En este texto, el politólogo de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales Contemporáneos, Edwin Cruz Rodríguez, presenta una reflexión inicial acerca de la función de la fuerza pública colombiana (fp) -compuesta por los cuerpos de Ejército y Policía Nacional- en un posible escenario de posacuerdo, de cara a los diálogos de paz que se desarrollaron en La Habana, Cuba, entre el Gobierno nacional de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (farc-ep).

En su reflexión, el autor analiza cómo la pervivencia de la Doctrina de Seguridad Nacional (dsn) y el combate del "enemigo interno" en la fp, se presenta como un obstáculo para la consolidación de una democracia efectiva y de una paz estable y duradera, producto de ese diálogo, en un escenario de posacuerdo. En ese sentido, el autor examina el desempeño de la fp en un contexto de confrontación interna de más de 50 años, especialmente durante los procesos de paz, tomando como punto de partida y eje de análisis la delimitación que hizo el presidente Alberto Lleras Camargo, entre esta fuerza y la población civil, en su alocución del 9 de mayo de 1958. En esa intervención dejaba en claro la "subordinación" que las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y la Policía deberían tener respecto de los Gobiernos civiles, a cambio de la conservación de su autonomía institucional en lo referente a su manejo, desarrollo y lineamientos (p. 18). Sin embargo, debido a la prolongación del conflicto social y armado interno hasta nuestros días, el esquema cívico-militar de la dsn se perpetuó más allá de la fp, difundiéndose y desbordándose en una parte significativa de la sociedad colombiana como "mentalidad contrainsurgente", lo cual, hoy, representa un problema adicional y quizás una de las principales amenazas para los propósitos del proceso de diálogos y del escenario de posacuerdo.

Para demostrar su tesis, el autor desarrolla su texto de la siguiente manera: una primera parte enfocada en el Ejército, en la cual efectúa un análisis histórico de la "autonomía institucional" y de la "subordinación" que, respecto de los Gobiernos civiles, adquirió en función del esquema cívico-militar establecido a partir del Frente Nacional, cómo ese esquema se ha mantenido vigente, cuáles han sido sus efectos y qué tensiones ha generado en escenarios de negociación. Así mismo, investiga las relaciones cívico-militares en el marco de las recientes negociaciones de paz en Colombia, junto con el estudio de algunos de los posibles retos en el escenario de un eventual posacuerdo.

La segunda parte la dedica a la Policía Nacional, y aun cuando la estructura de análisis es la misma que en la anterior, al proceso de milita rización de la policía -expresado en sus ámbitos institucional, operativo y doctrinal- se suma la relación de esta con la represión a la protesta social. Este constituye un significativo análisis, dado que el autor argumenta cómo la represión ha significado un obstáculo para los procesos democráticos en la sociedad colombiana, los cuales son indispensables en un escenario de posacuerdo. En ese sentido, a partir del reciente proceso de diálogo se espera establecer las bases para una sociedad democrática y en paz, y eliminar la violencia política producto de la "mentalidad contrainsurgente", tomando como eje principal para el cambio la implementación de otro tipo de doctrina y de relación entre la fp y los sectores de la sociedad civil.

Respecto a lo anterior cabe destacar lo siguiente:

En cuanto a las FF. AA., el autor argumenta a favor de la consolidación de su autonomía respecto de los Gobiernos civiles, la cual ha tenido momentos de crisis en los procesos de paz, ya que estos -por los alcances de las reformas políticas que han significado- la han puesto en riesgo. Sin embargo, la autonomía institucional no puede entenderse como un elemento aislado de los intereses de los Gobiernos ni de las élites políticas y económicas desde antaño, sino que tiene su eje articulador principalmente en la ideología anticomunista promovida por la dsn, que ha permitido mantener "en equilibrio" el poder institucional consolidado al delegar en las ff. aa. el control del orden público (políticas de seguridad y defensa). Esto ha tenido un alto costo para los procesos democráticos en el país, puesto que se han dado casos como la connivencia entre los organismos estatales y los actores paraestatales; impunidad con algunas acciones de las las FF. AA. violatorias de los derechos humanos, y represión y tratamiento criminal hacia las demandas sociales de la población colombiana.

La prolongación de estas y otras características en función del conflicto social y armado interno, suponen no solo la pervivencia, sino la actualiza ción y profundización del esquema de relaciones cívico-militares en años recientes, en especial, a partir de la ejecución de la política de Seguridad Democrática, la cual significó una mayor autonomía en las funciones de la fp, y constituyó uno de los principales obstáculos del logro de acuerdos de paz en los diálogos de La Habana.

En cuanto a la Policía Nacional, Cruz señala que, a partir de su mi litarización, la institución adoptó una relación cívico-militar propia de la dsn, que le otorgó un margen de subordinación y relativa autonomía respecto de los Gobiernos civiles, intactas hasta el periodo del Gobierno de César Gaviria (1990-1994), en el que, por problemas de corrupción, se decidió reformar la institución por medio de la Ley 62 de 1993, con lo que se acentuó su carácter civil en reemplazo de su carácter militar. Sin embargo, esa reforma produjo una "contrarreforma" a través del Programa de Transformación Cultural y Mejoramiento Institucional que, al ser un proceso interno, no trajo los cambios esperados.

Lo anterior implicó la obstrucción de la implementación de políticas de seguridad ciudadana, que tienen el objetivo de asegurar que las de mandas sociales puedan ser tramitadas por las autoridades, eliminando la posibilidad del uso de la violencia política (p. 88). En ese sentido, el texto ofrece un análisis acerca de la importancia de la organización, la movilización y la protesta social, como elementos complementarios a los procesos democratizadores de regímenes políticos representativos como el colombiano. No obstante, esas acciones en Colombia no tienen garantías para ejercerse como derecho, por lo cual se hace necesario pensar una reforma al cuerpo policial, que cambie su accionar hacia una relación de seguridad ciudadana y garantía de derechos, orientada a permitir la emergencia de los procesos democratizadores para la consolidación de un régimen democrático y en paz.

Se observa que, de fondo se hace un esfuerzo significativo por contextualizar y señalar los factores que podrían incidir negativamente en el cumplimiento de los objetivos de un próximo escenario de posacuerdo. Por ello, frente a estos, el autor propone, como primera medida y con reiterado énfasis, la ineludible reforma de la doctrina y de la composición de la fp, en focada a la protección y la garantía de los derechos ciudadanos, y no solamente en la protección y en la seguridad del Estado y sus instituciones. Así mismo, es necesario que la relación organización, movilización y protesta social cambie hacia otra que reconozca, en esas acciones, procesos constitutivos y complementarios de una sociedad con instituciones democráticas. No obstante, este tipo de garantías para el logro de los objetivos del proceso de paz dependerá, principalmente, de la organización y disputa de los sectores de la sociedad civil en los espacios de decisión para estos efectos.

Por último, y como contribución al texto, algunas observaciones generales: