Segunda Sección: Estudios e Investigaciones

Inteligencia y Conductas Delictuales en Adolescentes Chilenos ^*

Inteligência e Condutas Delitivas em Adolescentes Chilenos

Intelligence and criminal behavior in chilean adolescents

Félix Cova¹, Claudia P. Pérez-Salas², Benjamín Vicente Parada³, Sandra Saldivia⁴, Pedro Rioseco⁵, Osvaldo Soto⁶

¹Profesor Universidad de Concepción, Chile. Psicólogo de la Universidad de Concepción (Chile), Magíster en Salud Pública de la Universidad de Chile, Doctor en Psicología de la Universidad del País Vasco (España). Universidad de Concepción, Departamento de Psicología. Correo electrónico: fecova@udec.cl

²Profesor Universidad de Concepción, Chile. Psicóloga de la Universidad de Santiago de Chile, Diplomado mención Psicología Clínica de la Universidad de Santiago de Chile, Doctora en Psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Universidad de Concepción, Departamento de Psicología. Correo electrónico:cperezs@udec.cl

³Profesor Universidad de Concepción, Chile. Médico Cirujano de la Universidad de Chile, Médico Psiquiatra de la Universidad de Concepción, Doctor en Psiquiatría de la Universidad de Sheffield (Reino Unido). Universidad de Concepción, Departamento de Psiquiatría y Salud Mental. Correo electrónico: bvicent@udec.cl

⁴Profesor Universidad de Concepción, Chile. Psicóloga de la Universidad de Concepción (Chile), Doctora en Psicología de la Universidad de Granada (España). Universidad de Concepción, Departamento de Psiquiatría y Salud Mental. Correo electrónico: ssaldivi@udec.cl

⁵Profesor Universidad de Concepción, Chile. Médico Cirujano y Psiquiatra de la Universidad de Chile, Médico Psiquiatra de la Universidad de Navarra (España). Universidad de Concepción, Departamento de Psiquiatría y Salud Mental. Correo electrónico: priosec@udec.cl

⁶Profesor Universidad de Concepción, Chile. Psicólogo de la Universidad de Concepción, Estudiante de Magíster en Investigación Social y Desarrollo de la Universidad de Concepción. Universidad de Concepción, Departamento de Psicología. Correo electrónico: osoto@udec.cl

Artículo recibido en junio 8 de 2011; artículo aceptado en septiembre 14 de 2011 (Eds.)

Resumen:

Este estudio compara el rendimiento intelectual de 100 jóvenes varones (12-17 años) que han infringido la ley, con el de 100 jóvenes no infractores. Los resultados indican que los jóvenes infractores de ley presentan una mayor proporción de CIs totales inferiores al promedio en comparación con los jóvenes no infractores. Al descontar el efecto de la escolarización y NSE, las diferencias de CI entre ambos grupos siguen siendo significativas, aunque menos extremas. Los resultados concuerdan con los hallazgos de otros estudios respecto al menor CI en jóvenes infractores de ley, particularmente en el CI verbal. Estos resultados son de importancia en la planificación de estrategias de rehabilitación, reescolarización y reinserción social de estos adolescentes.

Palabras clave: coeficiente intelectual (CI), WISC-R, WAIS, conductas delictuales, trastorno disocial.

Resumo:

Este estudo compara o rendimento intelectual de 100 jovens do sexo masculino (12- 17 anos) que infringiram a lei com o de 100 jovens não infratores. Os resultados indicam que os jovens infratores da lei apresentam uma maior proporção de QIs totais inferiores à média em comparação com os jovens não infratores. Ao descontar o efeito da escolarização e nível socioeconômico, as diferenças de QI entre ambos os grupos continuam sendo significativas, mesmo que menos extremas. Os resultados estão de acordo com os achados de outros estudos com respeito ao menor QI em jovens infratores da lei, particularmente no QI verbal. Estes resultados são importantes na planificação de estratégias de reabilitação, reescolarização e reinserção social destes adolescentes.

Palavras-chave: quociente Intelectual (QI), WISC-R, WAIS, condutas delitivas, transtorno dissocial.

Abstract:

This study compared the intellectual performance of 100 young men (12-17 years old) law offenders versus the performance of 100 young men non offenders. Results indicate that young offenders present a larger proportion of total IQ below average than non offenders. After removing education and socio-economical effects, differences between law offender's IQs and non offender's IQs are still significant, although smaller. These results are consistent with findings from other studies regarding the lower IQ in young offenders, particularly verbal IQ. These results are important in planning rehabilitation strategies, re- schooling and social reinsertion of these adolescents.

Key words: Intelligence quotient (IQ), WISC-R, WAIS, criminal behavior, conducts disorde.

1. Introducción

Diversos investigadores han explorado la existencia de una posible relación entre coeficiente intelectual (CI) y comportamientos delictuales (Murray & Farrington, 2010). En general, los estudios han mostrado que los grupos de personas que presentan conductas delictuales tienden a presentar peor desempeño en las pruebas que evalúan CI que los grupos de comparación (Hirschi & Hindelang, 1977; Isen, 2010; McGloin, Pratt & Maahs, 2004).

Sin embargo, la interpretación de estos resultados es compleja. Por un lado, el concepto de comportamiento delictual no es suficientemente preciso. En Chile, los adolescentes con comportamientos delictuales son denominados genéricamente “jóvenes infractores de ley”. Estos conceptos, de corte jurídico, se superponen con los conceptos de comportamientos disociales (aplicable en especial a niños y adolescentes) o antisociales, empleados en las ciencias del comportamiento (Amich, 2007). En el presente artículo se les trata como sinónimos, si bien, según el contexto, se privilegia el concepto más pertinente.

Más decisivamente, la existencia de una asociación estadística entre comportamientos delictuales y CI podría ser explicada por una serie de otras influencias que no resultan fáciles de controlar. La etiología de los comportamientos antisociales es reconocidamente multifactorial, y resulta de alta complejidad intentar identificar factores específicos que contribuyan a su desarrollo (Bailey & Scott, 2008; Moffitt & Scott, 2008; Salazar, Torres, Reynaldos, Figueroa & Valencia, 2009).

Pese a esas consideraciones, la asociación entre CI y conductas antisociales se reproduce consistentemente en diversas investigaciones (Koenen, Caspi, Moffitt, Rijsdijk & Taylor, 2006). Se ha descartado que pueda atribuirse simplemente a una mayor facilidad para ser detenidos de quienes presentan menor CI (Moffitt, 1993). Tampoco es posible atribuir enteramente la relación a factores sociales relacionados con la pobreza o a dificultades en la escolarización, y al fracaso escolar. Existe evidencia respecto a que la asociación observada no se explica exclusivamente por la mayor proveniencia de las personas con conductas delictuales de hogares más desaventajados socialmente (Rutter, Giller & Hagell, 1998). La menor escolaridad de quienes presentan conductas antisociales es un factor que contribuye al menor rendimiento en las pruebas de inteligencia; al controlarse este factor, la relación disminuye; sin embargo, no desaparece (Maguin & Loeber, 1996). Estudios longitudinales muestran un rol independiente del CI en la presencia de conductas disociales, particularmente en relación con los patrones de conducta disocial de inicio temprano; evaluaciones de CI ya en preescolares son predictivas de conductas antisociales posteriores (Rutter et al., 1998; Stattin & Klackenberg- Larsson, 1993).

Un factor que complejiza la interpretación de la relación entre CI y conductas antisociales es que la ejecución en las pruebas de inteligencia podría verse artificialmente disminuida por la propia conducta antisocial, dada la posible relación entre esta última con una menor disposición e interés en responder este tipo de evaluaciones. Sin embargo, Lynam et al. (1993) controlan explícitamente la influencia de una menor motivación a responder en las evaluaciones, y no encuentran una influencia relevante de esta variable. Los hallazgos de los estudios longitudinales comentados también debilitan esta hipótesis. Lo que sí es claro es que la presencia temprana de conductas antisociales afecta la escolaridad posterior. Dado que una escolarización más deficitaria influye negativamente en el CI, ello puede acentuar la relación observada entre CI e inteligencia. En efecto, estudios longitudinales muestran que la agresividad temprana predice una declinación en el funcionamiento intelectual posterior (Huesmann, Eron & Yarmel, 1987; Moskowitz & Schwartzman, 1989).

La relación entre CI y conductas disociales está vinculada a otros déficit neurocognitivos que, especialmente en condiciones de adversidad psicosocial, favorecen el desarrollo de conductas desadaptativas (Moffitt, Caspi, Rutter & Silva, 2001). Evidencias de ello hay en relación con el conjunto de déficit característicos de los trastornos hipercinéticos. Los déficit de atención, impulsividad e hiperactividad propios de los trastornos hipercinéticos muestran relación con un menor CI y con la presencia de conductas disociales (Biederman et al., 2009; Taylor & Sonuga-Barke, 2008). Más intensa es esta relación respecto del patrón de conductas disociales de inicio temprano (Moffitt et al., 2001).

Se ha observado una relación mucho más acentuada de las conductas disociales con el CI verbal que con el manual en diversas investigaciones, particularmente en muestras de adolescentes (Isen, 2010). El estudio clásico de Wechsler (1958) constató que los jóvenes delincuentes presentaban frecuentemente un CI manual considerablemente más alto que el CI verbal, situación que ha sido replicada en investigaciones posteriores, aún cuando no se ha logrado establecer con claridad la magnitud específica de la discrepancia (Isen, 2010).

En relación con el rol de la discrepancia entre CI verbal y manual en adolescentes con comportamientos delictivos, existen visiones contrapuestas. Algunos autores y autoras consideran la diferencia de puntajes como indicativa de una discapacidad de aprendizaje (Baxter, Motiuk & Fortin, 1995). Otros investigadores e investigadoras le atribuyen a los déficit cognitivos verbales un valor explicativo de la conducta delictual, relacionándolo con una mayor dificultad para comprender normas y expectativas sociales y para resolver conflictos a través del lenguaje (Lynam & Henry, 2001).

Cabe destacar que las evidencias indican que la mayor parte de las conductas delictuales son realizadas por personas con CI normal. Se estima en 8 puntos la diferencia entre el promedio de CI en la población general y personas con conductas delictuales (Rutter et. al, 1998).

En Chile existen pocos estudios respecto de este tema. El presente estudio es parte de una investigación más amplia destinada a comparar una población de adolescentes calificados de “infractores de ley” con una población de adolescentes no infractores (Rioseco et. al, 2009). Además de contribuir al estudio de los aspectos cognitivos que se relacionan con el comportamiento antisocial de jóvenes, se busca caracterizar el nivel de funcionamiento intelectual de los jóvenes infractores de ley, con el fin de contribuir al diseño de estrategias de prevención y rehabilitación pertinentes.

Al igual que la mayor parte de la investigación en al ámbito, se centra exclusivamente en población masculina. Aun cuando los trastornos de conducta antisocial y la delincuencia en mujeres se han incrementado en las últimas décadas en muy diversos contextos, generando un enorme interés por una mejor comprensión de estas manifestaciones en el sexo femenino, sigue siendo claro el predominio de estos fenómenos en hombres (Cooper, 2002; Zahn-Waxler, Crik, Shirtcliff & Woods, 2006).

2. Material y Método

El universo de infractores estaba compuesto por adolescentes hombres chilenos de edades entre los 12 hasta los 17 años. Todos estaban en régimen de reclusión cerrado en el único recinto para estos fines de la Provincia de Concepción, Chile. Empleamos dos criterios de exclusión: discapacidad física y etnia indígena. De los 300 adolescentes que reunían los requisitos, seleccionamos una muestra por conveniencia de 100 jóvenes. El grupo control lo seleccionamos de un establecimiento de educación secundaria. Del universo de estudiantes hombres (N=580) seleccionamos, a través de un muestreo por conveniencia, un grupo análogo en edad de 100 controles. Además de emplear los mismos criterios de exclusión considerados para el grupo de infractores, consideramos como criterio de exclusión del grupo control a quienes presentaban conducta delictual autoinformada. Aun cuando el establecimiento secundario seleccionado atiende estudiantes de similares características socieconómicas al grupo de infractores, observamos diferencias entre ambos grupos. En la Tabla 1 presentamos una caracterización sociodemográfica de los dos grupos.

Realizamos la evaluación intelectual con la Weschler Intelligence Scale for Children (WISC-R) (Calderón, Castillo, Mandujano, Pérez & Purcell, 1980) y con la Weschler Adult Intelligent Scale (WAIS) (Berdicewski & Herreros, 1960). La versión estandarizada en Chile de estas dos pruebas fue utilizada para la medición de inteligencia¹.

Además de estos instrumentos registramos una serie de antecedentes demográficos en una ficha ad hoc, incluyendo la escala Graffar para evaluar el nivel socioeconómico (Álvarez, Muzzo & Ivanovic, 1985). Esta escala permite identificar seis categorías de nivel socioeconómico (alto, medio alto, medio, medio bajo, bajo y miseria) con base en tres variables fundamentales: escolaridad de los padres y madres, ocupación del jefe o jefa de hogar, y características de la vivienda. Para la obtención de la muestra se requirió el contacto con el Servicio Nacional de Menores, a cuyo cargo permanecían los adolescentes infractores de ley, y con un liceo técnico subvencionado que atendía población de nivel socioeconómico semejante al de los jóvenes infractores. Ingresamos a la muestra todos los adolescentes infractores que cumplían los requisitos de inclusión de los centros contactados.

Otro instrumento empleado fue la Entrevista Estructurada DISC-IV que permite evaluar presencia de psicopatología incluyendo abuso y dependencia de sustancias. En Rioseco et al. (2009) se detalla el uso de esta entrevista. El proyecto recibió la aprobación de las exigencias éticas de los comités respectivos de la Universidad de Concepción y de Conicyt (Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica). Ambos grupos de participantes firmaron un consentimiento informado. La aplicación fue realizada por estudiantes del último curso de psicología, debidamente capacitados.

3. Resultados

El análisis descriptivo de los datos evidencia que el grupo de jóvenes infractores de ley presentó una proporción mayor de personas con CIs totales inferiores al promedio, es decir, frecuencias más altas en las categorías diagnósticas de discapacidad intelectual²*, limítrofe y normal lento, que el grupo de comparación, el cual no presentó casos de discapacidad intelectual ni de inteligencia limítrofe. Asimismo, el grupo de jóvenes infractores también presentó frecuencias más bajas o nulas en las categorías diagnósticas de normal promedio y superiores en comparación al grupo de comparación (ver Tabla 2).

Al analizar las medias de los CI totales de ambos grupos, podemos señalar que los jóvenes infractores de ley obtuvieron un CI Total que los ubica, en promedio, en una categoría diagnóstica de Inteligencia Limítrofe (M=79,3; DE=12,71), mientras que el grupo de comparación, compuesto por jóvenes no infractores, obtuvo un CI Total equivalente a la categoría diagnóstica Normal Promedio (M=103,6; DE= 8,20). Luego de comprobar el cumplimiento de los supuestos de las pruebas paramétricas utilizadas, podemos constatar mediante la prueba Anova que los puntajes de CI Totales de ambos grupos difieren significativamente (F(1, 192) = 253,64, p<0,01). Lo mismo sucede al evaluar la diferencia multivariada de los puntajes de las escalas de CI verbal y CI manual, donde los jóvenes infractores de ley obtuvieron puntajes de CI verbal y manual significativamente inferiores a los obtenidos por el grupo de comparación en ambos tipos de coeficientes (F(2, 191) = 128,61; p<0,01).

En cuanto a la relación entre ambas mediciones del CI, se aprecia una diferencia de aproximadamente 5 puntos entre el CI verbal y manual de los jóvenes infractores de ley, donde el CI manual es el que posee el puntaje más elevado (M=83,97; DE=13,54) respecto al verbal (M=78,12; DE=13,54), situación que no ocurre con los CIs verbal y manual del grupo de comparación (M=103,57; DE=9,19 y M= 103,08; DE= 9,86, respectivamente).

Dado que el coeficiente intelectual es una variable que puede verse influida por aspectos culturales y educacionales, procedimos a realizar un análisis multivariado de la covarianza (Mancova) para descontar el posible efecto del nivel de escolarización y del nivel socioeconómico de los jóvenes en las diferencias encontradas respecto al grupo de comparación en las dos medidas del coeficiente intelectual (CI Verbal y CI Manual).

Previa comprobación del cumplimiento de los supuestos, el Mancova indica que el nivel socioeconómico de los jóvenes no se asocia significativamente con el CI verbal ni con el CI manual obtenido (F(2, 189) = 0,58; p=0,56), pero sí los años de escolarización del adolescente (F(2,189) = 10,22; p<0,01). Al descontar el efecto que los años de escolarización tienen en el CI verbal de los jóvenes podemos apreciar que, de todos modos, los jóvenes infractores de ley tienen puntajes de CI verbal y manual significativamente inferiores a los obtenidos por los jóvenes del grupo de comparación (F(2,189) = 34,98; p<0,01), aunque con puntajes levemente mejores a los obtenidos sin tomar en cuenta el impacto de dicha covariable (ver Tabla 3).

De este modo, podemos apreciar que al descontar el efecto de la escolarización, si bien los grupos siguen difiriendo, ambos están ubicados en una categoría diagnóstica de normalidad: los infractores de ley en la categoría “normal lento” y el grupo de comparación en la de “normal promedio”.

En cuanto al resultado de las subpruebas, se aprecian diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes obtenidos por los jóvenes infractores y el grupo de comparación en la totalidad de las subpruebas del test (p < 0.05). Destacan especialmente por la magnitud de tales diferencias los puntajes obtenidos en la pruebas de comprensión, semejanzas, información y aritmética, todas pertenecientes a la escala verbal del test. En todas éstas, el grupo de comparación presenta puntajes ubicados en un nivel de desarrollo normal de la habilidad, mientras que el grupo de jóvenes infractores presentan puntajes equivalentes a niveles fuertemente disminuidos en comprensión, información y aritmética, así como niveles disminuidos en la subprueba de semejanzas y vocabulario. En la prueba de dígitos también se observan diferencias significativas que varían entre un rango disminuido en el grupo de jóvenes infractores a algo disminuido en el grupo de comparación.

Dentro de la escala manual, la subprueba ordenación de cuadros es la que presenta los puntajes más bajos en el grupo de jóvenes infractores, con puntajes equivalentes a un nivel de desarrollo disminuido respecto al grupo de comparación que se ubica en un nivel adecuado de desarrollo. Todas las otras subpruebas de la escala manual presentan un nivel algo disminuido en el grupo de jóvenes infractores y adecuados en el grupo de comparación (ver Tabla 4).

Dada la probablemente alta prevalencia de abuso y dependencia de sustancias en los infractores de ley, comparamos el grupo de jóvenes infractores y el grupo control en este aspecto, observando, efectivamente, diferencias claras entre ambos. En la Tabla 5 presentamos estos resultados.

4. Discusión

Los resultados son concordantes con la relación entre CI y conductas delictuales observadas por diversos investigadores e investigadoras: el grupo de jóvenes infractores presentó puntajes de CI más bajos que el grupo de comparación, tanto a nivel global como de CI verbal y manual. Asimismo, los jóvenes infractores presentaron mayores déficit en el CI verbal que en el manual, constatándose una vez más la observación realizada por Weschler (1958) respecto a la discrepancia de puntajes en CI presente en los grupos de jóvenes infractores.

El estudio de la relación CI y conductas delictuales ha estado históricamente influido por aspectos ideológicos que no han contribuido a un análisis complejo que considere los distintos aspectos implicados (McGloin et. al, 2004). Estando ya fuera del horizonte de la mayoría de los investigadores e investigadoras la búsqueda de explicaciones que desconozcan la multifactorialidad de los comportamientos delictuales y los distintos niveles de análisis que deben integrarse, persiste la pregunta respecto de cuáles son las mejores formas de entender las relaciones observadas.

Un elemento que complejiza más el análisis es la naturaleza del constructo de CI y la propia multifactorialidad de determinantes que tiene. La Teoría del Privilegio Social ha destacado que las diferencias intelectuales no pueden ser entendidas exclusivamente por factores biológicos, y que, por el contrario, están determinadas fuertemente por la inequidad social, debido a las diferentes oportunidades educacionales y culturales que generan, y a su impacto en el desarrollo cognitivo (Gottfredson, 2010).

Sin embargo, ello no niega que un menor CI es un factor independiente relacionado con el desarrollo de conductas disociales. Uno de los desafíos fundamentales de la investigación es identificar los mecanismos causales de esa relación.

Se ha planteado que un menor CI constituiría un factor de vulnerabilidad que se expresaría en condiciones de adversidad social y familiar (Rutter et. al, 1998). También se ha observado que el CI podría actuar como un factor mediador del impacto de la presencia de adversidades. En esta dirección, el estudio de McGloin y Pratt (2003) muestra que el efecto de la disrupción familiar y de la adversidad socieconómica en el desarrollo de conductas delictuales es, parcialmente, mediado por el CI. Ambas posibilidades muestran que si bien la relación entre CI y las conductas delictuales no puede atribuirse exclusivamente a la pobreza y a las condiciones sociales, éstas tienen un rol decisivo en la cadena que incrementa el riesgo al desarrollo de estos comportamientos.

En una dirección aparentemente inversa, Koenen et al. (2006) muestran que el 100% de la sobreposición entre bajo CI y conductas antisociales en niños y niñas de 5 a 7 años obedece a una influencia genética común a ambos fenómenos. Sin embargo, los procesos a través de los cuales se desarrolla esa influencia genética pueden ser decisivamente ambientales. Los autores señalan que, siguiendo las convenciones al uso, los fenómenos de correlación y/o interacción genotipo-ambiente fueron atribuidos al factor genético. La mediación ambiental de la influencia genética es una de las áreas de mayor interés en la investigación actual de la genética conductual (Rutter, Moffitt & Caspi, 2006).

Dada la relación entre CI y escolaridad (Spinks et. al, 2007), se ha planteado que la asociación entre CI y conducta delictual podría explicarse por la influencia de una menor escolaridad en el grupo con CI más bajo. En el presente estudio, en concordancia con múltiples investigaciones transversales y longitudinales, al controlar las diferencias en escolaridad entre el grupo infractor de ley, las diferencias en CI disminuyen, pero continúan existiendo. Aunque no puede atribuirse en consecuencia el efecto del CI sólo a la baja escolaridad, la forma como un menor CI influye en la vivencia y resultados de la escolaridad se muestra como una de las vías explicativas clave de su relación con las conductas delictuales. McGloin et al. (2004), en un estudio longitudinal, evalúan la relación entre CI y conductas delictuales en jóvenes, considerando tres procesos intervinientes: rendimiento escolar, presión de grupos de pares con comportamientos desadaptativos y auto-control, encontrando evidencias a favor de estas tres vías, pero más fuertemente de la primera (especialmente cuando interactúa con un bajo autocontrol). Así, el CI bajo influye en una menor implicación en las instituciones educativas, limitando el potencial protector de éstas. También observan que el CI se relaciona con el desarrollo del autocontrol, lo cual a su vez interactúa con el efecto de la experiencia escolar. Es importante destacar que los autores observan sólo un efecto indirecto del CI, a través de los mediadores señalados.

Asimismo, es posible apreciar que algunas de las escalas verbales más fuertemente disminuidas en el grupo de infractores de ley, son las más sensibles a la influencia de la escolaridad, como por ejemplo la subprueba de información, comprensión, aritmética y semejanzas, todas ellas pertenecientes al Factor de Comprensión Verbal del test. Al respecto, se ha mencionado que el menor desarrollo de esta capacidad verbal podría contribuir en la habilidad de los jóvenes infractores de ley de adaptarse al ambiente escolar, a la vez que interactuar con otras variables, tales como pobres estrategias de crianza, que favorecerían las conductas de acting out observadas en estos jóvenes (Hersen & Ammerman, 2009).

Nigg y Huang-Pollock (2003) señalan que es relevante estudiar si estas variables cognitivas contribuyen al desarrollo de un comportamiento antisocial. Esto, en opinión de dichos autores, sería especialmente crítico en ambientes de alta vulnerabilidad, en donde los padres y las madres poseen menores habilidades para proveer a los niños y niñas un apoyo que compense posibles limitaciones en sus habilidades ejecutivas y/o, verbales. Un mejor entendimiento respecto a cómo las habilidades cognitivas verbales y ejecutivas pueden contribuir a la autorregulación del comportamiento de los niños y niñas, permitiría identificar cómo los procesos cognitivos participan en la socialización durante el desarrollo de la conducta antisocial.

Los resultados obtenidos refuerzan la importancia de considerar los estilos y capacidades de aprendizaje en la planificación de intervenciones de rehabilitación. En la muestra estudiada, un 53.2% de los adolescentes infractores presenta un CI normal (la mayoría dentro del rango denominado “normal lento”); un grupo relevante de jóvenes infractores presenta déficit cognitivos de relevancia, un 14% ubicable en la categoría de discapacidad intelectual y un 33% en la de limítrofe. Si bien la re-escolarización aparece como una de los componentes cruciales de las estrategias de rehabilitación de jóvenes infractores, resulta fundamental facilitar que este proceso tenga aspectos gratificantes, cuestión de especial complejidad, dado que los adolescentes con comportamientos delictuales suman a las frecuentes limitaciones de su desarrollo cognitivo una experiencia escolar anterior cargada de frustraciones. Sin duda, ello no puede atribuirse solo al aspecto cognitivo sino también a los déficit asociados en capacidades de autorregulación que impactan negativamente en su entorno.

Una limitación importante del presente estudio es que no distingue entre las distintas formas de conductas antisociales que presenta el grupo de infractores de ley, dado que el tamaño muestral era reducido para ese fin; por otro lado, tampoco distingue entre quienes presentaban conductas disociales de inicio temprano y quienes las desarrollan fundamentalmente en la adolescencia. Es posible que la relación con el CI de ambas situaciones sea distinta, y de hecho se ha observado que quienes presentan conductas disociales de inicio temprano presentan más impedimentos neuropsicológicos (Moffitt et. al, 2001). Un desafío de la investigación en este ámbito es precisamente identificar mejor las tipologías de conductas delictuales y los determinantes que se asocian de modo más particular a cada una de ellas.

Otra limitación del presente estudio es la derivada de las diferencias inevitables que podrían existir entre el grupo de infractores y el grupo control de no infractores. Sin embargo, el control estadístico realizado de variables cruciales tales como la escolaridad y el nivel socioeconómico, permite darle sustentabilidad a los resultados obtenidos. Como lo indica la investigación criminológica contemporánea, el desafío es comprender la relación entre CI y comportamiento delictual, en el marco del conjunto de factores que contextualizan, mediatizan y modulan esta relación (Bellair & McNulty, 2010; McGloin et. al, 2004; Murria & Farrington, 2010).

Notas:

^*El presente artículo de investigación científica y tecnológica se inscribe dentro del proyecto de investigación titulado “Variables individuales, educacionales y psicosociales asociadas con conductas

¹Versiones más recientes de estas pruebas no estaban validadas en Chile al momento de este estudio.

²En el presente artículo se recoge la recomendación realizada por la American Association of Mental Retardation (2002) de sustituir el término “retardo mental” por el sinónimo “discapacidad intelectual", por considerarse más apropiado y menos peyorativo que el primero.

Lista de Referencias

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Referencia para citar este artículo: Cova, F., Pérez-Salas, C. P., Parada, B. V., Saldivia, S., Rioseco, P. & Soto, O. (2012). Inteligencia y Conductas Delictuales en Adolescentes Chilenos. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 10 (1), pp. 441-452.

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