Las disputas por la memoria

En este artículo propongo pensar la memoria desde una perspectiva constructivista (^{Pollak, 2006}), entendiéndola como la reconstrucción del pasado en la que se encuentran presentes recuerdo, olvido y silencio. Partiendo de lo anterior, la memoria debe leerse desde su rasgo constitutivo: la selección, pues cada grupo social o individuo conserva y da a conocer lo que elige de acuerdo con unos criterios que terminarán por orientar el uso que se hará del pasado, pero también la legitimidad y reconocimiento de las narrativas sobre el mismo (^{Todorov, 1996}; ^{Pollak, 2006}; ^{Jelin, 2000}, ²⁰⁰²).

La lectura del pasado se presenta como un proceso subjetivo vinculado a la experiencia y a marcas simbólicas y materiales, cuyos significados pueden convertirse en objeto de lucha. La memoria como reinterpretación de lo ocurrido pone en evidencia la “persistencia de un pasado que no quiere pasar” (^{Jelin, 2000}) o en palabras de ^{Florescano (2010)}, una relación viva de presente, pasado y futuro; un proceso dinámico y cambiante, llevado a cabo por diferentes agentes sociales.

Estos agentes movilizan diferentes formas de leer lo que sucedió, que en coyunturas específicas pueden enfrentarse a raíz del interés por posicionar como verdadera la versión propia de los hechos y procesos (^{Jelin, 2000}, ²⁰⁰²). Así, la construcción de memoria se configura como un espacio de lucha política donde tratan de posicionarse de diferentes maneras y en diferentes escenarios los actores involucrados en el conflicto (^{Herrera y Cristancho, 2013}). Los resultados inestables de estas luchas dependen de las correlaciones de fuerza, siempre inestables entre una multiplicidad de actores presentes en la escena política.

En las coyunturas de activación de memoria del plano nacional, muchas veces vinculadas a procesos de transiciones políticas o cierres de procesos de paz y desmovilización de actores armados e incluso cambios de gobierno, los diferentes grupos sociales se ven abocados a iniciar “un trabajo arduo” para definir los significados de las huellas del pasado que quieren poner en escena pública (^{Blair, 2002}). Aquí las memorias “de diferentes actores sociales se actualizan y se vuelven ‘presente’” (^{Jelin, 2000}, p. 11), de lo que se deriva la importancia de fijar la atención en el “rol activo y productor de sentido de los participantes en esas luchas” (^{Jelin, 2002}, p. 2).

En estas coyunturas los interesados movilizan información que pudo estar almacenada y quieta durante años, para construir un relato coherente del pasado (^{Jelin, 2002}). Las disputas también implican la definición de fechas y de los acontecimientos relevantes, por lo que en ellas se produce un trabajo de organización de lo que debe recordarse, olvidarse o destacarse (^{Pollak, 2006}; ^{Jelin, 2002}). Esta actividad demanda la existencia de agentes especializados, historiadores de la casa (^{Pollak, 2006}) o “emprendedores de la memoria” (^{Jelin, 2002}), encargados de dinamizar el trabajo y de cuidar que sean las voces autorizadas las que participen en la construcción de los relatos y los pongan en escena pública. En este contexto, las luchas por la memoria pueden plantearse también como luchas contra el olvido, ubicadas en una doble pretensión: “La de dar la versión ‘verdadera’ de la historia (…) y la de reclamar justicia” (^{Jelin, 2002}, p. 43).

La urgencia manifiesta en el desarrollo de una labor para reconstruir y reordenar relatos, encuadrar memorias, en estos periodos de tiempo y los resultados que arroje dicho proceso, tienen implicaciones sobre la construcción de la identidad de los grupos sociales y, por tanto, también en las relaciones que se desarrollan entre estos y otras colectividades y en la definición del lugar que ocuparán todos en la sociedad (^{Pollak, 2006}). En consecuencia, las narrativas culturales tendrán repercusiones en la construcción de subjetividades de víctimas y victimarios (^{Herrera y Cristancho, 2013}) y sobre lo que en adelante se considere legítimo.

En este proceso los emprendedores de la memoria deben tener presente que es la permanencia de un relato y de las cuestiones materiales que lo apoyan así como su coherencia, lo que permite que la memoria contribuya con la reproducción y cohesión de un grupo social; por ello se dice que en coyunturas de activación de la memoria, los testimonios y relatos que construyen los individuos o grupos contribuyen a la reflexión sobre sí mismos, lo que termina por trastocar su propia identidad (^{Pollak, 2006}) y, como lo he planteado antes, por incidir en la fijación o reivindicación de su lugar en la sociedad.

En estos procesos cobran importancia los espacios institucionales destinados a la reconstrucción del pasado violento. Estos muchas veces toman el nombre de comisiones de la verdad, actúan a nombre del Estado (^{Marchesi, 2001}; ^{Barrientos, 2015}; ^{Crenzel, 2015}) y terminan por viabilizar la labor de los emprendedores de la memoria. Por ello fijar la atención en los mecanismos u organismos institucionales dotados de legitimidad y provistos de recursos para construir la memoria de la represión y de la violencia es, al mismo tiempo, preguntarse por un componente importante de la legitimidad del proceso mismo y de las narrativas resultantes; pues los relatos de memoria se ven dotados de una autoridad ligada a la legitimidad del organismo constructor que, generalmente, se cimenta en demandas hechas por instituciones estatales democráticas y por defensores de derechos humanos, en coyunturas políticas que propenden por el cambio de una situación que resulta intolerable (^{Jelin, 2000}). Aquí la autoridad del discurso es proporcional “a la autoridad de quien lo enuncia” y la recepción se convierte en “un acto de reconocimiento hacia quien realiza la transmisión” (Bourdieu como se citó en ^{Jelin, 2002}, pp. 35-36). No resulta extraño entonces, que en el marco de las disputas por las representaciones del pasado los actores interesados desarrollen diferentes estrategias para “‘institucionalizar’ una (su) narrativa” (^{Jelin, 2002}, p. 36), generando disputas por el control o participación en los escenarios dispuestos para ello.

En síntesis, en el presente artículo sostengo que en el caso que analizaré sobre luchas por la memoria, el conflicto se produce alrededor de tres aspectos fundamentales: las lecturas del pasado con sus pretensiones de verdad, que terminan por incidir, o se espera que incidan, en la construcción de subjetividades, pero también, en algunos casos, en la profundización de la democracia; los significados de la memoria o el para qué debe construirse, que puede ubicarse en la disputa por sus usos (^{Todorov, 1996}) y, finalmente, el control de los lugares legítimos para su construcción y con ellos la legitimación de los emprendedores de la memoria y de los relatos en sí mismos. A continuación mostraré que los tres elementos están estrechamente relacionados y presentes en el escenario colombiano actual.

Este acercamiento se llevó a cabo mediante el análisis de artículos de prensa, declaraciones en medios de comunicación, discursos presidenciales, leyes, decretos y comunicados de los actores visibles en el escenario de justicia transicional y se alimentó desde trabajos académicos sobre las temáticas relacionadas.

La revisión de fuentes documentales permitió ver que en el escenario político colombiano actores pertenecientes a las Fuerzas Armadas, a la institucionalidad y a diferentes organizaciones sociales y políticas han desarrollado luchas por posicionar su versión de los acontecimientos desarrollados en el marco del conflicto armado y que las mismas se han acompañado por el interés de definir los usos de la memoria y por la necesidad de controlar los espacios institucionales para su construcción, tales como el CNMH y la Comisión de la Verdad. En este contexto, se evidencia que las fuerzas armadas han hecho un esfuerzo por llevar a la esfera pública, mediante diferentes estrategias, su versión sobre cuál fue su papel en el marco del conflicto armado. En ese sentido, los esfuerzos de las fuerzas armadas más que ubicarse en lo que ^{Todorov (1996)} llama los usos ejemplares de la memoria, se sitúan en un espacio de disputa por posicionar una versión de los hechos en la que es dominante el interés por: el reconocimiento de su papel como fundamental para el inicio del proceso de diálogo que llevó a las FARC a entregar las armas, plantear que las responsabilidades por violaciones a los derechos humanos son individuales y no institucionales y mostrar que entre sus filas también se encuentran víctimas de violaciones a derechos humanos, que además han sido ignoradas por organismos estatales encargados de la construcción de memoria.

En términos generales, el propósito de algunos sectores cercanos o pertenecientes a las Fuerzas Armadas se dirige a continuar, desde la construcción de memoria histórica, la confrontación que desarrollaron con las armas. Lo que resulta significativo en un contexto donde se apuesta a la construcción de memoria histórica de un conflicto que aún no ha terminado y en el que no se ha iniciado una clara reestructuración de las fuerzas armadas que permita que las mismas tengan un rol destacado en la construcción de lo que se ha denominado posconflicto (^{Cruz, 2015}).

En el trabajo se muestra que actualmente Colombia vive un “auge memorial” en el que las fuerzas armadas apuestan a participar activamente y que ha sido justamente alrededor de la publicación de trabajos producidos por instituciones como el CNMH y de la elección de los comisionados de la verdad donde se han hecho más evidentes, hasta ahora, las luchas por posicionar una u otra lectura del pasado reciente.

Contexto de las luchas por la construcción de los significados del pasado en Colombia

Durante los cuatro años que duraron los diálogos con la guerrilla de las FARC, el presidente de la república insistió en que en la negociación se trazaron unas líneas rojas que no iban a sobrepasarse (^{Santos, 2015}, ²⁰¹⁶). Con ello el presidente buscó darle tranquilidad a las Fuerzas Armadas y a otros sectores políticos poco afectos a la negociación con las guerrillas. En ese contexto, el gobierno hizo un llamado a las Fuerzas Armadas para que no participaran en la política partidista, ya que como institución tenían como función “garantizar los derechos de los ciudadanos” y la democracia (^{Santos, 2014}). Con ello Santos recordaba el pacto establecido con la institucionalidad militar desde el Frente Nacional (1958-1974), cuando la división de competencias entre civiles y militares había quedado establecida: desde entonces las fuerzas armadas fortalecieron su papel en el control del orden público, entendido fundamentalmente como anticomunismo, y se mantuvieron al margen de los asuntos civiles y de cualquier adscripción a los partidos políticos tradicionales (^{Cruz, 2015}; ^{Castro, 2016}).

El llamado que el presidente hizo a la neutralidad del estamento militar se generó en un contexto donde la posición de las Fuerzas Armadas estaba marcada aún por un “sesgo anticomunista” notable. El mismo marcó las relaciones de la institución con el ejecutivo nacional y con la población civil, de manera fuerte, por lo menos desde los años setenta del siglo pasado. En este contexto se generó una “dilatación del concepto del enemigo” que llevó a que sectores amplios de la sociedad civil que no compartían los intereses del “bloque contrainsurgente” (^{Franco, 2009}) se concibieran y se trataran como enemigos absolutos (^{Angarita et al., 2015}; ^{Cruz, 2015}).

En los años ochenta se posicionó una visión en la que cualquier defensa de libertades individuales se leyó como sinónimo de izquierda y no en pocas ocasiones se asoció con guerrilla (^{GMH, 2013}). Durante los primeros años del gobierno de Virgilio Barco (1986-1990), el ministro de gobierno y el político liberal Horacio Serpa llamaron la atención frente a que después de los procesos de diálogo que adelantó el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) empezó a proliferar una tendencia que miraba cualquier avance de tipo democrático como concesiones a la subversión (^{Medina, 1990}, p. 217). El señalamiento de cualquier oposición se acentuó después del fracaso de los diálogos de paz desarrollados durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) y durante los gobiernos de Álvaro Uribe (2002-2010), la demanda por el “restablecimiento del orden”, la seguridad y la capitulación de la insurgencia, hicieron que se sintiera con particular fuerza la definición del enemigo en términos absolutos y que se evidenciara, incluso en discursos gubernamentales, la extensión de la noción de enemigo a vastos sectores de la sociedad que expresaban sus críticas frente a las consecuencias de las políticas de seguridad, el accionar de grupos paramilitares y su connivencia con la fuerza pública (^{López, 2012}; ^{Cruz, 2015}).

En ese escenario pueden ubicarse las dimensiones de una de las batallas en las que quiere participar activamente la fuerza pública. La institución, consciente del papel que juega la construcción de la memoria histórica en cualquier sociedad, no quiso “perder” su papel protagónico, por lo que algunos de sus representantes expresaron la necesidad de defender la “posición de nuestras Fuerzas ante la historia, que no vayamos a quedar […] como los villanos” (^{Santos, 2016}).

Este capítulo tiene como protagonistas sectores cercanos o pertenecientes a las Fuerzas Armadas, al Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), académicos nacionales, organizaciones de víctimas, organizaciones no gubernamentales, al comité de selección de los comisionados de la verdad, a los comisionados de la verdad y al gobierno.

Las Fuerzas Armadas y el CNMH

En el marco de los procesos de justicia transicional desarrollados en las últimas décadas en Colombia, el Grupo de Memoria Histórica (GMH) y posteriormente el CNMH fueron encargados de garantizar el derecho a la verdad a las víctimas y a la sociedad en general. La legitimidad del Centro está vinculada al hecho de que éste habla en nombre del Estado y, en ese sentido, sus trabajos cobran una “funcionalidad política oficial” (^{Herrera y Cristancho, 2013}, p. 190). El CNMH es un macroemprendedor de la memoria que se ubica en un lugar privilegiado en tanto tiene grandes posibilidades de acción, financiación y acceso a la población (^{Herrera y Cristancho, 2013}). Lo anterior ubica al organismo en el núcleo de las disputas por las lecturas del pasado. Aquí nos centraremos en las reacciones que generó el informe conocido como ¡BastaYa!, no sin antes plantear que la investigación buscó dar cumplimiento al mandato establecido en la Ley 975 de 2005 (^{GMH, 2013}) y que puede leerse como un “relato global interpretativo” (^{Jaramillo, 2009}, p. 50) que condensa relatos producidos desde el inicio del trabajo del GMH en la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, CNRR.

¡BastaYa! fue presentado por el GMH en 2013 como una narrativa anclada en nuestro presente y con la pretensión de ser un “elemento de reflexión para un debate social y político abierto” (^{GMH, 2013}, p. 16). El informe recibió críticas de diferentes sectores sociales y políticos (^{Schuster, 2017}). Las FARC exigieron una visión alternativa del conflicto, por lo que al iniciar el 2015 convocaron, de la mano del gobierno, una nueva comisión que produciría el informe titulado “contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia” (^{Schuster, 2017}, p. 47), considerado en ese momento como un insumo para el trabajo de la futura Comisión de la Verdad. La publicación del trabajo del GMH también incomodó a la fuerza pública por las responsabilidades que le atribuyó a la institución frente a la comisión de masacres y asesinatos selectivos contra población civil. El hecho tomó tanta importancia que Juan Carlos Pinzón, en ese entonces Ministro de Defensa, cuestionó el informe porque, según su perspectiva, ponía en igualdad de condiciones a grupos armados ilegales con soldados y policías (^{El tiempo, 2013}; ^{Flórez, 2017}; ^{El Tiempo, 2017}).

Para restarle legitimidad a la publicación, Pinzón aseguró que las hipótesis expresadas en el texto provenían de sectores radicales. Para el Ministro la memoria histórica estaba clara: “el país ha sufrido una agresión (…) por parte de organizaciones terroristas” (^{El Tiempo, 2013}). Las declaraciones evidenciaron la intencionalidad de trasladar al escenario de la construcción de memoria los enfrentamientos del campo de batalla que desde una perspectiva simplificada no contemplaban la existencia de más de dos actores: toda la sociedad y los terroristas. A raíz de las inconformidades con el trabajo realizado por los investigadores del CNMH, la fuerza pública buscó su participación en la dirección del organismo, con la intención explícita de contribuir a corregir la verdad histórica que venía relatándose desde el mismo y de abrirles espacio a las víctimas pertenecientes a la Fuerza Pública.

El 27 de marzo de 2017 el gobierno ordenó, mediante el decreto 502, que se incluyera al Ministerio de Defensa en el consejo directivo del CNMH⁵. El logro del ministerio suscitó respuestas por parte de organizaciones de víctimas y del Centro. En este contexto de luchas por la memoria y por el control de instituciones clave para su construcción se evidenciaron tres posiciones: en los “extremos”, la expresada por las organizaciones defensoras de derechos humanos y de víctimas que trabajaron con los investigadores del organismo, incluso desde antes de su fundación como CNMH (^{Herrera y Cristancho, 2013}) y la de algunos integrantes de las fuerzas armadas. Una posición intermedia, aunque más cercana a las organizaciones de víctimas, fue asumida por el CNMH, ente estatal que quedó en una posición incómoda pues la decisión no le fue consultada; pero, además, su apuesta política siempre reivindicó la necesidad de rescatar la versión de las víctimas pertenecientes a la sociedad civil.

Personas vinculadas a organizaciones políticas, sociales y de víctimas y al CNMH sostuvieron que con la entrada del ministerio al consejo directivo del organismo, se construirá una verdad oficial, contraria a una memoria para la dignificación de las víctimas (^{Gómez, 2017}; El Espectador, 2017; ^{Verdad Abierta, 2017}). La preocupación se sustentó en la convicción de que la decisión podría llevar a la construcción de una memoria que desconociera la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en la violación de derechos humanos durante el conflicto armado. Mientras el temor por la posibilidad de que empezara a construirse una verdad oficial estuvo estrechamente relacionado con la justificación de la decisión, en la que se planteó la necesidad de que las instituciones que participaron en el conflicto contribuyeran a esclarecer la verdad de las causas y dinámicas que lo que desencadenaron y degradaron (^{Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 2017}).

Pese a que puede afirmarse que las memorias que moviliza el CNMH tienen un carácter de oficialidad en virtud de que es un organismo con mandato estatal, la posición asumida por el organismo en esta coyuntura adquiere sentido porque este ha construido una imagen portadora de memorias plurales, con una apuesta ético política clara donde las memorias de las víctimas son “objeto, fuente y método” (^{Herrera y Cristancho, 2013}), y donde su decisión de “escuchar voces silenciadas en el conflicto”, lo ubica en una posición crítica frente a actores armados protagonistas del mismo. Asimismo, en la posición del Centro puede leerse una de sus “ideas fuerza”: sus investigadores aseguran que en Colombia existe un déficit democrático en el que se destaca, entre otras cosas, la persistencia de odios heredados que median nuestras relaciones sociales, pero también la configuración, dentro de las fuerzas armadas, de un imaginario de la existencia de un enemigo interno que comprende no solo a las guerrillas sino también a las fuerzas de oposición a las que hay que “derrotar y aniquilar” (^{Herrera y Cristancho, 2013}, p. 196).

Lo anterior da cuenta del desarrollo de una lucha por el control de una arena institucional, en la que se enfrentan dos actores que son parte del establecimiento. La disputa se genera entre actores ubicados desde lecturas del pasado opuestas, pero también desde concepciones diferentes de lo que deben ser los usos de la memoria. Así, mientras la apuesta del centro apuntaría a la reconciliación nacional desde el reconocimiento de los horrores del conflicto narrados desde las voces de las víctimas, la apuesta de la Fuerza Pública estaría fundamentalmente dirigida a posicionar la versión del lugar y accionar de la misma en el marco del conflicto armado y a protegerse para no quedar como los villanos de la historia.

En este contexto, voceros de las organizaciones sociales y de víctimas plantearon que con la decisión el gobierno asumió “una postura de negacionismo de la violencia estatal” (subrayado en el texto) y de protección “a los militares frente al juicio de la historia” (^{Gómez, 2017}). También expresaron preocupación por el hecho de que el desconocimiento de la responsabilidad que tienen los militares en graves violaciones a los derechos humanos podía generar una transición sin transición (^{Verdad Abierta, 2017}).

La preocupación por parte de estas organizaciones está vinculada con la necesidad de preservar un lugar donde las voces de las víctimas del conflicto armado han tenido preponderancia y que en los últimos años se ha posicionado como la institución legítima para la construcción de memoria, más que al hecho mismo de que los militares construyan memoria. Lo anterior se evidencia en las declaraciones de William Wilches, miembro de la Red Colombiana de Lugares de la Memoria, quien considera válido que las fuerzas armadas hagan ejercicios de memoria, pero cuestiona que intenten hacerlo desde el organismo (^{Verdad Abierta, 2017}).

En esta coyuntura, las organizaciones sociales y de víctimas también expresaron que la participación de las fuerzas armadas en los ejercicios de memoria debe darse desde el aporte de información, por lo que solicitaron la desclasificación de archivos. Paradójicamente, una de las justificaciones del ministerio para su participación en el consejo del centro tiene relación con el hecho de que debido al rol de la Fuerza Pública en el desarrollo del conflicto armado la misma es “fuente primaria para la obtención y suministro de información” (El espectador, 2017).

No obstante, en lo concerniente a la relevancia de las fuentes militares en los procesos de construcción de memoria, cada una de las partes le daría un uso diferente, esto puede deducirse de las justificaciones expresadas por el interés en las mismas. Así, mientras las víctimas están interesadas en leer aquellas zonas oscuras que permitirían entender, en su amplitud, la participación de la fuerza pública en los hechos victimizantes; las posturas expresadas por el ministro se centran en recordar que en las más de 70 publicaciones del CNMH no se ha utilizado a las FFMM o a la Policía Nacional como fuente y que “tampoco se ha publicado un solo libro que reivindique y dignifique a las miles de víctimas militares y policiales que ha dejado el conflicto” (El Espectador, 2017). Funcionarios de la fuerza pública también postulan la necesidad “de corregir” la imagen que de la institución se ha venido generando a raíz de las publicaciones del CNMH, evidenciando que el temor de las fuerzas armadas es a ser mostradas como victimarias al ubicar un elemento de disputa relacionado con lo que debe recordarse de su actuación en el conflicto: no deberían destacarse “los errores de algunos”, porque terminan por borrar los logros de la institución en términos, por ejemplo, de acciones cívico militares (^{Flórez, 2017}).

Lo anterior también revela una lucha por la interpretación de quiénes son las víctimas, cuáles fueron los hechos victimizantes y quiénes los victimarios. Los resultados en este aspecto les darán a unos u otros, mayor o menor legitimidad para participar en los escenarios de construcción de memoria y un lugar particular en las narrativas sobre el conflicto armado y la reconciliación en Colombia.

En medio de esta polémica, las organizaciones políticas y sociales reiteraron la necesidad de que la participación de las mismas en el consejo directivo fuera mayoritaria, planteándola como “la única forma en la que se puede cumplir con la obligación del Estado de no construir un lugar de memoria oficial” (^{Verdad Abierta, 2017}) una petición que respaldó el CNMH (^{Noticias CNMH, 2017}).

En su momento, la respuesta del Centro se reveló respetuosa, pero al mismo tiempo crítica del mandato consignado en el Decreto 502: acató la decisión, pero también respaldó a las organizaciones de víctimas en sus declaraciones e hizo un llamado de atención al Ministerio de Defensa para respetar el mandato de la Ley 1448, de 2011 y, al mismo tiempo, a asumir una posición crítica frente al papel de la fuerza pública en el desarrollo del conflicto armado (^{Noticias CNMH, 2017}), una posición que el director del Centro había expresado años atrás (^{Noticias CNMH, 2014}) y que había sido asumida también por otros investigadores sociales (^{Verdad Abierta, 2016}). Frente a este último punto la coincidencia entre víctimas, defensores de derechos humanos y el CNMH por un lado, y sectores de las fuerzas armadas por el otro, son difíciles y a ello contribuyó la posición del gobierno de Juan Manuel Santos al asumir que en el marco del conflicto armado se presentaron errores de algunos individuos pertenecientes a la Institución, una postura que también se ha expresado en los ejercicios de memoria adelantados en el seno de las fuerzas armadas (^{Ugarriza y Pabón, 2017}).

El interés de las Fuerzas Armadas en la construcción de memoria también se ha hecho evidente en los ejercicios que independientemente o con ayuda del CNMH ha emprendido en los últimos años⁶ (^{Noticias CNMH, 2014}; ^{Verdad Abierta, 2016}; ^{Fuerzasmilitares.org, 2017a}; ^2017b). Estos ejercicios se inscriben en intereses similares a los antes expresados por el estamento militar y de policía.

La Comisión de la Verdad y el más reciente capítulo de las luchas por la memoria

Pese a la existencia de una clara división de funciones entre la Fuerza Pública y el poder civil, con una más o menos clara subordinación de la primera al segundo, las relaciones entre civiles y militares han tenido momentos de tensión, particularmente en el desarrollo de negociaciones de paz y el proceso de paz desarrollado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, entre 2012 y 2016, no fue la excepción (^{Cruz, 2015}; ^{Illera y Ruíz, 2018}). Dicho proceso tuvo dos características que deben destacarse para entender las actuales luchas por la memoria en Colombia: por primera vez se invitó a la mesa de negociación a militares retirados y activos (^{Cruz, 2015}; ^{Duzán, 2018}), con lo que se subsanó uno de los principales reclamos de los miembros de las fuerzas armadas frente a que no se les tenía en cuenta en el desarrollo de negociaciones con actores armados (^{Illera y Ruíz, 2018}). Por otro lado, es la primera vez que en Colombia se prescribe la formación de una Comisión dotada de legitimidad para hablar de la verdad de lo sucedido en el marco del conflicto armado. La invitación y participación de miembros de las fuerzas armadas en la mesa no eliminó las tensiones existentes y aunque buena parte de las mismas pueden concentrarse en lo que se refiere a la justicia (^{Illera y Ruíz, 2018}), los temores y reparos de los militares también tocaron a la Comisión de la Verdad (^{León, 2015}).

Las primeras tensiones alrededor de la construcción de verdad como parte del proceso de justicia transicional necesario para el desarrollo de lo que se ha llamado posconflicto, se presentaron cuando en marzo de 2015, en medio de los diálogos de paz, se discutían los alcances de la Comisión de la Verdad. En ese momento, el general Jorge Enrique Mora se retiró de la mesa de conversaciones, por no estar de acuerdo con que entre las funciones de la Comisión estuviera la de establecer responsabilidades colectivas e institucionales de quienes participaron el conflicto. De acuerdo con ^{León (2015)}, el general abogaba “por sustraer el elemento institucional” por considerar que las responsabilidades que en términos de violaciones de derechos humanos se le puedan adjudicar a las Fuerzas Militares, eran responsabilidad de individuos; no obedecen a un comportamiento institucional. El general retornó a la negociación, pero en el acuerdo final se consignó que entre las funciones de la Comisión de la Verdad estaría la de esclarecer y promover el reconocimiento de “las responsabilidades colectivas del Estado, incluyendo al Gobierno y los demás poderes públicos” (^{Santos y Jiménez, 2016}, p. 134).

En marzo de 2017 se instaló el Comité que fungió como comisión de escogencia de los comisionados de la verdad, los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz y la presidencia de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Los tres elementos esenciales del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición acordados en las negociaciones de paz de La Habana.

En ese momento, la legitimidad de la elección de los comisionados de la verdad preocupaba a distintos sectores del espectro político. La Mesa por la Verdad envío recomendaciones al comité de selección para que se garantizara la transparencia y la participación ciudadana en el proceso (^{IPC, 2017}) y reiteró su disposición a colaborar con el mismo, un hecho significativo en tanto que la misma está constituida por organizaciones como el Centro de Investigación y Educación Popular-CINEP, la Escuela Nacional Sindical-ENS, la Comisión Colombiana de Juristas-CCJ y el Instituto Popular de Capacitación-IPC, organizaciones que tuvieron gran protagonismo durante la década de los noventa no sólo en la defensa de derechos humanos, fundamentalmente en zonas de conflicto, sino también porque se vieron afectadas por las accionar de grupos paramilitares y agentes estatales (^{López, 2012}).

Aunque las disposiciones del proceso de selección de comisionados⁷ buscaron garantizar la legitimidad y reconocimiento de la Comisión⁸, después de algunos días de la firma del decreto que ordenó su constitución⁹ inició el debate (^{Revista Semana, 2017a}; ^2017b). La polémica se acrecentó en la fase final de designación de los comisionados, cuando hubo importantes cuestionamientos al comité de escogencia y por esa vía a los preseleccionados. De 199 personas que se postularon, el Comité citó a entrevista a 32, entre ellos no se encontraba ninguno de los generales que habían sido postulados por la reserva activa de las fuerzas militares. La decisión fue criticada por ACORE. Para Jaime Ruíz Barrera, presidente de la asociación, el problema era que las personas citadas a entrevista habían concluido que el Estado era responsable¹⁰; la comisión quedaría integrada “por una de las partes del conflicto”, por lo que les iba a tocar “a los militares rendirle cuentas al enemigo”. De acuerdo con las declaraciones del general retirado, las personas preseleccionadas eran parte de la “extrema izquierda radical”, y en adelante se enfrentarían a las Fuerzas Armadas desde la Comisión (^{La W, 2017}).

Según el Coronel Iván Calderón, quien lamentó no haber sido considerado para hacer parte de la Comisión como representante de la Reserva Activa, el Comité no ofrecía garantías debido a “sus inclinaciones hacia actores de línea socialista [y la exclusión de] gestores defensores de la democracia colombiana” (^{Departamento de Comunicaciones, 2017}). El general retirado Jaime Ruíz Barrera también cuestionó el Comité, pero esta vez desde una crítica directa a las Naciones Unidas y la Human Rights Watch por los errores cometidos en la elección del mismo, pues terminaron por designar a una persona cercana a la ETA y a un montonero. También se había equivocado quien eligió a “un señor” cercano a Sendero Luminoso (^{La W, 2017}).

En este contexto de luchas por la institucionalización de unas versiones del pasado en contraposición a otras, el cuestionamiento del órgano que eligió la Comisión de la Verdad, desde el lenguaje propio de la Guerra Fría, se tradujo automáticamente en el cuestionamiento a la legitimidad de la elección de todos los funcionarios encargados del sistema integral de justicia, verdad, reparación y no repetición.

El 9 de noviembre de 2017 se dieron a conocer los nombres de las once personas que conforman la Comisión de la Verdad, lo que generó variadas reacciones (Redacción Paz, 2017; ^{Hernández, 2017}). Una radiografía de las mismas pudo escucharse en el programa Hora 20, emitido el 9 de noviembre del 2017 en Caracol Radio, cuando Juan Carlos Flórez, uno de los invitados, abrió el debate con la reconstrucción de los perfiles de los comisionados según dos posiciones políticas contrapuestas, que los describen de manera “brutalmente distinta”:

Francisco de Roux [presidente de la Comisión de la Verdad] […] unos diríamos [que es]: un reconocido jesuita […], un estudioso del conflicto colombiano y un hombre que siempre ha trabajado los temas de pacificar el país. Y otros [afirmarían que es]: cura mamerto, casi que aliado del ELN […]

Alfredo Molano: un estudioso de la realidad colombiana […] [En la otra orilla afirmarían, un] apologista autodeclarado de la subversión […].

Marta Ruiz, […] ha hecho una trayectoria brillantísima desde Medellín hasta los más reconocidos medios periodísticos bogotanos. [Otros dirían]: exguerrillera, infiltrada en la Revista Semana.

[…] Eulalia Yagarí: […] una indígena que ha hecho un recorrido extraordinario; una luchadora por los derechos de su pueblo y [otros dirían]: una india izquierdista que quién sabe si no sería […] una guerrillera encubierta. (^{Calderón, 2017})

El invitado cerró su intervención lamentando la falta de reconocimiento de la importancia de esta Comisión de la Verdad para “exorcizar el pasado” y las formas en las que se hacía referencia a la misma (^{Calderón, 2017}). Pero, contrario a lo planteado por Flórez, en el marco de estas disputas más que el desconocimiento de la importancia de la Comisión lo que se evidenció, por lo menos entre sectores de las Fuerzas Militares y algunos actores políticos, fue la frustración frente a la imposibilidad de participar en un órgano habilitado y legitimado para dar una versión de lo sucedido en el marco del conflicto armado en Colombia.

Ello se manifestó una vez más en el malestar generado en algunos sectores políticos cuando se conoció la lista de los comisionados de la Verdad (^{Redacción Judicial, 2017}; ^{León y Darín, 2017}). De acuerdo con ¡PACIFISTA!, en el uribismo consideraron que el organismo podía convertirse en “un mecanismo para liquidar moralmente a los que desde la legalidad enfrentaron el terrorismo”. Desde esta colectividad también se afirmó que las personas escogidas tenían un sesgo de izquierda y marcadamente antiuribista (^{Staff ¡PACIFISTA!, 2017}). En la misma dirección, miembros de la Reserva Activa de las Fuerzas Militares dijeron que los comisionados no daban garantías ya que habían tenido vínculos directos o indirectos “con organizaciones que tradicionalmente han fungido como detractoras permanentes de militares y policías comprometidas en la seguridad, defensa nacional y la vigencia de la institucionalidad democrática” (subrayado en el texto). Finalmente, las fuerzas militares decidieron crear su propia comisión de la verdad, conformada por oficiales de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de reconocer las responsabilidades institucionales “frente a reclamaciones legitimas sobre presuntas violaciones a los derechos humanos” y aclarar la información presentada en los informes del CNMH (El Espectador, 2017).

Aunque las luchas por la participación en la Comisión de la verdad no dan cuenta de la posición de la totalidad del estamento militar, sí muestran las coincidencias entre algunos sectores de las Fuerzas Militares y el sector político representado en el Centro Democrático, contrario al proceso de negociación con las FARC. Estos sectores han sido afectos a la eliminación de la guerrilla por la vía armada y han cuestionado públicamente, tildando de guerrilleros o terroristas, a quienes les apuestan a la defensa de los derechos humanos, han señalado el accionar ilegal de las Fuerzas Armadas o cuestionaron las consecuencias de la apuesta de seguridad del gobierno de Álvaro Uribe.