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Introducción
La incidencia delictiva constituye un determinante fundamental para el progreso, desarrollo social y económico, siendo los países en desarrollo los lugares con mayores índices de criminalidad y homicidios, situación que puede estar asociada a factores culturales, demográficos, pobreza, desigualdad, acceso a servicios básicos y fallas del sistema judicial, situaciones que no se dan en el sentido estricto en las grandes economías (Bajaña & Soto, 2021). En este sentido, Ramírez (2014) expresa que la criminalidad se configura como un fenómeno de índole social con repercusiones directas en dos dimensiones fundamentales: por una parte, disminuye la productividad de los individuos que experimentan la victimización del delito, fenómeno que en lo macroeconómico puede desembocar en una restricción del progreso de un país; por otra, genera una disminución en la cohesión social y en la confianza depositada en las instituciones, transgrediendo así los principios de transparencia y gobernabilidad en el ámbito nacional. Ello se refleja en el “Índice de Criminalidad por País 2024”, donde Ecuador ocupa el puesto 22 entre 146 países, con un índice de criminalidad de 62.13 y un índice de seguridad de 37.87 (Numbeo, 2024).
La delincuencia fomenta el incremento de costos a nivel social y económico, lo cual incide de manera negativa en las decisiones de los entes públicos y privados, impidiendo el uso de recursos. Sin embargo, el Estado y sus funcionarios, como parte de su función, promueven una perspectiva de alta seguridad para influir positivamente en la calidad de vida y repercutir en el acceso efectivo de una educación, salud y oportunidades de trabajo (Fuentes & Castellanos, 2019). Asimismo, Robayo (2021) describe que la criminalidad ha sido objeto de estudio desde la época neoclásica, donde era analizada como una conducta racional, negativa y destructiva de los individuos para la toma de decisiones; mientras que, desde el enfoque económico, el comportamiento e intervención de la criminalidad quedaba en segundo plano, tenía una perspectiva con mayor importancia social en aquel entonces.
La relevancia del estudio trasciende en fomentar una intervención coordinada y conjunta con las fuerzas públicas y privadas para mitigar la presencia de actos criminales y de violencia en el país y sus principales ciudades como Guayaquil. Por otra parte, la necesidad de aplacar el malestar social y la mala imagen hacia el Gobierno, que por ello se concibe como un ente débil, incapaz e ineficiente para formular e integrar estrategias de seguridad, lo que ha promovido cambios sociales, donde la ciudadanía ha optado por tomar justicia por su propia mano, o sencillamente el sector empresarial no espera a los entes de seguridad pública sino que busca prestadores externos para que les den seguridad; es así que en la actualidad se perciben altos índices de desconfianza en las instituciones del Gobierno (Gómez, 2021; Guerra, 2023).
Por tanto, entre los más afectados se encuentra el sector empresarial y productivo del país, puesto que es un factor determinante y relevante en el desarrollo económico (Lozada et al., 2020). Desde este punto de vista, resulta importante analizar las perspectivas de los ciudadanos, estadísticas y empresarios, con el fin de estructurar estrategias que impliquen un apoyo y trabajo conjunto, ya que dada la situación que se percibe en la ciudad, la inseguridad y la delincuencia no solo corresponden al accionar del ente público, sino que también se deben hacer partícipes de este cambio a los entes privados, comunidades o grupos formados por la propia ciudadanía para convivir en un entorno más seguro (Quintero, 2020; Riveros & Miranda, 2020).
Durante las últimas cuatro décadas, en muchas ciudades latinoamericanas han surgido corporaciones de seguridad privada, con el propósito de proteger la seguridad física de instalaciones y la custodia de personas y bienes. En Ecuador, se reporta un total de 1200 empresas de seguridad privada, de las cuales el 66.67% operan sin los permisos correspondientes, aprovechando sus bajos costos por servicios (Layedra, 2023). Sin embargo, la seguridad pública se concentra principalmente en sectores de mayor vulnerabilidad, dejando desprotegido al sector comercial, turístico y productivo, por lo que afecta así la sostenibilidad económica de la sociedad (Diario El Universo, 2023).
Ecuador ha sido identificado como el tercer país con altos registros de asaltos y robos, con una tasa del 43% en tan solo cuatro meses del 2022 (Diario El Universo, 2022). A pesar de las acciones del ente público y del servicio de seguridad privada, los delincuentes continúan cometiendo robos, secuestros, sicariatos o extorsiones, debido a la falta de coordinación y acción conjunta entre las entidades de seguridad y grupos comunitarios, en 2023 se realizaron 21.811 denuncias de extorsión en el país, un aumentando en 364% en comparación con 2022 y 1 de cada 10 empresarios considera que los grupos criminales poseen altos niveles de poder comparables con el de las autoridades locales (Primicias, 2024).
En cuanto a los homicidios, la provincia de Esmeraldas tiene la mayor tasa de asesinatos, a pesar del Estado de Excepción vigente; mientras que en la provincia del Guayas se destacan tres cantones (Guayaquil, Samborondón y Durán) con una alta tasa de asesinatos (Mella, 2022). A pesar de las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo para reducir la tasa de asesinatos, esta sigue en aumento, lo que refleja la falta de un accionar objetivo para mitigar las estadísticas de asesinatos (Mella, 2022).
En cuanto al narcotráfico, se observa un crecimiento constante en Ecuador, a pesar de los esfuerzos policiales y militares para combatirlo. Aunque se han incautado grandes cantidades de drogas, no se ha logrado reducir su tráfico, sino que más bien se ha observado un aumento paralelo al incremento de decomisos (González, 2021), lo que conlleva identificar la incidencia de los factores sociales y económicos que influyen en la criminalidad, con el fin de formular estrategias efectivas para su disminución.
La necesidad de abordar el tema de la seguridad ciudadana en Guayaquil, Ecuador, surge como respuesta al preocupante estado de inseguridad que afecta no solo a la ciudad, sino también al país en su conjunto. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2019), estas regiones se encuentran dentro de las más inseguras y violentas a nivel mundial, con una alta tasa de homicidios que supera el promedio global. Además, factores como el desempleo, generado por la inestabilidad económica y cambios sociales, contribuyen significativamente a este panorama (Castañeda & García, 2019; Vivanco, 2021).
La justificación de este estudio se fundamenta en la necesidad de mejorar la seguridad ciudadana mediante la implementación de acciones estratégicas que involucren a entidades públicas, privadas y a la ciudadanía en general. Se busca estandarizar los procedimientos operativos y fortalecer el conocimiento y las habilidades de todos los actores involucrados en la seguridad pública (Buitrago et al., 2018). Esta intervención articulada tiene como objetivo principal reducir el índice de delincuencia y brindar un entorno más seguro para la población.
Además, se busca promover el desarrollo económico sostenible en la ciudad, al generar mayores ingresos y proporcionar un entorno propicio para las actividades comerciales. Se espera que la implementación de medidas de seguridad efectivas contribuya a la reducción de los costos asociados a la inseguridad y fomente el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, que han sido afectadas por la inseguridad (Basantes, 2020). Asimismo, se busca reducir los impactos negativos en el bienestar social y aumentar la confianza de los inversionistas, tanto nacionales como internacionales, que han sufrido las consecuencias de la inseguridad. En este contexto, es necesario identificar las causas y posibles soluciones a la problemática de la inseguridad desde una perspectiva integral (Ronceros, 2020).
Aproximación teórica
En este apartado se analizan conceptos relacionados con la criminalidad en Guayaquil, Ecuador, sus determinantes y posibles soluciones estratégicas. Desde una perspectiva multidimensional, se exploran los diversos elementos que influyen en los niveles de delincuencia mediante el examen de temas como la seguridad ciudadana, la desigualdad social, la falta de oportunidades laborales y educativas, así como la planeación estratégica como herramienta para mejorar los índices de criminalidad e inseguridad (Álvarez, 2017). En primer lugar, la seguridad ciudadana es entendida como el conjunto de acciones dirigidas a proteger a los ciudadanos de situaciones violentas, es crucial para salvaguardar la integridad de la población frente a amenazas y actos delictivos (Pasapera, 2018; Rafael, 2018). Además, implica la defensa de los derechos fundamentales y la promoción de una convivencia pacífica, lo que contribuye al desarrollo social, económico y político del país (González & Barbarán, 2021; Riveros & Miranda, 2020).
Concomitante al tema, se percibe que los factores sociales influyen significativamente en la inseguridad ciudadana, ya que la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades incrementan la propensión a la delincuencia (Ochoa, 2019; Ortega & Pino, 2021); asimismo, la desigualdad y la discriminación también contribuyen a la violencia y el desacato de los derechos humanos, generando un ambiente propicio para la inseguridad (Juárez & Zamora, 2022). Por otra parte, la ausencia de coordinación entre entidades públicas y privadas, junto con las deficiencias en la gobernabilidad, dificultan la implementación eficiente de medidas de seguridad, constituyendo el contexto social en el que se incrementan la criminalidad y la inseguridad (Llerena, 2023; Magaña, 2021).
Por otra parte, se aborda la productividad laboral y la educación como factores clave que influyen en la seguridad ciudadana, dado que la falta de oportunidades laborales y educativas puede llevar a la marginalización y al aumento de la delincuencia; mientras que la promoción de la educación y la cultura contribuye a reducir los niveles de inseguridad (Sancán, 2022). El entendimiento de la interacción de estos factores sociales es fundamental para desarrollar estrategias que permitan mitigar la inseguridad y promover un ambiente seguro y próspero para todos los ciudadanos.
En este contexto, la criminalidad es entendida como el conjunto de acciones delictivas que generan un impacto negativo en la sociedad en términos políticos, económicos y sociales, que a su vez incide en la seguridad ciudadana y en la percepción de inseguridad (Santillán, 2021). La criminalidad, en su naturaleza multifacética, trasciende las fronteras de lo meramente legal para infiltrarse en los pilares fundamentales de la sociedad y, más allá de ser simplemente una suma de acciones delictivas, constituye un fenómeno complejo que impacta negativamente en diversos aspectos de la vida en comunidad. Desde la perspectiva política, la criminalidad socava los cimientos de la gobernabilidad y el Estado de Derecho al desafiar la autoridad y la legitimidad de las instituciones gubernamentales.
En términos económicos, los actos criminales generan costos significativos tanto directos, como los asociados con la respuesta policial y el sistema de justicia, como indirectos, como la pérdida de productividad y la disminución de la inversión. Socialmente, la criminalidad desencadena un efecto dominó de consecuencias adversas, desde la fragmentación del tejido social hasta el aumento de la desconfianza interpersonal y la segregación comunitaria. En este escenario, la seguridad ciudadana se ve comprometida, porque la sensación de vulnerabilidad y temor se generaliza, afectando la calidad de vida y el bienestar de la población. Por tanto, comprender la raíz de la criminalidad, que frecuentemente se encuentra en la falta de valores, oportunidades y acciones para las personas, es crucial para implementar estrategias efectivas de prevención y control del crimen (Arroyo, 2018).
Como se ha sustentado, desde esta perspectiva multidimensional, la criminalidad se ve influenciada por factores económicos, culturales y sociales que afectan el bienestar de la sociedad y requieren un análisis teórico para comprender su comportamiento (Llerena, 2023). En América Latina, la criminalidad se manifiesta de diversas formas, incluyendo homicidios intencionales, crimen organizado y violencia de género, siendo estos fenómenos exacerbados por la pobreza, la discriminación, la desigualdad y la inestabilidad política y económica (Hernández, 2021), tal como se observa en los indicadores para Ecuador (Chiquito & Sumba, 2023). La percepción de inseguridad, la pérdida de capital social y vidas, la migración forzada y la afectación económica son algunas de las consecuencias más graves de la criminalidad en la región (Fernández, 2018; Maldonado et al., 2018; Ortega & Pino, 2021; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 2019; Rivera, 2016).
Desde la perspectiva económica y empresarial, la criminalidad representa un factor no controlable que impacta negativamente en su rentabilidad al aumentar los costos relacionados con la seguridad y generar pérdidas materiales y de reputación (Ortega & Pino, 2021; Rodríguez et al., 2019; Rubio et al., 2019; Soria, 2017; Varón et al., 2017). Esto se traduce en la necesidad de destinar recursos a la prevención de la inseguridad, lo que afecta su capacidad productiva y competitiva, así como su imagen ante los consumidores; por lo que es necesario abordar la criminalidad desde una perspectiva holística para formular estrategias integrales que consideren tanto aspectos sociales como económicos, que permitan garantizar la seguridad y el desarrollo sostenible de la sociedad.
Teniendo en cuenta este aspecto, se consideran los aportes teóricos de Porter (1985), la teoría de recursos y capacidades y la teoría de los costos de transacción (Rodríguez, 2008), con el objetivo de analizar la incidencia de factores sociales y económicos en la criminalidad. La teoría de las organizaciones de Porter proporciona un contexto para el desarrollo de estrategias competitivas en respuesta al entorno competitivo, y destaca la importancia de la diferenciación y segmentación en la formulación de estrategias (López et al., 2018; Rodríguez et al., 2020).
La teoría de recursos y capacidades, iniciada por autores como Wernerfelt (1984), Rumelt (1984) y Barney (1986), se centra en la gestión eficaz de los recursos internos de una organización para alcanzar una ventaja competitiva. Resalta la importancia de la heterogeneidad de los recursos en una organización para lograr la eficiencia (González, 2017). Por otro lado, la teoría del costo de transacción, basada en la nueva economía institucional, busca entender las fuentes de costos para optimizar las transacciones en la organización, considerando a los agentes involucrados en el contrato para lograr la eficiencia en los costos (Ramón, 2016).
En el ámbito de la planeación estratégica, se han identificado modelos relevantes como los propuestos por Fred David y Goodstein, Nolan y Pfeiffer, así como la gestión por procesos, que se centra en optimizar la eficiencia operativa y la coordinación de actividades en la organización. Estos modelos integran herramientas analíticas y metodologías que facilitan la toma de decisiones efectivas y la identificación de áreas de mejora continua en la estructura organizativa (Arcos, 2017; Carrillo, 2021; Uribe, 2021). Además, la gestión por procesos se define como una práctica empresarial, que permite organizar las tareas con el objetivo de alcanzar la efectividad en el logro de las metas definidas en el plan estratégico (Fernández & Ramírez, 2017).
Métodos
Para este estudio se adoptó un diseño no experimental, enfocado en la recolección de datos sin manipulación deliberada de variables, en concordancia con la descripción de Ñaupas et al. (2018). La investigación se dividió en tres etapas: análisis documental, análisis de percepciones ciudadanas y discusión de resultados, siguiendo lo propuesto por Carrera et al. (2019). Se empleó un enfoque metodológico mixto, siguiendo la propuesta de Hernández y Mendoza (2018), que aboga por la triangulación de métodos para obtener una perspectiva más amplia del fenómeno estudiado. Se combinaron técnicas cuantitativas, centradas en la evaluación numérica y estadística de percepciones, con objetivos cualitativos que permitieron la interpretación de experiencias y construcciones subjetivas emergentes, como lo señala Ramos (2020). Se emplearon encuestas, entrevistas a agentes públicos y privados, y análisis documental.
En términos de instrumentación, se utilizaron fuentes primarias, como encuestas y entrevistas, para obtener datos directos de las variables de estudio, y fuentes secundarias, como análisis bibliográficos y datos estadísticos sobre la actividad delictiva, para enriquecer el contexto teórico. La determinación de la muestra se basó en un muestreo probabilístico aleatorio y un muestreo no probabilístico por conveniencia, con un total de 384 encuestados elegidos entre la población de Guayaquil y agentes públicos y privados seleccionados por su disponibilidad y relevancia para el estudio, para el desarrollo de la entrevista a expertos.
Estadísticas de criminalidad en Ecuador entre el 2018 y 2022
De acuerdo con la información obtenida del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) (2023) (véase Tabla 1), se percibe que la intervención de ocho delitos, que son de mayor incidencia en el territorio ecuatoriano, estarían contribuyendo a un aumento en el índice de criminalidad e inseguridad año tras año, en el que los robos a personas y domicilios se presentan como los más predominantes en el país. Aunque en los dos últimos años ha predominado los delitos de robo de motos y carros, se ha presentado un incremento de casi del 50% de homicidios intencionales.
Tabla 1 Delitos de mayor incidencia a nivel nacional, periodo 2018-2022
Fuente: tomada de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) - Ministerio de Gobierno por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC, 2023).
El análisis de las estadísticas de delitos anuales a nivel nacional demuestra un patrón constante y creciente, con la excepción del 2020, cuando las medidas de restricción de movilidad y confinamiento provocaron una notable reducción del 29% en la tasa de criminalidad, la más baja del periodo estudiado. Sin embargo, al levantarse estas restricciones en el año siguiente, se observó un aumento del 29% en el índice de criminalidad, igualando la proporción de decrecimiento del año anterior. A pesar de ciertos aspectos positivos, como la disminución inicial de la criminalidad, este fenómeno no se percibe como estratégico, ya que limita el crecimiento económico y productivo del país mientras aumenta la pobreza y el desempleo.
Con relación a los robos a personas, se observó una disminución significativa del 35% durante el periodo de restricciones por la pandemia en el 2020, sin embargo, en el año siguiente se registró un aumento del 26%. De manera similar, los robos de bienes, accesorios y autopartes muestran fluctuaciones, con una reducción del 36% en el 2020 gracias a las medidas restrictivas, seguida de aumentos en los dos años siguientes. Los robos de motos y autos también experimentaron incrementos consistentes en los años posteriores a la reducción durante la pandemia, reflejando una tendencia al alza en la actividad delictiva relacionada con vehículos.
Los robos a domicilios, por el contrario, muestran una tendencia decreciente, con una reducción del 34% durante el periodo de pandemia en el 2020. Este fenómeno sugiere que las medidas de confinamiento podrían estar contribuyendo a mitigar este tipo de delitos. Sin embargo, los robos a unidades económicas muestran una tendencia fluctuante, con una reducción del 29% en el 2020 seguida de un aumento del 19% en el año siguiente, lo cual señala una recuperación de la actividad delictiva relacionada con negocios y empresas. Los homicidios intencionales, que incluyen asesinatos, sicariatos y femicidios, muestran una tendencia creciente y preocupante, con un aumento del 82% en el 2021 y un incremento adicional del 93% en el 2022. Esta tendencia refleja un aumento significativo en la violencia y la inseguridad en la región, a pesar de los esfuerzos por reducir otros tipos de delitos.
Índices de criminalidad en Guayaquil y factores que inciden en su crecimiento
De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional (véase Tabla 2), se pudo conocer el comportamiento de delitos de mayor incidencia para contribuir al estudio, y observar cómo la intervención del Estado y diversas entidades que brindan seguridad han incidido en dichas estadísticas.
Tabla 2 Delitos de mayor incidencia en el cantón Guayaquil, periodo 2019-2023
Fuente: tomada de la Policía Nacional del Ecuador, 2023.
En la Tabla 2 se detallan los delitos de mayor incidencia en Guayaquil desde el 2019 hasta septiembre de 2023, destacando el robo a personas como el más frecuente, con más de 9000 casos en el 2019 y 2022, seguido por el robo de vehículos y sus accesorios. La variación anual de los delitos en la ciudad presenta una reducción del 31% en el 2020 debido a la crisis sanitaria, seguida por un aumento del 27% en el 2021 y un incremento del 35% en el 2022. Hasta septiembre de 2023, se observa un decrecimiento del 19%, aunque se señala que este dato podría cambiar al finalizar el año.
En cuanto a la distribución geográfica de la delincuencia, se destaca una mayor incidencia en áreas como Modelo, 9 de octubre y Sur-DMG; mientras que zonas como Progreso y Ceibos muestran una menor intervención delictiva. Respecto a la demografía de las víctimas, el 60% de los encuestados son hombres y 40%, mujeres. Según la opinión ciudadana, el 26% ha sido víctima de robo, y porcentajes similares reportan robos de vehículos y motos, siendo estos últimos medios de movilización comunes. Además, el 17% reporta robos de bienes, accesorios y autopartes, mientras que el 4% menciona robos a unidades económicas.
Los ciudadanos expresan diversas preocupaciones relacionadas con la delincuencia, siendo el impacto económico la principal (36%), seguido por preocupaciones culturales (33%) y políticas (25%). Solo el 7% menciona preocupaciones empresariales. La mayoría de los guayaquileños (45%) consideran que la ciudad es muy insegura; mientras que solo el 16% la percibe como segura o muy segura. Respecto a las causas de la inseguridad, entre el 14% y 17% menciona la corrupción, políticas ineficientes y deficiencias en el sistema de justicia.
En cuanto a las acciones que las autoridades deberían tomar, el 33% sugiere acciones coordinadas entre seguridad pública y privada; mientras que el 23% aboga por la generación de empleo. Otro 20% propone fortalecer las leyes y las penas, y el 17% sugiere la integración de sistemas de vigilancia automatizados. Respecto a la información sobre seguridad, el 51% recurre al Twitter, seguido por el 27% que utiliza Instagram, y el 15% el Facebook. Solo un pequeño porcentaje menciona otras plataformas o medios tradicionales.
El análisis de la relación entre la criminalidad y el producto interno bruto (PIB) nacional arroja resultados significativos que subrayan la importancia de abordar la seguridad de manera estratégica. Se observa una alta correlación positiva y muy fuerte entre los delitos ocurridos tanto en Guayaquil como a nivel nacional y el PIB. Esto indica que a medida que aumenta el número de delitos, se afecta directamente al crecimiento económico del país. Este hallazgo se respalda con un nivel de significancia del 0.01, lo que confirma la robustez de la relación (Torres, 2020).
El análisis correlacional revela que, tanto a nivel local como nacional, la constante presencia de la delincuencia tiene un impacto directo en la economía, como lo reconoce Araújo (2021). Esta relación positiva y fuerte entre la criminalidad y el PIB sugiere que la inseguridad puede limitar la permanencia de empresas en el mercado, disminuir la atracción de inversiones y generar bajos niveles de turismo. Estos resultados evidencian la necesidad urgente de implementar medidas integrales de seguridad que aborden eficazmente la problemática delictiva para proteger tanto el bienestar de los ciudadanos como la estabilidad económica del país.
Propuesta del Plan Estratégico de Seguridad Ciudadana
Con base en los hallazgos y estadísticas recopiladas sobre la incidencia de factores sociales y económicos en la criminalidad en Guayaquil, Ecuador, se propone un plan estratégico de intervención integral para mejorar la seguridad ciudadana en la ciudad a partir de cinco componentes:
Implementación de sistemas de información geográfica para la gestión y análisis de datos criminales, que permitan una identificación precisa de áreas de alto riesgo y una asignación eficiente de recursos para la prevención del delito. Esto incluye la instalación de cámaras de vigilancia en puntos críticos y el desarrollo de aplicaciones móviles para reportar incidentes en tiempo real.
Focalización de casos delincuenciales y acciones preventivas: se propone identificar y priorizar los casos delictivos más recurrentes, como robos a personas, vehículos y domicilios, y desarrollar estrategias específicas para abordarlos. Esto implica fortalecer la presencia policial en zonas de alta criminalidad, implementar programas de prevención del delito dirigidos a jóvenes en riesgo y promover la participación comunitaria en la seguridad.
Programas de asistencia y orientación para víctimas y denunciantes: se recomienda establecer centros de atención integral para víctimas de delitos, donde se brinde apoyo psicológico, asesoramiento legal y orientación para acceder a servicios de salud y justicia. Además, se debe garantizar la protección y confidencialidad de los denunciantes, y fomentar la colaboración ciudadana en la lucha contra el crimen.
Fortalecimiento de la gestión institucional y presupuestaria: es fundamental mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana, así como garantizar la asignación adecuada de recursos financieros para la implementación de programas y proyectos de prevención del delito. Se propone establecer mecanismos de seguimiento y evaluación para medir el impacto de las intervenciones y ajustarlas según sea necesario.
Promoción de la participación ciudadana y la cultura de la denuncia: se sugiere fomentar la participación activa de la comunidad en la prevención del delito, mediante campañas de sensibilización, capacitación en autoprotección y fortalecimiento de los mecanismos de denuncia. Esto incluye la creación de programas de vecindario seguro y la promoción de la cooperación entre ciudadanos, empresas y autoridades locales para mejorar la seguridad en el entorno urbano.
Para evaluar la efectividad del plan estratégico de intervención propuesto, se establecen los siguientes indicadores de evaluación. Primero, se propone medir la reducción porcentual de la tasa de criminalidad en áreas focalizadas, utilizando la fórmula:
(Tasa de criminalidad inicial Tasa de criminalidad final) / Tasa de criminalidad inicial * 100%
Este indicador permite determinar el impacto directo de las acciones implementadas en la disminución del delito en áreas específicas de Guayaquil. Seguidamente, la población evalúa el incremento en la percepción de seguridad ciudadana, mediante encuestas y análisis cualitativos que permiten medir el cambio en la percepción de seguridad antes y después de la implementación del plan. Además, se propone establecer como indicador el número de programas de prevención del delito implementados y la participación ciudadana en los mismos, como mecanismo para evaluar la efectividad de las estrategias de prevención y el grado de involucramiento de la comunidad en la mejora de la seguridad.
En cuanto al presupuesto y recursos necesarios, se requiere una asignación específica para financiar la implementación del plan, que incluye la adquisición de tecnología, capacitación policial, programas de prevención y atención integral, así como la coordinación interinstitucional. Se busca obtener financiamiento a través de fondos gubernamentales, donaciones privadas y cooperación internacional, garantizando así la viabilidad y sostenibilidad del proyecto a largo plazo. La implementación del plan se llevará a cabo de manera progresiva durante un periodo de tres años, con evaluaciones regulares para ajustar las estrategias según los resultados obtenidos. Se designa un equipo de seguimiento y evaluación encargado de monitorear el progreso y cumplimiento de los objetivos, así como de realizar las correcciones necesarias en caso de desviaciones. Este planteamiento garantiza una gestión eficiente y efectiva del plan, asegurando su impacto positivo en la seguridad ciudadana en Guayaquil.
Discusión y conclusiones
La discusión académica se fundamenta en los postulados recientes sobre criminología y seguridad ciudadana. Los hallazgos de este estudio corroboran la estrecha relación entre factores sociales y económicos y la incidencia delictiva en la ciudad de Guayaquil. En línea con lo planteado por Hernández et al. (2021) en el informe de la CEPAL, se confirma que los delitos tienden a aumentar en periodos de crisis económicas o sociales, como se observó durante la pandemia del COVID-19, donde las restricciones de movilidad fueron seguidas de un incremento significativo de la criminalidad una vez que se levantaron dichas medidas (Castañeda & García, 2019; Torres, 2020).
Además, los resultados de este estudio respaldan la importancia de implementar estrategias integrales para abordar la seguridad ciudadana, como sugiere Ronceros (2020). Se evidencia la necesidad de focalizar esfuerzos en áreas específicas con altos índices de criminalidad, mediante el uso de tecnologías y programas de prevención del delito para disminuir la tasa delictiva y mejorar la percepción de seguridad en la población. En este sentido, la implementación de sistemas de información geográfica y la promoción de la participación ciudadana en programas de prevención son clave para lograr resultados efectivos.
El análisis correlacional realizado en este estudio refuerza la idea de que la seguridad ciudadana no solo depende de la respuesta policial ante emergencias, sino también de la intervención en factores sociales y económicos que influyen en la comisión del delito. Como menciona Quintero (2020), es necesario fortalecer la gestión social, institucional y presupuestaria para asegurar una respuesta eficaz y sostenible en el tiempo con estrategias como la policía comunitaria. Esto implica no solo mejorar la capacidad de respuesta policial, sino también coordinar acciones interinstitucionales y garantizar la asignación adecuada de recursos.
En este contexto, es crucial destacar el papel de la percepción de seguridad ciudadana en la efectividad de las políticas y estrategias implementadas. Mediante encuestas y análisis cualitativos, se debe monitorear el cambio en la percepción de seguridad de la población, ya que esto puede influir en su comportamiento y en la confianza en las instituciones. Asimismo, es fundamental evaluar el impacto de las intervenciones realizadas en la reducción de la tasa de criminalidad y en el aumento de la sensación de seguridad en áreas específicas de la ciudad (Ronceros, 2020; Sancán, 2022; Vivanco, 2021).
Se confirma como primera conclusión, la existencia de una estrecha relación entre los factores sociales y económicos y la incidencia delictiva en la ciudad de Guayaquil. Los datos recopilados muestran que, en los periodos de crisis económicas o sociales, como la pandemia del COVID-19, pueden influir significativamente en los índices de criminalidad, con una reducción inicial seguida de un aumento posterior una vez levantadas las medidas restrictivas. Además, se destaca la importancia de implementar estrategias integrales y focalizadas para abordar la seguridad ciudadana en áreas específicas con altos índices de criminalidad. Se demuestra que la utilización de tecnologías, como sistemas de información geográfica, y la promoción de la participación ciudadana en programas de prevención del delito, son herramientas clave para reducir la tasa delictiva y mejorar la percepción de seguridad en la población.
Asimismo, los resultados respaldan la necesidad de una gestión institucional y presupuestaria eficiente para garantizar una respuesta policial efectiva y sostenible en el tiempo. Se resalta la importancia de evaluar el impacto de las intervenciones realizadas en la reducción de la criminalidad y en el aumento de la sensación de seguridad. La percepción de seguridad ciudadana tiene un papel fundamental en la confianza de la población en las instituciones y en su comportamiento en el espacio público. Por tanto, es necesario monitorear la evolución de esta percepción y ajustar las estrategias según los resultados obtenidos.
Por otra parte, se identifica la necesidad de abordar los factores sociales y económicos subyacentes que contribuyen a la comisión del delito, como la pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades educativas. La implementación de programas de desarrollo social y económico, junto con las estrategias de seguridad ciudadana, pueden contribuir de manera significativa a la reducción de la criminalidad a largo plazo. También es fundamental fortalecer la coordinación interinstitucional y la participación activa de la comunidad en la prevención y combate del delito.
Como aporte del estudio, se brinda una base empírica para la implementación de políticas públicas enfocadas en la seguridad ciudadana, se reconoce la necesidad de investigaciones futuras que profundicen en el impacto a largo plazo de estas intervenciones y en la evaluación de su eficacia en diferentes contextos socioeconómicos. Estos esfuerzos son cruciales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y promover un entorno seguro y pacífico para el desarrollo social y económico de la región.
