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INTRODUCCIÓN
Este artículo analiza la coyuntura del COVID-19 en México, a partir de la noción de régimen socioeconómico que la Escuela de la Regulación Francesa (ERF) deriva de la relación salarial, en su acepción ampliada que incluye la salud de la población, asumiendo la variante de capitalismo en México nombrada como sub-contratación internacional (Bizberg, 2019).
El espacio económico organizado desde la década de 1990, siguiendo las medidas del Consenso de Washington, ha propiciado que el consumo de la población sea guiado por las ganancias realizadas en presencia de apertura comercial, donde la contención salarial es la principal condición de inserción en la competencia del mercado mundial. Además de la fuerte dependencia generada con el mercado exterior, en particular con Estados Unidos, esa variante ha desembocado en cambios en el patrón de consumo alimentario de la población, asociados al incremento de comorbilidades, visibles en la explicación de la mortalidad y letalidad del COVID-19.
La infección causada por el SARS-CoV-2 es un problema de salud pública de nivel mundial, que ha puesto a prueba los sistemas de salud, ya que la neumonía debida al coronavirus es altamente contagiosa y, en general, existe una falta de inmunidad de la población. Por supuesto, también ha colapsado el funcionamiento de la economía mundial y sobrecargado la intervención gubernamental, que debe controlar el contagio, a la vez que minimizar la fluctuación de variables económicas.
Aunque en el siglo pasado, el mundo experimentó tres pandemias importantes y en lo que va de este siglo llevamos dos (la primera, en 2009, manifiesta en México con un saldo de 17 500 muertos (Wu et al., 2017), este artículo no analiza la pandemia en perspectiva comparada. Más bien, la reflexión se sitúa en la dimensión temporal, acotada al espacio nacional de México, figurando el COVID-19 como una coyuntura que reúne las tres fases del tiempo: pasado, presente y futuro; la visión simultánea del tiempo braudeliana (Santamaría y Bailey, 1984).
Es así como analizar los efectos de la propagación de la pandemia tomando el régimen socioeconómico y la variedad de capitalismo como estructura muestra la influencia del pasado en el presente; y escudriñar las acciones desplegadas durante la coyuntura por los actores, proyecta -no de manera definitiva- el curso futuro de la reproducción social, ya que hace falta incorporar las acciones del campo popular.
La hipótesis del artículo es que la coyuntura proyecta la necesidad de un cambio hacia la protección igualitaria de las condiciones de reproducción social, pero las acciones localizadas en el nivel macro y mesoeconómico de los actores sociales (empresarios y Gobierno) bloquean tal transición, lo cual, al estudiar el proceso de política económica en la coyuntura, revela el desplazamiento de la soberanía popular por la judicialización, convertida en fuente privilegiada de construcción del espacio económico.
El artículo está integrado por tres secciones. En la primera, se exponen los elementos centrales de la estructura socioeconómica sobre la que es recibida la propagación del virus en México. En la segunda, se presentan algunos de los efectos de la pandemia en indicadores básicos epidemiológicos y, sobre todo, se analiza de manera relacional la política económica, donde las acciones anticipan un curso futuro. En la tercera, se comparten las reflexiones finales.
MÉXICO EN UN MARCO TEÓRICO INTERMEDIO
El científico social Karl Polanyi (2017) fundamentó la conversión institucional de la tierra, la moneda y el trabajo en mercancías ficticias, como la raíz de la coordinación de la sociedad basada en el mercado. Esta instancia, donde el intercambio se realiza con el objetivo de generar ganancias y el dinero resulta aceptado para todos los usos (Théret, 2006), sustituye otros criterios de regulación social practicados por el hombre, como la reciprocidad y la redistribución, presentes antes de la consolidación del capitalismo, en el siglo XIX.
En la primera mitad del siglo XX, aquellos criterios desplazados se convirtieron en la guía del doble movimiento, en su acepción progresista, cuando la acción colectiva de las mayorías fue plasmada en derechos sociales que dieron origen a la organización de un estado de bienestar. El alcance de ese estado de bienestar resulta diverso entre los países, a causa de las distintas articulaciones entre actores sociales (empresarios, trabajadores y Gobierno) y por los términos de inserción en el mercado mundial de cada entidad política nacional. Esto determina la gradación de la ciudadanía social que Barba (2019) considera reflejo de la distribución del poder en cada sociedad.
La corriente de pensamiento económico ERF identifica el contenido y alcance de la relación salarial como un criterio nodal de la historia del régimen de acumulación, y de la forma institucional. También es una categoría que permite descubrir la variedad empírica, cuando el análisis es realizado y pensado en perspectiva comparada.
En el primer aspecto, descubrir que la relación salarial ocupa la cima de la jerarquía del funcionamiento de la economía y del orden social, define la etapa for-dista-keynesiana del capitalismo; mientras su desplazamiento por la competencia del mercado mundial, ocurrido desde la década de 1980 marcó la nueva etapa pos-fordista-neoliberal (Petit, 2006).
En el segundo aspecto, la relación salarial, entendida más allá del salario percibido durante el intercambio en el mercado laboral, conduce al estudio de las condiciones laborales, la cobertura de protección social, incluyendo los términos de acceso a la salud, y de su financiamiento, así como la posición sobre el desempleo ante el efecto adverso que genera el ciclo regular del mercado capitalista. Este ámbito delinea el régimen socioeconómico (Bizberg, 2019; Giraldo, 2018).
En el caso mexicano, ese régimen ha resultado limitado. En la etapa fordista-key-nesiana, también conocida como etapa de sustitución de importaciones, a pesar del sostenido crecimiento económico registrado, los derechos sociales fueron reconocidos sujetos a la pertenencia a una entidad corporativa y un sector estratégico. De ese modo, se configuró un régimen de bienestar dual y excluyente, porque una parte de la población trabajadora no fue partícipe de la protección (Valencia, 2019).
Ambas características persisten. En la etapa posfordista-neoliberal, donde seis de cada diez personas clasificadas en la población económicamente activa pertenecen al sector informal (Bizberg, 2019), los diferentes programas sociales diseñados por los gobiernos desde 2006 para integrar a esa población, lo hacen como sujeto beneficiario y no como derechohabiente (Valencia, 2019).
El significado de beneficiario produce la persistencia del carácter dual del régimen de bienestar, mientras reproduce la desigualdad social, agudizada en las últimas décadas, porque, a diferencia de la época de sustitución de importaciones, la economía mexicana durante la actual etapa se encuentra en condición de estancamiento crónico (Nadal, 2020).
En aquellos espacios nacionales donde rige un régimen de bienestar no-liberal, la desigualdad es pensada y tratada ex post al mercado, diseñando una política fiscal progresista que contribuye a realizar lo que Théret (2006) llamó la deuda social. En México, al igual que el resto de Latinoamérica, ese canal resulta limitado, por lo que acumula una deuda de justicia social, reflejada en el gasto público en salud que, según Bizberg (2019), a 2014, apenas alcanzó el 2,5 % como proporción del PIB.
Ese resultado, compatible con el objetivo de austeridad fiscal y represión institucional de la emisión de moneda estatal, componentes de la dimensión macroeconómica del neoliberalismo, junto con la libre movilidad de capitales y comercio, desde la década de 1980 entregan la conducción de la macroeconomía al sector privado, inmerso en el mercado mundial bajo las condiciones de un tratado comercial firmado con los países del Norte (Estados Unidos y Canadá), que ha desembocado en el crecimiento de las exportaciones no petroleras que representan casi 40 <% como proporción del PIB (Nadal, 2020).
Ese crecimiento de las ventas al exterior se encuentra asentado en una estructura productiva fragmentada en su vinculación al mercado mundial, sin encadenamientos con proveedores locales y regionales del espacio nacional (Bizberg, 2019). En ese sentido, México, considerado un país de ingreso medio y en desarrollo, participa en la cadena de valor mundial bajo la gobernanza de tipo cautivo, que inhabilita la política económica nacional, reforzando el déficit del saldo comercial (Chena y Noguera, 2020).
Vista en la tipología de variedades de capitalismo elaborada por Bizberg (2019) para la región latinoamericana, donde el capitalismo mexicano se reproduce en términos de subcontratación internacional1, la ventaja competitiva reposa en minimizar costos laborales y costos de protección social. De ahí que, de acuerdo con los datos proporcionados por Bizberg (2019), el crecimiento del salario mínimo mexicano durante el periodo 2000-2015 fuera el más bajo de la región latinoamericana, lo cual aumenta la brecha con respecto al salario promedio.
Este resultado en el marco de regímenes de crecimiento denota que el consumo de los mexicanos está guiado por las ganancias, no por los salarios. En ese régimen, la desigualdad del ingreso y la riqueza se presupone como acelerador del crecimiento, aunque a nivel mundial conlleva la falacia de composición, ya que si todos los países participan de esa iniciativa, el resultado es la contracción de la demanda agregada global (Stockhammer, 2011).
Un aspecto relevante del consumo guiado por las ganancias, realizadas en ese incesante flujo comercial transfronterizo, ha sido el crecimiento de la importación del principal producto de la dieta alimentaria (e identidad histórica) de los hogares mexicanos: el maíz. Además de implicar la pérdida de soberanía alimentaria y las consecuencias negativas sobre las variedades nativas de maíz y las ambientales (González et al., 2017), es una fuente de migración laboral que Otero (2011) interpreta como pérdida de soberanía laboral.
En la dimensión global, la forma de organización posfordista-neoliberal de la rama agropecuaria, es señalada como responsable del ascenso de enfermedades crónicas, degenerativas e incapacitantes, enfermedades no transmisibles, consideradas hoy la principal causa de morbilidad y mortalidad a nivel mundial (Touzard, 2019). En el caso mexicano, Santos (2019) plantea que la vulnerabilidad en la salud de la población se debe, en cierta medida, al cambio del patrón alimentario suscitado por la apertura comercial en los términos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Los resultados de las diferentes Encuestas Nacionales de Salud y Nutrición (Ensanut) registran un incremento del sobrepeso y la obesidad tanto en hombres como en mujeres, a lo largo de aproximadamente dos décadas (Figura 1). La obesidad se asocia con otros padecimientos crónicos degenerativos como la diabetes mellitus, la hipertensión, la enfermedad isquémica del corazón y otras cardiopatías, que representan algunas de las principales causas de morbilidad y mortalidad de los mexicanos (Rivera et al., 2018).
* Incluye mujeres de 20-49 años.
Figura 1 Prevalencia de sobrepeso y obesidad en la población adulta mexicana, 1999-2018.
Los resultados de la Ensanut realizada en 2012 y 2018 muestran que, del conjunto de la población de al menos 20 años, la prevalencia de diabetes mellitus por diagnóstico médico previo se incrementó de 9,7 % a 11,4 % en mujeres; y de 8,6 % a 9,1 % en hombres (Instituto Nacional de Estadística y Geografía -Inegi, 2018). Las prevalencias son mayores conforme la edad se incrementa: entre los adultos de 50-59 años fue 19,4 % en mujeres y 19,1 % en hombres; y en el grupo con 60-69 años, la prevalencia fue de 26,3 % y 24,1 %, respectivamente (Rojas et al., 2012).
El reporte de hipertensión arterial por diagnóstico médico también se incrementó en 2012-2018: pasó de 16,6 % a 18,4 %. Además, la toma de presión al momento de la encuesta muestra el hallazgo de que aproximadamente el 10 % más tenía la presión alta, por lo que existe una brecha entre ser diagnosticado y tener la enfermedad (Rojas et al., 2012)
La norma neoliberal que perfila en muchos países del mundo la configuración del régimen socioeconómico ataja el problema de las comorbilidades, invocando la racionalidad individual. Por un lado, promueve la cobertura privada (compra de seguros privados) ante el cuadro de aparición de enfermedades, algunas de las cuales generan gastos calificados como catastróficos. En los países avanzados, este fenómeno comporta un incremento y, sin duda, es un eje representativo de la ampliación del circuito de la financiarización (Fasianos et al., 2016).
Por otro lado, aquella norma también se caracteriza por diseñar políticas públicas inspiradas en el paternalismo libertario o blando (Thaler y Sunstein, 2003), que busca alterar las preferencias de los consumidores proporcionando información de las consecuencias de consumir ciertos bienes, sin eliminar su oferta por decreto gubernamental.
En México, esta medida, conocida de manera coloquial como "etiquetado", es complementada en algunos casos con la aplicación de impuestos a las empresas oferente de algunos de los bienes clasificados como nocivos. Ello hace coexistir la tradicional política pigouviana con la de corte paternalista libertaria.
Boyer (2015) plantea que esa clase de intervención identifica las enfermedades como un choque exógeno que ocurre en una economía que se presupone en equilibrio general, constituida por agentes racionales. En esos términos, el crecimiento de las enfermedades busca controlarse con el objetivo de minimizar las erogaciones del Gobierno.
Esa ruta de política pública produce la interiorización de la idea que los resultados en sociedad se deben de manera exclusiva a la elección individual. Es la gubernamentalidad neoliberal que promueve dicha racionalidad para gobernantes y gobernados en la búsqueda de constituir un nuevo sujeto social reducido a lo económico que borra la idea de bien común (Foucault, 2007).
Esa postura, convertida en la guía para la transición de los países del ex bloque socialista hacia el capitalismo, devino en un incremento sin precedente de la tasa de mortalidad de esos países (Stuckler y Basu, 2013). Ahora, la vinculación de la mortalidad en el capitalismo destaca la correlación encontrada para varios países, entre la fase expansiva del ciclo económico y el aumento de enfermedades crónicas degenerativas, a pesar del incremento promedio de la esperanza de vida de la población (Tapia-Granados, 2011).
Este planteamiento resulta convergente con la postura que señala que, en el origen de las pandemias, se encuentran los estilos de vida y del mercado que deterioran los ciclos de los ecosistemas, lo cual agrava los riesgos de enfermedades zoonóticas, dentro de las que se encuentra el COVID-19 (Everard et al., 2020). Así también, la importancia del proceso de urbanización en ciertas condiciones socioecológicas detonan enfermedades transmisibles (Wu et al., 2017).
La teoría de ecosistemas explica dicha interrelación, a partir del estudio del ordenamiento jerárquico de los subsistemas. Si la cima de esa jerarquía es ocupada por un subsistema uniforme que subordina a los subsistemas más diversos, esto es el mercado financiero sobre los sistemas vivos y biológicos, el sistema global se reproduce de manera inestable y crean crisis en el mercado y en los ecosistemas (Dron, 2015).
Sin embargo, las instituciones hegemónicas en la configuración del campo económico, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), tratan las fluctuaciones provocadas por la pandemia como un choque exógeno (Gopinath, 2020). Además, si bien en el Banco Mundial, algunos promueven un análisis sistémico de la economía, reconociendo su carácter abierto, el trazo derivado es la resiliencia al estrés provocado por la pandemia y el cambio climático (Ramos y Hynes, 2020). En otras palabras, se ex culpa a la organización del campo económico de efectos en otros órdenes.
Si se adopta el ordenamiento jerárquico entre subsistemas, ello lleva a proponer reformas de transición socioeconómica y ecológica, donde la igualdad social es el principal valor de la política económica, desplazando la libertad del mercado como faro de la regulación de la sociedad, anteponiendo en la construcción del desarrollo lo que Boyer (2015) llama visión antropogénica.
En los términos de Polanyi (2017), significa la realización del doble movimiento en su acepción progresista, incluyendo como parte de la protección de la sociedad, nuevas formas de vinculación con los ecosistemas, sin olvidar que en Latinoamérica la reproducción del orden doméstico de las mayorías se realiza sin protección social, y el trabajo ejecutado en ese circuito no está reconocido, lo que resulta en un intercambio desigual que profundiza la desigualdad económica (Giraldo, 2018).
En México, el COVID-19 se propagó en una estructura donde el régimen socioeconómico es dual y excluyente; una economía en estancamiento crónico y expuesta de manera significativa al exterior en términos de subcontratación internacional, sin dejar de mencionar que en el orden de la política y el campo social, profusa ha sido la propaganda sobre la llegada en 2018 al poder legislativo y ejecutivo de un partido y gobernante que generan la expectativa de un cambio histórico a favor de la condición de vida de las mayorías.
LA COYUNTURA COVID-19
Características de los enfermos
De acuerdo con estudios a nivel internacional, el COVID-19 afecta con mayor frecuencia a enfermos crónicos, particularmente personas con hipertensión y obesidad (Sanchis et al., 2020; Zhou et al., 2020). Como se documentó en la sección anterior, en México, previo a la llegada del Covid-19, una proporción de la población padece de enfermedades crónicas y con un régimen de bienestar dual y excluyente, donde los trabajadores del sector informal participan en el sistema de salud como beneficiarios.
A 10 de mayo del 2021, México había acumulado más de 2,3 millones de casos confirmados por COVID-19 (49,96 % mujeres y 50,04 % hombres), en su mayoría (81,26 %) requirieron atención ambulatoria. Las principales comorbilidades fueron hipertensión (17,16 %), obesidad (14,22 %), diabetes (13,21 %) y con hábito de consumo de tabaco el 7,33 % (Gobierno de México, 2021).
En cuanto a las defunciones, a mediados de mayo 2021, se acumulan un total de 219 089, principalmente en hombres (62,44 %) con padecimientos como hipertensión (45,05 %), diabetes (37,23 %), obesidad (21,70 %). Además, con hábito de consumo de tabaco el 7,6 % (Gobierno de México, 2021), según se muestra en la Figura 2.
Fuente: elaboración propia a partir de Gobierno de México (2021).
Figura 2 Porcentaje de comorbilidades principales en casos confirmados y defunciones por COVID-19. México, 10 de mayo 2021.
Estos primeros resultados validan el rol determinante de las comorbilidades de la población de México; un resultado que puede robustecerse con la incorporación de variables del contexto socioeconómico como la inserción laboral.
La política económica: bloqueo institucional y judicialización
En el ámbito de minimizar el impacto de la pandemia en la escala de funcionamiento del orden económico, el actual gobierno se caracteriza por una intervención austera. Una casi nula política económica contra-cíclica se aprecia en el incremento de la razón gasto público-PIB. Según un informe del FMI (2021), apenas fue del 1 % en 2020. La caída observada del PIB al cierre del año fue del 8,5 %.
Si bien la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad, 2020) realizó un pronóstico para el país con una caída más severa a la observada, y una recuperación muy lenta para alcanzar la fase de recuperación, el notable aumento de las remesas observadas a lo largo de los meses de la pandemia es un hecho significativo para intuir que no haya sido más severa la caída.
Tomando la expresión de Marques-Pereira y Théret (2013); esas transferencias con las diferencias del caso que ellos tratan, ejemplifican una conversión simbólica de la moneda por parte de la sociedad civil, guiada por la solidaridad y el parentesco.
Si bien la alta vulnerabilidad de la economía mexicana, vista por la elevada proporción de exportaciones respecto al PIB no se corrige de automático con un cambio de gobierno, la reiterada negación a proponer una política fiscal progresista, valida el principio de la austeridad, propio de la gubernamentalidad neoliberal.
Respecto a la política monetaria, cuyo manejo corresponde a una autoridad autónoma al poder ejecutivo desde la década de los noventa del siglo pasado, y con un mandato exclusivo en garantizar la meta inflacionaria, la respuesta es dirigida en ese tenor. La tasa de interés monetaria se redujo, alcanzando en términos reales en el mes de agosto del 2020, su límite.
Durante la pandemia, destaca en la explicación de la inflación promedio, la inflación del precio de los alimentos no atajada por parte del gobierno, pensamos en el control de precios, necesaria porque en países en vías de desarrollo, donde la mayoría de los hogares se encuentra en los estratos con menores ingresos, la curva Engel indica que una alta proporción del ingreso percibido por esos hogares está destinado a la compra de alimentos. La inflación de bienes básicos repercute directamente en el nivel de bienestar de esa población, insuflado con el desempleo provocado por el confinamiento de la población.
La política económica que sobresale en la coyuntura es un conjunto de iniciativas del gobierno federal localizadas en la dimensión mesoeconómica; algunas que buscan revertir el paquete de reformas realizadas el sexenio anterior, expuestas por Moreno-Brid et al. (2020), siendo la más importante del sexenio anterior, a juicio de Bizberg (2020), la energética.
La decisión de 2019 del gobierno federal fue suspender un contrato de construcción de un gasoducto. La iniciativa pretende corregir la asimetría del contrato que desfavorece al sector público, pero fue turnada a tribunales judiciales por parte de la empresa responsable de la construcción del gasoducto.
Al interior de ese sector, ya en plena pandemia, el gobierno federal decretó suspender la construcción de proyectos autorizados en el sexenio anterior en materia de energías renovables (DOF, 2020a).
La fase de generación de electricidad en esa nueva rama2 está controlada de manera exclusiva por el sector privado. El decreto gubernamental busca desviar la demanda de electricidad hacia las fuentes de energía fósiles controladas exclusivamente por el sector público, pero revela la baja ponderación a la protección de los ecosistemas. Los empresarios de electricidad limpia turnaron al poder judicial dicha iniciativa.
La propuesta de ampliación de infraestructura para industrializar el Sur-Sureste de México, iniciativa relevante dentro del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2024, el gobierno federal en plena pandemia emitió un par de decretos (DOF, 2020b; 2020c) para adelantar la construcción de dos megaproyectos (Tren-Maya y Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec), a pesar de la falta de estudios de impacto ambiental, y la oposición de voces de la sociedad civil que cuestionan la construcción de los megaproyectos; algunas de esas voces recurrieron al poder judicial interponiendo amparos para evitar la construcción.
En el nivel subnacional, un grupo de gobernadores demandan un nuevo pacto fiscal (Aziz, 2020), al calor de desacuerdos sobre el manejo de la pandemia por el gobierno federal, y por la realidad histórica de un federalismo centralista que el actual gobierno refuerza.
En eje con ese tema, un gobernador toma la iniciativa de establecer un impuesto ambiental a la emisión de gases vertidos en la entidad, Baja California Norte, donde la federación interpone una controversia el 17 de agosto del 2020 en el poder judicial (Fuentes, 2020).
Si interpretamos que esas iniciativas del gobierno federal estuvieron motivadas para obtener dinero e inyectarse en el circuito económico durante la pandemia, la elección del canal meso para alcanzar el objetivo resulta cuestionable. La resolución de amparos se resuelve entre 3 y 6 meses, y si el fallo emitido resulta adverso al gobierno, como es el caso del sector energético (Aziz, 2020), el objetivo resulta incumplido.
Si la propuesta es interpretada porque la coyuntura de la pandemia exhibe la vulnerabilidad de la población y de la economía, e iniciar así la transformación del régimen socioeconómico y transitar a una variedad de capitalismo distinta, la disputa por la renta energética ha sido bloqueada, sin omitir que la nacionalización del sector eléctrico no es parte del horizonte político del gobierno.
En ese sentido, la propuesta de construir megaproyectos extiende la operación espacial de ese capitalismo que minimiza costos laborales y costos de protección social, que al mismo tiempo, según discursos del poder ejecutivo, contribuyen a regular el flujo migratorio proveniente de Centroamérica, encontrando un punto de atracción en los empleos que se habrán de generar en esa macro región.
En el caso de la propuesta para atajar enfermedades crónico-degenerativas, inspirado el gobierno en el paternalismo libertario (etiquetado de bienes poco saludables), resulta de alcance limitado, si la participación del sector agropecuario nacional en el TLCAN, estructuralmente causante del cambio en el patrón alimentario de la población, no es puesto en cuestión.
La coyuntura abierta por la pandemia del COVID-19, expone, por un lado, la conservación de la dimensión macroeconómica. No se propone cambio en el contenido de la política fiscal y monetaria; y si bien resulta complicado cambiar la orientación de la política monetaria de aquellos países cuya moneda es parte de la base de la pirámide del sistema monetario internacional (De Conti et al., 2014), y por el status constitucional de la autonomía de la banca central, la política fiscal progresista no ha sido planteada. Por otro lado, los empresarios localizados en las ramas (nivel meso), donde el gobierno desea capturar ingresos, responden judicializando.
Es así como la coyuntura del COVID-19 no crea cambio institucional en la dimensión macroeconómica y en la dimensión mesoeconómica resulta judicializada; resultando paradójico que un gobierno cuyo partido tiene la mayoría absoluta en el poder legislativo y autodefinido de izquierda, se niega a construir el espacio económico invocando la reforma constitucional, permaneciendo en la ruta de la judicialización que Foucault (2007) interpretó de la siguiente manera:
Entre una sociedad ajustada a la forma de la empresa [...] y una sociedad en la que la institución judicial es el servicio público principal, hay un vínculo privilegiado. Cuanto más multiplicamos la empresa, más multiplicamos las empresas, más multiplicamos los centros de formación de algo semejante a una empresa, más obligamos a la acción gubernamental a dejarlas actuar, más multiplicamos, claro, las superficies de fricción entre ellas, más multiplicamos las oportunidades de cuestiones litigiosas y más multiplicamos también la necesidad de un arbitraje jurídico. Sociedad de empresa y sociedad judicial, sociedad ajustada a la empresa y sociedad enmarcada por una multiplicidad de instituciones judiciales; son las dos caras de un mismo fenómeno. (p. 187)
REFLEXIONES FINALES
El estudio de la coyuntura que presenta de manera simultánea los tres momentos del tiempo, sobre todo, para visualizar si se construye una política económica dirigida por un doble movimiento direccionado hacia un régimen socioeconómico de protección a la sociedad, donde la redistribución y la igualdad social sean el criterio privilegiado, urgente en el caso mexicano porque la estructura socioeconómica construida en el pasado; y que la pandemia en la economía-demografía ha mostrado su vulnerabilidad, resulta que las acciones del actual gobierno y grupos empresariales en las dimensiones macro y meso bloquean la transición3.
Además, la postura de un partido y jefe de Estado votados de manera masiva, ha sido negar la construcción del espacio económico vía el poder constituyente, vía la soberanía popular, dejando a los jueces como el actor que define los términos de construcción del campo económico.
Si el accionar del campo popular aparece, no tratado aquí, nos recuerda la diferencia entre el derecho y la justicia, expresión que meses previos a la aparición del surgimiento del COVID-19, marcaba el tiempo de gran parte de Latinoamérica.
