Introducción

El ejercicio y la reflexión del trabajo social, en tanto profesión y disciplina, se enfrenta con las expresiones de la cuestión social, ligadas al mundo del trabajo y sus transformaciones. Este fenómeno se define por el agotamiento del patrón fordista keynesiano en los países del centro a finales de los años setenta, lo cual trajo a la superficie el aumento exponencial del desempleo. Aliado a la tercera revolución tecnológica y a la reestructuración productiva, el desempleo pasa a ser uno de los mayores problemas sociales. No por casualidad, a partir de 1970, en consonancia con el ajuste estructural propuesto por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), algunas medidas se crearon para combatir el desempleo, ejemplo de ello, son las reformas en la legislación laboral en los países de la periferia. Se suma a esto el hecho de que en los países de la periferia las relaciones de trabajo fueron marcadas por la superexplotación del trabajo. De acuerdo con ^{Marini (1981)}, las condiciones de trabajo desarrolladas en América Latina se caracterizaron por bajos salarios y jornadas extensas, limitando la supervivencia mínima como fuerza de trabajo apta para producir y reproducirse en el modo de producción capitalista.

En estos países, la industrialización quedó dependiente de las grandes potencias, marcando definitivamente la inserción en la división social del trabajo de forma subalterna y desigual. Se suma a esto, el hecho de una perspectiva desarrollista que colocaba la integración nacional por la vía exclusiva del desarrollismo, pero que quedó abortada por los golpes militares, destacando Brasil en 1964 y Chile en 1973¹. Por lo tanto, la miseria y la pobreza pasan a ser consideradas como problemas naturales y no de orden político y económico. Con la implementación del ideario neoliberal, esa realidad se agravó. Los países de la periferia fueron convocados a pagar por la crisis fiscal y contribuir al buen funcionamiento de la economía mundial. En este sentido, las orientaciones de las agencias multilaterales son para revertir contratos y leyes laborales, acentuar el apriete salarial, promover superávit primario, retirar inversiones de las áreas sociales y, al mismo tiempo, invertir en política de generación de empleo. Por lo tanto, las políticas de generación de empleo se consolidaron en América Latina junto a los cambios en las leyes laborales y desregulación del mercado de trabajo. En ese sentido, esta investigación documental pretende destacar los impactos de los cambios para garantizar la superexplotación del trabajo y la no generación de empleo, a contracorriente de lo que argumentan los gobiernos de los países en estudio.

La metodología utilizada se basa en una lectura sobre los documentos primarios y secundarios publicados por los organismos oficiales de los dos países, así como de otros investigadores sobre la temática en cuestión. No es una investigación comparativa, solamente interesa señalar los elementos comunes de la política de empleo y su relación con la superexplotación del trabajo. Para el trabajo social la discusión presentada es muy importante porque permite comprender la naturaleza de las políticas y reformas laborales para proponer medidas más eficaces de evaluación y acciones para beneficiar la población. Como forma de exposición del problema, dividimos el artículo en cuatro tópicos. El primero presenta resumidamente el proceso de formación de las economías de los países de América Latina y la sobreexplotación del trabajo; el segundo tópico, por su parte, se detiene en la política neoliberal y sus directrices para los países latinoamericanos. En el tercero se aborda una caracterización de los cambios y reformas laborales en Brasil y Chile como refuerzo de la superexplotación del trabajo y, finalmente, una breve conclusión.

La dependencia y la sobreexplotación del trabajo: rasgos fundantes de la formación latinoamericana

De acuerdo con ^{Marx (2013)} el presupuesto fundamental del modo de producción capitalista es la acumulación de capital. Para garantizar la acumulación, el capital implementa algunas estrategias como la utilización de fuerza de trabajo femenina y juvenil, el trabajo esclavo, precario o mal remunerado, la formación de excedentes de trabajadores para mantener el valor de los salarios bajos, el avance tecnológico, la expansión de la producción para naciones menos desarrolladas, entre otras. En busca de los superlucros, los capitalistas también buscan la formación de monopolios concentrando y centralizando la producción de mercancías y, consecuentemente, de renta. Se suma a esto, la subordinación de los gobiernos de países menos desarrollados a los dictámenes del capital monopolista que tiene en el Estado su brazo legitimador, proponiendo reformas y leyes laborales, suministro de crédito y subsidios al gran capital, construcción de redes de transporte y comunicación para la circulación del capital, la exención de impuestos, incentivos para el desarrollo de nuevas tecnologías, etc. Estas medidas tienen por objeto favorecer los superlucros del capital.

Esta búsqueda es apuntada por ^{Mandel (1982)} como un estímulo fundamental para las inversiones capitalistas, los cuales sin la presencia del Estado sería inviable. ^{Marx (2017)} señala que cuando hablamos de los capitales invertidos en las colonias “ellos pueden producir tasas de ganancia más altas porque en esos lugares, en general, debido a su bajo desarrollo, la tasa de ganancia es más alta” (p. 277). Tal capital, bajo los presupuestos de la libre competencia, contribuye, así como los demás invertidos internamente, para la nivelación de la tasa general de ganancia. Así,

Cuando la tasa de ganancia es más alta por el hecho de serlo siempre en los países coloniales, esa tasa más alta puede perfectamente coincidir ─si en esos países se presentan las condiciones naturales favorables a ello─ con precios más bajos de mercancías². (^{Marx, 2017}, p. 277)

Este movimiento puede percibirse por la tendencia de crear fuentes de riqueza que favorecerá que algunos países se consoliden como potencias económicas y otros como países subdesarrollados, dependientes, periféricos y subordinados al envío de riquezas a dichas potencias económicas. Este movimiento se vuelve aún más evidente en el período de la primera guerra mundial cuando, según ^{Lenin (1979)}, el mundo se repartió entre colonizadores y colonizados y el capital financiero, fusión del capital bancario con el capital industrial, se convierte en la forma predominante de acumulación. Esto abre el análisis del sistema mundial capitalista, el cual se “conforma como unidad diferenciada de diversas formas de capitalismo, interdependientes, siendo el capitalismo desarrollado y el dependiente las formas fundamentales” (^{Osorio, 2018}, p. 166).

Cada una de estas presenta connotaciones específicas, así, en el caso de la forma capitalismo dependiente, posee leyes propias de desarrollo y contradicciones específicas.

En los países de Latinoamérica, cuyo proceso de colonización ocurrió mucho antes de la primera gran guerra, la industrialización no se desarrolló como en las grandes potencias económicas. Este retraso puede ser explicado, según ^{Marini (1981)}, por el hecho de que en estos países el desarrollo del mercado interno ocurrió solamente en el período de entreguerras, debido a las dificultades de comercio con las potencias económicas. Hasta el período de entreguerras, la industrialización estaba subordinada a los intereses de los países económicamente más desarrollados, revelándose como una actividad subordinada a la exportación de bienes primarios. Como bien destacó Marini (1981), en países dependientes, como es el caso de los países latinoamericanos, el desarrollo de la industrialización quedó subordinado a los países del centro, configurándose como productor y exportador de bienes primarios, siendo este el mecanismo fundamental para el proceso de acumulación en estos países.

A esto se debe el papel que las burguesías locales ocuparon en la transición del modelo minero-agroexportador a un modelo de industrialización. En la mayoría de los países dependientes, la burguesía renunció a la tarea de una revolución burguesa, delegando al Estado la tarea de promover los cambios necesarios para la modernización capitalista. La alianza de la burguesía de los países latinoamericanos con el capital internacional será una marca de estas formaciones sociohistóricas. Es decir, no hubo cambios que incluyeron a las masas populares, ni por la vía del consumo ni por la vía de las políticas sociales, lo que fortaleció la ausencia de reforma agraria y de soberanía científica y tecnológica (aun cuando en el caso chileno la reforma agraria avanzó efectivamente con la llegada de la Unidad Popular³ al gobierno). ^{Martins (2013)} considera que estos elementos hicieron que los países latinoamericanos fueran convertidos en oligarquías primario-exportadoras. Incluso con la industrialización naciente en la periferia este cuadro no se alteró, permaneciendo las condiciones de dependencia, pero con la idea de que el retraso era consecuencia de la ausencia de desarrollo económico capitalista. Así, se crearon mecanismos en que la condición de superación del cuadro de país dependiente se daría por la vía exclusiva del crecimiento económico capitalista (^{Marini, 1981}). Fueron estas tesis las que alimentaron los gobiernos de los países latinoamericanos y que en Brasil y Chile, según ^{Sampaio Jr. (2012)} se cierra con los golpes de 1964 y 1973, dando lugar a la imposición de un capitalismo asentado en el autoritarismo y gobiernos en que se profundizan las relaciones de trabajo superexplotadas.

^{Marini (1981)}, considera que en los países dependientes la superexplotación del trabajo es una característica de la relación laboral. En este aspecto, ^{Osorio (2018)} nos recuerda que en El Capital también se apuntan señalamientos respecto del pago de salarios por debajo del valor de la fuerza de trabajo y no solo el pago de la fuerza de trabajo por su valor. Especialmente nos dice que para determinar el valor de la fuerza de trabajo en Marx, es necesario considerar el valor de los medios de vida necesarios para asegurar la subsistencia de su poseedor, y que el modo de satisfacer las necesidades (alimentación, vivienda, vestirse, educarse, de salud, ocio, descanso) para este y su familia son producidos históricamente. Así, si la

prolongación de la jornada de trabajo y la elevación de la intensidad operan en la esfera de la producción, afectando al valor total de la fuerza de trabajo y sus propias condiciones de vida a futuro, ahora en la circulación, al momento mismo de la compra de la fuerza de trabajo, el capital puede adquirirla por un salario por debajo de su valor. Es la forma más burda y visible de la superexplotación. (^{Osorio, 2018}, p. 159-165)

En relación con ello, y siguiendo a ^{Marini (1981)}, podría decirse que en el capitalismo dependiente existen condiciones objetivas, en que el mecanismo fundamental de explotación del capital será constituido por la superexplotación. Señala tres factores: el primero es la ruptura del ciclo del capital presente en los patrones de reproducción venidos desde los procesos de independencia, donde la vocación exportadora y la estructura productiva de estos, no permite que los trabajadores tengan un

Papel relevante en la realización de los bienes producidos por las empresas de punta de la acumulación, (así) el capital puede operar con mayores espacios para implementar las diversas formas de la superexplotación, en particular el pago directo de la fuerza de trabajo por debajo de su valor y la prolongación de la jornada laboral. (^{Osorio, 2018}, p. 169)

El segundo factor es que el capitalismo dependiente sufre pérdidas de valor en el mercado mundial, por medio de transferencias y el intercambio desigual, pero estas pérdidas son de algún modo repuestas mediante la apropiación que hace el capital del fondo de consumo de los y las trabajadores o de la apropiación -en el presente- de los años futuros de trabajo y vida, mediante la extensión de las jornadas e intensificación del trabajo. El tercer factor, es la abundante mano de obra generada en el capitalismo dependiente, constituyéndose en una fuerza que emplea el capital para presionar las condiciones de trabajo y salariales de los trabajadores activos (^{Osorio, 2018}).

Osorio llama la atención sobre la categoría de superexplotación, como fundamental para explicar, tanto la reproducción del capital en las economías dependientes, como el proceso de acumulación de capital a nivel del sistema mundial. En el caso de las primeras, lo es:

Entre otras razones porque limita el aguijón productivista y debilita la tendencia a generar tecnologías y nuevos equipos en este capitalismo, al tiempo que subsume al grueso de la población trabajadora a condiciones de trabajo predatorias y de vida, marcadas por la apropiación de parte del fondo de consumo. (^{Osorio, 2018}, p. 180)

Así, la superexplotación en la periferia del capital será un elemento fundamental para garantizar los efectos de la contratendencia de la caída de la tasa de ganancia, pues el abaratamiento de la fuerza de trabajo, la reducción de los salarios y mayor explotación del trabajador se convertirá en un oasis para el capitalista que encuentra en los países dependientes una superpoblación relativa en proporciones mucho mayores que aquellas encontradas en las grandes potencias. Esta parte de la población sobrante se manifiesta, sobre todo, en la fracción estancada de esa superpoblación, convirtiéndose en una masa de trabajadores no empleables y sobrantes que solo podrán sobrevivir gracias a las políticas de combate a la pobreza.

El recetario neoliberal y las directrices para los países de América Latina

El agotamiento del patrón fordista / keynesiano en los países de Europa sacó a la luz el cuestionamiento de la etapa de acumulación capitalista de la Segunda Guerra. Los elementos que propiciaron este patrón pueden percibirse en el conjunto de medidas macroeconómicas de regulación estatal y en las inversiones públicas y privadas de forma a no generar ociosidad de la producción. En este sentido, los países de Europa lograron recuperar sus economías con fuerte regulación estatal sobre el trabajo y el capital y desarrollaron un conjunto de leyes y políticas laborales para impulsar el consumo y la producción de masa típicos del fordismo. Las tasas de desempleo también cayeron vertiginosamente llegando a porcentuales que oscilaban entre el 2 y el 4% en los países que experimentaron el Welfare State. La adopción del Estado regulador, sin embargo, no agradó a los economistas liberales ortodoxos, quienes bajo la inspiración de Hayek y en la teoría de Milton Friedman, acogieron la tesis de ruptura con la heterodoxia keynesiana (también liberal), inspiradora de los modelos de Welfare State en Europa, y la implantación de la ortodoxia liberal, ahora reinventado sobre el nombre de neoliberalismo.

Desde entonces, países de diversas regiones del planeta se dedicaron a hacer lo que quedó denominado de ajuste estructural⁴. Este ajuste, aún en curso, promueve una serie de cambios en la gestión del bien público. La necesidad de equilibrar la balanza de pagos impone una rígida disciplina presupuestaria que pasa a privatizar toda y cualquier empresa pública con la argumentación de baja rentabilidad de estas y en la necesidad de generar recursos para cubrir los enormes déficits públicos ocasionados por los gastos excesivos del Estado. En esta lógica está la defensa intransigente de la generación de un superávit primario. En lo que se refiere a la apertura comercial, esta también asumió un protagonismo importante y representó, sobre todo para los países de la periferia, como en el caso de Chile y de Brasil, una nueva colonización y el refuerzo de la dependencia; pues mientras que la apertura comercial era ilimitada para países de la periferia, los países del centro protegían sus economías con restricciones aduaneras y arancelarias. Otro aspecto importante de las medidas neoliberales impulsadas fue la defensa de la desregulación laboral y financiera. En la primera es importante resaltar que en los años 90 en Brasil y 1980 en Chile, se observó un incremento de políticas de generación de empleo y renta, combinadas con procesos de despido masivo, flexibilización de contratos y leyes de trabajo, provocando en estos países mayor precariedad de las condiciones de vida y de trabajo de la clase trabajadora. Como estos países no construyeron un marco de políticas sociales, -propias de las naciones centrales de la postguerra con Estados más fuertes-, que garantizaran la permanencia del trabajador en el consumo, conllevó a la sobreexplotación del trabajador, permitiendo la prolongación de la jornada de trabajo y la retirada de los escasos derechos laborales.

Bajo las políticas neoliberales, que impulsan la desregulación financiera se asiste a un predominio del capital rentista, portador de intereses, con fuerte retracción del sector industrial, lo que culmina en la pérdida de muchos puestos de trabajo y en la mercantilización de servicios sociales como salud, educación y previsión social. Todo pasa por la lógica de la financiación especulativa alimentada por el fuerte endeudamiento externo e interno y por las políticas de altos intereses, que compromete un enorme porcentaje del presupuesto para el pago de intereses y amortizaciones del FMI. De acuerdo con ^{Sampaio Jr. (2012)}, adquiere un carácter particular la forma como los países de América Latina se desarrollaron, pues, la lógica del desarrollo desigual y combinado de los países latinoamericanos puede encontrarse en la relación de desigualdad entre las clases y la situación de dependencia externa.

Reformas laborales en Brasil y Chile en la contemporaneidad: consolidación de la superexplotación del trabajo en América Latina

En el caso de Brasil, las reformas laborales ganan fuerza a partir de los años 90, cuando comienza el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (FHC) y la consolidación del ajuste estructural en el país. Hasta entonces, no existía una preocupación de los gobiernos brasileños con políticas de generación de empleo (^{Oliveira, 2017}). Estas siempre estuvieron subordinadas a las políticas económicas de crecimiento económico. Fue así, en los gobiernos desarrollistas de pre-dictadura y, posteriormente, en los gobiernos de la dictadura cívico-militar. Con todo, cuando se termina el periodo dictatorial en Brasil, el país se encuentra hundido en una enorme crisis económica y social, con millones de brasileños hambrientos, analfabetos y sin acceso a servicios básicos como salud, educación, transporte, energía eléctrica y saneamiento básico (Oliveira, 2017). Con el proceso de redemocratización, esta condición no se altera, prevaleciendo la sobreexplotación del trabajo, la alta desigualdad y concentración de renta.

Se suma a ese hecho los cambios ocurridos en los países centrales y las directrices para la adopción de medidas de contención de gastos, propuestas por el FMI y el BM, cuyo parámetro es -sobre todo- la reducción de los costos del trabajo formal (inclusive en países que nunca tuvieron relaciones rígidas y protegidas como los países latinoamericanos) que, según ellos, fue el resultado de una política de bienestar y de los altos costos del trabajo. Por tanto, compete a las autoridades estimular el trabajo informal que en los países en desarrollo desempeña un papel fundamental en la generación de empleo y renta.

Fue en esa dirección que los gobiernos brasileños iniciaron un proceso de flexibilización y desregulación de la legislación laboral y, al igual como ocurrió en la mayoría de los países capitalistas occidentales, esta flexibilización caminó en el sentido de crear tipologías de contratación que diesen mayor “libertad” tanto a los trabajadores como a los empleadores, haciendo el mercado de trabajo más dinámico y así generar más empleos. Es en este sentido, que el Estado brasileño establece la creación de los contratos por tiempo determinado, el contrato parcial, temporal, las cooperativas de trabajo, el trabajo-práctica, la suspensión del contrato y -posteriormente- la economía solidaria en el gobierno de Lula. Estas modalidades de contratación fueron elementos fundamentales para asegurar esta etapa de acumulación que, en Brasil, así como en Chile vino para consolidar la subsunción total del trabajador al capital (^{Tavares, 2004}).

En este período también se desarrolló una perspectiva de incentivo al emprendimiento y la cualificación, creyendo que el desempleo estaba asociado a la poca iniciativa individual del trabajador o a la baja formación de la fuerza de trabajo. Aliado a los medios de comunicación y al sistema de enseñanza busca crear la idea de que cada brasileño puede desarrollar su propio negocio. Por detrás de esta ideología se esconde la incapacidad de generar empleos, teniendo en cuenta que la actual etapa de acumulación capitalista en su fase financiera, busca extraer super-lucros explotando la fuerza de trabajo con salarios cada vez menores y con la prolongación de la jornada de trabajo (^{Paez y Narbona, 2013}).

Como agravante de este escenario, entra en escena el gobierno de Michel Temer con el impeachment de Dilma Rousseff. Con el propósito de profundizar el ajuste fiscal, su gobierno apostó por “reformas” laborales, corte de gastos sociales y apelar a la iniciativa privada. La “reforma”, aprobada vía Medida Provisoria de alteración de la CLT, configurándose como la Ley 13.467 de julio de 2017, asociada a la PEC del techo de gastos (inicialmente PEC 241, después PEC 55, aprobada como EC 95); es un ejemplo de la persistencia de la lógica de la superexplotación del trabajo en el país, ya que tiene como objetivo aliviar el capital y cargar al trabajador con contratos precarios y aumentar las horas de trabajo, más allá que no indica un aumento proporcional del salario mínimo.

A pesar de los cambios, el desempleo siguió en alza. El número total de personas empleadas cayó de 92,2 millones a 91,7 millones, menos 500 mil. Y el número de desempleados aumenta de 8,6 millones a 12,9 millones, 3,3 millones más. Además, los empleados del sector privado eran 35,7 millones en julio de 2015, y en la mitad de 2018, 33 millones. Los trabajadores no asegurados aumentaron de 10,1 millones a 11,1 millones, mientras que los trabajadores independientes aumentaron de 22,1 millones a 23,1 millones. Por lo tanto, hay 2,7 millones menos de empleos formales, con 2 millones adicionales de empleos informales (^{Oliveira et al., 2019})

El salario tampoco mostró datos positivos, permaneciendo por debajo de los valores satisfactorios para proporcionar una condición de vida que permita sobrevivir más allá de la mera reproducción física de la fuerza laboral. Como ejemplo, citamos datos del Departamento de Estadística y Estudios Socioeconómicos (DIEESE), a fines de 2018, el salario mínimo necesario para proporcionar el ingreso básico de una familia, compuesta por cuatro personas, debería ser de R $ 3.960,57, un valor muy inferior al valor del salario mínimo nominal de R $ 954.00 pagado en su mayoría al trabajador brasileño, principalmente⁵ (^{Oliveira, Velloso & Fett, 2019}).

La justificación del gobierno para los cambios en la legislación laboral fue la necesidad de dinamizar y reducir la burocracia en el mercado laboral, instituyendo y regularizando nuevas formas de contratación y permitiendo una mayor flexibilidad en los despidos, descanso, vacaciones, pago, horas de trabajo, entre otros. En la ley aprobada, se destacan algunas medidas: a) Las actividades de higiene, alimentación y descanso ya no se contabilizarán dentro del día laboral (Art. 4, §2), así como el tiempo de traslado a la empresa (Art. 58, §2); b) La regulación del teletrabajo, con libertad de establecimiento mediante contrato con el empleador sobre movilización, cambio de régimen laboral, remuneración y materiales de trabajo (Art. 75); c) Permiso a mujeres embarazadas para trabajar en lugares de insalubridad promedio o mínimo (Art. 395-A); y d) Regulación del trabajo intermitente, con pago en horas, días o meses, no continuo, logrando ocurrir alternancia o no durante el período de trabajo, con condiciones establecidas por contrato por el empleador (Art. 396, §3). (^{Ley 13.467, 2017})

Los resultados ya son notables. Según ^{Oliveira et al. (2019)}, había 40,4 millones de empleados registrados en el país en julio de 2015 y el total en julio de 2018 es de 38,2 millones. Así, de 2015 a mitad de 2019, se han perdido 2,228,848 vacantes formales, de las cuales 654 mil en la industria manufacturera y 461 mil en servicios. Los datos tomados de Oliveira et al. (2019) de la Encuesta Nacional Continua de Hogares (Pnad) del IBGE también muestran una regresión en el mercado laboral. En el trimestre finalizado en julio de 2015, aún en el gobierno de Dilma, la tasa nacional de desempleo fue del 8,6%. En el mismo período de 2018, fue del 12,3%.

Las cifras también muestran que el ingreso brasileño aún está estancado. En el trimestre que finalizó en octubre de 2018, el ingreso real promedio generalmente ganado en todos los trabajos por personas empleadas, fue de R $ 2.230 en comparación con R $ 2.228 en el trimestre anterior. Hace 1 año, estaba en R $ 2.221. El ingreso promedio de los brasileños está muy cerca del valor más bajo de la serie, registrado a principios de 2012 (R $ 2,129). El máximo se registró en 2014 (R $ 2.245). El desempleo por desaliento (que se refiere a las personas que han dejado de buscar trabajo, fue en 2018 de 4,7 millones. Según investigación de ^{Oliveira et al. (2019)}, también ha crecido considerablemente, lo que demuestra que los trabajadores dejan de buscar trabajo porque no encuentran posibilidades en el mercado laboral.

En el caso de Chile, previo a 1970 fue el Estado el actor central que impulsó procesos de industrialización y urbanización, subsidió a agentes económicos, mantuvo políticas proteccionistas y redistribuyó el ingreso vía salarios y prestaciones sociales, sin embargo, se mantenían altos niveles de pobreza, exclusión y miseria de amplios sectores -urbanos y rurales- de la población, que serían la base social de la izquierda chilena que llevaría a Salvador Allende y la Unidad Popular al gobierno entre 1970 y 1973. Con el golpe cívico-militar se inicia el proceso de contrarrevolución neoliberal, que penetró todas las esferas de la vida, cambiando las relaciones sociales, la cultura, el proyecto histórico de sociedad, el Estado y sus políticas, las formas de organización del trabajo y de acumulación del capital. Se fundó sobre una “economía de libre mercado, basada en el respeto irrestricto de la propiedad privada, el rol subsidiario del Estado, la eliminación de las instituciones corporativas, especialmente los sindicatos y también los colegios profesionales, y la plena integración al mercado internacional” (^{Garretón, 2012}, p. 74). Con la temprana aplicación de las tesis del Consenso de Washington se instalaron transformaciones estructurales amparadas bajo una nueva Constitución gestada anti-democráticamente. Así, el plan laboral, el sistema tributario, la desnacionalización del cobre, el fomento forestal, la privatización del agua, del sistema de pensiones -AFP-, de la educación y salud, y la desnacionalización del cobre, son los pilares de esta reestructuración que perdura hasta la actualidad, y que ha permitido la acumulación y concentración de riqueza ligada al capital financiero internacional y la mercantilización de derechos sociales.

El año 1989 marca la transición política pactada entre las elites políticas y económicas, para salir de la dictadura hacia una forma de democracia, pero que -aun con otros ropajes- no transformaron las estructuras básicas instaladas (^{Moulian, 2002}). Así, serán dos las fuerzas políticas que pasan a gobernar y se alternarán en el gobierno hasta hoy: la base de partidos ligados a la (ex) Concertación de partidos por la democracia o Nueva Mayoría y la Alianza. En general el neoliberalismo chileno de postdictadura mantuvo un Estado, ya no de corte autoritario, sino con un relato de incorporación de diversos actores políticos, económicos y sociales como parte del proceso de democratización del país, y así, entregar estabilidad institucional. La equidad se pone en el centro de la preocupación porque se requería reconstruir los lazos con y desde la ciudadanía, para con el resto de la sociedad, sin embargo profundizando en todas aquellas políticas orientadas a entregar estabilidad macroeconómica, la apertura de los mercados y potenciar la presencia del sector privado en la sociedad.

Respecto del trabajo, con el Plan Laboral de 1979 (y que desde 1987 pasa a integrar el Código del Trabajo que rige hasta hoy) la dictadura desmanteló la fuerza colectiva de la clase trabajadora que caracterizó a esta durante el siglo XX, a favor de la empresa y el capital, pues permitió: la negociación colectiva centrada en la empresa y no por rama, la huelga con reemplazo de trabajadores paralizados, la creación de múltiples sindicatos que fragmentaron esta fuerza y la despolitización de estas organizaciones a través de restringir su ámbito de acción solo a condiciones de trabajo y salarios en la empresa (^{Fundación Sol, 2015}). A ello debemos agregar que las medidas económicas impuestas desde fines de los setenta, llevó al país a una de las más grandes crisis económicas a comienzos de los años 80, lo que produjo un aumento de la pobreza y miseria y dejó grandes masas de trabajadores desempleados. En términos generales, siguiendo los datos entregados por fuentes como las del BM, CEPAL y PNUD, podemos decir que desde los años 90 Chile mostró un crecimiento sostenido del PIB, donde se pasa de un PIB de US$ 77.860.932.151 en el año 2000 a US$ 277.075.944.401 en 2017. Lo que nos da que en un periodo de 17 años tuvo una tasa de crecimiento del 2,56% de su PIB. Entre 1990 y 2017 el PIB per cápita pasó de 6.000 a 15.000 dólares. Respecto de la tasa de ocupación (su población en edad de trabajar se encuentra ocupada), entre 2004 y 2017, esta crece desde un 49,5% a un 55,7%. Por otro lado, en los indicadores de desempleo, entre 2000 y 2017 Chile muestra una cierta estabilidad ubicándose en un promedio de 7,2% durante el periodo, donde se alcanzaba un 9% en el 2000 y un 7% en el 2017 (^{Vidal et al., 2019}). Sin embargo, el desempleo juvenil alcanza el 16,8% en 2017. La creación de empleo entre 2014 y 2017 alcanza en 1,4 promedio (Valdés, 2017), lo cual da cuenta de un cierto estancamiento de la economía chilena. En particular vemos que el porcentaje de empleo en servicios en relación con el empleo total, alcanza un 67,6% en 2017 para el país, no obstante, en los últimos cinco años, el empleo por cuenta propia aumenta en porcentaje mucho más que el empleo asalariado (^{Valdés, 2017}). El empleo vulnerable entre el 2000 y 2018 parte en un 27,5% y llega al 24%, Por otro lado, al observar la evolución del salario mínimo real, Chile entre 2000 y 2017 creció casi en un 50% (Vidal et al., 2019).

Los datos anteriores, toman un tono más dramático si se observan a la luz de los estudios de ^{Durán y Kremerman (2018)}, los cuales dan cuenta que en el Chile de 2017, la mitad de los trabajadores gana menos de 552 dólares mensuales y el 50% de las personas que reciben pensiones contributivas obtienen menos de 268 dólares. Los datos de la pobreza oficial en Chile, alcanza a un 8,6% de la población, pero

Al no considerar los subsidios y transferencias que entrega el Estado, sube a 12,5%. [...] Finalmente, si en relación a los ingresos autónomos, solo tomamos en cuenta los ingresos del trabajo y las pensiones contributivas que reciben las personas (por tanto no se consideran los ingresos del capital), la pobreza alcanzaría un 29,4%. (^{Durán y Kremerman, 2018}, p. 5)

Lo anterior, equivale pasar de 1,5 millones a 5,2 millones de personas, por lo que la conclusión que realizan es categórica “con el nivel de salarios y pensiones contributivas existentes y contemplando ingresos disponibles (sin alquiler imputado), un 29,4% de las personas que viven en Chile se encuentra en situación de pobreza” (^{Durán y Kremerman, 2018}, p. 9). Si estos datos se analizan a la luz de la calidad del empleo existente entre el trimestre enero- marzo de 2010 a febrero-abril de 2018, según Brega, Páez, Sáez y Durán (2018), la ocupación aumentó en casi 1.500.000 personas de las cuales, el 61,5% de la variación del empleo, corresponde a empleos con alta probabilidad de ser precarios y desprotegidos (del cual, un 33% corresponde a trabajadores por cuenta propia y un 27,5% a asalariados subcontratados). Según ^{Flores (2016)}, para 2015, la carga laboral o promedio de horas trabajadas en Chile era extensa, pues ascendía a 45 horas semanales, lo cual le asignaba el quinto lugar de los países de la OCDE que más trabajan.

Esto nos hace afirmar que: a) el mercado laboral chileno produce y reproduce la superexplotación del trabajo, es decir, paga por debajo del valor de la fuerza de trabajo a un porcentaje importante de la población, ofreciendo bajos salarios -como ya vimos bordean la línea de pobreza- y empleos precarios e inestables, que no aseguran la subsistencia -durante todo el ciclo vital- del trabajador y su grupo familiar⁶, y b) a lo anterior, se debe sumar que, bajo el modelo neoliberal chileno, tanto los últimos gobiernos no lograran romper con el pasado, pues compartieron la necesidad de que el Estado apoyara no solo a la población económicamente activa que no puede insertarse en el mercado laboral⁷, sino también al mundo privado, a través de la creación de programas de empleo.

Más allá de los contratos precarios y los bajos salarios, los gobiernos chilenos a través de sus políticas activas de empleo, han seguido la dirección propuesta por las agencias multilaterales de apostar por el incremento de la lógica emprendedora y la formación profesional para trabajadores poco calificados, desarrollando en ellos mínimas capacidades laborales y sociales (se incluyen módulos en computación e informática, idiomas y comunicaciones, formación para el trabajo y gestión integral de microempresas, apoyo para la búsqueda de empleo, etc.). Las horas de capacitación que brindan son bajas y, en su mayoría, se orientan hacia un desenlace laboral individual -vía microemprendimiento- de baja complejidad o una inserción dependiente, pero en condiciones precarizadas, a través de la gestión que brindan los organismos de intermediación laboral, sean públicos o privados.

Otra lógica presente en el discurso para la generación de empleo es el fomento de crédito y beneficios que contemplan la entrega de recursos como: 1.- bonos (incentivos económicos) a las empresas para que contraten mujeres y jóvenes con poca experiencia laboral, 2.- asesorías para trabajadores que quieren emprender con un proyecto propio (incluso entregándoles microcréditos) y, 3.- entrega de becas de estudios de corta duración. Como se observa, la entrega de recursos, ya sea incentivos económicos, asesorías y becas de estudios, son fondos públicos que también benefician a los privados, mediante el traspaso hacia una empresa contratante o una institución que capacita. Si a esto sumamos que la masiva incorporación de organismos privados -OTEC (Organismos Técnicos de Capacitación) y APIL (Agentes Privados de Intermediación Laboral)- encargados de impartir cursos de capacitación técnica, intermediar entre los trabajadores y sus nuevos puestos de trabajos o con las prácticas profesionales y administrar los bonos de contratación, vemos que se consolida la salida del Estado de la intervención directa de políticas activas de empleo y, así, la entrada de los privados en las políticas sociales financiados por los dineros públicos del Estado.

Conclusiones

Ante lo expuesto, podemos concluir que existen trazos comunes para ambos países aun presentando gobiernos de tendencia política distinta, como es el caso de Chile. Así, las reformas laborales en estos países dependientes se dirigen a reforzar un ya precario e informal mercado de trabajo. La relación salarial tampoco presentó avances significativos, permaneciendo con salarios que la mayoría de las veces no sobrepasa uno o dos salarios mínimos. Estos datos nos permiten considerar que la superexplotación del trabajo sigue siendo una forma de relación laboral en estos países, pues se suma que las jornadas de trabajo en Brasil y Chile permanecen, para la mayoría de los trabajadores, por encima de las 44 horas semanales, característica destacada por ^{Marini (1981)} como una marca histórica de las relaciones laborales en los países dependientes.

Con el ajuste estructural estas características se profundizan, pues la necesidad de supervivencia obliga a trabajadores a someterse a jornadas largas e intensas que impacta en el agotamiento de su fuerza de trabajo, sin la debida recompensa por la vía del consumo. Situación que empeora con la retirada de legislaciones laborales y flexibilización de contratos de trabajo, en ambos países, bajo la justificación de generación de más puestos de trabajo, beneficiando al capital y penalizando a los trabajadores con la retirada de derechos y seguridad social. Por lo tanto, queda el trabajo informal, temporal, inestable, inseguro, mal remunerado, junto a los programas de renta para minimizar los impactos del neoliberalismo, en una lógica que refuerza la desigualdad histórica, la superexplotación del trabajo y la acumulación capitalista en las economías dependientes como las de Brasil y Chile. En ese escenario devastador para la clase que vive de la venta de su fuerza de trabajo y las masas pauperizadas en nuestros países, el trabajo social crítico en la perspectiva marxiana se enfrenta a enormes desafíos, tanto en el campo del ejercicio profesional como desde la reflexión disciplinaria. En este sentido, el trabajo social, basándose en las categorías de la crítica de la economía política, debe hacer un análisis concreto de las determinaciones que constituyen la sociedad del capital, en cada una de las formaciones sociales en las que se inscribe su quehacer; así, categorías como: superexplotación, economías periféricas, desarrollo desigual y combinado, el lugar del Estado y sus instrumentos de políticas, también la clase y la lucha de clases en curso, entre otras, toman total relevancia para comprender el fenómeno del trabajo en nuestros países. Especial atención debemos dar a la reflexión que visibiliza el lugar que cumplen ambos Estados, sus gobiernos y sus políticas sociales a la hora mantener y reproducir este fenómeno. Como señala Marilda Iamamoto, la función contradictoria que cumple el trabajo social en ello es indudable, y por lo mismo, un paso para aportar en el camino de la crítica radical de la lógica que sostienen los gobiernos, bajo el capital, es develando el fenómeno y sus implicancias para la clase trabajadora, caracterizando las expresiones de la cuestión social en este escenario contemporáneo, las características de las políticas laborales y de empleo en particular. Con ello se trata de promover la crítica radical no solo en lo que concierne a la lógica y el diseño de las políticas, sino también al ejercicio profesional dentro de estas, con el fin de mostrar los límites que poseen apuntando a generar cambios que permitan no seguir reproduciendo dichas formas. Sabemos que no es suficiente, por ello, se requiere que el propio movimiento social y la clase trabajadora generen las condiciones para cuestionar profundamente las bases que sostienen la sociedad del capital. Para esta labor, las reflexiones realizadas desde el trabajo social pueden aportar a nutrir el debate y reflexión de la clase, a favor de ir construyendo caminos para una nueva sociabilidad.