Las ciudades de "arriba" y sus lavaderos

En trabajos anteriores (^{Zavala et al., Maquehua; Zavala et al}., "El oro") hemos hecho hincapié en la importancia que tuvieron los yacimientos auríferos en la génesis y el desarrollo del proyecto colonizador español de la Araucanía, basado principalmente en la fundación de ciudades, el mantenimiento de las vías de comunicación terrestres y marítimas y el reparto de su población en encomiendas para el trabajo en los lavaderos de oro. También hemos tratado de establecer, de manera tentativa, una cronología de la economía aurífera de las ciudades del sur (^{Zavala et al., "El oro"}). En esta última publicación decíamos que el desarrollo cronológico y la extensión territorial de la economía de lavaderos se vieron condicionados por -además de variables como la guerra o fenómenos naturales como los terremotos- la simpleza de la tecnología empleada: la técnica de la batea o challa, usada para la extracción del oro aluvial, solo permitía la obtención del material de mayor volumen y de más fácil acceso, por lo que muchos lavaderos explotaban extensas áreas solo a nivel superficial y se agotaban con rapidez: se descubrían, se sacaba todo el oro manualmente posible y luego se abandonaban. Este condicionamiento tecnológico es sin duda determinante a la hora de entender las opiniones discordantes según las épocas sobre la riqueza aurífera de una zona: a la euforia de los primeros tiempos solía seguir la decepción de los posteriores. En la tabla 1 se listan las ciudades del sur y sus respectivos lavaderos; además, se señalan, cuando existen, sus denominaciones y las localizaciones según las fuentes de época.

Como se observa en la tabla 1, las fuentes permiten identificar con bastante precisión dos lavaderos, Quilacoya y Madre de Dios, que son justamente los de mayor relevancia para el periodo³. En otros casos, como son los de Hualqui y Rere, río Damas, Calcoimo y Relomo, Ponzuelo⁴ y Pangueno se cuenta con una identificación más relativa: se conoce el topónimo del área de explotación, pero sin indicación de distancia en relación con un punto de referencia. Por último, para los lavaderos asociados con las ciudades de Chillán, Angol, Villarrica y Castro las referencias son mínimas, solo se habla de "minas", "lavaderos" u "oro", lo que es reflejo, sin duda, de la menor importancia que tuvieron estos yacimientos durante el siglo XVI.

Como se señaló, las fuentes disponibles no permiten obtener una visión muy detallada y precisa de la realidad de los lavaderos de oro de la Araucanía durante el siglo XVI, por lo que se hace necesario escudriñar cualquier dato nuevo que se pueda obtener, así como revisar con atención los ya conocidos. Con tal objetivo, en este trabajo revisitamos fuentes y agregamos el análisis de tres documentos hasta ahora poco estudiados: la relación del contador de la Real Audiencia Francisco Gálvez, las cuentas de la Caja de Valdivia (1574-1578) y el informe del capitán Riva Martín. Estos documentos junto con otros complementarios surgen a mediados del ciclo aurífero de la Araucanía, es decir, grosso modo, en los veinte años que van de 1565 a 1585, intervalo en el que hay una cierta producción documental sobre la materia, generada en buena parte por la instalación de la Real Audiencia en la ciudad de Concepción (1567) y su política de inspecciones en terreno (visitas) y de revisión de cuentas de oficiales reales y otros funcionarios.

Fuente: elaboración de Francisco Javier Medianero y José Manuel Zavala.

Figura 1 Las ciudades del sur o "de arriba" del reino de Chile con fechas de fundación y vías de conexión 

De la extracción a la fundición del oro: actores y fases claves según el informe del Contador Gálvez (ca. 1573)

Francisco Gálvez fue contador de la Real Hacienda del reino de Chile desde la creación de la Real Audiencia de Concepción en 1567 hasta por lo menos el año 1577, cuando esta fue trasladada a Santiago. Escribió una relación sobre el estado de la producción y la tributación del oro chileno destinada a una autoridad superior, de la cual se conserva un traslado en los manuscritos de Barros Arana ("Relación de la horden" 297-308), en tanto que José Toribio Medina publicó una versión transcrita ("Relación de la horden" 355-359). Este documento no se encuentra fechado, pero es posible atribuirle como fecha aproximativa el año 1573⁵.

El alto funcionario señala en parte de su informe que el oro de La Imperial, Valdivia, Villarrica, Osorno y Castro se obtenía en quebradas y arroyos entre los meses de octubre y marzo, época de menos lluvias. Curiosamente, este documento no menciona las ciudades de Concepción, Angol y Cañete, quizá debido a que por esos años sus lavaderos no estaban siendo explotados o producían muy poco. En la época en que escribía este oficial regían las ordenanzas de Pedro de Villagra, las cuales habían establecido para las ciudades del sur un periodo de explotación del oro denominado "demora" de seis meses, desde noviembre hasta abril ("Ordenanzas que hizo" 50).

Con respecto a la retribución que recibían los trabajadores de los lavaderos, es decir, los indígenas que laboraban por turnos (mitas) para un encomendero, el contador real señala que esta consistía en las herramientas, la alimentación y la doctrina que les proporcionaban los encomenderos, todo lo cual se cargaba a sus salarios o "sesmos", con lo que en últimas los indígenas no recibían concretamente ningún tipo de remuneración. Quienes conformaban una mita o turno correspondían a la sexta parte de los varones de entre los 17 y los 50 años de una encomienda, según lo había dispuesto para las ciudades del sur la tasa de Santillán en 1559 (^{Jara, Trabajo 198-99}).

El oidor de la Audiencia de Lima, Hernando de Santillán, había previsto en su tasa que la remuneración o sesmo de los trabajadores indígenas debía ser equivalente a una sexta parte del oro producido ("Relación de lo que" 23); Francisco de Villagra, durante su gobierno, disminuyó esta retribución a la octava parte (^{Jara, Trabajo 104}), pero su primo y sucesor interino, Pedro de Villagra, la reestableció en su proporción original en 1563 ("Ordenanzas que hizo" 51). Con todo, los fondos provenientes de los "sesmos de indios" prácticamente jamás beneficiaron de manera directa a las comunidades indígenas⁶.

La Real Audiencia de Concepción, una vez instalada en 1567, trató de enfrentar y resolver las diversas anomalías detectadas en la producción aurífera y para ello encargó al licenciado Egas Venegas visitar las encomiendas y proponer una nueva tasación, tarea que finalizó en noviembre de 1572 (^{M. Góngora, "Documentos inéditos" 203}). Sin embargo, debido a la oposición de los vecinos encomenderos, la nueva propuesta no pudo aplicarse y todo siguió igual, como lo declara el mismo Gálvez:

El audiencia deste rreyno bista la vicita que el licenciado Egas higo en las dichas ciudades taso lo que los yndios dellas abran de dar, de la qual se agraviaron los vesinos, diziendo no se poder sustentar con lo que se las mandava dar y por El audiencia bisto, se ha suspendido hasta tanto que otra cosa se mande. (BNCh, MsBA, 10, f. 297)

Una de las preocupaciones fundamentales para las autoridades de la época era evitar las evasiones tributarias del principal recurso del país, el oro, por lo que resultaba clave controlar su producción y movimientos antes de que llegara a la casa de fundición que era donde se registraba. Se trataba de un problema crónico, pues la tasa de Santillán ya denunciaba en 1558 la práctica corriente de fundir oro fuera del reino para evadir pagos ("Relación de lo que" 19-34). A este respecto, Gálvez precisa que quienes llevaban el oro a fundir para el pago del impuesto aurífero o quinto real no eran sus productores, sino los mercaderes, y que del total del impuesto se les descontaba generalmente la mitad a cuenta de las deudas que la Real Hacienda había contraído con ellos.

El monopolio que ostentaban estos comerciantes sobre el oro circulante antes de su fundición, el llamado "oro en polvo", y lo poco que finalmente entraba en las arcas reales debido a lo que les adeudaba el fisco, ya lo señalaba unos pocos años antes el factor Rodrigo de Vega Sarmiento en su informe al virrey Toledo cuando decía que "la mitad de los quintos llevan los mercaderes que meten oro a quintar" (CDIHCh, 2. ^a serie, tomo I, 123). La misma opinión compartían en 1569 los oficiales reales Juan Núñez de Vargas y Francisco de Gudiel en relación con que la mitad del impuesto áureo, que establecían entre 40 000 y 46 000 pesos, se iba en pagar deudas (CDIHCh, 2. ^a serie, tomo I, 178).

Volviendo al informe de Gálvez, este critica los movimientos de oro no quintado y da cuenta del gran beneficio de los mercaderes y el alto costo que para el tesoro real conllevaban las acreencias producidas por las urgencias de la guerra:

En este Reyno se trata y contrata con el oro en polvo y aunque muchas beges se a mandado no se haga a lo menos de diez pesos arriba no se a guardado ni executado ni proybido del todo a causa que los gobernadores que an sydo y son para dar socorro a los soldados que van a la guerra toman la rropa y cosas necesarias para ella de los mercaderes a los quales les dan librangas para que en las cajas deste rreyno les paguemos las tales mercadurias y cosas de la mitad de lo que montare el quinto del oro en polvo que metieren a quintar [...] y de tratarse con el dicho oro en polvo no biene perjuicio a la rreal hazienda mas del que aquí dire que si las cajas deste rreyno no debiesen nada a mercaderes y otras personas de cosas que se les an tomado y toman para la dicha querra meter será enteramente en las rreales cajas del dicho quinto con el qual compraríamos las cosas de que se tubiese necesidad la tergia parte más barato de lo que se compra, por lo libran en que se les pague de la manera questa dicha y también no se tratando ni contratando en polvo se hubieran cobrado de algunos beginos que an devido y deven a la rreal hazienda algunas deudas por lo aver de traen ellos a la fundición y no a los mercaderes y personas a quien la caja deve por que de lo demás aunque se trate en polvo al tiempo de la partida de los nabios para el Pirú lo traen todos los que lo tienen a fundir y quintar y cobramos dellos los rreales quintos. (BNCh, MsBA, 10, ff. 301-303)

Como se puede ver, el contador muestra plena conciencia de la posición privilegiada que tenían los comerciantes-prestamistas en el mercado interno del oro, quienes obtenían el metal aún no fundido ni quintado de sus propietarios, es decir, de los vecinos encomenderos, pero también de quienes participaban de las labores mineras -administradores, capataces, mineros, lavadores, entre otros- o de quienes se lo procuraban por intercambios, como lo ha señalado M. Góngora ("Los hombres ricos" 41).

En efecto, diversas reglamentaciones habían tratado de regular el paso del oro en polvo al oro fundido, a fin de evitar evasiones tributarias y malas prácticas, para lo cual se había encargado dicha tarea a un funcionario real. De este modo, la tasa de Santillán había dispuesto evitar el traslado del oro por mineros, yanaconas y por los mismos encomenderos, y recomendaba que fuera el alcalde de minas quien lo trasladara a la fundición una vez al mes (^{Santillán 25}). Al parecer, sin embargo, esta disposición nunca se cumplió realmente, puesto que las ordenanzas de Francisco de Villagra, dos años más tarde, insistían sobre lo mismo ("Ordenanzas de minas" 41) y, dos décadas después, la tasa de Gamboa encomendaba dicha tarea a un funcionario de más alto rango, al corregidor ("Tasa y ordenanzas" 63). Otra reglamentación en la que se pone en evidencia la circulación del oro no declarado son las ordenanzas de policía de la ciudad de Santiago de 1569, las cuales en su artículo 26 prohibían a los mercaderes y a otros rescatar⁷ con los indios, puesto que dicho oro habría sido obtenido clandestinamente del laboreo en las minas (Gay).

Por lo visto hasta aquí, se hace notorio que la etapa clave del proceso de control de la producción, de la circulación y de la tributación del oro era su fundición, momento en el cual el mineral en "polvo" se transformaba en piezas metálicas⁸, se acuñaba y se contabilizaba. Son muy pocos los datos y menos los estudios sobre las casas de fundición existentes en el reino de Chile, la sola inferencia que podemos hacer al respecto es que allí donde las cajas reales registraron ingresos por quintos, necesariamente debió existir un establecimiento de este tipo pues fundición y tributación eran inseparables. Para el periodo en estudio, sabemos que esto ocurrió en las cajas de La Serena, Santiago y Valdivia, por tanto, en estas ciudades debieron de existir casas de fundición.

De entre las ciudades del sur, solo en Valdivia se puede constatar la existencia de una casa de fundición y sabemos que allí se fundió, por lo menos, entre 1567 y 1578, el oro proveniente de las otras ciudades de "arriba" (^{M. Góngora, "Los hombres ricos" 24}). Concepción no figura, por consiguiente, en este periodo con casa de fundición, tal como lo declaraban en 1569 Juan Núñez de Vargas y Francisco de Gurdial, quejándose de que los oidores de la reciente audiencia instalada en dicha ciudad les hubieran ordenado trasladarse a ella:

Puesta el Abdiencia, los oidores mandaron que los oficiales de vuestra Real Hacienda nombrados por Vuestra Majestad que estábamos en este reino, residiésemos en la cibdad de la Concepción, adonde no hay oro ni fundición [...] (CDIHCh, 2. ^a serie, tomo I, 175)

Ese mismo año de 1569, el gobernador Bravo de Saravia, quien estaba de acuerdo con el traslado de los oficiales reales a Concepción, era del parecer de que existieran "marcas" reales en todas las ciudades en las que se sacaba oro, por "el daño que podía causar a los quintos reales de llevar el oro en polvo a marcar y quintar de una ciudad a otra" (AGI, AC, leg. 18). El gobernador se contradecía a sí mismo pues, por una parte, aprobaba el traslado de los oficiales que controlaban el tesoro a la ciudad de Concepción, por ser supuestamente la "más rica del reino", y, por otra, expresaba la necesidad de fundir y acuñar el oro en todas las ciudades productoras, lo que en la práctica no ocurría, como se ha señalado más arriba.

La circulación de oro no quintado no fue un fenómeno exclusivo de la Araucanía o del reino de Chile, lo mismo se observa, por ejemplo, en Nueva Granada (West) y en Nueva España (Flores) durante el periodo colonial. En la figura 2 se representan esquemáticamente las diversas vías del circuito del oro de la Araucanía.

Fuente: elaboración de José Manuel Zavala.

Figura 2 Circuito del oro de la Araucanía, siglo XVI 

Volúmenes de producción e intervención de los mercaderes, lo que aportan las cuentas de Valdivia (1574-1578)

En cuanto a la producción, a principios de la década de 1570, el contador Gálvez establecía un promedio anual de 35 000 a 40 000 pesos como el total de oro declarado en el reino (BNCh, MsBA, 10, f. 300), monto que es concordante con una media anual de 35 860 pesos para el periodo de la gestión de Gálvez al momento de escribir (1567-1572), si se toman como guía las cifras propuestas por Cuadra y Arenas (tabla 2). Dicho esto, considerando lo expresado por los oficiales reales inmediatamente anteriores a Gálvez, la producción aurífera tendría que haber sido de mucho mayor cuantía en la década de 1560. En efecto, en 1569 Juan Núñez de Vargas y Francisco de Gudiel señalaban que los quintos recaudados variaban anualmente entre 40 000 y 46 000 pesos, y el factor Rodrigo de Vega, por el mismo periodo, coincide con estas cifras, ya que establece un promedio anual de 40 000 pesos (CDIHCh, 2. ^a serie, tomo I, 122).

La discordancia de cifras que aparece al comparar fuentes como las anteriores, muestra el rompecabezas que conlleva tratar de establecer cálculos de producción de oro para el reino de Chile en general y más aún para las ciudades del sur en particular. El primero de los autores modernos en abordar el tema fue Mario Góngora y lo hizo sobre la base de los pocos registros existentes: el libro de cuentas del factor y veedor de la Real Hacienda para parte de los años 1557 y 1558 y las cuentas de los tesoreros, contadores y factores de Santiago, La Serena, Concepción y Valdivia para el periodo 1567-1578 ("Los hombres ricos" 24).

En el estudio de Góngora, las cifras de producción para Santiago y La Serena están bien especificadas pues en los registros contables se señala el total del oro "oficialmente" producido en dichas jurisdicciones, es decir, aquel que se llevaba a quintar. En cambio, para las ciudades del sur la situación es diferente, al menos por dos motivos.

Por una parte, como se ha señalado, la Caja de Concepción no registra ingresos propios para el periodo 1567-1578, pues los pagos hechos a los funcionarios reales provenían de la Caja de Valdivia (^{M. Góngora, "Los hombres ricos" 24}). Esto se debe a que, al parecer, el puerto valdiviano concentró durante dicho periodo la fundición, el cobro del quinto real y la exportación del oro de las ciudades de "arriba", debido probablemente al auge que habían adquirido los lavaderos de Madre de Dios, más inmediatos a dicha ciudad, y al aparente declive de los lavaderos de Quilacoya, más próximos a la ciudad portuaria de Concepción. Apoya esta interpretación el hecho de que Gálvez no incluyera a Concepción en su informe sobre el oro.

Por otra parte, en la Caja de Valdivia -la única que se conoce de las del sur con registros de ingresos para el periodo- no figuran los montos totales de oro quintado, solo los impuestos auríferos: el quinto real y el 1 % del fundidor; debido a esto solo se puede determinar el monto total de producción recalculándolo a partir de su tasa impositiva. El problema está -ya lo señaló Góngora- en que las cifras varían considerablemente si se calculan a partir del quinto real o del 1 % del fundidor; el historiador colonialista opta por hacer el cálculo sobre la base del quinto real, pues considera muy bajas las cifras obtenidas a partir del 1 % ("Los hombres ricos" 43). Por su parte, ^{Sergio Villalobos (18)} reproduce y, en parte, revisa las cifras obtenidas por Góngora, aunque no declara las fuentes utilizadas. Finalmente, Cuadra y Arenas incluyen en su cuadro de producción (tabla 2) las cifras de Góngora revisadas por Villalobos.

La dificultad del cálculo de Góngora para las ciudades del sur es que parte del supuesto de que, en efecto, el quinto real correspondía a la quinta parte del producto obtenido, es decir, al 20 %, lo que no necesariamente era el caso pues, en ciertos momentos, existieron exenciones y rebajas impositivas en el reino de Chile, como ocurrió entre 1542 y 1561 cuando en lugar de pagar un quinto (una parte sobre cinco) se pagaba un diezmo (una parte sobre diez), según lo informado por el licenciado Juan de Herrera al rey (CDIHCh, 1. ^a serie, tomo XXIX, 146). Debido a lo anterior, parece relevante comparar el cálculo de producción sobre la base del quinto real y el que se puede obtener a partir del 1 % del fundidor, según las cuentas de la Caja de Valdivia (AGI, C, leg. 1851), para mostrar las grandes diferencias de estos cálculos (tabla 3).

Como se puede apreciar en la tabla 3, la diferencia en el cálculo de la producción de oro es bastante significativa según se parta del quinto o del 1 %> del fundidor. Si se parte del primer tipo de impuesto se obtiene un volumen de producción más de dos veces y media superior que el calculado a partir del segundo. Ahora bien, si se tiene en cuenta que durante aquel periodo las ciudades del sur contribuyeron de manera significativa a la producción aurífera del reino, y considerando los volúmenes totales de producción que se han calculado para todo el país (tabla 2), tenemos que coincidir con Góngora, en el sentido de que el cálculo de producción sobre la base del 1 % parece demasiado bajo; quizá -tal como podía ocurrir con el quinto- el arancel real del fundidor era menor a lo reglamentariamente establecido ("Los hombres ricos" 43).

¿Cuál fue la participación de las ciudades del sur en la producción total del reino de Chile? Solo es posible responder empíricamente a esta pregunta con respecto a los años en que, por una parte, tenemos registro de la producción regional -que como se ha dicho solo es dable obtener a partir de una proyección del impuesto aurífero- y, por otra parte, si contamos con la producción total del país; esta situación solo se produce en el trienio 1575-1577. En efecto, durante ese lapso, como se puede apreciar en la tabla 4, la participación de las ciudades del sur a la producción total de oro fue como sigue: en el año 1575 se puede estimar que estas ciudades contribuyeron aproximadamente con un 48,8 %, superando a Santiago (36,8 %) y a La Serena (14,4 %); en el año siguiente, 1576, habrían aportado un 31,7 %, por debajo de Santiago (48 %), pero por sobre La Serena (20,3 %); finalmente, en 1577 la producción contabilizada en Valdivia alcanzó un 34,6 %, manteniendo de ese modo su segunda posición, por debajo de Santiago (46,7 % ) y por sobre La Serena (18,7 %) (tabla 4).

Más allá de su limitado aporte al cálculo de la producción del oro de las ciudades del sur, las cuentas de la caja de Valdivia nos entregan algunas informaciones adicionales interesantes. En efecto, si se revisan los egresos del periodo 1574-1578, todos se refieren a satisfacer las obligaciones de limosna¹⁰ para con los establecimientos de las órdenes religiosas presentes en la región y la cuarta episcopal del obispo de La Imperial. Estos registros aportan un panorama de la presencia efectiva de la Iglesia en los núcleos hispanos del río Itata al sur, a unos veinticinco años del inicio de la conquista española de dicho territorio. Así, por ejemplo, al revisar las cuentas, nos percatamos de que franciscanos y dominicos poseían conventos y casas en casi todos los enclaves hispanos del obispado de La Imperial, cuya jurisdicción abarcaba de Concepción a Chiloé, y recibían anualmente como limosna aceite y vino con cargo a la Caja de Valdivia. Según estos registros, ambas órdenes tenían establecimientos de este tipo en Concepción, Imperial, Villarrica y Osorno, y los franciscanos registraban además presencia en Angol y Castro (AGI, C, leg. 1851).

Por otra parte, estas cuentas de egresos corroboran el papel importante que cumplían algunos mercaderes en el movimiento de los recursos fiscales, provenientes mayoritariamente del impuesto aurífero. Estos intermediarios proveían las necesidades del culto y cobraban en las arcas reales las deudas que dicho aprovisionamiento generaba, concentrando de ese modo en sus manos -como ya lo señaláramos- gran parte del oro circulante y de la deuda fiscal. Aún más, dos o tres mercaderes monopolizaban el mercado del culto de las ciudades sureñas. De este modo, en las cuentas del año 1575 de la Caja de Valdivia, ocho fueron los mercaderes que cobraron limosnas y uno de ellos la cuarta episcopal. De estos ocho comerciantes, solo dos, Francisco Sánchez de Merlo y Nicolás Gris¹¹ concentran casi el 60 % de este mercado. Sánchez de Merlo aprovisiona en limosna a los dominicos de Villarrica y de Osorno, a los franciscanos de Castro y cobra a nombre del obispo de La Imperial la cuarta episcopal; Gris provee lo necesario al culto de los franciscanos de La Imperial, de Valdivia y de Osorno. El detalle del cobro de estas sumas se puede apreciar en la tabla 5.

En resumen, las cuentas de la Caja de Valdivia proporcionan dos informaciones relevantes: por una parte, permiten estimar el aporte de las ciudades del sur a la producción aurífera chilena entre 1575 y 1577 y, por otra, confirman la participación de los mercaderes en la circulación del oro y el gran poder económico que podían ejercer sobre unas estructuras políticas y religiosas que dependían de sus aprovisionamientos y créditos.

En cuanto a este último punto, resulta interesante constatar que la intervención de los mercaderes sobre el oro no quintado también se daba en otras áreas productoras de este metal en la América colonial. Así, por ejemplo, sucedía en Nueva Granada (^{West 109-110}) y en Nueva España. En este último caso, Eduardo Flores Clair (44-45, 47) sostiene que el verdadero negocio para los comerciantes y rescatadores estaba en abastecer de insumos o arrendar herramientas a los mineros, obteniendo en contraparte oro en su fuente de producción y grandes beneficios puesto que los metales tenían un precio fijo y las mercancías eran variables.

La calidad y la importancia del oro de la Araucanía según el informe del capitán Riva Martín y el parecer del gobernador Sotomayor [1584]

En la década siguiente a la de las cuentas valdivianas, en 1584 un capitán apellidado Riva Martín elaboró un informe sobre la minería en Chile y la oportunidad o no de importar esclavos africanos para el laboreo minero (AGI, l, leg. 1882). Riva Martín escribió luego de haber permanecido en Chile dieciocho años, según el mismo declarara. El ejemplar de este escrito, que se conserva en el Fondo Indiferente General del Archivo General de Indias, está comentado y en parte contradicho en los márgenes y al final por la mano del gobernador chileno de entonces, Alonso de Sotomayor¹².

La relación de este capitán y los comentarios al margen de Sotomayor entregan algunos antecedentes generales, pero no por ello insignificantes, sobre las características del oro de las diversas ciudades del reino chileno hacia mediados de los años 1580 que hemos resumido en la tabla 6.

Como se puede apreciar en la tabla 6, hay coincidencias y diferencias entre el informe de Riva Martín y la opinión del gobernador Sotomayor; por ejemplo, ambos coinciden sobre la riqueza de los lavaderos de La Imperial y difieren acerca de la importancia de los de Concepción y Chillán. En cuanto la calidad del oro, los dos opinan que el obtenido en la Araucanía es de alta pureza, muy superior al de Castro y mejor que el de Santiago.

La importancia del oro de la Araucanía y sobre todo del de La Imperial, así como la dificultad para obtenerlo, ya la señalaba unos cinco años antes, en 1579, el general Martín Ruiz de Gamboa, quien en un informe al virrey Toledo decía:

[...] en la Imperial, donde se an descubierto muy rricas minas que ogaño con grande dificultad por las guerras que allá e tenido todavía sacaron más de sesenta myll pesos sin lo que los indios hurtaron y ansí mysmo en las otras ciudades se a sacado lo ordinario que con toda la guerra que e tenido siempre, con todo eso hize alto para que en todas estas ciudades sacasen oro que es el sustento de la tierra. La imperial es el principio de la guerra principal i haciendo esto los vecinos haga el governador mi señor hacer un fuerte y hacer alto sobre las minas que en efecto son muy rricas y en muchas partes [...] (AGI, AC, leg. 31)

Si La Imperial figura a fines de la década de 1570 y principios de la siguiente con un gran potencial aurífero, dos razones pueden haber complotado para que no se fundiera y acuñara allí el oro colectado: por un lado, la resistencia militar indígena que, según la opinión de Ruiz de Gamboa (1579) y del gobernador Soto-mayor (1584), era muy perturbadora en ese territorio y, por el otro, el hecho de que La Imperial no fuera una ciudad portuaria, por lo que para sacar el oro se hacía necesario llevarlo hasta el puerto de Valdivia.

En síntesis, el escrito de Riva Martín muestra que la mayoría de los lavaderos de oro identificados y explotados a partir de la década de 1550 en el sur del reino de Chile se mantenía vigente a mediados del penúltimo decenio del siglo XVI; este documento también informa sobre la excelente calidad atribuida al metal áureo obtenido de tales yacimientos y deja de manifiesto las dificultades constantes de su explotación, ya fuera por falta de mano de obra, o bien por el estado de guerra que recurrentemente afectaba las comarcas sureñas; dos razones que parecen las dos caras de una misma moneda: la resistencia indígena provocaba violencia y la violencia dificultaba el reclutamiento o incentivaba la huida de los mitayos.