Participación social

La participación social es una expresión de democracia directa en cuanto proceso social abierto, plural e incluyente por medio del cual se llega a transformar la realidad en diferentes ámbitos, mediante la construcción de contrahegemonía: la ruptura de la perdurabilidad de las estructuras del habitus (^{Binford, 2000}) al potenciar al sujeto social; el fortalecimiento y articulación de las identidades y organizaciones colectivas: la profundización de la conciencia de clase y el fomento del doble poder. Por lo tanto, la participación social tiene un alcance político expresado en la reconfiguración de lo público, el fortalecimiento del Estado social de derecho y la generación de nuevas formas de comunicación política (^{Caruso, 2013}, pp. 32-33).

Así mismo, la participación política incluye metodologías propias aunque no se resume ni subsume en ellas por ser un reinicio, un camino, una concepción y una herramienta para incidir en la gestión pública: es un proceso democrático debido a que los participantes pueden transitarlo sin perder o someter su autonomía e independencia, también es un proceso colectivo, pues tiene como medio y fin la construcción de dobles poderes constituyentes que socialicen la toma de decisiones creciente y permanentemente. Lo anterior implica desaprender y volver a aprender la democracia por la praxis, pues cuanto más consciente sea la apropiación de la realidad, más trascendente será la acción que se realice (^{Caruso, 2013}).

Sujeto social

El sujeto por el que se apuesta es de carácter colectivo y social, por el rol privilegiado que debe tener en la lucha por la emancipación en cuanto pase de clase en sí a clase para sí (^{Houtart, 2006}, p. 436); a partir de la conciencia de clase y la capacidad que tenga para desarrollarse como doble poder. En el contexto latinoamericano esto requiere garantías reales para la integridad de la vida, el ejercicio de los liderazgos sociales, el fortalecimiento de su hacer colectivo y la articulación territorial y sectorial.

La reflexión en torno al sujeto social parte de las críticas a las democracias liberales expresadas en los estudios sociológicos, que evidencian cómo la idealización de los mecanismos de participación electoral en la individualización se hacen inmaterializables, más aún en el contexto neoliberal: por lo que la creación de diversas formas de socialización se hace imperativa. Esto crea un cuerpo integrado y permanentemente dotado de un espíritu capaz de construir en colectivo su opinión, que supone la concertación, el entendimiento y el fomento del acuerdo sobre otros instrumentos de toma de decisiones.

En este proceso se requiere que el sujeto sea de base social y democrática para que tenga la capacidad de actuar sobre la realidad múltiple y global, con el sentido de emergencia demandado por el momento político y económico (^{Houtart, 2006}, p. 438) para responder al desafio de desarrollar resistencias acordes a una estrategia política y programática en perspectiva transformadora.

La constitución del sujeto social implica garantías a la vida y la labor de los líderes sociales: su fortalecimiento y articulación a partir del avance en sus reivindicaciones; la cualificación de sus programas y su articulación sectorial/territorial: la profundización de la conciencia de clase que vincule la defensa del territorio: el mejoramiento de las relaciones económicas: la construcción de formas alternativas de desarrollo: y la capacidad de construirse como doble poder a partir de la acumulación de capitales. De tal manera que los recursos económicos, humanos y técnicos permitan el fortalecimiento de los procesos, la solución autogestionada de demandas sociales y/o una interlocución con el Estado más cualificada, lo que conduce a una mayor apropiación de lo público y aumenta la capacidad de crítica con respecto a las experiencias adquiridas.

Alcance político de la participación social

El alcance político de la participación social se basa en su pretensión de transformar la sociedad. Esto implica modificar las correlaciones de fuerza, sus manifestaciones cristalizadas en el Estado -como espacio privilegiado de las superestructuras políticas e instituciones sociales que permiten la estabilidad y eventual irreversibilidad de sus conquistas-, y la gestión pública desarrollada. Cuando el sujeto social disputa el espacio de lo público por medio de los mecanismos de participación social estos se convierten en la clave para reconstruir proyectos políticos unitarios con triunfos locales y nacionales (^{Caruso, 2013}), que renuevan el campo político abriéndolo a quienes no son agentes de este.

Este análisis parte de entender la acción política, incluyendo lo normado electoral e institucional y lo no normado, de agentes que si bien no hacen parte del campo generan efectos en él y han limitado su tendencia a la autonomía al hacer públicas las formas de enunciación e imposición de buenos principios de visión y de división que se constituyen como ideas fuerza de movilización sobre las que se deciden adhesiones o rupturas (^{Bourdieu, 1999},11 de febrero). En ese sentido, el primer reto de la participación social es ampliar el campo político reconfigurando lo público, aumentando la incidencia de la mayoría en la gestión pública, y fortaleciendo el Estado social de derecho y la construcción de comunicación política.

La política más allá del campo es central para la participación social en cuanto es la ruptura de este con el público, por el valor que los profesionales dan a los hechos a partir del sentido que tienen al interior del microcosmos (^{Bourdieu, 1999}), lo que conlleva la enajenación. Esta se acentúa entre más se construye pues más autonomiza, profesionaliza y mira a los profanos con una especie de conmiseración (Bourdieu, 1999, il de febrero), es decir, al creer que la gente no se interesa en política, se perpetúa la desigualdad en los medios para participar (Bourdieu, 1999) y se profundiza la sospecha sobre las delegaciones (Bourdieu, 1999,11 de febrero).

El segundo reto de la participación social en relación con el alcance político es disminuir la importancia que tienen los intereses particulares en este campo por medio de su apertura. En ese sentido, se trata de que la sobrevivencia y la acumulación de capital ocupen menos a los agentes del campo y se dé prioridad a los problemas relevantes para el común de los mortales. Estos últimos comparten la sospecha de que todos los políticos obedecen a intereses ligados al campo mucho más que a los suyos (^{Bourdieu, 1999}). En un escenario de participación se involucra a la sociedad civil en la definición de la agenda política con los problemas que siente como propios, que le afectan y sobre los que puede construir opinión.

El alcance político de la participación social se da a partir del entendimiento de lo político y la política, desde las lógicas que privilegian la organización y movilización, que hacen prevalecer su incidencia en la gestión pública en perspectiva de la democratización política, económica y social (^{Estrada, 2014}, p. 1). Por esto se debe reconocer que la desconfianza en el sistema político electoral no equivale al a despolitización (^{Castells, 2008}). En ese contexto se han desarrollado ejercicios que van desde la participación en la planeación y presupuestación pública hasta la incidencia en asuntos como la vinculación a la lucha por la extensión de la democracia (^{Caruso, 2013}, pp. 14,29).

La renovación del campo político requiere formas de participación social (^{Houtart, 2006}, p. 440) que permitan reconfigurar lo público; ampliar el espacio de incidencia y garantizar la pluralidad en los espacios de participación: incidir en la gestión pública a partir del acceso a información confiable, oportuna, entendible y pertinente; formular, gestionar, realizar seguimiento y control de lo público: y fortalecer el Estado social de derecho a partir de nuevas instituciones democráticas y de la prevalencia del enfoque de derechos en su gestión.

Reconfiguración de lo público

La participación social aporta en lo estratégico a los procesos de transformación social y política al construir nuevas estructuras de lo público (^{Caruso, 2013}, p. 60), y al reconocer la dinámica de las correlaciones de fuerzas y de poder que determinan las sociedades en los conflictos y antagonismos (Moufle, 1999). Estas estructuras son contrarias al desplazamiento neoliberal del eje público, por lo cual redefinen la relación Estado-sociedad, incluyendo la forma y el alcance con el que se incorpora a la ciudadanía en la gestión pública, que a su vez genera cambios en el ejercicio de derechos (^{Escobar, 2004}, p. 98).

En lo público hacen presencia todos los sujetos, por esa razón es necesario analizar las manifestaciones de la lucha de clases, la generación, ejercicio y control de la hegemonía y del escenario en que se construyen prácticas de distinción y se configuran públicos, contra públicos o públicos alternativos. En ese sentido, la participación social debe llevar a cada actor a restituir o profundizar el debate mediante la socialización de sus preocupaciones, representaciones e imaginarios, para dar origen y sustento a la democracia (^{Habermas, 1981}), y confrontar las políticas del Estado, dándoles contenido y trascendencia en contextos concretos de acuerdo con los valores colectivos reflejados en la actuación pública (^{Caruso, 2013}).

Lo público constituye el lugar de deliberación colectiva en constante cambio en virtud de la reconfiguración que se produce por la calidad del diálogo y la pertinencia de los acuerdos que en él se configuran. De tal forma que en cuanto se avanza en una reivindicación se requieren nuevas capacidades de deliberación, negociación y responsabilidad social, sustentadas en la inteligencia, creatividad, claridad de metas y objetivos (^{Escobar, 2012}, p. 120) de mediano y largo plazo del sujeto social.

Incidencia en la gestión pública

El proceso de democratización latinoamericano se ha desarrollado de forma concomitante a enfoques neoliberales y perspectivas populistas. En este contexto, la participación como concepto está constituida por diferentes orientaciones epistemológicas y metodológicas de la planeación, la gestión pública y la democracia, cada una se enmarca en una racionalidad científica y un sentido de la acción colectiva, por lo que pueden resultar más o menos cercanas a lecturas y posibilidades de la participación social. Podemos diferenciar tres grandes escuelas de gestión pública aún vigentes: la planeación estratégica, la planeación para el desarrollo y la planeación participativa (López y Huffington, 2017, julio).

La tercera visión es la más afín a los sujetos sociales en cuanto se reconoce al entorno como un conjunto de relaciones, en el que hay movimiento e incertidumbre entre el caos y la complejidad y en el que el todo es la suma de las partes, por lo que potencia la acción desde diferentes lugares de relación en función de un problema complejo. En esta visión se reconoce como sujeto de derecho a la humanidad, al conjunto de seres vivos y de generadores de vida, y al caos como forma de orden no consciente del mundo que se reproduce en lógicas complejas y recursivas de fractalidad, causalidades en espiral y autopoiéticas (López y Huffington, 2017, julio).

En esta visión, la planeación parte del diálogo en el que se reconocen los distintos saberes en clave decolonial, se genera conocimiento desde métodos diferentes a la ciencia y bajo otras formas de codificación, y se cambia también la búsqueda de causas absolutas. La acción pública que se desarrolla con metodologías participativas que dan protagonismo a lo local, para la transformación de la realidad en lógica de la fractalidad, cambian las temporalidades reconociendo el presente como una relectura singular del pasado y del futuro, que involucra a los actores presentes y supera la pretensión de control, y permite lógicas autónomas de emergencia (López y Huffington, 2017,julio).

Fortalecimiento del Estado social de derecho

En el contexto latinoamericano, en el que los difíciles procesos de construcción nacional se empataron con estrategias violentas de represión y control sobre la sociedad en búsqueda del equilibrio geopolítico durante la segunda mitad del siglo XX, se han implementado diferentes modelos de desarrollo y tendencias macroeconómicas que desde los setenta se han sustentado en regímenes políticos autoritarios, que han generado andamiajes institucionales y culturales que debilitan los principios democráticos del Estado social de derecho, especialmente en el modelo neoliberal.

Lo anterior ha dificultado la construcción de procesos de participación social y hace necesario el fortalecimiento de instituciones democráticas, que en primer lugar permitan el desarrollo de la igualdad en todos los ámbitos de derechos y den adecuado trámite a las necesidades y propuestas de los sujetos individuales y colectivos. El fortalecimiento del Estado social de derecho requiere también la transformación del enfoque de la gestión pública, que pasa de la resolución de problemas de gobernabilidad al enfoque de derechos, de tal forma que sean mucho más identificables con los intereses de las mayorías (Caruso, 2005, p. 24). Esto implica la ruptura con las competencias específicas y los profesionales que hacen parte del campo para evitar que funcione aislado (^{Bourdieu, 1999},11 de febrero).

La participación social planteada en el Acuerdo final

Este apartado plantea el análisis de estas dimensiones y variables a partir del Acuerdo final, y está organizado en función de la estructura del documento. Para cada punto se desglosa el marco conceptual presentado: para los casos en los que un mismo mecanismo de participación hace referencia a más de una variable, se incluye su análisis en la dimensión correspondiente como eje transversal, y si afecta más de una dimensión se agrega al inicio del punto acordado.

Espacios de concertación y diálogo social

El segundo eje transversal que aporta para la reconfiguración de lo público son los

Mecanismos de Concertación y Diálogo social entre el Gobierno Nacional, regional y local, los campesinos y las campesinas y las comunidades indígenas, negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, y otras comunidades en las que conviven diferentes etnias y culturas, y las empresas del sector privado que adelanten su actividad económica en los territorios rurales. (Mesa de conversaciones con la FARC, 2016,24 de noviembre, p. 18)

Estos fueron creados en el contexto del punto 1.1.8 como mecanismos de resolución de conflictos por tenencia, uso y fortalecimiento de la producción alimentaria. Estos mecanismos tienen como objetivo "generar espacios formales de interlocución entre actores con diversos intereses, que permitan impulsar una agenda de desarrollo común, orientada hacia la sostenibilidad socioambiental, el bienestar de los pobladores rurales y el crecimiento económico con equidad" (Mesa de conversaciones con las FARC, 2016,24 de noviembre, p. 18).

Pese a no tener el desarrollo que tienen los PDET en el Acuerdo final, su definición aporta a la reconfiguración de lo público en cuanto su agenda no está determinada previamente, sino que se diseña de acuerdo con los consensos generados entre los actores. Esto implica un cambio importante, pues incluye de manera específica al sector privado mediante un diálogo tripartito para la concertación y desarrollo de la agenda, que evita espacios de redefinición de los acuerdos por discrepancias entre los actores sociales.

Zonas de Reserva Campesina

El Acuerdo final incorpora las Zonas de Reserva Campesina en el contexto del punto "1.1.10 Cierre de la frontera agrícola y protección de zonas de reserva", las cuales se entienden como:

Iniciativas agrarias que contribuyen a la construcción de paz, a la garantía de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los campesinos y campesinas, al desarrollo con sostenibilidad socioambiental y alimentaria y a la reconciliación de los colombianos y colombianas. (Mesa de conversaciones con la FARC, 2016, 24 de noviembre, p. 20)

Si bien esta figura hace parte del desarrollo jurídico colombiano desde 1994, en el contexto del Acuerdo, a propósito de la participación social, se revalida la concertación como forma de acción del Gobierno nacional en la aprobación y puesta en marcha de estas. Se reafirma también el alcance de la participación en la "promoción del acceso a la tierra y la planificación de su uso [...]" y el respeto del Gobierno a "los planes de desarrollo de las zonas constituidas y de las que se constituyan, en respuesta a las iniciativas de las comunidades y organizaciones agrarias que estas consideren representativas" (Mesa de conversaciones con las FARC, 2016, 24 de noviembre, p. 20).

El primer aporte a la gestión pública es la posibilidad de construir planes de desarrollo autónomos, sin que medie la división sectorial del Estado. El segundo aporte es la responsabilidad que adquieren estos planes en la promoción de la economía campesina, el cierre de la frontera agrícola, la producción de alimentos y la protección de las Zonas de Reserva Forestal (Mesa de conversaciones con las FARC, 2016,24 de noviembre, p. 20). Si bien esto último es similar a la Ley 160 de 1994, se trata de una figura singular por incorporar estos temas a la gestión pública, desde una perspectiva integral que se corresponde con una realización de la incidencia en la gestión y formulación de políticas públicas.

En el Acuerdo, el Gobierno nacional además se compromete con la promoción de la participación activa de las comunidades (hombres y mujeres) que habitan en las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) en la ejecución de sus planes de desarrollo (Mesa de conversaciones con las FARC, 2016, 24 de noviembre, p. 21); lo que representa una capacidad de incidencia aún más profunda, pues las organizaciones locales pueden superar la injerencia de contratistas y terceros, que aumentan la posibilidad de corrupción: además, se garantiza la ejecución en coherencia con los principios del plan construido por ellos mismos.

Conclusiones sobre la potencia transformadora

En este último aparte se desarrolla la reflexión acerca de la potencia transformadora de la participación social en el contexto colombiano, a partir de la implementación del Acuerdo final. Se parte de la concepción de que la potencia transformadora permitirá que muera lo que se resiste a hacerlo (la guerra, el odio, la dominación y el despojo): y que nazca lo nuevo (la esperanza, la reconciliación, la democracia, la justicia social).

La potencia transformadora es fin y resultado de la implementación del Acuerdo final en cuanto la democracia contribuye al enriquecimiento y las libertades al dar garantía de ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos, que a su vez tiene un valor intrínseco para la vida y el bienestar, pues permiten conseguir atención a las demandas, potencian el aprendizaje conjunto y ayudan a la sociedad a formar sus valores y prioridades (^{Prats y Catalá, 2002}).

El Estado de derecho tiene como responsabilidad esencial garantizar los derechos fundamentales y el cumplimiento progresivo de todos los derechos (primera, segunda y tercera generación), lo que es en sí mismo un gran progreso frente a una sociedad que piensa cada vez menos en el ser humano y las relaciones armónicas con la naturaleza. En ese sentido, cualquier reforma que se conquiste y sea lograda por el sujeto social adquiere una potencia transformadora (^{Caruso, 2013}, p. 65) y le da valor estratégico a la participación social.

La potencia transformadora implica profundizar el Acuerdo final mediante la superación del estado de normalización de la guerra con el propósito de reestructurar el Estado y la política para la expansión democrática. También conduce a superar las limitaciones de la participación social en asuntos de interés nacional, a fortalecer las instancias de dirección de la economía en los procesos de integración regional, a realizar veeduría a los tratados internacionales y en el ordenamiento territorial, a estimular en las regiones el reconocimiento de los derechos políticos de las comunidades rurales, a proscribir el tratamiento militar a la movilización y la protesta, y a democratizar la comunicación y promover la descentralización (Estrada, 2015,30 de septiembre).

A partir del balance del proceso de negociación y sus implicaciones sobre el contexto político colombiano y la geopolítica regional, se considera que asistimos a un cambio de tendencia que puede ser desatada completamente en el marco de la institucionalización e implementación del Acuerdo final, cuyo propósito es alcanzar un proceso de democratización real que incida favorablemente en la región.

En el contexto nacional, el posacuerdo y la construcción de la paz afectan la correlación de fuerzas, pues imprimen un nuevo impulso a la posibilidad de cambio político, socioeconómico y cultural. Este proceso inició con la elección presidencial del 2010 en la que triunfó un sector de la burguesía nacional para el que no era conveniente mantener el conflicto interno, pues tenía efectos negativos sobre la estrategia de acumulación capitalista. Así las cosas, el agotamiento de la dominación basada en el ejercicio estructural de la violencia llevaría a una nueva colonización de los territorios que fueron abandonados por víctimas del despojo, situación que abriría el camino a la inversión de las economías de extracción (Estrada, 2015,30 de septiembre).

Esta recomposición se complementa con la incidencia que en el sujeto social colombiano han tenido las movilizaciones y luchas sociales que irrumpieron con fuerza desde finales de la década de los noventa y que han fortalecido los procesos nacionales que hacen frente a las contradicciones entre capital y territorio hoy predominantes en la región (Estrada, 2015, 30 de septiembre; ^{Caruso, 2013}). Esta es la razón por la que el proceso de institucionalización e implementación se encuentra en disputa entre las fuerzas de derecha, que aspiran a una paz barata, y los sectores populares que encuentran en el Acuerdo final una articulación con sus procesos y expectativas transformadoras (Estrada, 2015,30 de septiembre).

El desarrollo de la potencia transformadora del Acuerdo final pasa por su institucionalización e implementación en articulación con aspiraciones del sujeto social, como la resolución de la cuestión agraria, la superación del régimen de excepcionalidad del Estado y la dominación ejercida violentamente. Así mismo, se hace necesario detener la irrupción de la economía del narcotráfico y promover la reversión de los efectos del conflicto en la población para que se fortalezcan las dinámicas de doble poder en un nuevo marco normativo con mayores y mejores condiciones de democratización, a manera de un ciclo reformista en el que las fuerzas en disputa aborden la persistencia de la política neoliberal y la resistencia al cambio de las clases dominantes (Estrada, 2015,30 de septiembre).

Las bases de la democratización política, social y económica se pueden encontrar en el reconocimiento del campesinado pobre y desposeído del país como fuerza político-social excluida de la política estatal, principal víctima de la violencia oficial y paramilitar. En esa línea de ideas, además de la democratización en el acceso a la tierra, se incluyen lineamientos generales del uso de la tierra que serán definidos atendiendo, entre otros aspectos, a la sostenibilidad socioambiental, la compatibilidad entre la vocación y el uso del suelo rural y las particularidades sociales, culturales y económicas de los territorios (Estrada, 2015,30 de septiembre).

Finalmente, es importante considerar como elementos centrales en el proceso de democratización: la ampliación del espacio democrático a partir de nuevas condiciones para el ejercicio de la política institucional: la superación de las restricciones a los mecanismos de participación social para la movilización y la protesta: la participación a través de medios de comunicación comunitarios, institucionales y regionales: el fomento de las garantías para la no estigmatización: el fortalecimiento del control social a la gestión pública: la planeación participativa: la promoción de una cultura democrática participativa: y la promoción de la participación de la mujer (Estrada, 2015,30 de septiembre).