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Introducción
Las teorías de los movimientos sociales y la acción colectiva tuvieron una importancia notable en la sociología, la historia, la antropología y la ciencia política. La reflexión se centró en las condiciones de posibilidad, las modalidades de la acción colectiva y su correlación con el sistema político (Neveu 1996). Para poner a prueba las rupturas y las continuidades, se produjo una línea que enlazaba la sociología y la historia de los movimientos sociales (Tilly 1986). La mayor parte de esos trabajos mostraron cómo las formas institucionales y políticas más estables de un momento histórico habían adoptado previamente modalidades fluidas, demandas inestables y organizaciones horizontales propias de los movimientos sociales. En este marco se dieron numerosos interrogantes acerca de cómo estos grupos conseguían movilizarse, de qué recursos disponían, cómo organizaban sus acciones, cuáles eran sus prácticas, sus estrategias de reclutamiento, sus repertorios de protestas y sus redes de relaciones (Tarrow 2012).
A partir de los procesos de desafiliación, que impactaron sobre los segmentos más frágiles de los trabajadores, la irrupción de los movimientos de desocupados produjo una nueva reafirmación del territorio (Merklen 2010). Los movimientos sociales emergentes de las luchas contra el neoliberalismo en Argentina de los años de 1990 -fogoneros y piqueteros-, no solo actuaban sobre el territorio, sino que estaban definidos a partir de una identidad y una inscripción territorial. Estos movimientos se caracterizaron por la práctica del piquete, un bloqueo que interrumpía las circulaciones del trabajo y las mercancías sobre las rutas nacionales (Svampa y Pereyra 2003). Como acción complementaria, ocuparon los espacios públicos próximos a los edifícios estatales (Auyero 2004). La acción colectiva de los piqueteros evidenció la relevancia del espacio para la definición de la identidad y las potencialidades de la acción colectiva. Poco después, este giro territorial de los movimientos sociales fue complejizado por la coyuntura económica y política de América Latina. El consenso de los commodities y la aparición de regímenes de acumulación neo-desarrollistas hicieron más evidente el extractivismo en América Latina (Svampa 2019). Esta modulación neo-desarrollista del capitalismo produjo una reconfiguración en los movimientos sociales que iniciaron lo que Svampa (2012) llamó, desde la ecología política, giro eco-territorial. Los movimientos eco-territoriales cuestionan y visibilizan las consecuencias negativas del extractivismo sobre el territorio, el ambiente, las formas de vida de las comunidades y sus propias posibilidades de supervivencia (Merlinsky 2021). Estos movimientos se estructuran en correlación con el eco-territorio, donde existen relaciones de implicación mutua, cuidado y convivencia (Haesbaert 2020) y donde las condiciones de existencia de las comunidades están fundadas en la preservación del mismo (Martínez-Alier 2003; Merlinsky 2013).
Teniendo en cuenta los nudos problemáticos que estudian estas corrientes teóricas, hemos seleccionado una experiencia de movilización y acción colectiva contenciosa que nos permitió indagar hasta qué punto las identidades y protestas de los actores sociales y ambientales se intersecan y atraviesan con las dinámicas políticas y estatales en el marco de un conflicto territorialmente situado en la provincia de Santa Fe (Argentina); y, a su vez, cómo dichas dinámicas moldean y permiten la emergencia de actores colectivos cuyas prácticas se encontraban restringidas al ámbito local-comunitario -de la territorialidad costero-fluvial del delta del río Paraná-.
Los pescadores del río Paraná -que en su tramo medio y bajo atraviesa las provincias de Santa Fe y Entre Ríos en Argentina- poseen una larga relación con el territorio que funciona como un espacio de experiencia y de vida. Sin embargo, también se hallan en una relación de fuerte dependencia y precariedad económica respecto al modelo extractivista de explotación de los grandes ríos de llanura en la Argentina. En este sentido, sus prácticas de resistencia están recubiertas por esa experiencia vital, pero también están tensionadas por su vulnerabilidad social, su dispersión territorial, segmentación laboral y su dependencia económica. Del complejo ensamblaje de esas variables resultan las dificultades y ambigüedades de las acciones contenciosas que presentamos en este artículo y que, si bien toma como herramienta teórica principal los conceptos de la sociología política de la acción colectiva (Tarrow 2012; Tilly 1986), también permite enlaces con las reflexiones de la ecología política (Alimonda 2006).
Desde el punto de vista historiográfico, los trabajos sobre movimientos sociales en la Argentina se han concentrado en las organizaciones del movimiento obrero y en los partidos políticos. Algunas investigaciones se han aproximado a estas perspectivas a través del análisis de movilizaciones políticas de gran relevancia en la historia del siglo XX: el 17 de octubre (James 1987), el cordobazo (Brennan y Gordillo 2008) y una perspectiva de larga duración sobre los saqueos (Di Meglio y Serulnikov 2017). En nuestro caso, buscamos establecer una confluencia entre las nociones de ciclo y repertorio de protestas con una perspectiva que pone de relieve el proceso histórico en construcción de un contexto de transformaciones y cómo ese contexto y una tradición sociocultural específica se entrelazan e interactúan produciendo la formación de los actores sociales y de su conciencia política (Thompson 1989).
Teniendo en cuenta estos aspectos, el objeto del artículo es analizar en clave socio-histórica los procesos de movilización social de los pescadores artesanales en el marco de la conflictividad territorial del río Paraná en la provincia de Santa Fe entre los años 2000-2020. Para ello, en un primer apartado, se reconstruyen las condiciones históricas de posibilidad de estos procesos de movilización, a partir del establecimiento de coordenadas macro -apertura y desregulación económica e integración regional- que transformaron los modos de explotación de los recursos hídricos del Paraná y las formas tradicionales de vida y trabajo de las comunidades de pescadores. En un segundo y tercer apartado, se analiza la acción contenciosa por parte de los pescadores, prestando atención a los ciclos de protesta y los repertorios de acción colectiva como analizadores que dan cuenta de los acontecimientos que han favorecido los procesos de movilización de los pescadores, su paulatina organización sectorial y su inscripción en el entramado contencioso de protestas eco-territoriales de los últimos veinte años en Argentina. Finalmente, en las conclusiones se plantean algunas reflexiones que articulan los planteamientos teóricos con el caso empírico analizado.
El fundamento metodológico se basa en un trabajo que combina la lectura e interpretación histórica de una serie compuesta por 296 notas periodísticas de los dos periódicos más representativos de la provincia de Santa Fe: La Capital de Rosario y El Litoral de Santa Fe que va desde 2001 hasta 2020, así como la realización de una decena de entrevistas en profundidad con pescadores artesanales de la provincia de Santa Fe, en las ciudades de Rosario, Santa Fe (capital) y Gaboto.
Transformaciones del territorio y la actividad pesquera en el río Paraná en la provincia de Santa Fe
La actividad pesquera se sitúa dentro del sistema de humedales sudamericanos del río Paraná en sus tramos medio y bajo, que atraviesan las provincias de Santa Fe y Entre Ríos. Dicho territorio presenta características de una planicie deltaica conformada por un complejo sistema de ríos y lagunas que se extiende por una llanura inundable -según ciclos hidrológicos determinados- de islas hacia la orilla de Entre Ríos y de costa firme hacia Santa Fe.
N de A: elaborado por Lisandro Arelovich, utilizó el software QGIS 3.
Figura 1 Argentina, provincia de Santa Fe. Tramos del río Paraná a la altura de las ciudades de Santa Fe (A) y Rosario (B)
La provincia de Santa Fe cuenta con 700 kilómetros de costa frente al río Paraná y en todas sus localidades riberenas se observa actividad pesquera, aunque no reviste la misma intensidad en cada una de ellas (Mascheroni 2013). Existen registros de actividad pesquera en esta región desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX a partir del proceso inmigratorio que atravesó el país. Dicha actividad se reforzó en las décadas de 1930 y 1940 con las migraciones internas (Prol 2010), que propiciaron el asentamiento de las familias de las que descienden los pescadores tradicionales (Mascheroni 2013). Esta tradición pesquera de la región combina prácticas de pesca comercial y de subsistencia con estilos de vida particulares e itinerantes entre el espacio de islas entrerriano y la ribera santafesina, esto produjo un territorio pesquero multilocalizado (Roldán y Castillo 2020). Las actividades pesqueras son objeto de minuciosos trabajos antropológicos (Balbi 1990, 2000; Boivin, Rosato y Balbi 2008; Ferrero 1996, 2000) y caracterizadas como artesanales, puesto que suponen un trabajo y unos recursos de gestión comunitaria, una escala reducida, herramientas elementales gestionadas por unidades domésticas-familiares, un conocimiento práctico y tradicional sobre los peces, las capturas y el territorio. Ferrero y Arizpe-Ramos (2015) senalan que la pesca artesanal se ha desarrollado como una actividad de acceso abierto con regulaciones consuetudinarias y prácticas comunitarias, cuya continuidad histórica ha sido afectada en las últimas décadas.
La conflictividad pesquera, las acciones colectivas y las movilizaciones sociales de los pescadores son fruto del impacto de una serie de transformaciones estructurales que afectaron a la actividad, los recursos y el territorio pesqueros. Durante los últimos treinta años, estas modificaciones se han encadenado y han erosionado las formas tradicionales de actividad fluvial-pesquera y su estilo de vida islenoribereno generando nuevas prácticas de resistencia y discursos de valoración sobre su medio y su actividad vital (Martínez-Alier 2003).
Estas transformaciones podrían agruparse en tres conjuntos que refieren a diferentes dimensiones, escalas y momentos históricos de intervención del Estado -en sus diferentes niveles- y otros actores socio-económicos sobre el territorio.
Primero, los impactos de las políticas de desregulación económica, apertura comercial e integración regional del país a través del MERCOSUR en la década de 1990, que implicaron la ampliación del mercado pesquero de exportación e introdujeron a los frigoríficos en la cadena comercial y el emplazamiento de instalaciones logísticas para la exportación de cereales y oleaginosas: puertos privados, Hirdovía Paraná-Paraguay y puente Rosario-Victoria.
Segundo, las implicancias de las políticas públicas regulatorias y compensatorias nacionales y provinciales sobre la actividad pesquera, orientadas a la preservación del recurso ictícola y la contención de demandas de las comunidades de pescadores: ley provincial de pesca, fijación de cupos de exportación y ley de veda pesquera, declaración de áreas protegidas o de conservación en la zona de islas y ejecución de programas asistenciales de diferente índole para las comunidades de pescadores -subsidios y microcréditos para proyectos productivos y de comercialización, fomento asociativo, etcétera-.
Tercero, las derivadas de los desarrollos urbanísticos y portuarios llevados adelante por los gobiernos locales y agentes privados en las ciudades y localidades costeras y de los usos productivos y recreativos que empresas y poblaciones desarrollan sobre el río, las costas y las islas que han implicado procesos de desplazamiento habitacional, acceso diferencial a las costas y restricción de las actividades de pesca propiamente dichas: puertos privados, avance de emprendimientos inmobiliarios, turísticos y espacios recreativos de acceso público -parques, balnearios, centros culturales, etcétera-, habilitaciones de clubes y guarderías náuticas.
Desregulación económica, apertura comercial e integración regional
Durante la década de 1990, Argentina atravesó un proceso de desregulación económica. En noviembre de 1991 se sancionó el Decreto 2284 que desreguló el mercado interno de bienes y servicios, el comercio exterior, los mercados de productos regionales e industrias de capital intensivo y el mercado de capitales. Estas medidas alcanzaron al sector agropecuario, los transportes, los seguros, los puertos, la pesca, los servicios profesionales y la telefonía (Barsky y Gelman 2009).
El proceso de conformación del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), motorizó la ampliación del mercado pesquero fluvial-continental a través de la exportación de sábalo a Brasil.
El sábalo es la principal especie de captura en la cuenca del Paraná y su extracción a gran escala se inició en la década de 1930 con el establecimiento en la región de plantas de extracción de aceite y elaboración de harina de pescado, destinadas al mercado interno (Prol 2010). Sin embargo, la pesca comercial para consumo humano se desarrolló en los años de 1960 y la primera experiencia de exportación de sábalo congelado, en la década de 1980 (Espinach-Ros y Sánchez 2007). Tal como senalan Boivin, Rosato y Balbi (2008), antes de 1992 la pesca estaba destinada al consumo local y al intercambio con acopiadores que intermediaban entre el pescador y las plantas procesadoras. Esta relación estaba fundada en condiciones salariales. El acopiador entregaba las herramientas de pesca a quienes trabajaban como peones. Paulatinamente, se fomentó la actividad independiente, transfiriendo los costos y riesgos a los pescadores, y restringiendo su vínculo al intercambio comercial de lo producido.
La apertura del mercado externo brasileno generó la instalación de trece nuevas empresas procesadoras y frigoríficas de capitales mixtos argentino-basilenos (Lattuada et al. 2019), un aumento de la demanda de pescado y una reorganización del proceso productivo que no ocasionó conflictos. Según Boivín et al. (2008), las relaciones de producción ya existentes permitieron adaptar los procesos de captura de peces a la mayor demanda. Esto fue posible porque existía una capacidad ociosa -los pescadores no trabajaban la semana completa, excepto en Cuaresma y Semana Santa-. El incremento de la demanda permitió a los pescadores regularizar su ocupación y a las empresas instalarse sin requerimientos adicionales de tecnologías ni fuerza de trabajo.
Además, en el marco del proceso nacional de apertura económica y desregulación, en 1996 se libera la comercialización del primer cultivo transgénico. Este hecho impactó significativamente en la transformación tecnológica, productiva y comercial del modelo agropecuario (Lattuada 2006). El salto en las exportaciones repercutió en la territorialidad agrícola-rural y sobre los ríos y sus riveras, donde se instalaron las infraestructuras portuarias para el transporte y la comercialización de granos con destino internacional. Desde entonces, sobre el Paraná se ha incrementado la circulación de barcazas y cargueros de gran calado.
Por las terminales portuarias del gran Rosario, desde Timbúes a Villa Constitución, se despacha el 78 % de las exportaciones nacionales de granos, aceites y subproductos (Lattuada et al. 2019). A su vez, el puerto de la ciudad de Santa Fe constituye la última localización de ultramar apta para operaciones con buques oceánicos, hecho que lo convierte en un eslabón imprescindible para la unión de los diferentes sistemas de transporte -terrestre, ferroviario, fluvial y oceánico-. Geograficamente se posiciona como el centro de transferencia de carga obligado desde y hacia los países conectados por la Hidrovía Paraná-Paraguay (Lattuada et al. 2019).
La exportación de cereales y oleaginosas a través de la Hidrovía Paraná-Paraguay (1995) y la construcción del puente (2003) que conecta la ciudad de Rosario (Santa Fe) con la ciudad de Victoria (Entre Ríos) han reestructurado el territorio, el ciclo hidrosocial (Boelens et al. 2017) del Paraná y sus islas y la escala de su ordenamiento y flujos comerciales. Los pilares del puente y las boyas (hidrovía) que se emplazan sobre el cauce principal del río y los terraplenes que atraviesan las islas y ríos secundarios, han fracturado y desarticulado los territorios de pesca. A su vez, el tráfico de embarcaciones cargueras ha incrementado el riesgo material para la pesca y ha ocasionado una reducción del territorio pesquero.
Políticas públicas regulatorias y compensatórias de la actividad pesquera
Entre las décadas de 1970 y 1990, las capturas de peces en el río Paraná permanecieron estables, con una presión de pesca moderada. Entre 1994 y 2004 se observó un aumento considerable en las exportaciones de sábalo que pasaron de 2785 a 32 000 toneladas. Este incremento tuvo repercusiones en el tamano medio de los peces capturados, así como en su cantidad y calidad. La sobrepesca aparecía como una de las principales razones que explicaban este fenómeno. Para 2005 -momento en que se discutió la ley de veda-, la exportación de pescado de río alcanzaba las 40 mil toneladas. El 89 % de ese total correspondía al sábalo y provenía en un 90 % de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos (Espinach-Ros y Sánchez 2007).
Como resultado de la presión ejercida por entidades ambientalistas, la Sub-secretaría de Pesca y Acuicultura de la Nación y las autoridades de recursos naturales de los gobiernos provinciales de la cuenca del Paraná comenzaron a estudiar medidas para preservar los recursos pesqueros, especialmente el sábalo (Boivín et al. 2008). Así, la ley de veda presentaba prohibiciones por especie, tallas e incluso la interrupción de la pesca desde noviembre hasta enero. Por el lado asistencial, estipulaba subsidios compensatorios durante la veda.
Ambas reglamentaciones comprendían la necesidad de un registro de pescadores. En el caso de la Ley Provincial N° 12212 se estipulaba una tramitación personal para la obtención del carnet de pesca y la matriculación de las embarcaciones. Y en el caso de la Ley Provincial N° 12703, se creaba un Padrón Único de Pescadores Artesanales de la Provincia de Santa Fe para entregar ayudas económicas durante la veda.
La veda de la pesca artesanal-comercial durante tres meses cada ano generó una dinámica anual conflictiva entre los pescadores, vinculada a los trámites burocráticos para chequear si sus nombres figuraban en los padrones, contactar a agentes del Estado y estar atentos al cronograma de pagos (Castillo, Arelovich y Urcola 2019).
A comienzos de 2013, el gobierno provincial suspendió la veda1 (Decreto 4001, 26/12/2012) y estableció la posibilidad de acceder a recursos a través de las organizaciones de pescadores formalmente constituidas. Los recursos asignados debían destinarse a fondos rotatorios para que los propios pescadores se organizasen y los administraran según sus necesidades. El Gobierno provincial registró 20 organizaciones con diferentes formatos jurídicos: mayoritariamente asociaciones civiles sin fines de lucro, pero también cooperativas y ONG que prestaron su personería a grupos de pescadores informales y el Sindicato de Pescadores de Santa Fe (Sipesa) con sede en Puerto Gaboto.
Otro efecto de regulación sobre la territorialidad pesquera del Paraná es la creación del Parque Nacional Islas de Santa Fe (PNISF), a la altura de Puerto Gaboto, en 2010. La instalación de este Parque Nacional y su concepción conservacionista generó una serie de conflictos con los pescadores de la zona por sus áreas de pesca y con los pobladores islenos que enfrentaron órdenes de desalojo (Ferero y Arach 2019). Estos proyectos y modelos de gestión de Parques Nacionales no solo abrieron espacios de conservación ambiental, sino también ámbitos de conflicto y negociación que en esta zona incluyeron a los pescadores vinculados al Sipesa y a las actividades de intercambio comercial con acopiadores y frigoríficos.
Desarrollos urbanísticos y usos recreativos del río, las costas y las islas
El uso recreativo del río, a través de los deportes náuticos, la pesca deportiva, la propagación de embarcaciones, emprendimientos turísticos y segundas residencias en las islas, han ocasionado una reducción del territorio pesquero en las proximidades de los grandes centros urbanos. La relocalización de puertos privados hacia Puerto General San Martín y la refuncionalización de las riberas como waterfront urbano mediante la construcción de cadenas de espacios públicos urbanos (Roldán, Pascual y Vera 2016) han desbaratado varios puntos de residencia de los pescadores artesanales (Roldán y Godoy 2020).
Un ejemplo paradigmático es la ciudad de Rosario. Sus barrancas forman parte del territorio histórico de la pesca, un espacio de trabajo, habitación e intercambio. Cuando el borde del río estuvo dominado por la interfaz ferroportuaria, la presencia de los pescadores quedó oculta. En 2005, la construcción de espacios públicos y la ocupación de los terrenos aledanos por emprendimientos culturales e inmobiHarios les dieron a los pescadores una visibilidad que no tardó en volverse problemática. Las autoridades locales mostraron preocupación por la situación de los pescadores. Dos años después varios de ellos fueron desalojados (Roldán y Castillo 2020). Las viviendas informales de los pescadores fueron definidas por su precariedad y vulnerabilidad múltiple; una orden de desalojo afectó a varias familias y sus viviendas (La Capital 2005a). La reducción del territorio pesquero se ha experimentado, también, con la construcción del Acuario del Paraná, cuyo proyecto contemplaba la construcción de un Puerto de Pescadores aún inconcluso (Roldán y Arelovich 2020). Asimismo, en Granadero Baigorria, localidad que linda al norte con Rosario, se han registrado procesos de reducción del hábitat con impacto en Remanso Valerio, un barrio tradicional de pescadores. Estas afectaciones fueron originadas en los desarrollos del Parque de la Cabecera, un espacio público metropolitano que conecta la ciudad de Rosario y la localidad de Granadero Baigorria a la altura del acceso al Puente Rosario-Victoria. (Roldán 2019). Todavía sin materializaciones específicas ni financiamiento definido, un proyecto que combina espacios públicos y viviendas se ha planificado en la zona del barrio Mangrullo al sur de la ciudad de Rosario. Se trata de otra tradicional comunidad de pescadores con residencias afectadas por su urbanización "irregular".
Ciclo de protesta pesquera, estatalismo dinámico y oportunidades políticas
Tarrow (2012) conceptualiza al ciclo de protestas como una coyuntura de intensificación de los conflictos y la confrontación social, en la que se difunden la acción y movilización colectivas, se producen variaciones en las formas de confrontación, se recombinan los marcos de la acción colectiva organizada y no organizada y la interacción entre disidentes y autoridades se intensifica. Para las ciencias sociales, el conflicto es constituyente de las relaciones sociales, dado que produce orden y genera sociabilidades. Según Merlinsky (2013), la manifestación de un conflicto es consecuencia de una demanda que instala un nuevo problema en el espacio público. La historia de esa demanda permite rastrear una acción colectiva de distintos actores con diferentes puntos de vista. El ciclo de protestas vinculadas al uso del recurso ictícola del río Paraná da cuenta de la forma en que los pescadores comenzaron a definirse a sí mismos y a su campo de acción entre los años 2000 y 2020.
El concepto de "oportunidades políticas" (Tarrow 2012) permite explicar cómo categorías sociales -trabajadores, campesinos, pescadores, etcéterase transforman en identidades políticas, privilegiando el análisis de la acción político-contenciosa como un salto contingente que comunica las condiciones sociales preexistentes y un nuevo escenario donde los sujetos se involucran de forma no rutinaria (Schuster 2005). Tarrow (2012) denomina "estatalismo dinámico" a la influencia recíproca entre acción colectiva y Estado, que expresa la apertura a la participación de nuevos actores, alianzas gubernamentales, aparición de aliados influyentes, diversidad de liderazgos y disminución en la capacidad o intención del Estado de tolerar la disidencia.
A partir de estos conceptos, el ciclo de protestas pesqueras se estructuró y desarrolló entre 2000-2020 al calor de las discusiones sobre la reglamentación e implementación de una ley de veda pesquera. El Estado -en sus diferentes niveles- ha oficiado como "arena política" para la disputa de intereses y como actor a través de sus agencias y funcionarios específicos. El desarrollo incremental de este conflicto permite observar la centralidad que comenzaron a mostrar los pescadores y sus organizaciones como actores colectivos. Asimismo, su rol en las dinámicas estatales e interactorales en el pasaje de las acciones dispersas o locales hacia formas reivindicativas acordes a la coyuntura de disputas y sus efectos en el colectivo de pescadores.
Siguiendo el eje de la veda pesquera, puede dividirse la periodización mayor del conflicto (2000-2020), en tres subperiodos: pre-veda (2000-2005), veda (2006-2012) y pos-veda (2013-2020). Durante la implementación de la veda se registró la mayor conflictividad y riqueza para comprender a los "pescadores artesanales" como actores colectivos emergentes y sujetos de la política pública.
El periodo de pre-veda se caracterizó por conflictos y debates en los medios de comunicación para presionar a los organismos estatales para que regularan la explotación ictícola. Dichos enfrentamientos se generaron entre organizaciones ambientales y emprendedores turísticos -vinculados a la pesca deportiva-, por un lado, y frigoríficos pesqueros, Sipesa -con sede en la localidad de Gaboto y, por entonces, vinculado a la pesca para exportación de los frigoríficos- y por el otro presidentes comunales del centro y norte provincial -donde están radicados estos frigoríficos y comunidades de pescadores-. En ese contexto, y amparándose en la Ley Provincial 4830 que regulaba las actividades de caza y pesca, se produjeron controles y decomisos a los frigoríficos. Participaron de los operativos la Prefectura, Dirección General de Seguridad Rural y Secretaría de Medio Ambiente y Ecología de la provincia de Santa Fe en forma conjunta con organizaciones ambientales, como el Centro Ecológico del Paraná y la Fundación Proteger -a los que asesoran investigadores del CONICET-. Avalados por estas agencias estatales provinciales, los sectores ambientalistas y conservacionistas aseguraron:
[...] una crisis pesquera sin precedentes amenaza con terminar con la población de sábalos y pone en riesgo su recurso íctico. Redes gigantescas recorren indiscriminadamente nuestros cursos de agua. Y destruyen el recurso pesca, sobre el que se asienta una de las pocas alternativas de crecimiento de las comunidades costeras: el turismo (El Litoral 2002a).
Propusieron la necesidad de una ley y una veda pesqueras que permitieran la preservación del recurso ictícola en la cuenca del Paraná. Para estos actores, las comunidades de pescadores eran perjudicadas por los frigoríficos. En cambio, los representantes de los frigoríficos y el Sipesa sostuvieron que la veda ocasionaría efectos perjudiciales y anadían "[...] están equivocados porque cortan totalmente una fuente de trabajo. Los pescadores necesitan trabajar, no es el momento para salir a pedir una veda" (El Litoral 2002b). A su vez, acordaban con los controles correspondientes y, especialmente, sobre los frigoríficos de provincias vecinas -Entre Ríos y Buenos Aires- que compraban a los pescadores de la zona y sacaban el producto a través de las rutas santafesinas. Los presidentes comunales asumieron la mediación entre pescadores y gobierno provincial y entre pescadores y frigoríficos. Eran partidarios de la instalación de frigoríficos y la mejora en las condiciones de trabajo de los pescadores, se enfrentaban a los lobbies ambientales, conducidos por las ONG y la Secretaría de Medio Ambiente de Santa Fe.
En los cruces discursivos de ambas facciones se presentaba a los pescadores como trabajadores. En ese momento, se registraba una disputa por la definición del actor "pescador", a quién todavía no se calificaba como artesanal. Se hacía referencia a los pescadores comerciales o trabajadores del río que vendían su producción a los frigoríficos y las comunidades riberenas que vivían de la pesca para consumo personal y comercializaban en el mercado interno o para emprendimientos turísticos - gastronómicos, pesca deportiva, etcétera-. De este modo, la voz de los pescadores no aparecía claramente representada. Los referentes del Sipesa aseguraban representar a todos los pescadores del río al defender su derecho al trabajo y la comercialización de su producción a los frigoríficos. Por su parte, las organizaciones ambientales sostuvieron que la acción predatoria del recurso que desarrollaban los frigoríficos perjudicaba a las comunidades de pescadores, sumándolos a la causa de los emprendedores turísticos que promovían la pesca deportiva. Asimismo, algunos referentes de las comunidades de pescadores del sur de la provincia (Rosario) se reconocían como pescadores tradicionales y no se identificaban con los reclamos de Sipesa y los frigoríficos. Con estos compartían algunas críticas a la ley, como las referidas a las tallas de los peces y el ancho de mallas de las redes, pero las problemáticas que mayoritariamente los aglutina se relacionan con los conflictos por los espacios habilitados, el acceso a costas para el desarrollo de su trabajo, la radicación de sus viviendas -en lugares donde avanzan los desarrollos inmobiliarios y urbanísticos de las ciudades-. Estos grupos han sufrido desalojos, clausura de puestos de venta y reducción de los lugares para el atraco de sus embarcaciones.
Con la sanción de Ley de pesca 12212, en diciembre de 2003, se generan una serie de disputas y discusiones alrededor de la reglamentación y aplicación de la ley; respecto a los alcances y medidas vinculadas con la veda pesquera; y acerca de la necesidad de acuerdos con otras provincias que comparten el recurso ictícola (Entre Ríos). Desplegadas en la arena política legislativa, cobraron relevancia las declaraciones de diputados y senadores que representaban a sus partidos, pero también a los pobladores (pescadores) y jefes comunales de los departamentos y las localidades. Asimismo, con el cambio de gobierno, aún dentro del mismo signo político, se concedió otro rol al Secretario de Medio Ambiente. Mientras que en la gestión anterior asumía una posición referenciada con los emprendedores turísticos, organizaciones de pesca deportiva y ambientalistas, el nuevo Secretario aparecía como un mediador entre las posiciones ambientales-conservacionistas y los frigoríficos y pescadores. Junto a mayores controles, se requirió un programa que atendiera las necesidades económicas y sociales de los pescadores con el objetivo de preservar sus ingresos. La Ley 12212 establece una distinción entre "pescadores artesanales" y "pescadores de subsistencia". Desde entonces, la mayoría de los pescadores se identifican como "artesanales", ya que combinan estrategias de pesca comercial con prácticas de consumo doméstico, quedando la pesca de subsistencia asociada a condiciones de pobreza.
Tras largas y tensas discusiones, la ley fue aprobada en el ámbito legislativo, aunque luego fue vetada por el Ejecutivo. En 2007, el gobernador resolvió el conflicto a través de un acuerdo interprovincial y la participación del gobierno nacional que estableció el cierre de las exportaciones y la veda por noventa días, desde diciembre hasta febrero. Un conflicto encabezado por actores locales del centro y norte del territorio santafesino, que desarrollaban una actividad económica residual para la provincia -pesca artesanal y la exportación de sábalo- alcanzó una escalada político-contenciosa que obligó a la intervención y al diálogo político entre las máximas autoridades de los Estados provinciales (Santa Fe y Entre Ríos) y el Estado Nacional.
Con la sanción de la Ley 12703, se abrió el periodo de veda y de mayor conflictividad que perduró hasta su derogación en 2012. Entre 2006 y 2010 se profundizaron las tensiones y discusiones por la veda pesquera: su duración, el monto del subsidio y el padrón de pescadores. El Sindicato y otras organizaciones comenzaron a recurrir a los cortes de ruta como estrategia de movilización y presión política. A la vez que se debilitaron sus alianzas con los frigoríficos, acordaron con el gobierno provincial y sus referentes políticos por la inclusión de los asociados en el padrón y por el monto del subsidio durante la veda. En este periodo se registraron controles y decomisos en frigoríficos y concesiones sobre la veda que no conformaron a las organizaciones conservacionistas o ambientalistas. Con la implementación de la veda, los grupos conservacionistas abandonaron el debate público. Las pujas se produjeron entre las organizaciones de pescadores y el Estado alrededor de los montos del subsidio y entre el Estado y los frigoríficos por los cupos de exportación. El padrón fue restringido a los pescadores definidos como "artesanales" por la Ley provincial N° 12212, hecho que promovió la identificación de los pescadores y sus organizaciones bajo esta categoría. En 2007 cambió el signo político del gobierno provincial. La nueva administración promovió el diálogo y la gestión de la cuestión pesquera se desplazó de la cartera de Medio Ambiente al Ministerio de la Producción y la Secretaria del Sistema Hídrico, Forestal y Minero.
La veda, el padrón y el subsidio generaron un amplio efecto de movilización por parte de los pescadores que fue encabezado y capitalizado por el titular del Sipesa. Juan Carlos Billarreal se convirtió en el referente de la hasta entonces única organización de pescadores con trayectoria y reconocimiento. Sin embargo, la dinámica de la organización lo trascendió e impulsó otros procesos organizacionales y la emergencia de otros referentes. El conflicto habilitó la intervención de los jefes comunales que fomentaron la organización de los pescadores de sus localidades y evitaron la cooptación del padrón por parte del Sindicato, promoviendo la inclusión de "sus pescadores". Inicialmente, el encargado de llevar adelante el diálogo político por la cuestión del padrón y el subsidio fue el Subsecretario de Comunas y la Secretaría de Promoción Comunitaria fue convocada para organizar y abonar los subsidios.
El conflicto giró alrededor de la inclusión/exclusión del padrón y el monto de los subsidios. Cuatro organizaciones participaron del diálogo político y las protestas con cortes de rutas y puentes: el Sipesa, la Asociación Civil de Pescadores de la Provincia de Santa Fe, la Asociación Pescadores Unidos y la Asociación Pescadores del Norte. Oscar Sambucetti se constituyó en el representante y vocero de estas tres organizaciones que actuaban de modo coordinado y contaban con el apoyo de jefes comunales. También se enfrentaban al Sipesa y a la figura de Billarreal.
En 2008, el nuevo gobierno depuró el padrón de pescadores -confeccionado durante el gobierno anterior- y monitoreó los operativos de decomiso de redes y pesca, las inspecciones a los frigoríficos y la incautación de piezas fuera de talla a pescadores deportivos. Desde el Ministerio de la Producción, se creó la Cadena de Valor del Sistema Pesquero y se apoyó la conformación de cooperativas de pescadores, propiciadas por la Fundación Proteger. El objetivo era anadir valor a la comercialización del pescado para garantizar tanto los ingresos a los pescadores como la sustentabilidad del recurso.
En 2009 se incrementó la conflictividad entre organizaciones de pescadores y el gobierno provincial y entre las propias organizaciones de pescadores con enfrentamientos discursivos en los medios de comunicación y episodios de violencia en las puertas del Ministerio de la Producción. Las dos facciones reclamaron el incremento del subsidio y la declaración de la "Emergencia pesquera" por la bajante del río Paraná. A pesar de estas coincidencias, realizaron manifestaciones en puntos diferentes de la provincia y se acusaron recíprocamente de no representar los intereses de los pescadores.
La escalada de violencia concitó la intervención de fuerzas de seguridad provincial y nacional -gendarmería- para evitar cortes en los puentes de circulación internacional. Se produjeron episodios de represión, enfrentamientos entre organizaciones de pescadores y amenazas a funcionarios del gobierno provincial. Con el surgimiento de las nuevas organizaciones, el titular del Sipesa observó el declive de su predicamento sobre las bases y paralelamente los frigoríficos afirmaron no aprobar sus métodos contestatarios. Las nuevas organizaciones de pescadores se auto-denominaban "independientes" y realizaban acciones públicas menos confortativas que el Sindicato. Con el objetivo de diferenciarse entregaban petitorios y volantes sin cortar la ruta, aunque poco después emplearon los mismos métodos del Sipesa.
En 2010, el Estado provincial procuró formalizar la cadena de comercialización pesquera. Se desarrollaron procedimientos de inspección y pedidos de informes a los frigoríficos, el otorgamiento de licencias de pesca y comercialización a pescadores y la adjudicación de cupos de exportación a las organizaciones de pescadores. Esta última medida ocasionó conflictos y dividió a las organizaciones. El Sipesa no protagonizó acciones contenciosas de relevancia durante 2010 y la Asociación de Pescadores Unidos acusa al Estado provincial de entregarle los cupos de exportación al Sindicato. Finalmente, se constituyó una mesa de negociación con referentes de todas las organizaciones y un Padrón de Organizaciones de Trabajadores del Río reconocidas por la provincia. El objetivo consistía en que la venta a los frigoríficos se realizara a través de los puertos de fiscalización con presencia de las organizaciones de pescadores en la negociación de precios y la participación de las autoridades de las comunas y municipios donde se localizaran los puertos.
A partir de 2011, disminuyeron los episodios contenciosos. Se barajaba la posibilidad de acortar o eliminar la veda y surgieron nuevas organizaciones que reclamaban el pago del subsidio y el reconocimiento del Estado.
El periodo post-veda (2013-2020) estuvo marcado por la relevancia de estas organizaciones emergentes. El Decreto N° 4001 del Ejecutivo Provincial derogó la veda pesquera en diciembre de 2012. En este nuevo escenario, los pescadores reclamaron la reinstauración de la veda, porque casi no había peces en el río y por nuevas ayudas económicas para los pescadores y sus familias. Al derogarse la veda, los conflictos salieron de la esfera del Ministerio de la Producción para trasladarse al Ministerio de Desarrollo Social. Se desplegaron una serie de acampes frente a dicho Ministerio y cortes de la ruta 168 y el Puente Orono conducidos por la Asociación de Pescadores de Alto Verde y la Asociación Moncho Lucero -Jesús Pérez y Ana María Lucero aparecieron como voceros de los pescadores ante los medios de comunicación y los funcionarios provinciales-. Más allá de estos episodios, durante el periodo pos-veda (20132020) los conflictos resultaron escasos. Hubo una apertura de los canales de diálogo entre el Estado provincial y comunal a través de apoyos económicos para cooperativas y emprendimientos de pescadores.
A fines de 2018 sorprendió la noticia del asesinato del Secretario General del Sipesa, Juan Carlos Billarreal, en el marco de una discusión con uno de los trabaja-dores de su gremio. Este dirigente de gran relevancia en los contextos de pre-veda y de veda, estaba debilitado y su poder fragmentado por la emergencia de nuevas organizaciones e interlocutores.
Entre 2019 y 2020, reaparecieron los conflictos por la crisis pesquera engendrada por la bajante del río Paraná y el contexto de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) en el marco de la pandemia. Al culminar 2019, la Asociación de Pescadores de Alto Verde y otras organizaciones del sur santafesino realizaron cortes y protestas reclamando la declaración de la Emergencia Pesquera y subsidios. Los pescadores enmarcan la declaración de la emergencia pesquera con un discurso ambiental o conservacionista que advierte sobre la depredación del recurso ictícola y la necesidad de asistencia económica a través de subsidios. El diálogo político retornó al Ministerio de la Producción y Jesús Pérez se convirtió en uno de sus interlocutores mediáticos durante las protestas, que trascienden su Asociación y consiguen articular y movilizar a otras organizaciones en toda la provincia.
En los últimos días de 2020 se expidió un fallo judicial de primera instancia de la ciudad de Rosario, que habilitó una medida cautelar presentada por referentes de organizaciones ambientales para declarar nuevamente la veda pesquera y proteger la fauna ictícola frente al contexto de la bajante histórica del río Paraná. Este fallo generó un inmediato repudio de las organizaciones y comunidades de pescadores que se manifestaron a través de cortes de ruta que afectaron a toda la provincia y sus localidades -Rosario, Santa Fe, Reconquista, San Javier, Romang, Alejandra, etcétera-. Estas protestas se trasladaron al primer mes de 2021 y obligaron a la intervención del Estado provincial, que consiguió revertir el fallo a través de una resolución de la Cámara de Apelaciones que ordenó una veda parcial -con montos de capturas que deben ser acordados entre pescadores, frigoríficos y organizaciones ambientales en el marco del Consejo Provincial Pesquero-.
Estos acontecimientos parecen reeditar la disputa primigenia del periodo de pre-veda (2000-2005) entre organizaciones ambientales de tipo conservacionista y quienes trabajan en el río -pescadores y frigoríficos- explotando el recurso ictícola. El retorno de las discusiones alrededor de la aplicación de una veda pesquera quizás esté senalando el comienzo de un nuevo ciclo de protestas. No obstante, la rápida y articulada capacidad de movilización que han mostrado los pescadores artesanales de la provincia, evidencia un ciclo que de reeditarse cuenta con un actor colectivo que no existía antes o que tenía un bajo nivel organizacional y escasa capacidad de plantear sus demandas y defender sus intereses específicos. El declive del Sipesa, como actor protagónico de las reivindicaciones de los pescadores, ha permitido la emergencia de nuevas referencias en la organización y la dirigencia de los pescadores santafesinos. Se trata de una herencia de los procesos de lucha anteriores que articula demandas colectivas y las actualiza al nuevo proceso de movilización social.
Repertorio de protesta, dinámicas y oportunidades políticas
En la obra de Charles Tilly (1986, 2002), el concepto de repertorio de protesta remite a un conjunto limitado de rutinas aprendidas y reproducidas en el tiempo por los actores que las comparten y las ejercitan mediante un proceso de selección relativamente deliberado. Los repertorios de protesta poseen raíces históricas y culturales, ya que se organizan a partir de un diálogo y una tensión con la tradición. Los movimientos sociales no inventan las formas de protesta, sino que operan modificaciones dentro de repertorios cultural y socialmente reconocibles (Tarrow 2012, 120). Asimismo, no puede concebirse al repertorio de protesta como un mero conjunto de recursos y medios exteriores, sino que se trata de prácticas aprendidas y sentidos atribuidos en la misma confrontación.
A través del repertorio de protesta los movimientos sociales expresan sus demandas a instituciones frente a las que reclaman y/o reivindican sus derechos y hacia actores a los que confrontan o buscan involucrar como aliados. El repertorio de protesta conlleva la posibilidad de una innovación controlada, a partir de la experimentación y la improvisación. Algunos se componen de fragmentos de repertorios anteriores o performances originadas en actividades no necesariamente contestatarias. El repertorio de protesta muestra la relevancia de las coordenadas estructurales en las que se genera un movimiento social, pero también expresa los contextos de oportunidades políticas y las dinámicas culturales y simbólicas. Se trata de un concepto que enlaza la dimensión macro-estructural con los procesos y los acontecimientos históricos (MacAdams, Tarrow y Tilly 2001).
Durante los años de 1990, en Argentina, las coordenadas de la movilización social variaron. El escenario de la globalización y el neoliberalismo hicieron ineficaces los repertorios de protesta tradicionales, compuestos por huelgas, marchas y movilizaciones. Aparecieron y se difundieron nuevas acciones contenciosas como los saqueos, las puebladas, los cortes y bloqueos de rutas, las tomas, los escraches, las ollas populares, los acampes frente a edifícios públicos, etcétera. Auyero (2002) mostró cómo las transformaciones estructurales de la Argentina -desproletarización, retracción de la políticas sociales y descentralización de la educación y la salud públicas- conformaron las condiciones necesarias -aunque no suficientes- de esa mudanza en el repertorio de protesta. En la Argentina de fines de los 1990 y comienzos del siglo XXI, el corte de ruta se convirtió en una acción modular, que no solo conformó una confrontación más eficaz que la huelga en un contexto de desindustrialización y desocupación, sino que instaló una experiencia de autoafirmación identitaria de los excluidos (Svampa y Pereyra 2003).
Como se ha visto, el ciclo de protesta de los pescadores artesanales emerge de ese conjunto de transformaciones y de sus secuelas, tales como la reprimarización de la economía, el neodesarrollismo y el extractivismo. El repertorio de protesta de los pescadores está inmerso en el conjunto de referencias históricas y culturales de la protesta social argentina de inicios del siglo XXI. Al iniciarse los debates acerca de una posible sanción de la veda pesquera en Santa Fe, el referente del Sipesa afirmó la improbabilidad de un subsidio. Entonces, se preguntaba: "¿es que queremos nuevos piqueteros, nuevos cortes de ruta, nuevos desocupados? [...] Los próximos piqueteros serán los pescadores" (El Litoral 2002b).
El repertorio de protesta de los pescadores replicó modularmente las acciones contenciosas generadas en los años de 1990 por los grupos de trabajadores excluidos, denominados "piqueteros", y por los trabajadores del Estado. La estrategia más recurrente de los pescadores fue el corte de las vías de circulación -rutas y puentes- y en segundo lugar el acampe en espacios públicos reconocidos -plazas, edifícios ministeriales y legislativos-, en ambos casos la ocupación del espacio fue cardinal para la acción colectiva. A través de esa estrategia, los pescadores procuraron interrumpir la circulación rutinaria de distintas vías de comunicación estratégicas: la ruta Provincial N° 1, la ruta Nacional N° 168 y el viaducto Orono en la parte norte o central de la provincia y que conecta -junto con el túnel subfluvial- la ciudad de Santa Fe con la de Paraná (Entre Ríos), área donde se emplazan las entidades gubernamentales a las que las manifestaciones interpelaron. Asimismo, a lo largo del ciclo de protesta, también bloquearon con frecuencia la cabecera del puente Rosario-Victoria -que también une a la provincia con Entre Ríos-, inscribiendo su reclamo -sin referencias explícitas- en el mismo registro del repertorio contencioso de las organizaciones ambientales que, por los años 2005 y 2006, se manifestaban, cortaban y ocupaban el puente internacional General San Martín -que une Argentina con Uruguay a la altura de las ciudades de Gualeguachú y Fray Bentos- en oposición a la instalación de las plantas de celulosa sobre el río Uruguay (Merlinsky 2013). Ocasionalmente, también se efectuaron vigilias, ocupaciones y se depositaron algunos mensajes de contundente violencia simbólica en los alrededores de distintos edifícios públicos -Legislatura Provincial, Ministerio de Ambiente y Ministerio de la Producción-. Por regla, estos episodios se produjeron alrededor de las coyunturas de reglamentaciones sobre la veda pesquera, de discusión del padrón de pescadores y del monto de los subsidios.
N de A: elaborado por Lisandro Arelovich, utilizó el software QGIS 3.
1) Ministerio de la producción; 2) Puente Orono; 3) Ruta Nacional 168; 4) Ruta Provincial 1.
Figura 2 Tramo del río Paraná a la altura de la Ciudad de Santa Fe
El 8 de marzo de 2005, los pescadores inauguraron los cortes sobre el puente Rosario-Victoria -vía de comunicación estratégica para la circulación comercial terrestre del MERCOSUR-. La protesta se produjo en ocasión de las regulaciones en el ancho de malla y la talla de las capturas. La movilización involucró a unas quinientas personas. Sin embargo, la mayoría eran pescadores que trabajaban para los frigoríficos de Victoria, en la vecina provincia de Entre Ríos. A lo largo de ese ano y del ciclo de protestas ya analizado, dichos cortes adoptaron un tinte más santafesino y los representantes del Sindicato de Pescadores buscaron desligarse de la influencia de los frigoríficos que, según las ONG ambientalistas, habrían inducido las primeras movilizaciones (La Capital 2005b).
Fuente: elaborado por Lisandro Arelovich, utilizó el software QGIS 3.
Figura 3 Tramo del río Paraná a la altura de la ciudad de Rosario. Puente Rosario-Victoria
En este proceso de construction del repertorio de protesta, se registraron algunas instancias de movilización específicas que quedaron al margen del repertorio. La primera se produjo bajo el puente Rosario-Victoria, cuando los pescadores intentaron cortar simbólicamente y durante un tiempo limitado el tráfico de la Hidrovía Paraná-Paraguay -vía de comunicación estratégica para la circulación comercial fluvial del MERCOSUR-. La segunda se compuso por un episodio en el que se colocó un mensaje intimidatorio a las puertas del Ministerio de Ambiente. Finalmente, en algunas coyunturas puntuales se montaron vigilias en las inmediaciones de la Legislatura o se quemaron cubiertas y se acampó frente al Ministerio de la Producción, a cuyas puertas se condujo una canoa. A continuación, mostramos algunos detalles de esos episodios singulares.
La denominada "batalla naval" se produjo a fines de 2005. Frente a los anuncios de una posible veda, los pescadores desarrollaron una acción contenciosa inusual a bordo de sus canoas y lanchas en la parte baja del puente Rosario-Victoria. La movilización interrumpiría el tráfico naval de una vía de comunicación de transporte de cargas. Los pescadores apenas contaban con veinte canoas. A esta debilidad numérica y material, se anadían las del "terreno", un elemento dinámico como la corriente fluvial. Los pescadores no ignoraban que solo podrían alcanzar un éxito simbólico. Notificaron del corte a la Prefectura Naval Argentina. En medio del corte, una barcaza cargada apareció bajando el río Paraná y la Prefectura inició maniobras para desalojar la movilización (Página 12 2005). Entonces se produjo la batalla naval, en la que las canoas de los pescadores fueron danadas por las envestidas de las embarcaciones mejor constituidas de la Prefectura. Según los oficiales a cargo del operativo, las acciones buscaban proteger a los manifestantes e impedir que fueran arrollados por el carguero. El corte fue desmantelado y varios pescadores quedaron detenidos. Sin embargo, la acción contenciosa continuó sobre el puente. Debido a su reducido número, los pescadores interrumpieron el tráfico de camiones y automóviles colgando sus redes de un lado a otro del puente. Se trataba de una adaptación del repertorio de protesta de los trabajadores petroleros de la década de 1990, quienes cortaban las rutas mediante el incendio de cubiertas de automóviles que evocaban la actividad de las refinerías cerradas. Esta fórmula simbólica buscaba subrayar la especificidad de la protesta, mostrar al Estado, a otros trabajadores y ciudadanos que los pescadores protagonizaban el corte. Las primeras acciones resultaron llamativas por su carácter novedoso e intempestivo.
Una red atravesando la ruta y no el lecho del río era un objeto fuera de lugar y, al mismo tiempo, detenía la circulación y mostraba la suspensión de las actividades pesqueras. El dispositivo no tuvo el éxito de los cortes con quema de neumáticos que se difundieron más allá de los fogoneros y piqueteros. Pronto, los bloqueos con redes disminuyeron, aunque la estrategia del corte de rutas y puentes persistió.
El segundo episodio se refiere al incidente de las granadas que se registró en 2007 y como amenaza al Ministerio de Ambiente que junto a las ONG como Proteger impulsaron la sanción de la veda pesquera. La prensa reflejó la contundencia del mensaje de los pescadores,
[...] la noche del 17 de enero [tras la segunda semana de veda pesquera] expertos en explosivos de la policía debieron desactivar un atentado con granadas [...] donde se encuentra la Secretaria de Estado de Medio Ambiente de la Provincia y la Secretaria de Pesca. Allí estaban listas para explotar tres cebollitas FMK2 unidas por un sedal, un hilo de pesca (El Litoral 2007).
La detonación era un hecho improbable y hubiera opacado el mensaje conte-nido en el detalle del hilo que unía las granadas, que sindicaba a sus colocadores y los propósitos de la acción. A excepción de algunas amenazas al Ministro de la Producción, este tipo de manifestaciones intimidatorias fueron discontinuadas y no existen registro de otras acciones similares que oscilasen entre la violencia material y simbólica.
A partir de 2007, la combinación de la veda, la confección del padrón de beneficiarios y el pago de un subsidio por desempleo generaron un amplio efecto de movilización. Durante estas confrontaciones, la metodología de lucha se mantuvo estable alrededor del corte de la circulación en rutas y puentes, no obstante se modificaron los objetos en disputa. Inicialmente los pescadores se movilizaron contra la sanción de la veda. Una vez establecidos los cupos de exportación nacionales y la veda, la movilización se registró alrededor del pago de subsidios y el padrón de beneficiarios. Tras la derogación de la veda, los pescadores continuaron recurriendo al corte de rutas y a la interrupción de la circulación sobre el puente colgante en Santa Fe y el de Rosario-Victoria, pero los objetivos fueron los subsidios o ayudas económicas de fin de ano. Otras manifestaciones oscilaron entre la necesidad de declarar la emergencia pesquera -en general coincidente con ciclos naturales que hicieron desfavorable la pesca- y el levantamiento de los cupos de exportación, en general convergentes con momentos de abundante captura.
Como puede observarse, la mayoría de las protestas del sector pesquero se ha organizado alrededor del piquete o el corte de rutas realizado sobre puntos clave de conexión vial terrestre. Como afirmamos, el piquete había demostrado su eficacia durante las movilizaciones organizadas en los años de 1990 y el corte de puentes en la particularidad del conflicto ambiental e internacional entre Argentina y Uruguay de inicios del nuevo milenio. Sin embargo, el contexto de oportunidades políticas y formas de intervención del Estado sobre la protesta social varió al culminar la primera década del siglo XXI. Haciéndose eco de las sugerencias de las fundaciones ambientalistas (Proteger), el gobierno provincial comenzó a desplegar estrategias de apoyo a la producción y los emprendimientos cooperativos de los pescadores (La Capital 2008b). En Helvecia y Villa Ocampo se desarrollaron distintas experiencias piloto de promoción productiva y fiscalización de las actividades pesqueras (El Litoral 2009a). El municipio de Rosario puso en funcionamiento el Programa de Pesca Artesanal coordinado por la Subsecretaría de Economía Social (La Capital 2010). Estas nuevas políticas públicas partieron las aguas entre distintos grupos de pescadores.
Al promediar septiembre de 2009, los cortes como modalidad de protesta fueron reprimidos por Gendarmeria Nacional y la Policía de Santa Fe, con un saldo de cuatro manifestantes heridos y diecinueve detenidos (La Capital 2009). Tras este episodio represivo, una serie de nuevas reglas centradas en el diálogo y el apoyo a las experiencias cooperativas y productivas instaló una negociación con los actores moderados. Esta táctica de institucionalización de las demandas en pos de conducir emprendimientos productivos organizados por los pescadores sembró las condiciones para disminuir la legitimidad de la movilización centrada en el corte de rutas. Los pescadores evidenciaron signos de fragmentación entre quienes sostenían la lógica de la protesta que los había transformado en un actor emergente y los que buscan aprovechar el nuevo contexto de oportunidades político-económicas que ofrecía el Estado Provincial a los emprendimientos productivos y cooperativos.
Los referentes del Sipesa se mantuvieron fieles a la lógica de protesta enfocada sobre el corte. Sus estrategias de negociación no hicieron gala de amplitud ni de flexibilidad. Las intervenciones discursivas del líder del Sipesa advirtieron sobre posibles derivas violentas. En 2006 afirmó: "Si se sanciona la ley vamos a incendiar la provincia pueblo por pueblo" (La Capital 2006). Con el correr del tiempo, la modalidad del corte del puente hasta pareció fastidiar a sus propios promotores. "Hay que vivir arriba del puente para hacer valer los derechos" (La Capital 2007). Al ano siguiente, agregaban "La única herramienta que nos queda es hacer presencia en el Puente Rosario-Victoria" (La Capital 2008a). Este conjunto de declaraciones muestran el carácter limitado del repertorio de protestas de dicho Sindicato y su agotamiento.
Además, la emergencia de otras organizaciones de pescadores locales y provinciales que le disputaron el liderazgo sectorial, también, se expresaron en sus modalidades y repertorios de protesta. Para diferenciarse del Sindicato recurrieron a intervenciones públicas en rutas, donde entregaban panfletos con petitorios y reclamos pero no interrumpían el tránsito. El incremento de las tensiones entre estas organizaciones, el Sindicato y el Estado Provincial, las condujo a utilizar el mismo repertorio de protesta del Sipesa, centrado en cortes de ruta y acampes. Entonces, buscaron diferenciarse ocupando otros puntos de la provincia.
Hasta 2009, la identidad construida alrededor de la protesta de los pescadores se mantuvo ligada a las lógicas de la acción colectiva difundidas por el movimiento piquetero de la década de 1990, pero también incorporadas por otros procesos de movilización ambientales y agrorurales durante el periodo analizado. Tras la represión de mediados de septiembre de 2009, los referentes del Sindicato intentaron enlazar, sin demasiado éxito, esta forma de protesta con los cortes de ruta protagonizados por nuevos actores políticos y con otros perfiles económicos: los productores rurales.
Tal como ocurrió con la producción agropecuaria por la sequía, cuando el estado provincial declaró la emergencia, lo mismo debe hacerse con la pesca y sino ocurre vamos a hacer como los productores que salieron a cortar las rutas (El Litoral 2009b).
En ese contexto, la efficacia de los cortes mostró sus primeras debilidades, dado que cada vez se hizo más difícil identificados con un sector social específico y una protesta legítima. A partir de 2015, Billarreal afrontó serias dificultades para alcanzar un liderazgo reconocido y legítimo al frente de las movilizaciones de los pescadores a nivel provincial. En ese momento, la figura de nuevos referentes y organizaciones se estabilizó. Los problemas de la organización y representación del Sindicato de Pescadores precedieron en pocos años al asesinato de su líder a manos de uno de sus colaboradores en un confuso episodio durante un reclamo por subsidios de fin de ano en la localidad de Puerto Gaboto. Al modificarse el contexto de oportunidades políticas, las estrategias discursivas beligerantes perdieron legitimidad y el repertorio de protesta basado en el corte de rutas se enlazó de un modo cada vez más tenue con aquel campo popular que lo había impulsado en los primeros años de este siglo.
El último acontecimiento contencioso registrado en el ciclo, a finales de 2020, evidencia la instalación de una modalidad de protesta pesquera vinculada a los cortes de ruta y puentes en la provincia -con quema de neumáticos, pero también con canoas atravesando los caminos-. A diferencia de los episodios y el periodo más álgido del ciclo de protestas, en este caso se observó una acción coordinada entre las diferentes organizaciones y comunidades de pescadores participantes. Cuestión que exhibe unidad antes que confrontación entre sus diferentes facciones y referentes.
Conclusiones
En este artículo hemos propuesto analizar los procesos de movilización social de los pescadores artesanales de la provincia de Santa Fe en el marco de la conflictividad territorial del río Paraná entre los años 2000-2020. Para ello nos hemos valido de las herramientas analíticas que brindan las corrientes teóricas de la acción colectiva y los movimientos sociales (Tarrow 2012; Tilly 1986) y sus derivaciones analíticas del giro eco-territorial (Haesbaert 2020; Svampa 2019), que permiten enlaces analíticos con las contribuciones de la ecología política (Alimonda 2006; Martínez-Alier 2003).
A partir de la reconstrucción de las condiciones estructurales -desregulación económica, extractivismo, proteccionismo ambiental, desarrollos urbanísticos- en las que se formó la disputa sobre los recursos ictícolas del río Paraná y sobre el derecho de acceso y vida en el territorio costero fluvial, se analizó históricamente el proceso de conformación de los pescadores como un actor político con capacidad de movilización y presión sobre las distintas áreas del Estado.
Tanto el ciclo de protestas pesqueras analizado como los repertorios de acción contenciosa de las organizaciones de pescadores emergentes, dan cuenta de la complejidad con la que se han entrecruzado en la territorialidad costero-fluvial de la provincia de Santa Fe las identidades y experiencias vitales de las comunidades de pescadores con los intereses y expectativas de otros actores sociales, ambientales y gubernamentales.
En este sentido, el proceso bajo estudio muestra varios aspectos que vale la pena destacar. Por un lado, los ciclos de protesta aparecen enlazados con los ciclos hidrosociales que conectan la intensificación de las actividades pesqueras de gran escala y las bajantes del Paraná con sus impactos en las tasas de reproducción de la fauna ictícola, especialmente del sábalo. Cuestión que nos brinda herramientas para pensar las mediaciones culturales que articulan lo ambiental con lo histórico (Escobar 1999; Gallini 2020).
Por otro lado, el papel del Estado nacional con la fijación de cupos de exportación y el provincial con la declaración de la veda pesquera trimestral resultó clave en la reconfiguración del conflicto en un contexto de limitación de la extracción del recurso pesquero. El estudio realizado permite observar cómo los pescadores santafesinos, a través del ciclo y los repertorios de protesta, construyeron una acción colectiva contenciosa y cómo ésta fue modulada a través de la intervención estatal y el diseno de políticas públicas basadas en el reconocimiento de derechos, la asignación de subsidios y el fomento de iniciativas productivas.
Teniendo en cuenta que toda política pública genera un efecto de vertebración de intereses en el ámbito al que va dirigida y que su interacción con las organizaciones de naturaleza reivindicativas es de mutua influencia, podemos advertir que la Ley de pesca, la veda y los cupos de exportación durante periodo estudiado oficiaron de marco de referencia para la promoción de acciones de confrontación, cooperación o ambas a la vez entre los actores vinculados a la territorialidad pesquera en la provincia de Santa Fe.
Estos procesos perturbaron la rutina de las prácticas laborales y comunitarias de los pescadores. Pero, al mismo tiempo, permitieron dar cierta visibilidad a su actividad que se encontraban con un alto nivel de informalización (precarización) y con bajo nivel de representación, instaurando al mismo tiempo las categorías de percepción y organización de este universo de agentes -Padrón de Pescadores Artesanales-.
De este modo, durante el proceso de movilización y conflictividad analizado, la "pesca artesanal" se constituyó en una categoría de referencia para la articulación y confluencia de los actores cuyas prácticas oscilaban entre las actividades extractivas de pesca para comercialización o autoconsumo y la vida doméstica-comunitaria en espacios cortero-riberenos o de islas del río Paraná.
Por último, el estudio prestó especial atención al marco cultural de tradiciones de protesta, reconocidas y efficaces llevadas adelante por los pescadores. Durante la veda, el repertorio de protesta se consolidó alrededor de los cortes de rutas y de puentes, adoptados modularmente a partir de la experiencia del movimiento piquetero de la década de 1990, pero también de otros procesos de movilización social vinculados a reclamos ambientales y agrorurales contemporáneos. Las expresiones de resistencias de los pescadores remiten a lenguajes de valoración (Martínez-Alier 2003) que los alejan y acercan al mismo tiempo a otras experiencias de reivindicación ambiental y popular. Así como la modalidad de cortes de rutas con quema de neumáticos los inscribe dentro del campo reivindicativo de los trabajadores excluidos, los cortes de puentes los emparenta con las acciones de protesta realizadas por organizaciones ambientales durante el mismo periodo. Del mismo modo, su integración a espacios de interlocución con el Estado -foros, mesas de diálogo, consejos consultivos, encuentros con legisladores y funcionarios, etcétera-, los ha vinculado a las organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena.
Las agencias estatales se interesaron en intervenir sobre la cadena de valor de la pesca en la provincia -al igual que lo estaban haciendo en otras áreas de la producción agropecuaria, el desarrollo rural y la agricultura familiar-, patrocinando experiencias productivas y cooperativas, emprendimientos gastronómicos y capacitaciones para la generación de valor agregado. En ese nuevo contexto, las estrategias tradicionales de protesta basadas en el bloqueo de rutas y puentes perdieron operatividad, adecuación y legitimidad, comenzando a ganar terreno las acciones de diálogo y concertación con los poderes gubernamentales.
A partir de 2018, el proceso de movilización colectiva de los pescadores quedó aparentemente suspendido. Sin embargo, con la bajante extraordinaria y la pandemia de COVID-19 nuevamente regresó la movilización y los pescadores volvieron a tomar posiciones. En esta ocasión, sus fuerzas se muestran más integradas y articuladas en el territorio provincial, inaugurando un posible segundo ciclo de protesta. En los últimos episodios contenciosos registrados, se observa un reescalamiento de la acción colectiva que se ha desprendido de su antiguo anclaje local y una reconfiguración de los argumentos discursivos de los pescadores que avanzan sobre las problemáticas ambientales. En las recientes movilizaciones los pescadores aparecen como un actor político más consolidado, con una voz propia, potenciales aliados ambientalistas y una capacidad de movilización coordinada en la escala provincial que antes no existía.
Dentro de esta compleja urdimbre y yuxtaposición de escalas espacio-temporales que hemos intentado transmitir en este artículo, los pescadores delinean actualmente sus rutinas y luchas cotidianas, reconfigurando al mismo tiempo su territorio, su identidad colectiva y su locus de existencia.
