Condiciones históricas de Costa Rica en el siglo XXI

Las condiciones históricas de Costa Rica en los primeros años del siglo XXI se caracterizaron por aceleradas transformaciones en los planos económico, político y cultural. Las tendencias internacionales en el ámbito financiero fueron regidas por premisas neoliberales, las cuales, bajo la idea del libre mercado y la reducción del Estado, ajustaron la economía y la institucionalidad pública a tono con las exigencias de dichas tendencias. Los programas de ajuste estructural de las últimas décadas del siglo XX (^{Molina y Palmer 2008}, 56), el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, en el 2007, sumado a las limitaciones y focalizaciones en la intervención estatal a través de la política social, son expresiones representativas de las transformaciones vividas en la dimensión económica (^{Brenes 2018a}, 16).

Durante la primera década del 2000 se hicieron presentes nuevos y diversos grupos políticos en la arena pública e institucional, incidiendo en la ruptura del bipartidismo político existente desde la segunda mitad del siglo XX. Las manifestaciones de estos nuevos actores se expresaron formalmente en las elecciones presidenciales y legislativas del 2002, a través de la obtención de escaños legislativos y movilizaciones de nuevos partidos (^{Cortés 2019}, 19). Una de las mayores expresiones de tal situación se evidenció en el triunfo del 2014 en la elección presidencial de un partido político derivado de las organizaciones antes enunciadas, formalizando así la ruptura con el bipartidismo (^{Cortés 2019}, 32).

Las transformaciones en mención también se expresaron en distintas esferas del ámbito cultural costarricense; entre ellas, es posible identificar el señalamiento que realiza el movimiento feminista respecto a los niveles de violencia de los que las mujeres son objeto, logrando institucionalizar en la década de los años noventa del siglo anterior normativas relacionadas con la protección de esta población. Además, grupos organizados de la sociedad civil incidieron en la generación de normativas que favorecieran también las condiciones de vida de poblaciones específicas, entre ellas, personas con discapacidad, jóvenes, adultas mayores, indígenas, así como el logro de regulaciones para la niñez y la adolescencia (^{Brenes 2018a}, 10). Durante la segunda década del 2000, fue posible la profundización de la normativa relacionada con una parte de estos grupos poblacionales: las mujeres, las niñas, los niños y las personas adolescentes, así como la presencia de regulaciones nuevas vinculadas con las diversidades sexuales. Es posible, entonces, identificar en las décadas recientes una serie de transformaciones y regulaciones vinculadas a grupos poblacionales específicos, lo cual vehiculó cambios de orden identitario y, por lo tanto, subjetivo en los distintos sectores de la población costarricense.

También es posible registrar las transformaciones culturales en las configuraciones familiares respecto al ideal de familia nuclear moderna. Como razones de las modificaciones de la vivencia familiar con relación a los patrones hegemónicos tradicionales impulsados a finales del siglo XIX y conocidos durante prácticamente todo el siglo XX, se destaca la imposibilidad material de reproducirla debido a la necesaria y temprana vinculación de sus miembros al mercado de trabajo, como condición de sobrevivencia; además, ha contribuido a tales transformaciones la problematización del movimiento feminista respecto a las violencias que generalmente sufren las mujeres en las organizaciones familiares. De igual manera, se encuentra socialmente el cuestionamiento al mandato religioso de la vivencia social a través matrimonio y la admisión, cada vez mayor, a las posibilidades de unión por parte de las diversidades sexuales (^{Brenes 2018a}, 10).

La hegemonía del modelo económico neoliberal, con sus demandas de reducción del Estado Social de Derecho; el ascenso de diversos sectores políticos y las nuevas configuraciones culturales permiten asegurar que la sociedad costarricense en su conjunto está atravesando por complejos procesos de cambio, cuya expresión se identifica en las tensiones de diverso tipo entre los distintos sectores que la conforman. Este escenario permite situar la existencia de una serie de acciones relacionadas con las niñas, los niños y las personas adolescentes a partir de la década de 1990, como marco temporal desde el que cobra impulso la emergencia de la atención de grupos poblacionales específicos. Así, la particularidad del interés de este artículo es la intersección del sujeto de la niñez y la adolescencia con uno sexual que emerge durante la escena en mención.

Niñez, adolescencia y sexualidad: condiciones históricas relacionadas con su ascenso en la Costa Rica del siglo XXI

En lo que respecta a la constitución de la niñez y de la adolescencia en este contexto, es necesario señalar que a nivel formal el paradigma de la protección integral acompaña las discusiones estatales que modelan en ese nivel a la población. El paradigma se deriva de la Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989, ratificada por Costa Rica en 1991 y armonizada en las leyes del país a través del Código de la Niñez y la Adolescencia de 1998 (^{Brenes 2016}, 18). El enfoque que contienen tales normativas en el plano formal pretende superar la atención asistencialista y la visión objetualizada hacia la población; no siempre se logra con éxito en el plano de la técnica institucional o en el plano práctico de la atención inmediata a la población, ni tampoco se logra escapar a las concepciones adultocéntricas en su relación con la población (^{Guendell 2015}, 204). No obstante, frente a las posibilidades que permite esa normativa en la constitución del sujeto de la niñez y la adolescencia como expresión y en estrecha relación con las transformaciones económicas, políticas y culturales antes mencionadas, ha sido posible profundizar en distintas dimensiones de este sujeto, siendo una de ellas su figuración sexual.

En este sentido, la presencia de la sexualidad en las niñas, los niños y las personas adolescentes ha sido evidenciada particularmente como el resultado de la convergencia de actores estatales y la sociedad civil, sobre las vulnerabilidades que afronta esta población. El discurso promovido por estos sectores plantea que las enfermedades de transmisión sexual, la violencia física y los embarazos adolescentes que afrontan estas poblaciones, particularmente, las niñas y las adolescentes en las vinculaciones sexo-afectivas con personas mayores de edad, son algunas de las vulnerabilidades. Dichas situaciones condujeron a la promulgación en el 2017 de la Ley de Relaciones Impropias, que penaliza a las personas adultas que tengan relaciones sexuales con menores de edad.

En la línea de lo planteado, el Ministerio de Salud Pública inició también en ese año un plan piloto para el otorgamiento de métodos anticonceptivos a jóvenes adolescentes (^{Diario Extra 2017}). De igual manera, para atender esas situaciones de vulnerabilidad -pero considerando aspectos de promoción relacionados con el género, la identidad y la diversidad sexual, entre otros-, el Ministerio de Educación Pública en el 2008, mediante decreto ejecutivo, promulgó el 17 de mayo como fecha de celebración anual del Día contra la Homo, Lesbo y Transfobía (^{Cipac 2008}); en el 2015 declaró por la misma vía a los centros educativos espacios libres de discriminación por orientación sexual e identidad de género; para el 2018, implementó un programa de estudios sobre afectividad y sexualidad para estudiantes de décimo nivel de secundaria, incorporando temas relacionados para los demás niveles escolares en las asignaciones de psicología, ciencias, orientación y estudios sociales, correspondientemente (^{Cerdas 2018e}).

A partir de las políticas de salud y las políticas educativas citadas, es posible identificar acciones estatales tendientes a la intervención del ejercicio de la sexualidad de las niñas, los niños y los adolescentes. No obstante, la evidencia empírica que sustenta la existencia de tales políticas no solo refleja la condición de vulnerabilidad que en estas situaciones específicas atraviesan dichos grupos etarios, sino que también evidencia la vivencia de su sexualidad en los términos de la hipótesis represiva, planteada por Michel ^{Foucault (2007a)} en su primer volumen Historia de la sexualidad². Es decir, hay una vivencia de la sexualidad de las niñas, los niños y las personas adolescentes que el Estado costarricense entra formalmente a regular, a pesar de que este mismo en otros planos pueda llegar a negarla o que, inclusive, los propios grupos familiares no la reconozcan. La realización de tales acciones estatales desató una serie de discursos provenientes de distintos sectores, entre ellos, grupos de corte religioso y liberal que, oponiéndose a dichas políticas, daban cuentas de las tensiones que suscitaban los avances en política pública en la línea de la sexualidad de las niñas, los niños y las personas adolescentes.

Al respecto y derivado de ese contexto, se procederá a identificar en el siguiente apartado una coyuntura específica de la intervención estatal de la sexualidad de la niñez y la adolescencia en la contemporaneidad costarricense, la referida a las manifestaciones discursivas derivadas de la implementación de las políticas educativas establecidas en los Programas de Afectividad y Sexualidad. Este apartado reconocerá el escenario sobre el cual una serie de dispositivos de carácter familiar, religioso y educativo produjeron discursos relacionados con la sexualidad de la población, para seguidamente, en el cuarto apartado, reflexionar sobre el sujeto sexual en la niñez y la adolescencia, efecto de estos distintos dispositivos en la coyuntura en mención.

El contexto de los dispositivos empleados en la construcción del sujeto sexual en la niñez y la adolescencia durante la coyuntura en estudio: familia, escuela y religión

Al seguir los planteamientos en los que profundiza la lectura de Michel Foucault, Agamben (citado por ^{Castro 2011}) señala que los dispositivos dentro de la tradición analítica foucaultiana cubren una pluralidad de aspectos relativos a la historia, las estructuras de poder, las instituciones, así como el lenguaje. El autor decanta que el sujeto no corresponde a una sustancia derivada del ser vivo, sino que constituye el producto de la relación de tensión entre el ser y los dispositivos, configurando un campo de subjetivación (Agamben citado por ^{Castro 2011}). Dentro de los dispositivos identificados, que producen discursos durante la coyuntura en estudio, se encuentran principalmente las familias, los sectores religiosos y el sistema educativo. Procederé, por ello, a presentar la manera en que funcionaron durante el periodo que cubre este trabajo.

La narrativa de familia nuclear moderna en el país ocupó un lugar importante en el proceso de la construcción del Estado-nación, por lo que guarda una estrecha relación con la identidad nacional y la socialización por géneros propia de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX (^{Brenes 2015}, 75), constituyéndose en un valioso dispositivo de producción subjetiva en esta línea. Durante la coyuntura en estudio, esta concepción sostuvo un cierto tipo de relaciones sociales de carácter conservador.

Por su parte, en lo que respecta al dispositivo educativo, expresado a través del Ministerio de Educación Pública, es importante señalar que en la historia moderna de Occidente el sistema educativo ha ocupado una importante posición en las regulaciones de las prácticas sexuales de la niñez y la adolescencia (^{Orella 2005}, 21). Las condiciones contextuales de orden económico, político y cultural median siempre en la implementación de las acciones en materia de sexualidad, y en ese caso el Ministerio de Educación Pública no es la excepción; sin embargo, cabe señalar que para el caso costarricense, la vanguardia educativa que ha caracterizado históricamente al país desde mediados del siglo XIX posiblemente también contribuyó para impulsar temas de esta envergadura. No se trata de anular el carácter de dispositivo que subyace en el Ministerio de Educación Pública, sino de subrayar sus particularidades.

En ese sentido, una vez planteadas ciertas características de estos dispositivos, se procederá a identificar su funcionamiento durante la coyuntura suscitada en torno a los Programas de Afectividad y Sexualidad. Es importante añadir, además, que las disputas en torno a los programas en mención se desarrollaron en el contexto de los comicios electorales para el poder ejecutivo y el poder legislativo, cuya primera ronda se dio en febrero del 2018 (^{Gallardo 2018}, 21), situación que incidió en la cargada atmósfera generada en el periodo indicado.

El anuncio en noviembre del 2017, por parte del Ministerio de Educación Pública, sobre la implementación para el ciclo lectivo del 2018 de los Programas de Afectividad y Sexualidad, fue uno de los puntos de arranque de esa coyuntura. Las reacciones de oposición a las políticas educativas proyectadas se expresaron de parte de sectores conservadores, especialmente, religiosos, mediante la utilización de la defensa del dispositivo familiar³. Una primera muestra de descontento se realizó el domingo 3 de diciembre del 2017, a través de una manifestación pública en San José, la capital de Costa Rica, denominada Marcha por la Familia y la Vida; esta incluyó entre sus consignas no solo los programas de estudio, sino también la oposición a la interrupción del embarazo ante cualquier caso y el rechazo al otorgamiento de métodos anticonceptivos a las personas adolescentes (^{Cerdas 2017}; ^{Quirós 2017a}, 2017b). Las expresiones de tales manifestaciones condujeron a que, el viernes 8 de diciembre del 2017, se realizaran otras manifestaciones públicas en la Casa Presidencial donde estos grupos expresaron su rechazo, particularmente, a los programas del Ministerio de Educación Pública (^{Recio 2017b}, 2017c).

En ese primer nivel de la coyuntura, el Ministerio de Educación Pública, por su parte, argumentaba que dichos programas se implementaban a modo de pilotaje desde el 2013, y que se venían ejecutando acorde a los tratados de derecho internacional y a la normativa existente en el país. Además, el Ministerio señaló que el Estado costarricense tiene una corresponsabilidad formativa en materia de las vulnerabilidades que experimenta la población (^{Recio 2017a}). En términos generales, en este primer nivel de la coyuntura, los temas en disputa se centraron particularmente en quién debía educar a la población en estos temas, pero, ante los hechos ocurridos, en los primeros meses del 2018 el discurso en cierto sentido tuvo un viraje.

En los primeros días de enero del 2018 se hizo pública la opinión consultiva emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a petición del Gobierno de la República de Costa Rica (2014-2018). En dicha opinión se obligaba al Estado costarricense a avalar el matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción de niñas y niños por parte de estas poblaciones, y el acceso a derechos patrimoniales e identitarios (^{Gallardo 2018}, 35). La publicación de la opinión consultiva coincidió con el cierre de la campaña electoral para el poder ejecutivo y el poder legislativo del 2018 al 2022, por lo que los temas de dichos comicios giraron en esta línea, ocasionando una compleja polarización de la sociedad.

En las elecciones realizadas en febrero, los dos candidatos presidenciales que obtuvieron mayores votaciones fueron el oficialista del Partido Acción Ciudadana, Carlos Alvarado, y el candidato del partido evangélico Restauración Nacional, Fabricio Alvarado, debido a que ninguno de los dos obtuvo el 40 % de los votos emitidos. En abril se realizó una segunda ronda electoral, la cual finalmente fue ganada por el partido oficialista. No obstante, el partido evangélico logró tener una importante cantidad de escaños legislativos para el periodo 2018-2022 (^{Gallardo 2018}, 21). Cabe señalar que en vísperas de la primera ronda electoral y, particularmente, durante la segunda, debido a los temas en los que se centró la recta final de la campaña electoral, los Programas de Afectividad y Sexualidad estuvieron frecuentemente presentes en la arena pública.

Los actores locales de las zonas alejadas a la Gran Área Metropolitana ocuparon un papel importante en tales manifestaciones; entre ellos, es posible señalar a los concejos municipales, los padres y las madres de familia, el personal docente del Ministerio de Educación y las comunidades religiosas. En lo que respecta a los concejos municipales, para diciembre del 2017, la única municipalidad que se había declarado en contra de los programas fue el municipio de Esparza (^{Cerdas 2018a}). Una semana después del anuncio de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los concejos municipales de distintas localidades -particularmente, externas a la Gran Área Metropolitana- se sumaron a la iniciativa; entre ellos, los de las municipalidades de Pérez Zeledón, San Carlos, Poás, Orotina, Limón y Talamanca (^{Cerdas 2018a}). No obstante, para la semana siguiente a la primera ronda electoral, se habían pronunciado en esa misma línea los concejos municipales de San José, Corredores, Coto Brus, Upala, Desamparados, Quepós, Cóbano, Nandayure, Buenos Aires, Zarcero, El Guarco, Tibás, León Cortés, San Mateo, Orotina y Poás (^{Cerdas 2018f}).

Para el inicio del ciclo lectivo la primera semana de febrero del 2018, coincidente con el cierre de la primera ronda electoral, al menos 20 escuelas se quedaron sin impartir lecciones, debido a que los padres y las madres de familia, junto con docentes y comunidades religiosas, cerraron los centros educativos en protesta contra los programas (^{Cerdas 2018b}). Dichas escuelas se ubicaban en San Carlos, Pérez Zeledón y Limón; su cierre se dio a pesar de que dicha asignación no era impartida en primaria (^{Cerdas 2018b}). Frente a esta situación, el Ministerio de Educación Pública denunció, como un factor de movilización de los padres y las madres de familia, noticias falsas con alteraciones a los programas que circulaban en redes sociales (^{Cerdas 2018d}).

Finalmente, hacia la realización de la segunda ronda electoral se presentó una baja en las manifestaciones relacionadas con los Programas de Afectividad y Sexualidad. El triunfo del candidato oficialista del Partido Acción Ciudadana, Carlos Alvarado, significó que dicha asignación se mantuviera en la formación de secundaria; sin embargo, debido a la obtención del triunfo mediante una serie de acuerdos multipartidista con distintas agrupaciones políticas, se acordó implementar modificaciones a tales programas (^{Solano 2018}).

De esa manera, para efectos de la coyuntura en estudio, se logró identificar un punto de inflexión para su cierre. Por esa razón, planteados los modos de operar de los dispositivos que encaminaron los discursos en torno a la sexualidad de las niñas, los niños y las personas adolescentes, se procede a analizar los discursos emitidos con el fin de identificar el sujeto sexual referido a la niñez y a la adolescencia que reproducen.

Sujeto sexual en la niñez y la adolescencia: contornos e implicaciones de sus representaciones durante la coyuntura en estudio

Una vez esbozada la operacionalización de los anteriores dispositivos reguladores, se entra a dialogar con el sujeto sexual en la niñez y la adolescencia por ellos constituido durante la coyuntura en estudio. Inicialmente, para obtener una comprensión más exacta de lo que se entiende por sujeto, resulta oportuno volver a la valoración, en esta línea, hecha por Agamben (citado por ^{Castro 2011}), y planteada más arriba. Para este autor, el estatus de sujeto no es dado exclusivamente por el carácter de ser viviente, sino por la relación que entabla con los dispositivos instalados en la sociedad, por lo que el sujeto no se trata de una sustancia derivada del ser vivo, sino más bien del producto de la relación de tensión entre el ser y los dispositivos, que configura así un campo de subjetivación.

Las herramientas discursivas emprendidas por los dispositivos analizados representan disputas por la construcción de un sujeto de la niñez y la adolescencia en su relación con la sexualidad.

En lo que respecta al discurso socialmente identificado durante la coyuntura, los dispositivos familiares y religiosos de diciembre del 2017 argumentaron que los programas constituyeron una colonización ideológica, puesto que los padres y las madres de familia deben encargarse de la educación de sus hijos, no el Estado costarricense (^{Quirós 2017a}); el argumento que justifica esa decisión es que los padres y las madres les dan la vida. Para estos actores, el Estado puede contribuir en materia de forma subsidiaria, pero nunca por encima de los valores familiares (^{Quirós 2017a}). Estos sectores aseguran que no se tratan de discriminar a otros tipos de familias ni que estén en contra de la educación sexual, sino que consideran que las uniones entre personas del mismo sexo no son homologadas como familia, y que la educación sexual debe impartirse, pero con los valores del plano familiar, no los promulgados por el Ministerio de Educación Pública (^{Cerdas 2017}).

Al respecto, cabe señalar que el sujeto que se construye en esa narrativa es uno en el cual la niñez y la adolescencia se limitan a la instrucción privada en materia sexual, debido a que en cierto sentido constituyen propiedad privada de sus progenitores, quienes les rigen el plano sexual. Al respecto, ^{Preciado (2019)} señala que, quienes defienden este tipo de causas, hacen un llamado a proteger un niño que ellos mismos construyeron a semejanza de los mandatos conservadores genéricos, aprovechando la privación histórica que han atravesado las poblaciones para hacer resistencias, uso libre y colectivo de su cuerpo, así como de sus órganos y sus flujos sexuales.

En la línea de los discursos identificados, hacia enero del 2018 resulta oportuno considerar las enunciaciones formuladas por los concejos municipales que se pronunciaron en contra de los programas del Ministerio de Educación Pública. Tal y como fue anteriormente señalado, uno de los primeros en hacerlo fue el Concejo Municipal de Esparza (^{Cerdas 2018a}), que consideró inconcebible que estos programas no mencionen el concepto de matrimonio, en cuanto representa la base esencial de la familia, la cual, a su vez, es el elemento natural y fundamento de la sociedad. Dicho Concejo también reclamó que los programas no hacían énfasis en la abstinencia como método único para evitar embarazos no deseados (^{Cerdas 2018a}).

En relación con esos reclamos, una vez iniciado el ciclo lectivo del 2018, en febrero, algunos padres y madres de familia protestaron cerrando centros educativos bajo el argumento de oponerse a la llamada ideología de género, que los programas supuestamente contenían. Los padres y las madres de familia que se manifestaron, aducían que una cosa "[...] es darle educación sexual pero otra es informar más de la cuenta a los niños" (^{Cerdas 2018b}). Una de las madres de familia en protesta, aseguró, por su parte, que defendía los valores con el fin de que se respetasen las decisiones de los padres y las madres; de igual manera, aseguraba que sus acciones defendían la inocencia de sus hijos e hijas (^{Cerdas 2018b}).

En cuanto a estos señalamientos discursivos, cabe subrayar que persiste la idea de un sujeto de la niñez y la adolescencia encerrado en el supuesto subjetivo de seres inocentes, que al tener contacto formal mediante el sistema educativo con la sexualidad pueden llegar a perder tal aparente característica esencial de su grupo etario. De igual manera, ^{Preciado (2019)} asegura que las personas adultas aprovechan las dificultades de rebelión y de lenguaje que tienen las niñas, los niños y las personas adolescentes para envolverlos en un discurso en el que las personas adultas definen la constitución de ese sujeto, a semejanza de sus intereses. El autor también señala que el derecho que defienden estos sectores conservadores es el de poder construir subjetividades en la niñez y la adolescencia cargadas de violencia, así como el derecho a pasar por encima a las minorías de género y sexuales (^{Preciado 2019}).

Debido a que dichas manifestaciones en contra de los programas del Ministerio de Educación Pública se realizaron en el contexto de la segunda ronda electoral, una de las asesoras del Partido Restauración Nacional - vigente para los comicios electorales de la segunda ronda a realizarse en abril- se sumó a la construcción pública de estos discursos. Dicha asesora indicó que estos programas del Ministerio, que ella denominó guías, dañaban la inteligencia del niño, la niña y la persona adolescente, pues se enfocaban solo en "cosas sexuales y eso no los deja pensar" (^{Cerdas 2018c}); también aseguró que perfectamente dichos programas pueden producir o inducir a comportamientos homosexuales y lésbicos, así como a conductas que, a juicio de ella, son promiscuas o hipersexualizadas (^{Cerdas 2018c)}. Con este discurso es enunciado el posicionamiento de un sujeto sexual en la infancia y en la adolescencia, cargado de sospechas; son mecanismos de regulación de la sexualidad sobre la población, denunciados por ^{Foucault (2007b)} en su primer volumen de Historia de la sexualidad.

Por su parte, el Ministerio aseguró que ha existido un discurso que plantea que tales temas son de las familias y no de las escuelas; no obstante, afirmó que reconocer el rol del hogar plantea que ese reconocimiento no impide que el Estado haga su parte. De acuerdo con la ministra, los convenios internacionales les otorgaron el derecho a los y las jóvenes y a los niños y niñas a conocer sobre la sexualidad, y que era una obligación del Estado impartir una formación responsable, completa e inclusiva. Esto se reflejaba en normativas como la Ley de Relaciones Impropias, el Código de la Niñez y la Ley Contra la Violencia hacia las Mujeres (^{Diario Extra 2017}), que los obliga a hacerlo. A pesar de ello, el Ministerio de Educación denunció la existencia de noticias falsas que circularon respecto a los programas de educación, lo cual generó la confusión y sumó malestar entre algunos padres y madres de familia (^{Cerdas 2018b}).