1. Introducción

Después de la guerra civil de 1859- 1862 se impuso el liberalismo radical, el que se materializó con la expedición de la constitución de 1863, o constitución de Rionegro. Las políticas radicales se orientaron hacia la creación de nuevas jurisdicciones territoriales bajo una forma de gobierno federal y un Estado descentralizado. La creación de los Estados Unidos de Colombia en 1863, retomó el modelo de régimen político liberal estatal francés y norteamericano, en oposición al régimen político conservador y centralista de la tradición colonial hispánica².

En este sentido, los comerciantes y ganaderos del Estado de Bolívar como representantes del partido liberal radical, argumentaron que una forma federal de gobierno era la mejor manera de administrar los recursos públicos para el mayor beneficio de las regiones del caribe³. Fue así, como las peticiones de autonomía política y descentralización fiscal por los comerciantes de Mompós, Cartagena y Barranquilla, fueron explicadas al general Santander por Juan José Nieto, quien argumentó en 1835: que las tesorerías de estas provincias pagan sus propios gastos con las rentas de las aduanas, y ante la desatención y poca representación de sus diputados en Bogotá veía la necesidad de optar por una forma de gobierno federal para que cada Estado dé viabilidad a los proyectos que más se correspondan con sus necesidades locales⁴.

Asimismo, en 1855 el comerciante Cartagenero Rafael Núñez resaltó la importancia de suprimir el centralismo representado en el Estado de la Nueva Granada: una organización política artificial que pretendía unir por la fuerza la gran diversidad de poblaciones fragmentadas en una amplia extensión territorial. Núñez demandó solución al progreso en la comunicación y comercio por los puertos del litoral del Magdalena y del mar caribe, para ello, promovió la idea de un gobierno especial, independiente y exclusivo, es decir: federal, autónomo y elitista⁵.

Para asegurar este gobierno «exclusivo», el liberalismo radical reclamó el monopolio de la fuerza pública en los estados federales creados en 1859 como garantía ante cualquier amenaza de centralización del poder fiscal o político. La autonomía regional y la promoción del regionalismo fue la base de la retórica usada por grupos de comerciantes y ganaderos en el Estado de Bolívar interesados en instaurar el modelo de Estado liberal, basado en el libre comercio y el individualismo⁶.

Así, la constitución liberal de 1863 proyectó la idea de «modernización» estatal y «desarrollo» económico, que contrastó con un periodo de violencia entre 1859 y 1886 en el cual se desplegaron tres guerras civiles⁷. El discurso de la «modernización y desarrollo» fue expuesto por los grupos de comerciantes agroexportadores y ganaderos de Bolívar, quienes justificaban la adopción del modelo liberal federal para actuar desde la esfera pública de las localidades favoreciendo sus bienes privados en la región. De este modo, reordenar el territorio, según el proyecto de los radicales obedeció a la máxima de las ventajas comerciales y las alianzas políticas en la competencia por instrumentalizar el aparato estatal en favor de las élites comerciales⁸.

Ahora bien, el Estado de Bolívar fue de gran importancia comercial como punto de conexión con las Antillas, Centro América, Europa y Estados Unidos. Fue organizado a partir de la red de poblaciones de las antiguas provincias de Mompós, Cartagena y Sabanilla entre 1859 y 1886⁹. Se caracterizó por su mestizaje indígena, africano y europeo que la geografía articuló en pueblos alineados sobre el curso de los ríos Magdalena, San Jorge, Cauca y Sinú. Integrados por la navegación en ciénagas y caños abordo de bongos y champanes, medios que caracterizaron no solo al comercio local y extranjero, sino que marcaron formas de vida basados en la pesca y la ganadería¹⁰.

Las reformas radicales consistieron en la adopción del libre comercio, es decir, la eliminación de las aduanas y el libre tránsito de mercancías por los puertos de Cartagena y Barranquilla. Lo que eximía del pago de los derechos de comercio por los puertos del caribe en beneficio de las casas comerciales instaladas en Barranquilla, Cartagena y Magangué. La retórica liberal fue copiada del economista francés Federico Bastiat por las élites radicales de la costa que abogaron por: el individualismo, la supresión del ejército permanente, la descentralización del poder y la separación entre la iglesia y el Estado¹¹.

La facción radical se apoyó en la teoría del Estado débil y austero, con una burocracia mínima y amplia actividad del sector privado, para reforzar la idea del individuo como centro de la comunidad con libertad de industria, comercio, culto y expresión. Además, propuso un ethos social secularizado a través de una ciudadanía laica y racional¹². Sin embargo, Solano Sergio y Roicer Flórez han sustentado que la llamada descentralización fiscal y de la fuerza pública promovió la privatización del ente castrense en manos de comerciantes y ganaderos, encargados también del recaudo de rentas e impuestos locales¹³.

Detrás de la retórica liberal, el propósito descentralizador era permitir la explotación de las riquezas naturales del caribe en manos de grupos particulares extranjeros y locales. La extracción de maderas de Tolú (bálsamos, aceites, palo de Brasil), de perlas, sal y dividivi de Riohacha y Panamá; el algodón y maderas de construcción de Sabanilla y Corozal, junto con el maíz, la caña de azúcar y la gran variedad de frutas tropicales. En Bolívar se consolidó El Carmen como eje productor de tabaco para Alemania, articulando productores de Sincelejo y Corozal con la producción ganadera y de cueros de Magangué, Chinú y las sabanas de Córdoba. Del Magdalena se explotaba cacao, azúcar, café, banano y tabaco para casas comerciales de Estados Unidos. Los productos eran movilizados por la amplia red fluvial y marítima de navegación a través de Champanes, Bongos y vapores por los puertos de Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Riohacha, al interior del país y en el extranjero¹⁴.

De lo anterior, se deduce que los enfrentamientos armados al interior del Estado de Bolívar, obedecieron a disputas entre grupos locales, los cuales privatizaron la guerra a través de la organización de cuerpos armados a su servicio y de su partido político, enfrentándose en repetidas ocasiones para sostenerse en el poder. La autonomía otorgada a los estados federales en los Estados Unidos de Colombia, fortaleció a los poderes locales y a sus intermediarios frente al poder central¹⁵. Por consiguiente, comerciantes y ganaderos impusieron el «orden y la seguridad» en la ciudad y en el campo, al tiempo que ocuparon cargos públicos, administrativos y judiciales, sostenidos por el libre porte y comercio de armas en el Estado, que dejó en sus manos el monopolio de la fuerza: la milicia¹⁶.

De manera que el estudio de la organización y funcionamiento de las milicias, ayudan a esclarecer el significado de la fuerza pública del Estado de Bolívar y su importancia como fuente de poder para el control y monopolio de las rentas y la violencia a nivel regional y nacional. Por consiguiente, el presente artículo centra su atención en las particularidades del gasto público militar regional. La compilación de las cifras del presupuesto anual de gastos del Estado de Bolívar, permitió hacer una aproximación a los recursos económicos asignados para la creación, administración y funcionamiento de la fuerza pública bolivarense en el periodo de 1857- 1886. A partir de las leyes presupuestales exploramos el ordenamiento económico de la administración pública regional, el gasto en los diferentes departamentos administrativos del Estado y las acciones políticas encaminadas a establecer el monopolio iscal y de la coerción en el caribe colombiano¹⁷.

2. El gasto público militar de los liberales radicales en el Estado de Bolívar 1859-1886

Ciertamente con la creación de milicias locales se pretendió establecer cierto control sobre la violencia y la extracción de los recursos iscales en el Estado de Bolívar por parte de comerciantes y ganaderos. Por ello, la importancia de la fuerza pública bolivarense, para las élites locales, radicó en los siguientes aspectos: primero, el control sobre la milicia sirvió como elemento de presión partidista a nivel local en las repetidas contiendas electorales para monopolizar los cargos públicos y garantizar la permanencia de determinadas facciones en el poder regional; segundo, estableció unas relaciones de poder entre las élites regionales definidas por formas de dominación partidista en los diferentes territorios y sus poblaciones; y tercero, actuaron como instrumento de los partidos políticos en las localidades que redefinían la soberanía nacional al enfrentar en repetidas ocasiones las pretensiones de centralizar el poder en Bogotá¹⁸.

Ahora bien, el contexto nacional de fortalecimiento de la autonomía provincial y la descentralización del poder político, económico y militar con la creación de los Estados Soberanos en 1863, condujo a la reforma de la fuerza pública nacional. La reforma se vio reflejada en las políticas presupuestales nacionales de reducción del gasto público militar (disminución del 80% en 1831 hasta el 4.43% en 1856 para el gasto militar del total del gasto público nacional) y la propuesta liberal radical de suprimir el ejército permanente neogranadino, al representar una amenaza pública y un gasto inútil al tesoro nacional¹⁹.

La reforma a la fuerza pública pretendió contrarrestar la fuerte tradición militar heredada de las luchas independentistas y evitar las dictaduras militares. Lo que convirtió al modelo francés de la ciudadanía en armas en una solución a la precariedad del tesoro y una medida preventiva para evitar abusos de poder. La nueva concepción sobre la fuerza pública contrarió cuatro tradiciones del ejército de la Nueva Granada: su naturaleza nacional, profesional, no deliberante y permanente, dando paso a las milicias estatales de carácter provincial, partidista y ocasional entre 1859 hasta 1886²⁰.

Fue así como en 1859 surgió una nueva organización militar. Por una parte, el control del orden público interno y la defensa de la Nación, en caso de una agresión extranjera, recayó en la guardia nacional, representante del gobierno central de la federación colombiana. La guardia fue constituida por contingentes de voluntarios aportados por cada estado soberano anualmente. Por otra parte, en los estados soberanos el poder ejecutivo (presidente, gobernadores y alcaldes) debía encargarse de la formación, financiación y funcionamiento de las milicias, además, establecer su ordenamiento legal y constitucional.

En cierta medida la victoria militar del liberalismo radical en 1863 produjo la reconfiguración del poder regional y la consolidación de nuevos actores políticos en el Estado de Bolívar, junto a Juan José Nieto, las élites comerciales monopolizaron el poder local en Cartagena, Chinú, Lorica, El Carmen, Mompós y Barraquilla. De manera que desde 1859 hasta 1886, el poder político y económico en el Estado estaría asociado a los apellidos de pocas familias de élites organizadas en facciones y en constante disputa por el poder regional²¹. Según Juan A. de la Espriella, las guerras civiles produjeron una constante situación de escasés para el tesoro regional, el cual, sin crédito y obligado a pagar los gastos, expropiaciones y recompensas efectuados por los beligerantes, afrontó la parálisis de la producción y el comercio, y la inseguridad en los pueblos y caminos.

Sin embargo, la creación de la milicia bolivarense en 1857 se llevó a cabo con la primera asignación presupuestal del tesoro regional, su intención fue garantizar al gobierno legítimo el cumplimiento de las leyes y la constitución nacional. El presupuesto asignado a la milicia dependió en gran medida de la situación del orden público, el cual variaba en tiempos de paz o de guerra, ligado a las contribuciones de la economía regional y a los aportes privados que posibilitaron el funcionamiento de la fuerza pública bolivarense. En casos de amenazas al orden público regional o nacional el poder ejecutivo fue el encargado de adjudicar el presupuesto extraordinario para atender la guerra²².

El gasto, en el departamento de la milicia, del Estado incluía dos puntos: el material de guerra y el pago del personal. Estos rubros se subdividían en: sueldos de oficiales, jefes y la tropa en servicio; la compra de material bélico, armas, munición, uniformes, gastos de escritorio, alumbrado y agua. La asignación por parte del tesoro regional fue constante en el periodo de 18571886, y varió en determinados periodos de paz y de guerra. Las asignaciones presupuestales las establecía la asamblea legislativa bolivarense a partir del cálculo de las rentas del Estado. Seguidamente, el presidente decretaba el presupuesto de gastos en cada uno de los departamentos administrativos. Una vez cumplido el año económico, el presidente decretaba su liquidación con las cifras de egresos, créditos y rentas del Estado, dando un informe anual a la asamblea sobre los diferentes negocios de los distintos departamentos administrativos²³.

Por otra parte, el ejecutivo contaba con autorización para imponer empréstitos y expropiaciones, así como la capacidad para disponer de los recursos del tesoro regional en caso de guerra. Junto con el presupuesto de gastos para la milicia, la asamblea fijó el número de hombres de la fuerza pública anualmente y el presidente del Estado contó con autoridad para elevar el número en caso de guerra²⁴. La creación de las milicias bolivarenses inició en 1858 por el conservador Juan Antonio Calvo ante la amenaza de las guerrillas liberales de Juan José Nieto. En 1858 la primera partida presupuestal para el departamento de la milicia fue de 9.300 pesos, lo que representó el 5% del total del gasto público. Los gastos se repartían entre los departamentos de la deuda del Estado, gobierno, justicia, instrucción pública, fomento, beneficencia, y gastos de hacienda y del tesoro²⁵.

En 1859 las fuerzas conservadoras fueron vencidas por las milicias de Nieto, quien aumentó el gasto en la milicia, subiendo a 21.022 pesos, es decir, el 11% del total del gasto. Para 1860 los liberales ampliaron la asignación a la milicia al 16% (32.000 pesos). El aumento respondía a las necesidades crecientes de la guerra nacional. Finalmente, hasta 1863 el gasto se mantuvo estable en 12.822 pesos. El aumento del pie de fuerza estatal en estos años se prolongó hasta 1868 cuando Nieto fue derrocado por sus antiguos aliados en la guerra de 1859 contra los conservadores. De manera que en los años de 1864, 1865 y 1868 de mayor intensidad militar aumentó el gasto en la milicia hasta el 46%. En adelante, hasta 1875 la asignación a la milicia vuelve a aumentar, manteniéndose hasta 1877 en 11%. Por último, entre 1878 y 1886 podemos notar una disminución paulatina debido al inicio del proceso de centralización del gasto militar en el tesoro nacional, hasta la eliminación de las milicias y la creación del ejército nacional en 1886, ver cuadro 1 ²⁶.

Cuadro 1 Presupuesto del gasto público en el Estado de Bolívar 1858-1886. 

Fuente: Tabla elaborada por el autor con base en datos suministrados por las leyes y decretos anuales de presupuesto para el Estado de Bolívar en pesos publicados en la Gaceta Oficial del Estado de Bolívar y el Diario de Bolívar entre 1859-1886.

Metodológicamente es importante precisar que las fuentes consultadas para exponer estos presupuestos son las leyes y decretos oficiales sobre el gasto público. Sin embargo, notamos que los presupuestos liquidados anualmente fueron en la mayor parte del periodo radical superiores a los que calculó la ley, habiendo periodos de presupuestos adicionales, solicitud de créditos, empréstitos forzosos, nuevos impuestos, donaciones voluntarias, expropiaciones y el secuestro, que se aplicaron en la práctica para cubrir los costos de conservar la milicia para mantener el orden interno en los periodos de guerra.

En los primeros años de 1858 hasta 1863, los departamentos de gobierno y de hacienda fueron los que absorbieron la mayoría de los recursos del Estado en gastos para su funcionamiento. En 1860 el departamento de la milicia apareció con la asignación más alta del gasto público total, promediando como el gasto más elevado para el Estado en los años de 1864, 1865 y 1868. En adelante, el departamento que más recursos captó fue el de instrucción pública de 1866 a 1877, seguido de los departamentos de hacienda, gobierno y el de la milicia. Entre 1878 y 1886 se dio prioridad al departamento de fomento, que absorbió la mayor parte del presupuesto de gastos, seguido de gobierno, hacienda y la milicia. Aunque solo durante 4 años la milicia obtuvo la mayor partida presupuestal, siempre se mantuvo en el orden de prioridades del Estado en el gasto público.

Otro aspecto importante para el funcionamiento económico de la milicia fue su financiación a través de los empréstitos (ver cuadro 2), los cuales recaían sobre la población decretados por el poder ejecutivo, el que, además contó con la facultad de disponer del tesoro del Estado abriendo créditos adicionales al presupuesto anual asignado por la asamblea legislativa, en casos de guerra interior o exterior, priorizando a la milicia para atender sus gastos en campaña²⁷.

Cuadro 2 Empréstitos para la milicia del Estado de Bolívar. 

Fuente: Tabla elaborada por el autor con base en datos tomados de: «Decreto sobre contribución directa extraordinaria», Gaceta oficial del Estado de Bolívar, n° 119, Cartagena, 30 de octubre de 1859, 3. «Contribución directa extraordinaria», Gaceta oficial del Estado de Bolívar, n° 142, Cartagena, 8 de abril de 1860, 4. «Decreto sobre contribución directa extraordinaria», Gaceta oficial del Estado de Bolívar, n° 258, Cartagena, abril de 1862, 2-3-4.

Solo el poder ejecutivo y sus delegados eran facultados para exigir estas contribuciones «voluntarias o forzosas» a la población civil. Los gobernadores fueron los encargados de recaudar los empréstitos repartiendo entre los distritos las cantidades según su población y riqueza. Una vez repartida la cifra por los gobernadores, los alcaldes junto con 2 miembros del concejo municipal dividían la suma total de la asignación de su distrito entre los vecinos teniendo en cuenta: que el empréstito lo pagaban solo los nacionales vecinos del distrito mayores de 21 años; quedaron exentos las mujeres y jornaleros que no ganaban más de 120 pesos al año; y por último, se elaboró una lista con la renta anual de los vecinos que no estaban exentos y se les asignó una cantidad según su riqueza.

Las contribuciones eran ijadas mensualmente a todas las provincias y distritos, coordinadas por los empleados de recaudo que daban informe al alcalde, y este pasaba las listas sobre las contribuciones a los administradores de hacienda y a los gobernadores. Finalmente, los gobernadores rendían cuentas al presidente del Estado, quien asignaba la suma del empréstito al departamento de la milicia del Estado donde era repartido en sus dos capítulos: material y personal.

El empréstito fue una forma de financiamiento frecuente que apeló a los recursos de los ciudadanos. Del mismo modo, en casos de alteraciones graves del orden público, el presidente estuvo facultado para realizar expropiaciones de bienes muebles e inmuebles. Las expropiaciones a la población civil en general eran dirigidas a atender las demandas de la guerra: la construcción de fortificaciones de campaña para la defensa del Estado, de almacenes de pólvora y parques militares, cuarteles, pabellones y hospitales; la adquisición de elementos de guerra, de movilidad, subsistencia, equipo para la fuerza de mar y tierra²⁸.

Cuando una propiedad era requerida se le notificaba al dueño sobre la expropiación y la indemnización posterior. Si las necesidades eran en dinero, caballerías, carruajes, embarcaciones, ganados, víveres, materiales de vestuario, armamento, pólvora, municiones, equipo para la fuerza, y cualquier otro que podía calificarse como artículos de guerra, la autoridad que decretó la expropiación, hacía un repartimiento entre las personas que podían «dar» los objetos que se necesitaban en proporción a sus riquezas. Antes de llevar a cabo la expropiación se realizaba el avalúo de los bienes y se determinó una renta o un dinero para satisfacer al dueño de los muebles o inmuebles. Para terminar la comisión de expropiación, el funcionario elaboraba los inventarios de las cosas expropiadas y sus dueños, junto con los títulos de pago después de desocupadas sus propiedades.

De modo que la milicia fue mantenida y funcionó a través del presupuesto de gastos del departamento de la milicia del Estado de Bolívar entre 1858 y 1886. Junto a esta base presupuestal ínfima, también los aportes voluntarios o forzosos de élites locales interesadas en que se mantuviera una parte de la fuerza pública en funcionamiento en los distritos de su influencia o en algunas regiones del Estado fueron importantes. Igualmente vemos que la milicia se apoyó en la población civil como otra forma de financiación con las expropiaciones y secuestros de casas, fincas, comida, ganado, armas y hombres para la guerra.

Aunque no contamos con una información detallada sobre las expropiaciones, empréstitos y contribuciones de los ciudadanos para el mantenimiento de la milicia, la información que tenemos nos brinda una imagen aproximada sobre las formas de subvención, y la manera como se obtenían los recursos para poner a funcionar a la milicia. En este punto, distinguimos cuatro formas: la primera, a través de las rentas del Estado como gasto público; la segunda, por los aportes privados y contribuciones voluntarias; la tercera, las expropiaciones y secuestros a la ciudadanía en general; y por último, los empréstitos decretados por el gobierno.

3. El gasto interno de la milicia del Estado de Bolívar 1859-1886

Al interior de la milicia el presupuesto asignado por la asamblea era repartido en los siguientes rubros: material, personal y gastos extraordinarios. El primero, representaba los gastos en equipos militares y servicios como bienes muebles e inmuebles; el segundo, el pago de sueldos de oficiales, jefes y soldados; y el extraordinario era un aporte anual para auxilios en campaña o en tiempos de paz. Como vemos en el cuadro 4 el gasto se orientó en su mayoría al pago del personal de la milicia del Estado. Esta cantidad varió anualmente según el pie de fuerza en servicio y ligado a la situación del orden público. El rubro para material de guerra demandó menor cantidad de dinero, mientras los gastos extraordinarios siempre fueron estables, entre 1858 a 1886 estuvieron entre los 100 a 400 pesos.

El gasto más oneroso de la milicia fue el pago del personal, que en 1858 exigió del presupuesto la suma de 7.000 pesos, un 75% del total para el departamento. Para 1859 el egreso aumentó al 85%, para tener una disminución entre 1860 y hasta 1863, periodo en que inició el proceso de organización de los primeros cuerpos de milicia que atendieron la guerra civil. En 1864 el aumento fue significativo ya que se debió pagar el personal que luchó en la guerra de 1859-1862. El incremento continuó en 1865 con 82.992 pesos de un total de 93.310 pesos del departamento de la milicia, representando un 88% para gastos en personal. En los años de 1866 hasta 1871 el egreso en sueldos se mantuvo por el rango del 90%, mostrando la prioridad en la liquidación de sus miembros activos e inactivos.

En estos primeros años hasta 1865 se mantuvo un elevado costo en el pago de salarios ya que se organizó una milicia en permanente campaña militar. Después de un transitorio aumento en 1868 el pago de sueldos a la milicia se redujo de manera casi constante. La siguiente década de 1869 a 1876 la milicia es reducida al mínimo en tiempos de paz y el gasto en personal fluctuó entre los 25.000 y los 31.000 pesos, lo que representó entre el 81 y 90% del total de gastos.

El inicio de las campañas militares entre 1876 y 1877 no significó un aumento de los gastos en personal en el presupuesto del Estado Bolívar, en gran medida debido a que la milicia inició su proceso de centralización, trasladándose los egresos de funcionamiento de la administración regional al tesoro nacional. El porcentaje entre 1876 a 1880 estuvo entre el 72% y el 82% en el rubro de personal del total del gasto público en Bolívar. Los últimos años de existencia de la milicia entre 1880 y 1886, el rubro en salarios siguió captando la mayoría de los fondos a pesar de las disminuciones en los aportes del Estado al departamento militar (ver cuadro 3).

Cuadro 3 Gastos en personal, material y extraordinarios 1858-1886 en pesos. 

Fuentes: Tabla elaborada por el autor con base en datos tomados de las leyes de presupuestos anuales.

Por otra parte, el rubro en material de guerra no varió tanto, con un porcentaje mínimo de 4% y máximo de 35%. En 1858 el gasto en material fue de 2.000 pesos, representando un 21% del total, elevándose en 1859 a 2.850 y en 1860 a 11.350 pesos, para estabilizarse de 1861 a 1863 con un 20% del total. Entre 1864 y 1865 el egreso en material se elevó para luego estabilizarse entre 1866 a 1871 con un porcentaje que osciló entre el 5% y 13%. De 1872 a 1880 la proporción en los gastos de material no variaron mucho, el gasto se mantuvo entre los 1.790 pesos a los 6.000 pesos del total de gastos de la milicia. Para los últimos años de 1881 hasta 1886 el gasto en material disminuyó y se estabilizó en 1.000 pesos, representando entre el 4% al 12%. (Ver cuadro 4 sobre gastos en material de guerra)

Cuadro 4 Gastos anuales en personal 1859-1885. 

Fuente: Tabla elaborada por el autor con base en datos tomados de las leyes de presupuestos anuales.

Los botines de guerra y las expropiaciones sirvieron para aliviar las deudas contraídas con los jefes, oficiales y soldados por sueldos atrasados. Asimismo, la milicia se caracterizó por sus carencias de material, la falta de recursos para comprar nuevas armas o reparar las existentes y la constante necesidad de acudir a los aportes privados para pagar sus soldados y oficiales. Por consiguiente, la milicia obtuvo sus apremios en campo de batalla, a través de la expropiación a los enemigos de la administración de turno para asegurar su comisión en su propio mantenimiento. En la mayoría de los casos el botín de guerra y la expropiación era extraído de la población civil que fue la que corrió con los gastos y consecuencias de los conflictos y los enfrentamientos partidistas.

El gasto en material de guerra fue dividido en 4 variables de las cuales se observa una cierta proporción desde 1859 hasta 1870 en la repartición de los egresos (ver cuadro 5). Podemos afirmar que la compra de armas y uniformes, no fue una prioridad, como tampoco lo fue la actualización de las armas ni su reparación. Por consiguiente, en cuestión de armamento la milicia recurrió a las armas privadas o en manos de la población civil, al igual que apeló a las expropiaciones de edificios, casas, incas, comida y animales, para su funcionamiento en campaña.

Cuadro 5 Gastos de material 1859-1873. 

Fuente: Tabla elaborada por el autor con base en datos tomados de las leyes de presupuestos anuales. A partir de 1874 hasta 1886 el gasto en el material de la milicia del Estado no es especificado en las leyes y decretos anuales.

Los costos en sueldos y material de guerra fueron financiados por familias dedicadas al comercio y la ganadería en las sabanas de Córdoba, la región momposina, Barranquilla y Cartagena. Como resultado las milicias fueron cuerpos armados organizados esporádica y temporalmente, es decir, una estructura militar de carácter privado y partidista²⁹.

4. Parques militares, sanidad y educación militar 18591886

El parque militar era el lugar de depósito de los elementos de guerra propiedad de la milicia de Bolívar. El presidente del Estado fue el responsable directo de la compra y venta de armas, municiones, uniformes y todo tipo de menaje, y los gobernadores y alcaldes tenían a su disposición un piquete de milicia que custodiaba el parque militar de Cartagena, Lorica y Mompós. Estos depósitos contaron con un grupo de intendencia destinado al abastecimiento de las milicias y el pago de los salarios, organizados de la siguiente manera: un guarda parque teniente 1°, un sargento 1°, cinco sargentos 2° y 8 soldados, quienes elaboraban los inventarios y llevaron el control sobre entrada y salida del material de guerra³⁰.

En 1859 fue organizado en Lorica el parque del Estado y se decretan las primeras leyes sobre expropiación de armas en manos de particulares:

Toda persona que tenga en su poder cañones, morteros obuses, pedreros, esmeriles, trabucos, fusiles, rifles, escopetas, carabinas, picas, espadas, sables, lanzas, chuzos, alabardas, granadas, bombas, pólvora, mechas, balas y piedras de chispa, y en general toda especie de armas o instrumentos de hierro, acero, bronce, cobre o cualesquiera otras materias preparadas para hacer la guerra, y las demás cosas correspondientes al uso de estas armas, deberán presentarlas en el parque nacional³¹.

Las personas que tuvieran de forma ilegal armas en sus tiendas, casas y almacenes eran expropiadas y multadas, y en ocasiones, enviadas a prestar servicio militar. Por otra parte, en el parque de Cartagena encontramos el inventario del material de guerra almacenado allí después de la caída del gobierno conservador de Juan Antonio Calvo en 1859. Este depósito fue el más grande e importante del Estado, allí se acopiaron las armas, equipos y uniformes para el servicio de la milicia liberal de Juan José Nieto que se toma el poder en 1863. Algunos elementos de guerra encontrados fueron:

5 piezas de a 4 con todos sus servicios de escobillón, atacador, sacatacos, botafuegos y tirantes, 5 cajitas para pertrechos, 25 balas sueltas, 16 potes de metrallas, 16 cartuchos de cañón, 2 rollos de mechas, 303 fusiles, 100 cartucheras, 6 bolsas, 5 chifles, 5 punzones, 10 palancas de dirección, 10 espeques, 2 manivelas, 21 cubichetes, 3 atacadores de plaza, 1 cuchara, 2 escobillones, 1 sacataco, 4 plomadas de las piezas de batalla, 169 fornituras, 50 cartucheras sueltas, 50 vainas de tahalí, 430 paquetes embalados, 4 rascadores, 75 hachuelas con sacatacos, sacabalas y agujetas, 30 queps de cartón nuevos, 2 fusiles con sus fornituras, 2 paquetes embalados³².

Cuando se requerían armas para la milicia, estas debían solicitarse al parque general en Cartagena. El presidente autorizaba la entrega y traslado; la entrega se realizaba a través de inventario donde igualmente se verificaba el estado en que eran entregados los elementos de guerra. Sin embargo, la carencia de material llevó a que la milicia se armara de cualquier manera, incluyendo, fusiles, escopetas, lanzas, machetes, púas de madera, cuchillos, etc. Así, durante las tres guerras civiles entre 1859 y 1886 las armas de la milicia estuvieron dispersas por el territorio del Estado, almacenadas en las ciudades y pueblos en depósitos improvisados arrendados o expropiados a particulares³³.

Ahora bien, la milicia no solo dependió del armamento, los elementos de guerra, los bienes muebles e inmuebles y los auxilios en campaña para su funcionamiento. Una parte vital dentro de los cuerpos armados fueron los médicos cirujanos, enfermeras y la infraestructura sanitaria que atendió a los soldados y oficiales que entraban en campañas militares. Por otra parte, exteriormente del hospital, otra figura fundamental en la milicia fueron los médicos veterinarios que acompañaban a las tropas cuidando a los animales de carga: las mulas y caballos, y en ocasiones reemplazando a los propios médicos en sus labores.

El riesgo que afrontaban los soldados en las campañas militares y los largos meses en servicio requirió de la creación de cuerpos de sanidad que acompañaban a la milicia. Los oficiales superiores del Estado mayor general tenían a su disposición un médico cirujano jefe y en cada división de la milicia contaron con 2 cirujanos y 3 practicantes, quienes cuidaban la salud de oficiales en caso de contraer enfermedades, epidemias, subalimentación o tratar las heridas en combate³⁴.

No obstante, los hospitales y el personal médico fueron precarios e insuficientes ante la magnitud de una guerra civil. La infraestructura sanitaria de la milicia se adecuó de forma improvisada y rudimentaria cerca de los lugares donde se desarrollaban las campañas militares. En las ciudades y pueblos, la milicia ocupaba propiedades en arriendo o expropiadas a sus dueños para establecer el hospital militar. Aunque muchos de estos hospitales no funcionaron de manera adecuada, fueron refugios temporales dirigidos por médicos y atendidos por mujeres que se vinculaban a la milicia cuando se iniciaban conflictos armados³⁵.

De manera que el departamento administrativo de beneficencia y recompensas del Estado fue responsable de sufragar los gastos de los hospitales denominados de caridad. Los rubros se dirigían hacia la atención de las necesidades de la infraestructura sanitaria en las ciudades capitales de departamento con el propósito de adecuar espacios para proporcionar asilo, sustento y asistencia médicoquirúrgica a todos los hombres enfermos o heridos. En los hospitales de caridad los médicos y enfermeras atendían un número determinado de hombres dependiendo de los recursos que se le asignaban anualmente para su funcionamiento³⁶.

Estos hospitales de caridad asumieron la atención médica de los soldados de la milicia del Estado a razón de 25 centavos diarios. Cuando un soldado herido o enfermo ingresaba a un hospital era registrado por el subinspector encargado de llevar las cuentas de los gastos producidos por la milicia. Los costos de atención se remitían al respectivo cuartel del soldado, y después de ser dado de alta del hospital, los gastos totales eran revisados mensualmente por el tesorero, quien tramitaba las cuentas de cobro a los oficiales de milicia y a la secretaría del Estado para que fueran sumados como gastos del departamento de beneficencia y recompensas³⁷.

El personal del hospital incluía, además de los médicos cirujanos y enfermeras, un contralor, mayordomos, capellanes, practicantes, roperos, cocineros, lavanderas y asistentes, quienes eran los encargados de mantener en funcionamiento y organizar todas las tareas que implicaban la atención hospitalaria de los soldados. Los hospitales más importantes estaban ubicados en Cartagena, Mompós y Magangué, los cuales funcionaron de manera eventual, cerrados constantemente debido a la falta de material e insumos para atender a los enfermos y heridos. Otro problema fue la falta de edificios adecuados para establecer nuevos hospitales, revelando la insolvencia de los gobiernos liberales radicales para mantener en funcionamiento un apropiado sistema hospitalario, lo que condujo a la creación ocasional de hospitales que aparecían y prestaban sus servicios solo cuando las necesidades de la guerra lo exigieron.

Otro aspecto del gasto en la milicia del Estado fue la instrucción y educación militar. Durante los gobiernos liberales, entre 1859 a 1886, la profesionalización de la milicia no fue una prioridad en Bolívar, los militares se formaron a través de la experiencia adquirida directamente en las guerras civiles. Aunque la educación teórica y la instrucción técnica y logística, además del entrenamiento físico estuvieron contemplados en los códigos, leyes orgánicas de la milicia y los manuales militares de la época, esto no se llevó a cabo de forma estricta³⁸.

La pauta elemental para la formación de las milicias de Bolívar era tener un conocimiento y entrenamiento básico en el uso de las armas para enfrentar las campañas militares en la planeación, logística, organización y desplazamientos. Sin embargo, los exiguos recursos para la instauración y mantenimiento de escuelas militares permanentes no posibilitaron una adecuada formación militar. Por otra parte, como mencionamos anteriormente el material de guerra fue insuficiente para llevar a cabo entrenamientos militares, y en su mayoría, los cuerpos armados estaban compuestos de campesinos, pescadores, artesanos y empleados con diferentes oficios, quienes en repetidas ocasiones abandonaban la milicia para volver a sus trabajos en los campos y puertos.

En Cartagena fueron instituidos en 1860 dos colegios de instrucción pública: uno femenino y otro masculino. Éste último fue dividido, por una parte, en la escuela de licenciatura especializada en filosofía, ciencias físicas, matemáticas, medicina, jurisprudencia y ciencia política; y por otra parte, la escuela de náutica a cargo de la enseñanza de cosmografía náutica y pilotaje, principios de maniobra, artillería de mar, dibujo geográfico e hidrográfico, construcción naval, maniobras y faenas de buques, máquinas de vapor, gimnástica, natación y astronomía. Estas enseñanzas debían ser complementadas con aritmética, trigonometría, geometría y cosmografía para quienes quisieran hacer carrera militar en la milicia de marina³⁹.

No obstante, la escuela náutica fue clausurada en 1882 debido a que no cumplió con los objetivos de su fundación, entre los cuales figuraba la educación de 12 jóvenes, para que siguieran la carrera naval. A esto se le agregó, la falta de útiles y aparatos necesarios para la instrucción y educación, puesto que sin ellos, las enseñanzas no se pudieron impartir de manera adecuada. Por consiguiente, las carencias económicas limitaron la educación e impidieron el funcionamiento de la escuela naval, debido a que las asignaciones por parte del Estado nunca fueron cumplidas y la escuela no funcionó como las leyes lo plantearon⁴⁰.

Por otra parte, las escuelas militares para la instrucción de las tropas impartían clases de lectura, escritura, gramática, aritmética, moral y enseñanza de los derechos y deberes constitucionales. Estas escuelas fueron divididas en tres tipos: En la primera, se enseñaba lectura, escritura y obligaciones de soldado y cabo. A esta asistían los miembros de la milicia que no sabían leer y escribir sin importar su rango. Era dirigida por un teniente y un sargento de la milicia. Las asignaturas eran cursadas por cinco individuos de tropa por cada compañía, pasada la instrucción de estos, eran reemplazados por otros cinco individuos dependiendo de sus avances en la educación. En la segunda, se enseñaba principios gramaticales y aritméticos, obligaciones del sargento y moral. Las asignaturas estaban dirigidas por un ayudante y dos sargentos, y solo podían asistir cabos y sargentos. En la tercera, se enseñaba formación de los documentos de compañía, aritmética, gramática y obligaciones de subteniente, órdenes generales para oficiales, y derechos y deberes constitucionales. Estas asignaturas estaban dirigidas por un capitán, quien además de las materias señaladas estaba encargado de dirigir la enseñanza de la formación e instrucción del recluta, en temas como la diferencia entre las voces preventivas y ejecutivas de mando, el alineamiento, las marchas, los despliegues y formaciones de línea⁴¹.

Las escuelas militares eran establecidas en un local dentro del cuartel, siendo vigiladas y dirigidas por el jefe del cuerpo miliciano. El mobiliario de las mesas y bancas para establecer las escuelas era financiado por el Estado, pero los libros, tinta, papel, y demás útiles necesarios para la instrucción salían de un fondo exigido a la ciudadanía para auxiliar a cada uno de los que asistían a las escuelas. Así, cada tres meses, se realizaban los exámenes de aprovechamiento presididos por el jefe de cuerpo, determinando los avances de los estudiantes y su paso a las siguientes clases. Los individuos de tropa dedicados a la enseñanza quedaban exentos de destacamentos, comisiones y otros servicios, que los separaran por más de 24 horas del cuartel. De igual manera, los oficiales dedicados a la instrucción quedaban exentos de todo servicio de armas. Finalmente se determinó que todos los días había clases en la escuela a excepción de los domingos⁴².

Estas escuelas no funcionaron de manera persistente ya que como mencionamos anteriormente, las carencias económicas no lo permitieron, junto con el carácter temporal y esporádico de los cuerpos armados creados, que no dieron espacio para una formación constante tanto de oficiales como de los soldados. Es decir, que los intentos por educar e instruira la milicia del Estado de Bolívar estuvieron marcados por periodos interrumpidos, donde se pudo iniciar cierta instrucción en el oficio de las armas y arreglar las enseñanzas descritas, pero sin unos resultados concretos, ya que la fugacidad de los cuerpos armados y la constante reducción al mínimo de la milicia del Estado no lo permitió, quedando muchos soldados y oficiales con su instrucción sin iniciar o a medias, debiendo terminar de prepararse en el calor de las campañas militares.

En 1862 se formó en Barranquilla un cuadro instructor que nos puede servir de referencia para tener una idea de cómo estaba compuesto el personal que atendía la educación militar de los individuos que componían los cuerpos armados. Los cuadros instructores eran supervisados por las distintas gobernaciones, el gobernador debía cuidar que estos cumplieran con los deberes de su empleo, dando la instrucción conveniente en los respectivos ejercicios. También estaba a cargo de la gobernación nombrar a los oficiales y subalternos miembros del cuadro instructor, el cual se debía componer de la siguiente manera: un jefe instructor sargento mayor, un ayudante teniente, un sargento primero, cuatro sargentos segundos, seis cabos, un tambor y un pífano. Los cuadros de instrucción eran instalados en el cuartel en que se encontrara el parque de armas donde permanecían encargados de la custodia de los elementos de guerra. Los cuadros instructores de los cuerpos armados de menor número, como las compañías, estaban compuestos de: un capitán, cuatro sargentos primeros, tres sargentos segundos, cinco cabos y 17 hombres de banda⁴³.

El entrenamiento consistió en una práctica dominical, que incluía las de tiro, ejercicios físicos, maniobras de la unidad completa, manejo de armas y valor en combate. Complementado con lecturas sobre las relaciones de rango y mando, legislación militar, los castigos y sanciones, así como las recompensas y reconocimientos por su desempeño en la milicia. Sin embargo, los cuerpos milicianos no estuvieron del todo preparados y entrenados en el oficio de las armas debido a que los colegios militares y de instrucción no fueron permanentes, por el contrario, se caracterizaron por su ocasional formación. Es decir, que las milicias de Bolívar se forjaron en el campo de batalla debido a las condiciones económicas y políticas del Estado de Bolívar.

5. Conclusión

El sistema de gobierno federal de los Estados Unidos de Colombia impuesto por el liberalismo radical entre 1863 y 1886 fue resultado del interés de las élites comerciales y ganaderas locales en Bolívar por descentralizar las rentas y la fuerza pública. Los Estados federales constituidos desde 1859 se convirtieron en espacios de monopolio político, económico y militar en función de las pocas familias dedicadas al comercio de exportación e importación, quienes afianzaron su influencia en los gobiernos locales a través de la instrumentalización de la milicia estatal para sostenerse en el poder.

Las milicias que debían ser pagadas por el tesoro regional y ante los escasos de recursos económicos asignados por los gobiernos locales para su funcionamiento y organización, terminaron siendo financiadas por la población a través de empréstitos, expropiaciones, robos y secuestros de material de guerra, casas, fincas, comida y animales. Así, comerciantes y ganaderos se valieron de la descentralización iscal y militar para formar milicias privadas pagadas por sus propios recursos y sostenidas en campaña por el pillaje y la conscripción de la población local.

Así, entre 1859 y 1863 durante la primera guerra civil, el pie de fuerza de la milicia de Bolívar fluctuó entre los 1.193 hombres de tropa, lo cual exigió un gasto aproximado de 128.844 pesos anuales, solamente en los sueldos de los soldados, sin contar oficiales y jefes. Sin embargo, el gasto público de la milicia tan solo alcanzó los 86.250 pesos sumando los empréstitos exigidos a la población entre estas fechas. Más adelante, en 1865 ante un nuevo conflicto armado local la milicia aumentó su pie de fuerza a cerca de 1.455 soldados, ante lo cual, el tesoro estatal solo contó con 16.999 pesos para su financiación, aludiendo que además se debían atender los gastos de cuerpos de sanidad, cuadros de instrucción y parques militares con sus empleados. Fue hasta 1865 que los sueldos de los soldados se mantuvieron a razón de 108 pesos anuales, generando los costos más elevados para el tesoro regional.

Igualmente, durante la segunda guerra civil nacional entre 1876 y 1877 el pie de fuerza de la milicia fue de alrededor de 2.256 soldados. Ahora bien, sin tener en cuenta los gastos en personal de oficiales y jefes, quienes contaban con los sueldos anuales más onerosos, el tesoro regional gastó solo 86.487 pesos para el pago de la tropa, teniendo presente que en 1865 los salarios de los soldados fueron aumentados a razón de 120 pesos anuales, lo que implicó un gasto aproximado solamente de 270.720 pesos en sueldos de tropa. Asimismo, la suma aportada por el tesoro regional para financiar las campañas militares entre los años de 1885 y 1886 fue de 84.724 pesos para el pago de un pie de fuerza de alrededor de 4.774 soldados que a razón de 120 pesos anuales resultaba costando cerca de 572.880 pesos al año, nuevamente sin contabilizar los gastos en material de guerra, personal de sanidad, cuadros de instrucción, parques militares y sueldos de oficiales y jefes que haría más oneroso el gasto.

Los exiguos aportes del tesoro regional en los periodos de guerras civiles para atender las campañas militares, llevaron a que las milicias fueran mantenidas y funcionaran por los aportes voluntarios privados de élites locales, interesadas en que se mantuviera una parte de la fuerza pública en funcionamiento en los distritos de su influencia, o en algunas regiones del Estado. También vemos que la milicia se apoyó en la población civil como otra forma de financiación con las expropiaciones y secuestros de casas, incas, comida, ganado, armas y hombres para la guerra. Por último, el Estado de Bolívar estuvo marcado por las políticas del liberalismo radical que consistían en la privatización de la fuerza pública, a partir de trasladar sus gastos de funcionamiento del tesoro regional a las poblaciones locales. Dentro de las cuales las élites de comerciantes las instrumentalizaron en función del conflicto bipartidista para actuar desde la esfera pública en favor de sus intereses privados.