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Historia Crítica

 ISSN 0121-1617

     

 

Privatización de la propiedad, riqueza y desigualdad en las "tierras altas" de Jujuy (Argentina), 1870-1910*

Cecilia A. Fandos**

** Docente de la Universidad Nacional de Jujuy (Argentina) e Investigadora Adjunta del CONICET (en la Unidad Ejecutora en Red ISHIR/ UNHIR). Licenciada y doctora en Historia por la Universidad Nacional de Tucumán (Argentina). Entre las publicaciones relacionadas con su principal especialidad, la historia económica y agraria de la región Norte de Argentina, centradas en problemáticas regionales, se destacan, en coautoría con Fanny Delgado y Salomé Boto, "Mundo urbano y agrario. Los Valles Centrales", en Jujuy en la Historia. De la Colonia al siglo XX, dirs. Ana Teruel y Marcelo Lagos (Jujuy: EdiUnju, 2006), 403-433, y con María Paula Parolo, "La distribución de la riqueza inmobiliaria en el Norte argentino. Tucumán y Jujuy, 1860-1870", en El mapa de la desigualdad en la Argentina del siglo XIX, comp. Jorge Gelman (Rosario: Prohistoria, 2011), 333-370. cecifandos@gmail.com


RESUMEN:

Este artículo tiene como principal propósito medir y explicar las variaciones en los niveles de distribución de la riqueza inmobiliaria rural de las regiones de la Puna y la Quebrada de Humahuaca en la provincia de Jujuy, entre las décadas de 1870 y 1910. Se parte de un único indicador de riqueza: la propiedad privada de la tierra, para determinar precisamente la oleada privatizadora, un proceso en el que se buscó erigir ese derecho en hegemónico, legal y legítimo. Lo que implicó contrarrestar otros derechos de propiedad en ejercicio y provocar por distintos mecanismos un nuevo reparto de esa riqueza.

PALABRAS CLAVE:

Provincia de jujuy, 1870-1910, desigualdad, propiedad privada, riqueza.


Privatization of Property, Wealth, and Inequality in the Jujuy "highlands" (Argentina), 1870-1910

ABSTRACT:

The main purpose of this article is to measure and explain the variations in the rural real estate wealth distribution levels in the regions of Puna and la Quebrada de Humahuaca, in the province of Jujuy, between the 1870s and the 1910s. We begin with a single indicator of wealth, private property of land, to precisely identify the privatization wave, a process that sought to make private property and hegemonic, legal, and legitimate right. This implied counteracting other property rights in practice and encouraging, through various mechanisms, a new distribution of wealth.

KEYWORDS:

Jujuy Province, 1870-1910, inequality, private property, wealth.


Privatização da propriedade, riqueza e desigualdade nas "terras altas" de Jujuy (Argentina), 1870-1910

RESUMO:

Este artigo tem como principal propósito medir e explicar as variações nos níveis de distribuição da riqueza imobiliária rural das regiões da Puna e da Quebrada de Humahuaca, na província de Jujuy, entre as décadas de 1870 e 1910. Parte-se de um único indicador de riqueza (a propriedade privada da terra) para determinar precisamente a onda privatizadora, um processo no qual se buscou erigir esse direito em hegemônico, legal e legítimo. Isso implicou contra-arrestar outros direitos de propriedade em exercício e provocar, por diferentes mecanismos, uma nova distribuição dessa riqueza.

PALAVRAS-CHAVE:

Província de Jujuy, 1870-1910, desigualdade, propriedade privada, riqueza.

Artículo recibido: 30 de noviembre de 2012 Aprobado: 26 de abril de 2013 Modificado: 8 de mayo de 2013

DOl: dx.doi.org/10.7440/histcrit51.2013.03


Introducción

Las llamadas "tierras altas jujeñas", conformadas por las regiones de Puna y Quebrada de Humahuaca de la provincia de Jujuy (Argentina), constituyen hoy espacios sociales con situaciones de extrema desigualdad y pobreza, una condición que tiene larga data. Entre los factores explicativos de la reproducción de condiciones de vida desfavorables ocupa un lugar central la precariedad en las formas de tenencia y propiedad de la tierra de las poblaciones locales, fundadas en el siglo XIX tras los procesos de desamortización de la propiedad comunal indígena y su posterior mercantilización y privatización1.

De ahí que este artículo busque medir y explicar las variaciones en los niveles de distribución de la riqueza inmobiliaria rural de la Puna y la Quebrada, entre las décadas de 1870 y 1910, a la luz del proceso de privatización de la tierra usufructuada por la población indígena. Con este objetivo, se han empleado las investigaciones de varios autores que focalizan en distintas aristas la cuestión agraria y social de la región de la Puna: el proceso de desintegración de la comunidad indígena y su paso a un campesinado arrendatario2, la evolución de las estructuras agrarias3, las asimetrías provocadas, los movimientos de resistencia campesinos4 y su evolución demográfica5. Pero en menor medida, los trabajos que reflexionan sobre los procesos socioeconómicos a más largo plazo de la Quebrada de Humahuaca, que apenas han comenzando a develar facetas claves, principalmente de su evolución agraria decimonónica6.

Así, pues, se parte de un único y forzoso indicador de riqueza: la propiedad privada de la tierra. Se reconoce que este bien no es excluyente del concepto de riqueza7, que no incluye otros derechos de propiedad, ni tampoco puede aproximar al investigador a medidas sostenidas de desigualdad como las provenientes de estudios basados en la distribución del ingreso. No obstante, y pese a que la distribución de la propiedad de la tierra puede resultar un vago e incompleto indicativo de la desigualdad económica (que está fundado en muchas otras variables), el proceso histórico que se analizará atraviesa precisamente la oleada privatizadora en los bienes raíces, que buscó erigir ese derecho de propiedad -la propiedad privada- en hegemónico, legal y legítimo. Lo que implicó contrarrestar, como mostrará este artículo, otros derechos en ejercicio y provocar por distintos mecanismos un nuevo reparto de esa riqueza. En efecto, la avanzada privatizadora de la propiedad en "las tierras altas" jujeñas durante el siglo XIX resultó un cambio institucional de primer orden, que provocó necesariamente diferenciaciones sociales derivadas del control de este recurso entre quienes lograron acumular, preservar predios parcelarios y quedar excluidos del mismo.

Aunque la inquietud por develar los procesos de desigualdad económica, que tienen larga data, excede el análisis de las asimetrías procedentes del ámbito rural, es claro que un pilar indiscutible en la formación histórica en América Latina es la forma en que se distribuyó la propiedad de la tierra. Sin duda, el primer reparto colonial produjo las primeras diferenciaciones. Luego, el siglo XIX resultó clave por la disparidad que sumó el reconocimiento del régimen de propiedad privada. Repensar el tema de las estructuras agrarias en el encuadre de las teorías de desigualdad económica implica por lo menos dos desafíos metodológicos: uno, la construcción de indicadores para medirla y, dos, explicar el fenómeno de la desigualdad.

La Historia Económica, en la medida que sortea la carencia de datos imprescindibles para efectuar estos estudios, principalmente de las etapas preestadísticas, suma sus contribuciones basadas en un fuerte empirismo y en la reconstrucción de contextos históricos específicos. Por ello, los datos empleados para ilustrar este proceso son principalmente los inventarios post mórtem, por un lado, y las listas nominativas para el cobro de impuestos que grababan la propiedad, como las contribuciones directas, por el otro. En ambos casos se trabaja con valuaciones de los bienes (inmuebles o muebles), que se traduce en repartición de la riqueza al efectuar las lecturas de las estructuras agrarias resultantes. Estos indicadores suelen procesarse y tratarse luego con métodos cuantitativos clásicos de los estudios de desigualdad económica como el índice de Gini. Este mismo constituye una medida de la concentración del ingreso y/o la riqueza entre los individuos de un territorio, que adopta los valores de 0 a 1; el primer valor indica la plena igualdad, y el segundo el punto más extremo de desigualdad, en donde sólo un individuo tiene toda la riqueza8.

El empleo de esta metodología cuantitativa parte del convencimiento -no sin reparos- de su potencial para la comparación histórica9. En efecto, una cuantificación tan rigurosa de los niveles de reparto de la propiedad potencia precisamente el estudio de la distribución de la riqueza como una noción capaz de viajar, en tiempo y espacio, para permitir la formulación de proposiciones empíricas explicativas10.

En este punto es importante tener en cuenta que la Argentina decimonónica reunió caminos muy variados de circulación, mercantilización y distribución de la tierra: según se tratase de áreas de antiguo poblamiento o de fronteras, obrasen los reacomodamiento productivos a la integración de los mercados, se contara o no con tierra pública, se avanzara en la institucionalización de la propiedad privada y actuara la presión demográfica. En cuanto se fueron unificando los indicadores económicos, los distintos factores incidentes cobraron nuevos relieves para discutir la correlación entre crecimiento económico y desigualdad, y explicar los niveles de inequidad en el reparto de esa riqueza.

En tal sentido, se expondrán dos listados nominativos levantados para el cobro de la contribución territorial, únicamente de los bienes raíces, para la totalidad de los departamentos jujeños de la región de la Puna y la Quebrada de Humahuaca. Éstos proporcionan datos sobre los propietarios y la valuación de sus bienes inmuebles -casa, sitios, estancias, terrenos, fincas-11. Cabe aclarar que entre los criterios fiscales para asignar el valor de las propiedades se tenían en cuenta la extensión de los predios, las mejoras (construcciones e infraestructuras) y el tipo de terreno (para ganadería, agricultura, con riego, sin riego).

Por tanto, el principal objetivo de este artículo es subrayar las variaciones reflejadas en la estructura de la propiedad proveniente de la imagen brindada por los catastros territoriales de 1872 y de 1909-10. Estos años constituyen momentos que de alguna manera enmarcan el primer ciclo de avalancha privatizadora de la propiedad en la región.

1. Las "tierras altas" jujeñas: definiciones ambientales y socioeconómicas

La provincia de Jujuy, situada en la frontera noroeste de Argentina, presenta una pluralidad de ambientes. Por ejemplo, sobre el extremo cordillerano se ubican las llamadas "tierras altas", que se componen de mesetas de altura -entre 3000 y 4000 msnm- y valles de altura -entre los 600 y los 3700 msnm-. Sus condiciones ambientales provocan fuertes restricciones al asentamiento humano y determinan el desarrollo de las actividades agropecuarias. La Puna es una de las áreas que integran esta región, que incluye los departamentos de Yavi, Santa Catalina, Rinconada y Susques (este último, en la etapa analizada, y hasta 1943, era un territorio nacional), como se observa en el mapa 1. Con clima frío y seco, suelos pobres y arenosos, la vegetación de estepa denota la imagen de un desierto. Otra de las áreas integrante de las tierras altas es la Quebrada de Humahuaca, con los departamentos de Humahuaca, Tilcara y Tumbaya. Se trata de un complejo de varios valles fluviales, comunicados por quebradas, que corren en torno a un eje central, el valle de Río Grande, con una longitud norte-sur de 120 km12.

Tanto la Puna como la Quebrada perdieron a lo largo del siglo XIX y los comienzos del XX su dinamismo demográfico y económico, que otrora gozaron de su estratégico rol en el espacio económico peruano. Desde el siglo XVII se fue conformando un mercado interno en torno al polo minero del Potosí, que ordenó un vasto espacio regional especializado productivamente. La jurisdicción de Jujuy tenía la ventaja de ser la ciudad más cercana de todo el Tucumán al Alto Perú, constituía el fin del camino carretero en la dirección procedente de "las provincias de abajo" y se especializó en la crianza de ganado vacuno y la invernada de mulas provenientes de la región pampeana. Intervinieron en este circuito hacendados de la jurisdicción, campesinos criollos, mestizos e indígenas. Las tierras altas de Jujuy se encontraban en la intermediación de las rutas en el eje Alto Perú-Buenos Aires, lo que favorecía también el funcionamiento de servicios ligados al abastecimiento y la arriería13.

La revolución por la Independencia supuso un duro golpe, principalmente por el resquebrajamiento del espacio peruano, la guerra y sus confiscaciones, ocupaciones militares y la recluta. A ello se sumaron una rústica fiscalidad republicana y un nuevo límite fronterizo que afectaron las relaciones mercantiles con el Alto Perú. Asimismo, la atlantización creciente de la economía exportadora argentina y el despliegue de un mercado interno volcado y orientado principalmente hacia su litoral durante el siglo XIX dejaron muy poco margen de participación competitiva a la tierras altas de Jujuy, que apenas desarrollaron a través de la minería alguna forma de expansión capitalista (potenciada desde 1930), perdurando el perfil de economía pastoril y agrícola de subsistencia, combinada con algunos cultivos comerciales. Según las clásicas interpretaciones sobre la expansión del capitalismo en la provincia de Jujuy, estas zonas pasaron a ocupar el papel de reproductoras de mano de obra, a bajo costo, mediante el ejercicio de la coacción y el imperio de los derechos de propiedad privada en los ingenios azucareros y los complejos mineros14.

Durante el siglo XIX pueden reconocerse dos fenómenos centrales en el comportamiento demográfico de la Puna: el "estancamiento" y la feminización de la población por muerte y migración masculina, como consecuencia de la combinación de las guerras, las sequias y las epidemias15. Como puede advertirse en el cuadro 1, esta región mantuvo ritmos demográficos decrecientes o de muy leves incrementos. En realidad, la recuperación obrada hacia 1914 tuvo acotados epicentros como consecuencia de algunos fenómenos aislados de urbanización. La pauta demográfica de la Quebrada de Humahuaca expresa una propensión positiva pero igualmente decreciente; aquí las tasas de crecimiento urbano fueron mayores que las rurales. En relación con la provincia de Jujuy, ambas regiones -las de las "tierras altas"- tuvieron una evolución paulatinamente desfavorable: de constituir el 48% de su total en 1869, pasaron a representar apenas el 29% en 1914. Esa pérdida de dinamismo habla en clave demográfica de los cambios que experimentaban la economía y la sociedad provincial.

La Puna siguió apegada a la práctica de ganadería de autoconsumo combinada con un sistema de intercambio de algunos excedentes, por medio de trueque o venta. Esta actividad ganadera se hacía en espacios discontinuos que obligaban a la trashumancia estacional; también constituía el medio de pago de la gruesa población arrendataria, ya que el canon de arriendo se fijaba por el tamaño de la cría. La Quebrada de Humahuaca, en cambio, presentó una economía más diversificada que combinaba la agricultura con sistemas de riego y la ganadería, los cuales se complementaban con procesos textiles y artesanales. Si bien la actividad económica respondía antes que todo al impulso de la autosubsistencia familiar, se lograban algunos excedentes, reactivados en esta etapa por la demanda de alimentos en los núcleos de construcción del ferrocarril y el despliegue minero. Además, toda la región tenía una alta participación en un cultivo eminentemente comercial: la alfalfa.

En síntesis, se ha transitado por una etapa que constituye el epílogo del modelo que ligaba estas regiones al mercado interno altoperuano de origen colonial, signada por el estancamiento demográfico y un modesto crecimiento, coyuntural y fluctuante, en las principales actividades económicas de las tierras altas jujeñas.

1.1. Tierra al mejor postor vs. tierra para el campesino poblador

En este artículo se ha insistido en que desde mediados del siglo XIX hubo un proceso de mercantilización y privatización de la propiedad que generó un nuevo reparto de la tierra. En gran medida, esa evolución fue emprendida en las "tierras altas" de Jujuy y afectó los derechos comunales ejercidos por pueblos indígenas desde la época colonial, pero con derroteros propios en la Quebrada y la Puna.

Desde la propia conquista de la Puna, la situación de los indígenas fue más precaria, debido al poco reconocimiento de los derechos de propiedad y la mayor magnitud de entregas en mercedes reales a los españoles16. Sólo la población "originaria", constituida por el pueblo de encomienda de Casabindo y Cochinoca, ejercía esos derechos. En la Quebrada de Humahuaca, aunque se otorgaron mercedes reales dibujando áreas privatizadas desde la Colonia, fue mayor y perdurable el reconocimiento de las tierras de comunidad indígena. Así, los pueblos de indios de San Antonio de Humahuaca, San Francisco de Tilcara, San Francisco de Paula de Uquía y Santa Rosa de Purmamarca mantuvieron su dominio sobre extensos fundos agrícolas y de pastura, igualmente recibidos por merced real, hasta 183917.

Al iniciarse la etapa republicana, la situación en la Puna no tuvo variantes hasta la década de 1870, cuando los antiguos indios de la encomienda de Casabindo y Cochinoca, por entonces en condición de arrendatarios, querellaron por la fuerza y la vía legal el reconocimiento de sus derechos, cuestionando la legalidad de quienes detentaban entonces la propiedad: la familia Campero, heredera de los antiguos encomenderos y propietarios de mercedes reales aledañas. El primer desenlace fue la conversión de estas tierras en propiedad pública, acontecimientos desencadenados en la Puna que marcaron un punto de inflexión18. La rebelión campesina de 1872, por ejemplo, obligó de algún modo al estado provincial a orientar su mirada sobre la cuestión indígena de las tierras altas y sobre los derechos de propiedad que debía diseñar.

Por su parte, en la Quebrada de Humahuaca el paso jurídico de tierra comunal a tierra fiscal data de la década de 1830, cuando una ley provincial adoptó la medida. En poder del Estado, estas tierras fueron redistribuidas, en gran medida entre los antiguos comuneros, en arriendo y/o en enfiteusis, según se tratase de las estancias y/o los terrenos de pan llevar, respectivamente. La enfiteusis puede definirse como el "derecho de usufructuar a perpetuidad o por largo tiempo un inmueble (dominio útil) preferentemente rural mediante el pago de un canon al titular de la nuda propiedad (derecho directo) como reconocimiento de su señorío"19. En este caso, la propiedad plena la detentaba el Estado provincial, y en la cesión del dominio útil tuvieron preferencia los indígenas originarios sobre terrenos baldíos o que ya estuvieran en posesión.

La privatización de estas tierras comenzó antes que en la Puna; desde 1860, una ley ordenó la venta del dominio directo por redención del canon y como un acto espontáneo del enfiteuta. Las tierras de estancias fiscales arrendadas también fueron alcanzadas por esta ley de venta, a través del remate público y con prioridad a los "actuales" ocupantes20. Más adelante, la década de 1890 marcó una etapa de activa política sobre la tierra pública tanto en la Quebrada como en la Puna, elaborándose y poniéndose en práctica un amplio paquete legislativo que buscaba rematar la propiedad fiscal, el "perfeccionamiento" de los títulos y la privatización de la propiedad.

Recién entonces comenzaron los procesos de mercantilización en la Puna mediante la enajenación de las tierras que habían sido declaradas fiscales dos décadas atrás, reglamentados por una ley de 1891 y otra de 189321. En la Quebrada de Humahuaca sucesivas leyes, de 1896, 1897, 1898, enmarcaron un proceso múltiple que implicó la redención definitiva de tenencias enfitéuticas, la venta directa a ocupantes de hecho - posesión sin ningún derecho reconocido-, la venta en pública subasta de terrenos baldíos y la cesión gratuita de tierra para emprendimientos productivos22

El cuadro 2 muestra como primer dato notorio el crecimiento en el número de propietarios, que con un 91% de incremento en la Puna preanuncia casi un revolución en cuanto a la redistribución del factor tierra. Dentro del conjunto de factores explicativos de esa evolución, en ambos casos esa movilización se dio a través de las tierras del Estado puestas en venta. En la Quebrada de Humahuaca el crecimiento no fue tan espectacular como en Puna pero evidencia una tendencia a la valorización del capital inmobiliario, con incrementos superiores al 80%, pese a que en líneas generales éste fue siempre menor. Sin duda, son notorios la fortuna y el patrimonio mayores implicados entre los grandes propietarios de la Puna en relación con los de la Quebrada.

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El diseño político de traspaso de la tierra pública (originalmente, tierra indígena controlada de manera comunal durante la etapa colonial) en la Puna fue regulado por el mercado, ya que, entre las posibilidades que se barajaron, se optó por la venta en licitación al mejor postor, en vez de la adjudicación a ocupantes y/o la perdurabilidad de la propiedad estatal cedida en arriendo. Este proceso limitó notoriamente las posibilidades de acceso de los pobladores campesinos y promovió una privatización, a la postre, reproductora de la hacienda de arrendatarios, con algunos nuevos actores propietarios. Una prueba elocuente se puede observar en el crecimiento del número de propietarios, que apenas se modificó en relación con el total de la población (de un 0,2% de población propietaria, según el total de población del censo de 1869, a un 3%, según el número de habitantes de 1914).

Asimismo, la enfiteusis constituyó muy pronto un tipo de derecho de propiedad en la Quebrada de Humahuaca -sin parangón en la Puna-, al reservar el dominio directo al Estado y ceder el útil principalmente al campesinado indígena de la región, que tuvo por lo menos cinco décadas de existencia, dejando sus huellas en la estructura agraria de la zona. De este modo, entre la vía de la enajenación plena o la preservación como tierra pública dada en arriendo, la enfiteusis resultó una figura intermedia adoptada tras los procesos de expropiación de la tierra comunal. Esto permitió a un grupo de indígenas mantener al menos ese control, que incluía también la posibilidad de hipotecarla, transmitirla por herencia e incluso vender el dominio útil. Como se aplicó en los fondos de los valles, en la chacras cercanas a los pueblos, y se distribuyó en superficies por lo general no superiores a las dos hectáreas, perfiló un área predominantemente agrícola y de pequeñas explotaciones. Sin embargo, aunque la mayoría de las tenencias quedaron en manos de sus moradores naturales, las mejores tierras de enfiteusis, a su vez, fueron captadas por funcionarios y jefes militares foráneos al lugar24.

Luego, las leyes de "perfeccionamiento" de la propiedad de la década de 1890, a diferencia de las de venta de la misma época en la Puna, procuraron favorecer a los moradores de siempre, entre enfiteutas y ocupantes de hecho. Ciertamente, se establecía un conjunto de procedimientos para otorgar escritura de propiedad privada, plena y absoluta, a todo vestigio de tenencia enfitéutica y de las anteriores estancias del Estado rematadas desde 1860, también de venta a los ocupantes de hecho y de subasta de las tierras aún baldías. Un marco jurídico que se formuló en exclusividad para la tierra fiscal de la Quebrada y persiguió aminorar las cargas en la tramitación de los títulos, disponiendo del aparato público de funcionarios (comisarios, recaudadores, fiscales) a este servicio. Así, la cantidad de propietarios en la Quebrada a comienzos del siglo XX triplicaba la cantidad de los de la Puna, y, en proporción al total de su población, significaban el 4,6% hacia la década de 1870 y el 7% en la década de 1910.

Por tanto, durante la Colonia hubo un menor control de tierra entre los pobladores indígenas de la Puna, generalizándose muy pronto el arriendo privado como forma de tenencia predominante. En el siglo XIX las tierras comunales de la Quebrada fueron más prematuramente traspasadas al dominio público, en un proceso que, sin embargo, permitió a sus antiguos ocupantes preservar el control en forma de enfiteusis o arriendo fiscal. Por último, en la Puna la privatización de estas tierras fue completamente regida por el mercado, y en la Quebrada, al menos, se buscó proteger los derechos que ya ejercían sus innatos pobladores.

En este punto cabría preguntarse: ¿la propuesta de la tierra cedida a un mejor postor que tuvo como escenario la Puna generó mayor desigualdad? ¿La de asegurarla al campesino poblador en la Quebrada de Humahuaca obró a favor de una mayor equidad? ¿Qué lecturas se derivan de estas divergencias de políticas de tierra en cuanto a la distribución de la riqueza? Sobre esas especulaciones se avanzará en el siguiente apartado.

2. Distribución de la riqueza inmobiliaria en la Puna y la Quebrada

Para analizar la distribución de la riqueza fundiaria con base en el coeficiente de Gini, conviene hacerlo en dos planos. En primer lugar, considerando únicamente el universo de los propietarios, es decir, todos aquellos sujetos que figuran en los padrones de contribuyentes afectados por el pago de la contribución territorial. En los datos proporcionados en el cuadro 3, es claro un mejoramiento de la redistribución de la riqueza en la Puna, medida por un Gini de 0,8169 para la década de 1870, y que se reduce a 0,7850 para 1910. Luego, por la relación establecida entre propietarios del 20% más rico y el 20% más pobre, se observa que, si bien los primeros controlaban una amplia porción de la riqueza territorial -casi 150 veces más que la del 20% más pobre-, su suerte desmejora en 1910.

Midiendo ahora la relación de riqueza inmobiliaria en el conjunto de la población, se tiene como unidad básica la totalidad de las casas censadas en registros de población cercanos a los padrones de contribuyentes. Para establecer este correlato con el catastro de 1872 se han retomado los datos brindados en el censo de 1869. Al efectuar el mismo procedimiento en el estudio del catastro de 1910, se optó por contrastar los datos con el Censo de población de 1895, puesto que el censo de 1914 (más idóneo por la proximidad temporal) no desagrega el dato de casas censadas. Justamente, en la Puna, y siguiendo los valores del Gini/uc del cuadro 3, con un decrecimiento favorable del 3% de ese coeficiente entre 1872 y 1910 sobre las unidades censales contempladas, queda igualmente demostrado que las asimetrías derivadas del dominio territorial en esta sociedad puneña mantuvieron en esencia su curso. La redistribución operada no alcanzó a la generalidad de esta población ni a los estratos inferiores de la jerarquía social.

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Por su parte, siguiendo la información proporcionada en el cuadro 3, la distribución de la riqueza fundiaria en la Quebrada de Humahuaca fue, en términos absolutos, más equitativa que en la Puna, pero mostró una evolución más desfavorable en los tramos comparados: el Gini sobre propietarios empeoró, el Gini sobre UC mejoró en menor medida que en la Puna (-2,1% y -3%, respectivamente, entre 1872 y 1910). La distancia entre ricos y pobres en cuanto a la propiedad disminuyó notablemente en la Quebrada: la relación 20/20 pasó de 100 a 40 en los puntos temporales contrapuestos. Los contrastes son menos significativos al considerar la evolución del coeficiente de Gini en proporción al universo de la población entre ambas regiones. La Quebrada de Humahuaca ofrece un panorama social también dominado por una alta proporción de familias sin acceso a la propiedad privada directa (Gini 1872/uc 0,9117 y Gini 1910/uc 0,8922), incluso con un trayecto en la etapa analizada muy ínfimo, pero menos propicio que en la Puna.

Para evaluar el recorrido diacrónico 1870-1910 de los sectores propietarios se empleó la distribución por deciles que muestran los gráficos 1 a 426. Los gráficos 1 y 2 comparan los dos momentos, 1872 y 1910, en la Puna. La observación de las distintas escalas de propietarios por deciles muestra que el extremo más pobre (partes superiores de la gráfica) se mantuvo sin grandes variantes en ambas representaciones. Esto contrasta con el crecimiento de los sectores intermedios, producto de una clara disminución en la capacidad de acumulación de los principales terratenientes de 1872, en relación con los de 1910. Asimismo, la cuota absorbida por el 30% de los contribuyentes más ricos de la primera etapa (94,27%) comenzó a equipararse al involucrar al 40% de los mismos en 1910 (93,56%).

Pero la mayor transformación aconteció en el 10% más acaudalado, que, como se refleja en el contraste de los dos gráficos, redujo su participación de un 80% del valor inmobiliario de la Puna a un 70%, de una etapa a la otra. El excelso control de la tierra por menos del 0,1% de los propietarios, que dominaba alrededor del 50% del valor de esta riqueza en 1872, disminuyó ese dominio a un 12% en 1910. De manera que hubo una redistribución de la riqueza que afectó a muy pocos propietarios de la década de 1870, que, pese a permitir la adición de otros en la cúspide de los terratenientes, no dejó de adoptar un perfil igualmente concentrado. Conviene anticipar que el grueso de la mutación se produjo en los departamentos de Santa Catalina y Cochinoca, en el proceso seguido sobre el patrimonio fundiario de una sola familia: los Campero.

Los datos de la Quebrada de Humahuaca se representan en los gráficos 3 y 4, donde se observa que, a diferencia de la Puna, el 10% de los más ricos afianzaron su patrimonio, elevándose la cuota que controlaban del conjunto de esta riqueza de un 54,81% a un 60,54% entre 1870 y 1910, incluso superando ese registro equivalente en la Puna, al final de la etapa (debe recordarse que fue de un 70% en esta región). En este contexto hubo un enriquecimiento considerable de la fracción del 0,1% más rico (su porción de riqueza aumentó casi tres veces entre 1872-1910, de 4,73% a 11,03%, respectivamente). Pero esa evolución del sector no modificó en forma abrupta el Gini en la Quebrada en los dos períodos comparados. En realidad, lo que se advierte en las gráficas de distribución de la riqueza por deciles, es que perdieron terreno los propietarios intermedios (que son los que medraron en la Puna) y, sobre todo, emergió una porción de los propietarios menos ricos. Así, el 20% menos rico de los departamentos quebradeños pasó de contener el 0,70% de la riqueza fundiaria en la década de 1870 al 1,84% en la de 1910, mientras que en la Puna esa fracción retuvo apenas un 0,69% y un 0,70%, respectivamente.

Por otro lado, en la Puna el nudo geográfico que marcó la tendencia fue el departamento de Cochinoca, donde, mediante la expropiación, se mutiló una gran parte del patrimonio inmobiliario que aún controlaba la familia Campero y se inauguró desde 1890 la trasferencia a manos privadas. Tras esta transformación, Cochinoca (en 1872 los Camperos eran los únicos propietarios) presentaba hacia 1910 el Gini más extremo entre los propietarios y la relación 20/20 más distante (121 veces) de toda la región de la Puna, según se consigna en el cuadro 4.

Ana Teruel indica, a través del análisis de la estructura agraria trazada por los mismos catastros retomados entre 1872 y 1910, que en este departamento hubo una primera etapa de acceso a lotes o fracciones de fincas por parte de los campesinos lugareños, que luego serán propiedad de los porteños y europeos que invirtieron en fincas y rodeos con fines especulativos o incentivados por la actividad minera27. Sin duda, en estos espacios el libre mercado favoreció a unos cuantos. Esa misma introducción de expectativas, especulación y mercantilización de la propiedad puede explicar que los bienes inmuebles en esta zona hayan configurado el 21% del valor total de los mismos en toda la región hacia 1910. Además de las fincas y rodeos, la tierra se repartió en potreros, que significaban el 70% de las propiedades del departamento, pero a menores valuaciones (involucrando apenas un 9% del total)28. Éstos hacían parte de los rodeos lindantes del pueblo Abra Pampa, que también se entregaron a libre oferta, para brindar seguridad a la propiedad privada29.

Para el departamento de Santa Catalina, Teruel anuncia el resultado más favorable para el campesinado local, donde operó un interesante proceso de traspaso de algunos latifundios a asociaciones de arrendatarios a través de la figura de copropiedad. No obstante, en algunos casos esta forma derivó en asimetrías internas, al punto de reproducirse la hacienda de arrendatarios entre los que fueran accionistas30. Los valores calculados para evaluar la distribución de la riqueza en este departamento son claramente indicativos de ese proceso advertido por la autora. Se observa que Santa Catalina mejora el Gini del universo de propietarios de 0,6267 a 0,61266 entre 1872 y 1910, como también sobre las unidades censales (0,9927-0,9722). Ese trayecto mínimo, pero más favorable a la equidad, se traduce en la relación 20/20 con una distancia entre extremos más ricos y pobres de 81,9 en 1872, que se acortó en 1910 a 24,5. En las etapas comparadas el índice de Gini se mantuvo casi idéntico, lo que es atribuible muy probablemente a que la copropiedad es una figura que se diluye en las fuentes trabajadas, ya que era común que sólo se catastrara a un titular de la misma.

Por último, siguiendo a Teruel, en Yavi se mantuvo intacto el principal latifundio de la Puna, la hacienda primaria de la familia Campero (que continuaba siendo la propiedad mejor valorada de toda la Puna, en 1910, en 170.000 pesos), y algunos rodeos menores fueron traspasados a sus ocupantes31. En este poblado, en realidad, el principal movimiento inmobiliario se gestó en torno al flamante pueblo de La Quiaca, debido a que 75 de las 93 propiedades registradas en el catastro de 1910 eran lotes y rastrojos en este paraje, aunque con grandes asimetrías en sus valores: sólo ocho de ellas implicaban el 43% del valor total de las mismas. En cuanto a los actores, también hay una notoria presencia de extranjeros, vinculados a los distintos servicios que promovió la sede de la estación del ferrocarril. En la formación de este pueblo, el traspaso de rastrojos para alfalfa y campos de pastoreo no tuvo otra regla que la del mercado. Desde el inicio, la política adoptada para los predios rurales de La Quiaca fue la venta por remate público32.

La cara opuesta de la alta concentración de la propiedad en la Puna era la generalización del arriendo como principal forma de acceso a la tierra para el grueso de la población. En 1914 se puede estimar una proporción de 8,5 propietarios por cada 1000 habitantes; el panorama más extremo se presentaba en Yavi, donde sólo el 5,2% de sus habitantes eran propietarios, ofreciendo Santa Catalina una mayor distribución, con un 15% de su población en calidad de propietaria33. El arrendamiento constituía así la base del sistema productivo en la zona, tanto en los predios fiscales como en los privados. Si a ello se le suma el hecho de que se trataba de unidades arrendadas de mínima subsistencia, se puede suponer la precariedad de la situación de los campesinos de la Puna.

Las variaciones departamentales de la riqueza inmobiliaria y su distribución en la Quebrada de Humahuaca obedecen a factores diferentes que en la Puna, derivadas principalmente de la frecuencia con que se presentan las formas de propiedad coexistentes. En efecto, aquí se delineó una estructura agraria más compleja, en la que se pudieron reconocer al menos tres maneras de ejercer derechos de propiedad: haciendas, estancias y terrenos enfitéuticos. Las haciendas eran de propiedad privada, conformadas por mercedes reales de origen colonial en una merced real. Se trata de once haciendas que implicaban el 23,5% de la riqueza inmobiliaria en la Quebrada en 1909, como se deduce de los datos proporcionados en el gráfico 5. Estas propiedades fueron las principales áreas generadoras de la desigualdad en la Quebrada de Humahuaca.

Las otras dos formas consignadas en este gráfico se desarrollaron sobre la tierra declarada pública desde 1839. Como ya se describió, la enfiteusis fue un de ellas; la otra fueron las estancias del Estado, primero arrendadas y luego rematadas. Estas últimas significaban una valuación de 190.154 pesos en 1909, es decir, el 19% de toda la riqueza fundiaria de la Quebrada de Humahuaca. Algunas de ellas eran dominios en copropiedad, y, de manera similar a lo señalado para el caso de la Puna, el indicador de desigualdad trabajado podría ser menor si se pudiera contar con los datos de todos sus propietarios.

Por otro lado, la enfiteusis, que implicaba el 48% de la riqueza inmobiliaria de la Quebrada, tuvo su máxima expresión en el departamento de Tilcara, lo que también se tradujo en la configuración de un espacio social con menores asimetrías derivadas del dominio del recurso tierra en el conjunto de la Quebrada de Humahuaca, si se atiende a los cálculos proporcionados por los coeficientes de Gini calculados en el cuadro 5. Fue allí también donde se triplicó el número de propietarios contribuyentes entre 1872 y 1909, quizás como consecuencia del "perfeccionamiento de la propiedad" (que regularizó a enfiteutas, registró a ocupantes, traspasó tierra a solicitantes). Sin embargo, hacia el interior del grupo propietario (según la evolución seguida en el Gini sobre propietarios entre la década del setenta y los comienzos del siglo XX, así como en el de las relaciones porcentuales del 20% más rico y el 20% más pobre) hubo un claro fortalecimiento en la cúspide de este sector. El ensanchamiento de los más ricos fue a costa del achicamiento de los más pobres.

El departamento de Humahuaca también muestra el imperio de la enfiteusis. Los recorridos son distintos a Tilcara, ya que en Humahuaca se acrecentó levemente la desigualdad derivada de la propiedad en el conjunto de la población (Gini/uc) y se niveló y redistribuyó favorablemente entre los propietarios, entre 1872 y 1909 (Gini/propietarios), aunque ambos continuaron siendo más extremos que en Tilcara. Por la relación 20/20, las brechas entre ricos y pobres se acortaron, pues la riqueza de ese porcentaje más opulento contenía 98 veces a los menos ricos en 1872, mientras que en 1904 esa distancia era de 41 veces.

Tumbaya representa la evolución más compleja y menos avanzada; la hacienda y la estancia definieron su perfil, con escasa participación de la enfiteusis. En este lugar hubo una fuerte acumulación de la riqueza inmobiliaria, por capitalización de las haciendas y por acceso concentrado de algunas familias a las tierras fiscales a partir de la década de 1870. Aquí resulta claro que ambos fenómenos, valorización de la propiedad y acaparamiento, redundaron en una creciente desigualdad ensanchando las barreras entre propietarios más ricos y pobres (como se ve en la evolución del Gini/propietarios, y mucho más, en la pérdida de participación de la riqueza inmueble del 20% más pobre entre 1872 y 1909) e incrementando las brechas entre propietarios y no propietarios (según los valores más extremos del Gini/uc que presenta este departamento en ambos períodos comparados). Resta indicar que el 10% de los propietarios más ricos prácticamente duplicaron la parte de la riqueza inmobiliaria por ellos controlada entre 1872 y 1909: del 39% pasaron a 70% de la misma. Mientras que en 1914 es posible calcular que un 17,9% de la población de la Quebrada de Humahuaca eran propietarios, presentando Humahuaca la mejor situación (21% de su población era propietaria), y Tumbaya, la menor distribución inmobiliaria (con un 9% de propietarios sobre el total de su población)34.

Epílogo

Entre las décadas de 1870 y 1910, temporalidad escogida para analizar la evolución en la distribución de la riqueza en la Puna y Quebrada de Humahuaca, una conjunción de políticas de tierras implementadas persiguió el afianzamiento de la propiedad privada y puso en movimiento amplias superficies territoriales a través del mercado y/o del perfeccionamiento de la propiedad. El primer indicio de la magnitud de esos cambios es el número de propietarios, que crecieron a un ritmo acelerado en la Puna (91%) y más modestamente en la Quebrada (47%), en contextos demográficos estancados. En concordancia con ese número, en la Puna se vio que el recorrido fue la fiscalización de algunas haciendas, y luego, la mercantilización de tierra pública, que recortó considerablemente patrimonios al extremo concentrados. La principal derivación fue una mejora en los niveles de distribución de la riqueza entre 1870 y 1910, según lo indican los distintos coeficientes de Gini calculados, así como el achicamiento de las distancias entre los propietarios más ricos y los más pobres.

¿Fue suficiente esa evolución para traducirse en una mejora social, en una sociedad menos desigual en cuanto a la distribución de la riqueza inmobiliaria? De ninguna manera. Los pocos matices advertidos en el análisis se neutralizan al combinarse distintas variables. Así, el parcelamiento de algunos latifundios y su oferta en el mercado afectaron a una ínfima fracción de la cúspide terrateniente. Pero a la vez, sobre el extremo opuesto, el de los propietarios más pobres, no hubo mayores beneficios en ese reparto, y, por último, las ventajas fueron captadas por un nuevo grupo igualmente concentrado y reproductor de la hacienda de arrendatarios. Como complemento, mirando a la sociedad puneña en conjunto, una amplia mayoría de la población no tuvo acceso a la propiedad, lo que sólo fue posible mediante el arrendamiento, que avivó la precariedad del campesinado.

Esta lectura parece agudizarse más si se tiene en cuenta que era factible y posible, mediando la acción política, diseñar un reparto de la propiedad más equitativo, que quedó fraguado cuando se optó por la oferta de las tierras en el mercado al mejor postor, salvo las pocas excepciones comentadas del departamento de Santa Catalina, con la figura de la copropiedad. El modelo fue la especulación, y la tónica, una valorización ficticia de la propiedad que no tuvo motivación en fenómenos de recambio y reconversión de producción, ni capitalización productiva, salvo por unos ensayos mineros erráticos aún en esta época. La magnitud de las transformaciones en materia de derechos de propiedad no tuvo correlatos en la producción; la región de la Puna continuó su perfil pastoril ovino de autosuficiencia y de unos terratenientes apegados al beneficio de la renta proporcionada por sus arrendatarios.

Los cambios obrados en la propiedad tuvieron manifestaciones más variadas en la Quebrada. Por un lado, a la expropiación de la tierra indígena la siguieron la estatización, la cesión en enfiteusis, el arrendamiento y la ocupación de hecho. Cuando primó la necesidad de afianzar la propiedad privada, el Estado buscó, al menos en el discurso, la entrega de tierras al campesino poblador, activando un mercado regulado en la prosecución de ese fin, por la redención del canon enfitéutico, las ventas de estancias en copropiedad y los procesos de perfeccionamiento de la propiedad. Por otro lado, se mantuvo la figura de grandes haciendas privadas, constituidas por las mercedes coloniales, que sólo mutaron en el recambio de sus propietarios.

¿El resultado fue más equitativo que en la Puna? Si bien los guarismos son en conjunto más favorables en la Quebrada, al juzgar por la naturaleza manifiesta de las leyes diseñadas por la política de tierras para esta región, al servicio y resguardo de la población originaria, en este análisis no fue posible confirmar una mayor mejora social, medida por la distribución de la riqueza inmobiliaria. El dato estadístico no condice con el espíritu reflejado en la legislación del tema en la región, referenciada en las leyes de venta de 1860 y de "perfeccionamiento" de la década de 1890.

Es decir, resulta indudable que la estructura social fundada en torno a la enfiteusis, y su más de medio siglo de existencia, derivó en menores asimetrías. Pero eso se dio, en parte, dentro del grupo propietario, no así en el conjunto de la población, como lo expresa un Gini sobre Unidades Censales igualmente alto. Por otra parte, si bien en la evolución pudo vislumbrarse la mejoría de un extracto de los propietarios más pobres, también es real que hubo un mayor enriquecimiento en la fracción más rica. Este proceso central se interpreta en función de la fuerte valorización acontecida en los capitales acumulados por un grupo reducido de propietarios, también dueños de tierras antes fiscales, pero con las mejores condiciones ecológicas y con el valor agregado de las mejoras, dadas las escalas de producción agropecuaria que tenían respecto al conjunto de la región.

Sin duda, los cambios en los derechos de propiedad en la Quebrada de Humahuaca fortalecieron a los más ricos y paralelamente consolidaron un grupo de pequeños propietarios, configurando esa imagen reconocida de coexistencia del latifundio y el minifundio. Pero se trató de otro latifundio, diferente al de la Puna, no sólo por ser propiedades de tamaño más pequeño y discontinuas, sino también porque a la renta de arrendadores de un grupo de los terratenientes quebradeños le añadió los beneficios de la producción, participando en cultivos comerciales -como la alfalfa-, con ciertos réditos a la escala por ellos emprendida.

En definitiva, en la Quebrada, al igual que en la Puna, también quedó plasmada una alta centralización de la riqueza inmobiliaria tras los procesos y políticas perfilados en torno a los derechos de propiedad. Pero derivó en una mixtura más variada en el reverso de esas grandes acumulaciones, que incluía arrendatarios con similares condiciones que los de la Puna, y también minifundistas y ocupantes de hecho.


Comentarios

* Este artículo ha sido realizado con el financiamiento del proyecto PIP CONICET (Argentina, 2011-2014) "Crecimiento económico, desequilibrios regionales y desigualdades sociales en la Argentina del siglo XIX". Agradezco las observaciones y sugerencias de los evaluadores, del equipo editorial de la revista y del coordinador del dossier. También, a María Paula Parolo por su colaboración en la revisión metodológica de este artículo.

1 Ana Teruel y Cecilia Fandos, "Procesos de privatización y desarticulación de tierras indígenas en el norte de Argentina en el siglo XIX", Revista Complutense de Historia de América 35 (2009): 233-255.

2 Guillermo Madrazo, Hacienda y encomienda en los Andes. La Puna de Jujuy bajo el marquesado de Tojo, siglos XVII-XIX (Buenos Aires: Fondo Editorial, 1982).

3 Ana Teruel, "Estructuras agrarias comparadas: la Puna argentina y el sur boliviano a comienzos del siglo XX", Mundo Agrario 6: 11 (2005): s/p., consultado el 28 de mayo de 2013, <http://www.scielo.org.ar/pdf/magr/ v6n11/v6n11a06.pdf>.

4 Gustavo Paz, "Tierra y resistencia campesina en el Noroeste Argentino. La Puna de Jujuy, 1875-1910", en Andes. Antropología e Historia 6 (1994): 209-234.

5 Raquel Gil Montero, "Población, medio ambiente y economía en la Puna de Jujuy, Argentina, siglo XIX", Revista de Demografía Histórica XXII: I (2004): 185-208; Raquel Gil Montero, "La Puna: población, recursos y estrategias", en Jujuy en la Historia, 373-401.

6 Los primeros trabajos sobre la Quebrada de Humahuaca en el siglo XIX datan de la década de 1990. El de Guillermo Madrazo enfoca el desarrollo y las consecuencias de la eniteusis en esta región como parte de un capítulo general del destino de las tierras comunales en los Andes Centrales durante el siglo XIX, "El proceso enfitéutico y las tierras de indios en la Quebrada de Humahuaca (Provincia de Jujuy, República Argentina). Período Nacional", Revista Andes 1 (1990): 89-114. Desde una mirada jurídica, Carlos Díaz Rementería analiza la enfiteusis, "Supervivencia y disolución de la comunidad de bienes indígenas en la Argentina del siglo XIX", Revista Historia del Derecho "R. Levene" 30 (1995): 11-39. David Bushnell trata el tema de las distintas políticas aplicadas sobre la población indígena en "La política indígena en Jujuy en la época de Rosas", Revista Historia del Derecho 25 (1997): 59-84. En 2011, otras investigaciones han sumado al conocimiento de esa realidad a partir de una revisión del sistema de enfiteusis en sus orígenes y supervivencia hasta finales del siglo XIX, y de otras formas de tenencia de la tierra: Cecilia Fandos y Ana Teruel, "¿Cómo quitarles esas tierras en un día después de 200 años de posesión? Enfiteusis, legislación y práctica en la Quebrada de Humahuaca, Argentina", Bulletin de l'Institut Français d'Études Andines 41: 2 (2012): 209-239.

7 Riqueza y/o patrimonio: conjunto de bienes tangibles e intangibles pertenecientes a una persona física o jurídica susceptible de valoración económica. Véase: Andrés Suárez Suárez, "Economía y finanzas. De la teoría de los mercados a la teoría de la empresa", en ¿Qué es la economía?, ed. Ramón Febrero (Madrid: Pirámide Ediciones, 1997), 555-556.

8 Además del coeiciente o índice de Gini, los otros indicadores de desigualdad escogidos en este estudio son la distribución por fractiles y sus diversas relaciones (como la llamada 20/20). Su elección deriva de la participación en un conjunto más amplio de estudios del tipo, proveniente de un grupo de investigación dispuesto a relevar los niveles de desigualdad regional y entre personas y grupos sociales de la Argentina del siglo XIX. Esta indagación general atraviesa la problemática de las relaciones de concurrencia o divergencia entre crecimiento y desigualdad.

9 Jorge Gelman y Daniel Santilli, Historia del capitalismo agrario pampeano. Tomo 3. De Rivadavia a Rosas. Desigualdad y crecimiento económico (Buenos Aires: Universidad de Belgrano/Siglo XXI, 2006); Jorge Gelman, coord., El mapa de la desigualdad en la Argentina del siglo XIX (Rosario: Prohistoria, 2011).

10 César Colino, "El método comparativo", en Diccionario crítico de Ciencias Sociales, dir. Román Reyes (Madrid y México: Plaza y Valdés, 2009), edición digital.

11 En este análisis sólo se han contemplado las propiedades clasificadas expresamente en estos padrones como rurales.

12 Carlos Reboratti, La Quebrada. Geografía, historia y ecología en la Quebrada de Humahuaca (Buenos Aires: La Colmena, 2003), 80-84.

13 Gabriela Sica y Mónica Ulloa, "Jujuy en la Colonia. De la fundación de la ciudad a la crisis del orden colonial", en Jujuy en la Historia. De la Colonia al siglo XX, dirs. Ana Teruel y Marcelo Lagos (Jujuy: EdiUnju, 2006), 55-58 y 74-81.

14 Ian Rutledge, Cambio agrario e integración. El desarrollo del capitalismo en Jujuy. 1550-1960 (Tucumán: ECIRA/CICSO, 1987), 209.

15 Raquel Gil Montero, "Población, medio ambiente y economía", 192-196.

16 María Ester Albeck y Silvia Palomeque, "Ocupación española de las tierras indígenas de la puna y 'raya del Tucumán' durante el temprano período colonial", Memoria Americana 17: 2 (2009): 173-212.

17 Gabriela Sica, "Los pueblos de indios y sus tierras comunales en la Quebrada de Humahuaca. Una historia en larga duración. Siglos XVII-XVIII", en XXI Jornadas de Historia Económica. Buenos Aires, Asociación Argentina de Historia Económica, 2008, 11-15.

18 Diferentes aristas de la coyuntura de conflictividad en la Puna de la década de 1870 son tratadas especialmente por Gustavo Paz, "Resistencia y rebelión campesina en la puna de Jujuy, 1850-1875", Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani" 3: 4 (1991): 43-68; Gustavo Paz, "Tierra y resistencia campesina", 209-234.

19 Abelardo Levaggi, La enfiteusis en la Argentina (siglos XVII-XX). Estudio histórico-jurídico (Buenos Aires: Universidad del Salvador, 2012), 17-18.

20 Eugenio Tello, Registro Oficial. Compilación de Leyes y decretos de la provincia de Jujuy. Desde 1853 hasta el de 1884, t. II (Jujuy: Tip. Libertad de José Petruzzelli, 1885), 249.

21 Gustavo Paz, "Tierra y resistencia", 225.

22 Cecilia Fandos y Ana Teruel, "¿Cómo quitarles esas tierras?", 229-233.

23 Los valores monetarios están expresados en pesos moneda nacional. Para unificarlos, se han convertido las cifras indicadas en el Catastro de 1872, que se consignan en pesos bolivianos, según el valor oficial más cercano al mismo (1882), al tipo de cambio de 0,72 centavos moneda nacional por cada peso boliviano.

24 Cecilia Fandos y Ana Teruel, "¿Cómo quitarles esas tierras?", 224.

25 Las propiedades consideradas en ambos catastros corresponden únicamente a las del área rural. En el Catastro de 1872, las tierras de Casabindo y Cochinoca figuran ya como tierras fiscales y están incluidas en el departamento de Yavi, mientras que en el de 1910 fueron registradas en el departamento de Cochinoca.

26 Estas gráficas representan distintas posiciones de cada parte de propietarios, según la porción de capital que cada una detentaba. El primer, segundo y tercer escalón inferior, de coloraciones más claras, representan al 10% de propietarios más ricos, fraccionados en tres posiciones: 0,1%, 0,9% y 10%; y de allí, sucesivamente, cada 10%, hasta llegar al extremo superior, de colores más oscuros, que corresponden a los estratos menos ricos y su cuota parte de participación en la cuantía de riqueza inmobiliaria.

27 Ana Teruel, "Estructuras agrarias", s/p.

28 Ana Teruel, "Estructuras agrarias", s/p.

29 "Reparto tierras Abra Pampa", San Salvador de Jujuy, 1907, en Archivo Histórico de la Legislatura de Jujuy (AHLJ), Jujuy-Argentina, Fondo Caja documentos, No. 64, s/f. En el catastro de 1910 son 58 contribuyentes de lotes y de potreros en Abra Pampa, por un valor de 90.257 pesos, es decir, 6% de la riqueza total de la Puna.

30 Ana Teruel, "Estructuras agrarias", s/p.

31 Ana Teruel, "Estructuras agrarias", s/p.

32"Decreto fundación de La Quiaca", San Salvador de Jujuy, 14 de agosto de 1908, en AHJ, Fondo Registro oficial, t.16, f.70.

33 El total de propietarios raíces consignados en este censo para la región de la Puna es de 1078 individuos, con la siguiente distribución por departamentos: 219 en Yavi, 390 en Cochinoca, 92 en Rinconada y 377 en Santa Catalina, Tercer Censo de la República Argentina, 1914, t. IV (Buenos Aires, Taller Gráfico de L. Rosso y Cía., 1917), 55-56.

34 El total de propietarios raíces consignados en este censo para la región de la Quebrada es 1636 individuos, con la siguiente distribución por departamentos: 899 en Humahuaca; 481 en Tilcara y 256 en Tumbaya. Tercer Censo de la República Argentina, 1914, t. IV (Buenos Aires, Taller Gráfico de L. Rosso y Cía., 1917), 55-56.


Bibliografía

Fuentes primarias

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