El compromiso por la búsqueda de la paz y la no violencia

“Perdonamos a los paracos, perdonamos a la guerrilla, y aquí estamos, no nos hemos muerto.

Aquí hay paracos, hay guerrilleros y ya no se sabe quién es quién”

(Entrevista a miembro de la ATCC, 2017).

El Carare-Opón es un territorio de colonización de tierras de la nación ubicado en la subregión sur del Magdalena Medio, en él existe una hegemonía de las migraciones andinas y un predominio de la ganadería extensiva. Además, los municipios ribereños de La Dorada y Puerto Boyacá se configuran como sus principales centros urbanos y de atracción económica. Ahora bien, como lo señalan los estatutos de la organización, su área de influencia reúne secciones de los municipios de Bolívar (41,07%), Cimitarra (24,26%), La Belleza (9,17%), El Peñón (8,5%) y Landázuri (5,56%) (^{Sánchez y Aguilera, 2011}; ^{ATCC, s.f.}, Estatutos, 19), (Figura 1). El interés por parte de sus miembros de definir los límites de un territorio colonizado y poblado por ellos mismos, el cual de tanto caminarlo y habitarlo -siempre con el deseo de que se les reconozca la propiedad de la tierra-, les permitió construir cierto orden y cohesionarse como colectivo, en medio de la diversidad de sus primeros pobladores. Como lo plantea ^{Oslender (2008)}, el espacio está lleno de sentido y de una cultura en ciernes, en este caso, en proceso de constitución, dada la diversidad cultural de sus pobladores, los cuales, sin embargo, se identifican con la lucha por la propiedad de la tierra; en efecto, el espacio-territorio no es un lugar inerte, adquiere su significado gracias a su condición histórica, movilizada y recreada por sus pobladores a la hora de luchar frente a los diversos actores armados o los hacendados interesados en despojarlos.

Fuente: archivo de la ATCC.

Figura 1 Mapa área de influencia de la ^ATCC. 

Una de las características propiciadoras del surgimiento de esta iniciativa colectiva, en un espacio definido, fueron las tensiones sociales y políticas allí depositadas telúricamente y cuya génesis se remonta a los años 1960-1970, época para la cual llegaron al Carare-Opón guerrillas como las Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia (FARC) y, en menor medida, el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Obviamente, detrás de ellas llegaron las fuerzas oficiales y los paramilitares. Actores armados configuradores de un territorio violento donde la cotidianidad de sus pobladores fue tremendamente afectada por la violencia y la exclusión social. Un clima violento, llevado a su paroxismo más sanguinario en la segunda mitad de la década de 1980, como consecuencia de la llegada de los paramilitares provenientes del cercano municipio de Puerto Boyacá (^{Vargas, 1992}; ^{Romero, 2007}).

Ahora bien, atendiendo a la definición dada por Charles Tilly, Alberto Melucci y el llamado de Donatella della Porta y Mario Diani, en torno a los movimientos sociales y la fuerza de la acción colectiva, nos proponemos realizar un análisis de los factores sobresalientes en el surgimiento y consolidación de la campaña realizada por parte de la ATCC en la búsqueda del desarrollo integral del territorio, un fundamento para alcanzar la tan esquiva paz. En este sentido, vale la pena reiterar cómo el accionar de resistencia liderado por los miembros de la ATCC logra cuajar cuando estos asumen colectivamente una contienda política en la defensa de la no violencia frente a los actores armados presentes en el territorio; solicitándole, además, al Estado cumplir con sus funciones de ser garante de la justicia y proporcionar los mínimos derechos sociales y políticos a sus habitantes (^{Tilly, 2009}, p. 21). Dicho ello, se resalta en esta organización la cristalización de las reivindicaciones propuestas por sus miembros opuestos al uso de armas en su territorio.

Por cierto, el establecimiento de la organización se remite a 1987, cuando sus pobladores advirtieron la necesidad de consolidar espacios de resistencia civil frente a los diversos poderes interesados en controlarlos o despojarlos de sus tierras. Una posición favorable para alejar a sus pobladores de los tradicionales actores políticos y de un Estado ausente, el cual solo está presente esporádicamente y de manera diferenciada (^{González, 2014}); favoreciendo a esta organización convertirse, poco a poco, en un referente nacional y años después ser reconocidos como víctimas del conflicto armado.

De forma particular, para esta investigación es fundamental subrayar que la organización, las denuncias y las reivindicaciones realizadas por los miembros de la ATCC permiten ubicarla en el escenario de los movimientos sociales alternativos, puesto que no solo luchan por reivindicaciones tradicionales de clase o sociales (en este caso por el derecho a la tierra) sino también por aspectos relacionados con la defensa de la vida (^{Marín, 2017}). Así lo expresó en repetidas ocasiones Josué Vargas (presidente de la ATCC):

Nuestro propósito es seguir adelante y llevar a cabo la defensa de nuestras vidas, del honor del pueblo trabajador del Carare y por qué no decirlo, ser el ejemplo para defender el honor del pueblo colombiano [...] debemos hacer respetar nuestros derechos como seres humanos, como seres pensantes, como mentes creativas y como grandes valores humanos para que no sean atropellados por cualquiera [...] ¿por qué no las armas? no podíamos seguir pensando en medir la gran capacidad humana, el gran valor humano, la capacidad creativa, en la boquilla de un fusil, en la punta de un proyectil [...] porque así era que se calibraba y se medía aquí el valor humano, por eso hemos decidido rechazar las armas, rechazar la violencia, encaminar el gran proceso de la paz por medio del diálogo, el entendimiento, los acuerdos [...] hemos roto la criminal Ley del Silencio. (^{ATCC, 1986-1991}, Actas, 25)

Los desplazamientos, amenazas de muerte y otros fenómenos que afectaron la población se dieron en virtud de una fuerte oleada de actos violentos. En la memoria colectiva de los habitantes del Carare-Opón prevalece, incluso hasta la actualidad, el sentimiento de angustia y desesperación causado por la masacre de la vereda La Corcovada en 1982 (^{ATCC, 1986-1987}, Correspondencia, 5), hecho que marcó un punto de inflexión en el escenario de tensiones sociales que luego condujo a los campesinos y trabajadores a buscar medios sociales para consolidar espacios de resistencia civil.

En conformidad con la existencia de una contienda de carácter político, en la definición misma de un movimiento social, cabe resaltar momentos concomitantes con los ánimos y las posiciones disímiles encontradas en medio de las contiendas dadas en el Carare-Opón. Aparte del hecho ocurrido en La Corcovada, un punto central ligado al establecimiento de la ATCC y rememorado por los pobladores de la zona como una causa determinante en el nacimiento de la organización fue la reunión sostenida entre algunos líderes locales y los militares. En esta reunión muchos de sus pobladores expresaron su temor frente a las incursiones armadas del naciente paramilitarismo, dada la fuerte presencia de las FARC en la zona. Frente a dicha preocupación, en 1987 Josué Vargas y otros líderes campesinos se dirigieron a altos mandos del Ejército con el anhelo de poder encontrar alguna solución a su situación de evidente vulnerabilidad. La respuesta por parte de los militares fue que se armaran. Uno de los campesinos que presenció el encuentro aseguró que la respuesta de la comunidad a los militares fue contundente: “con armas nosotros no colaboramos, nosotros colaboramos, pero desde la iglesia, nosotros no vamos a matar a nadie” (^GPAD, entrevista a miembro de la ATCC, 2 de septiembre, 2017).

Tras la confrontación de ambas posturas y en virtud de la convicción de la comunidad campesina, de buscar alternativas dirigidas a consolidar la paz en su territorio, además de promover el respeto a los derechos humanos, en mayo de 1987 nace la ATCC. Su organización en términos formales se dio a través del reconocimiento institucional mediante la adjudicación de la personería jurídica (Resolución 190 del 24 de julio de 1987). Las autoridades del departamento de Santander recibieron con optimismo esta iniciativa. Por ello, en tanto se surtía la adjudicación de la personería jurídica, se elogió a los campesinos del Carare por su labor en la promoción de la defensa de derechos como la vida y el trabajo (ATCC, 1986-1987, Correspondencia, 3 y 4). Por su parte, el documento expedido por la Secretaría Jurídica de Santander reposa en las actas de los años 1986-1991 (ATCC, Actas, 1986-1991, 19).

Ahora bien, en los dispositivos reforzadores de la contienda política para entender la ATCC a manera de un movimiento social alternativo, sobresalen sus reivindicaciones del derecho a ejercer la no violencia y trabajar dignamente. Tal como se expresó en el testimonio citado anteriormente, el trabajo de organización civil de la ATCC se estructuró desde un comienzo sobre la base del apoyo de una Iglesia (en la historia de la organización se menciona que fueron varias las comunidades religiosas católicas y no católicas que estuvieron apoyando la constitución de la Asociación), cuestión que marcó de forma decisiva el enfoque bajo el cual se desplegaron sus reivindicaciones sobre la no violencia. En este sentido, vale la pena destacar que varios de sus miembros fundadores pertenecían a las iglesias cristianas no católicas, las cuales propendían por el pacifismo. Una vez más se evidencia el peso de lo religioso a la hora de asumir una posición política frente a la guerra y la paz. Una tradición muy presente en la sociedad colombiana, dado el peso tradicional la religión católica en Colombia, donde, además, el elemento político ha dinamizado fuertemente la constitución de la nación (^{Plata y Figueroa, 2017}).

En relación con las creencias y las prácticas religiosas, según los relatos, los miembros de la ATCC eran adventistas, pentecostales, evangélicos y católicos. Unido a este principio ecuménico, autores como ^{Sánchez (2011)} destacan que en la ATCC se combinaron tres componentes religiosos fundamentales para fortalecer el propósito de alcanzar la paz: la resistencia no violenta, el perdón y la mediación. Según Sánchez -retomando las investigaciones de ^{Hernández (2002)}-, el principio de la no violencia se realizó cuando la comunidad de La India se opuso a los militares y su interés de armarlos para que se enfrentaran a las guerrillas. El principio del perdón, cuando decidieron que como comunidad no permitirán que sus miembros asumieran alguna venganza si llegaban a matar a sus familiares o denunciar individualmente algún hecho violento de que hayan sido víctimas. Y, por último, la mediación que se ejerció una vez se establecieron los diálogos con los diversos actores armados ilegales y las autoridades oficiales.

Al lado de estos orígenes, en dicha organización también están presentes otras manifestaciones, propias de los movimientos sociales -siguiendo a Charles Tilly- que para el caso de la ATCC agrupamos en tres categorías descriptivas:

A) Programa. Las reivindicaciones de carácter programático ante organismos e instituciones del Gobierno relacionadas con el abandono y las problemáticas de orden público que aquejaban a los habitantes del Carare-Opón. A nombre de la ATCC, las denuncias de forma explícita manifestaron su adhesión a una política de paz, rechazando así cualquier medio violento que buscara imponerse en el territorio como una alternativa para solucionar problemáticas de orden social. Por cierto, las denuncias advierten la firme convicción de los campesinos de que un clima de paz no es sinónimo de la ausencia del conflicto. En este sentido, Johan Galtung distingue una paz negativa caracterizada por la inexistencia de un conflicto y violencia. En sus términos: “la ausencia de un enfrentamiento violento y el mecanismo para alcanzar esa meta es la solución de los conflictos existentes” (^{Deutsche Welle, 2010}). En contraposición a ello, una paz positiva -como la exigida por la ATCC- implica la ausencia de un conflicto y un clima de violencia, en una atmósfera que contempla condiciones que promueven la justicia social (^{Deutsche Welle, 2010}). Del conjunto de denuncias que se enmarcan en las reivindicaciones programáticas, se distingue una misiva fechada el 16 de agosto de 1987. En ella, Josué Vargas y Saúl Zúñiga (secretario de la Asociación) le solicitan a Carlos Ossa (Consejero para la Paz del Gobierno nacional en la presidencia de Virgilio Barco) apoyo a la organización y le explican los motivos para la creación de la ATCC:

[...] la sociedad campesina sigue siendo atropellada por todos los sectores armados, nos llevaron a pensar que nosotros, los trabajadores del campo, somos merecedores de un mejor trato y que en vez de ofrecernos armas, como lo han venido haciendo últimamente, para destruirnos entre campesinos, se nos ofrezcan obras de desarrollo y progreso, que ese sí es la verdadera pacificación y rehabilitación de nuestro querido territorio. (^{ATCC, 1986-1987}, Correspondencia, 17)

B) Miembros. Las acciones identitarias colectivas que reafirman su existencia como una fuerza compacta que debe ser tenida en cuenta a modo de “nosotros”, los reivindicadores. Una vez consolidada la ATCC, integrada por 36 juntas de acción comunal y 14 organizaciones de base, los campesinos y trabajadores organizados representaban una mayoría dentro del territorio en relación con los actores armados. Una situación que, en las diversas entrevistas, relatos y memorias, los miembros de la Asociación recurrentemente mencionan con el propósito de mostrarse fuertes y organizados. En este sentido, el sociólogo italiano Alberto Melucci destaca cómo el número de integrantes de un movimiento social guarda correlación con las percepciones individuales de las posibilidades de éxito en las acciones y en la relevancia misma de las contribuciones que se enmarcan en las reivindicaciones colectivas creadoras de identidades. Por tanto, el elemento de las reivindicaciones identitarias articula un sustrato de cohesión social que se vincula con la construcción de los campesinos de la ATCC como un grupo diferenciado de otros (los actores armados). Sobre este, Archila indica con más precisión que las identidades radicales o reivindicatorias pueden ser entendidas como “construcciones históricas en las que los grupos humanos definen temporalmente su pertenencia como nosotros y se diferencian de los otros” (^{Archila et al., 2006}, p. 478); y para el caso del Magdalena Medio, Archila insiste en que el conflicto es central para la configuración del territorio y las identidades de sus pobladores (p. 479).

C) Beligerancia. El aspecto identitario, a su vez, se relaciona con el tercer tipo de reivindicación, el de posición. Particularmente, a través de esta se refuerzan los vínculos y puntos en común con otros actores políticos (^{Tilly, 2009}, p. 38); en este caso, la posición se expresa por medio de los comunicados que denotaron el apego de la ATCC a la institucionalidad colombiana, de la cual esperaban mayor presencia regional en sus territorios, con el objeto de que se les reconozcan sus derechos de propiedad sobre la tierra colonizada. En efecto, para las comunidades de paz, las organizaciones campesinas y étnicas, que luchan por la propiedad de la tierra en Colombia, el poblamiento y defensa del territorio se convierten en un referente identitario cargado de cultura y simbolismo, en este caso el territorio representa un espacio de paz (^{Escobar, 2010}; ^{Oslender, 2008}), en el cual sus pobladores todavía insisten en reivindicar como lo han hecho frente a los actores armados. Y, en este sentido, actualmente destacan que los cultivos de coca allí no lograron difundirse porque desde el comienzo vieron que esta “planta maldita”, como la llaman, terminaría por afectarlos como comunidad, pero sobre todo “maldiciendo la tierra”, como lo expresaba un pastor recientemente. La beligerancia de la organización se hizo evidente en conformidad con el principio de no brindar apoyo a ningún agente armado y deslindar por completo a los civiles de las actividades derivadas del conflicto.

En el contexto de las distintas formas de acción política de los movimientos no solo sobresalen las reivindicaciones, también es posible resaltar la diversidad del repertorio de sus acciones. En palabras de Tilly, el uso combinado de acciones políticas refiere a la “creación de coaliciones y asociaciones con un fin específico, reuniones públicas, manifestaciones, peticiones, declaraciones a y en los medios públicos y propaganda” (^{Tilly, 2009}, p. 23). De este elemento, es imprescindible mencionar algunas reuniones públicas que se convirtieron en los hitos fundacionales de la ATCC y que, consecuentemente, visibilizaron sus acciones en medios informativos locales. Dentro de las acciones de la Asociación, se distingue la reunión sostenida el 21 de mayo de 1987, una iniciativa sin precedentes en la historia reciente de Colombia. Ese día, los campesinos se reunieron con los comandantes Vidal, Chaparro y Gaitán del Frente XI de las FARC, cuya área de operaciones estaba en el Carare. Recordando este hecho, uno de los participantes de la reunión narra lo siguiente:

[...] esa noche pasé orando toda la noche, yo tenía miedo también porque eso era un desafío a muerte, la guerrilla y el MAS no eran para jugar [...] por la mañana a toda esa gente la subimos en los motores, todo el que había, porque los que tenían miedo no fueron, fuimos los que estábamos dispuestos a morirnos, era un desafío a muerte, y sí, cuando llegamos allá eso parecía un batallón, comenzaron a requisar a todo el que iba llegando, llevábamos una grabadora y unos casetes para grabar [...] cuando empezaron a hablar, dijeron que le tocaba hablar al pastor adventista y yo abrí mi biblia y leí un texto bíblico e invité a esa gente que se quitaran la gorra y oramos para que Dios dirigiera y hubiera un arreglo y que la paz se pudiera consolidar y Dios escuchó la oración, porque eso inmediatamente todo lo que pedimos lo aceptó el comandante. Esa fue la estrategia, el poder de Dios. (^GPAD, Entrevista a miembro de la ATCC, 3 de septiembre, 2017)

Una vez realizada esta reunión, los campesinos y trabajadores desplegaron una segunda acción de su repertorio, pues los diálogos se establecieron con los demás actores armados. Tras la reunión con las FARC, el 28 de mayo se llevó a cabo un encuentro entre habitantes y miembros de una comitiva de las fuerzas del Estado que arribaron a La India, con la participación del comandante de las fuerzas armadas, el General Manuel Jaime Guerrero, y otros nueve generales. En aquella reunión, se estableció discursivamente que el Ejército evitaría los abusos perpetrados contra el campesinado (^{Sánchez y Aguilera, 2011}, pp. 334-336). De esas primeras experiencias colectivas, se resalta un mecanismo fundamental en el accionar de la ATCC, el diálogo multilateral.

Por último, una forma de acción política, que aglutina la multiplicidad de elementos que convergen en un movimiento social, son las demostraciones del WUNC (^{Tilly, 2009}, pp. 23-41). En la obra de Tilly, este acrónimo traduce valor, unidad, número y compromiso (Worthiness, Unity, Numbers, Commitment) y refiere a una serie de manifestaciones y concertaciones de carácter público que distinguen en términos socioculturales a un movimiento social. A continuación, se relaciona puntualmente cómo se manifestaron las demostraciones del WUNC en el caso del accionar de la ATCC: el aspecto ligado al valor (Worthiness) señala el ámbito de las conductas audaces. Así, sobresalen acciones como la adopción de una postura de no violencia, las iniciativas de resistencia civil y el carácter neutral de las mismas en relación con la no colaboración a los actores armados; una posición que, como se enunció, proviene en gran medida de los principios cristianos de varios de los miembros de la Asociación.

En efecto, la no violencia como postura ideológica implícita en las acciones políticas de la ATCC derivó en gran medida de los vínculos de algunos de los miembros fundadores con la Iglesia adventista. El valor en este escenario deviene de manifestaciones conductuales ligadas a una subyacente postura filosófica vinculada a creencias y principios derivados de la fe. Por consiguiente, la no violencia como mecanismo de resistencia de la ATCC y su ánimo por concertar el diálogo, guarda una estrecha relación con un sentimiento colectivo de apego a nociones de orden divino relacionadas con el amor y el perdón provenientes de la creencia en un Dios todopoderoso. Resulta paradójico que a pesar de que los adventistas son una comunidad religiosa considerada como conservadora y apolítica termine contribuyendo a constituir un movimiento social que podríamos identificar como moderno. Aún más, las manifestaciones religiosas de no a la violencia, provenientes de las diversas comunidades de creyentes, ponen en cuestión el sentido negativo (premoderno o confesional) que en ocasiones se le endilga al mundo de lo sagrado y sus expresiones institucionalizadas (^{Figueroa, 2014} pp. 191-225).

Otro aspecto moral, relacionado con el valor presente en la ATCC, es su actitud política de ejercer neutralidad como accionar político. Dado que entraña una actitud activa (a diferencia de la simple indiferencia) que distingue por un lado la neutralidad, entendida en términos de la conducta y, por otro lado, la imparcialidad, referente a su cognición por parte de la misma comunidad (^{Valenzuela, 2001a}). En relación con la unidad (Unity), esta puede hacerse manifiesta en elementos culturales que identifican al grupo y se expresan a través de eslóganes, lemas, consignas y canciones. Desde sus inicios, por ejemplo, la organización estableció el lema “Por el derecho a la vida, la paz y el trabajo”, visibles en su logotipo (Figura 2).

Fuente: página Web de la ATCC.

Figura 2 Logotipo de la ATCC. 

También, la unidad en esta iniciativa campesina se reafirma por medio de expresiones musicales. El Centro Nacional de Memoria Histórica gestionó en 2014 la edición de un álbum que recopila canciones compuestas por los miembros de la Asociación, una estrategia más de resistencia al olvido frente a los hechos violentos que afectaron a sus miembros. Miguel Cruz, jornalero santandereano y miembro de la ATCC, dijo al respecto en una entrevista para el diario nacional El Espectador: “Me gusta componer para la memoria porque se tiene que contar la violencia que estuvo mucho tiempo en el olvido. Es bonito que se sepa que acá vivió gente que sufrió y que sufre” (^{Rincón, 2014}). En una de sus composiciones se escucha:

[...] el campesino soñaba muy tranquilo trabajar, sin saber que allá en sus campos algo pudiera pasar. Las torturas y disparos a la pobre humanidad, hombres, mujeres y niños con dureza y sin piedad, todos sufrían en silencio sin saber qué iría a pasar [...]. (^{Rincón, 2014})

Por su parte, el número (Numbers) en el plano del WUNC apunta a la cantidad de personas que integran el movimiento, lo cual se constata a través de las manifestaciones públicas, los recuentos de asistentes, la cantidad de firmantes de una petición, etc., y que para el caso de la ATCC se manifiesta por medio de su influencia, como ya se mencionó, en una gran cantidad de juntas de acción comunal ubicadas en gran parte de la región del Carare-Opón.

En lo que respecta al compromiso (Commitment), cabe mencionar que es un elemento clave para demostrar el nivel de convicción que un grupo de personas tiene en relación con el movimiento del cual se considera participe. Tilly menciona, por ejemplo, que el compromiso puede advertirse en situaciones como la resistencia de las personas en una manifestación o evento público al mal clima, pero sobre todo al hacerle frente a la represión oficial. Por supuesto, en una sociedad como la colombiana resistir a una lluvia parece un mal chiste, dado que en esta sociedad tan terriblemente conflictiva asumir posiciones beligerantes se paga con la vida. En efecto, en relación con la ATCC, el alto grado de compromiso se exhibió en procesos como la afluencia masiva de sus miembros o personas cercanas a los diálogos con los actores armados; incluso bajo el temor ocasionado por el “clima de violencia” en la región y que en efecto ha cobrado la vida de muchos de sus líderes y miembros. Aún más, desde un comienzo, algunos sectores señalaron a la ATCC como una plataforma guiada a proveer ayuda a las guerrillas o -como se acostumbra en Colombia, a la hora de hablar de los movimientos sociales- que estaba infiltrada por algún actor armado. Una situación que, sin embargo, no afectó la continuidad de sus labores. Así se evidencia en uno de los comunicados enviados para solicitar una reunión con el Frente 23 de las FARC, que refleja el alto grado de compromiso de los trabajadores campesinos para la consecución de los objetivos trazados en la organización:

[...] queremos ser claros en que nosotros, no estamos persiguiendo a ninguna organización y mucho menos unos ideales políticos; por el contrario, nos asombra el hecho de que no pensar como el otro sea causa para quitarle la vida a una persona. El campesino es un hacedor de vida, un alimentador de vidas, y, por lo tanto, no estamos de acuerdo en que lo conviertan en cegador de vidas [...]. (^{ATCC, 1988}, Correspondencia, 125 y 126)

Aun en los momentos más álgidos la resistencia de la ATCC se puso a prueba. Por ejemplo, el asesinato de parte de los paramilitares de tres de sus líderes fundadores (Josué Vargas, Miguel Barajas y Saúl Castañeda) y de la periodista Silvia Duzán. Suceso que tuvo lugar en Cimitarra la noche del 26 de febrero de 1990, fecha en que la periodista se disponía a documentar, a nombre del Canal 4 de la BBC de Londres, la experiencia de paz promovida desde la ATCC. El compromiso y la resistencia de la ATCC se reforzaron también por medio del establecimiento de estrechos vínculos con distintas instituciones y organizaciones que visibilizaron sus esfuerzos en materia de paz. Instituciones como la Universidad Nacional de Colombia se interesaron en la experiencia de esa comunidad y, por ende, se tejieron vías de comunicación significativas que abrieron a la Asociación nuevos espacios de interacción con la opinión pública, la academia colombiana e incluso con organizaciones de carácter internacional.

Por cierto, el mismo año del fatídico hecho antes mencionado, la comunidad internacional reconoció la iniciativa de la ATCC en defensa de los Derechos Humanos. De ahí que la fundación Right Livelihood otorgó a la ATCC la distinción conocida como el Premio Nobel Alternativo de la Paz (1990), puesto que a su parecer las labores de la organización contribuyeron a la resolución de algunos de los grandes problemas que aquejan al mundo, específicamente, aquellos vinculados con la guerra, la represión humana y la injusticia social (^{ATCC, 1988}, Boletines y comunicados, 30-31). De igual manera, en 1995 la ONU los hizo merecedores del premio Nosotros el Pueblo a fin de exaltar sus propuestas de transformación social. Asimismo, es importante destacar el apoyo de las ayudas internacionales que se han materializado en proyectos de investigación, desarrollo económico y social de la población, como es el caso del apoyo económico internacional al PDPMM, del cual la Asociación también recibió recursos y apoyo para la gestión de proyectos productivos.

La reconstrucción del tejido social desde la ATCC

“[...] decidimos salvarnos nosotros mismos puesto que ninguno de los tantos salvadores y protectores que por aquí aparecieron fue capaz de salvarnos [...] derrotar a las armas sin necesidad de las armas; construir en lugar de destruir y destruirnos, fue la única salida que comunitariamente le encontramos a tanta prepotencia, cobardía, saña, autoritarismo, sectarismo y brutalidad y a tanto desconocimiento de lo que humano es”

(^{ATCC, 1989}, Correspondencia, 1989, 74).

Aunque la ATCC surgió como una respuesta de la comunidad ante hechos violentos y de represión realizados por diferentes actores armados en las décadas del 70 y 80, su consolidación como organización campesina tuvo lugar cuando un grupo de personas decidió proyectar sus actividades hacia la reconstrucción del tejido social que se encontraba afectado en medio de las dinámicas violentas arraigadas profundamente en el territorio. La importancia del enfoque de intervención social que tuvo el accionar de la Asociación, reside -según la visión de sus miembros- en que un contexto de paz permanente solo se alcanza a través del desarrollo y el progreso de una comunidad relegada al abandono estatal. En este sentido, las palabras de Silvia ^{Galvis (1988)} sirven para ilustrar las condiciones del corregimiento donde nació la Asociación:

[...] la carencia es casi total. Más parece el mundo antes de la creación, pero al revés, porque cuando Dios hizo la tierra, primero la dotó de todo aquello cuanto el hombre eventualmente necesitaría, y solo después fabricó la primera criatura. En cambio, en La India y su vecindario viven 3.000 familias campesinas con la mejor voluntad del planeta, pero con recursos que no son propiamente divinos. (^{Galvis, 1988})

El atraso económico y social, agravado por el conflicto armado y la escasa presencia del aparato estatal a través de sus instituciones, fue identificado como una de las causas principales de las tensiones sociales y el surgimiento de nuevas manifestaciones de carácter violento que afectaban la población. Por esta razón, en un ejercicio de autodeterminación la ATCC realizó actividades de diagnóstico sobre los obstáculos existentes en la zona con miras a contribuir a su desarrollo integral. Asimismo, la organización se dedicó a formular proyectos sociales y económicos, al tiempo que manifestaron sus exigencias al Estado en materia de apoyo económico e institucional que aportara a la materialización de sus objetivos trazados. Algunos ejemplos de la visión de desarrollo y paz que por aquellos años estaban en boga son: el Plan Nacional de Rehabilitación que acompañó inicialmente los primeros proyectos de la Asociación y, más adelante, el apoyo prestado por el PDPMM (propuesta de intervención social liderada por los jesuitas con el apoyo del Estado colombiano y que funcionó con recursos provenientes del PNUD y organismos internacionales de carácter privado) para continuar fortaleciendo el liderazgo y las estrategias de autosostenimiento de los miembros de la ATCC. Así, el PDPMM apoyó un proyecto para que la Asociación formara a los habitantes de la región con el objeto de “abordar procesos de autoabastecimiento y seguridad alimentaria aprovechando los recursos de la región. Esta preparación técnica y humana estará enmarcada en la idea de la agricultura sostenible y tendrá una visión empresarial” (^{PDPMM, 1999}, pp. 9-10). Al respecto, un artículo publicado en 1990 titulado “Un profesor ante experimento de paz”, cita el enfoque de la ATCC como una nueva filosofía sociopolítica nacida de las:

[...] entrañas de una colectividad que decidió hacerle frente a sus problemas por su propia cuenta, rompiendo tanto con las actitudes paternalistas de quienes siempre piden a otros que se los resuelvan, como con las actitudes dogmáticas de quienes se sienten dueños exclusivos de verdades universales. (^{Sanz, 1990})

En consecuencia, las acciones y los proyectos formulados se orientaron hacia cuatro problemas de la comunidad: el primero, conseguir el retorno de los campesinos desplazados a causa de la violencia, específicamente, aquellos que abandonaron sus terrenos a raíz de la masacre de La Corcovada; para la gestión de su regreso se optó por establecer la Operación Retorno Campesinos de La Corcovada, además -como un aliciente a ello- se acudió al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) para avanzar en el proceso de titulación de tierras e incluso fomentar la formación de nuevos asentamientos como el denominado La Pedregosa, construido en tierras adquiridas por la ATCC.

El segundo problema fue la ausencia de servicios básicos como la atención en materia de salud, electricidad, acueducto y alcantarillado. Otra ausencia por resolver centró la atención en la imperante necesidad de contribuir en la adecuación de caminos, la construcción de vías y puentes que mejorasen la movilidad y, a su vez, contribuyeran al comercio de los productos agrícolas cultivados en la zona (plátano, maíz y cacao). Asimismo, se le solicitó en 1989 al ministro de Comunicaciones, Carlos Lemos Simmonds, la dotación de radioteléfonos con el ánimo de poder mejorar la comunicación y el aislamiento en que se encontraban los habitantes del territorio (^{ATCC, 1989}, Correspondencia, 138).

La última problemática que por aquellos años fue central para la ATCC giró alrededor de la educación, razón por la cual se gestionó la construcción de escuelas, el establecimiento de un bachillerato agrícola y la contratación de docentes. Además, se dieron avances en la capacitación técnica en salud, trabajos del sector de la agroindustria, cooperativismo y formación en materia de derechos humanos. De manera particular, el aspecto de la educación se consideró clave en un posible escenario de posconflicto, pues esta herramienta se entendió como el mecanismo idóneo para integrar las generaciones nacidas en un contexto de violencia hacia una vida productiva, donde las brechas del analfabetismo y la ignorancia se redujesen significativamente. En efecto, para el desarrollo de estos proyectos se vinculó a instituciones como el SENA, el INCORA y a universidades regionales que iniciaban discusiones académicas sobre este experimento de paz y autogestión. Muchos de estos proyectos educativos se financiaron con dineros que la misma organización adquirió en sus actividades productivas, así lo expresa uno de los miembros al recordar la participación de la ATCC en la formación de los habitantes:

[...] ese colegio está montado en el terreno que la asociación compró, entonces podemos decir que el colegio fue iniciativa de la asociación [...] La escuela fue lo mismo, los maestros; hacía un convenio con las veredas, convenio con los padres de familia, cuántos niños iban, se miraba cuánto se podía sacar mensual y se traían los bachilleres recién desempacados de los colegios, ¿usted quiere trabajar por tanto enseñando? y allá se llevaban a las veredas, esos profesores comenzaron así, pagados por la ATCC. (^GPAD, Entrevista a miembro de la ATCC, 4 de septiembre, 2017)

También, en razón del bajo nivel de desarrollo económico regional, condicionado -entre muchos factores- a causa de las deficiencias en la infraestructura vial que afectaron directamente actividades como la comercialización de productos agrícolas locales y tras la necesidad de inyectar capitales significativos para favorecer empresas del sector de la agroindustria, la ATCC cumplió un rol importante al desempeñarse como gestora de créditos ante instituciones del Estado que apoyaran proyectos productivos como la conformación de la Tienda Comunal, la adquisición de motores fuera de borda, la construcción de un centro de acopio y la siembra de palma africana. Con motivo del cumplimiento de estos proyectos, la organización optó por establecer convenios con otras entidades, entre ellas la Sociedad de Agricultores de Santander en 1989 (^{ATCC, 1989}, Correspondencia, 9).

Igualmente, con motivo del reconocimiento por parte de los campesinos de la importancia que tenía la tierra para el desarrollo positivo de su vida cotidiana, desde la conformación de la organización tuvo lugar un número considerable de denuncias contra el daño ambiental ocasionado por la explotación maderera. Su argumento residía en que:

[...] no era tener sólo la paz [...] sino también ¿cómo hacemos para hacer el bien? [...] la paz también debe ser una armonía con la naturaleza [...] el territorio pasa a ser más allá de un espacio físico [...] pasa a ser un territorio ancestral y espiritual a pesar de que los campesinos no tenemos ese reconocimiento jurídico de lo que tiene los negros o los indígenas, pero nosotros también somos ancestrales porque somos originarios de acá y que eso nos hace mucho más difícil la pelea y vulnerables en la defensa de la naturaleza [...]. (^GPAD, Entrevista a miembro de la ATCC, 4 de septiembre, 2017)

A su vez, es posible rastrear varios de los emprendimientos en los que se involucró la ATCC por medio de documentos que condensan el interés y las iniciativas proyectadas por los miembros de la organización en estos primeros años de ejercicio de sus actividades. Un claro ejemplo es el Plan de Desarrollo de La India, un texto que fue remitido a los organismos competentes y en capacidad de brindar apoyo económico y administrativo, entre ellos: la Procuraduría, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Agricultura, la Segunda División del Ejército Nacional, el INDERENA, la Gobernación de Santander, la Sociedad de Agricultores de Santander, el IDEMA, el INCORA, entre otros. La importancia de este documento fue tal que se convirtió en la bitácora del desarrollo de esta subregión durante muchos años.

Desde esta perspectiva, la organización cumplió un papel fundamental en el proceso de reconstrucción social y económica de La India y sus alrededores, ya que fomentó en la comunidad el ejercicio de la autodeterminación bajo la premisa de que nadie más que ellos son quienes mejor conocen su situación, sus problemas y sus necesidades. Para la Asociación realizar este tipo de acciones a nivel local, enmarcadas dentro del Plan Nacional de Rehabilitación (PNR), significó en la práctica una redistribución de poder.

A pesar de los aspectos positivos enunciados en este tipo de procesos, los obstáculos siempre estuvieron presentes. Conforme trascurría el tiempo, se suscitó un cambio en las orientaciones y objetivos políticos que restaron efectividad y contundencia al PNR, ya que de forma paulatina los gobiernos que sucedieron la administración de Virgilio Barco (1986-1990) hicieron poco por sacarlos adelante. Por lo cual, se suspendieron algunos proyectos económicos realizados bajo la dirección de la ATCC. Pese a ello, la Asociación continuó desempeñando su papel de gestora social y económica de la comunidad buscando el desarrollo integral regional, tarea que desempeña con muchas dificultades económicas, sociales y políticas hasta la actualidad.