Gobernanza desde el contexto digital

El campo de las nuevas tecnologías del manejo de datos aparece sobre el escenario mundial como ejes promisorios de una nueva era de precisión y objetividad en la política y la gobernanza, científicamente informadas para la sociedad de corte digital (^{Williamson & Piattoeva, 2018}).

Como es normal y cotidiano en los sistemas de administración occidentalizados, estos giran en torno al sistema privado o privatizado, donde los principales activos urbanos tales como la energía y las comunicaciones se encuentran regidas por consorcios privados, y algo similar es lo relacionado con la accesibilidad a los datos y sus limitaciones, tanto a escala como en volumen (^{Zhao, 2017}); pero que en relación a los procesos de gestión documentaria en las agencias públicas se puede acceder bajo un enfoque determinado por parámetros de una gestión urbana integrada y coordinada en tiempo y espacio, tal como lo expusieron ^{Ovando et al. (2018)}. También cabe resaltar sobre este punto que en el contexto de la gobernanza digital se han implementado una serie de trasuntos relacionados al plano neoliberal (^{Nosthoff & Maschewski, 2019}; ^{Zalnieriute & Milan, 2019}; ^{Pérez & Foronda, 2018}; ^{Schou & Hjelholt, 2018a}; ^{Gil-García, Dawes & Pardo, 2017}; ^{Sixin, Yayuan, Jiang & Yue, 2017}; ^{Marland, Lewis & Flanagan, 2016}). La neoliberalización de las políticas digitales se sustenta en el rol proactivo del Estado en la transformación de su política y políticas, principalmente a través del empleo de instrumentos de medición e indicadores (^{Giannone & Santaniello, 2018}).

Respecto al mecanismo de gobernanza empleado en el contexto actual, sobre qué doctrina es la que se está aplicando, ^{Aili y Nilsson (2016)} mencionaron en su trabajo que los profesionales del área expuestos a una creciente gobernanza y sus mecanismos derivados tales como documentación, legislación, enfoque de desempeño, entre otros, se sustentan en mecanismos de gobernanza neoliberal. Sin embargo, según lo argumentado desde el contexto danés por ^{Schou & Hjelholt (2018b)}, sobre las investigaciones existentes acerca de la ciudadanía digital, aún no logran establecer conexiones de manera sostenida, ya que todavía no hay un panorama claro sobre las políticas que deben agenciarse al ciudadano digital; a pesar de la concepción de ciudadano digital neoliberalizado que se encuentra sujeto a poder ejercer sus potencialidades digitales.

La Internet debe entenderse en su aplicabilidad en el campo social, y ello dependiendo de su empleo, como herramienta o mecanismo que puede desestabilizar o desafiar al gobierno o en el mejor de los casos el instrumento que acuda en su auxilio al ayudarlo a interconectarlo, especialmente a las autoridades locales, con los ciudadanos, o al menos servir como una herramienta para que el Estado involucre a la ciudadanía (^{Han & Jia, 2018}). Al respecto, pensar en la forma y el significado de las transformaciones digitales, ^{Flyverbom, Deibert & Matten, (2019)} mencionaron que deben considerarse dimensiones tan diferentes como el tamaño y el dominio de los gigantes de Internet, la disrupción de los mercados y las industrias, la naturaleza de las nuevas adquisiciones y los monopolios. Este último aspecto es de crucial importancia para poder gestionar plataformas que se fusionen a sistemas digitales masivos requeridos para una adecuada administración del flujo de datos administrativos, de evaluación y del personal, que son de gran utilidad en la gestión y control de sistemas, instituciones e individuos (^{Williamson, 2016}). Al respecto, ^{Constantinides, Henfridsson y Parker (2018)} mencionaron que la plataforma digital en sí misma no necesariamente tiene activos físicos en forma de recursos de infraestructura, ni generar valor a través de la venta de producto; motivo por el cual su implementación conlleva a un nivel de desempeño orientado a la optimización, tal como lo manifestaron ^{da Silva, Ribeiro, Soares y do Nascimento (2019)} en un trabajo realizado en Brasil acerca de la aplicación de las nuevas tecnologías al campo de la gobernanza, cuyos resultados fueron muy promisorios ya que promovieron el alineamiento continuo de los procesos de las organizaciones en el marco digital como hecho trascendente en el proceso de gestión organizacional. Resultados similares se exhibieron con antelación por ^{Botchway, Boateng y Kwofie (2016)} en Ghana, donde apuestan por el gobierno electrónico, a pesar de que implica múltiples etapas de desarrollo, puede generar muchos beneficios para los diversos sectores del país.

Respecto a un punto de vista diferente, ^{Clarke, Lindquist y Roy (2017)} manifestaron: ¿Cómo están afectando las tecnologías digitales a la gobernanza democrática en Canadá, y cómo podría la era digital reforzar o socavar nuestras instituciones públicas y nuestra capacidad colectiva de resolución de problemas en los próximos años? Las empresas privadas deben someterse a la legislación de los países en los que ofrecen servicios, donde dichas leyes pueden variar ampliamente e influir en diversos aspectos de los servicios, desde la eliminación de contenido hasta el manejo, la retención y el intercambio de datos de los usuarios, hasta la censura y la vigilancia (^{Flyverbom et al., 2019}).

Por medio del flujo continuo de datos abiertos las condiciones de buen gobierno, bajo dichos parámetros, deberá encontrarse vinculado con procesos exitosos de emprendimiento digital, la vitalidad de un sector tecnológico local y la integración exitosa de los activos de datos públicos en servicios de software patentados (^{Barassi, 2019}; ^{Barns, Cosgrave, Acuto & Mcneill, 2016}). De acuerdo con la tendencia del big data, ello se ha establecido ampliamente en China donde se formó un sistema comercial heterogéneo por medio del cual se generaron datos masivos en diversos formatos, por lo que se requirió el surgimiento de un nuevo patrón de gobernanza basado en el tratamiento de los recursos de información del gobierno, es decir, los centros de servicios de big data y el manejo de archivos inteligentes que derivarán en bucles para almacenamiento, acceso, utilización y preservación a largo plazo de recursos de data gubernamental (^{Ju, Liu & Feng, 2019}; ^{Singh, 2019}; ^{Barreiro, 2018}; ^{Sixin et al., 2017}).

El modelo de ciudad interactiva, en tiempo real, donde el empleo de datos en tiempo real pone de manifiesto los detalles sumamente complejos de sistemas de redes a pequeña y gran escala sobre las que se sustentan actividades tales como transporte, comercio electrónico, entre otras; son muy obvias que están al servicio de la comunidad de dicho entorno en su conjunto (Silva, Khan & ^{Han, 2018}; ^{Flyverbom et al., 2019}; ^{Barns et al., 2016}; ^{Botchway et al., 2016}) y que bajo dicho parámetro tiende a obcecar con una óptica sencilla y simplista sobre la relación causal que ocurre entre el acceso a la data y las tomas de decisiones a nivel urbano interactivo; mas dicho servicio en relación al ciudadano no debe ser percibido como algo rutinario o simple, sino que el acceso al conjunto de datos integrados en tiempo real debe asumirse desde la acción ejecutiva del ente encargado, con un sesgo hacia la población, concibiéndose este aspecto como un límite administrativo de acceso a información sobre aquellos datos a los que no se les ha asignado los respectivos niveles de accesibilidad (^{Barns, 2016}). Sobre este punto, hay que tomar el ejemplo del modelo chino que, bajo un marco de políticas trazadas para un gobierno electrónico, ha delimitado diversos niveles y rubros a fin de gestionar una mejor y más eficiente capacidad administrativa, con la respectiva prestación de servicios a la ciudadanía y su involucramiento al sistema (^{Han & Jia, 2018}).

La política de la ciudad digital se estructura en torno a un panorama de gobernanza altamente diferenciado. Las ciudades inteligentes integran varios subsistemas en la capa de aplicación para ofrecer servicios oportunos y confiables (^{Silva et al., 2018}). Lo referente a los datos públicos, y cómo se utilizan, ha sido un área muy fructífera de investigación que, a pesar de existir en el medio varios trabajos al respecto, continúa en un proceso de evolución constante (^{Felix, Rauschnabel & Hinsch, 2017}; ^{Barns, 2016}; ^{Choi, 2016}). Ahora bien, si se asumen de forma conveniente el aspecto político-económico, se debe de dar una aproximación a los mecanismos que permiten la implementación y costes del almacenamiento de datos, según sea los requerimientos del sistema y la aplicabilidad de los mismos; ya que si bien existen programas de data abierta al público, estos deberán encontrarse en un formato conveniente y amigable con los usuarios y legibles por los sistemas empleados (^{Spante, Hashemi, Lundin & Algers, 2018}), con la finalidad de implementar el desarrollo promisorio de más mercados sustentados en activos de datos públicos, que algunos investigadores como ^{Paschoal y Wegrich (2019)}, ^{Schou y Hjelholt (2018b)}, ^{Williamson & Piattoeva (2018)} o ^{Zhu y Peters (2018)} han tenido a bien en denominar como mecanismos de gobernanza digital por código. Quizás más que promover la responsabilidad del gobierno y el compromiso orientado a los ciudadanos, está la reconstitución del papel del gobierno pueda ser el mayor legado de los programas de datos abiertos (^{Barns, 2016}).

Otro aspecto en tomar en cuenta en relación a la gobernanza digital es el asumir la idea del ciudadano digital y la ciudadanía digital. Al respecto, ^{Han & Jia (2018)} explicaron que la Internet puede haber transformado la interacción entre el Estado y la sociedad en China, especialmente al empoderar a los ciudadanos; lo que resulta altamente significativo en visos de concretar una ciudadanía digital, ya que los avances progresivos y acelerados de las tecnologías digitales contribuye a cambios estructurales masivos que repercuten en la economía global (^{Hansen, 2019}). Por su parte ^{Akcil, Altinay y Altinay (2016)} se refirieron sobre la idea tradicional de ciudadanía limitada por las fronteras, superpuesta por el concepto de la ciudadanía digital, en la cual todos los ciudadanos del mundo puedan emplear similares plataformas digitales, ya que al encontrarse en capacidad de emplear las novedosas tecnologías digitales, en diversas locaciones en el planeta, pone en evidencia que todos los ciudadanos del globo pueden ser considerados ciudadanos digitales y con ello gozar de derechos y responsabilidades iguales (^{Bellanova, 2016}). Las ideas normativas específicas vinculadas a la ciudadanía digital mediante la formulación de políticas nacionales muestran cómo se ha manifestado en el marco legal y tecnológico, derivando a nuevas prácticas gubernamentales puedan implementarse en las instituciones existentes del sector público, ya que la reestructuración del modo de gobernanza permite la consolidación de la ciudadanía digital (^{Knox, Williamson & Bayne, 2019}; ^{Huygh & De Haes, 2019}; ^{Pérez & Foronda, 2018}; ^{Felix et al., 2017}).

Con relación a la temática sobre la exclusión social, que según lo expuesto por ^{Fuente (2017)}, se toma como desafío en todas las agendas de política social, sean de carácter nacional o internacional (^{Echalar e Peixoto, 2017}). Además, en relación con la brecha digital, puede mencionarse una serie de situaciones variopintas, tales como la de los individuos con discapacidad (^{Fuente, 2017}; ^{Hepburn, 2018}), en especial los niños, han tenido y tienen dificultades para materializar sus derechos en la era digital, al igual que sus sociedades, ya que son pasibles de vulnerabilidad por lo que requieren de apoyo para un acceso con equidad a las tecnologías digitales (^{Alper & Goggin, 2017}). Igualmente, frente a la situación de los migrantes digitales, el cerrar la brecha digital en torno de los mismos y su adaptación al panorama cambiante de la ciudadanía digital (^{Salemink, Strijker & Bosworth, 2017}), es otro dilema de gran envergadura al cual los europeos a través de una serie de medidas (programa europeo Horizonte 2020), integran una enorme masa de individuos a fin de empoderarlos en relación con las nuevas tecnologías (^{Janowski, Estevez & Baguma, 2018}; ^{Neufeld & Delcore, 2018}; ^{Fuente, 2017}).

Gobernanza de la educación bajo la política digital

Un hecho trascendente acerca de la investigación educativa se encuentra, en gran medida, desconectada del análisis de los estudios sociológicos de datos, especialmente aquellos que se sustentan en la sociología de la cultura y práctica digitales que, según lo estipulado por ^{Ozga (2015)}, buscan la apertura de “la caja negra” de los datos digitales para develar el quid del trabajo político que facilitan el tratamiento de datos, a fin de definir lo conocido y conocible en la sociedad contemporánea. ^{Williamson (2015)} puso de relieve que lo relacionado con las tecnologías de bases de datos digitales son herramientas imprescindibles para generar, analizar y difundir una cantidad de data necesaria para gobernar la educación (^{Bianchi & Sousa, 2016}). Por ejemplo, en relación con la información estadística, que guarda cierta apariencia de objetividad, son elementos que se integran positivamente en relación con el establecimiento y formulación de políticas educativas, asumiendo los activos escolares como aulas y escuelas, como plataformas de datos para reconfigurar la realidad educativa en data numérica que aporte al análisis de datos para poder seguir ajustando mecanismos y políticas cada vez más efectivas (^{Emejulu & McGregor, 2016}).

^{Ozga (2015)}, realizó un intenso análisis crítico de diversos trabajos cuestionando a su vez los estándares de muchos de ellos en relación al tratamiento de datos digitales en relación a los procesos educativos o escolaridad, estimando parámetros tales como la ponderación, compilación, análisis e informes generados en dichos contextos que estuvieron orientados a la comprensión y optimización de los procesos de aprendizaje y los entornos donde este proceso se desarrolla, empleando para ello técnicas modernas tales como la minería de datos y tratamiento de grandes volúmenes de data que en los supuestos se encuentran supeditados a mejoras sustantivas a nivel de eficiencia, competitividad al momento de evaluar el desempeño de alumnos y maestros.

Según la percepción del manejo de grandes volúmenes de información digital que va desde la generación, aglomeración, procesamiento y tratamiento analítico que se hayan generado a nivel local, regional, nacional o internacional permitirán soluciones viables a los problemas del campo de la escolarización (^{Maltese & Giunchiglia, 2016}). Lo que en un principio se estimó como una labor de conocimiento de la realidad de un entorno y su problemática, abordada desde las medidas políticas más convenientes, en la actualidad se subordina a patrones de datos e información generados y del cómo se materialice su interpretación, hecho que se establece desde el sustento técnico de soportes informáticos y los mecanismos de codificación de la data generada para utilizarse según se estime conveniente. De este aspecto, nace cómo situar la discusión de los datos dentro de un marco conceptual más amplio de la problemática de gobernar y su relación con el conocimiento. “Educational digital data are not novel in themselves” [Los datos digitales educativos no son novedosos en sí mismos] (^{Williamson, 2015}, p. 16). Según dicho autor, todo lo referente a la recopilación y digitalización del conjunto de datos educativos de carácter masivo tiene una vasta historia que abarca ya casi un siglo. Sobre dicho proceso, se recalca que ello no es tan significativo como el tratamiento de datos digitales que va desde el análisis, visualización, predicción y prescripción para ejercer un gobierno educativo digital contemporáneo que sea maleable en función del empleo de herramientas funcionales de gestión de políticas públicas emergentes que pueda aprovechar de forma significativa elementos como las redes sociales y la masividad de datos. La gobernanza educativa precisa con mayor avidez de la exploración de soportes de datos socio-técnicos e instrumentos de política digital de carácter operativo.

De acuerdo con ^{Williamson (2015)}, los asuntos relacionados con la educación, a pesar de que generan una gran cantidad de data, son cada vez más fáciles de ser rastreados, minados y esquilmados sin el más mínimo esfuerzo. Siempre es posible rastrear datos legibles por medio de algún sistema desarrollado por alguna compañía. A pesar de que estas prácticas no son novedosas en el contexto europeo, permite enmarcar un derrotero adecuado de una forma novedosa de praxis de gobierno educativo, distinto a lo conocido, ya que se afianza cada vez más el empleo de políticas sustentadas en datos digitales a fin de conseguir una adecuada auditoría de forma constante, orientada a monitorear las acciones estudiantiles a tiempo real y tomar medidas susceptibles de intervención pedagógica. Por consecuencia, el examen de los asuntos relacionados con la gobernanza educativa se sustenta en la exploración de soportes e infraestructuras de datos y la generación de instrumentos de políticas digitales que lo harán cada vez más efectivo en sus operaciones (^{Flyverbom et al., 2019}).

Según lo manifestado por ^{Decuypere (2016)}, la gobernanza educativa es cada vez más afecta a los mecanismos sustentados en medios digitales, ya que el campo de las oportunidades y sus posibilidades en función de los dispositivos digitales se han puesto al servicio de las organizaciones políticas tanto local como internacionalmente, tal como es el caso del panorama europeo que ha tenido a bien en la revaloración del rol funcional de los dispositivos digitales (Dahya, 2016); de forma especial, aquellos basados en plataformas web en relación a la gobernanza educativa de dicha región donde se han adaptado una vastedad de dispositivos digitales como servidores web, bases de datos digitales de acceso abierto, sitios web, entre otros, como herramientas eficaces para la distribución del conocimiento educativo a los interesados (^{Cushing & Shankar, 2018}) y con ello la participación efectiva de expertos que permiten la difusión y acercamiento a dichas políticas que se han adoptado de acuerdo con las necesidades del público. Al respecto, su análisis sobre la funcionalidad de los sitios web y su vinculación con la gobernanza educativa se asumió como un trasunto de gran complejidad multinivel (^{Spencer, 2017}).

Un efecto de la evolución de dichos preceptos, lo mencionan ^{Bejou & Bejou (2016)} sobre la aplicación de un sistema de gobernanza compartido genuino desarrollado por sus constituyentes que, en su praxis de más de 14 años, ha sido adoptada para consolidar un equilibrio y resultados sorprendentes sobre la excelencia académica, facilitando y apoyando el crecimiento de la universidad, así como expresión artística, académica e investigativa. Ahora bien, pasando al ámbito europeo, ^{Giannone & Santaniello (2018)} mencionaron que el asunto es muy parecido al hecho anterior, ya que en su extensa revisión de estudios sobre los indicadores de aspectos políticos de la medición y el poder gubernamental de estados miembros de la Unión Europea (UE), en relación con las políticas digitales refleja una visión neoliberal del cómo debería ser la Europa digital. “It is hard to imagine any government function or governance process that does not involve extensive use of information and technology”. [Es difícil imaginar una función gubernamental o un proceso de gobernanza que no implique un uso extensivo de la información y la tecnología.] (^{Gil-García et al., 2017}, p. 1).

De acuerdo al contexto de la dinámica de la gobernanza educativa de la región europea, han visto la enorme necesidad de la implementación, desarrollo y difusión de sitios web para poder gobernar el campo educativo, según lo investigado por ^{Decuypere (2016)}. Un ejemplo viable para tener una idea sobre los aspectos de digitalización de la gobernanza educacional es lo que referenció ^{Williamson (2016)} acerca del portal denominado Education GPS (http://gpseducation.oecd.org/), desarrollado por la OCDE que interactúa como portal de acceso público, por el cual se puede acceder a una vastedad de data a gran escala tales como encuestas, pruebas, entre otros.

^{Williamson (2016)} ha comentado que se han desarrollado una serie de trabajos relacionados con métodos científicos de datos que, a pesar de haber sido ensayados, reconocidos en importancia por la ^{OCDE (2015)}, aún no hay una clara distinción entre aquello que funciona en relación con los enfoques de políticas científicas de datos que movilizan el conocimiento de las habilidades sociales y emocionales que puedan generar información conveniente para la política y práctica educativas. Quizás dicho asunto se aborda en su objetividad desde la óptica científica que visualiza aquello que funciona o es adecuado como el logro de una serie de configuraciones complejas, del empleo de estándares adecuados y un aparato de sistematización de la información con la consiguiente taxonomía de procesos; pero que en función del logro social aún dista de mantener un sesgo inclusivo como conocimiento relevante para las políticas, ya que la objetividad científica de los datos que busca la política educativa es el resultado de las prácticas de estandarización y cuantificación implementadas para resolver las controversias sobre la definición y medición de las cualidades humanas al convertirlas en categorías y números (^{Safavi & Håkanson, 2016}). En dicho sentido, aquello que funciona como entidad objetiva relevante para la política y conocimiento de la política científica de datos es el producto contingente de procesos prácticos, técnicos, que ejercen un poder e influencia considerables en política educativa (^{Williamson & Piattoeva, 2018}).