Introducción

El Decreto de Áreas Naturales Protegidas (ANP) es promovido tanto por organismos internacionales como por los gobiernos nacionales como herramientas de política pública que impulsan la conservación y el funcionamiento armónico de estos ecosistemas. Desde el punto de vista ecológico, esta política de conservación ha demostrado ser eficaz (^{Selig & Bruno, 2010}); no obstante, en algunos casos, su creación ha reducido la problemática de la conservación al aislamiento de porciones de naturaleza intocada ignorando las relaciones económicas, sociales y culturales que estas guardan con las sociedades que las habitan (^{Toledo, 2005}; ^{Durand, Figueroa & Trench, 2012}).

Al menos en México, el Decreto de ANP forma parte del proyecto de adelgazamiento del Estado neoliberal y de la delegación de funciones a la ciudadanía; no obstante, en la práctica, surgen bajo esquemas de gobernabilidad que se caracterizan porque el Estado se erige como el actor central encargado de normar tanto el acceso como el aprovechamiento de estas áreas que, por su riqueza natural y cultural, se han convertido en espacios de interés público (^{Paz, 2008}, ^{Durand, 2014}). A diferencia de lo que sucede en otros países como Estados Unidos y Canadá, en México estas áreas han sido decretadas en territorios donde confluyen una o más comunidades originarias y actores sociales a diferentes escalas y con diversos intereses; de ahí que el Estado ha tenido que crear espacios y canales de participación¹ que le permitan interactuar con los actores sociales, pero siempre manteniendo su posición de "administrador" de los recursos, lo cual, a todas luces, limita la participación y la cooperación para la acción colectiva a favor de la conservación.

Los signos de deterioro ambiental que experimentan gran parte de estos ecosistemas² han conducido al impulso de algunas actividades económicas (turismo, servicios ambientales, forestería comunitaria, entre otros) que suponen ser ambientalmente compatibles con estas áreas, debido a que proveen los recursos financieros para un manejo más eficaz, al tiempo que motivan a los actores sociales a generar medidas adecuadas de conservación. Con dichas actividades, se han pretendido establecer alternativas para la conservación y el desarrollo sustentable; no obstante, muchas de estas han sido impulsadas predominantemente como una política de carácter sectorial, economicista y tomada "desde arriba" que ignora, entre otras cosas, la participación de los actores y la conformación de estructuras sociales (redes, organizaciones, vínculos) que faciliten la toma de decisiones y el aprovechamiento sustentable de los recursos.

Para algunos autores (^{Nenadovic & Epstein, 2016}; ^{Blicharska, Orlikowska, Roberge & Jurczak, 2016}), los procesos exitosos de gobernanza ambiental en territorios multi-actores como las ANP mexicanas dependen, en gran medida, de la participación de los usuarios de los recursos naturales (gobiernos, empresas, comunidades, organizaciones no gubernamentales). La gobernanza ambiental es el "espacio" social donde se construyen las leyes, las políticas y los procedimientos formales en torno al aprovechamiento de los recursos naturales, por tanto, se relaciona con quiénes y cómo se toman las decisiones y con las características de los vínculos sociales que facilitan la cooperación y coordinación de quienes participan en estas acciones. En relación con esto, algunos estudios (Glimour, Dwyer & Day, 2011; ^{Marín, Gelcich, Castilla & Berkes, 2012}) reconocen al capital social (CS) como el factor que más influencia ejerce en la construcción y fortalecimiento de las capacidades socio-organizativas, que pueden incrementar la probabilidad de una gestión colectiva y sustentable desde el punto de vista de los actores y de sus prácticas.

Dicho lo anterior, el objetivo de este trabajo es proponer algunas herramientas teórico-metodológicas para la comprensión de la estructura de las relaciones sociales en las ANP mexicanas, lo cual se supone es fundamento para el diseño de intervenciones planificadas encaminadas al desarrollo de formas de gobernanza ambiental. Para ello, se retoma la perspectiva teórica del CS con énfasis en el CS estructural (CSE), por su capacidad explicativa en relación con los vínculos de naturaleza horizontal, pero, sobre todo, es una herramienta metodológica que permite el acercamiento a las relaciones entre los actores en los distintos niveles de la estructura social.

La reflexión que se presenta se desprende de una serie de observaciones realizadas por los autores en diversas ANP del sur y centro de México³; no obstante, la intención no es establecer generalizaciones a partir del referente empírico, sino argumentar en torno a las herramientas teórico-metodológicas que pueden contribuir a la comprensión de la naturaleza de las relaciones entre los actores sociales que participan en la gestión de las ANP. Por tanto, metodológicamente este trabajo responde, por un lado, a un proceso exhaustivo de revisión bibliográfica y, por el otro, a un desarrollo de tipo inductivo donde el insumo principal fue la evidencia empírica obtenida en trabajos previos, a partir de la cual se identificaron las categorías teóricas y metodológicas que se presentan en este trabajo.

En el primer apartado se aborda la existencia del CS en la estructura de las relaciones como una condición necesaria para la conformación de formas de gobernanza ambiental. En el segundo, se señalan algunas de las problemáticas más importantes en la gestión centrando las argumentaciones en torno a la presencia de múltiples actores en las ANP mexicanas. Finalmente, en el tercer apartado se reflexiona sobre la importancia del diagnóstico del CS, particularmente, del CSE como herramienta de análisis que permite visualizar la estructura de relaciones en términos de redes sociales, de las cuales emana este recurso como requisito indispensable en los procesos de gobernanza ambiental.

1. Gobernanza ambiental y capital social

De acuerdo con Schejtman & Berdegué (2004), el enfoque territorial del Desarrollo Rural (ETDR) es "un proceso de transformación productiva e institucional en un espacio rural determinado, cuyo fin es reducir la pobreza rural" (p. 4). Esta propuesta tiene, por un lado, una naturaleza estrictamente económica que se refiere a la capacidad de los agentes y del tejido empresarial local para articular la economía del territorio. Y, por el otro, una dimensión extraeconómica que aborda los valores e instituciones locales que se van fortaleciendo en el ejercicio de los procesos de desarrollo.

Este último planteamiento apuesta por la transformación institucional como la emergencia de nuevos actores sociales capaces de generar formas alternativas de participación en la toma de decisiones y de intervención sobre los recursos del territorio (^{Rist, Chidambaranathan, Escobar, Wiesmann & Zimmermann, 2007}; ^{Abbott, Green & Keohane, 2016}); es decir, propone una transformación en la forma de dirigir el desarrollo -alejado del control jerárquico y la centralidad del Estado-, caracterizado por un mayor grado de cooperación e interacción entre los actores públicos, privados y sociales.

La transformación institucional se encuentra estrechamente ligada a procesos como la gobernanza, entendida no solo como un cambio en el sentido del gobierno sino como un proceso de participación que surge de "abajo hacia arriba" (Sánchez, Gallardo & Ceña, 2014; ^{Ojo & Mellouli, 2016}), en el cual intervienen los gobiernos en sus distintos niveles, pero también otras partes interesadas que pertenecen a la sociedad civil.

En este sentido, la gobernanza es un elemento esencial de transformación institucional para el desarrollo, sobre todo, en aquellos territorios donde la gestión de los recursos se hace más compleja a medida que convergen diversos actores sociales y se combinan la propiedad estatal, la propiedad común y la propiedad privada de la tierra (^{Ostrom, 1990}; ^{Paavola & Adger, 2005}); un ejemplo claro son la gran mayoría de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) en países como México.

En la gestión de las ANP, la gobernanza ambiental se refiere a la facultad real de los actores sociales que interactúan en un territorio para controlar el acceso y el uso de los recursos naturales y, a su capacidad de ejercer influencia en los procesos de producción y consumo a partir de su aprovechamiento (^{Brenner, 2010}; ^{Stoll-Kleemann, et al., 2006}). En décadas recientes, estos territorios han mostrado signos claros de deterioro provocados por la pobreza y la marginación de las poblaciones que las habitan; sin dejar de mencionar las políticas de desarrollo carentes de planificación y la reproducción de estructuras paternalistas que limitan la participación de los diferentes actores sociales en la gestión sustentable de los recursos naturales.

Si bien, el origen de estas problemáticas puede ser variada, lo cierto es que el debilitamiento institucional, económico, técnico y, sobre todo, organizacional y de las redes entre los actores sociales ha puesto en riesgo la conservación de los recursos naturales y las posibilidades de desarrollo de quienes los aprovechan. En este contexto, se hace cada vez más necesario el fortalecimiento de las capacidades socio-organizativas de los diversos actores involucrados, a fin de contribuir a la construcción de la gobernanza ambiental en dichos territorios.

De acuerdo con algunos autores (^{Bowles & Gintis, 2002}; ^{Natera 2001}, 2005; ^{Nunkoo, 2017}; ^{Triyanti, Bavinck, Gupta & Marfai, 2017}), esas capacidades suelen sintetizarse en la noción de CS; dicha categoría analítica es un ingrediente estructural que aumenta la probabilidad de que surjan capacidades sociales de acción colectiva en los territorios donde el Estado guarda una posición dominante en la toma de decisiones. La gobernanza ambiental requiere de ese cúmulo de virtudes cívicas y sociales disponibles en una sociedad que la hacen capaz de promover la participación de los actores sociales y la acción colectiva en los procesos sistémicos de desarrollo.

2. La gestión turística de las Áreas Naturales Protegidas en México

En México se han decretado 182 áreas naturales de carácter federal bajo distintas modalidades que, en conjunto, representan el 10,6% del territorio nacional continental y el 22,05% de la superficie marina del país (CONANP, 2018). La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) es el órgano público encargado de la administración de estos ecosistemas; no obstante, cuando se trata de acciones de desarrollo in situ, se hacen presentes otros actores sociales, entre ellos: (I) las comunidades locales, (II) cooperativas y/o empresas privadas, (III) instituciones gubernamentales, (IV) instituciones académicas. La presencia de esta amplia diversidad de actores sociales convierte a las ANP en lo que ^{Leeuwis & Van den Ban (2004)} denominan como "espacios de uso múltiple-público" (p. 18).

Particularmente, desde la perspectiva socio-organizativa, hay varias deficiencias y aspectos que no han sido suficientemente desarrollados en relación con la gestión de las ANP mexicanas (Paré & Lazos, 2003; ^{Brenner, 2010}; Brenner & De la Vega, 2014). La referencia empírica indica que gran parte de estas problemáticas deviene de la coincidencia de estos territorios con el de poblaciones campesinas e indígenas, por tanto, las instituciones no solo tienen que hacer frente a la variabilidad ecológica de estos ecosistemas sino también a la variedad cultural, a la cual se suman los altos índices de pobreza y marginación, entre otros problemas relacionados con la explotación de los recursos. Bajo este contexto y con dichas problemáticas, la participación social y la acción colectiva para la construcción de la gobernanza ambiental parece algo menor.

Si bien, la CONANP (2018) ha señalado que el 90% de las áreas decretadas cuentan con acciones de fortalecimiento de la participación social e institucional; lo cierto es que las contradicciones entre los objetivos de conservación de los recursos y los de desarrollo de las poblaciones son una constante que ha desencadenado un sin número de conflictos entre actores gubernamentales y sociales; por supuesto, sin dejar de mencionar las confrontaciones existentes al interior y entre las poblaciones que las habitan por temas relacionados con la tenencia de la tierra o los límites territoriales, por mencionar algunos.

La falta de alternativas económicas sustentables capaces de elevar la calidad de vida de la gente y de responder a las necesidades de conservación de estas áreas es otro de los aspectos que limitan la participación y la acción colectiva social a favor del desarrollo económico y social en estos territorios. En los casos donde se han logrado implementar algunas alternativas "ambientalmente compatibles" con el entorno (turismo, servicios ambientales, explotación forestal, entre otros), generalmente se han desarrollado ambientes sociales de mayor conflictividad. Pues, a la agenda de conflictos se han sumado las opiniones, intereses y acciones de otros actores sociales (instancias gubernamentales y privadas) que, ante el valor económico adquirido por los recursos naturales, intentan vincularse a las poblaciones locales para participar en la gestión y, en su caso, en el aprovechamiento de los recursos naturales de estos territorios (^{Azuela & Mussetta, 2009}; ^{Brenner, 2010}, ^{Tejeda, 2014}).

Algunos autores (^{Paré & Lazos, 2003}; ^{Brenner, 2010}) sugieren la elaboración de estudios de base que den luz sobre las dinámicas relacionales entre los actores sociales en estos territorios, a fin de visualizar las estructuras de control, los grupos marginados de los procesos en la toma de decisiones, el empoderamiento, entre otros aspectos que limitan o favorecen la toma de decisiones y la conformación de estructuras para el desarrollo de procesos de gobernanza ambiental a favor de la conservación de estos territorios.

En el caso de México, las instituciones encargadas de la gestión de las ANP han omitido el estudio de la dinámica relacional en términos de redes y sinergias de todo orden como requisito para la implementación de proyectos de desarrollo económico y social. La política pública y los programas de impulso al desarrollo han ignorado la morfología de las relaciones en el territorio, el rol de los actores, así como la naturaleza (negociación, subordinación, conflicto) y la intensidad de las relaciones (^{Lugo, 2011}), la simetría o asimetría con la que estas se presentan y la transferencia de conocimiento como herramientas para enfrentar los retos en cuanto a la legitimidad, transparencia, rendición de cuentas, desarrollo y conservación en las ANP.

Este trabajo de investigación retoma la utilidad del diagnóstico como la vía para el estudio de las estructuras de las relaciones sociales en las ANP mexicanas. La reflexión que se presenta no está propiamente encaminada al abordaje de un marco metodológico de planificación participativa; pero sí propone una reflexión en relación con los elementos teórico metodológicos que pueden apoyar en la identificación de los recursos sociales que estimulan la vinculación de los actores sociales -a nivel micro, meso y macro- en estos territorios, lo anterior resulta fundamental en la generación de estructuras de gobernanza ambiental en términos de participación social.

A pesar de la abrumadora bibliografía en torno al estudio de la conservación, son pocos los documentos en términos metodológicos que son capaces de orientar sobre la comprensión de la estructura de las relaciones en ámbitos tan complejos como las ANP. En este caso, se retoma la perspectiva teórica del CS y, particularmente, la del CSE por su capacidad para dar explicación a la naturaleza de las relaciones en el plano del actor individual y, a su vez, a la dinámica de la estructura de las relaciones en su conjunto. Para ^{Coleman (1990)}, el CS es una "herramienta" que permite realizar transiciones exitosas del nivel micro al macro social a partir de la explicación de los vínculos "verticales" y "horizontales".

Las contradicciones que se derivan del desarrollo social en las ANP mexicanas han abierto espacios de reflexión para la generación de metodologías integradas que, desde un enfoque territorial, contemplen la naturaleza de las relaciones entre los actores sociales como información fundamental para determinar las oportunidades de desarrollo de estas áreas de conservación. Es necesario el despliegue de reflexiones y propuestas metodológicas que no solo visualicen los recursos naturales y culturales comprometidos en el desarrollo sino también orienten sobre las características y capacidades de los agentes locales que participan en este proceso.

Para el caso mexicano, se reflexiona sobre el tipo de actores y recursos sociales que pueden incentivar la conformación de estructuras sociales con capacidad para transitar de una gestión de los recursos naturales basadas en estructuras de gobernabilidad a otras fundamentadas en procesos de gobernanza ambiental.

3. La dinámica relacional en las ANP mexicanas

3.1. Mapeo de los actores sociales

Los actores sociales que convergen en las ANP desempeñan un papel crítico en la gobernanza ambiental de estos territorios⁴. El diagnóstico social de las ANP debe incorporar el "mapeo" de los agentes involucrados que están directa e indirectamente en la gestión de estos territorios. Lo anterior tiene implicaciones interesantes, pues da cuenta de la naturaleza (local, estatal, nacional) de los actores sociales y su incidencia sobre el territorio, de las lógicas de acción predominantes (individual/colectiva) y provee de un panorama superficial de la dinámica relacional (conflictos, alianzas, relaciones de cooperación, etc.) presente en estos espacios sociales.

Se observa que los actores sociales en las ANP operan en diferentes niveles de la estructura de las relaciones, su mapeo puede darse en un nivel micro que incluye las relaciones de los individuos en sus grupos primarios (familia, integrantes de la comunidad); en un nivel meso donde se encuentran aquellos grupos, redes sociales o asociaciones que trascienden el ámbito comunitario (^{Moyano, 2008}; ^{Brenner, 2010}). Y, finalmente, las relaciones que se establecen en el nivel macro, las cuales comprenden la cooperación entre instituciones públicas o privadas (figura 1).

Fuente: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 2017.

Figura 1 Distribución de las ANP federales en el territorio mexicano. 

Además de su ámbito de operatividad, también pueden ser clasificados en función de su acción sobre el territorio. Es vital la identificación de los actores a nivel micromeso, debido a que su acción "local" es amplia y tienen mayor influencia sobre los procesos económicos, políticos y sociales (^{Alonso, 2004}). No obstante, el mapeo de los actores sociales no debe limitarse a los que tienen presencia material en el territorio; por el contrario, se debe contemplar aquellos cuya influencia no solo es local, sino también regional, nacional e internacional y que, aunque se reproducen en otros ámbitos, inciden activamente en la toma de decisiones a nivel local.

El ámbito de acción de los actores sociales se encuentra vinculado, a su vez, con una lógica de acción específica, la cual es indicador de la probabilidad de establecer acciones individuales/colectivas y estructuras de gobernanza incluyentes/ excluyentes que beneficien o perjudiquen a los interesados (figura 2). Así, cuando dominan los intereses personales sobre el aprovechamiento de los recursos naturales se está frente actores locales que actúan bajo una lógica individual, lo cual deriva en diversas formas de apropiación y control de los recursos. De acuerdo con algunos autores (^{Alonso, 2004}; ^{Beritelli, 2011}), el dominio de la lógica individual debilita las posibilidades de establecer redes de participación y de toma de decisiones colectivas, lo que propicia el surgimiento de diferentes formas de "clientelismo", de dominación y control sobre los recursos naturales. En cambio, cuando la acción de los individuos funciona a partir de aspectos como la solidaridad, la toma de decisiones en conjunto y la construcción de objetivos en común, se está frente a una lógica colectiva (^{Valencia, 1990}; ^{Melucci, 1996}).

Fuente: elaboración propia con base en ^{Berkes (2007)}.

Figura 2 Ejemplo de la estructuras de las relaciones en un ANP 

Los actores locales también se encuentran vinculados con una lógica pública, que en términos no jurídicos se refiere a aquella que tiende a privilegiar el acceso abierto y visible de los recursos para todos (^{Rabotnikof, 2008}); de alguna forma esta lógica remite a la acción del Estado. Aunque en un Estado capitalista como el que impera actualmente, las reglas en torno al aprovechamiento de lo "público" generalmente sirven a aquellos que tienen poder para imponerlas.

En el mapeo de los actores, lo importante es visualizar quiénes son los actores sociales y cuál el ámbito y lógica de acción predominante en relación con su participación en la gestión de las áreas. En el aprovechamiento de las ANP mexicanas, los actores que privilegian la esfera de los intereses individuales son las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas que prestan servicios con fines comerciales, principalmente, a partir de actividades como el turismo o la forestería. Existen otro tipo de organizaciones que no actúan propiamente bajo una lógica individual ni empresarial. Por ejemplo, las organizaciones ejidales y comunales o las cooperativas de producción primaria que, ante la crisis agrícola, han adaptado sus estructuras organizativas para el desarrollo de otras actividades productivas.

La lógica colectiva también se hace presente por medio de la participación de organizaciones no gubernamentales (ONG). La gestión estatal de estas áreas se encuentra apoyada por la presencia de diferentes ONG internacionales⁵ y nacionales⁶, la cuales actúan de manera conjunta con los actores locales para presionar al gobierno respecto de la elaboración de marcos normativos para el desarrollo de actividades sustentables (^{Damoulin & Rodary, 2005}; ^{Dumoulin, 2007}). No obstante, al presentarse ante la sociedad como verdaderas multinacionales de la conservación, ponen en entre dicho la autenticidad de sus objetivos colectivos⁷.

Finalmente, también se reconocen aquellos actores orientados por una lógica pública, en el caso de las ANP mexicanas, el Estado -por medio de sus diferentes niveles de gobierno- es el agente protagónico en la gestión del interés colectivo en estas áreas. Las instituciones gubernamentales encargadas de su administración, generalmente, lo hacen bajo un enfoque centralista y sectorial (^{Caravaca & González, 2009}, ^{Brenner, 2010}, 2014).

Con esta lógica de acción también se encuentran vinculadas las universidades, centros de investigación y de transferencia tecnológica. Su presencia resulta importante cuando se trata de la búsqueda de alternativas a las diversas demandas relacionadas con el desarrollo socioeconómico de estos territorios. El "mapeo", como parte de proceso metodológico para el diagnóstico de la estructura de las relaciones sociales, permite identificar a los actores en sus múltiples niveles de acción; es necesario prestar atención a la diversidad de agentes que participan en estos territorios para evitar considerarlos como entidades homogéneas y autocontenidas (^{Nygren, 2005}).

De manera general, estas son las clasificaciones que en un ANP pueden contribuir a visualizar el escenario social, por supuesto, la diversidad de actores también está en función de la categoría en la que esté considerada el área de estudio, los intereses políticos y económicos vinculados al territorio en cuestión.

3.3. El capital social estructural (OSE): la estructura de las relaciones

Se reconoce que los actores sociales en una ANP cuentan en sí mismos con recursos (información, experiencia, económicos, sociales, entre otros) que incentivan las relaciones bajo condiciones socio estructurales similares. No obstante, la complejidad social de territorios como las ANP mexicanas exige que el análisis de la dinámica relacional vaya más allá de las relaciones entre individuos y organizaciones locales, con la finalidad de comprender también la red de relaciones sinérgicas a nivel vertical.

La definición estructural de capital social se deriva de los trabajos de ^{Bourdieu (1995)} y ^{Coleman (1990)}, quienes lo conceptualizan como el conjunto de recursos disponibles⁹ para el individuo derivados de su participación en redes sociales, que facilitan la consecución de objetivos colectivos. A diferencia del enfoque cognitivo y relacional (^{Putnam, 1993}; ^{Fukuyama, 1999}), el estructural se centra en el capital social que se genera y se acumula en las redes sociales entre grupos en iguales o disímiles posiciones económicas o políticas (^{Sabatini, 2009}; ^{Rostila, 2010}). En el CSE, las relaciones son vistas en términos de enlaces y como estrategias de comunicación, transmisión de información y aprendizaje, pero también representan estructuras de poder orientadas hacia la institucionalización de las relaciones grupales.

A manera de referencia empírica, las ANP mexicanas se caracterizan por el alto involucramiento de las instituciones gubernamentales -debido a la asignación de recursos financieros o humanos, ejecución, coordinación y control de acciones-, las cuales regularmente mantienen una política tradicional de conservación que ha mostrado ser poco eficaz (^{Barkin, 2000}; ^{Zizumbo, Cruz, & Vilchis, 2012}; Zizumbo, 2013). En este caso, el CSE se convierte en un importante instrumento para el diagnóstico de la sinergia organizacional, es decir, de las relaciones de cooperación, negociación y de confrontación de intereses entre instituciones y, entre estas y otros grupos de actores sociales de distintos niveles (micro-meso-macro).

La gobernanza ambiental es el espacio en el cual se construyen las leyes, las políticas, las regulaciones, los procedimientos formales y los códigos de conducta que inciden en la conservación y el aprovechamiento de los recursos en estos ecosistemas. Por tanto, la gobernanza se relaciona con quiénes y cómo se toman las decisiones, pero aún más con las características de los vínculos sociales, que facilitan la coordinación y la cooperación para el beneficio mutuo de los actores sociales. De acuerdo con ^{Bowles & Gintis (2002)}, estas características incluyen redes, normas sociales de reciprocidad y confianza, las cuales, si se usan de manera positiva, incentivan la acción colectiva para lograr un cambio del modo de gobernanza jerárquica a uno basado en redes de relaciones horizontales.

De manera general, las redes cumplen un rol particular, si bien el CSE no es sinónimo de redes sociales, sin estas no puede generarse este tipo de CS. El estudio del CSE en las ANP puede contribuir a la comprensión formal de las redes de relaciones y de los recursos (confianza, solidaridad, conocimiento, información, entre otros) que de ellas emanan. Este tipo de capital da cuenta de los enlaces efectivos entre individuos (bonding social capital) de una misma comunidad; no obstante, su potencial radica en su capacidad explicativa en torno a los vínculos extralocales, es decir, entre comunidades y grupos conformados a nivel regional (brindging social capital) y entre estos y los organismos gubernamentales y no gubernamentales a nivel nacional e incluso internacional (linking social capital) (^{Grafton, 2005}).

En términos de gobernanza ambiental, este tipo de capital no solo puede evidenciar las relaciones efectivas¹⁰ entre diferentes actores sociales y a distintos niveles de la estructura social; sino también cumple un rol importante en la comprensión de las relaciones de conflicto, cooperación, alianza y de las situaciones que las provocan. Por tanto, el CSE es una herramienta metodológica que permite dimensionar el esquema relacional de un territorio en términos formales, identificando pautas de interacción, influencia, subordinación, accesibilidad y conectividad entre los actores que componen una red de relaciones (nivel horizontal) y, entre estos con actores de niveles superiores (nivel vertical).

Para el estudio del CSE se han propuesto algunas características formales significativas que pueden desglosarse en posibles variables operativas y que son susceptibles de contraste empírico. Por ejemplo, la intensidad relacional, la cual encuentra su expresión en la direccionalidad de las relaciones, la frecuencia y los tipos de lazos que se establecen entre los actores sociales.

La direccionalidad es pertinente en la medida que indica si las relaciones en la red son de reciprocidad, de autoridad/ poder, conflicto o de tipo instrumental (^{Natera, 2001}; ^{Granovetter, 1982}); esto da la pauta para conocer la influencia que ejercen unos actores sobre otros acerca del tipo de aprovechamiento que se hace de los recursos naturales en estas áreas. Salvo muy escasas excepciones, la mayoría de las ANP se han convertido en espacios altamente conflictivos donde la direccionalidad de los vínculos entre los actores públicos y privados denotan la existencia de relaciones paternalistas y clientelares (^{Paz, 2008}; ^{Brenner, 2010}), más que en procesos autogestivos y democráticos.

En el diagnóstico del CSE, la centralidad es también un indicador importante debido a que permite identificar aquellos actores que están bien "conectados" en su entorno local y extralocal y que, por tanto, influyen en las decisiones en torno al aprovechamiento de las ANP. En este sentido, la sociedad debe ser vista como un mercado en donde la gente intercambia toda clase de ideas y bienes en la búsqueda de sus intereses y en donde los actores sociales, que son los productores y consumidores de cierto tipo de capitales, establecen relaciones que colocan a algunos como los actores dominantes en la escena de la estructura social (^{Coleman, 1990}; ^{Bourdieu & Wacquant, 1992}; ^{Putnam, 1993}). Siguiendo lo anterior, la centralidad es indicativo del grado de disparidad en los vínculos, la desigual distribución del poder entre los actores y la ventaja o desventaja que tienen algunos sobre otros en la esfera del aprovechamiento de los recursos.

En México, la centralidad de los organismos gubernamentales en la toma de decisiones en torno a la gestión turística de las ANP ha limitado el aprovechamiento de estos ecosistemas por parte de otros actores sociales. La CONANP ha creado algunos espacios de participación, tales como los consejos técnicos asesores, los subconsejos, los comités promotores, entre otros que, aparentemente, actúan como órganos de negociación de intereses entre la sociedad y el Estado. No obstante, algunos estudios de caso demuestran que desde su creación estos consejos surgen como órganos reducidos a la mera posibilidad de emitir "sugerencias", por tanto, dan lugar a procesos de exclusión interna que refuerzan las inequidades al interior de las ANP (^{Peterson, 2011}; ^{Durand, Figueroa, & Trench, 2012}).

La perspectiva estructural permite analizar el capital social en términos de modelos de relaciones sociales que vinculan a los actores sociales individuales y colectivos por medio de redes que evidencian el intercambio de formas de CSE tales como la información, conocimiento, las obligaciones de reciprocidad, confianza, entre otros. Siguiendo en el plano metodológico, dicho enfoque implica la representación sistemática de los vínculos entre actores como redes; por tanto, utiliza las herramientas derivadas de la teoría de los grafos (direccionalidad, centralidad, etc.) para comprender los patrones de relación de los vínculos. La metodología exige la aplicación de diferentes técnicas de investigación cualitativa (entrevistas a profundidad, grupos de enfoque, historias de vida, entre otros) y cuantitativa (cuestionario) que generen los datos primarios que permiten esbozar un primer acercamiento a la estructura de las relaciones en territorios socialmente tan complejos como las ANP (figura 3).

Fuente: elaboración propia a partir de ^{Wasserman & Faust (1994)}, ^{Wellman (2000)}.

Figura 3 Elementos de análisis del Capital Social Estructural (OSE) 

Este enfoque desecha la importancia de las relaciones en términos de calidad, pero permite diagnosticar el capital social en función de la conectividad entre los actores sociales, su accesibilidad a la información, a los recursos y al poder y, a la posición que este tipo de CS concede a los actores en la estructura de las relaciones para la consecución de los objetivos individuales pero, sobre todo, colectivos.

Conclusiones

A lo largo de esta reflexión, se presenta el capital social como un proceso interactivo que facilita la cooperación individual y de grupo, así como la organización de instituciones a escalas diferentes; por tanto, en este trabajo se plantea la existencia necesaria de capital social en sus diferentes facetas como prerrequisito para la conformación de estructuras de gobernanza ambiental a favor de la gestión descentralizada de las áreas de protección, particularmente, de las ANP mexicanas.

Este trabajo propone el estudio de la dinámica relacional en dichos territorios catalogados como socialmente complejos, debido a la diversidad de actores sociales cuyos intereses convergen en estas áreas de conservación. Se retoma, particularmente el estudio del CSE, por su capacidad explicativa en relación con la naturaleza de las relaciones entre los actores de diferentes niveles (micro-meso-macro) de la estructura social. Es considerado como una de las principales herramientas para el diagnóstico de la estructura de las relaciones en la gobernanza ambiental de las ANP, debido a que permite mirar la complejidad del territorio en términos sociales; es decir, reconoce la interacción de múltiples agentes, pero no necesariamente en términos lineales y positivos. Por tanto, este tipo de capital social permite describir dichos territorios como una arena de relaciones de conflicto, de poder, de resistencia, de subordinación, de cooperación y de intercambio de recursos (información, recursos económicos, innovación, entro otros).

El estudio del CSE se apoya en otras herramientas metodológicas de tipo cualitativo, pero, sobre todo, cuantitativo (enfoque de redes y sus herramientas metodológicas) a partir de las cuales se genera información valiosa respecto a los patrones de vinculación entre los actores sociales que, en definitiva, se apoyan en el estudio del territorio como espacios de múltiples demandas, objetivos y valoraciones.

La reflexión se torna importante en la medida que las ANP requieren, de manera urgente, que se genere un cambio en las formas de gestionar los recursos: de la gobernabilidad a otra fundamentada en procesos de gobernanza ambiental.

Particularmente, en las ANP mexicanas se hace cada vez más necesaria la implementación de formas de gobernanza ambiental más eficaces y socialmente más equilibradas; por tanto, es indispensable la generación de conocimiento del territorio en términos sociales, culturales y políticos a fin de alcanzar análisis más integrales.

Retomando a ^{De Castro, Hogenboom & Baud (2015)}, "las interacciones sociales son el motor de la gobernanza ambiental" (p. 27). En la medida que las ANP sean visualizadas como espacios políticos de relaciones dinámicas y variadas, podrán generarse ciertas adaptaciones institucionales -tales como el reescalamiento de la gobernanza ambiental al nivel local- que permitan transformar las estructuras de gobernanza ambiental para contrarrestar los procesos predominantes de "cooperación" y "participación" verticalistas existentes en la mayoría de las ANP mexicanas.