido de violencia, pueden brindar una oportunidad para mantener medidas de transformación de conflicto, algo que un compromiso concreto con un juicio criminal, por ejemplo, no podrá conseguir.

Con todo, la JT también ha sido criticada por no considerar las raíces históricas y estructurales de los conflictos y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Al contrario, en términos generales, se identifica una etapa (correspondiente a un conflicto armado, dictadura militar, etc.) y se queda dentro de sus límites temporales. De esa manera, se toma una visión troncada de la historia y se deja por fuera del análisis la relevancia de procesos como el colonialismo pasado y presente. Por otro lado, algunos investigadores han argumentado que la JT puede ser una manifestación de una mentalidad europea, que sigue buscando intervenir en el sur global, ahora con el discurso de los derechos humanos (^{Mutua 2001}), al extraer historias y testimonios de las víctimas (^{Fletcher y Weinstein 2018}). A su vez, hasta la fecha, la JT poco ha tenido que decir sobre la responsabilidad de los Estados occidentales por los crímenes de sus propios proyectos coloniales (^{Gutto 2013}).

En años recientes ha aparecido un renovado interés por comprender cómo se deben y pueden transformar las estructuras profundas que a veces se quedan fuera de los procesos formales de JT, en el marco de la justicia transformativa (^{Gready y Robins 2014}). A su vez, algunos estudiosos han observado que una de estas estructuras clave es la del colonialismo histórico (^{Stahn 2020}) y sus expresiones contemporáneas en las relaciones neocoloniales entre el norte y el sur (^{An-Na’im 2013}). Por su parte, Augustine S. J. Park (2015) argumenta que la situación es tan importante que “en el contexto del colonialismo de asentamiento, el objetivo de la JT debe ser la decolonización” (243). Además, desde 2020 y en el contexto de las protestas globales de Black Lives Matter, se ha visto un creciente interés en la potencialidad decolonial de la JT en la práctica, que se manifiesta en procesos recientes como el de Bélgica, que ha abierto una comisión de la verdad para investigar los delitos cometidos en sus antiguas colonias en África (^{Destrooper 2023}).

Muchas veces consideradas una medida blanda dentro la caja de herramientas que ofrece la JT, argumentamos que las comisiones de la verdad también pueden presentarse como un espacio prometedor a la hora de poner temas complejos -que incluyen los legados coloniales- en la agenda pública. En América Latina, las comisiones de la verdad han tenido una gran relevancia en contextos tan diferentes como la dictadura militar en Argentina y el conflicto interno en Perú (^{Skaar, García-Godos y Collins 2016}). Además, la experiencia chilena ha generado un impacto grande en el imaginario de las comisiones de la verdad a escala global (^{Ferrara 2015}), lo que pone en duda la hipótesis de que la JT es principalmente un asunto neocolonial. Debido a que su vocación es generar memoria y crear nuevas narrativas sobre las situaciones de conflicto, violencia e injusticia, una comisión de la verdad puede brindar una oportunidad única para superar los silencios sobre los efectos persistentes del colonialismo en los Estados oficialmente poscoloniales. A su vez, no todo queda en lo simbólico; de acuerdo con ^{Dulitzky (2014)}, la generación de la memoria es una faceta importante de la JT, puesto que la memoria ofrece una visión de cómo es la sociedad y qué tipo de sociedad queremos ser en el futuro. Si bien puede resultar altamente complejo, se ha demostrado con los casos de Australia y Canadá, que las comisiones de la verdad pueden aportar un grado de remedio para los daños sufridos por los pueblos indígenas de esos Estados (^{Balint, Evans y McMillan 2014}).

No obstante lo anterior, la posibilidad de una discusión verdaderamente decolonial por parte de una comisión de la verdad dependerá tanto de su enfoque metodológico como del contexto político en el que se inserta. Cabe considerar que los procesos de paz y de la JT pueden verse afectados, limitados o boicoteados por la elite dominante, cuando esa última siente amenazados sus intereses. La falta de voluntad política (^{Pham, Gibbons y Vinck 2019}), fondos insuficientes para financiar los procesos (^{Call 2004}), el desconocimiento de las propuestas de la sociedad civil (^{Lundy y McGovern 2008}) y la priorización de las necesidades de las personas poderosas frente a las víctimas (^{Robins 2017}) son posturas de la elite que socavan los intentos de transformar el Estado con la JT. Cabe recordar también que, hasta la fecha, muy pocas comisiones de la verdad han identificado el pasado colonial como causa estructural de las violaciones masivas de los derechos humanos⁶.

Dada la existencia actual de -al menos- dos tensiones frente a la persistencia de los legados coloniales y los procesos de paz, una emancipadora y otra opresora, el proceso reciente de la Comisión de la Verdad en Colombia ofrece un caso interesante para analizar cómo estas tensiones se topan y se esclarecen en la práctica. Cabe señalar y reconocer una serie de estudios recientes que ya demarcan las posibilidades decoloniales de la JT en Colombia, con diversos enfoques: desde una perspectiva teórica (^{Jaime-Salas et al. 2020}); respecto a la potencialidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) (^{Izquierdo y Viaene 2018}); y de cara a la visión feminista y transformadora desarrollada por parte de la CEV (^{Gómez et al. 2021}). En estas páginas buscamos contribuir al debate con un análisis concreto de la manera en la que la Comisión de la Verdad identifica y estudia el legado colonial como uno de los elementos centrales en la construcción de la memoria sobre el conflicto armado.

Desde silencios coloniales en el Acuerdo de Paz de La Habana hasta llamamientos decoloniales en el informe final de la Comisión de la Verdad

El conflicto armado en Colombia ha sido el más largo y sangriento del último siglo en América Latina. Después de sesenta años, de acuerdo con el Registro Único de Víctimas, la violencia ha dejado más de 8,7 millones de víctimas (entre muertos, desplazados, secuestrados, heridos y otros hechos victimizantes) (^{Alvarado 2018}). Frente a esta situación, el Acuerdo de Paz de La Habana constituye probablemente la mejor oportunidad que ha tenido Colombia para construir la paz. Si bien se habían dado diversos procesos de paz con diferentes grados de éxito antes, el Acuerdo de 2016 consiguió que las FARC-EP abandonaran oficialmente la vía armada, un hecho insólito y una condición necesaria para poner fin al conflicto armado.

Es significativo resaltar que el Acuerdo dice muy poco sobre el pasado colonial en concreto, más allá de un breve reconocimiento al principio del Capítulo Étnico:

[…] el Gobierno Nacional y las FARC-EP reconocen que los pueblos étnicos […] han sufrido condiciones históricas de injusticia, producto del colonialismo, la esclavización, la exclusión y el haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos. (Gobierno de la República de Colombia y FARC-EP 2016, 205)

Por lo anterior, queda claro que el pasado colonial no fue un tema central en el proceso de paz de La Habana ni en el acuerdo resultante, tal y como habían adelantado los expertos entrevistados a lo largo de 2020. En cualquier caso, el Acuerdo se remite a las estructuras históricas de desigualdad al establecer el Capítulo Étnico, contemplar la redistribución de la tierra e introducir el género como eje transversal; de este modo, tiene potencial para descolonizar las relaciones sociales⁷.

Frente a su poder transformador se ha producido una considerable resistencia frente al Acuerdo de La Habana en dos momentos clave del proceso: primero, a la hora del referéndum celebrado en 2016 y, segundo, con el cambio de gobierno y los escasos avances en su implementación desde entonces. Respecto al referéndum, la campaña del no giró alrededor de varias temáticas, pero, sobre todo, la oposición a las disposiciones relacionadas con el género que se incorporaron en el Acuerdo. ^{Albertus (2016)} señala que el rechazo a la “ideología de género” más bien fue un instrumento discursivo para ganar el apoyo de amplios sectores de ciudadanos cuando realmente el rechazo al Acuerdo pasaba por la agenda de proteger el monopolio de ciertas familias sobre el reparto de la tierra. Como explica un abogado y defensor de los derechos humanos de la Universidad de Virginia:

[…] uno de los aspectos más controversiales para la elite rural conservadora colombiana es el hecho de que el acuerdo de paz estableciera que se iba a hacer un registro de propiedades […] y hay una tremenda oposición a que haya eso. Y a mí me parece que es algo preliberal y que opera bajo las reglas de la colonia, de la protección de las propiedades de la colonia y no es un sistema que está abierto a los principios liberales básicos, incluso. (Entrevista en línea, Charlottesville-Belfast, 4 de junio de 2020)

A pesar de las críticas y del rechazo al Acuerdo de Paz por parte de algunos sectores, la versión final se firmó en noviembre de 2016, lo que dio paso a todo un andamio institucional de JT, a saber, el SIVJRNR. El mismo texto del Acuerdo establece un enfoque diferencial para la fase de la implementación, y ahí es cuando se empieza a abrir una perspectiva decolonial en la génesis de las instituciones de la JT, al estipular que “en la fase de implementación de los acuerdos, en lo que concierne a los pueblos étnicos, se deberá cumplir garantizando el derecho a la consulta previa libre e informada respetando los estándares constitucionales e internacionales” (Gobierno de la República de Colombia y FARC-EP 2016, 206).

En efecto, la metodología empleada por las tres instituciones que conforman el SIVJRNR estuvo sujeta a un proceso de consulta previa con líderes indígenas y afrodescendientes (Jurisdicción Especial para la Paz, Comisión de la Verdad y Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas 2019). Colombia es el Estado latinoamericano con mayor desarrollo respecto al derecho a la consulta previa, principalmente, gracias a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la extensiva práctica de la Dirección de Consulta Previa (^{Wright y Tomaselli 2019}). En el caso de la consulta sobre el SIVJRNR, se produjeron críticas considerables por parte de las organizaciones étnicas respecto al tiempo limitado para adelantar el proceso. En cualquier caso, es la primera vez que se ha aplicado un proceso de consulta previa en la construcción de un mecanismo de TJ a nivel global y, por lo tanto, constituye un paso adelante, desde una perspectiva decolonial.

El racismo estructural y el trato colonial

Al concentrarnos ahora en la experiencia de la CEV, en concreto, es importante destacar que se creó una Dirección de los Pueblos Étnicos que se encargaría de diseñar e implementar el enfoque diferencial. A su vez, dos de los once comisionados se seleccionaron en representación de los pueblos indígenas y la población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera (NARP). La metodología de la Dirección es digna de atención, puesto que se consideró a cada pueblo como sujeto colectivo y se buscó el consentimiento previo, libre e informado de cada uno en la estrategia desarrollada para tratar su caso. Los líderes de los diversos pueblos étnicos entregaron informes y se abrieron una serie de espacios de escucha y encuentros territoriales para la paz (CEV 2022a). Por lo tanto, debido a su orientación intercultural, la aproximación de la Dirección de los Pueblos Étnicos se puede considerar como decolonial, en el sentido de que buscaba romper con los tratamientos típicos de la JT, que suelen reproducir las formas coloniales de gobierno (^{Yusuf 2018}).

En términos de la construcción de la memoria, no es sorprendente que el volumen final sobre los pueblos étnicos (que lleva como título “Resistir no es aguantar”) identifique la raíz de la violencia en los tiempos coloniales y, por lo tanto, desafíe la narrativa oficial del conflicto armado como un proceso de las últimas décadas:

Aunque la Comisión de la Verdad, según la periodicidad que ha establecido, analizó el conflicto armado colombiano a partir de 1958, para entender los daños acumulados, desproporcionados y diferenciados que se ocasionaron a los pueblos étnicos, es importante reconocer la larga historia de violencias y prácticas relacionadas con el trato colonial y el racismo estructural, que han derivado en la deshumanización y la naturalización de las violencias ejercidas contra estos pueblos. (CEV 2022a, 44)

Vale la pena destacar, además, que la categoría del trato colonial mencionado en la cita se retomó de la CEV en general y se incorporó como un término de búsqueda en la página web⁸. Además, en diversos volúmenes del informe final se refieren a las raíces históricas del racismo experimentado por los pueblos étnicos. Por ejemplo, en el capítulo que contiene los principales hallazgos (CEV 2022b) se dan una serie de reflexiones profundas sobre las raíces coloniales de las desigualdades estructurales contemporáneas. A su vez, en el volumen “Convocatoria a la Paz Grande” se realiza un llamamiento

a toda la nación, superar el racismo estructural, el colonialismo y la exclusión injusta e inmensamente torpe que se ha infligido a indígenas, afrocolombianos, raizales y pueblos rom, golpeados de manera desproporcionada por la guerra, y hacer de sus culturas y tradiciones parte sustantiva indispensable de la identidad de todos nosotros y nosotras como colombianos. Condición sine qua non para vivir en tranquilidad, justicia y paz. (CEV 2022c, 49)

Por lo tanto, la CEV logró identificar la raíz colonial del racismo persistente que experimentan los pueblos étnicos de Colombia, en gran medida, gracias al trabajo de la Dirección de los Pueblos Étnicos, pero también como eje transversal en el informe final. Es más, cabe recordar que la praxis intercultural de dicha dirección constituye una manifestación de una coherencia en su enfoque. Por último, es importante destacar que, de las sesenta y siete recomendaciones que emitió la CEV, treinta y tres (casi la mitad) se relacionan con los pueblos étnicos (CEV 2022b); de esta manera, pasaron de los márgenes del proceso de paz de La Habana al centro del resultado de la CEV.

La sombra de la hacienda

Además del efecto persistente del racismo estructural, la CEV también identifica otra raíz colonial de las desigualdades estructurales contemporáneas: el impacto del sistema de la hacienda sobre la concentración de la tierra y el poder en las manos de gamonales políticos regionales. En el volumen de “Hallazgos y recomendaciones” se reconoce que

la reconfiguración territorial causada por el conflicto armado ahondó las condiciones de desigualdad y exclusión de larga duración preexistentes, relacionadas con el modelo de integración territorial del Estado que se fue consolidando desde la Colonia, y que luego, a pesar de las disputas internas entre las elites políticas, se mantuvo una vez formado el Estado nacional […]. El régimen hacendil delineó un modelo de organización social estratificado que ordenó el territorio según sus intereses y excluyó del acceso a la tierra, del territorio y del mundo político a la gran mayoría de la población. (CEV 2022b, 601-602)

También, en el mismo volumen se resalta que la hacienda no quedó en el pasado,

por el contrario, este modelo colonial ha tenido una profunda influencia en la forma de entender la posesión de las tierras, la producción agraria y en la subvaloración de la cultura y la economía campesina. De esa manera se sigue privilegiando la gran propiedad. (CEV 2022b, 663)

Por lo tanto, la estructura colonial de la propiedad de la tierra sería otro factor para explicar el conflicto armado y la violencia tanto física como simbólica en Colombia.

Cabe destacar que el marco de la hacienda colonial para comprender la propiedad de la tierra en Colombia cobró importancia en varios volúmenes del informe final de la CEV, entre estos, el “Informe regional sobre el Caribe” (CEV 2022d). Dicho documento ofrece un relato sobre cómo emergió el paramilitarismo en la región, sostenido por las estructuras políticas y sociales propias del sistema de la hacienda, cuya:

[…] historia nos permite comprender el lugar ocupado por los clanes y feudos electorales hereditarios -ligados al modelo hacendatario- en el entramado del conflicto armado de la región y el país: el parentesco, la instrumentalización del Estado para afianzar intereses económicos y la conformación de redes regionales de poder con influencia nacional a partir de arreglos con poderes locales. (CEV 2022d, 32)

En sintonía con los hallazgos de la CEV a nivel transversal, se observa que la visión típicamente cortoplacista que suele darse en el marco de la JT ha sido reemplazada con una mirada profunda a las raíces históricas del conflicto armado, inclusive en los informes regionales:

[…] el presente intento tuvo como objetivo superar los estudios concentrados en el mediano y el corto plazos a fin de intentar una explicación mucho más amplia y profunda, que subyace en la comprensión, no solo de la configuración regional sino también de las aristas que han compuesto las estructuras societales de la región, para evitar caer en diagnósticos sintomáticos y coyunturales. (CEV 2022d, 212)

De nueva cuenta, el efecto colonial aparece no como pasado, sino como presente y persistente.

Conclusiones

El análisis expuesto en esta investigación parte de la premisa de que la JT puede ser una herramienta para la transformación del Estado. Si bien en un primer momento parece que el Acuerdo de Paz de La Habana se quedara corto a la hora de identificar y discutir las persistencias coloniales, su Capítulo Étnico fue una puerta de entrada a la temática. Dado el enfoque diferencial que quedó plasmado ahí, el trabajo de la CEV empezó con un nuevo impulso y panorama, que le permitió abrir la perspectiva de su trabajo e identificar la larga duración como óptica adecuada para comprender las violencias y las desigualdades que persisten en el presente. En diversos volúmenes del informe final se retoman dos aspectos clave de los legados coloniales, a saber: el racismo estructural y la hacienda como institución de ordenamiento territorial, político y económico. Para entender esto es necesario señalar el protagonismo de los representantes de los pueblos étnicos en todo el proceso de la CEV, así como la ventana de oportunidad global que se abrió después de las protestas de Black Lives Matter en 2020 y en la que la agenda decolonial ganó fuerza en la agenda pública de diversas sociedades, incluyendo la colombiana.

A pesar de lo anterior, sería equivocado concluir que la CEV ha contribuido a una verdadera decolonización del Estado colombiano. Si bien se han realizado unas sesenta y siete recomendaciones dirigidas a diversas instancias gubernamentales a causa del informe final, y se ha establecido un comité de monitoreo, no existe un organismo encargado de la implementación de las recomendaciones, lo que debilita su alcance material en lo político. De forma interesante, todas las constructoras de paz con las que hablamos opinaron que hay herramientas más eficaces que la JT a la hora de decolonizar el Estado y la sociedad colombiana, entre ellas, la participación política, la educación y el derecho. Parece que el proyecto decolonial le sobrepasara a la CEV, en sintonía con lo que encuentra ^{Sesay (2022)}, con referencia a la experiencia de Sierra Leona. Lo más grave es que es difícil referirnos a un verdadero “posconflicto” o contexto de transformación en Colombia, puesto que la violencia contra los dirigentes de los pueblos étnicos y los activistas sociales aumenta, mientras que la élite dominante sigue ejerciendo su poder en una lógica de colonialismo de asentamiento:

[…] los grandes afectados [de la redistribución de la tierra] son los latifundistas y terratenientes de este país que muchos de ellos están en el Congreso de la República. Los ganaderos, los grandes ganaderos que inclusive han promovido mucho del desarrollo del paramilitarismo en Colombia y que tienen grandes extensiones de tierra también para la ganadería, los grandes industriales con los megaproyectos también madereros y de todo tipo. (Entrevista en línea con artista y latinoamericanista de la Universidad del Cauca, valle del río Patía-Belfast, 8 de junio de 2020)

No obstante lo anterior, vale la pena destacar lo disruptivo de la CEV frente a las narrativas oficiales sobre la violencia en Colombia y acerca del propio proceso de forjar patria. Recordemos que el Estado colombiano -como muchos Estados oficialmente poscoloniales- ha buscado borrar el pasado colonial en un intento por separarse de su historia y crear un nuevo futuro. El trabajo de la CEV ha puesto en evidencia que es un discurso que no se puede sostener y que debe interrogarse, sobre todo cuando tiene efectos hoy en día. En este sentido, resulta útil retomar la noción de las ruinas imperiales formulada por ^{Stoler (2008)} y considerar las palabras de Alda Chindoy, artesana indígena y víctima del desplazamiento forzado:

Es que si hubiera una manera de una reparación, una manera como de reconciliación, si las cosas quedarían en el pasado, pero es que sigue pasando, sigue pasando […]. Eso no ha parado ahí, eso no fue solamente en esa época y ya. Eso quedó ya señalado para siempre. (Entrevista en línea, dpto. del Putumayo-Belfast, 17 de agosto de 2021)

Desde esta óptica, recordamos dos aportes clave de la CEV: (1) dejar como legado una visión diferente de la temporalidad del conflicto, que llega a ser un proceso histórico que va más allá del siglo anterior y que a la vez sigue teniendo un impacto en el presente; y (2) identificar y analizar la raíz colonial de dos estructuras profundas -a saber, la hacienda y la jerarquización racial- que han dado lugar a diversas violencias. Por lo tanto, consideramos que la experiencia de la CEV en Colombia es de referencia obligada para los estudiosos de la JT, no solo en América Latina, sino en todo el mundo, donde las ruinas coloniales persisten.