1. Introducción

La película alemana La vida de los otros (2006), del director Florian Henckel, narra la historia de un intelectual disidente en la República Democrática Alemana (RDA). sometido a espionaje por la policía política, la Stasi. Tras la caída del Muro de Berlín y la reunificación alemana, el protagonista logra acceder a los archivos estatales y, consultando su ficha, comprobar lo que las autoridades sabían de él, identificar al agente que lo espió e incluso llegar a conocerlo personalmente. El ABC, portavoz tradicional del conservadurismo español de todos los tiempos, dedicó un artículo en primicia al acceso de uno de sus reporteros a los archivos policiales de la ex RDA², sin reparar en que esto no sería posible en España, donde sus homólogos siguen sometidos a las cláusulas generales de confidencialidad o bien fueron simplemente destruidos, con casuales excepciones, en la transición de la dictadura a la democracia³.

Vayan por delante estas salvaguardas a la hora de exponer que las tareas del historiador son investigar, enseñar y divulgar, y que todas ellas llevan asociadas una problemática particular cuando el campo de acción es la Historia del Presente. Entendemos como tal aquella parte de la temporalidad sobre la que se proyecta la memoria colectiva y la experiencia socialmente vivida⁴. Esta periodización pretende dotar de personalidad propia a la historia más próxima, dada la obsolescencia del canon establecido por la periodización académica del XIX, que situó los orígenes de la contemporaneidad en la Revolución francesa (1789). La Historia del Presente es el tiempo de la experiencia vivida por las diversas generaciones que coexisten en un determinado momento histórico⁵. Para las sociedades de nuestro entorno, comienza en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y abarca hasta nuestros días. Interpretaciones más dilatadas fijan el inicio de la Historia del Presente, a partir del momento en que los problemas actuales salieron por primera vez a la luz. Eric Hobsbawm formuló su modelo del corto siglo XX haciéndolo nacer de las convulsiones de la Gran Guerra y la revolución rusa (1914-1917), para morir con el colapso soviético (1989-1993)⁶. En el caso de España, ese corto siglo XX es el comprendido entre la crisis del sistema de la Restauración (1917) y el fin de la transición a la democracia tras la dictadura franquista (1986). Profundizar en su conocimiento obliga al historiador partidario de un paradigma crítico a actuar en un triple frente: como investigador, como divulgador y como enseñante. De esas tres vertientes trata el presente artículo.

2. Investigar

Uno de los problemas más difíciles de contornear es el acceso a la documentación primaria. La normativa sobre el lapso de tiempo que debe transcurrir entre los hechos y la apertura de la documentación al público fija este plazo en veinticinco años; sin embargo, no siempre es así. Las leyes de protección de datos, de protección al honor y el nuevo derecho al olvido digital se están erigiendo en nuevos obstáculos para el investigador. Veamos algunos ejemplos.

El derecho al olvido digital, emparentado con la protección de los datos personales y la preservación de la propia imagen, está avalado en el ámbito de España y la Unión Europea por la sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de junio de 2018, trasposición de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión, del 13 de mayo de 2014. Este hecho particular afecta la búsqueda de información sobre una persona, en las hemerotecas digitales mediante el recurso de introducir en un buscador su nombre y apellidos. A raíz de este pronunciamiento, los periódicos deben eliminar de sus motores internos dicha opción. Según el máximo tribunal, queda garantizada en cualquier caso la posibilidad de acceder a esa información concreta mediante una búsqueda temática, temporal o geográfica. En resumen, mucho más penosa.

Cualquiera que haya utilizado las hemerotecas digitales de periódicos de amplia trayectoria cronológica como las de los diarios conservadores el ABC o La Vanguardia⁷, se puede hacer una idea de lo que significa una aplicación rigurosa de esta norma. Por ejemplo, durante el proceso de documentación de mi último libro⁸, ¿Cuántas de sus páginas quedarían incompletas si no fuera por las informaciones halladas en estos riquísimos repositorios? lo que no se puede atribuir a una iniciativa original, puesto que ya los equipos de desnazificación de la Oficina del Gobierno Militar de los Estados Unidos (OMGUS, en inglés), empeñados en la persecución de los criminales de guerra nazis refugiados en España, lograron establecer las complicidades de las jerarquías de la dictadura, gracias a la reseña de sus apariciones en los ecos de sociedad de la prensa oficial. Otros, con intenciones diferentes, profundizaron en este surco: Tomás García –alias «Juan Gómez»–, responsable de la Comisión Económica del Partido Comunista de España (PCE), recomendó a su equipo el análisis de las notas de puestas de largo, pedidas de mano, matrimonios y funerales del ABC o la revista de la alta sociedad ¡Hola! para determinar los lazos de relación entre los miembros de la oligarquía.

Gracias al buscador histórico de la hemeroteca de La Vanguardia y a su sección de necrológicas, sabemos que un tal Antonio López Moreno falleció en Barcelona el 27 de agosto de 1965. Lo común de su nombre y apellidos lo harían pasar desapercibido si no fuera porque también fue identificado por los muchachos del OMGUS como agente colaborador del Abwehr, el espionaje militar alemán. Había tenido una visa azarosa. Militante anticatalanista, el 19 de julio de 1936 se sumó a los sublevados contra la República en Barcelona y participó en los combates callejeros hasta que, dando la partida por perdida, se refugió en su domicilio. Meses después, entró en contacto con la quinta columna. Se camufló como sanitario de la División Rojinegra de la Federación Anarquista Ibérica (FAI). Nadie sospechó nunca que llevaba cosido en el forro interior de la guerrera el carnet de Falangista con el número 1.325.

Durante su estancia en los frentes de Huesca y Teruel, López Moreno prestó impagables servicios de información al ejército franquista, además de proveer de documentación falsa a sus camaradas perseguidos. Acabada la guerra, solicitó el ingreso en la Segunda Sección Bis (Inteligencia del Ejército de Tierra). Durante los años de la guerra mundial, trató frecuentemente a los alemanes y protegió a nazis y colaboracionistas fugitivos. Como funcionario de Estado Mayor estaba muy bien relacionado con la Gestapo. López Moreno fue un incansable escrutador del exilio republicano. Escribió miles de páginas –en concreto, 4.581 entre 1948 y 1956– sobre todas las organizaciones de izquierdas gracias al robo de sus archivos, a las infiltraciones y al espionaje. Por sus servicios, recibió la Cruz de 2ª Clase del Mérito Civil con distintivo blanco.

¿Cómo sabemos todo esto? Pues gracias a que su esquela publicada en La Vanguardia –un cumplimiento observado generalmente en la época para personajes con cierta relevancia social– y conservada en su hemeroteca digital permite establecer su fecha de fallecimiento y, salvados los veinticinco años que prescribe la normativa, solicitar su expediente personal al Archivo del Ministerio del Interior. De otra forma, la indagación periférica habría sido, con seguridad, estéril. Las actividades de la Segunda Bis, como es evidente, no se aireaban en los medios. «ALM» habría pasado tan desapercibido para la historia como el oscuro funcionario que era y al que algunos recordaban soltero, relativamente culto, frecuentador de las exposiciones de pintura, que vivió modestamente en una pensión del Ensanche y murió de una lesión cardíaca hereditaria en agosto de 1965. De lo contrario, en este momento ¿quién podría identificarlo?, si no fuera por su rastro administrativo y por su esquela en un diario conservador.

3. Divulgar

Que las medidas restrictivas pueden afectar a la divulgación lo atestigua el debate suscitado recientemente sobre la supresión de los datos identificativos del secretario del Juzgado de Prensa –encargado de la depuración de la profesión periodística– que condenó a prisión al poeta Miguel Hernández. La Universidad de Alicante (UA) tenía almacenados en su red institucional los trabajos de Juan Antonio Ríos Carratalá, catedrático de Literatura Española, que publicó en 2015 un modélico estudio sobre el tema⁹. En él se repasa la trayectoria de quienes se encargaron de juzgar, condenar y mandar a la muerte o a presidio a los más destacados periodistas republicanos: Julián Zugazagoitia, director de El Socialista y Francisco Cruz Salido, de Adelante; Javier Bueno, director del órgano de la izquierda socialista, Claridad; Manuel Navarro Ballesteros, director del órgano comunista Mundo Obrero. Todos fueron fusilados. Otros, como los anarcosindicalistas Valentín de Pedro, columnista de CNT y Eduardo de Guzmán, director de Castilla Libre vieron conmutadas sus penas de muerte por las de treinta años de reclusión. El titular de aquel tribunal fue el capitán del cuerpo jurídico Manuel Martínez Gargallo, a cuyas órdenes estuvo el alférez provisional Antonio Luis Baena Tocón. Ambos tuvieron largas carreras posteriores en la judicatura y la administración gracias a su celo represivo. Antonio Luis Baena Tocón ingresó en el cuerpo de Interventores de Fondos Provinciales, donde permaneció hasta su jubilación, ya en democracia, en 1985.

Mientras que la obra de Ríos Carratalá quedó confinada al ámbito de la letra impresa, no hubo problema. Este se suscitó cuando sus artículos pasaron del mundo de la imprenta al entorno digital. El 17 de mayo de 2019, un hijo del alférez solicitó a la UA que se borraran los datos personales de su padre en los artículos científicos alojados en sus servidores. Con fecha 12 de junio, el gerente de la universidad estimó favorablemente la solicitud, al interpretar que el personaje no tenía consideración de figura pública y que debía garantizarse su derecho al olvido digital. También dictaminó que la eliminación de sus datos personales no imposibilitaba la comprensión del objeto de la investigación. En definitiva, los datos personales de Antonio Luis Baena fueron suprimidos y no pueden ser rastreados por los motores de búsqueda de las webs de la UA¹⁰.

El impacto negativo en la divulgación del conocimiento de la historia reciente es un fenómeno constante. Los datos aportados por Ríos Carratalá no fueron obtenidos ilícitamente ni han caducado en su validez a los efectos del conocimiento histórico. Antonio Luis Baena Tocón fue una figura pública, su rúbrica aparece en decenas de expedientes judiciales, fue funcionario de carrera y no parece, a tenor de los beneficios que obtuvo de ello, que se arrepintiera de sus actuaciones. Borrar su identidad o sustituirla por sus iniciales y afirmar al mismo tiempo que los resultados de la investigación no sufren es grotesco. En la práctica, se trata de la imposición de una auténtica omertá por aplicación de un derecho al olvido que es realmente un deber de amnesia.

Dicho sea de paso, la protección del derecho al olvido no obra de igual manera para otros actores de la época. La Causa General (CG), ese monstruo jurídico por el que fueron juzgados y condenados por rebelión precisamente quienes se opusieron a ella, está plenamente accesible en la red sin que nadie se haya tomado la molestia de despersonalizar los documentos, en los que se imputan crímenes atroces sin posibilidad de defensa efectiva por parte de los afectados¹¹. Otro ejemplo: en la colección histórica del Boletín Oficial del Estado (BOE) obran, al alcance de un clic, los facsímiles de las disposiciones de indulto, concedidas graciosamente por la dictadura con motivo de la campaña propagandística de los XXV Años de Paz¹² ¿Qué derecho al olvido ampara a los allí citados con expresión de su filiación completa y referencia al centro penitenciario en el que se hallaban cumpliendo condena?

También es llamativo el trato diferencial en la protección de la imagen. Entre los documentos contenidos en los expedientes que nutrieron los juicios sumarísimos de urgencia, obran fotografías incautadas por los equipos de recuperación documental que fueron empleadas como pruebas de cargo. En el expediente contra los integrantes de la denominada checa¹³ del paseo de Monistrol de Madrid, figura la instantánea de sus integrantes, comandados por un turbio personaje llamado Antonio Rodríguez López y conocido como «El Chato».

Fuente: Archivo Histórico de la Defensa, Procedimientos Judiciales incoados por la Justicia Militar por el Tribunal Militar Territorial 1º, sumario 5325, legajo 604. Cortesía de Pablo Azorín Williams.

Imagen 1 Miembros de la Brigada de «El Chato» (marcado con una cruz). 

A la brigada de «El Chato» se le atribuyó la participación en múltiples asesinatos en la retaguardia republicana. Se admitieron las denuncias formuladas contra sus integrantes por las víctimas de sus crímenes y con aquellos pudieron ser habidos por la policía y encausados por los tribunales y luego se ejerció justicia sumarísima¹⁴.

La otra fotografía corresponde a integrantes de la Escuadra Negra de Montijo (Badajoz), un grupo de falangistas a los que se atribuye el asesinato de más de ciento veinte personas en aquella localidad extremeña en 1936.

Fuente: ^{Chema Álvarez Rodríguez}, «Verdugos conocidos: la represión fascista en Montijo en 1936», El Salto diario, Madrid, 2 de octubre de 2018, https://www.elsaltodiario.com/memoria-historica/extremadura-verdugos-conocido-la-represion-fascista-en-montijo-en-1936/

Imagen 2 La Escuadra Negra de Montijo (Badajoz). 

Sus delitos no fueron juzgados. No hubo una Causa General que indagase sobre sus fechorías. Y no hubo tal porque fueron los vencedores. Muchos de ellos disfrutaron de prebendas durante la dictadura y aún hoy algunos figuran en el callejero urbano. La historia de esta escuadra de facinerosos llegó a manos del investigador que dio a conocer sus crímenes ochenta y dos años después de los hechos, en un sobre sin remitente depositado en su buzón por mano anónima. Este es un ejemplo de un modelo diferencial de memoria, de un desigual derecho al recuerdo y al olvido y de, como señalan los historiadores franceses para los años oscuros de la ocupación, la guerra civil es todavía un pasado que no pasa¹⁵.

Una parte importante de ese pasado se encuentra en los archivos militares, que siguen guardando celosamente, por ejemplo, secretos insondables de la frontera con Francia o sobre la acción en el país vecino de los servicios de inteligencia, a pesar de que ambos países pertenezcamos a las mismas instituciones políticas y militares internacionales desde la década de los 80 del pasado siglo¹⁶. Contrasta esta opacidad con las facilidades de acceso que ofrecen instituciones extranjeras con un pasado no menos polémico. La Central Intelligence Agency (CIA) tiene disponibles on line sus archivos y su web de acogida se permite incluso un guiño irónico al curioso lector:

[…] ¿Los ovnis te fascinan? ¿Eres un aficionado a la historia que quiere aprender más sobre Bahía de Cochinos, Vietnam o el A-12 Oxcart [avión de reconocimiento construido por Lockheed y operativo entre 1962 y 1968]? ¿Te han fascinado siempre las historias sobre espías? Puede encontrar información sobre todos estos temas y más en la Sala de lectura electrónica de la Ley de libertad de información (FOIA) de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) […]¹⁷.

La documentación, descargable en formato facsímil, es desclasificada en virtud de la Freedom Of Information Act (FOIA), promulgada en 1966 y sometida a revisión durante el mandato de Barack Obama en 2009. Según establece su preámbulo, «el principio subyacente a la FOIA es inherente al ideal democrático, como lo exigen Thomas Jefferson y otros fundadores de nuestra República: asegurar una ciudadanía informada, vital para el funcionamiento de una sociedad democrática». En su apartado segundo, punto 1.5 establece los plazos de acceso. En el momento de la clasificación original, la autoridad competente debe establecer una fecha para la desclasificación que, al cumplirse, determinará que la información sea automáticamente desclasificada. Si no se hubiera establecido expresamente plazo de prescripción, este no deberá superar los diez años posteriores a la fecha original, con excepción de la información que afecte a la identidad de una fuente confidencial o a planos de armas de destrucción masiva. En cualquier caso, el plazo máximo son veinticinco años. La ley deja meridianamente claro que ninguna información puede permanecer clasificada indefinidamente¹⁸.

En virtud de ello, la web de la CIA ofrece periódicamente novedades sobre los tópicos que han sido objeto de desclasificación. Si hace poco se hizo eco de la publicación de la documentación que implica a la propia agencia en el complot para derribar el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende¹⁹, a fecha de 22 de julio de 2019, las novedades fueron:

En Francia, entre 2010 y 2015, el gobierno de Manuel Valls declaró abiertos los archivos de la policía judicial entre septiembre de 1939 y mayo de 1945, lo que afectaba tanto a la policía de Vichy como a la del Gobierno provisional formado tras la Liberación. Los ministerios de Justicia e Interior autorizaron asimismo la consulta de los expedientes de los tribunales de excepción de Vichy, de los juicios de depuración y los archivos sobre la persecución y juicio de criminales de guerra, en las zonas de ocupación francesa en Alemania y Austria²¹.

Una metodología novedosa ensayada en el país vecino es la que llevó al Institut d´Histoire du Temps Présent (IHTP), bajo la dirección de Philippe Buton y Michel Hastings a movilizar a medio centenar de corresponsales en los departamentos, para vaciar los fondos relativos a la vida política y social en Francia durante los primeros años de la Guerra Fría. Se contó con profesorado de Historia de enseñanza secundaria a quien el Ministerio de Educación reconoció un descuento horario para realizar esta labor. Al propio tiempo, la Dirección General de Archivos instó a todos los responsables de los archivos departamentales y locales a facilitar el acceso de los investigadores a la documentación, incluso a aquella que pudiera estar aún sometida a clasificación. El resultado vio la luz en un volumen colectivo que arrojó una nueva lectura, académica y educativa, sobre un periodo extremadamente convulso para la sociedad francesa²².

4. Enseñar

La enseñanza de Historia no ha sido ajena a las convulsiones del corto siglo XX. Su carácter formador de ciudadanía ha hecho permanecer a esta disciplina en el módulo troncal del sistema educativo. En el caso español, el panorama actual está caracterizado por significativas carencias de la historia enseñada, en particular las que afectan a la historia inmediata. Su tratamiento constituye un verdadero agujero negro. Desde comienzos del siglo XXI, habrán sido más de nueve millones los jóvenes llamados a elegir a sus representantes para que tomen decisiones que afectarán a sus vidas, afrontando problemas cuyas raíces se hunden en procesos de la historia reciente sobre los que apenas habrán recibido formación escolar alguna²³.

Un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de 2010 concluía que el 69% de los entrevistados afirmó que había recibido poca o ninguna información sobre la guerra civil en el colegio o el instituto. En 2014, una muestra sobre el nivel de conocimientos acerca de hechos, procesos, personajes y lugares emblemáticos de la historia española de los últimos setenta y cinco años recogida entre un centenar de estudiantes universitarios de Magisterio, señaló que el 30% no sabía cuántos años estuvo Franco en el poder (creían que menos de 30 años). El 79,5% no sabía en qué año se produjeron las últimas ejecuciones en España (casi un 40% desconocía incluso que las hubiera). El 47% no supo señalar en qué año se aprobó la actual Constitución. Un 98% y un 95% identificaron el Valle de los Caídos y el Guernica de Picasso entre los hitos monumentales de nuestro pasado reciente, pero solo un 66% y un 45% respectivamente acertó a contextualizarlos²⁴.

Nada sorprendente si se tiene en cuenta que solo el 27% de estos aprendices de profesores vio los contenidos relativos a la Segunda República, la guerra civil, el franquismo y la transición durante su educación obligatoria (4º de ESO). El 73% tuvo que esperar a 2º de Bachillerato y afrontar su estudio con la premura de la preparación de la prueba de acceso a la universidad. Solo el 21,5% de sus profesores abordó los temas con detenimiento y profundidad frente a un 28,4% que lo hizo deprisa y superficialmente con pretextos como «rehuir la polémica política o la proximidad a los hechos» (¡ochenta años después!). Y eso, a pesar de que un 79,5% de los encuestados manifestó que tenía un interés alto o medio-alto por conocer los episodios clave de nuestra historia contemporánea.

A los silencios hay que añadir un discurso de fondo, de sentido común, que ha imprimido una huella imperecedera en el imaginario de la sociedad española: la guerra civil como locura colectiva, una confrontación entre hermanos impelidos a la lucha por un sino trágico y unas minorías políticas y ambiciosas; la teoría del empate moral sobre las responsabilidades por el estallido de la guerra, repartidas por igual entre ambos bandos, y la simetría en la violencia de retaguardia, sin más explicación que la exaltación de las pasiones y los odios²⁵.

A esta mistificación han contribuido en buena medida los manuales escolares, recogiendo los estereotipos mencionados y estableciendo una secuencia cronológica teleológica. La Segunda República y la guerra civil aparecen indefectiblemente juntas, lo que condena a aquella como preámbulo necesario de esta. El franquismo queda encapsulado en su propia temporalidad, ajeno a su origen como causante de la guerra. Queda asimismo separado de la democracia actual, cuya genealogía se construye sobre su superación, obviando las inercias, las contradicciones y los conflictos insertos en su complejo proceso evolutivo.

Un elemento, en absoluto desdeñable, que conforma la orientación de los libros de texto, es la comerciabilidad²⁶. Los editores admiten que, sin que se pueda hablar de censura, deben valorar si una determinada orientación sobre ciertos temas tiene un impacto negativo en el mercado. Las dobles líneas editoriales y la sumisión de los contenidos a las demandas del consumidor darían la razón a Dewey y Freire, cuando advirtieron que las fuerzas comerciales terminarían por actuar en contra de la política escolar y de los objetivos educativos²⁷. En última instancia, no es la academia sino la ideología del consumidor la que determina los contenidos de los manuales en función de la lógica del mercado, y esta, a la postre, la que conforma el ideario emanado de la decantación de lo aprendido en la escuela.

En no pocas ocasiones, los manuales adolecen de una deficitaria incorporación de los avances de la historiografía actualizada. La ingente investigación académica emprendida durante los últimos cuarenta años no ha calado hasta los niveles básicos del sistema educativo, que es donde se forman las representaciones con que la mayor parte de los ciudadanos se aproxima al conocimiento de su pasado reciente. Es como si la biología humana se explicase aún por la teoría galénica de los humores o la física por el paradigma newtoniano. La historia se ha convertido en un menú a la carta en que cada consumidor escoge su combinación favorita y lo que uno sabe o cree saber es una mezcla de lugares comunes, retazos de relatos derivados de la autopercepción familiar, ecos fragmentarios de lo visto y oído en medios de comunicación, retales de lecturas superficiales y soflamas de tertulianos. Ingredientes que, en última instancia, suministran la coraza a un relato reaccionario rampante.

Afortunadamente, frente al control del discurso por el oligopolio editorial han ido surgiendo alternativas. Muchas de ellas, como ocurrió en su momento con los trabajos pioneros sobre memoria histórica, nacen desde las aulas, por el impulso de profesores de Secundaria no enfeudados académicamente con el mandarinato del mundo académico o editorial. Cabe destacar, como experiencia pionera, la del seminario de fuentes orales dirigido por María Ángeles Méndez y Herminio Lafoz en el IES Avempace de Zaragoza²⁸, modelo que combinaba las recopilaciones de memorias y autobiografías perdidas con la encuesta de proximidad a los parientes ancianos del alumnado. El proyecto cumplía a la perfección el doble objetivo de revelar la historia como parte de un pasado vivo a través de sus protagonistas y de introducir al alumnado en las técnicas de la investigación de campo.

El movimiento por la recuperación de la memoria histórica alentó la elaboración de materiales curriculares como el publicado en 2008 por el Foro, por la Memoria de León, en colaboración con profesores de los Departamentos de Historia y Didáctica de su Universidad. Se trataba de un conjunto de unidades didácticas para 2º de Bachillerato²⁹, dedicadas al estudio de la República como proyecto de modernización del país y a dos aspectos hasta entonces casi totalmente invisibilizados en los libros de texto comerciales: la represión franquista y la resistencia contra la dictadura. Destinadas a los niveles básicos de la escolarización aparecieron publicaciones interesadas en el abordaje didáctico de la guerra civil. En 2013 se publicó el trabajo de María Feliu Torruella y Francesc Xavier Hernández Cardona, una propuesta multidisciplinar consistente en una panoplia de recursos para acercarse al episodio desde las fuentes materiales, iconográficas, orales y audiovisuales³⁰. El exhaustivo catálogo instrumental desarma cualquier excusa tendente a justificar el no tratamiento del tema en las aulas.

En Cataluña, el Memorial Democràtic lleva años publicando materiales que tratan sobre la memoria de los maestros de la República, los bombardeos franquistas, los caminos de huida de los perseguidos durante el Holocausto y la metodología de la Historia Oral³¹. Conviene destacar el libro Memòria i vinyetes. La memòria històrica a l’aula a través del còmic, cuya traducción al castellano estará disponible a finales de 2019³². En la misma senda se inscribe Los llazos coloraos, novela gráfica en bable sobre los movimientos huelguísticos en Asturias en 1963, que dieron lugar a la extensión de las Comisiones Obreras³³. La Junta de Andalucía, que en su momento asumió el acuerdo de reforzar en su currículum los episodios vinculados a la memoria democrática, amparó en 2014 la primera unidad didáctica específicamente diseñada para el estudio de la Segunda República, pero el giro involutivo dado por la coalición reaccionaria que gobierna la región desde diciembre de 2018 hace temer por su continuidad. Eso hará recaer, de nuevo, la iniciativa en la sociedad civil. En el País Vasco, la Asociación Martxoak3deMarzo ha difundido en la red sendas unidades didácticas para Secundaria y Bachillerato sobre los hechos de Vitoria en 1976³⁴.

Por último, en tiempos de crisis no han faltado las iniciativas particulares amparadas en el micromecenazgo. Uno de sus frutos fue la publicación en 2015 del libro Los del monte. Una historia del maquis que invita a conocer los avatares de la guerra y la resistencia posterior mediante una técnica similar a la de los libros de lectura de género juvenil³⁵. Una empresa de más fuste que la mucho más publicitada producción comercial del controvertido y mediático académico de la RAE Arturo Pérez Reverte³⁶, contestada en términos de choque cuerpo a cuerpo por el filósofo Carlos Fernández Liria y la profesora Silvia Casado Arenas, en sendos volúmenes ilustrados sobre la Segunda República, la guerra civil y sus derivadas hasta el presente³⁷.

La ausencia de un consenso compartido sobre nuestra historia reciente es evidente. ¿Cómo han resuelto estos temas en otros países? En Francia, se convoca desde 1961 el Concurso Nacional sobre la Resistencia y la Deportación (CNRD), auspiciado por las asociaciones de resistentes y los ministerios de Educación y Defensa. El objetivo fue perpetuar la memoria histórica entre los jóvenes franceses y promover el vínculo intergeneracional en la defensa de los valores cívicos³⁸. En él participaron grupos de estudiantes de Primaria y Secundaria, coordinados por su profesorado, en torno a un tema propuesto por la organización. Durante la última década, se han abordado desde el genocidio y los crímenes contra la Humanidad hasta las redes de evasión bajo la ocupación, pasando por la resistencia en el arte y la literatura o el papel de los extranjeros y los jóvenes en la Liberación de Francia³⁹. Cada convocatoria cuenta con un material específico de apoyo. El del curso 2018/2019 versó sobre Represiones y deportaciones en Francia y Europa (1939-1945). Espacios e historia y está disponible on line⁴⁰.

¿Qué resultados ha dado esta política de enseñanza de la Historia reciente? En 1976, el 53% de los franceses ignoraban quién había sido el Jefe del Estado entre 1940 y 1944. En 1980, la mitad de los entrevistados pensaban que era Alemania quien había declarado la guerra a Francia en 1939 y el 66% no condenaba al mariscal Pétain. En junio de 1990, un estudio encargado por el Ministerio de Antiguos Combatientes y la Liga de Educación arrojó como resultado que el 63% de los entrevistados asignaron a los policías franceses (y no a las SS o a la Wertmacht) la autoría de la redada del Velódromo de Invierno de 1942, epítome de la persecución judía en la Francia ocupada. En 1992, las respuestas correctas aumentaron hasta el 74%. La eficacia del refuerzo de los contenidos relativos a este periodo en los programas de enseñanza demuestra que los tópicos y los errores pueden atenuarse y aspirar a su erradicación con voluntad política y medidas pedagógicas⁴¹.

Si esto ocurre con la Historia del Presente, la realidad se complica con la Historia Actual. Persiste aún entre muchos docentes la vieja idea historicista de que los hechos más cercanos no pueden ser objeto de estudio hasta que no se disponga de distancia cronológica. A ello cabría oponer el ejemplo de Marc Bloch, cofundador de la Escuela de Annales. Especialista en la historia de los reyes taumaturgos franceses, no dudó en aplicar las herramientas analíticas de su oficio a la comprensión de la debacle de su país en 1940⁴². No hay, por tanto, excusa para postergar el estudio de lo inmediato.

Si la guerra civil y el franquismo constituyen un no lugar de conocimiento para las nuevas generaciones, la transición de la dictadura a la democracia amenaza con incorporarse a ese territorio incógnito. El imaginario de la transición, nacido de la necesidad de dotar de un referente identitario compartido a una comunidad nacional dividida por la guerra civil y la dictadura, va camino de fosilizarse. Los contornos del relato hasta ahora hegemónico están delimitados por el protagonismo de unas élites preclaras, estimuladas por la voluntad de superar el viejo enfrentamiento cainita, con la monarquía al mando de una nave amenazada por el golpismo y el terrorismo. Un relato plano y teleológico con el que no se pretenderá seducir a unas generaciones acostumbradas a las series con protagonistas poliédricos.

El mito está experimentando una erosión que los analistas demoscópicos pretenden explicar por una desafección de las nuevas cohortes demográficas hacia las instituciones emanadas de aquel ya remoto proceso histórico. Conviene recordar que, tomando como base las cifras del censo, el 43,0% de la población actual nació después de la promulgación de la Constitución de 1978 y el 40,7% de los actualmente mayores de edad ni tuvo ocasión de refrendarla ni ha sido llamado a avalar reforma alguna con su voto.

Pero no se trata solo de un problema que pueda ser explicado solo por la demografía y la arterioesclerosis. Una vez más, hay que evaluar el déficit formativo derivado de una insuficiente transmisión de conocimiento histórico del pasado reciente en el ámbito del sistema educativo básico. La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE) prescribe para la materia de Historia en 4º de ESO –el último curso común para todos los futuros ciudadanos, trabajadores, contribuyentes y votantes– un bloque de contenidos, el relativo al mundo reciente entre los siglos XX y XXI, en cuyo apartado 3 se aborda:

[…] la transición política en España: de la dictadura a la democracia (1975-1982) y la Constitución de 1978 (…) Estándares de aprendizaje: 3.2. Enumera y describe algunos de los principales hitos que dieron lugar al cambio en la sociedad española de la transición: coronación de Juan Carlos I, Ley para la reforma política de 1976, Ley de Amnistía de 1977, apertura de Cortes Constituyentes, aprobación de la Constitución de 1978, primeras elecciones generales, creación del estado de las autonomías, etc. 3.3. Analiza el problema del terrorismo en España durante esta etapa (ETA, GRAPO, Terra Lliure, etc.): génesis e historia de las organizaciones terroristas, aparición de los primeros movimientos asociativos en defensa de las víctimas, etc […]⁴³.

Estos son los mimbres con los que, en caso de llegar al bloque de contenidos 8, sorteando las proverbiales excusas sobre lo apretado de los temarios y la escasez de horario semanal, los estudiantes del curso final de la ESO tendrán que construir su interpretación de la España en que nacieron sus padres y en la que fraguaron los fenómenos sociopolíticos, económicos y culturales de los ellos que serán protagonistas en breve plazo. Un proceso vertiginoso en el que toda una superestructura muta en su contraria como al conjuro de un abracadabra.

Se hace precisa –y urgente– una visión alternativa que tendría que partir de las siguientes ideas-guía:

Todo esto es posible, si hay voluntad por parte del enseñante, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos on line hasta hace poco inimaginables. Las relaciones entre el régimen franquista y los Estados Unidos pueden ser seguidas a partir de los fondos digitalizados de la OSS-CIA, donde se ofrece información tanto de los servicios de información como del Departamento de Estado⁴⁶. Para una época más reciente, la de la transición, sus preliminares y sus prolegómenos, los archivos de Wikileaks⁴⁷ proporcionan materiales originales que, en condiciones normales, estarían incluso sometidos a cláusulas de confidencialidad o secreto.

Igualmente, las actividades represoras de la dictadura están al alcance de un clic, sin filtros, en los boletines de la Brigada Político-Social digitalizados en la página del exmagistrado Juan José del Águila, que salvó y divulgó, por iniciativa del profesor Julio Aróstegui, estos documentos esenciales que estaban destinados a la destrucción por orden de la superioridad durante los inicios de la transición⁴⁸. Las ideas de la contraparte perseguida pueden ser rastreadas en sus propias publicaciones clandestinas, puestas en la red por el Ministerio de Cultura⁴⁹. La experiencia oral recogida por los repositorios del Memorial Democràtic de Catalunya y el proyecto Mujer y Memoria⁵⁰, pueden aportar múltiples enfoques a las mentalidades y la experiencia política, social y moral de la sociedad española, a través de las generaciones y desde una perspectiva de género, durante la dictadura y el proceso de tránsito a la democracia.

5. Conclusiones

La Historia del Presente constituye un terreno privilegiado para la conformación de una ciudadanía consciente, informada y critica. Conocer las raíces inmediatas del mundo actual contribuye a que cada generación pueda interpretar su presente y diseñar su futuro.

Las nuevas realidades legislativas –derecho a la protección de datos, a la propia imagen y al olvido digital– deben ser cuidadosamente evaluadas por el legislador para, sin lesionar los derechos fundamentales de las personas, no obstaculizar la investigación o la divulgación que nos alumbra el camino que hemos recorrido.

La historia es –no podría ser de otra forma– controvertible a la luz de las evidencias e interpretable según las diferentes culturas políticas, pero existe un mínimo común denominador que debe ser compartido en la enseñanza escolar sin estar sujeto a las demandas del mercado: el tratamiento veraz de la información, la vindicación de la democracia y el repudio de sus amenazas (dictadura, violencia, conculcación de los derechos humanos), la reparación de las víctimas de los conflictos y la justicia para su memoria.

Una sociedad civil madura recurre de manera periódica a la conmemoración de su pasado para recordar de dónde viene y rendir homenaje a los que hicieron posible un presente mejor. Un sistema democrático sano educa a sus jóvenes en el conocimiento de su historia reciente para dotarles de las claves para poder interpretar el mundo actual. Eso supone mirar hacia atrás, aunque una jaculatoria muy extendida lo juzgue inoportuno e incluso peligroso. Y es cierto: lo es para quienes, dominando el pasado, quieren seguir controlando el presente y privarnos del futuro.