1. Introducción
Argentina experimentó entre 1991 y 2015 profundas transformaciones económicas, sociales y políticas. Varios autores caracterizan el período que va de 1991 a 2001 (donde rigió la convertibilidad entre el peso y el dólar(3)) como neoliberal y/o de valorización financiera, mientras que el iniciado en 2002 (posconvertibilidad), suele ser identificado como neodesarrollista o populistaSvampa, 2013. Si bien esta distinción goza de cierto consenso en la literatura respectiva (situación que se replica durante el mismo ciclo en no pocos países de la región sudamericana -Bolivia, Brasil, Ecuador, Uruguay, Venezuela-), no ocurre lo mismo cuando se caracterizan los referidos regímenes de acumulación(4), así como la lógica de las políticas estatales y los resultados sociales alcanzados en cada etapa.
A la luz de estos debates, esta investigación se propone analizar qué modificaciones se produjeron entre ambos períodos desde el punto de vista de las condiciones de reproducción social en Argentina y cómo las mismas se articularon bajo las distintas estrategias económicas y políticas implementadas entre 1991 y 2015. En este sentido, se parte del examen de la convertibilidad debido a que durante ese período se consolidaron las llamadas políticas del Consenso de Washington, siendo relevante indagar en sus impactos socioeconómicos y en cómo los mismos resultaron centrales para explicar el surgimiento del modelo de posconvertibilidad. Para ello, la herramienta de análisis que se emplea es el costo de reproducción social (CRS), una variable heredera de la economía política clásica, que se construye con los ingresos reproductivos (salariales y jubilatorios) y las prestaciones socializadas por el Estado (educación, salud y subsidios). Se puede examinar de este modo cómo evolucionó la situación material de las clases subalternas(5), captando los factores económico-estructurales, históricos y políticos que determinan la trayectoria del CRS así como la dinámica que asume la disputa por el excedente económico (EE) entre clases sociales, las transformaciones en el seno del Estado y las alianzas políticas que las impulsan. Por lo tanto, al examinar el volumen y movimiento del CRS se pretende investigar, por un lado, cómo evolucionaron las condiciones de vida de las clases subalternas (especialmente desde la base de la pirámide de ingresos en términos positivos y normativos) y por otro, en qué medida lograron plasmar sus demandas reproductivas en políticas estatales.
Para lograr este propósito, este artículo se estructura como sigue: después de esta breve introducción, se presenta el período bajo estudio y se examina sucintamente la literatura sobre el CRS. En el tercer apartado se elabora una propuesta metodológica de estimación de esta variable para Argentina entre 1991 y 2015, se obtienen los valores de cada uno de sus componentes (CRS salarial, jubilatorio y derivado de la acción del Estado) y se los analiza pormenorizadamente en el marco de las transformaciones operadas en la economía política argentina. En el cuarto se obtiene el CRS total, completando el análisis precedente. Las conclusiones cierran el artículo.
2. El costo de reproducción social: definición, utilidad y antecedentes
a. El período a revisar y su propósito
Durante la última década del siglo pasado, la mayor parte de las naciones de América Latina intensificó los procesos de apertura comercial, desregulación económica, privatización de empresas públicas y flexibilización (precarización) laboral, en lo que ha sido caracterizado como el período neoliberal (Guillén, 2007). Posteriormente, hacia fines de los años de 1990 y principios de los de 2000, varios países (especialmente en Sudamérica) cambiaron de signo político, motivados por la impugnación (parcial o radical) a dicho modelo, iniciando el ciclo de gobiernos progresistas, neodesarrollistas o de izquierda (Katz, 2016). Argentina representa uno de los ejemplos más nítidos de este tránsito entre dos etapas políticas y sociales, al calor de las transformaciones en las condiciones económicas internas (disputas sectoriales por la valorización del trabajo y el excedente económico) y externas (dinámica de precios-demanda del mercado mundial y estrategias geopolíticas). Si bien existe cierto consenso respecto de la necesidad de discriminar ambos períodos y enmarcarlas dentro de tendencias y procesos de diferente naturaleza, el acuerdo se diluye cuando se caracteriza el régimen de acumulación y su relación dialéctica con la estructura social y el cuadro distributivo. Para algunos autores la herencia neoliberal en Argentina(6) fijó una base estructural sobre la que se apoyó el neodesarrollismo y este se articuló bajo la incapacidad de superar las contradicciones, barreras y límites que ese esquema impuso, intensificando procesos tales como la primarización de la economía (extractivismo) y la precarización del mundo del trabajo (Féliz y López, 2012; Salvia, 2016; Svampa, 2016). Otros consideran que al eliminarse las condiciones que permitían el funcionamiento de la valorización financiera desde 2003 (7), se revirtieron las tendencias que primaban durante la etapa neoliberal (Manzanelli y Basualdo, 2016), modificándose la estructura, regulaciones y funciones del Estado así como el rol del salario en la economía (Chena, Crovetto y Panigo, 2011).
Si bien el intento por determinar las características diferenciales de los regímenes de acumulación entre etapas escapa a los objetivos de este trabajo, se pretende indagar acerca de las formas en que evolucionaron las condiciones de ingresos y derechos básicos garantizados, entendiendo que este análisis brinda importantes elementos para analizar los proyectos políticos y sociales que se pusieron en marcha en cada caso. La herramienta de análisis será el costo de reproducción social, un instrumento que describe las tendencias de los ingresos salariales básicos y de algunos componentes específicos del gasto público durante el período 1991-2015.
b. El método de análisis: el costo de reproducción social
Desde los economistas clásicos -A. Smith, D. Ricardo, J. S. Mill, J. B. Say, C. Marx, entre otros- ha existido un especial interés por discutir los procesos de producción y la generación de riqueza en las sociedades modernas. Coincidiendo en la necesidad de poner el foco del debate económico en la esfera productiva, los principales autores de aquel tiempo reconocían la existencia de un excedente económico (EE) pasible de disputa entre las clases sociales. De acuerdo con Smith (2003 y Ricardo (2007, los salarios oscilaban en torno a un equilibrio (natural para el primero, de subsistencia para el segundo) que garantizaba la reproducción de los trabajadores pero no les permitía acumular riqueza, mientras que el producto excedente se dirimía entre capitalistas y terratenientes. Marx (1995 definió el salario como el pago correspondiente a la fuerza de trabajo, que posibilitaba la reproducción social de la clase trabajadora, mientras el excedente (plusvalor) era apropiado por los capitalistas.
Durante el siglo XX, pensadores estructuralistas y marxistas desarrollaron el análisis del excedente económico, al que definieron como la diferencia entre lo que la sociedad produce y aquello que requiere para su reproducción simple (definida por un nivel de consumo esencial). Baran (1975 pretendía de este modo discriminar aquella porción de la riqueza social apropiada por las clases dominantes, que se destinaba en buena medida a fines improductivos (fuga de capitales y consumo de bienes y servicios de lujo)(8) . Posteriormente, distintos autores realizaron investigaciones para determinar un costo de reproducción social que funcionara como parámetro para determinar el valor de las condiciones de vida básicas de las sociedades (9).
Uno de los referentes para el estudio del costo de reproducción social es el economista brasileño Celso Furtado (1978, quien lo definió como el ingreso anual que la sociedad necesita para desarrollar sus tareas y necesidades fundamentales de alimentación, cuidado de la salud, seguridad social y educación. Para determinarlo, sugería como referencia el nivel de vida de los trabajadores manuales no calificados (ya que remitía al sector de la población económicamente activa que menos se beneficiaba de la inversión destinada a formar el factor humano) y los gastos estatales de reproducción (vivienda, salud, educación) aunque nunca realizó una aproximación empírica.
Más adelante en el tiempo, varios autores realizaron estimaciones con distintos métodos: Lippit (1985 asoció los ingresos básicos de reproducción al consumo esencial, diferente del consumo innecesario (de lujo o superfluo); Danielson (1990 propuso como criterio la sumatoria de los ingresos mínimos (salarios de subsistencia que se pagaban en el sector agrario) multiplicados por la cantidad de trabajadores productivos (considerando para ello a los asalariados que se desempeñaban en el sector agrícola); Yeldan (1995 utilizó como representativos de los ingresos reproductivos los salarios en las empresas de baja escala (dado que la capacidad de organización sindical en las grandes firmas permitiría que estos asalariados se apropien de parte del excedente); mientras que Somel (2003 lo estimó calculando el consumo esencial a partir del salario mínimo, vital y móvil.
Investigaciones recientes aplicaron este análisis para el caso argentino. En una de ellas Sbattella (2001, inspirado en las ideas de Furtado, estimó el CRS utilizando los ingresos promedio del decil 5 y los expandió a toda la población ocupada, dado que allí se encontraban los ingresos representativos de los trabajadores manuales no calificados. En Sbattella, Chena, Palmieri y Bona (2012 se consideraron como componentes del CRS tanto los elementos que permiten la reconstitución de la fuerza de trabajo como los que atañen al mantenimiento de la inactividad del trabajador y su reemplazo generacional, obteniendo de este modo: un componente salarial (estimado en base al salario de un trabajador manual no calificado) y un componente no salarial (financiado por el Estado y representado por bienes y servicios tales como salud, educación, vivienda, etc.). El cálculo del componente salarial fue estimado de acuerdo con los ingresos de los trabajadores manuales no calificados, promediando entre aquellos que pertenecen a los universos formal e informal. En cuanto a los adultos mayores, se empleó la jubilación mínima. A su vez, se incorporó la acción del Estado en el análisis del CRS, sumando las transferencias (subsidios al transporte y la energía, inversión pública en educación básica y salud) y restando los impuestos, de acuerdo con la presión tributaria.
A modo de síntesis, se presentan en el Cuadro 1 las diferentes alternativas examinadas.
En base a los antecedentes relevados y las características de la economía política argentina durante el período 1991-2015, se tomará como principal referencia el estudio de Sbattella et al. (2012, debido a su operatividad y a que el mismo permite captar los volúmenes, tendencias y oscilaciones en las condiciones de reproducción de las clases subalternas, que varían dinámicamente en virtud de las relaciones de fuerza entre las clases que disputan el excedente Bona, 2016.
3. Componentes del costo de reproducción social en Argentina (1991-2015
Para estimar el costo de reproducción social, se dividirá el cálculo en tres módulos: el CRS salarial, el CRS jubilatorio y los componentes estatales del CRS:
CRS total = CRS salarial + CRS jubilatorio + gastos en educación básica, salud y subsidios a los usuarios residenciales de energía y transporte - presión tributaria
Con el objetivo de desarrollar los componentes de ingresos del CRS (salarios y jubilaciones) se trabajará, por un lado, con la población económicamente activa (PEA, mujeres y hombres menores de 60 y 65 años respectivamente) y los niños y niñas asignándoles ingresos salariales por núcleo familiar, y por el otro, con los individuos mayores de edad que cuenten con cobertura jubilatoria, imputándoles los montos de las jubilaciones.
Un problema que se presenta a la hora de estudiar el universo de la población que no posee edad jubilatoria (PEA + niños y niñas) es que los salarios deben alcanzar para cubrir las necesidades de un grupo familiar, por lo que se tomará como universo de análisis el hogar.
a. Características del costo de reproducción social salarial
A la hora de considerar la población de niños, hombres menores de 65 años y mujeres menores de 60, se estimará el CRS a partir de los ingresos declarados en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC). Debido a que en los países periféricos la informalidad es elevada (CEPAL, 2016), se calcularán de acuerdo con el promedio ponderado de salarios de los trabajadores formales e informales que han sido declarados en la encuesta.
Por otro lado, para contemplar el universo de los desocupados, se les asignará el salario mínimo, vital y móvil (SMVM), dado que se trata de una convención social acordada por el Estado, los sindicatos y las organizaciones patronales, destinada a definir un umbral de ingresos considerados de reproducción básica. Al respecto, uno de los problemas que conlleva esta decisión es que tiene un carácter normativo (dado que los desocupados no perciben efectivamente este ingreso); sin embargo, su implementación obedece a que se considera que ese segmento de la población se reproduce, aun de manera precaria, pues de lo contrario estaría pereciendo (cabe suponer además que existen transferencias del Estado que permiten la supervivencia de estos sectores, así como actividades informales de tiempo parcial). Por su parte, dado que las encuestas de hogares contemplan únicamente la población urbana, también se computará como ingreso reproductivo para los empleados rurales el SMVM debido a que los mismos se ubican entre los peor remunerados, en su mayoría con contratación precaria y muchas veces son de carácter estacional (CENDA, 2008).
CRS salarial = (salario promedio trabajadores formales x cantidad de trabajadores formales) + [salario promedio trabajadores informales x cantidad de trabajadores informales (en el ámbito urbano)] + [SMVM x (desocupados + trabajadores rurales)]
Existen algunas ventajas del uso de este criterio: por un lado, refleja un salario promedio de carácter positivo, de manera que contempla los ingresos efectivamente percibidos (o, al menos, declarados) por los asalariados. Por el otro, incluye la evolución de la informalidad y la desocupación.
Considerando que los ingresos salariales mencionados deberían alcanzar para satisfacer las necesidades de un hogar, se estimará la estructura poblacional del país año a año (INDEC, 2017), calculando la “cantidad de adultos equivalentes que contiene”. El concepto de adulto equivalente (AE) refiere a la metodología del INDEC para cuantificar las necesidades de una canasta de bienes y servicios que consume una persona con base en su edad y género. Esta unidad de análisis permite considerar a la población menor que debería ser mantenida con los ingresos de un adulto que percibe un ingreso suficiente para cubrir una canasta básica de bienes y servicios, lo que da cuenta de la estructura de los hogares. Por lo tanto, la estimación del CRS para la población menor a la edad jubilatoria surgirá de:
Cuantificar el total de adultos equivalentes (AE) que existen año a año (de acuerdo con la metodología del INDEC y los datos censales y proyecciones poblacionales).
Considerar un nivel de ingreso que surge del promedio ponderado de los ingresos de los trabajadores formales e informales. A la hora de calcular la unidad familiar, se cuantifican la relación existente entre AE en cada año y la cantidad de personas ocupadas y desocupadas (PEA): adultos equivalentes/PEA. Este cociente representará la proporción de adultos equivalentes potencialmente cubiertos por ingresos. Se lo denominará cociente de población cubierta (CPC).
Una vez calculado el CPC, se propone que cada ingreso de un ocupado debe alcanzar para responder a las demandas de bienes y servicios de ese núcleo familiar. Por ejemplo: si en el año 2010 existieran 2.000.000 de personas que forman parte de la PEA y 4.000.000 de AE (incluyendo a todas las personas de edad menor a la jubilatoria), el cociente de población cubierta es 2 (4.000.000/2.000.000), por lo tanto, el ingreso de reproducción social de un trabajador debería alcanzar para mantener a 2 personas en promedio. Será el CRS salarial por AE.
El CRS salarial por AE será el ingreso promedio ponderado de los trabajadores formales e informales, dividido por el cociente de población cubierta. Este valor se anualizará multiplicando ese resultado por 13 (considerando que ese ingreso debería pagarse todos los meses más un aguinaldo). Como el cálculo que surge de la EPH del INDEC se realiza para el universo urbano, se asignan las ponderaciones poblacionales por AE de acuerdo con la población representativa de los aglomerados urbanos.
Al cálculo anterior se le agregará el ingreso correspondiente a los desocupados, a quienes se asignará el valor del salario mínimo, vital y móvil (SMVM).
Por último, se imputará el SMVM a los trabajadores rurales.
b. Estimación del costo de reproducción social salarial
EL CRS salarial propuesto incorpora elementos positivos (salarios promedio ponderados de trabajadores formales e informales según EPH) y normativos (SMVM asignado a trabajadores desocupados y rurales e imputación de 13 salarios anuales para el conjunto de la población activa) y utiliza como núcleo de análisis el hogar (contemplando las necesidades de reproducción de la población económicamente activa y los niño/as). Esto permite captar tanto la evolución de los ingresos básicos del universo de asalariados argentino como las variaciones de la estructura ocupacional de la población.
En el Cuadro 2 y el Gráfico 1se presentan los resultados obtenidos para el período 1991-2015 en dólares y pesos constantes de 1991 respectivamente.
Fuente: elaboración propia con base en datos de INDEC, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, US Bureau of labor statistics y Banco Central de la República Argentina
Fuente: elaboración propia con base en datos de INDEC, Cárcamo (1998) e IPC 9 provincias (2007-2015).
Los datos obtenidos indican que el costo de reproducción social, desde el punto de vista de sus componentes salariales, experimentó dos períodos de marcadas diferencias: durante la vigencia del modelo de convertibilidad, los componentes que forman el CRS salarial (salarios promedio de empleados formales e informales), así como el salario mínimo, tuvieron una tendencia declinante, profundizada significativamente en 2002 y 2003 por efectos de la devaluación del peso y significó una extraordinaria transferencia de ingresos desde los sectores perceptores de ingresos fijos (asalariados) hacia los de ingresos móviles (capital) (10). En cambio, entre 2004 y 2013 estos ingresos aumentaron de manera sostenida, aunque ingresaron en un período de relativo estancamiento entre 2013 y 2015.
En cada período se manifestaron distintas etapas. Entre 1991 y 1994, el CRS salarial aumentó levemente (3,6% en términos reales), como resultado de una recuperación entre 1993 y 1994 de los salarios del sector registrado (después de la merma de 1992) y un aumento considerable de los ingresos de los no registrados. Por su parte, el salario mínimo sufrió una caída significativa, dando como resultado su pérdida de relevancia como patrón de referencia.
Desde 1995 confluirían tres fenómenos de significativo impacto negativo para la clase trabajadora: incremento de la desocupación, caída del salario real y expansión de la precarización laboral, fenómenos vinculados a la destrucción de empleo en las empresas privatizadas, las industrias mercado-internistas debilitadas por la apertura y la consecuente desindustrialización Santarcángelo y Schorr, 2001. En este contexto, los ingresos laborales estaban llamados a cumplir un rol cada vez más relegado y por ende, los componentes salariales del CRS sufrieron una caída sistemática.
El cierre de la convertibilidad, después de la mayor crisis política y social del país en 2001, inaugura un cambio trascendental en materia de ingresos salariales y condiciones de trabajo y se manifiestan allí los peores registros sociales en todas las variables. La devaluación de 2002 implicó una reducción de los ingresos laborales en todos los órdenes, pero con algunas diferencias importantes dentro de ese universo: entre 2001 y 2003, el salario real de los registrados cayó 33,7% mientras que el de los no registrados lo hizo 49,3%, generando que el CRS salarial disminuyera 43,8%, en tanto que el salario mínimo se redujo 21,9%. Como se advierte, fueron los trabajadores no registrados los más afectados, en el marco de un salto en los niveles de desocupación (que promedió un máximo de 22% en 2002) y la informalidad (49,4% en 2003).
A partir de 2004, los ingresos salariales comenzaron a recuperarse. Hasta 2007 y 2008, las políticas de paritarias, elevación del salario mínimo y recuperación del empleo desempeñaron un papel fundamental en este nuevo contexto (Chena et al., 2011), que generó una recomposición del CRS salarial, aunque mucho más como resultado del aumento de los salarios de los trabajadores registrados (en 2005 ya igualaban, en promedio, los ingresos reales de 1998) que aquellos de los no registrados (que recuperaron el registro de 1998 solo hacia 2009).
Hacia 2008/2009, el advenimiento de la crisis internacional definió nuevos contornos económicos en el orden mundial (CEPAL, 2016), donde la desocupación y la informalidad dejaron de retroceder al ritmo precedente (se estancaron en el orden de 7% y 33% respectivamente) y el salario mínimo real comenzó a disminuir desde 2011. En cambio, los salarios de registrados y no registrados continuaron aumentando hasta 2013, superando los valores más altos del período de convertibilidad, para luego estacionarse hasta 2015.
c. El costo de reproducción social jubilatorio
Una vez estimado el CRS salarial, para considerar el de los mayores no se tomará en cuenta el hogar sino un ingreso reproductivo por persona, ya que el sistema de seguridad social prevé una jubilación o pensión por persona mayor, independientemente de su condición conyugal. Sin embargo, se presenta un problema relacionado con el nivel de cobertura del sistema previsional debido a que existe una proporción de la población mayor que no percibe ingresos (por no haber aportado, ya sea por su condición de informalidad o bien por no haber trabajado), y que esta proporción ha variado significativamente en esta etapa. Por lo tanto, se asume que la población sin ingreso jubilatorio se encuentra cubierta dentro de los hogares con salarios con jefes de hogar que perciben un CRS salarial o bien viven de rentas.
A la hora de estimar el CRS jubilatorio, se toma como referencia la jubilación mínima, que se supone debe garantizar la reproducción de cada uno de los adultos mayores (contabilizada 13 veces, al igual que en el caso salarial):
CRS jubilatorio = jubilación mínima x cantidad de mayores cubiertos por el sistema previsional anualmente.
En el Cuadro 3 y el Gráfico 2 se presentan los resultados obtenidos en dólares y pesos constantes de 1991, respectivamente.
Fuente: elaboración propia en base a datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ANSES, INDEC e IPC 9 provincias
A partir de los datos obtenidos se advierte que el sistema jubilatorio es uno de los aspectos donde se manifiestan con mayor énfasis las diferencias en materia de ingresos básicos de reproducción de los mayores entre la década de 1990 y el ciclo de gobiernos kirchneristas (gráfico 2). Después de una abrupta caída de la jubilación mínima entre 1991 y 1994, a partir de allí se mantuvo prácticamente estable, en un comportamiento similar al que experimentó el salario mínimo. Al mismo tiempo, desde 1992 el nivel de cobertura descendió de manera considerable, pasando de algo menos de 80% a principios de la década de 1990 a prácticamente 70% a fines de la convertibilidad. Posteriormente, desde 2003 comenzaron a recuperarse ambas variables (jubilaciones mínimas y cobertura), aunque la primera en hacerlo fue la relativa a los haberes: ya en 2005 prácticamente igualaban el valor real de 1991, en tanto que en 2007 superaban esa marca en 17%. La inflación frenó la expansión del haber mínimo en términos reales en el trienio 2008-2010, pero entre 2011 y 2013 volvieron a aumentar significativamente (en 2013 eran 37% mayores a las de 1991 (11)) para permanecer estables durante los últimos años del segundo gobierno de C. Fernández (2011-2015). La cobertura, por su parte, dio un salto en 2007 y 2015, con un alcance superior al 95%, siendo una de las más amplias de América Latina (CEPAL, 2016).
¿A qué obedecieron estos cambios? En 1994 se llevó a cabo la privatización del sistema de jubilaciones y pensiones bajo el argumento de que el manejo estatal era ineficiente y conducía a la quiebra. Sin embargo, a partir de la administración de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) se produjeron varios efectos perversos tales como: el desfinanciamiento del Estado, la caída en la cobertura (vinculada a la creciente informalidad), el aumento de la proporción de adultos mayores pobres e indigentes y la redistribución regresiva del ingreso como consecuencia de que fueron los sectores de mayores recursos los que accedieron a las jubilaciones y pensiones (Goldberg y Lo Vuolo, 2006).
Por el contrario, en la posconvertibilidad se revirtió parte de este cuadro regresivo a partir de cuatro políticas principales: la evolución de los haberes desde 2002 a través de aumentos por decreto, las moratorias jubilatorias que permitieron el retorno o la inclusión al sistema de reparto de millones de aportantes desde 2005 en adelante, la estatización del régimen en 2008 (fuente de financiamiento de las políticas anti cíclicas como la asignación universal por hijo, el programa educativo Conectar Igualdad, el plan de financiamiento para viviendas Procrear, etc.) y la sanción de la ley de movilidad jubilatoria en 2009, que estableció dos aumentos por año (Basualdo, Manzanelli, Barrera, Wainer y Bona, 2015).
Por estos motivos, el CRS jubilatorio se recuperó fuertemente en la posconvertibilidad, describiendo una de las más importantes diferencias en términos conceptuales y distributivos entre las etapas estudiadas. La ANSES, abocada al establecimiento de un nuevo sistema de seguridad social, se transformó en el eje articulador de numerosas políticas, sobre todo destinadas a los sectores de menores ingresos (Panigo y Médici, 2013).
d. El rol del Estado: educación, salud, subsidios al transporte y la energía e impuestos
La acción del Estado es central para el funcionamiento de las sociedades capitalistas modernas. En ese marco, una de sus esferas de intervención, la política social, tiene dos dimensiones: por un lado, genera condiciones para sostener la rentabilidad del capital y por el otro, permite el equilibrio social para sostener el proceso de acumulación pretendiendo acotar los conflictos entre las clases sociales Palmieri, 2016. Las clases subalternas pugnan para que el estado garantice derechos y servicios fundamentales para su reproducción de manera socializada y les imponga la menor carga tributaria posible, en tanto que las dominantes también buscan minimizar sus aportes al fisco pero (usualmente) se oponen a la intervención en la esfera económica.
Al respecto, los elementos considerados parte del costo de reproducción social son la educación y salud universales, a lo que cabe agregar los subsidios a los sectores económicos que se emplearon en la posconvertibilidad. Ello obedece a que sin estos elementos no se garantizarían las condiciones de reproducción social, debido a que sin educación básica no habría personas capacitadas para cumplir las tareas de producción, distribución y consumo; en tanto que sin la provisión mínima de acceso a derechos de salud no garantizaría las posibilidades de supervivencia fundamentales. Por su parte, el Estado desde 2002 subsidió las tarifas del transporte público terrestre y la energía residencial de manera masiva, abaratando significativamente los costos de vida para el conjunto de la población, en lo que representó un “salario indirecto” (12).
Para desarrollar esta tarea, se identifican los subsidios que corresponden a gas y luz en el caso de la energía (que permiten la reducción de las tarifas de consumo residencial) y aquellos destinados al transporte de pasajeros de ómnibus, trenes y subtes, debido a su progresividad (Puig y Salinardi, 2015). A su vez, para trazar un análisis de la acción estatal en la determinación del CRS, deben considerarse los impuestos que el Estado impone sobre los ingresos reproductivos. La forma de estimar qué porcentaje de los mismos son utilizados para cancelar obligaciones con el fisco será identificar a qué decil de la población corresponden los ingresos representativos del CRS y, a partir de allí, observar qué porcentaje de ese ingreso corresponde al pago de impuestos (IVA, ganancias, etc.), utilizando la metodología de Santiere, Sabaini y Rossignolo (2000) y Gaggero y Rossignolo (2012). Al respecto, en ambos casos se aprecia que los valores de reproducción social corresponden al decil 5 de ingresos, donde la carga tributaria durante la convertibilidad alcanzaría 29,59% mientras que la misma aumentaría a 32,49% en la posconvertibilidad.
En el Cuadro 4 y el Gráfico 3 se presentan los resultados obtenidos para cada componente.
Fuente: elaboración propia con base en datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ASAP y US Bureau of Labor Statistics
Fuente: elaboración propia con base en datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ASAP e INDEC
Como lo indica el Gráfico 3, los gastos en educación pública se mantuvieron relativamente estables, con relación al PBI, entre 1991 y 1998. Aquellos que corresponden a la salud tuvieron un aumento relativo entre 1999 y 2001, aunque ello se debió a la caída del producto registrada en el último período de la convertibilidad. Nuevamente, como ocurriera con los salarios, la devaluación del año 2002 generó una disminución del peso de ambas variables en el producto, que representaron conjuntamente apenas 7% del mismo en 2003.
La evolución desde ese momento fue distinta, en sintonía con el carácter intervencionista de las administraciones kirchneristas, manifestándose un crecimiento constante de los gastos en educación y salud básicas en proporción al PBI, a lo que se agregan los subsidios al transporte y a los usuarios residenciales de energía. Esto derivó en que la participación de las tres variables con relación al PBI alcance los 13 puntos porcentuales en 2015, prácticamente duplicando el registro de inicios de la convertibilidad (6,9% en 1991) y superando con creces al de cierre de esa etapa (8,6% en 2001). Aun descontando los subsidios, los gastos en salud y educación superaron los dos dígitos del PBI desde 2009, cifra que nunca habían alcanzado durante la década de 1990.
4. Evaluación de la evolución del costo de reproducción social total
Habiendo estimado los componentes salariales, jubilatorios y provistos por el estado, en el Cuadro 5, el Gráfico 4 y el Gráfico 5 se exponen los resultados del Costo de reproducción social total entre 1991 y 2015.
La evolución del CRS con relación al PBI y en dólares constantes per cápita (Gráfico 4 y Gráfico 5) muestra que los períodos de convertibilidad y la posconvertibilidad tuvieron un comportamiento diferencial. Entre 1991 y 1994 la evolución del CRS total fue relativamente estable en términos de producto (se mantuvo en el orden de los 36 puntos porcentuales), lo que se explica por una importante mejoría de los ingresos reales posteriores a salida de la hiperinflación de 1989/1990 (simultánea al crecimiento del PBI y la recuperación de los gastos públicos, especialmente en salud). Este proceso de expansión del producto y del CRS en dólares constantes per cápita fue posible gracias a la situación de crisis precedente (en 1989 la economía registraba el mismo volumen de PBI de 1975), donde los ingresos salariales transitaban uno de los niveles más bajos de su historia (Graña y Kennedy, 2008).
Fuente: elaboración propia con base en datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ASAP e INDEC
Entre 1994 y 1998 se registró nuevamente expansión económica (con excepción de 1995) que fue simultánea a la caída del CRS con relación al PBI, verificándose un “crecimiento desigualador”, ya que los niveles de desempleo continuaron manteniéndose elevados. Hacia 1998 el CRS sólo representaba 33% del PBI, prácticamente 5 puntos porcentuales menos que en 1993, lo que se explica por la combinación del congelamiento de jubilaciones y salarios, junto con la estabilización de los gastos públicos en salud y educación. A su vez, cerrado el capítulo de la afluencia de los ingresos de capitales por efectos de las privatizaciones, los procesos de apertura y desregulación, ejes del proceso neoliberal (Basualdo, 2010), completaban el cuadro de desindustrialización que perimía la capacidad de sostenimiento de las condiciones reproductivas de los sectores populares.
Posteriormente, el ciclo que va de 1999 a 2001 (la crisis final de la convertibilidad), muestra una “paradoja”: aun cuando todos los componentes del CRS disminuyeron en dólares constantes por persona (sobre todo por efectos de la creciente desocupación y la disminución de los salarios, especialmente de los no registrados), la participación del CRS en el PBI creció, ya que el producto se contrajo aún más. Es así como en 2001 el CRS registraba proporciones similares a las de principios de la década de 1990, aunque con mucha mayor extensión del desempleo (19,2% promedio anual versus 9,1% en 1991) y de la informalidad (38,7% contra 32,5% en 1991). Se trata de un aumento de la relación CRS/PBI que resultó espurio, ya que fue simultáneo a la disminución del producto y el empeoramiento de las condiciones de vida de las mayorías, lo que indicaba relativa “inflexibilidad a la baja” del salario en el marco de un sistema cambiario de caja de conversión (donde la reducción del mismo debía correr por la vía de la depreciación nominal, sumamente difícil de aplicar en el plano político).
Si bien esta iniciativa salarial-deflacionaria fue, a pesar de todo, emprendida en ese momento (el gobierno de la Alianza que gobernó entre 1999 y 2001 recortó en 13% los salarios y jubilaciones de los empleados del sector público), no logró efectivizarse hasta la salida de la convertibilidad, que reordenó el nivel y la participación de los salarios en la economía argentina. Como se advierte, el sesgo distributivo y reproductivo del modelo neoliberal durante la etapa de convertibilidad resultó sumamente regresivo para el conjunto de las clases subalternas, en un contexto de derrota de los proyectos políticos para las opciones populares (Guillén, 2007), mientras que las políticas estatales estuvieron lejos de revertir esa tendencia.
El punto de inflexión se produjo en 2002, cuando se llevó a cabo una masiva transferencia de excedente económico al reducir los salarios y jubilaciones por la vía devaluatoria. La misma operó a través de dos mecanismos directos y dos indirectos: por un lado, cayeron a un tercio los ingresos salariales en dólares y, a su vez, la inflación registrada ese año (del orden del 26%), disminuyó el poder de compra de los trabajadores ya que sus ingresos no aumentaron nominalmente (sí lo hicieron de las jubilaciones mínimas). Por el otro, el salto en los niveles de desocupación (que alcanzó un máximo en 2002) e informalidad laboral (prácticamente 50% en 2003) funcionaron como “diques de contención” de las demandas salariales.
El desplome de los componentes de ingresos del CRS se reflejó tanto en una caída en su participación en el producto (que se redujo a sólo 26,1% en 2003) como en su valor reflejado en dólares constantes: en el 2002 representaba un tercio del monto de 1991, en el marco de una profunda crisis social. Las políticas destinadas a relanzar la economía argentina con base en esta enorme redistribución del ingreso desde el trabajo hacia el capital resultaron exitosas para un conjunto de grupos económicos, que multiplicaron su tasa de ganancia y se vieron beneficiados del nuevo cuadro de precios relativos (Cantamutto y Wainer, 2013).
Aun en este contexto, las clases subalternas habían reingresado al centro de la escena política después de las revueltas de 2001, exigiendo respuestas a sus reclamos reproductivos, mayormente postergados bajo el modelo neoliberal (Féliz y López, 2012). Entonces se inició la primera fase (2003-2008) del período de posconvertibilidad, caracterizada por un nuevo esquema de políticas económicas y sociales, que lograría la recomposición económica del consumo, las ganancias y la producción (beneficiado por el inicio de un ciclo de significativa valorización de los commodities agrícolas de exportación), simultánea a la recuperación del costo de reproducción social.
En efecto, allí se verificaron: la disminución de la desocupación y la informalidad (7,6% y 37% respectivamente, en 2008), el incremento de la cobertura y haberes previsionales (la incorporación de dos millones de adultos mayores anteriormente excluidos y jubilaciones mínimas 19% mayores, en términos reales, a las de 1991), un mayor dinamismo de los gastos públicos en salud y educación (ambos aumentaron su participación en el PBI en el orden de un punto porcentual con relación a 2003), la incorporación de los subsidios al transporte y la energía (1% del PBI en 2008) y, en menor medida, la recuperación de los (anteriormente súper deprimidos) salarios reales. A pesar de la combinación de todos estos factores, el valor del CRS total en dólares constantes per cápita de 2008 era 16% inferior al del promedio de la convertibilidad. Resultó decisiva, en este sentido, la lenta recuperación que registraron los salarios reales (especialmente los informales, de inédita gravitación en el universo laboral), que indica impacto de la devaluación de 2002 y de la profundidad que asumieron las políticas neoliberales para redefinir la matriz productiva -escasamente integrada, importadora-dependiente, con ramas trabajo-intensivas de bajo desarrollo tecnológico (Porta, 2015)- y consecuentemente, debilitar la capacidad de resistencia de las clases subalternas.
El último período, que corre entre 2009 y 2015 muestra una nueva etapa dentro del ciclo de gobiernos kirchneristas, ya que después del conflicto agrario (Arceo, Basualdo y Arceo, 2009) y el advenimiento de la crisis internacional (2008/2009), las políticas expansivas profundizaron el sesgo redistributivo y las condiciones básicas de reproducción social. El primer mandato de C. Fernández (2007-2011) se inició con una desocupación inferior a los dos dígitos y el nivel de no registro en los valores de fines de los años de 1990 (40% de los asalariados), aunque con una cobertura previsional mucho más extendida (superior al 90% de los mayores) y salarios de reproducción con el mismo poder de compra que los de 2001. En esta etapa la potenciación de las políticas de gasto público (con una notable incidencia de los subsidios, además de la evolución de los presupuestos de salud y educación) fueron acompañadas con el ritmo ascendente de los ingresos mínimos (salarios y jubilaciones) y la mejora en los salarios reales de los trabajadores.
Desde 2009 el CRS aumentó fuertemente tanto en dólares constantes como en proporción al PBI (con excepción de 2014), llegando a su máximo de 39,9% del PBI en 2015 (31% mayor al de 1993 en dólares constantes per cápita), aunque mucho más por efectos de la evolución de los componentes socializados del CRS (educación, salud y subsidios) que por la dinámica de los ingresos salariales y jubilatorios. Se trata de una recomposición de las condiciones de reproducción social que, ante el límite estructural al alza de los salarios (por las características de la matriz productiva) operó por la vía de políticas estatales de lógica inversa a las que primaban durante el neoliberalismo: en este orden se inscriben la re-estatización del régimen previsional (2008), el establecimiento de la asignación universal por hijo (2009) y el aumento sostenido del gasto público para alentar el consumo, entre otros.
5. Conclusión
En este artículo se analizó el costo de reproducción social en Argentina, herramienta analítica que describe la evolución de las condiciones de reproducción de las clases subalternas (a través del estudio de los salarios y jubilaciones) en el marco de la puja por la distribución de la riqueza, así como la capacidad de plasmar sus demandas concretas en políticas estatales universales (educación, salud y subsidios). El examen del mismo permite extraer algunas conclusiones respecto de los regímenes de acumulación implementados entre 1991 y 2015.
Durante la convertibilidad (1991-2001) se implementó en Argentina un proceso económico, social y político de nítidas características neoliberales. Si se observa la evolución del CRS, se advierte que el mismo gozó de un primer momento “exitoso” para las clases subalternas (1991-1996) porque mejoró sus condiciones materiales de vida tanto en términos relativos (porcentaje del PBI) como absolutos (poder de compra). En su segundo ciclo (1997-2001), ingresó en un período de crisis que se plasmó en crecientes niveles de desempleo e informalidad, caída de salarios reales, disminución de la cobertura e ingresos jubilatorios y relativa estabilización de los gastos públicos en educación y salud, cerrando en 2001 con niveles de CRS contantes per cápita inferiores a los del promedio de la década.
La devaluación de 2002 generó una masiva transferencia de ingresos del trabajo al capital, lo que retrajo a niveles extraordinariamente bajos los componentes directos (salarios y jubilaciones) del CRS. Inmediatamente después, durante el primer ciclo kirchnerista (2003-2008) los mismos aumentaron como consecuencia, especialmente, de la recuperación salarial y del empleo; aunque también de la cobertura jubilatoria, de los gastos en educación, salud y, en menor medida, los subsidios al transporte y la energía (más allá de que fue etapa donde, en promedio, la proporción de excedente económico con relación al producto resultó significativamente elevada). Los estándares reproductivos de la convertibilidad lograron revertirse sólo a partir de 2009, cuando las mejoras perforaron dichos registros hasta llevar la relación CRS/PBI a 39,9% en 2015, ahora con menor protagonismo de los salarios reales que de los componentes indirectos, al calor del nuevo tipo de respuesta a las demandas de las clases subalternas, anteriormente relegadas por el esquema neoliberal. Al respecto, el nivel del CRS salarial observado hacia 2012-2015 parece indicar que se habría alcanzado un “techo estructural” para las remuneraciones de los asalariados, al menos en las condiciones en que se encuentra la matriz productiva argentina, sin mayores modificaciones entre el período de convertibilidad y posconvertibilidad.
Del análisis de ambas etapas bajo la lógica del CRS se desprende que se trató de dos períodos marcadamente distintos, tanto por la tendencia en la que se movieron los salarios y jubilaciones (minimizados en la convertibilidad y crecientes -aunque con límites- durante la posconvertibilidad) como por la forma en que intervino el Estado, garante de las reglas de mercado en los años de 1990 y con una impronta mayormente intervencionista durante la primera década y media del siglo XXI