Metodología: entre la revisión académica y la etnografía colaborativa

Para iniciar este artículo se realizó una revisión académica de los estudios en antropología y sociología jurídica, con dos variables clasificatorias. La primera fue lo étnico representado en los pueblos indígenas comunidades negras que habitan geográficamente -en un primer momento- el norte del Cauca, para en un segundo orden geográfico vincular el departamento del Cauca y el Suroccidente colombiano, y así dar paso a una tercera escala sobre los estudios de carácter nacional.

La segunda variable fueron los estudios sobre el conflicto armado desde lo nacional, que vinculan las situaciones de confrontación en lo local, como es el departamento del Cauca, incluida la subregión nortecaucana y las publicaciones que relacionan los conflictos y lo étnico en los territorios, teniendo presente que "[...] fenómenos en disputa interpretativa, abogando por unas ciencias sociales, humanas y culturales críticas, descolonizadoras, que busquen desde las vivencias, experiencias emergentes y disidentes de las víctimas, la construcción de memorias dignificantes, de humanización y de una justicia histórica integral" (^{Arboleda, 2019}, p. 94).

En general, la mayoría de los trabajos referenciados sobre lo étnico y el conflicto muestran una interacción con las comunidades étnicas o los actores armados que hacen parte de procesos de paz, exponiendo cómo la antropología y la sociología como disciplinas académicas, necesariamente llevan a la realización del trabajo de campo, sea este extenso o reducido en el tiempo, pues lo central es recolectar la información en sitios de tensión y confrontación como son los territorios al norte del departamento del Cauca.

Desde la antropología latinoamericana se ha construido de manera metodológica la etnografía colaborativa, en la cual se hace ruptura con la mirada del observador y del nativo, para dar paso a una propuesta de diálogo intercultural entre el investigador y la comunidad, en una relación de reciprocidad en la que se complementan, por ejemplo, en procesos reivindicativos o de derechos fundamentales que pueden terminar en publicaciones, informes, ponencias y acciones colectivas:

Se convoca a asumir a la etnografía como narrativa, como proceso y como experiencia. Y al autor como un ente implicado, lo cual abre la posibilidad de desconfiar y rechazar las formaciones discursivas dominantes y sus efectos, apareciendo entonces en un primer plano la voz de las personas, los colectivos o comunidades, que, al no ser considerados como simples objetos de conocimiento sino como sujetos con voz, con presencia, con sus deseos y proyectos propios. (^{Katzer et al., 2022}, p. 13)

Con la etnografía colaborativa y comprometida se estaría construyendo una metodología incluyente y de apoyo mutuo entre los actores del proceso investigativo, que deja de lado las jerarquías, donde la perspectiva horizontal predomine en el trabajo de campo. Para la sociología este tipo de metodología se rememora con la investigación acción participativa (IAP) que, para el contexto no solamente colombiano sino también latinoamericano, Orlando Fals Borda, uno de sus impulsores, en palabras de ^{Mejía (2022)}: "Irá encontrando en Fals, a través de la participación, un núcleo de pensamiento que da forma a la Investigación Acción Participante [...] dará lugar a la necesidad de reconocer al observador como parte del mundo que se investiga" (pp. 48-49).

La etnografía colaborativa y comprometida como la investigación acción participante plantea la relación equilibrada entre los investigadores y las comunidades, con la pretensión de la transformación social; se pueden nutrir recíprocamente no solo desde lo disciplinario, antropológico y sociológico, sino también para las distintas ciencias sociales, y más aún, para otras disciplinas que se encuentran en diferentes espacios académicos, convirtiéndose en métodos transdisciplinarios para impulsar los cambios sociales en lo local y lo regional: "Sin renunciar a los anhelos de horizontalidad y reconociendo las 'distintas asimetrías que nos vinculan a los diversos/as interlocutores/as' en campo [...] las posibilidades de la investigación-acción-participativa con las propuestas más contemporáneas de las etnografías colaborativas" (^{Parody, 2022}, p. 199).

En ese sentido, en el presente documento se vinculó al profesor Orlando Fals Borda, como sociólogo que llevó a cabo su propuesta metodológica de la IAP con los campesinos del país, junto a antropólogos como Jaime Arocha y Nina S. de Fredemann, por los estudios de los pueblos negros desde la etnografía con cierto compromiso social. Lo llamativo es que parte de las investigaciones fueron realizadas en zonas de conflicto armado, en las que las tensiones se han aumentado con el tiempo, por lo cual realizar estudios sociológicos y antropológicos en los territorios es un desafío y son las mismas comunidades las que garantizan la realización de las investigaciones, por eso los estudios tienen que ejecutarse al realizar una ruptura con el formalismo metodológico, es decir:

[...] ser etnógrafos de la violencia, en la metodología empleada no orienté mi ejercicio etnográfico por una búsqueda de eventos o personas [...] en lugar de eso busqué comprender contextos, dinámicas, lógicas y relaciones que me permitieran identificar narrativas, o su ausencia. (^{Sánchez, 2020}, p. 106)

Antropólogos jurídicos en el estudio de la diversidad indígena y negra nortecaucana

El departamento del Cauca tiene una particularidad que lo diferencia del resto de Colombia: su diversidad cultural. Allí se hallan diez pueblos indígenas según el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), "se encuentran los siguientes pueblos: el pueblo nasa, yanacona, kokonuko, eperara siapidara, misak, kisgo, ambalo, inga, totoró y polindara" (^{CRIC, 2020}, p. 3), dos de los cuales son significativos en población y acciones reivindicativas, como lo es el pueblo nasa, que se ha caracterizado por pasar sus acciones de protesta desde lo local a lo nacional, y el pueblo Misak, que ha realizado acciones simbólicas representativas en Bogotá, Cali y Popayán; a ellos, se suman las poblaciones negras que se dividen geográficamente entre quienes pueblan la zona andina y los que habitan el litoral Pacífico y las comunidades campesinas que están transversalmente en la cordillera, las planicies y el litoral del departamento.

Una de las primeras investigadoras en realizar estudios sobre los pueblos indígenas y sus prácticas regulativas en el departamento del Cauca, en relación con la especialidad de la antropología jurídica, es la investigadora Esther Sánchez Botero que, en una de sus publicaciones expone la identidad cultural de los nasa (paez):

[...] los paeces, además de gozar de elementos culturales característicos, se ven a sí mismos como parte de una comunidad diferente, que debe ser conservada como tal [...] ha sido el motor que los ha impulsado a fortalecer y mantener vivas sus instituciones sociales, políticas y jurídicas que, no obstante haber sido influidas por la sociedad mayoritaria, no han dejado de ser auténticas. (^{Sánchez Botero, 2008}, p. 127)

Esta abundante diversidad de pueblos indígenas, con sus múltiples culturas y sistemas normativos propios, ha inspirado el desarrollo de un concepto clave en la antropología jurídica y, más recientemente, en la sociología jurídica: el pluralismo jurídico. Este concepto ha ganado prominencia tanto en entornos académicos como sociales, los estudiosos en antropología jurídica afirman que el pluralismo jurídico varía según el contexto y no es uniforme, la antropóloga jurídica Sally Engle Merry "se convirtió en una de las principales voces de la antropología y el enfoque etnográfico de la investigación sociojurídica" (^{Goodale, 2021}, p. 5), al plantear un pluralismo jurídico clásico y otro referenciado como nuevo:

La investigación sobre las sociedades coloniales y postcoloniales produjo una versión del pluralismo jurídico al que denomino clásico [...] las intersecciones entre los derechos europeo y nativos [...] aplicar el concepto de pluralismo jurídico a las sociedades no colonizadas, especialmente a los países industrializados de Europa y Estados Unidos [...] que yo llamo pluralismo jurídico nuevo. (^{Merry et al., 2007}, p. 95)

Estos diálogos en la antropología jurídica, particularmente en la tradición anglosajona, también captaron la atención de la profesora Esther Sánchez. En su tesis doctoral, ella abordó el concepto de pluralismo jurídico, clasificándolo efectivamente en varias categorías: "El pluralismo jurídico de hecho es una representación diseminada, antidogmática [...] que se manifiestan en variedad de normas y procedimientos en un mismo espacio sociopolítico, estos distintos derechos se ven intervenidos siempre por conflictos y/o consensos" (^{Sánchez Botero, 2007}, p. 125), y el pluralismo jurídico legal oficializado para los pueblos indígenas, que es cuando el Estado reconoce las prácticas y cosmovisiones del derecho propio de las comunidades.

En la teoría crítica del derecho que se expone desde el contexto latinoamericano, se recoge el concepto de pluralismo jurídico para promover su carácter emancipatorio, y no solamente comprender los fenómenos de transformación que ocurren en la región, sino convertirse en un soporte de la teoría y la práctica para esa transformación:

La propuesta de juridicidad descolonizadora pensada para el siglo XXI, se sustenta en un tipo particular de pluralismo, capaz de reconocer y legitimar normatividades extra e infra-estatales, generadas en virtud de las carencias y las necesidades fundamentales provenientes de nuevos sujetos sociales, y de captar las representaciones legales de sociedades emergentes en procesos de descolonización [...] se configura por un tipo específico de pluralidad jurídica -abierta, participativa, democrática e intercultural-, y que es síntesis de todos los intereses cotidianos, individuales y colectivos. (^{Wolkmer, 2017}, p. 202)

Es crucial destacar que Esther Sánchez es reconocida como una pionera entre los principales referentes académicos en el campo de la antropología jurídica. Sus contribuciones, tanto en el ámbito académico como profesional, así como sus consultorías para la Corte Constitucional y otras instituciones estatales sobre diversidad cultural y jurídica, están firmemente arraigadas en la academia antropológica. Entre las sentencias recientes se encuentra la T-072 del 2021, en la cual expone sus conceptos y argumentos desde el Estado social de derecho: "[para] la comprensión intercultural en el ámbito del pluralismo jurídico, se torna imperativo fortalecer los principios constitucionales que edifican el Estado social de derecho, a través de ajustes concertados que conlleven a una mayor igualdad para los pueblos indígenas" (Corte Constitucional, T-072, 2021), que además sus publicaciones, han posibilitado la visibilización de los diferentes pueblos indígenas, en especial los que se encuentran en el departamento del Cauca.

Siguiendo la línea de la antropología jurídica que investiga a los pueblos originarios, Herinaldy Gómez, antropólogo y exprofesor de la Universidad del Cauca, ha explorado en una publicación reciente cómo diversos grupos indígenas han mantenido sus propios sistemas de justicia durante siglos. Dichos sistemas han permitido resolver conflictos, fomentar la convivencia y demostrar la eficacia de los pueblos ancestrales en la gestión de sus diferencias

[...] porque en muchos pueblos indígenas la prevención, regulación y tratamientos de conflictos intraétnicos se realizó durante varias centurias, de acuerdo con reglas, normas, procedimientos, usos y costumbres propias y al margen, contra o desarticuladamente del derecho colonial y, más aún, del republicano. (^{Gómez, 2015}, p. 19)

En ese sentido, el investigador Herinaldy Gómez ha destacado en sus numerosas publicaciones sobre la cosmovisión espiritual nasa, y ha sido reconocido por su labor en peritaje antropológico en el ámbito judicial. Recientemente, participó como experto en un caso relevante que involucró a Feliciano Valencia, un líder nasa del norte del Cauca. Su especialización en antropología jurídica fue fundamental para esclarecer aspectos clave del caso ante la Corte Suprema de Justicia: "[...] destaca la forma cómo la comunidad nasa está organizada para investigar los hechos anómalos y cómo reconstruye la memoria de lo acontecido, los procedimientos o rituales de resarcimiento o armonización, aspectos que dilucidó el antropólogo e investigador José Herinaldy Gómez" (Corte Suprema de Justicia, Sentencia SP9243, 2017).

Así mismo, estudios como el de Tlou Maggie Masenya sugieren que estos sistemas, arraigados a las cosmovisiones y prácticas culturales de las comunidades indígenas, ofrecen mecanismos adaptados a sus contextos sociales y espirituales, que a menudo difieren significativamente de los enfoques occidentales de justicia. Sin embargo, la efectividad de estos sistemas tradicionales se ve frecuentemente obstaculizada por la falta de políticas gubernamentales claras, "la ausencia de una política clara en la aplicación del sistema indígena de resolución de conflictos es un factor limitante, aunque estos sistemas son efectivos para resolver conflictos, construir la paz y promover la solidaridad social entre las comunidades indígenas" (Masenya, 2021, p. 16).

Lo anterior muestra cómo la antropología jurídica no se ha limitado a lo teórico, sino que ha entrado en las esferas judiciales con el peritaz-go, cuando de pueblos indígenas se trata, teniendo a Esther Sánchez y Herinaldy Gómez como los primeros consultados por parte de las altas cortes colombianas. Precisamente, el mismo Gómez planteó que los pueblos indígenas históricamente han sido invisibilizados, posibilitando que sus cosmovisiones se mantuvieran al margen, entre ellas, lo relacionado con lo que desde occidente se denomina el campo jurídico, este desconocimiento cultural llevaría a un paralelismo jurídico por parte de los pueblos indígenas que hasta la actualidad se mantiene: "[...],algunas formas de justicia indígenas persistieron gracias al paralelismo jurídico, generado de hecho y no en derecho [...] muestra que el Estado colombiano no ha tenido el monopolio del derecho o siquiera la capacidad de regular aquellos otros derechos" (^{Gómez, 2016}, pp. 220-221).

Los antropólogos jurídicos han demostrado un compromiso notable con los pueblos indígenas, particularmente con aquellos que han llevado a cabo intensas acciones de reivindicación colectiva. Entre estos se destacan los nasa, conocidos por su larga trayectoria de lucha étnica. Este grupo étnico se ubica principalmente en el centro y norte del departamento del Cauca, abarca desde las elevadas zonas de páramo hasta las áreas más llanas y fértiles del valle del río Cauca, situadas en la cordillera Central. El profesor de la Universidad Nacional de Colombia, Rosembert Ariza, sociólogo, abogado y doctor en sociología jurídica -aunque en la práctica se ha destacado más en el campo de la antropología jurídica-, ha realizado investigaciones sobre los pueblos indígenas desde una perspectiva del pluralismo jurídico reconociendo el papel de la jurisdicción especial indígena y las prácticas de castigo al interior de las comunidades: "[...] un sistema cultural, una trayectoria histórica, una formación jurídica y una configuración política; vale decir, son sistemas jurídicos que dependen de sus propios sentidos de espiritualidad, resistencia, justicia y autonomía" (^{Ariza, 2020}, p. 91).

La labor de Rosembert va más allá de sus publicaciones y el aseso-ramiento a instituciones estatales o el peritaje antropológico. Se distingue por su firme compromiso con las causas de los pueblos indígenas, mantiene una presencia constante en el campo y visita a diversas comunidades, particularmente a los nasa del norte del Cauca. Su enfoque metodológico se alinea con lo que los antropólogos contemporáneos denominan etnografía colaborativa, y lo que sociólogos de los años 70, como Fals Borda, llamaron Investigación Acción Participante.

En uno de sus artículos coescrito con Bryan Vargas, abordan una de las reivindicaciones más destacadas del pueblo nasa: la liberación de la madre tierra. Este trabajo comienza con una descripción detallada del trabajo de campo realizado en el norte del Cauca:

Este texto retoma elementos del trabajo de campo realizado en los resguardos Munchique Los Tigres, Huellas-Caloto y Canoas, además del acompañamiento a los procesos de liberación de la madre tierra en las Haciendas La Emperatriz y Vista Hermosa, ubicadas en el municipio de Caloto, Cauca. (Vargas & ^{Ariza, 2020}, p. 205)

La última publicación del profesor Rosembert fue sobre la relación de lo étnico y el territorio como víctima del conflicto armado, expuso cómo el conflicto afecta la armonía entre los territorios y las comunidades que lo habitan: "Para los pueblos indígenas, las muertes violentas del conflicto armado no solo interrumpen los ciclos naturales de la vida individual, sino que también alteran los lugares que se habitan, generando así procesos de 'la mala muerte'" (^{Ariza & Vargas, 2023}, p. 20).

Del mismo modo, los autores Llano y Velazco señalan que la Corte IDH ha sido reiterativa al indicar que "en caso de haber conflicto de propiedad entre quienes consideran la tierra como un negocio y los indígenas que la determinan como espacio de reproducción cultural y de subsistencia, deben prevalecer las pretensiones de los pueblos indígenas" (^{Llano & Velazco, 2023}, p. 412). Este enfoque jurisprudencial prioriza los derechos humanos y culturales por encima de los intereses comerciales, sin embargo, en Colombia las actividades de explotación mineral han prevalecido generando en una gran proporción problemas en los territorios: "Las afectaciones a la diversidad cultural y biológica por medio de actividades extractivistas como la agroindustria o la minería a media y gran escala, entre otras, han impactado las poblaciones indígenas que están asentadas en territorios" (p. 405).

En lo respectivo a los estudios de comunidades negras, los aportes de antropólogos como Jaime Arocha, parten desde estudios sobre sus orígenes en África, el proceso esclavista, de resistencia en los palenques, del mantenimiento y adecuación de sus costumbres a las transformaciones de la sociedad nacional y las instituciones públicas: "[...], baldíos coloniales habrían operado como áreas de cimarronaje, dentro de los cuales cautivos y cautivas se habrían opuesto a la sujeción, y de esa manera habían originado territorialidades muy particulares [...] reforzaría la hipótesis [...] de las luchas afrocolombianas" (^{Arocha, 2009}, p. 204).

Dentro del campo de los estudios sobre comunidades negras, la antropóloga Nina S. de Friedemann es una figura prominente, conocida por su trabajo en la reconstrucción identitaria y territorial de estas comunidades, "resultados de la abolición de la esclavitud fueron el despoblamiento de centros mineros como Barbacoas [...] Muchos de los mineros libres penetraron con sus familias los bosques del litoral y se arraigaron sobre las riveras de los ríos" (^{Friedemann, 2019}, p. 448).

A las investigaciones realizadas por los antropólogos de carácter nacional sobre los pueblos negros, se suman las realizadas por profesores de la Universidad del Valle, quienes han tenido un interés por los mismos desde la disciplina sociológica. Una muestra son los estudios realizados sobre el componente étnico de la región norte del Cauca y sur del Valle, clasificando la diversidad cultural entre afros e indígenas: "[...], en 10 municipios predomina la población afrodescendiente (entre un 53 % y 98 %) : Buenaventura, Candelaria y Jamundí, en el Valle; y Buenos Aires, Caloto, Miranda, Padilla, Puerto Tejada, Villa Rica y Suárez, en el Cauca" (^{Urrea & Candelo, 2017}, p. 156).

Sociólogos jurídicos y estudios sobre los campesinos

En el ámbito de los estudios sobre comunidades campesinas, el profesor Orlando Fals Borda ha sido una figura clave que destaca por su análisis de las tradiciones y cosmovisiones que distinguen a estas comunidades de otras. Además, ha abordado las exclusiones históricas a las que estas comunidades han sido sometidas: "Las masas campesinas de Colombia han venido soportando [...] la falta de equidad en la distribución de la tierra, los abusos de los propietarios [...] han servido para mantener explotados [...] a los hombres del surco y el algodón" (^{Fals, 2019}, p. 322).

Recientemente, las investigaciones de Darío Fajardo han abordado las disputas por la tierra que destaca el papel central del campesino a través de sus reivindicaciones, las cuales han sido reconocidas solo parcialmente por las instituciones públicas "[.], se establecerían las Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico (Zidres), a través de la promoción de las asociaciones de pequeños campesinos con grandes empresas, en probadas condiciones de asimetría que reviven una vez más los contratos de aparcería" (^{Fajardo, 2015}, p. 400).

Por otro lado, la Universidad Nacional de Colombia, a través de su colección Gerardo Molina, ha llevado a cabo estudios y publicaciones que buscan reivindicar el reconocimiento del campesinado como comunidad étnica. Dichos estudios incluyen un enfoque de diálogo intercultural entre campesinos e indígenas. Un ejemplo de ello, es un capítulo de libro Paz en el territorio. Diálogo intercultural y justicia social, titulado "Movimiento indígena y movimiento campesino", en el cual se exploran los puntos de encuentro entre ambos grupos durante los años 70, que destacan cómo la Asociación de Usuarios Campesinos (ANÜC) facilitó la creación del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC):

Como consecuencia de la separación, el movimiento indígena siguió su camino a través de otras organizaciones [...] (CRIC), dando una orientación distinta a sus demandas que no estaban solo en la lógica de la distribución (como sí lo estaban las demandas del movimiento campesino). (^{Montaño & Trejos, 2017}, p. 36)

La exploración de las distintas comunidades étnicas ha sido distintiva de disciplinas como la antropología y la sociología, que incluye sus ramas especializadas como la antropología jurídica y la sociología jurídica. Estas áreas han contribuido significativamente al desarrollo de una ciencia jurídica que es esencialmente interdisciplinaria (^{Aponte et al., 2021}). Un concepto clave que emerge de esta línea de investigación es la comprensión de las relaciones interculturales e interétnicas, las cuales son una constante en los complejos escenarios contemporáneos. "De manera general, se refiere a formas de relación entre culturas, pero, debido a su ambigüedad y amplitud, el concepto ha sido reformulado mediante la noción de interculturalidad crítica [...]. La interculturalidad crítica se sustenta en procesos de descolonización" (^{Zegada, 2017}, p. 590).

Antropología en territorios étnicos y en conflicto (norte del Cauca)

Los estudios que abordan la interculturalidad desde las perspectivas de la antropología jurídica y política en el país son relativamente nuevos, especialmente en el norte del Cauca. Un ejemplo notable de estos esfuerzos es una publicación de la Universidad Icesi (2019), coordinada por la antropóloga Inge Helena Valencia y el politólogo Diego Nieto. En esta investigación, se explora la dinámica intercultural entre las comunidades indígenas, negras y campesinas en el Suroccidente colombiano como una "[...] doble mirada de lo que llamamos conflictos multiculturales y convergencias interculturales, el libro busca dar cuenta de las racionalidades que enmarcan las prácticas e interacciones de los diferentes actores rurales con relación a lo público en el Suroccidente colombiano" (^{Valencia & Nieto, 2019}, p. 17).

Esta publicación recoge varios estudios sobre comunidades indígenas, negras y campesinas en el norte del Cauca, con énfasis en temas como la minería. Un capítulo destacado, titulado "Entre subsistencia y neoextractivismos en el norte del Cauca, Colombia" realizado por las antropólogas Inge Valencia y Laura Silva, explora cómo la minería está vinculada al conflicto armado en la región: "[en el] norte del Cauca veremos cómo muchos de los territorios étnicos empezaron a ser entendidos como entidades económicamente desarrollables, y como lugares estratégicos para ser controlados por actores armados [...] economías legales e ilegales [...] de la explotación aurífera" (^{Valencia & Silva, 2019}, p. 215). Del mismo modo, Llano señala que:

A pesar de la constante y permanente apropiación cultural por parte de empresas transnacionales en diversos campos, como medicamentos, minería y medio ambiente, entre otros, los indígenas resisten desde sus prácticas ancestrales [...] una percepción que se opone a la expansión capitalista. (^{Llano, 2024}, p. 95)

Estas prácticas no solo son actos de resistencia, sino también manifestaciones de una visión del mundo que contrasta con los principios de la expansión capitalista, que promueve un cambio de enfoque de sostenibilidad y respeto por la diversidad cultural.

Otra publicación del Icesi con apoyo de la Universidad del Cauca y la Asociación Latinoamericana de Antropología, titulada: Pensar el Suroccidente. Antropología hecha en Colombia. Tomo III (^{Jaramillo & Rojas, 2019}), muestra diferentes estudios sobre la diversidad cultural y los conflictos en el norte del Cauca. Del mismo modo, el artículo del antropólogo Jaime Arocha, "Unidades de producción nortecaucana (Colombia): modernización y funcionamiento", por un lado muestra los argumentos que consideran la desaparición del campesinado, y por el otro, la permanencia en la zona del campesinado en la subregión pese a la presencia de la agroindustria: "Considero que la viabilidad ecológica del modelo campesino y la adaptabilidad de la cultura afroamericana del norte del Cauca le dan a los enclaves una autonomía y dinamismo propios, y por lo tanto, una proyección amplia hacia el futuro" (^{Arocha, 2019}, p. 665).

En particular, en la región del norte del Cauca la dinámica de interculturalidad y conflicto ha sido estudiada y documentada en las publicaciones del grupo de investigación de Derecho constitucional, administrativo y derecho internacional público de la Universidad Libre de Colombia, seccional Cali. En una publicación del 2017, el antropólogo Jairo Vladimir Llano Franco abordó el tema de la interculturalidad e incluyó en su análisis las interacciones entre las comunidades indígenas, negras y campesinas: "[...], el caso de las comunidades del norte del Cauca, donde transformaron las tensiones entre comunidades negras, campesinas e indígenas paeces, por ciertos territorios, a la reivindicación intercultural por la adquisición de nuevos predios por peticiones ante las instancias gubernamentales" (^{Llano, 2017}, p. 496).

Más adelante, en el 2018 se publicaron dos libros producto de investigación, que incluyen las relaciones interculturales e interétnicas, el primero, Pluralismo jurídico, justicia indígena y sistema carcelario (^{Velasco et al., 2018}), en el cual aparece el capítulo: "Pluralismo jurídico y la justicia indígena nasa como expresión local" de la investigadora Nicole Velasco Cano, en el que expone cómo los centros de armonización nasa se han convertido en un espacio de convivencia al interior de los territorios indígenas: "[...], se presentó la urgencia de construir espacios propios donde los comuneros que realizan acciones de desarmonía [...] sean equilibrados y se logren avances en los procesos de armonía [...] comenzaron de forma paulatina a implementar los Centros de Armonización Indígena" (^{Velasco, 2018}, p. 27).

La segunda publicación, Globalización hegemónica y alternativas locales de justicia por las comunidades étnicas (^{Llano & Velasco, 2018}), incluye estudios sobre comunidades indígenas, negras y campesinas, que no solo destacan su diversidad étnica, sino también las relaciona con el conflicto armado en la región. Uno de los capítulos destacados: "Justicia indígena y centros de armonización como alternativas en tiempos de transición", el cual propone como un espacio territorial y espiritual del pueblo nasa los centros de armonización, que se pueden convertir en una alternativa penal para llevar a cabo el proceso transicional de la guerra a la paz: "Los centros de armonización indígena como identidad de la justicia nasa trascienden de un impacto local a [...] nacional pensando en la armonización para la convivencia en los territorios [...], construcción de paz cercana a las realidades sociales" (^{Velasco, 2018}, p. 132).

Este libro también aborda cómo las comunidades indígenas se relacionan con las transformaciones del sistema judicial, en respuesta a los desafíos de adaptar la justicia para implementar el acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC. Un capítulo dedicado a este tema: "Jurisdicción especial indígena en materia penal: comparación entre Perú y Colombia", equipara cómo se reconocen y aplican las prácticas regulativas de los pueblos indígenas en ambos Estados dentro de sus comunidades. Sin perder de vista la meta de identificar estas formas ancestrales de resolución de conflictos, se destacan algunos puntos en común con la justicia restaurativa. Esta última, se está implementando gradualmente en el marco del derecho estatal, que marca una ruptura con la perspectiva tradicionalmente punitiva y represiva del derecho. Este enfoque podría ser especialmente relevante para tu investigación sobre la justicia transicional en Colombia, al explorar cómo estas prácticas indígenas complementan o desafían los modelos contemporáneos de justicia: "Con referencia al sistema sancionador indígena, [...] el objetivo de la sanción es esencialmente preventiva, resocializadora y reparadora. Hay que destacar sobre todo la dimensión moral y educativa de la sanción y su fin purificador y curativo" (^{Dlestikova & Llano, 2018}, p. 164).

En relación con la temática de investigación, en el 2019 se publicó el libro Pos-acuerdo y territorio en las comunidades étnicas en el norte del Cauca (Llano et al., 2019), en el cual se analiza la situación de conflicto social y armado en pleno proceso de implementación del acuerdo entre el Gobierno y las FARC, y los impactos en las comunidades étnicas que habitan territorios de interés por parte de particulares en lo local, lo nacional y lo transnacional, que pretenden explotar los recursos naturales: "[...] las comunidades indígenas, afro y campesinas en el norte del Cauca requieren [...] el reconocimiento del valor espiritual [...] de los territorios como patrimonio de la humanidad [.], base fundamental para la vida en el planeta" (Llano et al., 2019, p. 16).

En su última publicación, Desigualdades en el Pacífico colombiano,^{Llano (2020)} argumenta que las comunidades étnicas en la región Pacífico, a pesar de su considerable población, continúan siendo marginadas socioeconómicamente, lo que perpetúa una profunda desigualdad entre ellas y los sectores de élites y clases medias altas. Esta disparidad se ve acentuada por la riqueza de recursos naturales en la región, que contrasta fuertemente con la pobreza socioeconómica de estas comunidades. Esta situación contribuye al mantenimiento del conflicto social y armado en los territorios, ya que los intereses por controlar estos recursos naturales a menudo entran en conflicto con los derechos y necesidades de las poblaciones locales. Este escenario subraya la urgencia de abordar estas inequidades para fomentar una paz duradera y justa en la región: "Los conflictos surgen de esta situación de exclusión y marginalidad socioeconómica, los grupos armados ilegales tienen el interés de apropiarse de los recursos étnicos y lograr amplias ganancias con los recursos naturales, el asesinato de líderes sociales no ha disminuido" (^{Llano, 2020}, p. 16).

A través del Instituto de Estudios Interculturales, la Universidad Javeriana publicó un trabajo del antropólogo Carlos Duarte, que detalla el caso del pueblo nasa y la masacre del Nilo en 1991. En este estudio, se destaca la severidad con la que fueron tratados aquellos que reivindicaron sus derechos a las tierras colectivas: "[...] promotores de la masacre pensaron que los indígenas no iban a rezar sus muertos, pero al otro día, cinco mil indígenas ocuparon la hacienda el Nilo y se quedaron [...]. Veinte años después la lista de masacres es larga" (^{Duarte, 2018}, p. 116).

Otra publicación llamada La estructura de la propiedad rural en el Cauca. Perspectiva sobre necesidades de la tierra en contextos interculturales (^{Duarte et al., 2018}), incorpora la diversidad cultural y los conflictos en el departamento del Cauca. En un capítulo muestra uno de los problemas de la subregión nortecaucana, la minería, que en parte es un factor que ha incrementado el conflicto armado en los territorios:

"[...], las prácticas mineras artesanales y el territorio que de antaño han explotado las comunidades, se han visto amenazadas por la llegada de las grandes empresas [...] las mafias han buscado incursionar en el territorio, generando tensiones sociales" (^{Duarte et al., 2018}, p. 87).

Las publicaciones derivadas de investigaciones más allá de permitir "[...], identificar y consolidar los consensos, las teorías y brechas en la investigación" (^{Romero et al., 2023}, p. 63) sobre la diversidad étnica y los conflictos sociales y armados, en el históricamente convulso departamento del Cauca, especialmente en la subregión nortecaucana, son fundamentales para el análisis sociojurídico y el diseño de intervenciones que promuevan la convivencia en esta área de gran biodiversidad. Es notable cómo las universidades regionales, particularmente las instituciones de Cali, han tomado un rol activo en abordar las complejidades de la situación local, dada su proximidad a municipios, resguardos indígenas, consejos comunitarios y zonas de reserva cerca de la capital del Valle del Cauca.

Una situación particularmente alarmante es la intensificación del conflicto armado en la subregión norte del Cauca en años recientes, lo que contribuye a la inestabilidad en los territorios y comunidades afectadas. Este conflicto ha provocado, entre otros problemas, un incremento en el desplazamiento forzado hacia los cascos urbanos del departamento del Valle y la ciudad de Cali, lo cual genera un impacto social significativo. Por ello, es crucial estudiar y entender estos fenómenos para mitigar sus efectos tanto en las zonas rurales afectadas como en las ciudades que reciben a estas poblaciones desplazadas.

Estudios sociojurídicos sobre la guerra y la paz norte caucana

El conflicto armado en Colombia se ha extendido por décadas, y aunque los expertos e investigadores no concuerdan en una fecha o evento específico que marque su inicio, por lo general se acepta que comenzó como un proceso histórico que definió el agitado siglo xx en el país: "Hay una gran convergencia entre los historiadores en ubicar los comienzos del conflicto armado que aún afecta a Colombia, en las décadas de 1920 a 1960, con intensificación entre los años 40 y los 50 hasta desembocar en 1964" (^{Giraldo, 2015}, p. 433).

El conflicto armado en Colombia ha resultado en intensas confrontaciones que han impactado directamente a amplios sectores de la población, especialmente en las zonas rurales y algunas ciudades con presencia significativa de grupos armados, mientras que el resto de la ciudadanía ha sido afectado de manera indirecta. El departamento del Cauca se destaca entre las regiones más afectadas, siendo el norte del Cauca uno de los epicentros de estas confrontaciones, donde comunidades rurales, incluyendo poblaciones campesinas y comunidades étnicas indígenas y negras, han sufrido considerablemente. Desde las décadas de 1960 y 1970, las guerrillas comenzaron a hacer presencia en esta subregión, lo cual marcó un período prolongado de conflictividad, la "[...] intensidad del conflicto armado en la región norte caucana se ha representado en las confrontaciones permanentes entre las guerrillas y las fuerzas armadas estatales; la presencia guerrillera se remonta a la fundación de las FARC a mediados del siglo XX" (Llano & ^{Velasco, 2019}, p. 19).

Durante la década de 1980, la presencia guerrillera en Colombia se intensificó notablemente, pues se exacerbó el conflicto armado entre las fuerzas del orden (Policía y Ejército Nacional) y los grupos guerrilleros activos en la región. Este aumento en la confrontación ha dejado un saldo considerable de víctimas, particularmente en las comunidades étnicas de las zonas rurales que han sido las más afectadas por estos continuos enfrentamientos. A esto se le añade la presencia esporádica de grupos paramilitares, la gravedad de esta situación ha sido visibilizada a través de las mingas y movilizaciones indígenas que buscan llamar la atención sobre las repercusiones del conflicto en sus comunidades: la minga se ha convertido en una estrategia para enfrentar la violencia armada y la extractivista. En 2004 la convocatoria logró un inmenso respaldo [...] proyecto de país que tenga como centro el respeto a la vida y los derechos" (^{Centro Nacional de Memoria Histórica, 2019}, p. 420).

La dinámica de segregación de los pueblos indígenas en el país no ha cambiado mucho en tiempos recientes: "En el proceso de dominación de las zonas rurales por [...] la explotación de la tierra y los recursos naturales, ciertos sectores sociales de élite o sus aliados, han recurrido a la persecución étnica, política y económica en respuesta a las demandas del movimiento indígena" (^{Llano, 2023}, p. 243), lo cual refleja un conflicto profundo entre los derechos de los pueblos indígenas y los intereses económicos establecidos.

Los territorios de las comunidades étnicas han sido los más afectados, producto de un conflicto armado que no termina y que muta de acuerdo a las circunstancias históricas y de transformación social, política y económica:

[...] se encuentran distintos actores armados como guerrillas, paramilitares, bandas armadas al servicio del narcotáfico y las fuerzas militares estatales que se enfrentan de forma cotidiana afectando de forma directa a los combatientes y de forma indirecta a la población civil que se encuentra en el fuego cruzado, su intensificación en los territorios, sus víctimas y sus efectos en la diversidad cultural. (^{Aponte & Llano, 2022}, p. 212)

Los resguardos en municipios de presencia mayoritariamente indígena como Toribio o de presencia significativa como Corinto, Miranda y Caloto, han sido testigos de la agudización del conflicto; los consejos comunitarios de forma representativa se encuentran en municipios como Puerto Tejada, Villarica, Santander de Quilichao, Padilla y Buenos Aires, donde las comunidades negras son la población mayoritaria tanto en la parte rural como en las cabeceras municipales. Las comunidades campesinas se encuentran en las partes rurales de los distintos municipios del norte del Cauca y están instalados en lo que se llama zonas de reserva campesinas (ZRC). Del mismo modo, "los estudios sobre el territorio, las territorializaciones y las territorialidades campesinas han tomado fuerza durante los últimos años y son fuente de conflictos de reivindicación y de proyección" (^{Tocancipá & Ramírez, 2018}, p. 36).

Tanto los territorios de las comunidades negras e indígenas como las campesinas, no solamente han sido testigos de las confrontaciones entre los distintos actores armados, sino que también se consideran víctimas del conflicto. "Desde la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina también se han denunciado varios ataques y se ha manifestado que en varias oportunidades los campesinos han sido víctimas de hostigamientos, amenazas y persecución" (^{Gil & Ricaurte, 2017}, p. 81).

Además del impacto directo en los territorios y sus comunidades, el conflicto armado en Colombia también ha visto periodos que han impulsado su resolución, en los que se destacan los procesos de paz en la década de 1990. Durante estos años, los gobiernos de turno negociaron con grupos guerrilleros como el M-19 y el Movimiento Armado Quintín Lame, que tenía una composición e ideología indigenista. La desmovilización del M-19 tuvo lugar en el corregimiento de San Francisco del municipio de Toribio, mientras que la guerrilla de carácter indígena se desmovilizó en el corregimiento de Pueblo Nuevo, en el municipio de Caldono. Estos procesos de paz fueron pasos significativos hacia la terminación del conflicto y marcaron un cambio en la dinámica de la violencia para caminos hacia la reconciliación: "El Acuerdo Final se suscribió en el campamento de Pueblo Nuevo el 27 de mayo de 1991 y en desarrollo del mismo, cuatro días después, el Quintín Lame hizo entrega de sus armas, en presencia de dos delegados internacionales" (^{Peñaranda, 2015}, p. 324).

Estos procesos de paz proporcionaron periodos de relativa tranquilidad y convivencia en las comunidades y territorios afectados; sin embargo, estos momentos de calma fueron breves y la confrontación entre los distintos actores armados eventualmente se reanudaba. A lo largo de la historia del conflicto armado en la subregión norte del Cauca, las comunidades étnicas han sido blanco frecuente de agresiones, debido a los intensos intereses en disputa por el control de los territorios; especialmente en las décadas de 1970 y 1980, las masacres contra las comunidades indígenas se intensificaron y marcaron profundamente la región con violencia y desplazamiento: "Las luchas indígenas avanzan incontenibles en la primera mitad de la década del 70, a pesar de la cárcel y las amenazas. Los terratenientes deciden entonces al atentado directo contra dirigentes y activistas para tratar de frenar el movimiento" (^{Tattay & Peña, 2013}, p. 24).

A pesar de enfrentar adversidades, las comunidades étnicas han continuado el desarrollo y fortalecimiento de sus procesos organizativos. Desde la década de 1990, se ha facilitado la creación de importantes organizaciones como la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), los Consejos Comunitarios Negros en la región y la formación progresiva de las Zonas de Reserva Campesina; estas entidades no solo representan estructuras territoriales, sino también plataformas políticas cruciales que han ganado fuerza en años recientes, lo cual evidencia la resiliencia y la capacidad de autoorganización de estas comunidades. "La creación y reproducción de los cabildos indígenas, la aparición de nuevos consejos comunitarios [...] el fortalecimiento de las zonas de reserva campesina, ha determinado que lo prioritario es la defensa del territorio y la adquisición de nuevos espacios territoriales" (^{Zapata & Llano, 2019}, p. 62).

Precisamente, la afectación del conflicto armado en los territorios y las comunidades étnicas llevó a que, desde el posconflicto por medio de la designada Alta Corte para la Paz, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) determinara que las comunidades indígenas nasa en el norte del Cauca fueran reconocidas como víctimas del conflicto de forma general: "[...], la JEP acreditó al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) y a la Asociación de Cabildos Indígenas del norte del Cauca (ACIN) como víctimas colectivas [...] en 17 municipios del norte del Cauca y el sur del Valle" (Jurisdicción Especial para la Paz [JEP], 2020).

El conflicto armado interno en Colombia ha dejado una marca profunda en los municipios del norte del Cauca, lo cual resalta la necesidad de que el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, realice una revisión exhaustiva de los eventos relacionados con las comunidades étnicas de la subregión. Además, es crucial realizar un análisis detallado del proceso de paz y posconflicto derivado del acuerdo entre el Gobierno y las FARC, que destaque logros como la decisión de la JEP, de reconocer a la comunidad indígena nasa, del norte del Cauca y sur del Valle del Cauca como víctima.

En términos de convivencia es vital monitorear el proceso de compensación y resarcimiento propuesto para estas comunidades. Así mismo, es importante evaluar en qué medida se ha cumplido el principio de no repetición, especialmente ante el surgimiento de nuevos actores armados que impactan negativamente en la convivencia de estas poblaciones. Resulta significativo que sean las propias organizaciones sociales y políticas del movimiento indígena, y de las comunidades étnicas en general, quienes impulsen el cumplimiento del acuerdo a través de sus movilizaciones, bloqueos y paros, destacando entre sus exigencias durante la minga social y comunitaria, el cumplimiento de los compromisos por parte del gobierno central, apreciación que corrobora la ONG Indepaz:

Garantías para la vida, (ante el contexto de masacres, genocidios, etnocidio, feminicidio) desde la constitución [...] Reforma de la doctrina militar de seguridad nacional que ve en la población un enemigo interno y transformación hacia una política de seguridad para la paz. (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz [Indepaz], 2020)

Parece que el principio de no repetición se ha visto comprometido nuevamente, dado que la convivencia pacífica en los territorios rurales sigue sin ser una realidad, debido a la implementación incompleta de los acuerdos de paz. Esta es la situación actual en el departamento del Cauca, donde la persecución y el asesinato de líderes campesinos, indígenas y afrodescendientes persisten, socavando las estructuras de las organizaciones colectivas y políticas de estas comunidades. Un trágico ejemplo de esta complejidad fue el asesinato de la líder indígena Misak Nazaria Calambás, ocurrido a finales de octubre de 2021 en el municipio de Morales, en el departamento del Cauca:

Nosotras, mujeres misak misak hijas del agua y cuidadoras de los páramos y todo el entorno que nos rodea, manifestamos nuestro repudio y rechazo por los hechos de violencia y genocidio que se produjeron en el municipio de Morales, vereda La Cuchilla, a nuestra Mamá Nazaria Calambás Tunubalá, quien fue comunera y alcaldesa de la zona tres del resguardo Misak Piscitau en el año 2013. (Movimientos de Autoridades Indígenas del Sur Occidente [AISO], 2021)

De hecho, la situación de confrontación afecta a tal magnitud los pueblos ancestrales que el Consejo Regional Indígena del Cauca recientemente ha realizado un nuevo llamado a movilizarse para que se paren los enfrentamientos entre los distintos grupos armados, y evitar que sus jóvenes indígenas sean víctimas de las diferentes acciones armadas que se realizan en los territorios pertenecientes a los pueblos indígenas: "Nuevamente nuestros jóvenes están siendo víctimas del conflicto, nos están arrebatando la alegría, sueños y esperanzas de nuestras comunidades [...] las comunidades, organizaciones y sectores sociales, convocan para el próximo 10 de diciembre a una nueva movilización" (Consejo Regional Indígena del Cauca [CRIC], 2021, párr. 1).

Los movimientos indígenas y otros grupos étnicos en el norte del Cauca han desarrollado diversas propuestas organizativas para abordar la crítica situación en sus territorios. De forma constante, han exigido tanto al Gobierno nacional como al local, garantías para la protección de la vida con el uso de la movilización como un medio efectivo en los últimos años. Estas acciones han creado un espacio de encuentro intercultural y de lucha reivindicativa en defensa de la vida y los territorios. Un ejemplo destacado es la Minga de 2019, que se distinguió por sus demandas enfocadas en la vida y la interculturalidad: "[...] tuvo el nombre de La minga por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz: la minga sigue siendo de comunidades indígenas, campesino, afrodescendientes, organizaciones sociales y procesos populares del país" (Velasco & ^{Llano, 2020}, p. 630).

Reproducción étnica y biodiversidad en zonas de conflicto armado

Históricamente las comunidades étnicas han sido las más perjudicadas por el conflicto, en especial en zonas rurales donde se han intensificado los enfrentamientos entre los diferentes actores armados. Además, los territorios de estas comunidades son ricos en recursos naturales, lo que ha generado interés de terceros en apropiarse de esta riqueza biodiversa. Tal problemática se ha manifestado especialmente en el departamento del Cauca, en concreto en la zona norte, situada entre el Valle del río Cauca y las cordilleras Occidental y Central. Esta región, conocida por sus fértiles suelos y diversos microclimas, es una de las áreas de mayor producción natural: "[.], los suelos del norte del Cauca son considerados de 'alta' y 'moderada fertilidad', lo que ha venido sucediendo con la siembra de monocultivos (de caña de azúcar y pino) es la reducción de dicha fertilidad" (Centro de Estudios Interculturales, 2013, p. 7).

Precisamente, a la riqueza en los recursos naturales se le suma la diversidad cultural, debido a que se encuentran múltiples cosmovisiones representadas en las comunidades indígenas, negras y campesinas, por lo que surge la deliberación desde las ciencias sociales sobre la diversidad y la diferencia: "[...], diversidad cultural [...] es el reconocimiento de contenidos y costumbres culturales ya dados. La diferencia, en cambio, es el proceso de enunciación de la cultura como portadora de conocimiento autoritativa, adecuada para la construcción de un sistema de identificación cultural" (^{Zegada, 2017}, p. 590).

En ese sentido, para Boaventura de Sousa Santos el reconocimiento de la diversidad cultural a nivel mundial es un avance significativo de los Estados y sociedades contemporáneas para la consolidación del pluralismo: "La idea de diversidad cultural del mundo ha ido ganando aceptación en las últimas tres décadas, y eso debería favorecer el reconocimiento de la diversidad epistemológica y de la pluralidad como una de sus dimensiones" (De Sousa Santos, 2017, p. 42), se relaciona entonces diversidad y pluralidad, lo cual ^{Nussbaum (2012)} considera algo plausible: "[...] esta sensibilidad parece particularmente importante cuando nos enfrentamos a la diversidad cultural del mundo actual [...] el enfoque puede pretender ser respetuoso hacia el pluralismo y la diferencia" (p. 295).

El reconocimiento a la diversidad cultural fue incorporado por las constituciones latinoamericanas desde las décadas finales del siglo XX, lo cual posibilitó que a las comunidades étnicas de la región se les garantizaran derechos colectivos relacionados con lo cultural: "[...], constituciones surgidas, en menos de dos décadas, son una ruptura con la antigua matriz eurocéntrica de pensar el Derecho y el Estado en el continente, [...] en favor de los intereses y de las culturas encubiertas y abruptamente borradas" (^{Wolkmer, 2018}, p. 182).

En el tiempo que ha sido implementada la diversidad cultural desde el aspecto constitucional y soportada en el derecho internacional, organizaciones supraestatales como la ONU han reelaborado de forma constante declaraciones como: "[...], la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007 [...] y la Declaración sobre Derechos de los Campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales en el 2018" (^{Llano & Velasco, 2020}, p. 27).

Estas declaraciones de la ONU, junto a otros tratados internacionales, han permitido que las comunidades étnicas asistan a que sus derechos sean parcialmente cumplidos por parte de las instituciones públicas responsables (^{Victoria et al., 2022}), al punto de lograr espacios de autonomía en distintos aspectos socioculturales: "Al reconocerse la diversidad cultural [...], las instituciones públicas responsables [...] siguen dos tipos de procedimiento: el primero consiste en reconocer [...] sus prácticas culturales [...]. El segundo procedimiento [...] incorporarlas paulatinamente a la estructura jurídica estatal" (^{Llano, 2016}, p. 64). De igual manera, como lo señala ^{Aponte et al. (2021)} "se amplía la posibilidad de vincular principios y derechos proveniente de los tratados y convenios internacionales por medio del bloque de constitucionalidad, permitiendo que los casos de mayor complejidad sean intervenidos desde el derecho internacional" (p. 557).

Desde una perspectiva constitucional, se ha reconocido la diversidad cultural reflejada en las distintas comunidades étnicas, que, a su vez, presentan diversidad interna. Existe una amplia variedad de pueblos indígenas, tradiciones en las comunidades negras y distintas costumbres en los colectivos campesinos, siendo esta diversidad particularmente notable en el departamento del Cauca:

[...] encontramos en el Cauca a la segunda mayor población del 2 % total de comunidades indígenas del país, que a la vez representan el 20.5 °% del más de millón de personas que viven en el departamento [...] alberga la quinta mayor cantidad de población negra, afrodescendiente y raizal del país -21.1 % del total del departamento-, de acuerdo a las cifras del censo 2005 [...] también encontramos poblaciones campesinas-mestizas que han venido a habitar las zonas rurales del departamento a lo largo del siglo XX. (^{Nieto, 2019}, p. 28)

La rica diversidad cultural presente en el departamento del Cauca, se ha mantenido bajo amenaza en las últimas décadas debido a la intensificación del conflicto armado en el curso del presente siglo. Mientras organizaciones internacionales, ONG de derechos humanos, cortes supranacionales y bloques estatales regionales han promovido la protección de la diversidad a nivel global (^{Aponte et al., 2020}), en Colombia, esta diversidad enfrenta el riesgo de desaparición. Las amenazas, desapariciones forzadas, asesinatos selectivos, desplazamientos y masacres son la continuidad y la identidad cultural de las comunidades afectadas (Aponte & Sánchez, 2024). Un claro ejemplo de este fenómeno es el desplazamiento forzado, pues la "[.] cifra de desplazados para el año 2014 ascendía a 750 mil personas, dentro de las cuales 176.141 se reconocían como indígenas. Así, dentro del total de grupos étnicos y raciales, los indígenas representan el 24 % de la población desplazada" (^{Navarrete & Galeano, 2018}, p. 68).

En cuanto a las deliberaciones conceptuales que surgen sobre la situación colombiana de conflicto, es importante aclarar que los conflictos sociales siempre han acompañado la humanidad, y que una de las formas de la creación y la innovación provienen de momentos conflictivos: "cooperación o conflicto son dos lados opuestos, pero en realidad conectados por relaciones mutables [...], ello depende del hecho de que el conflicto está siempre latente, cuando menos en las relaciones humanas" (^{Ferrari, 2015}, pp. 16-17).

Lo complicado es que las situaciones conflictivas que hacen parte del quehacer humano (^{Aponte et al., 2020}), pasen al espacio del conflicto armado donde las agresiones son la constante y se llega hasta la pérdida de vidas humanas: "[...], los conflictos sociales se consideran como parte de la cotidianidad de las culturas humanas, lo crítico es cuando se llega a transgresiones del derecho internacional en el conflicto armado donde se expone la vida individual y colectiva de forma permanente" (^{Llano, 2015}, p. 23).