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Introducción
El agua como recurso natural se ha supeditado a una compleja serie de factores desde la perspectiva de su explotación, destrucción de fuentes hídricas y contaminación intencionada (Agudelo, 2005), dado que, durante siglos, tanto las actividades propias de subsistencia humana como las dinámicas extractivas dependen fundamentalmente de este recurso. Esto ha producido un uso masivo que, en la actualidad, ha derivado en la escasez de agua dulce y la consecuente implementación de estrategias para desalinizar el agua de mar, con el fin de mitigar la inminente amenaza de un futuro nefasto de escasez de recursos que garanticen la existencia de la humanidad. Esta situación afecta de manera similar los demás recursos de que se dispone, así como la fauna y la flora, lo cual muestra de primera mano un riesgo de debilitación medioambiental.
Así, la gestión del recurso hídrico (Silva, 2020), en el contexto de estas complejidades con las que se relaciona, debe verificar sus características de explotación multicausal y su incidencia en el desarrollo del país, así como la proporción idónea de los medios para el desarrollo de los derechos humanos, definiendo el agua como uno de estos derechos (Justo, 2013). Esto revela una necesidad de protección y amparo que se debe evaluar desde diversas perspectivas y bajo los estándares nacionales e internacionales que son fuente esencial de los Estados constitucionalistas, inmanentes además del derecho positivo.
Particularmente en Colombia, los referentes normativos sobre el tema son escasos hoy en día. Sin embargo, en la jurisprudencia se ha gestado la protección al recurso hídrico por medio de su identificación como derecho y con la exhortación a cobijar institucionalmente su protección. De igual modo, se ha otorgado la titularidad de derechos al medioambiente por medio de sentencias como la T-622 de 2016, la Sentencia 1100122-03-000-2018-00319-01 de la Corte Suprema de Justicia y la Sentencia 17001-22-13000-2017-00468-02, entre otras.
Como señala la Red Internacional para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC, s. f.):
[…] el agua como derecho es un recurso regulado de diversas formas en la Constitución y para su comprensión resulta un modelo complejo desde su entendimiento hasta su operación, agravado en su funcionamiento por el imperativo de poder satisfacer esa “necesidad humana básica”, lo que lleva a reflexionar hacia la viabilidad de enmarcar esa satisfacción como un derecho humano, considerando que no solo representa un tema viejo, sino que además se necesita una nueva forma de resiliencia a dicho término y aplicabilidad.
Ahora, sin perder de vista lo anterior, se hace todavía más importante determinar la índole del agua como derecho humano fundamental. En tal sentido, este recurso se puede percibir como un servicio público que los Estados deben proveer de manera obligatoria, cuidar y proteger con prelación para garantizar su gestión sostenible y mitigar las amenazas a futuro (Tello, 2008).
Ello se hace más urgente aún ante el hecho de que esta vertiginosa problemática tiene un alcance mundial. Para Martínez y Villalejo (2018):
En la actualidad, en el mundo existe una competencia por el uso múltiple del agua, debido principalmente a las demandas poblacionales, energéticas y agrícolas. En algunos países, principalmente los más desfavorecidos, son incipientes las políticas nacionales de desarrollo de los recursos hídricos y faltan legislaciones de aguas que ayuden a establecer nuevos marcos institucionales para la gestión del agua. (p. 59)
En efecto, la competencia prolifera a partir de las distribuciones desiguales y los recursos con los que se cuenta, junto con los diversos intereses políticos, económicos y transnacionales que emergen de los Estados y su control soberano. A esto se suma la corrupción, cuando la forma de organización estatal descansa sobre un sistema de favores pagados por prebendas (Silva, 2019), lo cual compromete la gestión del agua para beneficio de intereses privados, en detrimento de su conservación o de su equitativa distribución.
Por todo lo anterior, este artículo se plantea como pregunta de investigación cuáles son los roles que contempla la hidroestrategia frente al derecho humano al agua en Colombia. La metodología escogida para ello consiste en un método deductivo basado en una función descriptiva-analítica, con un razonamiento abductivo y un tipo de investigación correlacional. El desarrollo del artículo se da por medio de tres importantes ejes temáticos. En el primer eje se analizan los intereses nacionales de Colombia, con el fin de lograr una visión más acertada desde el plano de la defensa y la seguridad para determinar su equivalente en la hidroestrategia. En el segundo eje se abordan los intereses específicos con especial atención en la gestión estratégica del agua, con la intención de exponer la función que debe tener el agua como eje articulador en el plano nacional y constitucional, cuáles son los efectos retraídos en este ámbito y la aplicabilidad de un marco normativo que defienda su prevalencia. En el tercer eje se analiza la incidencia del agua como recurso natural estratégico en el Estado social de derecho, para estudiar los factores que se deben emplear desde los estándares internacionales y la debida protección de derechos humanos en la prevalencia de la vida digna.
Este es un trabajo interdisciplinario que convoca al derecho del medioambiente y al derecho constitucional, pero también a la ciencia política y la sociología jurídica. La ciencia política, en este caso, aporta a los análisis sobre las políticas de defensa y seguridad nacional con relación al agua. Desde el punto de vista de la sociología del derecho, se trata de ver las consecuencias sociales y políticas del derecho y de las políticas públicas, una problemática que ha pertenecido a la tradición de la sociología jurídica latinoamericana (Silva et al., 2019).
Intereses nacionales en Colombia: una mirada desde la defensa y la seguridad nacional
El concepto de interés nacional tiene una estrecha relación con la teoría realista de las relaciones internacionales, dentro de la cual es la piedra angular desde la que se proyecta la diplomacia y la interacción de los Estados en el sistema internacional (Rosenau, 1964). Sin embargo, esta no es la única aproximación conceptual al respecto. A lo largo de la historia se han desarrollado diversas perspectivas en torno a la conceptualización del interés nacional, que van desde el realismo clásico -asociado al pensamiento de Hans Morgenthau- hasta el neorrealismo -más cercano al trabajo de Kenneth Waltz-, pasando por diversas posiciones críticas -como el marxismo-, progresistas y constructivistas (Burchill, 2005):
Hans Morgenthau (1986), desde la perspectiva del realismo clásico, desarrolla sus enunciados teóricos a partir de lo que él denomina los seis principios de realismo político. Comienza afirmando, en su primera tesis, que “el realismo político supone que la política obedece a leyes objetivas que arraigan en la naturaleza humana” (p. 12). (Pastrana & Vera, 2021, p. 56)
A partir de esto, se puede determinar que los intereses nacionales son aquellos cuya finalidad es la de garantizar la supervivencia del Estado, de forma que los mismos Estados priorizan su defensa y, naturalmente, no deben estar dispuestos a renunciar a ellos bajo ninguna circunstancia.
Al respecto, en la perspectiva del derecho internacional, dos o más Estados, al identificar cada uno sus intereses estatales, pueden ejercerlos en paralelo, siempre que no se produzca conflicto o competencia entre ellos, pues los Estados se orientan al logro y provecho, a la cooperación internacional y al mantenimiento absoluto de la paz. Bajo esta alternativa, se puede pretender que los procesos que transcurren de manera independiente entre dos Estados permiten el debido acoplamiento a las sistematicidades del ejercicio, lo que puede provocar la prevalencia nombrada antes. Tener, entonces, estrategias o mecanismos distintos de defensa puede reunir socios o intereses que no necesariamente deben coincidir con los intereses nacionales propios.
Por otro lado, también pueden encontrarse intereses nacionales comunes, ya que los Estados comparten necesidades colectivas y así pueden coordinar procesos de interacción social que les permitan, en ese espacio, una construcción de confianza y conocimiento mutuo, lo que conduce a lograr un equilibrio preponderante entre ellos y alcanzar las necesidades que tengan.
En ese orden, desde otra posibilidad contraria, también pueden ser intereses competitivos, ya que los Estados pretenden conseguir el mismo provecho o utilidad sin producir interacción alguna, y así, cuando se produce, se tiende a activar la seguridad nacional porque se asume como una amenaza. Finalmente, pueden ser intereses antagónicos, cuya naturaleza es producir confrontaciones abiertas entre los Estados para obtener ventajas sobre los demás (Pastrana & Vera, 2021).
En la Figura 1 se ofrece un ejemplo de lo dicho hasta el momento, para poder determinar la importancia de los intereses nacionales y su correlación con la función dentro del discurso de poder.
Por lo pronto, la defensa del patrimonio nacional se hace sumamente importante e indispensable para la supervivencia del pueblo y, en ese mismo sentido, para mantener la identidad. Ello parte esencialmente de preservar los recursos naturales estratégicos (Agudelo, 2005) e impedir las malas prácticas de explotación, injerencias o negligencias al respecto, que amenazan la sostenibilidad del disfrute de los recursos.
Para ello es necesario que el Estado sea el primero en mantener esos recursos, cuidar a su población y todos aquellos bienes necesarios para la subsistencia, y que revitalice los recursos en algunos escenarios, pero al mismo tiempo proteja los bienes. Desarrollar una estrategia en la que los recursos naturales no se cuiden podrían provocar el colapso del Estado. Por ello es importante brindar la suficiente importancia en seguridad nacional al desarrollo de nuevas amenazas sobre estos recursos, como las relativas al medioambiente sano.
Como lo indica Luis Chávez (2017), es importante establecer intereses estatales sobre los recursos hídricos
[…] utilizando inclusive su Fuerza Militar y las leyes de la República para ejercer ese control soberano que cada Estado posee sobre sus recursos, teniendo en cuenta además, que con sus decisiones e ímpetu político se puede afectar otros Estados y que si es así, dependiendo de la clase de cuenca debe informar a la otra parte sobre el desarrollo del proyecto con el fin de negociar términos que sean compatibles entre los intereses de las partes involucradas, manejando todos los recursos que se requieran para proteger y defender este importante bien, pilar fundamental para el mantenimiento del Estado en términos de sostenibilidad ambiental. (p. 351)
De esta forma, la defensa del patrimonio nacional se hace indispensable para mantener la prevalencia de los derechos de los conciudadanos, pues el Estado debe aplicar aquí su poder para ejercer la injerencia necesaria en su administración y desarrollo. De acuerdo con lo que señalan Castro-Buitrago et al. (2019): “Este esquema, incluso incluirse la planificación hídrica, tuvo como novedad la inclusión de la gobernanza del agua y la gestión del riesgo como componentes transversales, cuya motivación fue el preocupante contexto socioambiental” (p. 45). Abreu (2010) sostiene que se debe definir
[…] el agua como un bien común social ligado al derecho a la vida, enfrentado a la definición de esta como un recurso con valor económico y estratégico, definido además por poderosos grupos económicos y los intereses geoestratégicos de terceros países. Por estas consideraciones las políticas en frente a este recurso deberían enfocarse en alcanzar la conjunción de esta ambivalencia, integrando el bienestar social y la explotación óptima del recurso, para el beneficio de los Estados. (p. 35)
Además, dado que los recursos no están divididos de forma igualitaria entre los Estados, las economías de los países que cuentan con muchos de estos recursos tienen una creciente propensión al crecimiento económico, mientras que los países que no tienen grandes cantidades de recursos se ven afectados económicamente, tema que da para otra investigación.
Política de Defensa y Seguridad Nacional
Con el propósito de brindar una mirada de la hidroestrategia desde la defensa y seguridad nacional frente a la protección del derecho humano al agua, se considera que esta debe contemplar medidas en la institucionalidad, la gobernabilidad, la consolidación en los procesos, la legitimidad, el constante desarrollo sostenible y la implementación de una estrategia que le permita al Estado generar una debida defensa y seguridad nacional, con el desarrollo de todas las políticas y estamentos legales que visibilicen y garanticen la debida protección de este recurso.
Como se ha podido ver, los intereses nacionales están muy relacionados e integrados en su funcionamiento, así que uno depende del otro. Siguiendo a Camargo (2020):
[No se puede] consolidar una identidad nacional si no están claramente identificados, definidos, establecidos, asimilados e interiorizados todos los intereses nacionales; y a la vez, no tener claramente definida e interiorizada la identidad nacional incide negativamente en la asimilación, el entendimiento, el comprometimiento y la defensa [de] todos los intereses nacionales. Un país no puede fomentar sus actuaciones hacia consolidar la identidad nacional en todos sus habitantes y perseguir sus objetivos nacionales si no ha hecho un esfuerzo total por identificar, proponer, socializar, actuar y formar a sus ciudadanos y actores institucionales en la defensa y ultranza de los intereses nacionales, así, la seguridad física -con todo lo que implica-, la educación, la salud, la tecnología, la innovación y la sustentabilidad deben estar a la cabeza del ordenamiento de los intereses nacionales de un país. (p. 189)
Por tal razón, las acciones estudiadas permiten ver el compromiso en la ejecución cuando del agua se trata. De esta forma, las acciones dejan de ser cotidianas, lo que permite percibir lo esencial que es el tema en el país. Así funciona la Política de Defensa y Seguridad de Colombia, creada para tener un tipo de poder y de discurso más centralizado, que en su esplendor funcional pretende generar un instrumento con capacidad jurídica para defender, dirigir, controlar y llevar a su funcionamiento todas las directrices que, desde las dinámicas sociales y trasnacionales, brindan una efectividad recurrente para la defensa y seguridad, al convertirlas en sus objetivos nacionales, en sus intereses propios.
La Política de Defensa y Seguridad comprende múltiples innovaciones con alcance estratégico. La más importante consiste en calificar el agua, la biodiversidad y el medioambiente como interés nacional principal y prevalente. Es la primera vez que una política de esta naturaleza reconoce dichos recursos como activos estratégicos de la nación, en un contexto de escasez y de eventuales conflictos internacionales por su control. Su protección se convierte, por ende, en objetivo principal frente a los factores que depredan la riqueza hídrica y destruyen la naturaleza (Ministerio de Defensa Nacional, 2019, p. 6). Así lo plantea Silva (2008):
[...] la identidad puede ser dinámica y cambiante, ya que se refiere tanto a lo que hemos sido, como a lo que somos y, lo más importante, a lo que queremos ser como nación. Así, se debe tener en cuenta que la identidad nacional se comprende en el sustrato esencial, permanente y poco susceptible a la transformación para que los miembros de la nación la apropien, desde la configuración de sus contenidos hasta ciertas representaciones de ella.
En la Política de Seguridad y Defensa Nacional, los antecedentes son fundamentales para que su formulación tenga congruencia con los fines esenciales del Estado, es decir, con los intereses nacionales. El desarrollo de un estudio previo sobre las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas (DOFA) permite con antelación dar con el principio de oportunidad para el desarrollo de la política (Huertas, 2016).
La seguridad nacional, en estos términos, se refiere a “las manifestaciones externas, que los sujetos integrantes de la nación pueden percibir, y que se manifiesta en la sensación de tranquilidad o de inseguridad de los ciudadanos” (Sierra-Zamora et al., 2020, p. 35). A partir de ello se establece la hoja de ruta en la composición de políticas públicas e incluso compendios normativos, pese a no existir una ley de defensa y seguridad nacionales que otorgue una identidad normativa suficiente en torno a los asuntos que le competen.
Entre tanto, las áreas particulares que la seguridad y la defensa nacionales agrupan son transversales a las necesidades del Estado y la ciudadanía en cuestiones como los factores de inestabilidad desarrollados con ocasión del conflicto armado -para profundizar al respecto, véase Cubides et al. (2018)-, la seguridad cibernética, la protección medioambiental y la estrategia sobre el uso y el cuidado de los recursos disponibles para el correcto funcionamiento de los intereses nacionales principales y prevalentes.
Intereses específicos en Colombia: la gestión estratégica del agua
La caracterización de los recursos naturales estratégicos debe establecer ciertas condiciones para poder considerarlos como tales. Según García (2017):
Una de ellas hace referencia a su disponibilidad, para lo cual debe ser escaso o relativamente escaso o insustituible o difícilmente sustituible, mientras que su distribución es muy desigual en el planeta. Otra particularidad es que debe ser fundamental para el desarrollo del sistema de producción capitalista, permitiendo el mantenimiento hegemónico regional o mundial. Y otra característica es la evaluación que se haga de su situación actual y su proyección hacia el futuro. (p. 3)
Es importante señalar que los recursos naturales estratégicos se refieren siempre a los bienes físicos procedentes de la naturaleza que son susceptibles de ser utilizados por las personas para su satisfacción; además, según su posibilidad de agotamiento, se clasifican en renovables y no renovables (Decreto 2811, 1974). Son estratégicos porque son recursos fundamentales para la preservación humana, por lo cual el Estado debe acceder a ellos por razones de seguridad. En consecuencia, la protección de estos recursos repercute en la geografía de los conflictos, como en el caso colombiano, pues esto también determina el empleo de la fuerza militar, requerida en gran parte ante las industrias ilegales y los grupos armados al margen de la ley.
Si se mira un poco más de cerca este aspecto, puede incluso pensarse que algunas de estas problemáticas, aunque no nuevas, sí permiten evaluar la dimensión conflictiva y las graves amenazas (por ejemplo, sobre el petróleo, el agua dulce, los minerales) que el conflicto representa. Cabe pensar que la estabilidad de las sociedades es una cuestión de supervivencia de la humanidad. En el caso de Colombia, ante el Acuerdo de Paz con una de las guerrillas más antiguas y violentas del mundo (Sierra-Zamora & Bermúdez, 2020), las respuestas no pueden ser meras adaptaciones marginales frente a comportamientos individuales, sino que requieren desarrollar políticas públicas que cambien realmente los escenarios del conflicto (Olivares, 2014).
La estrategia marítima en Colombia
Entre los recursos naturales disponibles sobresale el agua como uno de los recursos más relevantes para las personas, las comunidades y el Estado, tanto desde la perspectiva de la preservación humana o ecosistémica como desde la visión estratégica del manejo coherente de los recursos existentes. Esta gestión responsable le corresponde a los entes gubernamentales e incluso al Ejército Nacional de Colombia, que, bajo sus estrategias operacionales, logra objetivos conjuntos de protección, de tal suerte que:
La Estrategia Marítima es parte de la Estrategia Nacional, que trata de la creación, mantenimiento y empleo del Poder Marítimo del Estado para promover y proteger sus Intereses Marítimos. Está íntimamente relacionada con la Estrategia Militar y con la Política Económica. (Uribe, 2017, p. 51)
Como lo plantean Rivera-Páez et al. (2018) al hablar sobre los intereses marítimos, conviene indicar que, en la actualidad, son elementos fundamentales a la hora de componer políticas nacionales que atañen al manejo de los recursos hídricos. En efecto, en razón a la naturaleza trascendental que revisten, el enfoque estatal que se les otorga a estos intereses tiene un sentido económico, político y territorial, según las necesidades proyectadas desde la gobernabilidad y la viabilidad, en lo que respecta al uso racional del agua como recurso limitado y activo estratégico.
Es relevante identificar los factores que influencian en los intereses marítimos como aspectos físicos y recursos naturales. Para la Dirección de Intereses Marítimos y Fluviales (2020) de la Armada Nacional de Colombia, estos intereses obligan a mantener una interrelación adecuada entre la economía marítima y el medioambiente para no afectar el desarrollo comercial y garantizar el uso racional del medio marino, creando así una sostenibilidad que proteja el bienestar general. De igual modo, otro factor subyacente es la situación geopolítica marcada por la ubicación y dinámica de las cuencas oceánicas y las cuencas fluviales, que requieren una protección especial dada su importancia estratégica.
Por consiguiente, en Colombia, la estrategia que se gesta desde el Ejército Nacional apunta a la protección y gestión de los recursos, creando un símil o ejemplo desde la experiencia internacional, que visibiliza los recursos hídricos como activos estatales que no pueden ser administrados de manera arbitraria y mucho menos improvisada. Por ello, dicha gestión debe estar a cargo de expertos en recursos naturales y su preservación.
A pesar de su notable importancia para los intereses marítimos, la hidroestrategia es un terreno poco explorado que solo se desarrolla desde una perspectiva académica o de estudio de problema. Desde allí se visibiliza la importancia de llevar los discursos a las operaciones militares y a la instrucción sobre la optimización del recurso hídrico, que, como explica Vargas (2020, p. 38), puede darse desde tres vértices:
“Fomentar el empleo de las arterias fluviales en el transporte de mercancías tanto para la exploración como el traslado de productos al interior del país”.
“Tomar las medidas necesarias para el cumplimiento del plan maestro fluvial”.
“Impulsar el transporte multimodal mediante la reactivación y el fortalecimiento de las vías férreas” que se complementan con la red fluvial y que “serían vitales para fortalecer la balanza comercial del Estado, al reducir los costos de operación logística [...]; además, esto permitiría tener medios tecnificados y una estructura logística avanzada para el desarrollo de operaciones en caso de una movilización nacional que afectara la soberanía del Estado” (p. 38).
A su vez, la hidroestrategia contempla las estimaciones respecto a la economía hídrica sobre circunstancias concretas como la privatización del agua, el manejo de las cuencas y subcuencas nacionales, el suministro como servicio público y su garantía como derecho fundamental, pasando por el impulso del poder nacional para proteger el recurso mediante las actividades navales, de modo que se defiendan los intereses hídricos desde el control soberano de los territorios y sus recursos.
Teniendo en cuenta el bajo alcance y aprovechamiento del potencial de los océanos y sus recursos en las dos políticas relacionadas con asuntos oceánicos (la Política Nacional Ambiental para el Desarrollo Sostenible de los Espacios Oceánicos y las Zonas Costeras e Insulares de Colombia -PNAOCI- de 2000 y la Política Nacional del Océano y los Espacios Costeros -PNOEC- de 2007), el documento CONPES 3990 (2020)Colombia potencia bioceánica sostenible 2030 se plantea el objetivo de proyectar a Colombia como una potencia bioceánica por medio del aprovechamiento de su ubicación estratégica, sus condiciones oceánicas y el desarrollo sostenible del país bajo cinco ejes estratégicos:
Gobernanza interinstitucional bioceánica
Soberanía, defensa y seguridad integral marítima
Conocimiento, investigación y cultura marítima
Ordenamiento y gestión de los espacios marinos, costeros e insulares
Desarrollo de las actividades marítimas y los municipios costeros
Se pretende materializar estos ejes implementando planes en torno a la gestión adecuada del recurso. A esto se suma la materialización de la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico, liderada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través del Consejo Nacional del Agua, reglamentado por el Decreto 585 de 2017, y cuyo objeto es “la coordinación y articulación de las políticas, planes y programas de las entidades del Estado con la Política Nacional para Gestión Integral del Recurso Hídrico” (Decreto 585, 2017, art. 2.2.8.3A.1.1). Finalmente, también se cuenta con la promoción de planes de gobernanza y la articulación de recursos en la gestión integral. Todo esto determina la obligación de integrar las cuestiones hídricas a los asuntos prioritarios de manejo, ya sea a nivel oceánico o de uso doméstico del recurso.
A esta estrategia normativa e institucional en Colombia se suma la adecuación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de los planes de gestión de los recursos hídricos, en aras de cumplir con los compromisos adquiridos a través de políticas públicas, documentos CONPES1 y planes en general encaminados a mejorar la seguridad hídrica de la nación, así como potenciar los impactos a nivel multidimensional de la protección por parte de la población y el Estado.
Incidencia del agua como recurso natural estratégico en el Estado social de derecho: desafíos desde la seguridad multidimensional
El agua como recurso natural estratégico en Colombia cada día adquiere mayor relevancia, no solo como elemento indispensable para la supervivencia humana, sino como generador principal del desarrollo sostenible de Colombia. Sin embargo, esto exige tomar medidas importantes respecto a la aplicación del poder nacional, pues se debe brindar una garantía a la preservación y control de este recurso. Como lo plantea el Capitán de Corbeta Wilmer Díaz (2016):
[…] una hidroestrategia nacional cimentada bajo el empleo de un Poder Naval flexible y competente, que permita proteger los intereses nacionales en el escenario fluvial, salvaguardando y controlando las reservas de agua del Estado, aportará a la consolidación del liderazgo de Colombia como Potencia Regional. (p. 15)
En este sentido, la constante más obvia entre los entornos fluviales y oceánicos es el agua, de forma que esta, más allá de su importancia como recurso natural, es un elemento de sinergia social, política, económica, cultural y militar, que aumenta su valor estratégico en la medida que la población y el Estado reconozcan su importancia, dado que su uso, control y soberanía (o la ausencia de estos) afecta los intereses nacionales (Álvarez, Moreno et al., 2017).
Esto conlleva atender todas las implicaciones relacionadas con el recurso hídrico, como, por ejemplo, su impacto económico. En el ejercicio de la política económica y la geopolítica de los recursos, así como en el desarrollo de las actividades de protección de los Estados para con sus coasociados, se ha permitido que exista un goce de los recursos sin que sean sobreexplotados, pues la disponibilidad no siempre es suficiente, e incluso no es accesible para todos. Allí intervienen cuestiones como la sostenibilidad o el consumo racional.
En efecto, como se visibiliza en la Figura 3, la disponibilidad de agua a nivel superficial y subterráneo se supedita al uso específico y al denominado estrés hídrico, entendido como “el porcentaje de extracción total de agua dulce (TFWW) en todos los sectores principales -incluidas las necesidades de caudal ambiental (EFR)- con respecto al total de recursos renovables de agua dulce (TRWR)” (FAO, 2018, p. 20). El mapa muestra los niveles de estrés hídrico en la actualidad.
Fuente: Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos (2019, p. 16)
Figura 2 Nivel de estrés hídrico físico a nivel continental.
Así, cuando los Estados, las organizaciones internacionales e incluso los medios de comunicación se refieren a los conflictos políticos, étnicos, religiosos y los reconocidos recientemente como amenazas al medioambiente, como el caso concreto de la Amazonia colombiana, se enfocan potencialmente en conflictos sociales, pero que, a la larga, son un problema mayúsculo por la generación de nuevas amenazas convencionales y no convencionales. Al respecto, el plan de desarrollo y la Política de Defensa y Seguridad en Colombia ubican la biodiversidad como un interés prevalente, lo cual representa un desafío para la protección que trasciende las posturas normativas o discursivas.
Como lo señalan Castro-Buitrago et al. (2019), esta normativa se desarrolla por medio del
[…] Decreto 1640 de 2012 el cual reglamenta la PHN de 2010 en el marco del nuevo esquema de planificación hídrica que confirma a las cuencas hidrográficas como la unidad básica de gestión (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012). Específicamente, el Decreto 1640 de 2012 crea los Consejos de cuenca (artículos 48 al 53) para cumplir con lo dispuesto en las estrategias 6.1. “Participación” y 6.3. “Manejo de Conflictos” del objetivo 6 “Gobernabilidad”. A su vez, los Consejos de cuenca, como instancia de participación en la ordenación y manejo de cuencas, son reglamentados por la Resolución 509 de 2013 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013). Por su parte, las directrices para la participación en la formulación, seguimiento y evaluación de los Pomca son descritas en la guía metodológica del 2013. (p. 55)
De igual forma, el Decreto 1120 de 2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente 1076 de 2015, delimitó diez Unidades Ambientales Costeras (UAC) como instrumento para la planificación, en las cuales se define la ordenación y manejo ambiental de las zonas costeras de Colombia. Posteriormente, mediante la Resolución 768 de 2017 fue adoptada la guía técnica, con el fin de implementar y desarrollar los Planes de Ordenación y Manejo Integrado de las Unidades Ambientales Costeras (Pomiuac), como norma de jerarquía superior en la planificación dentro del territorio costero, con el fin de lograr un equilibrio entre las actividades productivas y la protección y conservación de los recursos naturales.
Por otra parte, los impactos sociales y poblacionales relacionados con el agua y su obtención se asocian con la consecución y materialización simultánea de otros derechos, dado que hay un nexo ineludible que propicia una verdadera interconexión. La desatención de esta interconexión amenaza gravemente la estabilidad de los individuos y los grupos sociales. Al respecto, el derecho que por excelencia se vincula al derecho humano al agua es el de la salud. Ello se refleja desfavorablemente en el hecho de que “mueren alrededor de 1,8 millones de niños por diarrea y otras enfermedades provocadas por el agua insalubre y las condiciones deficientes de saneamiento, cifra que es muy superior a la de las víctimas causadas por los conflictos armados” (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2011).
Actualmente, los Estados deben enfrentar nuevas amenazas transnacionales, que pueden permitir, en varias formas, una cooperación más cercana. Entre estas amenazas se encuentran algunos delitos que logran traspasar las fronteras como el narcotráfico, el contrabando, la piratería, los ciberdelitos, entre otros, al igual que el aprovechamiento ilegal o ilícito del agua. Dichas amenazas se desarrollan también por la generación de nuevas actividades que atentan contra la defensa y la seguridad nacional, lo que involucra el agua como interés nacional.
En este punto se puede analizar de forma directa que los Estados encuentran hoy mayores confusiones a la hora de determinar a qué tipo de actividades ilícitas se enfrentan para definir un escenario en el cual pueden atacar y asimismo defenderse.
El concepto de seguridad bajo un enfoque multidimensional deja en plena libertad a los Estados para determinar su política de seguridad y de defensa, de acuerdo con sus intereses y percepción nacional. La cooperación, guiada por el espíritu de corresponsabilidad internacional, y la solidaridad deben estar presentes en el diseño de una respuesta hemisférica que atienda las amenazas reales a la seguridad en la región, entre ellas la pobreza, fenómeno multidimensional que afecta de manera superlativa al hemisferio (Organización de Estados Americanos [OEA], 2002).
En este sentido, los enfoques nuevos de defensa y seguridad que se han planteado en este artículo conllevan nuevas tendencias frente al problema de las nuevas amenazas. Dentro de estas tendencias, el factor medioambiental persiste, pero convertido ahora en un problema central por ser un factor fundamental en la estrategia nacional. A ello se debe la importancia de una hidroestrategia. Este nuevo enfoque, que amplía la estrategia del Estado, se utiliza para la clasificación de las actuales amenazas. Como lo plantea Castillo (2019), debido a
[…] la identificación de nuevas amenazas globales que difícilmente eran compatibles con medidas de control de carácter militar [...], el concepto de seguridad tradicional evoluciona al de seguridad multidimensional, obligando a los Estados a desarrollar nuevas estrategias que incluyan a toda la sociedad junto al Estado para su prevención y neutralización. [En] otras palabras, es una respuesta integral de parte de las naciones a los factores de inseguridad modernos. (p. 11)
Así, este nuevo enfoque se adapta a ese tipo de amenazas que dejan de ser tradicionales. En consecuencia, las instituciones encargadas de liderar este enfoque estratégico, en especial las Fuerzas Armadas, deben innovar y promover cambios estructurales para un mejor funcionamiento, con el fin de impedir que estas amenazas y desafíos desestabilicen el funcionamiento del Estado y las garantías que este proporciona a sus habitantes. Esto permitirá que la seguridad y la defensa cuenten con una respuesta idónea, adecuada, eficiente y rápida ante las circunstancias que día a día enfrentan. Como lo explican Álvarez, Rosanía et al. (2017):
Ortega & Font (2012) exponen la seguridad multidimensional como aquella en que las amenazas no provienen exclusivamente del ámbito militar; por el contrario, proceden de otros ámbitos, como el político, económico, ambiental, social, etc. Dichas amenazas propias de un mundo globalizado se caracterizan por su naturaleza transnacional, pues “vivimos en un mundo interdependiente y (…), por lo tanto, las estrategias para abordar esa nueva realidad no pueden ser estrictamente militares, ya que se necesita introducir estrategias diplomáticas, civiles, policiales y de cooperación al desarrollo entre otras” (p. 162). (p. 67)
Tomando lo dicho por Ortega y Font (2012) en dicho trabajo: “Este nuevo enfoque es multidimensional y abarca nuevas amenazas como desastres naturales, mal gobierno, acceso a recursos y protección de valores como el desarrollo económico o la salud” (p. 165).
En definitiva, lo que se quiere dejar claro es que la lucha global contra estas nuevas amenazas a la defensa y la seguridad nacional exige un discurso mucho más político e integral, en la medida en que contempla y preserva las estrategias militares con el objetivo de resolver las necesidades de los ciudadanos en ámbitos sociopolíticos, jurídicos y sociales. De esta forma se promueve con mayor efectividad la gobernabilidad democrática y la seguridad multidimensional.
De este modo, la seguridad multidimensional tiene la competencia exclusiva para generar formas estratégicas de enfrentar estos nuevos escenarios desde la geopolítica, la estrategia militar y la hidroestrategia, con el objetivo de consolidar estos nuevos enfoques y facilitar el desarrollo de la estrategia militar.
El derecho humano al agua en Colombia y sus implicaciones para la hidroestrategia
Respecto a la protección del agua en Colombia, no ha habido una adecuación exhaustiva de la normatividad en cuanto a la identidad que se le otorga al uso regular del recurso. Sin embargo, por medio de la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha podido clasificar como un derecho fundamental y un servicio público que el Estado está en la obligación de garantizar. En los términos de la sentencia T-740 de 2011, la garantía de disponibilidad, accesibilidad y calidad del servicio se encuentra en cabeza del Estado, que debe adoptar cuantas medidas sean necesarias para proporcionar a sus habitantes este derecho empleando los medios disponibles (Corte Constitucional, 2011).
La exigibilidad del derecho al agua como derecho fundamental en el país cuenta con una gran cantidad de connotaciones, desde la progresividad de los derechos humanos, así como de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, relacionados con el desarrollo adecuado y el uso racional del recurso. Por ello, la identificación del derecho requiere una armonización interestatal para proporcionar a todos sin distinción el agua, pese a que esto no implica per se una disponibilidad ilimitada (Soares, 2019).
Dada la gran restricción que implica el acceso limitado al recurso, su distribución debe hacerse de manera coherente con aspectos sociodemográficos, sociales y económicos que no atenten contra las características de este derecho, y a su vez debe integrar necesariamente la regulación estatal, así como la protección institucional de cuencas, subcuencas y en general espacios fluviales que estén a merced de amenazas y de factores externos que atenten contra los recursos hídricos.
El agua, entendida como derecho, servicio, interés nacional e incluso activo estratégico de la nación, es fundamental para lograr los fines del Estado y cumplir con sus obligaciones, por lo que son esenciales a nivel estratégico los planes de cuidado y preservación, que en este caso se desarrollan por medio de la hidroestrategia, que armoniza la salvaguarda del agua y su utilización racional.
Para las Fuerzas Armadas, es clara la situación privilegiada de la disponibilidad de recursos hídricos, y el poder soberano del Estado se usa para proteger el medioambiente con base en el derecho humano al agua. De este modo, se emplea el poder, la seguridad y la defensa para lograr, desde la hidroestrategia, los “objetivos de Seguridad Nacional que estén relacionados con las reservas de agua del Estado” (Chávez, 2017, p. 350). Esto abarca desde los yacimientos del recurso, los lugares de apropiación y la adecuación de medios para su obtención, hasta asegurar que el agua llegue a la población frecuentemente vulnerable a raíz de la falta de acueducto y el limitado acceso al territorio.
Conclusiones
Las capacidades militares deben aumentar, al igual que el desarrollo y la efectividad en la respuesta ante nuevos retos para la defensa y la seguridad nacional. La lucha por la justicia y la paz siguen siendo pilar esencial para que la política funcione; sin embargo, el ejercicio transversal que promueve la hidroestrategia frente al derecho humano al agua y el ejercicio de los derechos fundamentales permite que desde el escenario constitucional transformador se pueda prever nuevas formas de continuar garantizando el cumplimiento de las funciones estatales.
Así, esta investigación muestra que la hidroestrategia contempla varias funciones del agua, ya que parte de ser un derecho esencial en el Estado constitucional, pero además es vital para sus habitantes. Esto implica emprender acciones desde lo social, lo cultural, lo económico, la educación de los conciudadanos y desde la generación de políticas públicas verdaderamente eficaces para asumir las tareas que la hidroestrategia está dispuesta a afrontar y que, por supuesto, deben ejecutarse a partir de un marco normativo nacional e internacional que respalde su materialización.
En efecto, los roles que contempla la hidroestrategia frente al derecho humano al agua en Colombia se gestan a partir del proteccionismo desde la misma misionalidad de las Fuerzas Armadas, orientadas a proteger los intereses del Estado y los habitantes del territorio, evitando amenazas que pongan en peligro los recursos, como la contaminación de las fuentes hídricas, por ejemplo, que imposibilita garantizar el derecho y genera así un daño a diversas escalas. Ante estas situaciones, no se puede desatender la necesidad humana, cuestión que devela aún más la trascendencia estratégica del agua.
La participación de las Fuerzas Armadas en la preservación ambiental en representación del Estado no es un asunto nuevo; no obstante, las amenazas se gestan diariamente y atentan contra la estabilidad nacional, lo cual obliga a desarrollar una actividad compatible con la realidad que cubra las necesidades inmediatas de la población y, a su vez, permita un goce digno de los recursos en un país desigual, estratificado y con altos índices de violencia en razón del conflicto armado. Esto, finalmente, evidencia lo determinante que es una integración estatal a nivel jurídico, pero también a nivel estratégico, para lograr materializar todas las garantías del disfrute de sus derechos a los colombianos, en concreto frente al derecho humano al agua.
