La teoría de Complejos Regionales de Seguridad (CRS)

Para comprender qué es un CRS, es necesario partir de su definición. La misma puede ser comprendida como los "conjuntos de unidades, cuyos mayores procesos de securitización, desecuritización o ambos están tan enlazados que sus problemas de seguridad no pueden ser razonablemente analizados o resueltos unos apartes de otros" (^{Buzan y Weaver, 2003}, p. 45). En ese sentido, debemos comprender que en un aspecto regional, que no debe ser únicamente entendido por asuntos geográficos, los Estados tienden a cooperar para hacer frente a una amenaza común que flagela su seguridad. Parafraseando a ^{Buzan y Weaver (2003)}, la TCR permite generar un análisis eficiente desde el nivel regional y las interacciones de sus entes, y no solo a nivel estatal, como había sido en el pasado, de los aspectos de seguridad. ^{Buzan, Waever y Wilde (1998)} no desconocen la utilidad de los niveles: individuo, estado y sistema internacional; sin embargo, para comprender el comportamiento de los Estados y otros actores en el escenario internacional, suman el nivel de análisis del subsistema internacional, que viene a ser el estudio de las regiones (^{Buzan, Waever y Wilde, 1998}).

Los subsistemas o regiones se diferencian por la intensidad particular de la interdependencia de sus entes y de la misma región con otras. En esa línea senalan que las regiones pueden o no responder a ciertas características entendidas territorialmente, pues pueden verse representadas por una institucionalidad de aspectos como el interés común, prácticas y procesos de aprendizaje social y el nivel de relacionamiento (^{Buzan, Waever y Wilde, 1998}, pp. 5-7 citado en ^{Frasson y Quenoz, 2014})

Para la teoría, los Estados siguen siendo el principal objeto de análisis para los marcos de seguridad internacional. Esto dado que, interpretando a ^{Buzan, Waever y Wilde (1998)}, los estados que pertenecen a una determinada región comparten amenazas comunes, por lo que están ligadas a cooperar y por tanto instaurar prácticas securitizadas comunes.

Para analizar un CRS, y más aún de un subcomplejo regional, para ^{Buzan y Weaver (2003)} debe existir una serie de condicionalidades que impliquen esta cuestión. De tal manera, como lo senala ^{Yépez (2013)}, que parafrasea a Buzan y Weaver, los CRS deben ser analizados en virtud de cuatro niveles de interacción:

En esa línea, para ^{Buzan y Weaver (2003)}, también debe comprenderse que una estructura clara de CRS, incorpora adicionalmente estas cuatro variables:

En otras palabras, para lograr comprender a los Complejos Regionales de Seguridad, hay que revisar las problemáticas domésticas de cada Estado, la diferenciación de capacidades de seguridad o económicas y la relación pacífica o no (conflictos) entre los países. En ese sentido, para el autor el CSR permite comprender la participación de la región en el escenario mundial y el grado de dependencia que pueden tener los entes que la conforman en relación con el hegemón. Este hecho, refleja

la forma de abordar las problemáticas de seguridad regional y, por supuesto, las problemáticas que son o no sujeto de securitización. Así, en algunos casos la presencia de una potencia externa es tan fuerte que termina por determinar las problemáticas de seguridad y la forma de afrontarlas (^{Yépez, 2013}, p. 375).

Tipos de complejos

^{Buzan y Weaver (2003)} senalan que existe una diversidad de CRS, dependiendo de sus características tanto culturales, como de las relaciones de poder entre las partes. Los CRS pueden ser estándar o centrado. En ese sentido:

El CRS estándar consta de la presencia de dos o más estados, con una estructura anárquica, una agenda político militar y una potencia regional. Los CRS centrados son varios. El primer CRS se caracteriza por que gira alrededor de una superpotencia. El segundo CRS por constituirse por una gran potencia [no global] y el tercer tipo de CRS por un poder regional. Estas circunstancias reflejan el dominio o grado de influencia que puede tener la potencia, según sus capacidades de poder, sobre la agenda securitizante que los actores comparten en una región. Otro tipo de CRS centrado se basa en su configuración por la integración se ha dado en torno a una institución y no a un estado. En el CRS institucional existen principios, valores, identidades y normas compartidas o socialmente aceptadas que generan obligaciones en las que sus actores participan y securitizan a la amenaza a nivel regional (^{Buzan y Waever 2003}, citado en ^{Frasson-Quenoz, 2014}, pp. 20-21 y en ^{Méndez Coto, 2017}, pp. 80-81).

En resumen, los autores nos senalan los diferentes tipos de CRS, que a su parecer son (tabla 1):

Adicionalmente, ^{Buzan y Weaver (2003)} enfatizan que los CRS pueden modificarse según la distribución de capacidades de los entes que lo componen. Adicionalmente, existen subcomplejo dentro de los CRS que son subáreas de cooperación y securitización contra amenazas compartidas. Cabe enfatizar que, si bien existen cuestiones regionales, un subcomplejo depende también de los grados de interdependencia entre los entes, así como de las amenazas compartidas y del proceso de securitización. Por lo tanto, debemos comprender que la asociación de subcomplejo puede ayudar a determinar efectos de cooperación.

Securitización

En todo momento de la CRS, el concepto a considerar como indispensable es el de "securitización". El concepto se refiere a que existen ciertos temas y amenazas compartidas entre los Estados, que se vuelven objetos de seguridad y por tanto de control por las fuerzas de seguridad hasta su control o eliminación total (^{Buzan, Waever y Wilde, 1998}). En un sentido más amplio, puede ser definido como:

un conjunto articulado de prácticas por el que objetos heurísticos (metáforas, herramientas de política, repertorios de imágenes analogias, estereotipos, emociones, etc.) son movilizados contextualmente por un actor securitizador que trabaja para impulsar a una audiencia a construir una red coherente de Implicaciones (sentimientos, sensaciones, pensamientos e intuiciones), sobre la vulnerabilidad crítica de un objeto referente, que concuerda con las razones de elección y acción del actor securitizador, invirtiendo el sujeto referente con tal aura de complejidad amenazadora sin precedentes que una política personalizada Debe ser emprendido inmediatamente para bloquear su desarrollo (^{Balzac, 2011}, p. 3).

Interpretando a ^{Buzan, Waever y Wilde (1998)}, para que un objeto sea securitizado es necesario que exista un actor securitizador que puede ser entendido como el Estado o una institución internacional; así como un actor securitizante, que puede ser un grupo de la sociedad. Este actor es determinante dado que las narrativas sociales construidas dentro de un grupo, en el que se refleja la necesidad de seguridad ante una amenaza, forjan un discurso que es captado por el ente securitizador para darle legitimidad y la condición al objeto como securitizado. En ese sentido, se nos explica que el proceso legitimador del discurso es interdependiente, dado que al momento que el securitizador genera un instrumento (leyes, resoluciones) para combatir la amenaza, este es también legitimado por el solicitante de seguridad (^{Buzan, Waever y Wilde, 1998}).

Para poder sentido a un proceso de securitización, los autores de la Teoria de los Complejos Regionales de Seguridad (TCRS) senalan que deben existir las siguientes condiciones:

1) la demanda interna de un acto discursivo que siga la gramática de seguridad; 2) la condición social con respecto a la posición de autoridad para el actor securitizador, es decir, la relación entre el hablante y el público y por lo tanto la probabilidad de que el público acepte las afirmaciones hechas en el intento de securitización; y 3) las características de las presuntas amenazas que facilitan o dificultan la securitización (^{Buzan, Waever y Wilde, 1998}, p. 33).

Antes de pasar a comprobar el aspecto de estudio de la investigación, cabe afirmar que, las acciones se desarrollan en el marco del CRS latinoamericano, en el que se establece la existencia de Estados Unidos como el hegemón dominante que marca el punto clave, como lo senalan ^{Buzan y Weaver (2003)}, de la política de seguridad y de cooperación en la región. Siendo en este caso, un punto que también se ha visto envuelto en desconexiones que surgieron por la llegada de gobiernos de izquierda en algunos países latinoamericanos, durante la primera década del siglo XXI.

En ese sentido, cabe explorar entre los sujetos de estudio los asuntos del cuidado de la seguridad marítima, haciendo un breve esquema de la forma en que cada país protege sus límites marítimos y, en el que se demuestra las capacidades y la cantidad de alcaloide capturado por cada uno. Este aspecto nos ayuda a comprender como está securitizado el narcotráfico y además hacer una aproximación para desentranar la cooperación entre los países. Elementos que luego permitirán enfatizar en la creación del Subcomplejo Regional de Seguridad.

El cuidado de la seguridad marítima por los Estados

Los tres países poseen un territorio marítimo extenso que refleja una correspondencia de esfuerzo de seguridad bastante importante. En el caso colombiano, la extensión marítima suma unos 892 102 km² (Comisión Colombiana del Océano, 2018); Costa Rica posee una extensión 538 273 km2, tomado en cuenta las costas del Pacífico (^{Cambronero, 2018}). Por otro lado, según El Instituto Oceanográfico de la Armada Ecuatoriana (2018), la superfície de mar territorial del Ecuador alcanza a 1 006 826 krrr⁵, 189 434 corresponden al mar territorial continental y 817 392 knr⁵ al mar territorial insular. En el caso de Panamá su extensión es de "319.23.9 km2 de superfície, tal como el emanado de la vigencia de la Ley 31 de 1967 y de los reconocimientos hechos por Colombia y Costa Rica en tratados internacionales" (^{Mckay, 2005}, párr. 30).

En ese sentido, tanto en el caso colombiano como ecuatoriano, el cuidado y protección de los recursos marinos dentro de su territorialidad marítima se encuentran a cargo de las fuerzas navales de estos países. En el caso ecuatoriano, se señala que la Armada tiene la misión de incrementar las capacidades para la defensa y seguridad integral del territorio marítimo nacional (^{Instituto Oceanográfico de la Armada Ecuatoriana, 2018}). En el caso ecuatoriano como lo senala (^{Escobar, E. entrevista personal, 25 de junio de 2018}), la defensa de la soberanía y la integridad territorial es misión de las Fuerzas Armadas, mientras que, a la Policía Nacional le corresponde la protección interna y el mantenimiento del orden público, según lo estipulado en el artículo 158 (^{Constitución política del Ecuador, 2008}). Esto no significa que la Policía deja de atender a las cuestiones del crimen organizado y narcotráfico internacional, que le corresponde por normativa, y que son, precisamente, las que registran importantes incautaciones de drogas en el país.

En este caso por sus condiciones logísticas, la Fuerza Naval ecuatoriana realiza la vigilancia de gran parte del mar ecuatoriano, como las actividades de control, pero las actividades operativas antinarcóticos ejecutadas en el mar son judicializadas por la Policía Nacional. En ese sentido, cabe aclarar que la Policía Nacional del Ecuador posee capacidad de acción y competencia jurisdiccional para el control del narcotráfico en las 12 millas marinas del mar territorial, por lo que existe una íntima cooperación institucional para el hecho (^{Escobar, 2018}), incluso a nivel internacional en las operaciones de alta mar. Este aspecto se encuentra sumido dentro de la "Ley de seguridad pública y del Estado" del Ecuador (^{Asamblea Nacional de Ecuador, 2014}), en su artículo 11, donde se establecen las actividades misionales de cada organismo de seguridad. En el aspecto colombiano, la situación se desarrolla de manera idéntica a la ecuatoriana. Un aspecto singular para la Armada colombiana, y que lo senala en su misión institucional, donde la rama está llamada a participar en misiones orientadas a garantizar el empleo integral del mar por parte de la nación.

Para ello, "debe cumplir con actividades tanto militares como diplomáticas y de implementación de la ley y el orden" (^{Armada Nacional de Colombia, 2018}, párr. 7). Un hecho particular señalado es el cuidado que deben de brindar a la "neutralización de las finanzas del narcoterrorismo", que entre otros aspectos es el cuidado del mar contra este tipo de amenazas, aspecto que no se encuentra explícitamente senalado en Ecuador y Costa Rica.

Sobre el asunto de Costa Rica, al no poseer unas fuerzas armadas constituidas, el control marítimo corresponde a las fuerzas de seguridad pública representada en su servicio de guardacostas. De tal manera que, entre sus actividades clave está la de "Colaborar con las autoridades administrativas y judiciales encargadas de proteger los recursos naturales, luchar contra el tráfico ilícito de estupefacientes, drogas, sustancias psicotrópicas y actividades conexas, así como la migración ilegal, el tráfico de armas y otras actividades ilícitas" (^{Ministerio Seguridad Pública de Costa Rica, 2018}, funciones, párr. 6).

Aquí cabe enfatizar que, prácticamente el rol del poder hegemónico de los Estados Unidos ha generado que prácticamente todos los Estados en estudio tengan tratados de cooperación bilateral en materia de cooperación de seguridad. Sin embargo, como lo senalan los entrevistados ^{Escobar (2018)} y ^{Pontón (2018)}, Costa Rica y Panamá son países sin unas fuerzas armadas como tal, pero si poseen un cuerpo de seguridad, representada en los cuerpos de guardiamarina y fuerza aeronaval, respectivamente. Estos han brindado mucho del espacio del cuidado de su jurisdicción marítima a los Estados Unidos.

En el caso de Colombia, su capacidad de control está ligada a una cooperación de dependencia más limitada que la de Costa Rica y Panamá. En el caso ecuatoriano, se puede afirmar que existe una cooperación más limitada que se ha resumido al intercambio de información y procesos de capacitación, pero casi no existe una tarea binacional para ejecutar planes conjuntos de interdicción marítima. Este hecho puede cambiar a raíz de las nuevas líneas de cooperación con Estados Unidos que se encuentra manejando desde la era Trump. Entre los principales convenios se encuentra Ecuador y Estados Unidos, al igual que la presencia de México y el mismo país norteamericano, en el accionar contra el crimen organizado.

Ecuador, por ejemplo, en el año 2009 firmó tres convenios. El primero, "Enmienda al Convenio de cooperación entre la República del Ecuador y los Estados Unidos de América relacionado con el fortalecimiento de la capacidad institucional de la República del Ecuador para controlar la producción y tráfico de drogas ilícitas". El segundo, la "Carta de Entendimiento entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de los Estados Unidos de América referente al funcionamiento del Programa de Unidades de Investigaciones Anti-Contrabando y Tráfico Ilícito en el Ecuador" y; el tercero, la "Carta de Entendimiento entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de los Estados Unidos de América referente al funcionamiento del Programa de Unidades de investigaciones sensitivas antidrogas en el Ecuador".

Dicho esto, es pertinente analizar cuál es la capacidad de seguridad de los mencionados países y, además, detallar la cifra de las capturas de estupefacientes realizadas por estos países en entre 2015-2017, como una manera de analizar el índice de seguridad y a la vez, comprender de qué manera es necesario la formación de un Subcomplejo Regional de Seguridad para hacer frente al narcotráfico por vías marítimas.

Cabe enfatizar, como lo senala ^{Pontón (2018)}, que el narcotráfico es un tema históricamente securitizado. En el marco de hacer frente a esta amenaza los Estados han acudido a la militarización¹ o policialización de espacios físicos, es decir, según ^{Morales y Pérez, (2015)}, han hecho presencia con contingentes militares o policiales en lugares que son utilizados por grupos delictivos que amenazan a la seguridad. De tal manera que las capacidades militares o policiales, según corresponda de cada país, son un asunto de importancia porque reflejan la manera en la que se representan objetivamente los temas securitizados, sean en este caso el narcotráfico.

Es menester aclarar que infiriendo lo dicho por ^{Tello (2011)}, el objetivo de la securitización debe expandirse a la prioridad militarizada de las concepciones realistas de los Estados y de esta manera buscar alternativas constructivistas para una amenaza como el narcotráfico. Se puede entender que existe una cooperación entre los Estados en la propuesta demográfica, económica, política y diplomática, pero aún es necesario entrar en un proceso de securitización de una amenaza como las drogas, que recorren espacios poco atendidos como las vías marítimas. Los informes de Naciones Unidas y documentos de inteligencia policial nos dan cuenta de una georreferenciación de las drogas a gran escala, que surcan los mares de estos cuatro países, pero no existen senales visibles de acciones políticas ni de seguridad en el asunto.

En base a las competencias y capacidades de seguridad marítima de cada país, se puede enfatizar que Colombia cuenta con la flota naval más poderosa y que por el alto índice de gasto de defensa, experticia y cooperación con los Estados Unidos, sus niveles de uso de la tecnología pueden ser referentes en la lucha contra el narcotráfico. Por su parte, Ecuador, es el segundo país en poderío, sin embargo, a pesar de poseer grandes capacidades logísticas y de equipamiento, no dispone de una flota naval adecuada ni tampoco de tecnología hábil en cantidad. En el caso de Costa Rica, su guardiamarina es limitada, pero la cooperación con Estados Unidos es esencial. Por ejemplo, en el medio de investigación El Pulso, de Costa Rica, se informa que "los reportes de embarcaciones sospechosas capturadas pasaron de 125 en 2015, a 254 en 2017" (^{El Pulso, 2017}, párr. 2).

De esta manera, Martín Arias, jefe de seguridad de guardacostas en Costa Rica, senaló que el país posee un total de 1200 kilómetros de costas y que, para un control efectivo de su territorialidad, se necesitaría una embarcación por cada Km2 (^{El Pulso, 2017}).

En el caso de Panamá, la existencia de cientos de islas e islotes genera el lugar ideal para resguardarse de los controles marítimos. "Las islas son muy vulnerables; la mayoría están solas, dice Carlos Chavarría, alcalde de Portobelo, en Costa Arriba de Colón, una de las zonas de mayor actividad" (^{Larraz, 2013}, párr. 14).

En ese sentido, en la tabla 2, se evidencia las diversas capacidades de los cuerpos de seguridad (según sea el caso) de los cuatro países.

La cantidad de droga que han logrado capturar estos países varia según sus propias capacidades. La información que se ha recopilado y logrado senalar es usualmente referenciada en términos macro, y solamente en el caso colombiano se logró obtener datos desagregados de captura marítima. Esto se debe bien a la reserva de la información como clasiíicada por las autoridades o a su vez por falta de información registrada como abierta en la Web.

Costa Rica

En el caso dei país centroamericano, se realiza una division de los datos por tipo de alcalóide. En lo que demuestra el incremento de capturas que según el ^{Instituto Costarricense sobre Drogas (2017)}, responde al incremento de cultivos en Colombia (figuras 1 y 2).

Fuente: Ministério de Seguridad Pública y Organismo de Investigación Judicial.

Figura 1 Marihuana decomisas por Costa Rica 2016-2018 

Fuente: Ministério de Seguridad Pública y Organismo de Investigaciónjudicial.

Figura 2 Cantidad de cocaína decomisada por Costa Rica 2010-2016  

Colombia

En su calidad de máximo productor de estupefacientes, Colombia marca una línea histórica en la lucha contra el narcotráfico. Como lo muestra el Observatório de Drogas de Colombia, los años de mayor decomiso de pasta a base de cocaína fueron el 2009-2010 y para la marihuana se mantuvo un nivel ordenado entre 2009 hasta el 2014. En los últimos años, desde 2016 hasta la actualidad, la cantidad de droga decomisada se redujo sustancialmente. Uno de los posibles aspectos dei hecho puede ser la retirada de las Farc-Ep y su acercamiento hacia la firma de la paz. En ese sentido, para ^{Pontón (2018)}, aún no se tiene en cuenta la formación y toma de posesión territorial de grupos delictivos disidentes de las Farc-Ep.

A pesar de aquello, en el marco de la investigación podemos seftalar que Colombia es el país que según el Atlas de comparativo de la defensa (^{Resdal, 2016}), hasta la publicación de esa obra, sí detalla datos estadísticos de detención de embarcaciones que trasportaban alcalóide por via marítima, sumando un total de 585 embarcaciones detenidas a 2014 y de 153 hasta el 2016. Cabe senalar que, no se tiene datos exactos del origen de las embarcaciones, pero se presume que su mayoría tiene origen colombiano y otro segmento ecuatoriano.

Para mejor descernimiento se detalla la información en las figuras 3, 4 y 5.

Fuente: ^{Observatório de Drogas de Colombia (2018)}.

Figura 3 Decomisos de pasta base en Colombia 300 

Fuente: ^{Observatório de Drogas de Colombia (2018)}.

Figura 4 Decomiso de marihuana 

Fuente: ^{Resdal. Colombia (2016)}.

Figura 5 Desagregación de capturas, decomisos e incautación de embarcaciones y otros médios de transporte de alcalóides 

Ecuador

Los principales tipos de drogas decomisadas en territorio ecuatoriano son: el clorhidrato de cocaína, la pasta básica de cocaína, la heroína y la marihuana. Sin embargo, la droga de mayor producción y tráficos es el clorhidrato de cocaína, aunque la de mayor consumo en el mundo y en la region es la marihuana.

En la figura 6, de incautaciones de drogas, se puede observar que desde el 2014 ha aumentado las incautaciones en el país, debido a la incesante ejecución de controles policiales en las principales rutas de tráfico. Las principales vías de exportación se encuentran por via marítima y de vuelos clandestinos al exterior, cruzando por Centroamérica hacia Estados Unidos y Europa. Por ejemplo, para el año 2016 vemos un despunte de las incautaciones de drogas, especialmente dei clorhidrato de cocaína con 95939,99 Kg, siendo una de las sumas más altas en el país.

Fuente: ^{Dirección Nacional de Antinarcóticos. Policía Nacional del Ecuador (2018)}.

Figura 6 Gráfica general de decomisos en Ecuador 

Entre el 2014 y 2017, la Policía Nacional dei Ecuador ha ejecutado un promedio de 9660 casos por año, que representan acciones investigativas en coordinación con la Fiscalía General dei Estado, y comprenden: detenciones de personas, decomiso de bienes ilícitos, incautaciones de droga y desarticulación de organizaciones delictivas. El año 2016 sigue siendo uno de los de mayor connotación para el país, por el número de eventos delictivos efectuados por el Estado, con 11 299 casos (figura 7).

Fuente: ^{Dirección Nacional de Antinarcóticos. Policía Nacional del Ecuador (2018)}.

Figura 7 Cantidad de detenidos por tráfico de estupefacientes 

Por otra parte, en el gobierno del expresidente Rafael Correa, tuvo lugar al finiquito del contrato de uso de la Base de Manta por parte de los Estados Unidos. Base que realizaba una coordinación en seguridad con el Ecuador, para el rastreo de embarcaciones en alta mar y consecuentemente la ejecución de planes de interdicción. Sin embargo, a raíz de la salida de la base norteamericana en el año 2009, según lo senala la Dirección Nacional de Antinarcóticos. Policía Nacional del Ecuador (2018), el país incrementó sus niveles de captura de alcaloides, pero a nivel terrestre, mientras en los procesos de interdicción en alta mar fueron demasiado bajos. Este hecho se revirtió en el 2016, cuando Ecuador se vio nuevamente en la necesidad de cooperar con el gobierno norteamericano, reactivándose las líneas de cooperación con la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos.

Panamá

Según los últimos datos de Panamá para el año 2017, existió un decomiso de

84.6 toneladas de droga, principalmente cocaína, una cantidad que supera en 12 toneladas las incautaciones obtenidas en 2016. (...) el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, relacionó el aumento de incautaciones de droga en su país con el incremento de la producción en Colombia, a cuyas autoridades pidió 'asumir su responsabilidad' para frenar el narcotráfico (^{El Nuevo Diario, 2017}, párr.2).

En ese sentido, según los datos ofrecidos por el Ministerio de Seguridad de Panamá, existe un repunte de los decomisos, como se muestra en el cuadro senalado a seguir (figura 8).

Fuente: La Prensa (2015).

Figura 8 Decomisos de drogas en Panamá 

Además de reconocer el esfuerzo que hacen estos cuatro países y otros de la región para contrarrestar el narcotráfico, es necesario senalar que las cantidades de alcaloide que es traficado es de un gran volumen. Esto da razón del pensamiento generalizado de que únicamente el 10 % de la droga que se dirige hacia Estados Unidos o Europa es capturada y decomisada por los grupos de seguridad. Por ejemplo:

Estados Unidos estima en su International Narcotics Control Strategy Report 2017, del Departamento de Estado que en Colombia se sembraron 159 000 hectáreas de coca en el 2015 y en el 2016 esa nación solamente incautó 421 TM, es decir el resto de mercancía se tuvo que movilizar a los principales mercados de consumidores, en este caso Estados Unidos y Europa (^{Instituto Costarricense sobre Drogas, 2017}, p. 30).

Una problemática marítima

Considerando que existe una franja de mar territorial para cada uno de los países que representa un desafío complejo, tanto por la gran cantidad de territorio, así como de las capacidades militares propias, ante una amenaza como el narcotráfico que utiliza mecanismos ilegales, permeables y cambiantes. El narcotráfico por rutas marítimas ha utilizado tanto mecanismos convencionales y poco tradicionales; ya que en muchas ocasiones los grupos delictivos utilizan submarinos construidos de manera "artesanal", o embarcaciones de todo tipo de calado, especialmente pesqueras para poder transportar la droga en una serie de interconexiones. Como lo senalan ^{Herrera (2018)}, ^{Zurita, (2018)}, ^{Vasco (2016)} y ^{Rodríguez (2016)}, usualmente los grupos delictivos "engatusan" a pescadores artesanales y duenos de navíos de mayor calado, para que lleven las cantidades de droga usualmente desde el mar territorial (12 millas marinas), hacia alta mar. Generalmente, a la zona económica exclusiva o a la zona de navegación de aguas internacionales, donde luego la mercancía es transbordada hacia mayores embarcaciones que realizan el viaje hacia los Estados Unidos, atravesando los países centroamericanos. Aquí cabe enfatizar que Ecuador es la zona de inicio de esta cadena de transportación:

Por la cercanía con Colombia y la injerencia de carteles de México, el narcotráfico ha convertido a nuestro país como punto de tránsito y embarque a diferentes destinos del mundo, ocasionando niveles de desestabilización y sobre todo de preocupación en las esferas políticas del país, ya que ha vulnerado la estabilidad social que en conjunción con su aliado, el crimen organizado, se han transformado en amenazas a la seguridad del Estado por su estructura, capacidad operativa y organizacional, que muchas de las veces ha sobrepasado las capacidades de la Policía Nacional (^{Rodríguez, 2016}, p. 13).

La problemática ha tomado varios tintes pues existe una problemática generalizada que surge en aguas territoriales ecuatorianas. Existen varios indicios que senalan que las fallas de capacidad de control ecuatoriano en el cuidado de sus mares han hecho que, por ejemplo, en el tránsito marítimo del narcotráfico, muchos pescadores ecuatorianos sean capturados bien sea en Colombia, como en Costa Rica, y luego extraditados hacia los Estados Unidos, donde han sido juzgados por tráfico ilícito de estupefacientes. Por ejemplo, en el caso ecuatoriano: "Un informe del Comando Naval de Operaciones Norte, encargado del patrullaje marítimo en las costas de Esmeraldas, revela que 300 pescadores artesanales fueron capturados en los últimos 3 años" (^{El Telégrafo, 2016a}, párr. 9).

¿Pero a qué se debe esta situación? La respuesta es clara, por su afán de trasportar la droga por los medios necesarios. Según el entrevistado ^{Pontón (2018)}, el asunto es que los grupos delincuenciales, en especial los cárteles mexicanos, desarrollaron la idea de que abrir una ruta de narcotráfico por el Pacífico es una necesidad, dado que generalmente la otra ruta, la del Caribe, se había vuelto saturada. En ese sentido, pescadores ecuatorianos han visto la facilidad de obtener dinero mediante el transporte del alcaloide en sus embarcaciones tradicionales. Tentados por el poder y el dinero que surge de las actividades ilícitas, casos como el narcotraficante ecuatoriano conocido como "Gerald" es un ejemplo claro, pues esta persona es acusada de organizar grupos de pescadores artesanales ecuatorianos que trasladaban el alcaloide (^{Pontón, 2018}).

Según ^{Zurita (2018)}, los pescadores involucrados son expertos que conocen las rutas y las áreas de tráfico, la facilidad que tienen para movilizarse en el mar limita la capacidad de reacción de la Fuerza Policial y Naval. Y sobre esa base, se determina que los grupos delincuenciales han reclutado a grupos de pescadores, quienes además por temores fundados de su vida, no denuncian estas problemáticas.

El tema central es que muchas veces, pescadores, así como navegantes de otro tipo de embarcaciones son detenidos en alta mar por parte de autoridades colombianas o costarricenses, cuando las autoridades ecuatorianas no lo han hecho. Para ^{Zurita (2018)}, Ecuador no tiene capacidad para monitorear las lanchas rápidas que serían las encargadas de transportar el alcaloide y acude a la cooperación de otros países. El apoyo proviene de EE.UU. principalmente, a través de tecnología satelital y de aviones especiales de interdicción, sin embargo, no es suficiente pues aún existen "puntos muertos" por los que atraviesa el alcaloide.

Fuente: ^{El Telégrafo (2016b)}.

Figura 9 Plataformas marítimas en la región 

La problematización de este tipo de desafíos tiene particular atención en lo que se desarrolla en el espacio físico perteneciente a Galápagos. Pues al parecer, este punto sirve para reabastecer a la logística de transporte marítimo de las mafias y el crimen organizado y que luego permite hacer el efecto como punto de referencia para que las embarcaciones continúen en su viaje hacia Estados Unidos. Un punto de interés es que Nicaragua serviría como punto estratégico para segundo un punto de reabastecimiento (^{Ortega, 2016}). "Actualmente, entre el 70 % y 80 % de la cocaína que se consume en el mundo se transporta a través de rutas marítimas, principalmente del Pacífico, donde están los principales productores de la droga" (^{Ortega, 2016}, párr. 17).

La securitización del narcotráfico por vías marítimas

Como bien lo senala ^{Pontón (2018)}, el narcotráfico y el problema mundial de las drogas es un concepto históricamente securitizado, pero lo que determina es que las nuevas formas en las que evoluciona, y todos los aspectos nuevos que se van generando son presa de neo procesos de securitización por parte de los Estados. En este caso podemos señalar que según ^{Buzan y Weaver (2003)}, siguiendo su primer elemento a considerar en la teoría de CRS, se puede sintetizar a partir del análisis de los tres países, que cada uno posee vulnerabilidades, sobretodo de capacidades instrumentales a nivel interno para hacer frente a la amenaza del narcotráfico.

Cada país con sus diferentes capacidades y sus propias problemáticas observan al narcotráfico, por vías marítimas, como un hecho condicional que perturba su seguridad interna, que hace daño a su sociedad y que además responde a lógicas de que el Estado debe hacer frente para su progresiva eliminación. En esa línea, como lo refrenda ^{Pontón (2018)} y ^{Zurita (2018)}, la utilización de medios marítimos es histórica, pero la formación de nuevos mecanismos poco convencionales de transportar el alcaloide es el elemento que es presa de nuevos segmentos de securitización.

La cooperación en materia de seguridad en la región es un elemento central que se determina por la presencia del estado hegemónico (Estados Unidos) y además de otros organismos internacionales con alcance más universal como la Interpol y la misma OEA y su cuerpo de cooperación. No se obvia la característica propia de que estamos hablando de un ya conformado CRS americano como tal. Sin embargo, he aquí el primer análisis de pertinencia a generar dentro del estudio. Es el segundo punto teórico de ^{Buzan y Weaver (2003)} que se refiere a la cuestión de la formación del CRS y en este caso transportado hacia la formación del subcomplejo.

En consecuencia, podemos senalar que en lo referente a las relaciones Estado-Estado sobre las amenazas compartidas, tenemos una variable común. Pues la relación entre los tres países en su calidad de cercanía fronteriza, sumado a lo significativo de sus relaciones políticas ha sido determinado mediante la formación de política, relaciones diplomáticas y transversales en diferentes modales, a través de la celebración y firma de instrumentos internacionales esencialmente de carácter vinculante a nivel bilateral.

En la línea consecuente que regula las operaciones en materia de narcotráfico, o a su vez, sobre asuntos marítimos, no existen tratados específicos sobre lucha contra la delincuencia Organizada Transnacional ni tampoco contra el narcotráfico que hayan sido firmados de manera tripartita. Según datos recopilados del sistema de tratados de las cancillerías de entre Ecuador, Colombia y Costa Rica; los acuerdos de cooperación existentes de mayor relevancia son los siguientes: entre Colombia y Ecuador, tenemos el "Acuerdo de cooperación institucional entre la Policía Nacional del Ecuador y la Policía Nacional de Colombia", del 4 de agosto del año 2000, en el que se materializa una serie cooperación y asistencia recíproca vinculados al control fronterizo migratorio, a la prevención y combate a la delincuencia en la región fronteriza binacional, al tráfico ilícito de estupefacientes, subversión y terrorismo. Así como el acuerdo de asistencia recíproca entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República del Ecuador para la prevención control y represión del uso y tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, de abril de 1992. Documento que especifica la cooperación bilateral para el intercambio de información, expertos y sobre todo la organización de procedimientos en la línea de lo nacional para cada país, que permita combatir el narcotráfico por vía área, terrestre y marítima².

Por otro lado, entre Ecuador y Costa Rica, tienen el "Memorándum de entendimiento entre el Ministerio del Interior la República del Ecuador y el Ministerio de Seguridad Pública de la República de Costa Rica, para el intercambio de información en materia de cooperación policial, para contrarrestar el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y la delincuencia organizada transnacional", firmado el 11 de abril de 2018. Este memorándum tiene como objetivo el de establecer un mecanismo de cooperación, que permita el intercambio de información de forma fluida, continua, segura, oportuna y eficaz, para que facilite a las partes realizar acciones orientadas a contrarrestar al Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y la Delincuencia Organizada Transnacional.

Panamá posee con Costa Rica el "Acuerdo para la implementación de un mecanismo de intercambio de alertas migratorias e información de seguridad", firmado en octubre de 2016. Con Ecuador, posee el acuerdo Bilateral de Cooperación entre la Autoridad Marítima de Panamá y la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo Fluvial del Gobierno del Ecuador, firmado en diciembre de 2017. Con Colombia existe un acuerdo para cooperar y hacer frente al tráfico de sustancias psicotrópicas de 1996.

Finalmente, entre Colombia y Costa Rica tenemos un acuerdo de cooperación de ámbito parecido, pero en el que sí se enfatiza la cooperación en el marco marítimo para la lucha contra la Delincuencia Organizada, que data del año 2004. Este acuerdo sí norma la cooperación bilateral en la lucha contra la amenaza en alta mar, hecho que no se da en Ecuador. Como lo senala ^{Escobar (2018)}, mucho del trabajo que se desarrolla para los aspectos de interdicción al menos en el caso ecuatoriano y que coordina con sus países vecinos, mediante los protocolos internacionales de cooperación de la Convemar.

Existen lazos de cooperación no tripartita en la materia entre los países (Costa Rica, Colombia y Ecuador), sin embargo, cabe aclarar que los relacionamientos también tienen lugar en organismos de cooperación como la OEA o Ameripol. Sobre este último, posee una reciente creación política y que, según lo analizado y recopilado en sus medios, se especifica que existe una cooperación e intercambio de información entre los países miembros, pero no se especifican medidores claros sobre la cooperación conjunta contra la Delincuencia Organizada. Para ^{Zurita (2018)}, no existen medidores claro sobre los procesos de cooperación en el marco de Ameripol, al menos no son claros, por lo que se debería establecer un análisis sobre los aspectos y necesidades que deben ser fortalecidos para una efectiva cooperación entre los países.

Este segmento es acompanado a que, si bien uno de los objetivos principales es luchar contra la DOT, el organismo resulta de una reciente creación, que se encuentra en desarrollo de su institucionalidad y que además no ha logrado constar con el reconocimiento de estatus de organismo diplomático internacional por parte de algunos países. Es evidente y sin caer en acercamientos realistas, pero que en la práctica son exactos, que los organismos internacionales tienden a ser espacios de cooperación que implican una vinculación menor para su cumplimiento.

Sobre el segmento a seguir que se debe analizar la interacción de la región con regiones vecinas, es claro que el elemento securitizado, el narcotráfico es un fenómeno de características globales que ha implicado el trabajo conjunto de los diferentes países de los orbes de diferentes órdenes geográficos. Como lo senala la ^{Undoc (2018)}, los flujos de droga que son enviados desde diferentes puntos como Sudamérica o Asia en el caso de Afganistán con el opio, generalmente a sus espacios de mayor venta como Europa y Estados Unidos, generando así un espacio de redes de comercialización que benefician a la DOT (^{Unodc, 2018}).

La interacción entre regiones es clara, no siempre han tenido lugar bajo las estructuras dadas según ^{Buzan y Weaver (2003)} de que esta debe estar constituida institucionalmente, sino más bien en las lógicas de la interacción constructivista de la teoría. El elemento que permite tener en cuenta para la interacción entre regiones es la cooperación internacional mantenida dentro de las estructuras de organizaciones internacionales como la Interpol o incluso la oficina de las Naciones Unidas para la lucha contra la Droga (Undoc). En estos espacios según lo analizado en su andamiaje se basa esencialmente en la cooperación policial para el intercambio de información y, por otro lado, la generación de publicaciones de investigación de planes y proyectos que pueden ser replicados de manera generalizada en la política pública de cada país.

Sobre analizar el cuarto punto de ^{Buzan y Weaver (2003)}, el papel de los poderes globales en la región, Estados Unidos sigue siendo el poder hegemónico que pretende seguir marcando la agenda de seguridad internacional de los Estados, siendo la lucha contra el narcotráfico la medida más atrayente generada por la cooperación internacional en materia de seguridad. No existe un plan conjunto del país norteamericano que se genere a nivel regional tripartito entre los países en estudio, pero si se supone una cooperación bilateral que pretenda demostrar una estrategia regional para EE.UU. En ese sentido, es conocido el apoyo del gigante americano a Colombia en procesos de capacitación y de entrega de equipo, enfatizado en la creación del Plan Colombia (^{Sputnik News, 2017}) y las donaciones subsecuentes, así como de la presencia de 6 bases militares americanas en territorio colombiano.

Un dato particular es la donación voluntaria anual que recibe Colombia en dinero líquido y que no se toma en cuenta los demás insumos de la cooperación. Entre 2009-2017, EE.UU. habría donado un promedio anual de 390 millones de dólares. El proceso de Paz emprendido en Colombia reduciría el tema en un 45%, siendo que el apoyo bajaría a unos 105 millones de dólares (^{Sputnik News, 2017}).

Por otro lado, en el caso costarricense, la cooperación se ha basado sobre todo en donaciones de material. Según lo senala ^{Pelcastre (2017)}, las donaciones se han basado en la entrega de equipo:

... especializado de mantenimiento, capacitación, un paquete informático de mantenimiento aeronáutico y repuestos para la aeronave King Air F90, decomisada por la Policía de Control de Drogas con dos toneladas de cocaína en 2013 (...) La cooperación entre los dos países va en aumento. El Departamento de Defensa de los EE.UU. realizará la donación de dos aeronaves tipo C-145 "Skytrucks" para reforzar las capacidades del SVA. Las aeronaves bimotores con capacidad para 16 personas, disenadas y fabricadas para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, serán entregadas a Costa Rica en el 2018 (^{Pelcastre, 2017}, párr. 11).

En el caso ecuatoriano se están estableciendo nuevamente líneas de cooperación estratégicas que habían sido olvidadas por momentos políticos previos del gobierno del expresidente Rafael Correa y que determinó la salida de la base de Manta. Este aspecto se ve redireccionada con la entrada en vigor de un nuevo acuerdo de cooperación bilateral. En abril de 2018, se suscribió un acuerdo que genera cooperación que les permitirá desarrollar estrategias comunes para combatir el crimen organizado trasnacional y el narcotráfico. En especial con la creación de una Unidad de Investigaciones Criminales Trasnacionales para luchar contra el narcotráfico (^{El Comercio, 2018}). Este evento se suma a la visita que realizó el vicepresidente Pence en junio de 2018, en el que durante su visita oficial se aprovechó para senalar el reforzamiento de la cooperación en materia de seguridad, tanto en el escenario militar como policial, en la lucha contra la DOT y sobretodo abrir la línea de cooperación de donación económica (^{El Comercio, 2018}).

Una vez analizado cómo funciona los mecanismos de seguridad y cooperación entre los países del estudio, es preciso proseguir a interpretar la cuestión de la securitización que nos lleve a conocer el proceso de la formación o no de un Subcomplejo Regional de Seguridad entre Ecuador, Colombia y Costa Rica.

¿Un Subcomplejo Regional de Seguridad contra el narcotráfico por vías marítimas?

El subcomplejo viene a ser un escenario más pequeno de cooperación subregional que se forma dentro de un complejo amplio regional de seguridad. En este caso, la presunción es conocer si efectivamente dentro del complejo regional latinoamericano se está formando un nuevo sub-complejo entre Costa Rica, Colombia, Panamá y Ecuador que responda no solamente a la cuestión geográfica de nuevos límites marítimos sino a la amenaza misma del narcotráfico por vías marítimas que los lleve a cooperar de manera más íntima. Consecuentemente, el asunto a analizar será el de considerar como primer elemento si existe o no un proceso de securitización contra el narcotráfico por vías marítimas.

Desde lo interior de cada país, en este caso los gobiernos sí existen un claro discurso securitizador contra las amenazas de DOT y de otras amenazas en las que el narcotráfico es un elemento esencial. Pero analizar una cuestión generalizada que responde a todo el elemento del narcotráfico, es necesario observar si existe algún hecho importante que refleje la necesidad de cooperar entre los tres países contra el narcotráfico.

El evento clave en el que se da por acentuado la securitización, es decir en el que se da formalidad y obtiene un carácter legal el objeto a ser securitizado (vías marítimas del narcotráfico), por los actores securitizadores (Estados), tiene lugar en noviembre de 2017, cuando reunidos en San José Costa Rica, se tuvo lugar a la "I Reunión de Ministros de Ambiente, Defensa y Seguridad de Colombia, Ecuador, Panamá y Costa Rica". En el encuentro se firmaron acuerdos de cooperación para definir líneas estratégicas para hacer frente a las amenazas de seguridad como el narcotráfico y la protección de los recursos marítimos (^{El Nuevo Diario, 2017}).

Si bien dicho encuentro genera ya unas líneas de trabajo, la formulación de un acuerdo profundo que implique una línea cooperación directa, con la creación de mecanismos tangibles conjuntos sin dudas es un aspecto que sigue en un proceso de construcción. Por lo que se infiere que cuando un objeto tiende a ser securitizado es necesario contar con instrumentos que no solo se queden en la forma abstracta de la teoría, sino que además sean visibles y comprobables en el nivel pragmático (^{El Heraldo, 2016}).

Consecuentemente, podemos inferir que el encuentro ministerial genera un proceso de securitización en el que se topan varios puntos referentes contra la delincuencia organizada transnacional, y en el que el tema del narcotráfico por vía marítima es uno de los asuntos claves, pues representa no solo el único, sino junto con el asunto de la protección de los recursos marinos (aspecto que deber ser analizado en un estudio posterior). Como lo enfatiza ^{Zurita (2018)}, ese proceso de securitización debería establecer mejoras legales para facilitar la cooperación pues lo que se hace es combatir a grupos delincuenciales transnacionales y muchas veces las normativas actuales sean nacionales o extranjeras pueden limitar las gestiones conjuntas.

En cuanto al proceso de securitización, existe sobre todo un entendimiento de cooperación de carácter más bilateral, y el I encuentro lo que ha hecho es generar una línea de cooperación a futuro que debiera ser afinada y subida en el nivel de securitización al tiempo que en primera instancia se celebre un Encuentro Presidencial entre los países y que subsecuentemente, la firma de instrumentos internacionales de un mayor poder vinculante. Por tanto, estamos presentes a la formación de un subcomplejo regional. El hecho es claro, que dado que las capacidades para cuidar los aspectos de seguridad de los Estados, en especial lo limitado de las flotas navales en un espacio marítimo demasiado extenso.

Dentro de la teoría de securitización, también como lo senala ^{Balzac (2011)}, es necesario analizar los posibles hechos u actores que puedan amenazar los procesos de securitización. En este segmento, debemos recordar lo que senala ^{Pontón (2018)} y reafirma lo senalado también por ^{Balzac (1998)}, de que los procesos de securitización tienden a ser aspectos netamente politizados. El elemento de la cuestión del origen político puede ser decisivo para el asunto, es decir de la línea política del gobierno de turno, que a pesar de tener ya un pensamiento que la cuestión de seguridad responde a una agenda de Estado. Otro aspecto, que puede tener como traba no solo se refiere a lo cambiante de la naturaleza del crimen organizado, sino también el riesgo que se corre de las críticas internas o del hegemón global como son los Estados Unidos.