Artículo de investigación científica

Dios y la religión o el reino de la autoridad laica. Educación, Iglesia y Estado en el Caribe colombiano, 1863-1879^*

God and religion or the kingdom of the lay authority. Education, church and state in the colombian caribbean, 1863-1879

Dieu et la religion ou le royaume de l’autorité laique. Éducation, eglise et etat dans les caraibes colombiennes, 1863-1879

Deus e da religião ou do reino da autoridade leiga. Educação igreja e estado no caribe colombiano, 1863-1879

Luis Alarcón Meneses^**

^* Este artículo es resultado del proyecto de investigación "Educación, nación y ciudadanía en el Caribe colombiano durante el régimen federal, 1857/1886", el cual se realizo durante el año sabático concedido por la Universidad del Atlántico.
^** Profesor del Programa de Historia de la Universidad del Atlántico. Director del Grupo de Historia de la Educación e Identidad Nacional, categoría B de Colciencias. Barranquilla-Colombia. E-mail: luchoalarconmeneses@gmail.com

Artículo recibido: 12 de mayo de 2012. Aprobado: 19 de octubre de 2012.

Resumen

Este artículo examina la disputa entre dos poderes: la Iglesia católica y el Estado liberal, generada a raíz de la promulgación en 1870 de una reforma educativa laica, a la que se le conoció como el Decreto Orgánico de Instrucción Pública, normativa que se convirtió en el epicentro de tensiones y controversias entre la Iglesia y el Estado, lo cual involucró a distintos sectores de la sociedad colombiana. A esta situación no fue ajeno el Caribe colombiano, región en la esta pugna tuvo sus dinámicas particulares que implicaron a los actores de la política regional y local. Estos construyeron un discurso sobre un tema que a lo largo de la vida republicana ha sido objeto de debate en nuestro país. En este artículo se realiza una mirada a este proceso, para lo cual se analiza especialmente el caso del Magdalena, uno de los tres estados soberanos que existieron en la región durante el periodo federal.

Palabras clave: reforma educativa, Iglesia católica, laicismo, liberalismo, Caribe colombiano, estado del Magdalena, conservatismo, escuelas, soberanías.

Abstract

This article examines the dispute between two powers: the Catholic Church and the liberal state, generated as a result of the enactment in 1870 of a secular education reform, which became known as the Organic Act on Public Education. Regulations that became the epicenter of tensions and disputes between Church and State, which involved different sectors of Colombian society. This situation was not outside the Colombian Caribbean region in this struggle had its particular dynamics that involved actors in regional and local policy. They built a speech on a topic along the republican has been debated in our country. This article takes a look at this process, which is discussed especially the case of Magdalena, one of the three sovereign states that existed in the region during the federal period.

Key words: educational reform, Catholic Church, secularism, liberalism, Colombian Caribbean, state of Magdalena, conservatism, schools, sovereignties.

Résumé

Cet article examine le différend entre deux pouvoirs: l’Eglise catholique et l’Etat libéral, généré à la suite de la promulgation en 1870 d’une réforme de l’enseignement laïque, qui est devenu connu sous le nom de la Loi organique sur l’éducation publique. Règlements qui sont devenus l’épicentre des tensions et des conflits entre l’Église et l’État, qui a impliqué les différents secteurs de la société colombienne. Cette situation n’était pas hors de la région Caraïbe colombienne dans cette lutte a eu ses dynamiques particulières que les acteurs impliqués dans la politique régionale et locale. Ils ont construit un discours sur un sujet long de la république a été débattue dans notre pays. Cet article jette un regard sur ce processus, qui est examiné en particulier le cas de la Magdalena, l’un des trois Etats souverains qui existaient dans la région pendant la période du gouvernement fédéral.

Mots clés: réforme de l’éducation, l’Église catholique, la laïcité, le libéralisme, Caraïbes colombiennes, l’état de Magdalena, le conservatisme, les écoles, les souverainetés.

Resumo

Este artigo analisa a disputa entre dois poderes: a Igreja Católica eo Estado liberal, gerada como resultado da promulgação em 1870 de uma reforma da educação secular, que se tornou conhecida como a Lei Orgânica de Educação Pública. egula egulamentos que se tornou o epicentro de tensões e disputas entre a Igreja eo Estado, que envolveu diversos setores da sociedade colombiana. Esta situação não estava fora da região do Caribe colombiano nesta luta teve seus dinâmica particular que os atores envolvidos na política regional e local. Eles construíram um discurso sobre um tema ao longo do republicano tem sido debatido em nosso país. Este artigo lança um olhar sobre este processo, que é discutido especialmente o caso de Magdalena, um dos três estados soberanos que existiam na região durante o período federal.

Palavras-chave: reforma educativa, a Igreja Católica, o secularismo, o liberalismo, Caribe colombiano, no estado de Magdalena, o conservadorismo, escolas, soberanias.

Introducción

El nuevo sistema educativo impulsado por el Gobierno liberal-radical a través del Decreto Orgánico de Instrucción Pública (DOIP) (1870) influyó en las relaciones entre dos soberanías: la Iglesia católica y el Estado liberal. Ciertamente, en la sociedad colombiana de la segunda mitad del siglo XIX, la presencia y el poder de la Iglesia católica continuaban siendo significativos, hasta el punto de atreverse a desafiar al Gobierno radical convocando a la oposición contra una reforma que pretendía introducir cambios a partir de una educación obligatoria, gratuita y laica; esto le permitía al Estado recuperar el control sobre una educación que buscaba fundamentalmente la formación de ciudadanos, lo cual la institucionalidad eclesiástica no estaba dispuesta a permitir, pues para ella lo principal era formar cristianos virtuosos capaces de asumir posteriormente el rol de ciudadanos, pero siempre dentro de los cánones religiosos.

En efecto, a partir del Decreto Orgánico de Instrucción Pública (1870), la confrontación entre Iglesia y Estado se exacerbó al punto de suscitar airadas reacciones por parte del clero, el cual instrumentó una ofensiva basada en la prohibición a los padres de enviar a sus hijos a las escuelas. Esta oposición estuvo acompañada de oratorias en el púlpito, publicación de hojas volantes y artículos de prensa que descalificaban las medidas orientadas a poner en práctica el Decreto Orgánico de Instrucción Pública, al cual se le acusaba de poner en riesgo la moral y las creencias religiosas de la población.

Esta oposición se hizo más álgida en la medida en que la Iglesia sintió que su lugar en los asuntos educativos quedaba relegado a un segundo plano. Por ello el discurso contra el Decreto Orgánico de Instrucción Pública, del que también fue partícipe el Partido Conservador, se hizo más beligerante, al punto de llevar a la guerra de 1876 entre los conservadores y el Gobierno liberal, que terminaron enfrentados por la defensa de sus soberanías.

Ciertamente, la confrontación propiciada por la Iglesia al oponerse a la reforma educativa en la práctica evidenció que lo que estaba en juego eran dos soberanías en disputa. Ello se había presentado con distintos matices durante las primeras décadas de vida republicana, periodo durante el cual la sociedad colombiana en varias oportunidades fue testigo de los debates y las confrontaciones entre la Iglesia y el Estado. Tales debates fueron generados unas veces por los principios constitucionales que establecían la separación entre los asuntos civiles y religiosos, y en otra ocasión por la introducción, a instancias de Francisco de Paula Santander, de obras como la de Jeremías Bentham en los establecimientos educativos superiores. A mediados del siglo XIX estos enfrentamientos serían más continuos debido, entre otros aspectos, a la expulsión de los jesuitas por parte del presidente José Hilario López, las reformas a la ley de patronato, la extinción del fuero eclesiástico, la tuición de cultos y la desamortización de bienes de manos muertas².

Con la promulgación del Decreto Orgánico de Instrucción Pública, la institución eclesiástica consideró que el Estado liberal invadía espacios que, como la educación, le habían pertenecido tradicionalmente y sobre la cual la Iglesia ejercía una misión tutelar.

"Nuestro señor Jesucristo ha dado a su iglesia el encargo de la enseñanza; por consiguiente, tiene el derecho de condenar y prohibir todo lo que sea contrario a la verdad y a la doctrina de su divino fundador".³

La actitud asumida por la Iglesia era una muestra, entre otras cosas, de su renuencia a aceptar un proceso a través del cual se buscaba crear un Estado moderno, lo cual pasaba necesariamente por tomar distancia del Estado confesional y protector de la religión católica concebido y proclamado en la Constitución de Cúcuta de 1821 y durante la dictadura de Simón Bolívar en 1828⁴.

La no aceptación de la reforma educativa por parte de la Iglesia se explica porque esta se concebía como una "sociedad perfecta", portadora de legitimidad jurídica y de soberanía eclesial, sujeta solo a la jurisdicción papal que, apoyada en la infalibilidad pontificia en materia doctrinal, establecía que la independencia de la Iglesia frente a cualquier otro poder sería absoluta.

"Es evidente que la Iglesia, de conformidad con la revelación, no puede admitir que reinen por autoridad exclusiva del pueblo, estableciendo una soberanía independiente de la de Dios, como hoy se pretende".⁵

Así, medidas como la reforma educativa, que desde las filas eclesiásticas se veían como atentatorias contra la independencia de la misma institución y contra su derecho a supervisar la formación ciudadana bajo los principios de la religión católica, terminaron por intensificar las confrontaciones, debates y desafíos contra el Gobierno radical. En la práctica, evidenció la existencia de dos soberanías en disputa: una que buscaba consolidar una nación de cristiandad⁶ y otra que apuntaba a la construcción de una nación moderna liberal, situación que no implica necesariamente que para el periodo se estuviera ante la presencia de un antagonismo que enfrentara tradicionalismo y modernidad, sino ante la propuesta de dos caminos distintos para construir la nación.

El Decreto Orgánico de Instrucción Pública hacía parte del camino propuesto en la Constitución radical de Rionegro de 1863, que intentaba alcanzar una modernidad fundamentada en principios liberales, "autónoma, antropocéntrica, ordenada legalmente"⁷. Pero la Iglesia católica y los conservadores, quienes se opusieron a esta reforma educativa, eran partidarios, tal como lo establecía el Syllabus promulgado por el Papa Pío IX⁸, de una "modernidad controlada, tradicional, teocéntrica que estuviera siempre bajo la tutela de la Iglesia".

Debido a la coexistencia de estas dos soberanías en disputa, no es de extrañar que la reforma de la enseñanza planteada en el Decreto Orgánico de Instrucción Pública se viera rodeada de tensiones y controversias entre quienes estaban interesados en controlarla. Sobre todo por el hecho de que la educación ha sido a lo largo de la historia colombiana un tema polémico, ya que en ella convergen intereses del Estado, de la Iglesia, de los partidos políticos, de los sectores económicos y, en general, de la sociedad⁹.

En esas escuelas no se enseñan los principios del catolicismo ni la moral cristiana...

Uno de los aspectos más controvertidos del Decreto Orgánico de Instrucción Pública fue el de la educación laica¹⁰, a la cual se refería el artículo 36, al establecer "que el gobierno no interviene en la instrucción religiosa". Ello significaba una ruptura con lo que hasta ese momento había sido tradición en las escuelas públicas, en las cuales la enseñanza religiosa hacía parte del currículo oficial que debían impartir los maestros¹¹.

El mencionado artículo despertó la oposición del Partido Conservador y, por supuesto, del clero católico, que consideraron este hecho como una acción ilegítima del Estado que atacaba no solamente a los clérigos sino al catolicismo como religión¹². Por ende, toda la sociedad colombiana, según la Iglesia, quedaba expuesta a los peligros del ateísmo, la masonería y el anticlericalismo debido a la eliminación de la enseñanza religiosa en las escuelas, tal como manifestaba el obispo de Santa Marta, José Romero.

"Por doquiera escuelas y escuelas por doquiera, llamando a los jóvenes a llenar establecimientos que debían ser el porvenir sonriente de la sociedad. Pero en esas escuelas no se enseñan los principios del catolicismo ni la moral cristiana; sino al contrario, en ellas se dictan lecciones opuestas a aquellos o a esta".¹³

Para Romero, uno de los actores más beligerantes en la defensa de la Iglesia y del conservatismo, no bastaba que el Gobierno radical insistiera en que la legislación no eliminaba la educación religiosa, sino que esta permanecía en la esfera privada de los padres de familia, quienes tenían la libertad de decidir si se les impartían a sus hijos la instrucción religiosa durante las horas libres establecidas por la escuela. Esto lo compartía la jerarquía eclesiástica, ya que, según ella, muchos padres eran displicentes ante la necesidad de brindar instrucción religiosa a sus hijos.

"En la época presente se levanta una juventud descreída, por causa del abandono de muchos padres de familia en la enseñanza de la doctrina Cristiana, creemos no solo conveniente, sino absolutamente necesario, que todos los párrocos redoblen sus esfuerzos. Además, parece que el gobierno civil, tiende a prohibir a los directores de las escuelas normales, la enseñanza de la doctrina cristiana, como también toda noción religiosa, protestando que dicha enseñanza la deben dar los ministros del acto católico. Bien conocidas son las perniciosas ideas que envuelve dicha prohibición, y por lo mismo hay doble motivo que nos impele a emplear distintas medidas; y tomar mayor interés para sacar del error a la incipiente juventud".¹⁴

Tales fueron los alcances de esta oposición, que la Dirección General de Instrucción Pública intentó conciliar, al permitir a los curas que quisieran, a petición de los padres de familia, enseñar religión, que lo pudieran hacer. Así lo reconocían los mismos radicales quienes señalaban que:

"[...] esta prescindencia del gobierno en materias religiosas, congruente en todo, sino con nuestras antiguas tradiciones, al menos con la letra y el sentir de la constitución de la república, desató la oposición persistente y sistemática de una gran parte del clero católico de Colombia contra las escuelas laicas y contra la autoridad pública que las sostenía".¹⁵

El Gobierno federal pretendía entonces moderar esa posición y permitir la enseñanza del catolicismo en las escuelas públicas aunque advertían que:

"Vosotros sabéis cuales fueron las campañas que hubo que sostener y las batallas que precisó librar para salvar las instituciones patrias del incendio que las amenazaba. La bandera nacional triunfó del todo y parece que hoy no se ve nada que pueda amenazarla seriamente".¹⁶

La educación laica establecida por el Decreto Orgánico de Instrucción Pública haría que las discusiones sobre el tipo de enseñanza se hicieran más beligerantes. La Iglesia y los conservadores atacarían sin recato a los radicales más visibles del Gobierno federal, calificándolos de ateos y defensores de las doctrinas de Bentham y Desttut de Tracy.

"En nombre de la instrucción, se hacen esfuerzos para atribuir [sic] a la juventud en las más perniciosas doctrinas, levantándola sin el conocimiento de Dios y sus leyes divinas, procurando solo materializar el ser moral. Una propaganda impía con visos de ilustración y amor a la juventud, es lo que se ha organizado sistemáticamente, y para llevarla a cabo se cuenta con los recursos de muchos padres de familia que contribuyen al sostenimiento de las escuelas y colegios y aún para publicaciones diarias. Y no se crea que exageramos, esto es un hecho palpitante. Entremos a esos planteles de educación, examinemos los textos de enseñanza y resultará que todo el propósito es adornar el entendimiento de ciertas verdades especulativas, pero nada que hable al corazón en el amor i santo temor de Dios. El sensualismo por Bentham, el materialismo por Tracy; tal es lo que se enseña para cosechar el fruto, según sus miras"¹⁷.

Las aseveraciones del obispo de Santa Marta siempre generaban controversia con los liberales samarios, quienes años después continuarían considerándolas como una provocación caracterizada por la falsedad, ya que según estos:

"Todo el que lea con ánimo desprevenido el escrito del prelado, y que esté bien al corriente de la enseñanza que se da en las escuelas de la unión, convendrá con nosotros en una de estas dos cosas: o que el prelado ignora dicha enseñanza o que a pesar de que la conoce la califica con aquellos epítetos que en lenguaje común tienen una significación apasionada, lo cual es imperdonable en el que habla a los pueblos en nombre de los intereses sacrosantos de la moral. Es falso, falsísimo que en las escuelas de la república se enseñe el ateísmo. Esta palabra significa doctrina que niega la existencia de Dios, y no hay texto en dichas escuelas, ni catedrático alguno que enseñe cosa semejante".¹⁸

Las aclaraciones de los liberales costeños en varias ocasiones pusieron en evidencia las intenciones del obispo, quien estaba más interesado en descalificar la instrucción laica que en dar cuenta de lo que verdaderamente ocurría en las escuelas con relación a los textos escolares, pues para la época, más que mostrar el sensualismo en las escuelas, a los radicales les interesaba generalizar la educación fundamentada en la pedagogía alemana y francesa. En este sentido, a pesar de la polémica que se generó en 1870 por el uso del texto de Ideología de Destutt de Tracy en el plan de estudios de la Universidad Nacional, el régimen radical buscaba que los maestros¹⁹ pusieran en práctica el método pedagógico de Pestalozzi aprendido durante sus años de estudio en las escuelas normales. Con ello se esperaba avanzar en la formación ciudadana que se llevaba a cabo desde la escuela, concebida por estos como el motor capaz de impulsar la sociedad hacia la civilización y la modernidad. Por ello era indispensable garantizar una instrucción pública obligatoria, gratuita y laica, principios que estaban en sintonía con el espíritu liberal de la época, el cual daba a la enseñanza y a la educación de los sectores populares la categoría de condición indispensable y fundamental para cambiar la sociedad.

Con la educación laica los radicales esperaban que desde la escuela los estudiantes adquirieran libertad de conciencia y, por lo tanto, dejaran de lado las actitudes confesionales y los "atavismos religiosos que entorpecían su formación ciudadana"²⁰. Para lograr esto era necesario fortalecer el papel educador e ideológico del Estado y darle a la ciudadanía un contenido eminentemente político, llevar la religión al ámbito privado y hacer del cumplimento de la Constitución una garantía de orden, estabilidad e institucionalidad política. Ello necesariamente disminuiría el poder eclesiástico²¹, al avanzar hacia la secularización de la escuela y, por tanto, de la sociedad²².

En consecuencia, con la reforma educativa de 1870 se pretendía configurar las bases legales para lograr avanzar en la secularización de la escuela. Este proceso, en términos del sociólogo ingles Bryan Wilson²³, no implicaba la desaparición de la religión confrontada con la racionalidad —pues muchos de ellos eran católicos— sino que era un proceso por el cual la conciencia, las actividades y las instituciones religiosas perdían relevancia social.

En efecto, proponer una escuela laica²⁴ por parte de los liberales radicales significaba que estos estaban pensando en la secularización de la escuela y de la sociedad en general, lo cual aparentemente llevaría a un detrimento de la influencia de la Iglesia católica en la sociedad colombiana de la segunda mitad del siglo XIX, al mismo tiempo que se apuntaba a la modernización de las prácticas educativas. La laicización²⁵de la escuela implicaba también progresar en la conquista de la autonomía individual como principio fundamental en la formación del ciudadano.

Ciertamente, con la nueva configuración legal introducida por la reforma de 1870 se trataba de ahondar en la secularización de la educación y dar continuidad a un proceso iniciado durante la revolución liberal de medio siglo con la promulgación de la Constitución de 1851, que estableció la separación entre Iglesia y Estado, ratificada por la Constitución de 1853²⁶. No obstante, sería solo con el ordenamiento jurídico propuesto por los radicales en la Constitución de 1863 que el proceso de secularización impactaría con mayor fuerza en la sociedad colombiana. Esto generó la inquina de los sectores más intransigentes de la Iglesia y del Partido Conservador, que vieron en la reforma educativa el pretexto ideal para iniciar una campaña sistemática de oposición al régimen del liberalismo radical, tal como lo justificó en sus escritos el arzobispo Arbeláez, para quien:

"En un país católico como el nuestro, en donde se sostienen como principios de gobierno, sancionados en la constitución, todas esas máximas y muchas otras que están en abierta contradicción con la doctrina de la Iglesia, no puede menos que producirse un verdadero y constante antagonismo entre los poderes públicos y la autoridad de esta misma Iglesia".²⁷

El mismo prelado consideraba que la intención de los radicales de proscribir la religión del gobierno y de la sociedad civil llevaría a

"[…] la relajación de los principios de justicia y de moral, únicas bases sólidas sobre las cuales puede descansar el orden social. ¿Y no es este el cuadro que hoy presenciamos? ¿Y puede un gobierno que hace la guerra a Dios, que se rebela contra la autoridad de la Iglesia, esperar que se respete la suya? Claro que no, y por eso desde el mismo momento en que se desconoce la autoridad de la Iglesia y se diviniza la razón humana, tiene que admitirse como consecuencia necesaria la anarquía religiosa, social y política. Y como mientras existan las mismas causas, necesariamente deben existir los mismos resultados, es evidente que mientras exista la misma organización política que entre nosotros existe, continuará nuestra desorganización social".²⁸

Este tipo de convocatorias por parte de los jerarcas de la Iglesia católica colombiana evidenciaba cómo esta institución, además de ser un factor de construcción de la nación, tal como lo han señalado algunos investigadores²⁹, también fue un factor de polarización y ruptura del orden social y político. Ello implicó que, en la práctica, esta cumpliera con un doble rol ya que en algunas ocasiones realizaba acciones tendientes a "crear y civilizar", mientras que simultáneamente, o en otro momento, se mostraba más interesada en "destruir y polarizar"³⁰. Juego que efectivamente se llevaría a cabo durante el régimen federal, en respuesta a las acciones de secularización adoptadas por los radicales, quienes luego de salir triunfadores de la guerra de 1860 aplicaron una serie de medidas tendientes a debilitar el poder de la Iglesia en los asuntos civiles y del Estado, limitándola así al orden espiritual y a la esfera privada. Ello generó la reacción de la Iglesia, que desafió la autoridad del Estado liberal, para lo cual contó con el apoyo de sus aliados naturales, los conservadores, con quienes llevó a cabo una serie de maniobras tendientes a frenar el avance del proyecto liberal representado por la Constitución de 1863³¹.

Para ello, la Iglesia católica colombiana se valió de los principios ultramontanos promulgados durante el papado de Pío IX³², desarrollados por medio de la llamada infalibilidad de la autoridad del papa, aprobada por el Concilio Vaticano I de 1870, así como en la romanización (unidad y fidelidad a Roma), con lo que se reafirmó la irrefutabilidad del dogma y la recatolización de la sociedad y el Estado. Ello implicaba necesariamente reconquistar su soberanía sobre los asuntos de orden civil y estatal, objetivo que se vería obstaculizado por la reforma educativa de 1870 contra la cual se desarrolló una oposición sistemática por parte de las autoridades eclesiásticas, quienes la acusaban de atentar contra los valores religiosos de una población mayoritariamente católica.

En efecto, actores religiosos como el moderado arzobispo Vicente Arbeláez³³acusaban al Gobierno radical de interesarse falsamente por la educación de todos los sectores sociales, ya que según este prelado no se podía prohibir que en las escuelas públicas se enseñara la clase de religión a una población mayoritariamente católica, lo cual era como "dejar sin pasto espiritual a los niños que allí acudían". Sin embargo, a pesar de ser crítico contra la reforma educativa de los radicales, su espíritu pragmático y negociador permitió celebrar acuerdos con el Gobierno radical a través de proyectos de decretos conciliares, los cuales, según el historiador Fernán González³⁴, daban al arzobispo metropolitano el derecho de arreglar, dirigir e inspeccionar la instrucción pública en todo el país, pero dejando a cada obispo la dirección de la enseñanza religiosa en su propia diócesis. Para ello, debían previamente acordarse los horarios de esta educación entre la junta parroquial, los directores de escuela y los maestros. En lo posible, relata González, esta educación debería ser impartida por el párroco u otro sacerdote; en caso contrario, por el maestro o un laico competente³⁵. Esta postura conciliadora del arzobispo Arbeláez generaría conflictos dentro de la Iglesia católica colombiana, lo cual se haría evidente durante la celebración del II Concilio Provincial Neogranadino realizado en el mes de diciembre de 1873³⁶.

A pesar de su actitud conciliadora, Arbeláez continuó fustigando la reforma educativa, ya que según él, desde que el "ateísmo oficial" había promulgado la Constitución de Rionegro, sus efectos malsanos se habían empezado a propagar por toda la república, especialmente, en el sistema educativo, el cual, a su entender, por no estar basado en principios cristianos ponía en riesgo la unidad nacional, razón por lo cual insistía:

"Lo que queremos hacer notar, es que en un país, cualquiera que sea, Dios y la religión dejan de presidir la educación de la juventud, desde ese mismo instante ese país carece del elemento de vida que puede hacer su grandeza y prosperidad. Así lo demuestra la experiencia y así nos lo dijo el mismo Dios por boca del Apóstol: ‘la ciencia profana sin el apoyo de la divina infla el espíritu y corrompe el corazón’".³⁷

Actitudes más beligerantes, pero igual de maniqueas, fueron asumidas por prelados como Manuel Canuto Restrepo, obispo de San Juan de Pasto, Estado del Cauca, para quien el Decreto Orgánico de Instrucción Pública representaba las posiciones heréticas y materialistas que se habían ido extendiendo desde la comuna de París hacia las naciones latinoamericanas. Para este obispo ultramontano y fiel seguidor de los principios del Syllabus, el congreso no era sino una "montonera de masones y propagadores del ateísmo", quienes se habían confabulado con un Gobierno también impío para apoderarse de la mente ingenua de los niños que asistían a las escuelas subvencionadas con el dinero del pueblo. Esto, según él, había generado el debilitamiento de la Iglesia, así como de la razón, la moral y la justicia, por lo cual, luego de "protestar ante Dios y los hombres" contra el mencionado decreto, convocaba al rechazó por parte de los sacerdotes, quienes debían valerse de su aceptación social para lograr que los padres de familia no enviaran a sus hijos a estas escuelas³⁸.

Canuto Restrepo, conjuntamente con los obispos Carlos Bermúdez, José Ignacio Montoya, Joaquín Guillermo González y José Romero, prelados de Popayán, Medellín, Antioquia y Santa Marta respectivamente, desarrollaron una agresiva campaña contra la reforma educativa contenida en el Decreto Orgánico de Instrucción Pública. De esta manera, el primero dio instrucciones a sus fieles de no acatar el decreto en mención, para lo cual les sugirió realizar acciones violentas con el propósito de rebelarse contra la autoridad civil; así mismo, convocó a los sacerdotes de su jurisdicción a participar activamente en política valiéndose para ello no solo del púlpito sino de mecanismos de divulgación modernos como la prensa³⁹.

El interés de la Iglesia era difundir en la sociedad colombiana una perspectiva maniquea del Gobierno, tal como lo demuestran las pastorales de personajes como Canuto Restrepo, para quien el Decreto Orgánico de Instrucción Pública hacía parte de una conspiración mundial contra la Iglesia, dirigida por liberales y masones, que buscaban destruir el catolicismo. Se pretendía así descalificar al contradictor, lo cual ha sido una práctica recurrente a lo largo de la historia nacional y de la cual se valdrían obispos como el de Pasto, quien en su pastoraldel 10 de octubre de 1872, afirmaba:

"¿No los conocéis? Tienen al cinto la provisión de veneno y puñal; llevan en una mano el martillo demoledor y en la otra la tea incendiaria y van gritando LIBERTAD, IGUALDAD, FRATERNIDAD. En la frente llevan escrito, como la bestia del Apocalipsis, los nombres de odio y blasfemia y todas sus obras son obras de iniquidad. Esta nueva especie de monstruos no habita sino en las ruinas, a las que llaman progreso [...]. El gobierno se ha declarado constitucionalmente ateo, y no pierde ocasión de herir con leyes de decretos la religión católica, mientras estimula y protege la enseñanza de toda doctrina impía, y el establecimiento de toda secta contraria a la religión nacional. Y entre tanto ¿qué hacéis vosotros? [católicos]. Encerrados en un silencio culpable, y aprobar tácitamente los ataques de ese gobierno a vuestros derechos y creencias, e inclinar servilmente la cabeza, para recibir la coyunda que os impone la más oprobiosa de las tiranías. Vosotros sabéis [...] que el gobierno de la nación, expidió un decreto con fecha 1 de noviembre de 1870, llamado de instrucción obligatoria y que debería llamarse de CORRUPCIÓN OBLIGATORIA [...]. Pero no hay para qué razonar: el gobierno y los de su escuela son ateos y comunistas, y necesitan escuelas sostenidas con vuestro dinero, para formar en ellas turbas que más tarde sepan manejar con destreza el martillo demoledor y la tea incendiaria. Es necesario que paguéis por vía de contribución, el fruto de vuestro trabajo y el sudor de vuestra frente para corromper a vuestros propósitos y aotros que irán después a visitaros DEMOCRÁTICAMENTE, incendiando vuestras casas, violando vuestras hijas y talando vuestras propiedades. Es para ese fin que os obligan a entregar a vuestros hijos para que sean pervertidos, y a que paguen los maestros de su corrupción [...] lo repetimos una y mil veces: no hay en este país cuestión política ni cosa que se le parezca. Esa, es una invención de los enemigos de Dios [...] lo que hay en esta tierra, cubierto con un jergón que llaman política, es el monstruo de la incredulidad y el ateísmo que le hacen la guerra a la propiedad, a la familia, a la moral, a la religión, a la iglesia, a Jesucristo y al mismo Dios su eterno Padre [...]. Por tanto, en nuestro nombre como obispo y pastor de esta Diócesis [de Pasto], y en nombre de nuestro clero y nuestros diocesanos, protestamos ante Dios y los hombres contra el decreto de 1 de noviembre de 1870 [...] dejando en todo a salvo los derechos de nuestra iglesia".⁴⁰

Igual de ultramontano que Canuto Restrepo, el obispo de Santa Marta, José Romero, se destacó por una actitud desafiante contra el orden estatal y por ser un fiel seguidor de los principios contenidos en el Syllabus. En efecto, Romero sería uno de los actores principales en el escenario social de la región y alcanzaría protagonismo nacional gracias a su actitud combativa contra las medidas adoptadas por el Gobierno radical en materia educativa y de cultos. Ello le permitió ocupar una curul en representación del Partido Conservador en la Asamblea Legislativa del Estado del Magdalena y en el Congreso Nacional. Se desempeñó como obispo entre 1864 y 1891, tiempo durante el cual alternó su labor pastoral con el ejercicio activo de la política, lo cual le permitió convertirse en uno de los hombres más cercanos de Rafael Núñez, quien junto con MiguelAntonio Caro sería el máximo líder de la Regeneración, movimiento político que hizo de la Iglesia un aliado estratégico durante su gobierno, gracias a lo cual esta recobraría el control sobre la educación pública.

Romero representaba en la región el proyecto de romanización que identificaba a la Iglesia del periodo⁴¹, que tenía en el Syllabus los lineamientos que debía seguir en su lucha contra las tendencias liberales, que para el caso colombiano buscaban dar un paso hacia la laicización del Estado y de la sociedad. Para ello debieron enfrentar las arraigadas tradiciones religiosas presentes en una sociedad mayoritariamente rural, donde el peso y la influencia de la Iglesia seguían siendo significativos, tal como venía ocurriendo desde el periodo colonial. Como lo afirma Gloria Arango de Restrepo (2005), "la Iglesia colombiana tenía un enorme peso social, moral y económico, del cual se derivaba su poder político, situación que se había generado en la estrecha relación entre la Iglesia y el Estado español bajo la forma del Patronato Real, el cual convirtió a los reyes españoles en una especie de vicarios papa-les […]"⁴². Influencia de orden social, cultural, político y económico que la Iglesia no estaba dispuesta a ceder fácilmente, sin antes dar la batalla contra las consideradas por el Syllabus como "pestilenciales doctrinas a las que hay que condenar"⁴³.

Por ello, el discurso empleado por los actores del orden eclesial proyectaba una perspectiva maniquea contra los liberales radicales colombianos, señalándolos con una serie de calificativos para desautorizarlos, a la par que se mostraba una imagen idealizada de la Iglesia como portadora absoluta de la verdad y como la encargada de velar por el estado moral y espiritual de la población. Por esta razón, los intentos de secularización y modernización serían vistos por la institución eclesial como amenazas contra el poder que ejercía sobre la sociedad e, incluso, contra su propia existencia. Por consiguiente, las reformas que pretendían avanzar hacia la laicización de la educación terminaron por generar reacciones que para el caso colombiano fueron más allá de la retórica discursiva ultramontana. Esto lo prueba el hecho de que se haya llegado a una confrontación armada conocida como la Guerra de las Escuelas (1876-1877), la cual caló en el imaginario social como una cruzada destinada a recuperar para la población la instrucción religiosa, así como los valores y tradiciones católicas que habían caracterizado a la sociedad colombiana.

Sin embargo, para los liberales radicales esta guerra civil no era otra cosa sino el resultado de la intolerancia de la Iglesia representada por sus obispos, quienes, según una publicación en el Diario de Cundinamarca de 1877:

"[…] no hicieron otra cosa que conducir a las masas de ignorantes al campo de matanza; con la peor mala fe y con doble mentira, mezclaron a la perfidia una dosis no pequeña de codicia, farsa que está claramente representada en sus pastorales. Los obispos Restrepo, González, Bermúdez. Fueron los principales directores de esta catástrofe vergonzosa para aquellos que solo por ironía llevan el título de ministros y apóstoles de Jesucristo".⁴⁴

La actitud de los obispos colombianos en este debate era señalada por el liberalismo como perversa y opuesta a todo progreso intelectual, razón por la cual se los calificaba, como a los conservadores, de ignorantistas que aún se creían en una sociedad medieval:

"[…] su cruzada político-religiosa lleva el mismo fin y arrastra tras de sí el mismo estandarte de destrucción y odio, productos propios de la más execrable ignorancia. Ellos saben que la causa religiosa que aparentan sostener, solo puede alimentarse con la ignorancia de los pueblos y con la estupidez de los creyentes, y esta es la razón porque no aceptan las ideas de las sociedades modernas. Llaman a la instrucción popular ateísmo, a la libertad de conciencia incredulidad, al libre pensamiento perversidad y, en fin, llaman al Gobierno de impíos aquel que no se pone a su servicio, para los más horrendos abusos del poder".⁴⁵

Por otro lado, el discurso de los actores católicos consideraba que se estaba frente a una lucha entre el bien, representado por el catolicismo, y el mal, encarnado por los liberales radicales, tal como se observa en las palabras del obispo Romero:

"[…] el mundo nos ofrece en estos momentos un espectáculo que debe levantar nuestros corazones hacia Dios. Por una parte, las teorías racionalistas han invadido el campo de la fe y pretenden sembrar en él cizaña, a fin de que, confundidos los buenos principios con los malos, caminen los hombres por los senderos de la perdición. Por otra, imbuidos los espíritus perversos en ideas abstractas de soberanía demagógica, fuertemente vociferan contra la autoridad divina de la Iglesia, establecida para la salud espiritual de los hombres; por donde el gobierno temporal de la sociedad se ve desprestigiado en gran manera. Los reformadores no se han fijado en una verdad, a saber: que cuando atacan a la Iglesia, representante en primer término de principio social del orden, se inclina el eje sobre el que gira el gobierno humano, como que entre una y otro existe una unión santa, base de la felicidad de los asociados"⁴⁶

Las denuncias del liberalismo muestran que discursos como los del obispo José Romero se apoyaban de los postulados del Syllabus, el cual consideraba que uno de los errores del pensamiento liberal de la época era la preeminencia dada a la racionalidad. Para la Iglesia ello constituía un desconocimiento al papel que jugaban las creencias religiosas para el buen desarrollo de la sociedad⁴⁷.

Por esta razón, el discurso de los jerarcas eclesiásticos como José Romero, con el cual se identifica totalmente el Partido Conservador, estuvo dirigido contra el liberalismo, fundamentalmente hacia el sector radical este partido. Lo anterior evidencia la existencia de una marcada tensión bipartidista presente durante los primeros siglos de la vida republicana. De esta manera, los discursos de la Iglesia y del conservatismo intentaban combatir las "acciones perniciosas" de los liberales al frente del Estado, a quienes se les señala como los "causantes de todos las perturbaciones e inestabilidad política" por las que pasaba el país.

Para combatir el "peligro que representaban las medidas adoptadas por el gobierno radical", especialmente lo atinente a la reforma educativa, la jerarquía eclesiástica recomendaba a los padres de familia no enviar a sus hijos a la escuela, amenazando con excomulgar a quien se atreviera a desafiar la autoridad de la Iglesia, pues según estos las escuelas públicas constituían un centro de corrupción y embrutecimiento;

"[…] embrutecimiento, sí, porque en ellas no se enseña sino a buscar el pasto de los goces más groseros o se preparan los medios a los que buscan por principios la satisfacción de sus pasiones y que ansiosos de lograr su objeto no reparan en minar el edificio por sus cimientos y debilitan el ascendiente de la religión y dan lugar a la relajación moral".⁴⁸

De esta forma Romero, ratificando la posición adoptada por la Iglesia —alcanzada a pesar de algunas fisuras en su interior gracias a la actitud conciliadora del obispo Arbeláez—, hizo pública la prohibición de que los padres enviaran a sus hijos a la escuela. Igual medida tomaron otros dignatarios como Carlos Bermúdez, obispo de Popayán, y Manuel Canuto Restrepo, obispo de Pasto, quienes cerraron filas para rechazar lo que ellos consideraban un atentado contra la religión católica. Esta prohibición ordenaba a los padres abstenerse de matricular a sus hijos en las escuelas públicas. También se ordenó a los sacerdotes, tal como ocurrió en el Estado del Cauca, impedir la participación de los alumnos de estas escuelas en los actos de Semana Santa, con el propósito de sancionarlos moralmente ante la sociedad.

La actitud recalcitrante asumida por José Romero y los otros obispos colombianos en contra de las políticas educativas del Gobierno federal encontró respuesta en los sectores radicales de la región, quienes, a propósito de los sucesos de las guerra civil de 1876, se dirigían al prelado afirmando:

"Esas charcas de sangre Dr. Romero, esos escándalos y esos desacreditadores motines, no han sido obra de la juventud racionalista. Todo eso y mucho más ha sido obra de la intolerancia católica. Un obispo del Cauca llamado Canuto, otro en Antioquia llamado Montoya, y otros más que no recuerdo, levantan las masas fanáticas y prenden la chispa que produjo ese incendio que se llamó revolución de 1876.

Al grito de rebelión dado por los mitrados, responde a una voz la juventud racionalista, abrazada a la bandera de la república; atrás los enemigos del orden y de la paz y los Chancos, y Garrapata y la Donjuana y Musticua prueba bien que cumplieron su consigna y de cuanto son capaces las ambiciones políticas que se ponen en juego día a día por los encargados única y exclusivamente de los bienes espirituales. Por fortuna el país los conoce bien, y la historia sabrá darles en sus páginas la colocación que merecen los que han causado males a la humanidad".⁴⁹

Respuestas como esta muestran cómo, debido a sus constantes opiniones y críticas punzantes contra la reforma educativa, Romero se convirtió en el contradictor más reconocido al que debieron enfrentarse las acciones del liberalismo radical en los Estados de la región. En efecto, el Decreto Orgánico de Instrucción Pública puso en abierta oposición a este obispo contra los radicales. Desde ese instante, este jerarca eclesiástico, en contubernio con los conservadores, inició una "cruzada de descrédito" contra el proyecto educativo radical. Para tal efecto, Romero se valdría de la publicación de pastorales, comunicados, proclamas y notas de prensa para criticar el carácter dado por los liberales a la enseñanza, la cual, según él, estaba fundamentada más en el materialismo y el sensualismo que en los principios establecidos por la religión cristiana⁵⁰.

El clero de la región, encabezado por el obispo José Romero, también fustigó a los directores de Instrucción Pública y a los pedagogos alemanes a cargo de las escuelas normales, por practicar el materialismo y atentar contra las creencias religiosas del pueblo. En carta dirigida a Karl Meisel, director de la Escuela Normal del Magdalena, le dice que no debe dejar de impartirse las clases de religión en dicho plantel, pues para Romero:

"[…] bajo cualquier punto de vista que se mire la instrucción moral y religiosa, ella es la base de los dignos procederes del hombre y con su savia eminentemente civilizadora afianza los vínculos sociales, robustece la ley, rodea de prestigio al magisterio y se consigue la paz y el sosiego público".⁵¹

Romero consideraba necesario educar y formar "el corazón de los niños a partir de los principios y la fe católica"⁵². Solo así estos podrían más tarde encargarse de llevar la nación por los senderos del porvenir. Para este prelado, la educación religiosa jugaba un papel determinante en la construcción de "los vínculos sociales", lo cual indica cómo la Iglesia se consideraba como un garante del orden social a través de su acción formativa y concienciadora⁵³. El pensamiento de Romero se basaba en los principios del Syllabus, el cual, en su apartado 48, reiteraba que:

"[…] los católicos no pueden aprobar un sistema educativo de la juventud que no tenga conexión con la fe católica ni con el poder de la Iglesia; y cuyo único objeto, y el principal al menos, sea solamente el conocimiento de las cosas naturales y los intereses de la vida social terrena".⁵⁴

Se trataba entonces de salirles al paso a las ideas del liberalismo, el cual consideraba que con la educación laica, fundamentada en la separación Iglesia-Estado y en la naturaleza distinta de ambas sociedades, se lograría una mayor libertad en la formación de un ciudadano moderno, libre de cualquier coacción de orden religioso. Lo anterior fue considerado por la Iglesia como uno de los errores en los que incurría el liberalismo, hecho también cuestionado a través de la encíclica Quanta Cura, promulgada por el papa Pío IX en 1864, la cual advertía:

"Y no contentos con apartar la Religión de la pública sociedad, quieren quitarla aun a las mismas familias particulares; pues enseñando y profesando el funestísimo error del comunismo y socialismo, afirman ‘que la sociedad doméstica toma solamente del derecho civil toda la razón de su existencia, y por tanto que solamente de la ley civil dimanan y dependen todos los derechos de los padres sobre los hijos, y principalmente el de cuidar de su instrucción y educación’. Con cuyas opiniones y maquinaciones impías intentan principalmente estos hombres falacísimos que sea eliminada totalmente de la instrucción y educación de la juventud la saludable doctrina e influjo de la Iglesia católica, para que así queden miserablemente aficionados y depravados con toda clase de errores y vicios los tiernos y flexibles corazones de los jóvenes. Pues todos los que han intentado perturbar la República sagrada o civil, derribar el orden de la sociedad rectamente establecido, y destruir todos los derechos divinos y humanos, han dirigido siempre, como lo indicamos antes, todos sus nefandos proyectos, conatos y esfuerzos a engañar y corromper principalmente a la incauta juventud, y toda su esperanza la han colocado en la perversión y depravación de la misma juventud. Por lo cual jamás cesan de perseguir y calumniar por todos los medios más abominables a uno y otro clero, del cual, como prueban los testimonios más brillantes de la historia, han redundado tan grandes provechos a la república cristiana, civil y literaria; y propalan ‘que debe ser separado de todo cuidado y oficio de instruir y educar la juventud el mismo clero, como enemigo del verdadero progreso de la ciencia y de la civilización’".⁵⁵

La Iglesia colombiana, independientemente de las características propias del país, era coherente con la posición doctrinal del alto prelado romano. Por tal razón, Romero, junto con sus coetáneos colombianos, no estaba dispuesto a perder el control que históricamente había ejercido la Iglesia sobre la educación. Por ello conminó a los clérigos de la región a luchar por la enseñanza de la "verdadera doctrina de civilización oponiendo un dique a la enseñanza oficial que dista bastante de la religiosa"⁵⁶.

Durante esta coyuntura tan compleja, el tema religioso se convirtió en el epicentro del conflicto político. Romero, al igual que los otros obispos del país, comprendió cuán necesaria era la imprenta y demostró su talento político para utilizarla, tal como lo demuestra la gran cantidad de publicaciones a través de las cuales se pretendía mostrar a la población que la Iglesia estaba empeñada en una cruzada con el objetivo de recuperar el santo derecho de educar a la sociedad. La estrategia consistía en utilizar estas publicaciones para incentivar representaciones maniqueas: en efecto, en ellas se señalaba a los radicales como enemigos de la Iglesia católica, no creyentes y propagandistas del materialismo, para lo cual pretendían valerse de las escuelas. Esta situación, de acuerdo con el obispo Romero, no traería sino la degradación de las costumbres. Se difundían discursos impresos que buscaban amedrentar a la población, advirtiéndole sobre los efectos nocivos a los que se exponía si era proclive al proyecto educativo radical: el destierro, la no celebración de sacramentos como el bautizo, el matrimonio, la extremaunción y, en el peor de los casos, la excomunión eran las sanciones con las cuales se amenazaba a los padres que se atrevieran a matricular a sus hijos en las escuelas públicas.

Sin embargo, estas amenazas del obispo no repercutieron mucho sobre una población que, además de estar dispersa, históricamente se había mostrado poco afecta al control que sobre ella pretendió ejercer la Iglesia, tal como lo demuestra la preeminencia de amancebamientos o uniones de hecho existentes para la época: "los matrimonios, que son como la base del edificio social son muy raros en las gentes del pueblo"⁵⁷. Tampoco era costumbre confirmar o bautizar a los hijos que lograban sobrevivir en medio de las condiciones adversas en las que habitaba la mayoría de la población costeña. Estas prácticas eran objeto de quejas constantes por parte de los obispos y otras autoridades eclesiásticas, quienes debían acudir a las llamadas visitas pastorales para lograr motivar a los pobladores a practicar los sacramentos, ya que estos vivían: "sin Dios ni ley, faltos de doctrina y pasto espiritual".

A ello se suma el hecho de que los padres, por lo general, no estaban acostumbrados a enviar a sus hijos a la escuela: "padres indolentes que se niegan a mandar a sus hijos a la escuela"⁵⁸. Por tanto, las amenazas del obispo Romero lograron un escaso efecto real sobre la sociedad costeña, contrario a lo que sí se logró en otras regiones como Antioquia y Cauca, en donde la Iglesia ejercía un mayor control sobre la sociedad⁵⁹.

Pero, a pesar del poco impacto social que en la práctica alcanzaron a tener las advertencias del obispo contra la población afecta al proyecto educativo radical, es necesario destacar la existencia en la costa de un discurso opositor a las reformas radicales por parte de la Iglesia, como muestra de rechazo al proceso de secularización agenciado por los liberales, el cual para Romero no traería beneficios para la población, pues según este:

"[…] los sistemas de gobierno, por más liberales y filantrópicas que sean sus instituciones, no son lo que pueden mejorar la condición social del hombre... Sin la enseñanza católica no puede haber mandatarios cuya norma y proceder sean las leyes, el porvenir y bien entendido progreso de los ciudadanos".⁶⁰

Años después, cuando ya el proyecto político radical había empezado a debilitarse, el discurso de este obispo sobre la enseñanza religiosa se mantenía incólume:

"En las repúblicas modernas el pueblo es el verdadero soberano: él pone a los magistrados para que se rijan y gobiernen la sociedad y él contribuye para todos los gastos del servicio público. De consiguiente, el pueblo tiene derecho a pedir, y ha pedido, y viene pidiendo, y pide para sus hijos la enseñanza católica, la verdadera ilustración, las verdaderas luces del saber humano".⁶¹

El discurso de Romero muestra la insistencia de la Iglesia en reclamar su derecho a intervenir sobre los asuntos educativos del país, es decir, su soberanía temporal para acceder más allá de los asuntos espirituales de los individuos, en la medida en que esta institución se consideraba, tal como lo plantea el Syllabus, con la potestad legítima de ejercer su función tutelar sobre la instrucción que recibían niños y jóvenes en las escuelas públicas.

Este discurso también evidencia que el país, para la época, fue recurrente escenario de confrontaciones entre dos poderes: por un lado, el Estado liberal, dirigido por los radicales que buscaban desarrollar sus proyectos laicizantes en varios campos, entre los cuales se destacaba la educación. Por otro lado, la Iglesia que, obedeciendo al Syllabus papal, no estaba dispuesta a renunciar a sus privilegios y reconocer la autoridad civil sobre el sistema escolar. Por lo contrario, los jerarcas colombianos asumieron en su mayoría actitudes intolerantes, tal como lo demuestran los discursos aquí analizados, que de cierta manera reproducen los postulados del llamado "Índice de errores del liberalismo". Bajo estas circunstancias sería mucho más tortuoso avanzar en el fortalecimiento del Estado nacional, el cual debió soportar no solo el debate sino también la confrontación entre el orden político y el orden religioso. Esta circunstancia, conjuntamente con otros factores como las guerras civiles entre liberales y conservadores, el conflicto con los poderes regionales, las dificultades fiscales, entre otros, terminó por socavar el proyecto radical de construir tanto una educación como un Estado de carácter laico.

En cuanto a los debates y confrontaciones entre estos dos poderes con respecto a la instrucción pública, es necesario tener presente que el caso colombiano no se puede analizar aisladamente. En efecto, este fue un escenario por el cual transitó en su conjunto América Latina. Tal como lo indica la historiadora Gabriela Ossenbach, desde el siglo XIX las contiendas en torno a la laicización de la educación han estado estrechamente relacionadas con los procesos de formación de los Estados nacionales. Ciertamente, según la autora, una vez culminó el proceso independentista, los líderes de la oligarquía criolla iniciaron la construcción de Estados independientes, lo cual implicaba vincularse a los procesos de modernización y desarrollo impulsados por el modelo capitalista del mundo occidental. Con este telón de fondo, algunos de los noveles Estados asumieron una función educadora como estrategia de cohesión y creación de consensos para salir del desorden y el retraso generados durante la justa independentista. Para Ossenbach, la posibilidad de acceder a la modernización dependía de la posibilidad de que el "Estado educador" se convirtiera en una institución fuerte que asumiera en buena forma el reto de construir una idea común de nación entre el conjunto de la población⁶². Para lograrlo, los países latinoamericanos debieron asumir la difícil tarea de desmarcarse de los esquemas mentales que los mantenían anclados al mundo hispano y cristiano, el cual precisamente representaba las fuerzas que se habían opuesto a la modernidad. En tal sentido, reitera la autora, para la nueva élite se hizo más evidente el obstáculo que representaba la institución eclesiástica, la cual, además de estar fuertemente enraizada en la sociedad decimonónica y de lo cual era necesario liberarse, controlaba en grado sumo el campo educativo. Por consiguiente, la propuesta de una educación laica era considerada como un mecanismo de emancipación que buscaba antes que todo fortalecer el poder político y material del Estado.

En tal sentido, la imposición de una educación laica en Colombia, debidamente controlada por el Estado educador, buscaba, al igual que en el conjunto de América Latina, avanzar hacia la secularización de la sociedad, al mismo tiempo que se deseaba consolidar las bases institucionales del Estado-nación. Sin embargo, como hemos observado en este apartado, la oposición desarrollada por la Iglesia y los conservadores, conjuntamente con otros factores de orden cultural, se convirtió en un obstáculo que impediría alcanzar en su totalidad el objetivo propuesto por los liberales radicales, quienes percibían que una laicización de la educación conduciría hacia una sociedad marcadamente secularizada.

Por otro lado, la oposición del clero y del conservatismo fue un fuerte impedimento para construir un Estado laico capaz de superar las arraigadas tradiciones religiosas presentes en una sociedad mayoritariamente rural. Es decir, el peso y la influencia de la Iglesia seguían siendo significativos, tal como quedó demostrado con la aparición del proyecto político de la Regeneración, que a fines del siglo XIX impondría una nueva Constitución de carácter centralista: la misma que sería proclamada "en nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad" y que en su artículo 53 establecía: "[la] Iglesia Católica podrá libremente en Colombia administrar sus asuntos interiores y ejercer actos de autoridad espiritual y de jurisdicción eclesiástica, sin necesidad de autorización del Poder civil […]". Esta situación quedaría corroborada con la firma del concordato entre el Estado colombiano y el Vaticano en 1887⁶³.

Con la llegada al poder de la Regeneración se inició un largo periodo de gobiernos conservadores y se afianzaría en Colombia la existencia de un Estado en el que el catolicismo ejercía una marcada influencia. Esto puede entenderse por el hecho de que algunos actores de la Regeneración "fueron conscientes de que la institución eclesiástica y la religión católica constituían elementos ideológicos fundamentales que no podían desestimar, máxime cuando se buscaba justificar el orden social existente por medio de las explicaciones respaldadas por leyes naturales y divinas, que la Iglesia argumentaba en defensa de sus privilegios y los de sus pares"⁶⁴.

No obstante los múltiples inconvenientes que afrontó el proyecto de laicización, los radicales siguieron adelante con la reforma educativa, tal como lo muestran las acciones implementadas para que niños y jóvenes asistieran a la escuela y para dar cumplimiento a la obligatoriedad de la educación primaria establecida en el Decreto Orgánico de Instrucción Pública. Esto generó, al igual que el tema de la educación laica, una controversia entre sus defensores y detractores, temas que serán objeto de próximos trabajos sobre la manera en que continuó presentándose la relación entre educación, religión y laicismo en el Caribe colombiano.

Pie de página

² Juan Camilo Rodríguez, "Iglesia y religión en la historia de Colombia", en Gran enciclopedia de Colombia, t. 7 (Bogotá: Círculo de Lectores, 1993), 207-228.
³ Archivo Episcopal de Santa Marta (AES), t. 90. ff. 33-35, 8 de diciembre de 1869.
⁴ Al respecto véase: Mario Madrid-Malo. Sobre las libertades de conciencia y de religión (Bogotá: Defensoría del Pueblo, 1996), 174.
⁵ Pastoral del arzobispo de Santa Fe de Bogotá Vicente Arbeláez (Bogotá: Imprenta El Tradicionalista, 2 de febrero de 1876), 6.
⁶ Al respecto seguimos las planteamientos de Pablo Richar, quien define el régimen de cristiandad como la "forma determinada de relación entre la Iglesia y la sociedad civil, relación cuya mediación fundamental es el Estado […]. En un Régimen de Cristiandad la Iglesia procura asegurar su presencia y expandir su poder en la sociedad utilizando antes de todo la mediación del Estado". Citado por José David Cortés, Curas y políticos. Mentalidad religiosa e intransigencia en la diócesis de Tunja (Bogotá: Ministerio de Cultura, 1998), 14.
⁷ Gloria Arango de Restrepo y Carlos Arboleda, "La Constitución de Rionegro y el Syllabus como dos símbolos de nación y dos banderas de guerra", en Ganarse el cielo defendiendo la religión: guerras civiles en Colombia 1840-1902, comp. Luis Javier Ortiz (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2005), 88.
⁸ "Syllabus errorum. Catálogo que comprende los principales errores de nuestra época señalados en las encíclicas y otras cartas apostólicas de nuestro santísimo señor Pío Papa IX" (8 de diciembre, 1864). Consultado el 12 de enero de 2009. http://www.filosofia.org/mfa/far864a.htm.
⁹ La relación entre Iglesia y Estado en Colombia ha sido un tema que ha ocupado la atención de los historiadores desde el siglo XIX. Un trabajo que analiza estos estudios es: José David Cortés, "Balance historiográfico sobre las relaciones Estado-Iglesia en Colombia desde la Independencia hasta finales del siglo XIX", Historia y Sociedad (Universidad Nacional de Colombia, Medellín) 18, (2010): 163-190.
¹⁰ Si bien es cierto que el decreto que reformó la educación primaria en Colombia durante el régimen federal no hace mención expresa de la educación laica sino de la neutralidad religiosa, esto en el fondo constituyó la expresión del pensamiento laico de los liberales de la época, quienes, tal como han manifestado historiadores como Jaime Jaramillo Uribe, eran del criterio de que la religión era una cuestión que pertenecía al fuero personal y privado de los individuos, así como a la familia y a la institución eclesiástica. Para estos, el Estado no debía ser confesional, ya que su función debía estar orientada a garantizar la pluralidad de cultos, así como la igualdad de derechos y de oportunidades para quienes profesaran algún culto religioso. Al respecto véase: Jaime Jaramillo Uribe, "Decreto Orgánico Instrucción Pública Nov. 1/1870". Consultado el 30 de mayo de 2012. http://www.pedagogica.edu.co/storage/rce/articulos/5_8docu.pdf
¹¹ José David Cortes, Curas y políticos. Mentalidad religiosa e intransigencia en la diócesis de Tunja. (Bogotá: Ministerio de Cultura, 1998), 235.
¹² La Iglesia católica también agenció una campaña para prohibir el uso de algunos libros considerados por ella como impíos; al respecto véase: Luis Alarcón Meneses, "Libros peligrosos, lecturas impías, prácticas y representaciones sociales sobre la lectura en el Caribe colombiano, 1870-1886", Historia y Espacio (Universidad del Valle, Cali) 38 (2012): 121-138. Del mismo autor: "Analfabetos pero republicanos. El mundo del libro escolar en el Caribe colombiano, 1857-1886", Historia y Sociedad (Universidad Nacional de Colombia, Medellín) 23 (2012): 207-241.
¹³ AES, t. 115, f. 38, mayo de 1879.
¹⁴ AES, t. 107, ff. 231-332, s. f.
¹⁵ Archivo Histórico del Magdalena (AHM), caja 15, 27 de abril de 1878.
¹⁶ AHM, caja 15, 27 de abril de 1878.
¹⁷ AES, t. 106, f. 35, 1874.
¹⁸ "La reforma en la enseñanza", El Colaborador de Santa Marta (Santa Marta) 2, 15 de abril, 1880. 12.
¹⁹ Véase: Luis Alarcón Meneses, "Maestros y escuelas normales en el Caribe colombiano durante el régimen federal", Revista Historia de la Educación Latinoamericana (Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja), 18 (2012): 155-182.
²⁰ "Informe del Director de Instrucción Pública del Magdalena", AHM, caja 6, f. 3, 1872.
²¹ Patricia Cardona, La nación de papel. Textos escolares, lectura y política. Estados Unidos de Colombia, 18701876 (Medellín: Eafit, 2007), 91.
²² Es de anotar que el proceso de secularización se dio en Hispanoamérica durante la segunda mitad del siglo XIX, periodo el cual se lograron avances significativos en la formación de Estados republicanos de corte liberal. En lo que respecta a América Latina véase: Gabriela Ossenbach, "La educación", en Historia general de América Latina. Los proyectos nacionales latinoamericanos: sus instrumentos y articulación, 1870-1930, t. VII, dir. Enrique Ayala Mora y Eduardo Posada Carbó (París: Unesco y Trotta, 2008), 429-452.
²³ Al respecto véase: Bryan Wilson, "La religión en la sociedad secular", Sociología de la religión, comp. Rolang Roberson (México: Fondo de Cultura Económica, 1980), 137-148.
²⁴ El historiador José David Cortés, en su libro ya citado (Curas y obispos, 237), aclara que a pesar de que la reforma liberal de 1870 no hace mención expresa de una escuela laica sino de una escuela neutra, en la práctica laico fue asimilado como neutro; es decir, cuando se hacía referencia a las escuelas neutras era lo mismo que hablar de escuelas laicas.
²⁵ Compartimos aquí el concepto propuesto por el historiador francés Jean Baubérot, para quien la laicización es un proyecto político y jurídico que se desarrolla a través de leyes, como efectivamente intentaron llevarlo a cabo los radicales a partir del corpus jurídico contenido en la Constitución. Véase: Jean Baubérot, "Los umbrales de la laicización en la Europa latina y la recomposición de lo religioso en la modernidad tardía", en La modernidad religiosa: Europa latina y América Latina en perspectiva comparada, comp. Jean Pierre Bastian (México: Fondo de Cultura Económica, 2004), 905-111.
²⁶ Un estudio comparativo sobre el proceso de separación de la Iglesia y en Estado en América Latina se encuentra en Enrique Dussel, Historia de la Iglesia en América Latina: medio milenio de coloniaje y liberación (1492-1992) (Madrid: Mundo Negro, 1992), 172.
²⁷ Pastoral del arzobispo, 6.
²⁸ Pastoral del arzobispo, 6.
²⁹ Véase: Gonzalo Sánchez y Mario Aguilera, Memoria de un país en guerra. Los Mil Días, 1899-1902, (Bogotá, Planeta/Iepri/Unijus, 2001), 16 y ss.
³⁰ Luis Javier Ortiz, "Guerras civiles e Iglesia católica en Colombia en la segunda mitad del siglo XIX", en Ganarse el cielo defendiendo la religión: guerras civiles en Colombia 1840-1902, comp. Luis Javier Ortiz (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2005), 59.
³¹ Al respecto véase Fernán González, "Estado e Iglesia desde la Convención de Rionegro hasta el Olimpo Radical, 1863-1878", Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura (Universidad Nacional de Colombia, Bogotá), 15 (1987): 101 y ss.
³² Un estudio sobre la repercusión de las ideas intransigentes de Pío IX en Colombia y en Latinoamérica se encuentra en John Lynch, "La Iglesia católica en América Latina, 1830-1930", en Historia de América Latina, t. 8., ed. Lesli Bethell (Barcelona: Cambridge University Press, 1991), 65-122.
³³ El arzobispo Arbeláez fue partidario del establecimiento de acuerdos entre la Iglesia y el Gobierno radical con el propósito de garantizar la continuidad de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, posición que generó el rechazo de un sector importante de los jerarcas católicos, al punto de plantearse una división dentro de la institución eclesiástica. Al respecto véase Luis Javier Ortiz, "Mitras, sotanas y fieles en la guerra civil colombiana de 1876-1877", en Memorias del XI Congreso de Historia de Colombia. Consultado el 21 de septiembre de 2011. http://relicultura.tripod.com/ponencias/luis_ortis.htm; John Jairo Marín Tamayo, "La convocatoria del primer concilio neogranadino (1868): un esfuerzo de la jerarquía católica para restablecer la disciplina eclesiástica", en Historia Crítica (Universidad de los Andes) 36 (2008, julio-diciembre): 174-193.
³⁴ De esta autor véase: Fernán González, Poderes enfrentados: Iglesia y Estado en Colombia (Bogotá: Cinep, 1997), 16 y ss. Así como: Fernán González, "A propósito de ‘Las palabras de la guerra’: los comienzos conflictivos de la construcción del Estado nación y las guerras civiles de la primera mitad del siglo XIX", Estudios Políticos (Universidad de Antioquia, Medellín) 25 (2004): 37-70.
³⁵ Citado por Arango y Arboleda, "La Constitución de Rionegro", 122.
³⁶ Arango y Arboleda, "La Constitución de Rionegro", 117.
³⁷ Pastoral del arzobispo, 10.
³⁸ Al respecto véase Ortiz, "Guerras civiles", 278.
³⁹ Ortiz, "Mitras, sotanas y fieles".
⁴⁰ Citado por Benhur Cerón Solarte y Marco Tulio Ramos, Pasto: espacio, economía y cultura (Pasto: Fondo Mixto de Cultura de Nariño, 1997). Consultado el 12 de enero de 2009. http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/pasto/parte1/cap4-14.htm
⁴¹ Al respecto véase Elisa Luque Alcaide, "La restauración de la vida católica en América Latina en la segunda mitad del siglo XIX", Anuario de Historia de la Iglesia (Universidad de Navarra, Pamplona, España) XII (2003): 71-89.
⁴² Arango y Arboleda, "La Constitución de Rionegro", 89.
⁴³ "Syllabus errorum".
⁴⁴ Citado en Isacc Montejo, Nuestro Estado social bajo el punto de vista político, moral i relijioso (Bogotá: Imprenta Gaitán, 1878), 50.
⁴⁵ Montejo, Nuestro Estado social, 60.
⁴⁶ AES, t. 119, s. f.
⁴⁷ "Syllabus errorum".
⁴⁸ AES, t. 109, s. f.
⁴⁹ "La reforma en la enseñanza", 12
⁵⁰ Al respecto véase Luis Alarcón, Jorge Conde y Adriana Santos, Educación y cultura en el Estado Soberano del Magdalena (Barranquilla: Universidad del Atlántico, 2002), 178.
⁵¹ AES, t. 105, f. 39, s. f.
⁵² AES, t. 105, f. 39, s. f.
⁵³ Alejandro Mayordomo, Socialización, educación social y clases populares (Valencia: Universitat de Valencia, 1995), 122.
⁵⁴ "Syllabus errorum".
⁵⁵ Pío IX, Encíclica Quanta Cura. Consultado el 20 de enero de 2009. http://www.filosofia.org/mfa/far864a.htm
⁵⁶ Citado en Alarcón, Conde y Santos, Educación y cultura, 178.
⁵⁷ "Informe anual del Gobernador de la provincia del Carmen", Diario de Bolívar (Cartagena), 28, 29 y 30 de julio, 1879.
⁵⁸ "Informe del director de la escuela de Tomarrazón, 1878", AHM, caja 2, l. 3. s. p.
⁵⁹ Patricia Londoño, Religión, cultura y sociedad en Colombia. Medellín y Antioquia, 1850-1930 (Bogotá: Fondo de Cultura Económica, 2002), 143-189.
⁶⁰ AHM, t. 90. s. p., 1875.
⁶¹ AES, t. 113, f. 9, 1880.
⁶² Gabriela Ossenbach Sauter, "Formación de los sistemas educativos nacionales en Hispanoamérica. La política educativa como factor de consolidación del Estado nacional, 1870-1900: el caso del Ecuador" (tesis doctoral, UNED, Madrid, 1988), 123.
⁶³ Luis Alarcón Meneses, "Católicos y patriotas: representaciones sobre las virtudes del ciudadano colombiano durante los primeros dos siglos de vida republicana", Historia Caribe (Barranquilla) 15 (2009): 86.
⁶⁴ José David Cortés Guerrero, "Regeneración, intransigencia y régimen de cristiandad", Historia Crítica 15 (1997): 2.

Bibliografía

Fuentes primarias

Archivos y bibliotecas

Archivo Histórico de Cartagena. Fondo de Prensa siglo XIX.         [ Links ]

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