1. Introducción

El texto expone la transición de la república de indios al ayuntamiento constitucional en Tarímbaro, un pueblo de Michoacán, México. Se describen las formas de elección, la participación de los sectores raciales en éstas; pero lo central del texto es describir la integración. Con este tipo de estudios se conoce la existencia de grupos raciales diversos, lo que ayuda a explicar el nombramiento de indígenas como miembros de las municipalidades, quienes, no obstante, la supresión de sus gobiernos, se mantuvieron y fueron pieza claves en la organización.

Las fuentes principales fueron archivos locales, estatales y nacionales. Con la consulta de fuentes primarias y secundarias, características del método histórico, se reconstruyó el proceso de transición de la república de indios de Tarímbaro al establecimiento del ayuntamiento constitucional; se presenta la composición racial del gobierno local, que pasó de ser solamente de indios al ingreso de personas que no necesariamente eran indígenas, sin que los primeros fueran desplazados de forma total.

Se propone que el término autonomía, utilizado por varios autores con el establecimiento de los ayuntamientos, el que consideramos debe ser rastreado para el momento jurisdiccional, en donde los diversos cuerpos que conformaban la sociedad tradicional la tenían en cierto grado, por lo que en el establecimiento y formación de los Estados-Naciones se dieron tensiones entre éstos que deseaban monopolizar y controlar el poder, frente a dichos cuerpos que pelearon por mantener su autonomía; por ejemplo, desde lo local los ayuntamientos la defendieron, por lo que se buscó controlar, limitar e inclusive reducir su número.

Los procesos de elección de los ayuntamientos fueron un medio para conservar autonomía, ciudadanos votaban de manera indirecta, elegían a los encargados del gobierno local, los que disputaron, por medio de sus facultades, el control del territorio y poder contra los gobiernos estatales y nacionales. El caso examinado muestra características que pueden ser estudiadas en otras latitudes, se pone una muestra de otro pueblo michoacano -Chilchota-, en donde se aprecian similitudes; de manera que con una nueva forma de análisis de los pueblos de indios se observarán cuestiones trascendentales, antes no tomadas en cuenta.

2. Escenario geográfico

En la actualidad, la zona de estudio se encuentra bajo la jurisdicción municipal de Tarímbaro, muy cercana a Valladolid- Morelia¹ , capital del Estado de Michoacán; ésta cuenta con características históricas, físicas, geográficas, hidrográficas, económicas y sociales propias, que determinaron la vida de los pobladores del valle y de sus instituciones. El valle de Tarímbaro es una planicie fértil situada al pie de cerros y lomeríos, al contar con abundante agua, por la presencia de diversos ríos², se propició la instalación de ranchos y haciendas extensas territorialmente; además, por la proximidad con Valladolid-Morelia, aún hoy, guarda una estrecha relación.

La historiografía ha señalado que las unidades agropecuarias despojaron de «la antigua zona de refugio» a las comunidades, por lo que los habitantes del pueblo trabajaron en las haciendas de la región³; así, al final del periodo virreinal, las propiedades se distribuían entre 11 haciendas, 22 ranchos y la comunidad⁴; en 1820 las haciendas producían «semillas alimenticias», lo que caracterizaba a este valle⁵. El desarrollo de las haciendas y ranchos continuó, al grado que, en 1931, el poblado estaba rodeado de éstas, inclusive poseían terrenos más extensos⁶.

Sin embargo, faltan estudios que pongan atención y precisen la participación indígena dentro de los ranchos y haciendas, así como los nexos y relaciones creadas con sus propietarios. Lo que queda claro es lo trascendental del sistema agrario en la economía y en la sociedad rural, las unidades realizaban actividades agrícolas y ganaderas que satisfacían las necesidades alimenticias regionales⁷.

3. Tarímbaro, pueblo de indios

En la etapa virreinal, Tarímbaro era pueblo de indios, en 1555 ya contaba con su gobernador indígena llamado Francisco⁸. La documentación muestra que el pueblo conservó dicha categoría por lo menos hasta 1819⁹. Las repúblicas de indios han sido estudiadas por autores como Dorothy Tanck¹⁰, Margarita Menegus¹¹, Felipe Castro Gutiérrez¹² y Carlos Paredes Martínez¹³; en general las definen como pueblos con su gobierno «autónomo», con una categoría especial reconocida por la Corona Española, entidades corporativas que se organizaban en pueblos cabeceras y sujetos. Su desarrollo fue paulatino y variada la legislación que los reguló¹⁴.

Aunque existieron otros, los principales cargos fueron gobernador, alcalde y regidor, designados de forma anual, por voto únicamente de indígenas; si bien variaban las formas, por lo regular los caciques y principales, acompañados de ancianos y oficiales de anteriores de república, eran quienes elegían. En el siglo XVI, los descendientes de los indios nobles ocuparon continuamente los puestos¹⁵. La costumbre indígena del sufragio y la designación consensuada consistía en la votación directa de un electorado pasivo, capaz de elegir, pero no ser elegido y un electorado activo, los viejos y principales, capaces de elegir y ser elegidos¹⁶.

Posteriormente no se exigió que los gobernadores fueran caciques o descendientes de éstos, sin embargo, la categoría ayudó a la obtención de los puestos. Se buscó que el candidato fuera indio puro de padre y madre, buen cristiano, de buena conciencia y no borracho, no revoltoso o de mal vivir y de preferencia que hablara castellano¹⁷. También la edad era importante, mayor de 18 años; en algunos casos lo era estar casado y prestar servicios a la comunidad¹⁸, de los que habían permanentes y temporales¹⁹. Entre las cargas estaban la participación en obras públicas para casas reales o iglesias, la realización de servicios personales, es decir, atención y cuidado de curas párrocos, funcionarios reales y atención en hospitales y mesones²⁰.

La Real Ordenanza de Intendentes señaló que cada año se elegirían, entre «ellos mismos» (indígenas), los oficios de República; también que, los subdelegados o alcaldes ordinarios prefirieran a los que sepan «el idioma castellano y más se distingan en las recomendables aplicaciones de la Agricultura ó Industria»²¹, no mencionando servicios, cargos o edad; diversa historiografía señala que fue un proceso de «democratización» de los cargos, donde los principales perdieron poder frente a los macehuales, destruyendo, adaptando o reconstruyendo las viejas formas indígenas de elección²².

Otro término para la explicación es el de «macehualización de las repúblicas», se explica que los viejos caciques y principales fueron desplazados de los cargos por un nuevo grupo de naturales que no tenía esa categoría²³. La democratización/ macehualización permitió y posibilitó una rotación en el cabildo que de otra forma jamás hubiera ocurrido, así, en las instituciones indígenas existieron principios de representación, cambios y renovación²⁴.

Los poblados tendrían tierras suficientes para su sustento, su propiedad era comunal, no enajenable, pertenecía al conjunto y la administraba el cabildo; pero había una diferenciación de acuerdo con su uso y destino, existían las de común repartimiento (parcelas familiares de usufructo individual), los pastos y montes de uso y explotación colectiva y tierras de propios para sufragar gastos de la república²⁵.

En general, esas eran las características de las repúblicas; sin embargo, en la Nueva España existieron una multiplicidad de estructuras agrarias, donde las normas uniformes impactaron de manera muy distinta en cada región²⁶. En resumen, los pueblos de indios fueron unidades corporativas, representativas, generadores de riqueza material y cultural, determinantes en la estructura agraria y económica²⁷, y junto con las ciudades y villas de españoles eran las unidades básicas de la división territorial y de la administración política²⁸.

4. El nuevo orden constitucional

5. El centralismo y la organización local

En el momento central mexicano se modificó de nueva cuenta el gobierno. Se ha escrito bastante sobre el fracaso del federalismo en su primera etapa y el cambio de sistema; entre las principales razones se ha señalado la inestabilidad política y social, las disputas constantes que provocaron crisis y problemas fiscales⁵⁶.

A nivel local las transformaciones quedaron establecidas en la Sexta Ley Constitucional⁵⁷ y en el «Reglamento Interior de los Departamentos»⁵⁸. El segundo documento, del 20 de marzo de 1837, ratificó la división de los departamentos, funcionarios y facultades de cada uno. Indicaba que habría ayuntamientos en los lugares que los tenían en 1808, en puertos con población de más de cuatro mil almas y pueblos de ocho mil; donde no se alcanzara la cantidad requerida, pero en «consideración» de «diversas circunstancias» y de acuerdo con el gobernador y juntas departamentales, habría un juez de paz⁵⁹.

Siguiendo lo anterior, la Junta Departamental de Michoacán dispuso que habría ayuntamientos en la capital, es decir, Morelia, y en Colima, Pátzcuaro, Puruándiro, Zamora, Tzintzuntzan y Zitácuaro⁶⁰, por lo que fueron suprimidas muchas municipalidades. En 1837 Tarímbaro tenía 6.214 habitantes⁶¹, así, no cumplía ni con el requisito poblacional, ni con los demás exigidos, por lo que se suprimiría su institución; sin embargo, se ha localizado documentación que indica que la conservó por lo menos hasta diciembre de ese año⁶², 1837, instalándose jueces de paz al siguiente enero, es decir, en1838.

La elección de jueces de paz era mediante propuesta del subprefecto, de ésta el prefecto seleccionaría y el gobernador aprobaría; los jueces durarían un año y podrían ser reelectos⁶³. Como Tarímbaro se encontraba en el Partido de Morelia⁶⁴, sede del Distrito Norte, el prefecto hizo las veces de subprefecto de partido, entonces, el 12 de julio de 1837, éste pidió, al ayuntamiento -todavía en funciones-, que se le informara sobre quienes debían ser jueces, tanto de Tarímbaro como de su tenencia, Chiquimitío. Hasta el 9 de diciembre el ayuntamiento preguntó cuántas personas debían proponerse⁶⁵, y el 15 envió la respuesta, pero no en forma de terna, sino que señaló a los propietarios y suplentes⁶⁶.

De esa manera se dio la transición del ayuntamiento, de una institución colegiada a jueces de paz; aunque éstos serían electos por autoridades superiores, en la práctica no tenemos elementos para saber cómo se realizó, solo conocemos que, para los primeros jueces, de 1838, el ayuntamiento mandó una propuesta y se nombraron a otras personas⁶⁷. Se debe resaltar que la municipalidad propuso al indígena Rosalío Hernández para juez segundo, entonces, desde la institución se planteó a un natural para el cargo. No obstante, que la elección no sería por votación indirecta de ciudadanos, los indígenas continuaron en el gobierno local, ya que el mismo Hernández fue juez de paz en 1839⁶⁸, entre 1840 y 1841⁶⁹, y en 1846⁷⁰.

Así, no importaba la manera de elección, las instituciones locales que existieran y la forma de gobierno en México, federal o central, los indígenas no fueron excluidos de ese nivel de organización; pensamos que supieron hacer lazos, vínculos con otros sectores, por ejemplo, si la designación de juez de paz venía de fuera del pueblo, de instancias superiores, éstas debieron saber que Hernández era óptimo para el puesto.

Hernández es el único indígena ubicado como juez de paz, lo que nos lleva a pensar varias cosas: ¿los naturales vieron satisfechas sus inquietudes al estar solo Hernández en el cargo?, o, como ya se ha señalado aquí, la cuestión racial no fue la única que determinó la formación de grupos y existieron varios al interior del pueblo, entonces ¿otros indígenas se aliaron con personas no indígenas, que sí alcanzaron un cargo en el gobierno de Tarímbaro? Al no existir documentación rica, como las actas del ayuntamiento, que nos ayude a explicar lo sucedido, no se puede dar respuesta a la interrogante, a diferencia de lo que ocurrirá en la siguiente etapa, la segunda República Federal y el restablecimiento de la institución municipal en 1847.

6. Segunda República Federal y restablecimiento del ayuntamiento en Tarímbaro

Con el establecimiento de la segunda República Federal en México diversa normatividad regresó a su vigencia, entre esta, la Constitución Estatal de Michoacán de 1825 y el «Reglamento para el establecimiento y organización de los ayuntamientos», ya se habló del criterio poblacional de éstas, 4 mil almas, para la formación de los cuerpos municipales. No se tiene el número exacto, pero sabemos que para agosto de 1847, Tarímbaro tenía un aproximado de 7 mil habitantes⁷¹, por lo que alcanzaba sin problema el mínimo requerido, así, se reinstaló la institución, al igual que en otros pueblos, ya que para 1848, en Michoacán se reportó la existencia de entre 62 y 61 cuerpos⁷².

También regresó el sistema de votación indirecto para elegir a los miembros de las municipalidades, alcaldes, regidores y procuradores, a los que, para 1847, se sumó un presidente para encabezar las sesiones, dejando al alcalde solo atribuciones de justicia⁷³. Entonces, el acta de elección de 1846⁷⁴, para elegir el cuerpo de 1847, indica que el domingo 6 de diciembre, ante el juez primero de paz Pelagio Mejía, se reunieron más de 16 ciudadanos, para cumplir con la convocatoria del Congreso del Estado y con la Ley de 24 de enero de 1825, éstos nombraron secretario y dos escrutadores, y posteriormente los 18 electores. El 20 de diciembre, frente al juez segundo de paz Rosalío Hernández, los electores seleccionaron dos alcaldes, ocho regidores y dos procuradores; los que entraron en posesión el 1 de enero de 1847.

Como en momentos anteriores, en este nuevo periodo del cuerpo constitucional, que corre de 1847 a 1853, ya que en el segundo año fue suprimida⁷⁵, siempre se contó con indígenas al interior de la corporación; en 1847 el procurador fue el indígena José María Pérez, en 1848 el alcalde 2° era Rosalío Hernández, en 1849 Rosalío Hernández fue regidor y luego alcalde 2° y Pedro Ayala regidor, en 1850 Pedro Ayala regidor y José Ma. Pérez procurador, en 1851 solo fue procurador 2° el indígena Francisco Espinoza; en 1852 Francisco Espinoza fue procurador 1° y Rosalío Hernández el 2°, y, en 1853 Rosalío conservaba el cargo de procurador⁷⁶.

En Tarímbaro, hasta 1826 existieron libros de bautizo separados para cada categoría: españoles, indígenas y castas⁷⁷; después de ese año se registraron todas en uno solo, se pensaría que eso dificultaría conocer la condición racial y que dicho rasgo se perdería de manera paulatina; sin embargo, con la consulta de diversa documentación, las actas del ayuntamiento y los poderes o representaciones que el grupo realizó, sabemos que continuaron denominándose así, más allá de que racialmente lo fueran, buscaron mantener la diferenciación, por eso a mediados del siglo XIX lo hicieron explícito⁷⁸.

De manera que, en este periodo, siempre hubo por lo menos un indígena en el ayuntamiento; Rosalío Hernández estuvo en cuatro ocasiones, siendo quien más veces obtuvo un cargo, sin olvidar que fue juez de paz en el momento central; además, en 1848 y 1849 fue alcalde 2°, de las posiciones más importantes. Al observar a los indígenas en la municipalidad, se aprecia que solo cuatro de ellos se repitieron.

La presencia de indígenas en el ayuntamiento indica que el sector fue importante en la organización local, que no fue desplazado del gobierno y que jugó un papel preponderante al interior del pueblo; así existió una continuidad de naturales en los cargos, por lo menos desde la antigua república hasta 1853, año en que finaliza esta investigación, lo que no quiere decir que terminé allí, posiblemente continuó. Pero la continuad no estuvo exenta de transformaciones, las segundas se aprecian con la inserción de otros sectores raciales en ayuntamientos, con las diferentes instituciones a nivel local formadas en cada etapa y con las variadas maneras de nombrar a sus funcionarios; por ello la comunidad tuvo que adaptarse para defender sus intereses, el hecho de que siguieran definiéndose como tal, revela su pervivencia.

Otras formas de adaptación de los nativos fueron los lazos creados y que se observan al consultar las actas de elección; en 1846 fueron nombrados 21 electores, de éstos no se ha localizado algún natural, pero como ya se mostró, José María Pérez, indígena, fue votado para procurador. En diciembre de 1847, de 23 electores solo había un indígena, Rosalío Hernández, lo interesante es que éste fue nombrado alcalde 2° para 1848 con 23 votos, es decir, por unanimidad. Tras la renuncia de los alcaldes y una vacante de regidor, en enero de 1849 se reunió la junta electoral compuesta por 16 ciudadanos, ninguno de categoría indígena; la mayoría de la junta, 13, votaron por el mismo Rosalío Hernández, quien ya era regidor, para alcalde 2°, y por Pedro Ayala para regidor, ambos indígenas⁷⁹.

Para diciembre de 1849 se reunieron 12 electores, ninguno indígena, casi todos a excepción de uno, es decir, 11, votaron por José Ma. Pérez para procurador⁸⁰. El siguiente diciembre, de 1850, la junta se compuso de 15 electores, y «con todos los quince votos» fue elegido procurador 2° Francisco Espinoza⁸¹. En diciembre de 1851, 10 de los 15 electores, votaron por Rosalío Hernández para procurador 2°⁸². Es importante destacar que los indígenas siempre obtenían unanimidad o mayoría apabullante a su favor. Además, el ayuntamiento se renovaba por mitad de regidores y procuradores, para el caso de Tarímbaro cada año se elegían 4 regidores y un procurador para hacer un total de 8 y 2 respectivamente; entonces, a pesar de que ya hubiera nativos en la corporación, los electores elegían a otro más.

Lo ocurrido en Tarímbaro, la presencia constante de indígenas en las instituciones locales una vez suprimida la antigua república, indica que, por las diversas formas de elección, debieron existir arreglos o relaciones entre los diferentes sectores raciales que conformaban el pueblo para que todos estuvieron representados, es decir, hubo vínculos entre indígenas y no indígenas. Con ello se crearon grupos heterogéneos, compuestos por indígenas y no indígenas frente a otros de la misma proporción, de manera que no se debe ver a los sectores indígenas como conglomerados homogéneos que defendieron sus intereses como una unidad, de hacerlo, se les vería como conjuntos aislados de la sociedad y del pueblo en el que vivieron; al contrario, ahí crearon vínculos, relaciones y por lo tanto asociaciones de composición racial variada.

Un ejemplo se aprecia en la disputa por el rancho de San Francisco dentro de la municipalidad de Tarímbaro. En 1849 «ocho» naturales, apoyados por un no indígena, Pelagio Mejía, quien actuaba como su «fiador», arrendaban el rancho; mientras que «cuarenta indígenas» pidieron que éste les fuera restablecido, a éstos los apoyaban el regidor indígena Pedro Ayala y los no indígenas el procurador Juan Francisco Ortiz y el regidor Mariano Ayala. Se debe resaltar que, en diferentes sesiones se acusó a Ortiz que su apoyo hacia los despojados obedeció a que era «accionista» y tenía intereses con dicho grupo, el procurador se defendía diciendo que solo pedía «justicia», pero se observan en su actuar los compromisos que tenía y los beneficios que buscaba, tanto para sí mismo, como para los indígenas⁸³.

La disputa continuó varios años y es muestra de la existencia de por lo menos dos grupos de indígenas enfrentados y apoyados ambos por sectores no indígenas, ya de adentro o fuera del ayuntamiento; además, sus integrantes no eran estáticos, sino dinámicos, es decir, variaban según los tiempos, intereses y beneficios, por lo que los grupos se recomponían, variaban; lo que muestra al sector indígena como un actor vivo, trascendental e importante en el gobierno local y al interior de sus pueblos.

7. Indígenas al interior del ayuntamiento y sus mecanismos de defensa

Hasta aquí se ha mostrado que los indígenas no perdieron su presencia en el ámbito de poder local al instalarse un ayuntamiento, que, con las nuevas formas de elección indirecta, no indígenas votaron para que los naturales ocuparan cargos, lo que quiere decir que existieron grupos de conformación racial diversa. Es importante esbozar el papel jugado por los naturales, tema a desarrollar de mejor manera en otro texto, ya que por cuestiones de espacio no es posible mostrar la complejidad del asunto.

Así, por ejemplo, en 1827, el ayuntamiento pidió que se entregaran las cuentas de los bienes de comunidad, para ello se comisionó al regidor indígena Salvador Hernández, sin embargo, éste nunca las entregó, y al año siguiente, por orden del prefecto, se insistió, nombrándose ahora a otro indígena y también regidor, Vicente Abalos, quien, en sesión del 30 de julio, expuso que los naturales temían que se apropiaran de dichas propiedades. Con esto, se observa que la institución municipal comisionó a los mismos indígenas para realizar tareas que afectaban a dicho sector, otros ejemplos fueron en el nombramiento de preceptor de la escuela, en la entrega de sitios para vivir y en la comunicación y aplicación de medidas para la división de tierras comunales; de forma que, éstos actuaron como sus «representantes» defendiendo sus intereses.

Algo que se constata en 1849, cuando en la ya mencionada pugna entre naturales, Pedro Ayala, regidor indígena, mostró su inconformidad en la sesión correspondiente, pues a un lado de su firma, contenida en el acta, plasmó que estaba en contra de la medida tomada por el ayuntamiento. El asunto requiere un tratamiento con mayor profundidad, describiendo las relaciones y dinámicas que ocurrieron en el pueblo, análisis que esperamos vea la luz en un futuro, por lo pronto, quedan a la vista las acciones diferenciadas que realizaron los indios en el gobierno local, fungiendo de enlace entre la institución constitucional y la tradicional, buscando defender a otros indígenas.

Conclusiones

Este trabajo mostró que no se deben ver a los indígenas como grupos homogéneos y cerrados compuesto solamente por individuos de ese sector; al contrario, los conjuntos están formados por diversos sectores raciales, indígenas y no indígenas, frente a otros con la misma situación. De manera que cada uno defendió sus intereses particulares, desarrollándose pugnas.

Los indígenas estuvieron al frente del gobierno local en sus anteriores repúblicas y con el establecimiento de ayuntamientos, su diferente normatividad y en las etapas en que se eliminó la institución; de manera que no fueron desplazados de este ámbito, no obstante, también ingresó un grupo no indígena. Las diversas formas de nombrar a los encargados del pueblo muestran grupos heterogéneos y los intereses en común entre indígenas y no indígenas; en general, los segundos votaron por los primeros, con lo que indígenas tuvieron representación desde tiempos del virreinato de la Nueva España hasta por lo menos la primera mitad del siglo XIX.

Aquí se puso atención a las diversas instituciones locales y sus formas de elección, queda pendiente desarrollar a profundidad las facultades del ayuntamiento, pero se esbozó que los indígenas en la institución defendieron intereses de los grupos a los que pertenecieron, de manera que su presencia fue importante, no secundaria; además, en caso de existir inquietudes sin resolver, se hubiera buscado y encontrado la forma, como ocurrió la noche del 20 de noviembre 1857, cuando los naturales usaron otros medios, levantándose en una rebelión armada.

Con este tipo de estudios se logra comprender la organización de los sectores al interior de los pueblos, sus dinámicas y el papel jugado por los indígenas, en que se aprecia la inserción de los naturales en el gobierno local, no obstante, las transformaciones. Así, se matizan supuestos historiográficos que van desde el «autogobierno» hasta la «contrarrevolución territorial», resultados varían según espacios geográficos, por ello es importante analizar, en lo posible, todo el entramado institucional: gobiernos nacionales y estatales, prefecturas y subprefecturas, ayuntamientos y tenencias, para explicar el desarrollo histórico de las instituciones y los actores en su interior⁸⁴.

Finalmente, la autonomía que tuvieron, en algunos puntos, los ayuntamientos creados con el documento gaditano y continuaron en momentos posteriores, es resultado de las corporaciones del Antiguo Régimen, como las repúblicas de indios y otros cuerpos, que en lo formal fueron eliminados, pero en la práctica continuaron con cierto tipo de organización tradicional. Corporaciones que tuvieron en las nuevas instituciones, en este caso la institución municipal, su radio de actuación, frente al Estado, en formación, que quería regularlas, controlarlas y desarticularlas; son esas tensiones las que se deben estudiar para conocer cómo se dio el tránsito del orden jurisdiccional al constitucional.