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Introducción
La Amazonia está representada por imágenes, la mayoría construidas desde fuera de la región a lo largo de una historia de incursiones, invasiones y contactos. Estas imágenes circulan a través de una amplia variedad de medios visuales, orales y escritos tales como relatos, novelas, películas, mapas, pinturas y fotografías. Entre las imágenes que han perdurado está la de una región vacía o poco poblada, habitada por comunidades dispersas en un inmenso territorio. Esta visión ha opacado el carácter heterogéneo y dinámico de los procesos de poblamiento amazónicos, incluyendo un crecimiento demográfico significativo en las últimas décadas y, de la mano de este, un proceso acelerado de urbanización. Los datos recientes estiman que en la región habitan 33 millones de personas o el 11 % de la población total de los países pertenecientes a la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA). De esta población, aproximadamente dos terceras partes -21 millones- es considerada urbana. Aunque esta cifra sigue siendo menor a las tasas nacionales de urbanización, el número de habitantes urbanos amazónicos viene creciendo a un ritmo superior al resto en la mayoría de los países de la cuenca (PNUMA y OTCA 2009).
Más allá de sugerir transformaciones en los patrones de poblamiento de la región, estas cifras no dicen mucho. El que la Amazonia albergue ciudades de más de dos millones habitantes como Belem o Manaos, varias que se acercan al medio millón, un número creciente que superan los 100 000 y un sinnúmero de pequeños centros urbanos, da cuenta de la diversidad del fenómeno urbano en la región. Adicionalmente, las características de estos espacios con relación a sus vínculos humanos y no humanos con el entorno regional hacen que la noción misma de lo urbano sea distinta a otras regiones y muy difícil de definir por su variación interna.
La Amazonia colombiana no es ajena a dicha diversidad. El último censo nacional (2018) calculó la población de los municipios que hacen parte de la región en 1 251 848 habitantes, un incremento del 4 % frente al censo anterior (2005), porcentaje por debajo del crecimiento nacional. Sin embargo, la población urbana, que aún está lejos del 78 % estimado a nivel nacional, 1 creció a un ritmo más rápido que el resto del país, pasando del 42 % a 47 %.2 Estos datos tienen varias limitaciones. Por una parte, la omisión censal de los municipios en la región fue del 12 % -frente al 8.5 % nacional-. Esta situación no es exclusiva del último censo y suele explicarse por la dispersión de la población, las dificultades de acceso a ciertas zonas y los problemas de orden público (Meisel, Bonilla y Sánchez 2013, 29). En algunos municipios amazónicos como el que analiza este artículo, la omisión superó el 50 %, lo que significa que más de la mitad de su población se estimó bajo criterios estadísticos. Por otra parte, en departamentos como Amazonas, Guainía y Vaupés subsisten extensos territorios clasificados como corregimientos departamentales, categoría que no alcanza el nivel de entidad territorial.3 En estos casos, la población no se desagrega entre urbana y rural, quedando toda clasificada dentro del último grupo. Por último, como los datos censales son departamentales y municipales, no regionales, las cifras pueden cambiar según el tipo de regionalización adoptada.4
Pese a estos factores, que además reflejan vacíos estructurales de información sobre la Amazonia, los datos demográficos sugieren transformaciones profundas en las dinámicas poblacionales de la región, siendo muy visible su concentración en asentamientos urbanos. La interpretación más difundida de este fenómeno se conoce como la tesis del anillo de poblamiento amazónico (Arcila 2010; Domínguez 2001; Gutiérrez, Acosta y Salazar 2004). De acuerdo con esta tesis, las dinámicas demográficas recientes en la región -siglos XX y XXI- describen una frontera de poblamiento continuo que avanza en sentido occidente-oriente, desde los Andes hacia la planicie amazónica. Dicho movimiento obedece a la extensión progresiva de redes de transporte y se caracteriza por el crecimiento y consolidación de centros urbanos que generan nuevos frentes de colonización. En los últimos años se presenta también un movimiento en sentido inverso -periferia-centro- asociado al desarrollo de enclaves extractivos en zonas no integradas al anillo principal (Riaño y Salazar 2016, 34). Por otra parte, el anillo abarca una tipología amplia de asentamientos humanos, desde resguardos indígenas y centros poblados campesinos hasta capitales departamentales, así como una categorización jerárquica de los centros urbanos bajo criterios demográficos y funcionales (Riaño y Salazar 2016, 85-108).
La tesis del anillo de poblamiento desmitifica la imagen de la Amazonia colombiana como un espacio despoblado o caracterizado por la "ruralidad". No obstante, su propósito de ofrecer una lectura global sobre los procesos de cambio demográfico no permite captar la heterogeneidad del fenómeno urbano en la región. Esta heterogeneidad va mucho más allá de su categorización bajo criterios demográficos, administrativos o funcionales. Al igual que el resto de la región, la Amazonia colombiana abarca una amplia diversidad de espacios urbanos, cuya especificidad y transformación derivada de procesos endógenos y exógenos ha sido poco estudiada. En su mayoría, los estudios regionales sobre la Amazonia se han concentrado en el análisis de la colonización y de las dinámicas de conflicto y violencia ligadas a esta.5 Esta literatura ha examinado a fondo las lógicas de poblamiento y transformación regional y subregional, dejando de lado su relación con las dinámicas de urbanización. El interés por estas dinámicas es reciente y se limita a esfuerzos aislados por abordar temas como el vínculo entre conflicto y urbanización a escala local (Peñaranda 2020; Sánchez 2012), la relación entre formalidad e informalidad en la producción de morfologías urbanas desiguales (Aponte 2018), procesos históricos y contemporáneos de urbanización en contextos transfronterizos (Vergel-Tovar 2008; Zárate 2012) y prácticas de indigenización de espacios urbanos (Peña 2011).
Este artículo busca contribuir a la comprensión del fenómeno urbano en la Amazonia colombiana haciendo énfasis en las dinámicas, actores y conflictos que explican su heterogeneidad geográfica y su naturaleza dinámica e inestable. Con este fin, analizamos el proceso de urbanización de un caso concreto, el municipio de Puerto Guzmán en el Departamento de Putumayo. Puerto Guzmán es uno de los municipios amazónicos más afectados por el conflicto armado, incluso con posterioridad a la desmovilización guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Pese a que desde su origen el conflicto armado ha influido directa e indirectamente en las dinámicas urbanas, la relación conflicto armado-urbanización no ha sido estudiada en detalle.
Uno de los aportes de este artículo es profundizar sobre las formas en que el conflicto armado se expresó en procesos como la expansión urbana y la gestación de barrios. Sin embargo, consideramos el conflicto armado como uno entre varios factores que han configurado y transformado la forma urbana del municipio. Junto con este fenómeno, examinamos otros aspectos como el impacto de las dinámicas hídricas del río Caquetá, los cambios institucionales y políticos del municipio, y el papel de actores gubernamentales y comunitarios. Al describir y analizar la expresión urbana de estos factores adoptamos una perspectiva morfológica, la cual parte de la premisa de que cualquier lectura sincrónica o presente del espacio social requiere un análisis diacrónico -histórico- que dé cuenta de las fuerzas que lo han moldeado (Lefebvre 2009, 235). Con este fin, combinamos análisis cartográfico e histórico con historia oral producto de talleres con líderes barriales.
El artículo se estructura en cuatro partes. La primera, segunda y tercera parte abordan las principales fases de urbanización de Puerto Guzmán, haciendo énfasis en los actores y dinámicas que han sido determinantes en la forma urbana del lugar. En la parte tres se describen, adicionalmente, tres casos de barrios específicos con la finalidad de ilustrar los rasgos comunes y divergentes en la morfología urbana en relación con dichos actores y dinámicas. Finalmente, en la sección de conclusiones reflexionamos sobre la forma en que la morfología urbana de un espacio concreto como Puerto Guzmán refleja articulaciones cambiantes entre procesos, fenómenos y actores humanos y no humanos que atraviesan diferentes lugares, escalas y territorialidades.
La finca que se volvió pueblo
Aunque la historia temprana de Puerto Guzmán se enmarca en las colonizaciones agrarias de mediados de siglo XX que tuvieron lugar en Caquetá y Putumayo, su origen es algo atípico. A fines de la década de 1950, tres profesores de colegio oriundos del Valle del Cauca llegaron a la región con el fin de establecer una sociedad ganadera. Con un crédito de la Caja Agraria compraron una finca de nombre "Itarca" a orillas del río Caquetá, a tres días de viaje desde Mocoa, entonces capital de la Comisaría Especial del Putumayo. El aislamiento del lugar, el poco apoyo estatal y la falta de experiencia de estos colonos, habitantes urbanos de clase media atraídos por la imagen de la Amazonia como una región baldía y rica en recursos, marcaron el fracaso temprano de la sociedad. El primer socio desertó al poco tiempo de llegar y el segundo algunos meses después, luego de que su hermano se ahogara en el Caquetá. Quedó entonces únicamente el tercero, Jorge Julio Guzmán Flor, quien permaneció en el lugar junto con su esposa, Sinaí Rocha, también venida de un departamento del interior. En una memoria inédita, Jorge Julio narra la dificultad de la vida en la región durante la etapa embrionaria del asentamiento:
Jorge J. Guzmán permaneció con su familia. Su esposa, nacida y criada en Pereira, jamás había vivido en el campo y menos en la manigua. Sin embargo, con sus dos hijitas y en condiciones sumamente precarias tomaron la temeraria decisión de hacer frente a la vida tal y como se presentaba, llegando a pasar los trescientos sesenta y cinco días del año sin verle la cara a un peso. Aprendieron a cazar y pescar, así como diversos mecanismos de subsistencia, aprovechando los recursos que la naturaleza les brindaba. Ya no eran la audacia ni la ambición las que los ayudaban a permanecer en ese medio, era la dignidad.6
La figura de la familia pionera es muy significativa en la historia de Guzmán. Años después de asentarse en el lugar, cuando finalmente se materializó el proyecto ganadero, Sinaí se hizo cargo de su administración hasta su muerte en 2005.
Jorge Julio, por su parte, jugó un papel central en el desarrollo inicial del asentamiento. Tras asistir a los congresos nacionales de acción comunal, y a medida que fueron surgiendo las primeras veredas en la zona tras la llegada de nuevos colonos, promovió la organización de las primeras juntas de acción comunal. En 1975, cuando se dio la fundación oficial de Puerto Guzmán bajo la figura de Inspección de Policía, los líderes de las juntas lo nombraron como Inspector y bautizaron al asentamiento con su apellido.
El evento que dio vida a Guzmán fue la construcción de la carretera. Al momento que la familia Guzmán Rocha se estableció en Itarca, esta solo llegaba al asentamiento de Puerto Limón. De ahí había que seguir a pie hasta el caserío de Santa Lucía, y luego por el río Caquetá hasta Itarca, en un recorrido que tomaba dos días. En 1973 la carretera llegó hasta Santa Lucía y dos años después a Guzmán. El último tramo, construido con el trabajo de las juntas, fue fuente de disputas álgidas. Temerosos de perder el monopolio portuario sobre el Caquetá, algunos habitantes de Santa Lucía obstruyeron los trabajos al punto de dañar la maquinaria enviada desde Mocoa. Al final terminó prevaleciendo Puerto Guzmán, cuyo acceso directo al Caquetá significaba una ventaja sobre Santa Lucía, conectada al cauce principal del río por un caño que en verano no tenía suficiente caudal para la navegación.
La llegada de la carretera trajo consigo una primera oleada de colonos y el auge de una bonanza agrícola, principalmente alrededor del plátano, que se prolongó durante el resto de la década. Estos dos factores marcaron la primera fase de urbanización de Guzmán (figura 1). La llegada de colonos tras la apertura de la carretera se tradujo en una demanda súbita de predios al interior de Itarca para establecer viviendas y comercios. Para atender la "avalancha de demandas",7 la familia Guzmán optó por hacer loteos dentro de su predio y trazar las primeras calles y manzanas. De esta manera, 9.5 hectáreas del predio quedaron distribuidas de la siguiente forma: 4.8 hectáreas para uso residencial y de comercio en lotes con áreas promedio de 300 m2, 2 hectáreas donadas por la familia para equipamientos públicos -puesto de salud, escuela, administración e iglesia- y 2.7 hectáreas cedidas para calles. Durante esta fase se produjo también una invasión en un lote de media hectárea a orillas del río reservada por la familia Guzmán Rocha para el establecimiento de una cooperativa comunitaria. Como veremos más adelante, este evento y otros similares en las décadas siguientes, jugaron un papel importante en la morfología urbana del lugar.
Fuente: Instituto Agustín Codazzi (IGAC, 2007); Esquema de Ordenamiento Territorial (2002); Imagen del satélite Ikonos 20060602.
Figura 1 Expansión inicial, 1973-1980
Al referirse a esta etapa de formación urbana, Jorge Julio Guzmán comenta que:
El contraste entre el próspero comercio y las condiciones de vida y de orden público era alarmante. Puerto Guzmán se transformó en una jovencita de muy mala reputación: no tuvo quién la formara ni la aleccionara. Como todos los pueblos, tuvo la audacia de sobrevivir sin curas ni monjas, ni instrucción, ni agentes del orden.8
Esta cita expresa tres aspectos clave en los procesos de urbanización de muchos municipios amazónicos. El primero está asociado a la autogestión. Ante la ausencia o precariedad de las instituciones estatales, es frecuente que sus funciones, incluyendo la construcción de infraestructura básica, termine en manos de actores no estatales. Las juntas de acción comunal han jugado un papel central tanto en la construcción de estas infraestructuras como en su gestión ante los entes públicos (Torres 2011). Esta situación ha derivado en que las dinámicas de urbanización estén mediadas por la conjunción de actores y prácticas informales y formales, cuya línea divisoria es difícil de establecer.
El segundo aspecto tiene que ver con la relación entre urbanización y bonanzas económicas, que en la Amazonia han estado muy ligadas a los auges extractivos (Arcila 2010), a su vez impulsados o facilitados por la apertura de carreteras (Uribe 2017). Estos auges han generado movimientos migratorios que, en casos como el de Guzmán, han sido decisivos en el surgimiento de centros urbanos. Por último, la alusión a los problemas de orden público sugiere un tercer aspecto persistente en la región como han sido los conflictos violentos. Estos han transformado la región de diversas maneras, incluyendo las dinámicas de urbanización. En el caso de Guzmán, como se describirá en la siguiente sección, aunque la violencia estuvo presente en sus primeros años, esta se manifestó con mayor fuerza desde la década de 1980 y jugó un papel relevante en las siguientes fases de urbanización.
Consolidación y explosión
Los cambios en la forma urbana de Guzmán durante las dos décadas que siguieron a su etapa inicial se pueden subdividir en dos fases: una de consolidación del área urbana inicial entre los años 1981 y 1990, y una subsiguiente de expansión abrupta entre 1991 y 2000. Aunque ambas fases exhiben ciertas continuidades con la primera etapa como los procesos de autogestión en la construcción del espacio urbano, están marcadas por la emergencia de nuevos actores y dinámicas humanas y geográficas que generaron cambios tangibles, y en ocasiones dramáticos, en la morfología del asentamiento.
La violencia que sugiere el fragmento previo de Jorge Julio alude a los años posteriores a la fundación de Guzmán, cuando el asentamiento se convirtió en el principal puerto comercial sobre el río Caquetá. En los días de acopio de plátano, producto que jalonó la bonanza durante esos años, salían de Guzmán entre 20 y 30 camiones hacia los Departamentos de Nariño, Caquetá y Huila. El flujo de plata, gente y alcohol en estas fechas se volvió fuente de disputas personales y familiares que terminaban con frecuencia en heridos graves y muertos. La ausencia de policía derivó en que estos conflictos se convirtieran en parte de la cotidianidad del lugar, al punto que el pueblo fue bautizado popularmente como "Puerto machete".9
La violencia del plátano fue intensa, pero localizada y breve en el tiempo. Con la década de 1980 irrumpió un nuevo producto -la coca-, y de la mano de esta un nuevo actor -la guerrilla-, que cambiarían drásticamente la cara de Guzmán y de la región en general. La primera bonanza cocalera en Guzmán se dio durante la primera mitad de la década,10 y fue seguida por una fase de depresión generalizada hasta su final, ligada a la guerra emprendida por el gobierno contra el narcotráfico durante esos años (CNMH 2012, 32). La coca absorbió la economía rural y urbana y generó una inversión de los flujos comerciales. Productos agrícolas de consumo y de mercado como el plátano dejaron de producirse localmente, y por ende tenían que importarse y adquirirse con los ingresos de la coca. Asimismo, el auge cocalero trajo consigo una nueva oleada de colonos directa o indirectamente vinculados al negocio que generaron cambios cuantitativos y cualitativos en la zona urbana del futuro municipio.
Aunque no hay datos demográficos consolidados de Guzmán antes del censo de 2005,11 el crecimiento urbano durante la década de 1980 se puede constatar a través del análisis cartográfico del área construida durante este periodo (figura 2). Este crecimiento tuvo lugar principalmente dentro las 9.5 hectáreas que conformaron el área urbana inicial y se caracterizó por su consolidación, entendida aquí como su densificación progresiva pero desigual. Así, se puede constatar que el área inicial para uso residencial de 4.8 hectáreas se construyó en cerca del 50 %, con porcentajes variables según la zona: las zonas del puerto y el predio de la primera invasión se construyeron en un 80 %y 70 %, respectivamente; la zona de la carrera 1a -principal calle de acceso al puerto- en un 65 %, y la carrera 2a, vía paralela que conecta en centro urbano con las veredas río abajo, en más de 40 %; esta densificación resultó tanto de la compra y construcción de lotes vacíos como de la subdivisión de lotes existentes. En contraste con la urbanización privada, la de carácter público fue bastante baja. De las dos hectáreas destinadas a equipamientos e infraestructuras, el área destinada a la construcción de la cooperativa nunca se construyó y continúa sin urbanizar hasta el presente. El área restante se construyó en un 15 %, representados en cinco aulas escolares, puesto de salud, mercado, matadero público, un templo católico y dos evangélicos, planta de energía eléctrica y la sede de la inspección de policía.
Fuente: IGAC (2007); Esquema de Ordenamiento Territorial (2002); IGAC (1991).
Figura 2 Consolidación, 1980-1990
La transformación urbana no fue únicamente cuantitativa. Durante esta fase se produjo un cambio visible en los materiales de construcción de los comercios y viviendas, hasta ese entonces edificadas en madera. Aparecieron los "cocheros" en el paisaje urbano, quienes extraían a diario piedra y arena de las playas del Caquetá contiguas a la zona urbana y la transportaban en carretas hasta los lugares de construcción. Los ripios de piedra y la arena eran transformados en bloques de concreto al mezclarse con agua y cemento, insumo usado también en la transformación de la hoja de coca en pasta base. Así, la mutación de la forma urbana a construcciones e infraestructuras de "material" -metal, cemento, concreto- así como el cambio de estatus que conlleva, es el efecto de una transformación profunda en el mundo rural, a su vez derivada de cambios en los flujos de dinero, personas y recursos vinculados a la coca. Aun así, durante el primer auge cocalero la mutación urbana es principalmente hacia adentro y poco perceptible a cierta distancia de su superficie.
Esta situación cambió en la siguiente década, cuando se dio paso a una fase de explosión urbana. Para comprender esta fase es esencial introducir a dos actores, la guerrilla y el estado,12 cuyo papel en la producción urbana es diferente, aunque no necesariamente antagónico. La primera hizo su aparición en Guzmán a comienzos de la década de 1980, inicialmente con el Movimiento 19 de abril (M-19). Aunque la presencia de este actor fue efímera y se limitó principalmente a la zona rural, en 1982 atacaron un campamento del ejército en el asentamiento dejando a varios civiles heridos. Poco después llegaron las FARC, grupo que vendría a ser determinante en la vida rural y urbana de Guzmán.
A diferencia de otras partes de la Amazonia y del Putumayo donde el control territorial fue disputado entre diferentes grupos (CNMH 2012), la FARC se convirtieron en un actor hegemónico en Guzmán por casi dos décadas. Su presencia se hizo sentir en todos los aspectos de la vida a través de la regulación y control de las relaciones sociales y familiares, la economía, la política y la movilidad (Cancimance 2017; Uribe, Otero-Bahamón y Peñaranda 2021). Aunque su presencia en el área urbana no era permanente y se limitó principalmente a patrullajes diurnos, la vigilancia y control allí no fue menor al de la zona rural. Este control fue especialmente severo durante el segundo auge de la coca en la década de 1990, cuando la guerrilla asumió el control de toda la cadena productiva del negocio. En este contexto, las FARC se convirtieron en un actor determinante no solo en términos de control social sino del mismo proceso de urbanización. Durante la primera mitad de esta década, debido a la presión demográfica producto de la economía cocalera y el poco o nulo control estatal, el área urbana se triplicó en tamaño a causa de invasiones que ocurrieron con anuencia y mediación de esta guerrilla.
La presencia del segundo actor se comenzó a materializar a través de la creación del municipio en 1992. Aunque este fue un proceso que resultó de liderazgos comunitarios en el marco de cambios en el ordenamiento político-territorial nacional,13 llevó al establecimiento de una institucionalidad local previamente inexistente. Durante la década de 1990 esta institucionalidad fue muy débil, en parte por su baja capacidad de gestión y administración de un municipio con un área tres veces mayor a la de ciudades como Bogotá y, en otra parte, por el dominio territorial de las FARC. Sin embargo, al igual que la guerrilla, la autoridad municipal tuvo incidencia en este periodo en las dinámicas urbanas del recién creado municipio. Esta se expresó de forma visible en una nueva expansión del área urbana a raíz de las crecientes del río Caquetá en 1997. Estas socavaron sus orillas en cercanías del centro afectando a dos barrios y destruyendo la vía de acceso al municipio. La alcaldía construyó una nueva calle de acceso y promovió en torno a esta la construcción de nuevos barrios en el occidente del asentamiento.
Las dinámicas urbanas propiciadas o mediadas por la guerrilla y la autoridad local cambiaron drásticamente la forma de Guzmán. Como describiremos en detalle más adelante, estas dinámicas dan cuenta de las relaciones entre estos actores, los habitantes urbanos y dos fuerzas determinantes en la morfología del asentamiento: el río y el conflicto. Por ahora, es importante retomar las transformaciones generales abordadas en esta sección. En síntesis, durante la década de 1980 se dio un proceso de consolidación caracterizado por dinámicas desiguales de densificación y cambios arquitectónicos del área originalmente delimitada como zona urbana. En la década de 1990, producto de invasiones y de nuevas urbanizaciones derivadas de la socavación progresiva de las orillas del río Caquetá, esta área creció en 450 %. Mucho de este crecimiento se alimentó de la bonanza cocalera en un contexto de dominio territorial de la guerrilla. El estado se hizo visible a través de la institucionalidad municipal, pero su papel fue marginal en términos del suelo urbano, cuyo uso y cambios estuvieron principalmente en manos de terceros. Esta situación cambiaría en la siguiente década con la agudización del conflicto armado y una mayor injerencia del municipio en la planificación urbana. Sin embargo, como veremos en la siguiente sección, esta injerencia tendría un carácter errático y en muchos casos contradictorio, reproduciendo y profundizando conflictos presentes desde el origen del asentamiento.
Profundización y repetición
Las últimas dos décadas de la historia de Puerto Guzmán están definidas por tres momentos que estuvieron presentes en la gran mayoría de los municipios colombianos afectados por el conflicto armado: un primer momento de recrudecimiento del conflicto que coincide con la década del 2000, un segundo entre 2010 y 2017 que abarca el periodo de negociación entre el gobierno y las FARC y culmina con la firma de los Acuerdos de Paz con esta guerrilla, y un tercero desde esa fecha hasta el presente, caracterizado por una nueva fase de violencia tras la reconfiguración de viejos actores y la emergencia de nuevos. Aunque estos tres momentos se expresaron de formas diferenciadas en la vida urbana del municipio, nos centraremos en el primero debido a que sus efectos fueron determinantes en los cambios ocurridos a lo largo de todo el periodo.
La década del 2000 está marcada por un intento por parte del estado de minar el poder de las FARC y ejercer soberanía territorial por la vía militar. El efecto de esta política, materializada en estrategias como el Plan Colombia y el Plan Patriota, fue una intensificación sin precedentes del conflicto que se expresó en masacres, desapariciones, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y desplazamientos forzados, entre otras formas de violencia.14 Esta violencia se expresó en la zona urbana de forma directa e indirecta. La primera estuvo asociada a la presencia de la fuerza pública en el municipio, hasta entonces inexistente. En 2001 se instaló la base militar de Toroyaco en el límite occidental del municipio sobre la carretera de acceso desde Puerto Limón, y en 2003 la estación de policía en el casco urbano. Las FARC respondieron con hostigamientos, minas antipersona en las vías de acceso, asesinatos selectivos a líderes y políticos, así como detonación cilindros bomba en la zona urbana, generando una zozobra permanente entre sus habitantes (URT 2016, 55).
La violencia indirecta, y aquella tuvo efectos más visibles en la forma urbana, estuvo vinculada al desplazamiento forzado en zonas rurales. Con el incremento masivo en las fumigaciones aéreas de coca -principal sustento de buena parte de la población rural- y la arremetida militar en el terreno se produjo un éxodo de población que vació veredas completas y dejó otras diezmadas. Según cifras del Observatorio de Programa Presidencial de Derechos Humanos (2011), entre 2000 y 2010 se reportaron 19 469 personas expulsadas del municipio y 2097 recibidas a causa de desplazamiento forzado. El impacto del desplazamiento en términos demográficos puede apreciarse si se tiene en cuenta que la población municipal estimada en el censo de 2005 fue de 22 679 habitantes; en otras palabras, el número de personas expulsadas y recibidas a causa del conflicto durante esa década fue similar al estimado censal de población en dicho año.
La tasa promedio de expulsión durante ese periodo, dos veces mayor que la departamental y nueve que la nacional, da una idea de la diáspora de población hacia otros municipios y departamentos. No obstante, estas cifras no captan la naturaleza dinámica del conflicto y sus efectos en el espacio urbano. En el caso del desplazamiento, por ejemplo, los datos reflejan solamente el primer evento de expulsión o recepción, cuando en la práctica son comunes desplazamientos posteriores por diversas causas. Esto implica que eventos de retorno esporádico o permanente no figuren en las estadísticas, al igual que los múltiples desplazamientos que pueden ocurrir a nivel intra municipal -de zonas rurales a cabeceras urbanas y viceversa-. En el caso de Guzmán, estos desplazamientos se expresaron en flujos humanos en el espacio urbano cuya dirección y ritmo estuvo sujeta al ritmo de la guerra y, en su presencia más o menos efímera, siguió transformando este espacio.
Tres actores fueron centrales en las dinámicas de mutación urbana durante este periodo de guerra y la década de relativa calma que le siguió: el estado, que fue ocupando un espacio antes dominado por la guerrilla; el río, que continuó ganándole terreno al pueblo; y la gente, que de la mano del comportamiento errático de los dos primeros siguió transformando su fisonomía. Por otro lado, las últimas dos décadas reproducen un patrón cíclico previo definido por momentos sucesivos o simultáneos de expansión y consolidación. Así, mientras durante la primera se consolidan algunos de los espacios de expansión de los años de 1990 y se abren nuevos, en la segunda se repite nuevamente este mismo ciclo (figura 3).
Fuente: IGAC (2007); Esquema de Ordenamiento Territorial (2018).
Figura 3 Fases de urbanización de Puerto Guzmán
En 2002, con la adopción del primer esquema de ordenamiento territorial municipal (EOT), el estado local comienza a ejercer como planificador urbano. Por primera vez en la historia del asentamiento se reglamentan los usos de suelo, se definen zonas de riesgo y se delimita oficialmente el perímetro urbano y la zona de expansión urbana. En los años siguientes, el municipio adquirió por compra o donación de lotes de la finca Itarca predios para la construcción de barrios de población desplazada o vulnerable y de infraestructuras como la nueva plaza de mercado, redes de alcantarillado, el hospital, un coliseo cubierto y una planta de tratamiento de aguas residuales.
La construcción de barrios e infraestructuras va consolidando áreas de expansión previa por la vía legal o ilegal -en el caso de las invasiones- formalizadas a través del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT). Esta consolidación debe entenderse, como se señaló anteriormente, como un proceso desigual, fragmentado y en muchos sentidos precario. Muchas obras no se concluyen o se diluyen en contratos asignados por los políticos de turno, otras quedan en promesas y algunas, como la plaza de mercado, quedaron convertidas en elefantes blancos. En este proceso jugaron un papel central las juntas barriales, que en la mayoría de los casos terminaron construyendo o extendiendo por cuenta propia calles y redes de acueducto y alcantarillado. Las cartografías catastrales y urbanísticas no solo no captan, sino que invisibilizan la infinidad de relaciones y conflictos entre actores, los avances, los retrocesos y los traslapes continuos entre lo formal e informal, legal e ilegal, estatal y privado, etcétera, a través de los cuales se produce la ciudad.
Las acciones estatales no fueron ajenas a dichos traslapes. Un caso entre varios que ilustra este punto fue el impulso a la construcción de barrios ilegales o informales. Entre los años 2008 y 2010 el municipio promovió activamente la expansión urbana en una zona de 15 hectáreas con el fin de ubicar personas desplazadas y no desplazadas interesados en acceder a vivienda. Violando su propia normativa, la alcaldía abrió calles, trazó manzanas y entregó lotes exigiendo a los beneficiados construir sus viviendas en un plazo definido si no querían perder su lote. Este evento trajo como efecto el surgimiento de barrios fuera del perímetro urbano cercanos al río Caquetá, perpetuando el problema del asentamiento en zonas de riesgo de socavación.
Al tiempo que se daba esta nueva expansión, el área urbana se iba densificando a través de nuevas subdivisiones y construcciones de los lotes derivados de las primeras parcelaciones de Itarca, así como de proyectos de vivienda gratuita o subsidiada por el gobierno nacional, totalmente ajenos al contexto geográfico y cultural y en ocasiones violando las normas urbanísticas. Fue el caso, por ejemplo, de un proyecto de 100 viviendas gratuitas construidas en 2016 que al no "caber" en el lote disponible y para no alterar el diseño estándar del constructor invadieron dos calles, bloqueándolas de forma permanente. El efecto más visible de estas nuevas urbanizaciones y de los procesos de autoconstrucción de nuevos barrios y viviendas, fue el agotamiento del suelo disponible para urbanización y, paralelamente, la construcción de nuevas áreas por fuera del perímetro urbano. Aunque como observamos previamente este patrón de densificación-expansión viene desde la década de 1980, para comprender la forma desigual en que se expresó describiremos tres procesos de configuración barrial.
Jardín
Yo era nueva en ese momento y no conocía mucha gente, pero de pronto me dijeron "si quiere asentarse acá en Puerto Guzmán usted tiene que estar lista para armar una choza". Y pues como uno es del monte sabe cómo utilizar un machete y madera, lo hace, y yo sí quiero una casa [...] Fuimos ese día unas 240 personas, se gritó por las calles, se hizo una procesión que íbamos a invadir por la necesidad a no tener dónde construir.15
El testimonio de Leonor alude al surgimiento del barrio Jardín, producto de una invasión colectiva de un terreno de la finca Itarca en septiembre de 1991. El evento, producto del flujo creciente de personas atraídas por la bonanza cocalera y de la escasez de espacio disponible para construir en el casco urbano, describe el origen característico de muchos de los asentamientos de invasión: un grupo de individuos y familias sin capacidad para acceder a vivienda por medios legales -o en algunos casos tomando ventaja de la situación- toman la decisión de ocupar predios públicos o privados con la esperanza de presionar su negociación en términos favorables o su legalización por parte del estado. Estas invasiones proliferarían más adelante en otras ciudades amazónicas con la agudización del conflicto armado, generando dinámicas muy conflictivas de crecimiento y expansión urbana (Sánchez 2012). La diferencia en este caso particular fue la intervención directa de un actor armado en el evento y los hechos posteriores. La invasión se hizo con conocimiento y anuencia de las FARC, cuyo dominio territorial en Guzmán al momento de la invasión era absoluto. Dos años después, cuando se llevó a cabo el proceso de conciliación entre los invasores y los dueños del predio, la guerrilla actuó como mediadora en la definición de los términos y plazos de pago, dando origen "oficial" al barrio.
El efecto más tangible de esta invasión fue una expansión de más del 100 % del área urbanizada hacia el oriente. Tras la conciliación, la alcaldía de Mocoa envió a un topógrafo para trazar calles y manzanas en las 10 hectáreas invadidas, las cuales serían posteriormente incorporadas al casco urbano en el primer EOT municipal. Durante el periodo de gestación, tras conflictos entre los miembros de la junta de acción comunal, surgirían dos barrios adicionales dentro del mismo terreno. Jardín -que desde el momento de la división pasó a llamarse Jardín I- conservó la junta original y a través de su gestión se fue construyendo gradualmente con el trabajo colectivo de sus habitantes, aportes ocasionales en especie o dinero por parte de políticos y obras esporádicas financiadas por los alcaldes de turno.
Al igual que la mayoría de los barrios de Guzmán, el carácter oscilante de la población en esos años y la inconsistencia e insuficiencia de las intervenciones estatales se materializó en una urbanización hecha a retazos: calles pavimentadas a medias, redes de acueducto y alcantarillado defectuosas e incompletas y manzanas asimétricas en diversos grados y calidades de construcción. A esta morfología desigual se suma la dificultad de llevar a cabo nuevos proyectos de construcción por la prohibición desde 2016, tras demandas por despojo de tierras, de transar lotes en el área de la invasión de 1991. Pese a esta restricción, dada su localización céntrica, el barrio Jardín está más consolidado en infraestructura y calidad de las viviendas que los barrios más periféricos que surgieron al tiempo o posteriormente (figura 4).
N de A: imagen de la izquierda tomada de ortofotografía (Municipio de Puerto Guzmán 2017). La imagen de la derecha es una fotografía de Florentino Luna (2020).
Figura 4 Barrio Jardín
Villas del Río
En los años 92 o 93 el río pasaba a muchos metros de aquí hacia allá, y cuando el señor Jairo Casanova fue alcalde, en el 97, hubo un desborde del río y pues el río nos acosó.16
Villas del Río es producto de la socavación de las orillas del río Caquetá en 1997 que se llevó varias viviendas del barrio Simón Bolívar y destruyó la vía principal de ingreso al casco urbano. A raíz de este episodio, la alcaldía abrió una nueva vía más al sur y promovió el reasentamiento de familias afectadas o en riesgo en esa zona. Allí surgieron dos barrios colindantes, Los Setenta y Villas del Río, que cuentan dos historias de intervención estatal diferentes. Los Setenta se construyó gracias a un pequeño subsidio de vivienda del gobierno nacional que benefició a 70 personas, la gran mayoría mujeres cabeza de familia. La alcaldía hizo los trámites del subsidio, se hizo cargo de los servicios públicos y colaboró con algunos materiales de construcción. A la vez, el barrio contó desde sus inicios con una junta de acción comunal sólida que jugó un papel esencial en la consolidación del asentamiento.
A diferencia de Los Setenta, Villas del Río es reflejo de las acciones erráticas y de la baja capacidad de gestión del estado local. Ante la ausencia de subsidios para vivienda, el papel de la alcaldía se limitó a trazar manzanas y calles y a entregar lotes para que las familias de la zona afectada por el río se reasentaran allí. Pero el reasentamiento nunca sucedió. Diez años después de fundado el barrio continuaba prácticamente vacío; a partir de ese momento, y en medio del flujo creciente de población desplazada, los beneficiarios de los lotes comenzaron a venderlos. En consecuencia, terminó poblándose por familias diferentes a las afectadas por el río, perpetuando así el problema del asentamiento en zonas de riesgo. Aun así, actualmente sigue siendo un barrio construido a medias que refleja las condiciones precarias en que nació (figura 5).
N de A: imagen de la izquierda tomada de ortofotografía (Municipio de Puerto Guzmán 2017). La imagen de la derecha es una fotografía de Florentino Luna (2020).
Figura 5 Barrio Villas del Río
El caso fallido de Villas del Río cuenta dos historias. La primera habla de la tendencia a asentarse en cercanías de los ríos, que en la Amazonia constituyen espacios esenciales de sustento, interacción y movimiento. Esta historia está presente a lo largo de la historia de Guzmán, que nació siendo un puerto y que continúa dependiendo del río en muchos sentidos. Los primeros barrios crecieron en las zonas más cercanas al río, que a su vez se fue acercando gradualmente hasta llevarse partes de estos. Este el caso de las familias del barrio Simón Bolívar que tras la socavación de 1997 decidieron no reasentarse, por no tener medios o por las ventajas de vivir cerca al río. La segunda historia, correlato de la primera, habla de cómo la naturaleza contradictoria, oscilante e inconclusa del estado se plasma en el espacio urbano a través la (re)producción de ciertas dinámicas. Así, 20 años después del primer intento de reasentamiento, la historia del Simón Bolívar se repite. En 2017, haciendo eco al testimonio de Floro citado, el río volvió a "acosar" llevándose varias casas del mismo barrio y ganándole más terreno al pueblo (figura 6). El alcalde de entonces destinó un nuevo terreno y entregó lotes, pero sin ningún proyecto o subsidio de vivienda. Más de tres años después, al momento de escribir este artículo, esta situación no había cambiado, excepto por el hecho de que la promesa de apoyos para vivienda en el nuevo terreno se ha venido diluyendo con el paso del tiempo los vaivenes en la política local.
N de A: Fotografía de los autores (2018).
Figura 6 Socavación de las orillas del río Caquetá en el barrio Simón Bolívar
Portal Amazónico
Comenzamos con la idea de construir una urbanización para mejorar la visión del municipio. Pensábamos que ese era un lugar para que el pueblo se fuera extendiendo más, para que no quedara amontonado como por acá. Había espacio y era a la entrada al pueblo [...] Y el río en esa época quedaba lejos.17
El Portal Amazónico es un caso atípico en el proceso de urbanización de Guzmán. Es un barrio que no surgió de una invasión y que no está asociado al conflicto armado. Tampoco fue un proyecto promovido por el gobierno nacional o local, como es el caso de varios construidos con posterioridad a la creación del municipio. Por el contrario, nació de una iniciativa ciudadana liderada por empleados públicos, mayoritariamente profesores de colegio, interesados en desarrollar un proyecto de vivienda planificada y acorde con el contexto geográfico del municipio. Con este fin, se organizaron como una junta de vivienda formal, adquirieron terrenos legalmente y contrataron estudios para poder acceder a subsidios del gobierno nacional. Un elemento distintivo del levantamiento topográfico fue el tamaño de los lotes, de 144 m2 frente a 300 m2 de los lotes iniciales derivados de Itarca. Esto se tradujo en una morfología urbana diferente a la de los últimos, que en la mayoría de los casos terminaron subutilizados o fraccionados ilegalmente.
El terreno para edificar el barrio se compró en 1995 con contribuciones de los socios de la junta y actividades colectivas como bingos y rifas. Con el terreno y los planos accedieron a un subsidio del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (Inurbe) para 36 casas distribuidas en tres manzanas, a cada una de las cuales se asignó un líder para facilitar la toma de decisiones. A estas manzanas se adicionó una cuarta destinada a espacio público, donde eventualmente se construyó una cancha y un parque infantil en cemento. La explanación del terreno y el trazado de vías se hizo a través del trabajo comunitario, al igual que el resto de los barrios, y la alcaldía se comprometió con la provisión de servicios públicos. Con el 30 % de avance del subsidio compraron materiales para las casas y comenzaron a construirlas siguiendo un diseño estándar, en lotes asignados por sorteo.
Hasta ese punto, la historia del Portal Amazónico parece una utopía en medio de un espacio urbanizado por el conflicto e inmerso en su lógica azarosa y violenta. En palabras de Omayra, una urbanización concebida para "mejorar la visión del municipio". Sin embargo, esto cambiaría en 1997 con el evento de socavación del río Caquetá, cuyo epicentro fue el barrio Simón Bolívar, contiguo al Portal Amazónico. Tras este evento, el barrio quedó en un área declarada como zona de riesgo y, en consecuencia, el Inurbe retiró el 70 % restante del subsidio. El optimismo inicial se desvaneció, llevando a varios socios a abandonar el proyecto y a asentarse en otras partes del pueblo. De los que permanecieron, no todos pudieron terminar las casas o les tomó mucho más tiempo a lo inicialmente previsto. Dos décadas después, varios lotes siguen vacíos o a medio construir, situación que difícilmente cambiará a futuro por las restricciones de construcción en la zona (figura 7).
N de A: imagen de la izquierda tomada de ortofotografía (Municipio de Puerto Guzmán 2017). La imagen de la derecha es una fotografía de Florentino Luna (2020).
Figura 7 Portal Amazónico
El papel del estado local no fue muy diferente en este caso que en el resto de los barrios descritos. Nunca orientó a la junta en la escogencia del terreno, lo que pudo haber evitado que se asentaran en una zona de riesgo. Asimismo, tras el evento de socavación de 1997, no ofreció apoyo para que sus socios se reasentaran en un lugar seguro. Aun así, Portal Amazónico es un proyecto de planificación ciudadana que se materializó en un espacio diferente al conjunto de los barrios de Guzmán, con arborización hecha colectivamente, espacios públicos y una mejor relación entre el tamaño de los lotes y las viviendas. Con el tiempo, no obstante, y a medida que el río Caquetá ha seguido ganándole terreno al pueblo, el futuro del barrio es incierto.
Conclusiones
El 31 de marzo de 2017 una avenida torrencial arrasó varios barrios de Mocoa, dejando cientos de personas muertas y miles afectadas. Tres semanas después de la tragedia, el 21 de abril, 400 familias invadieron un terreno rural de 29 hectáreas al oriente del casco urbano de Puerto Guzmán. La invasión se justificó con el argumento de que habían sido desplazados por la amenaza del río Caquetá en otras partes del municipio. En los meses siguientes se sumaron otras familias del casco urbano, de otras veredas del municipio y de municipios como Mocoa y Piamonte, declarándose en condición de vulnerabilidad por el río o por situaciones de violencia. La alcaldía, propietaria del lote -destinado originalmente a la construcción de una base militar- suministró maquinaria y material de río para construir una vía de acceso de medio kilómetro, conectando el nuevo asentamiento con el pueblo. También intervino en la asignación del uso del suelo, reconociendo como interlocutores a representantes de los ocupantes, quienes tuvieron a cargo la asignación de lotes y división interna en barrios. Así, se inició un nuevo proceso de expansión urbana ilegal al tener lugar en suelo rural, pero con la aprobación tácita de la alcaldía. En 2020 la zona de la invasión, cuyo tamaño equivale al 40 % del área urbana legal, no había sido legalizada aún pero ya contaba con cerca de 600 viviendas y 12 barrios en diferentes estados de organización, construcción y ocupación.
La tragedia de Mocoa tuvo un segundo efecto en Guzmán. La avenida torrencial arrastró cerca de un millón de toneladas de sedimentos hasta el río Caquetá, parte de los cuales se depositaron en el punto donde se deriva el brazo del río que pasa por la zona urbana del municipio. Al acumularse en un mismo punto, estos sedimentos formaron una barrera que desvió gran parte del caudal del río hacia dicho brazo, generando el evento de socavación de 2017 descrito previamente. Como se mencionó, este evento dio lugar a nuevos planes y prácticas de urbanización, reproduciendo un patrón de acción estatal caracterizado por intervenciones parciales y contradictorias. Algunas familias de los barrios en zona de amenaza del río se reasentaron en el terreno invadido ese mismo año, sumándose a un nuevo proceso de (auto)construcción conflictivo y precario, como en la mayoría de los barrios de Guzmán.
El análisis de las dinámicas de urbanización asociadas a los eventos de socavación del río Caquetá sobrepasan el alcance de este artículo. Sin embargo, las referimos aquí para subrayar dos argumentos centrales del texto. En primer lugar, se trata de dinámicas históricas que expresan la forma en que fuerzas políticas -en este caso el estado-, sociales -la comunidad agrupada en barrios o asentamientos- y "naturales" -el río- han sido determinantes en el crecimiento y forma urbanas de Puerto Guzmán. Estas fuerzas no solo confluyen en ciertos momentos y espacios, sino que se articulan de diversas maneras. Así, por ejemplo, la relación entre comunidad y estado está mediada por apoyos políticos y promesas electorales que eventualmente se materializan en la legalización de barrios o en recursos en dinero o especie para construcción de vivienda, calles y redes de servicios públicos. Los actores sociales y políticos no están desligados de fenómenos asociados a actores no humanos como el río. En este sentido, sería equivocado calificar la avenida torrencial de Mocoa o sus efectos en el comportamiento del río Caquetá como fenómenos exclusivamente "naturales", cuando estos están vinculados a prácticas como la deforestación de las cuencas hidrográficas y la urbanización de zonas cercanas a los ríos.
En segundo lugar, se trata de dinámicas que se materializan en cambios y mutaciones del espacio urbano local, pero cuyos orígenes y causas lo trascienden y se inscriben en otras escalas. Es el caso de la avenida torrencial de Mocoa, un evento lejano geográficamente y cuyas causas involucran fenómenos globales como el cambio climático, pero con impactos tangibles y dramáticos en la vida de Guzmán derivados de desplazamientos de personas y sedimentos río abajo. Por otra parte, las dinámicas de crecimiento y transformación urbana de los años de 1980 y 1990 descritas en las secciones dos y tres son un claro ejemplo de cómo fenómenos nacionales -el conflicto armado- y regionales -la bonanza cocalera- impactan profundamente el espacio urbano local. Aunque uno de los impactos indirectos más visibles del conflicto en las ciudades y pueblos tiene que ver con el surgimiento de asentamientos urbanos de desplazados, el caso de Guzmán llama la atención por la incidencia directa de un actor -las FARC- en dichas dinámicas.
En sus diferentes articulaciones y a través de sus transformaciones en el tiempo, las fuerzas o actores descritos producen morfologías urbanas desiguales y cambiantes. En la sección tres describimos brevemente tres casos que ilustran la naturaleza heterogénea del espacio urbano, así como los vínculos o continuidades presentes en el mismo. Estos casos no abarcan el amplio espectro de formas, conflictos y procesos urbanos presentes en Puerto Guzmán. Su finalidad, en este sentido, es precisamente resaltar dicha heterogeneidad, que con frecuencia se opaca en los análisis que se limitan a entender los fenómenos urbanos en términos de transiciones demográficas. Finalmente, la mirada morfológica que atraviesa el análisis busca contribuir a la comprensión del presente urbano desde los estratos temporales y materiales que lo subyacen, le dan forma y, en su movimiento constante, lo transforman.
