Una familia en situación límite

El padre de familia entrevistado, cuyo oficio es maestro de construcción, refirió que formó un hogar del cual nacieron diez hijos. La hija mayor murió ahogada a los 18 años. Meses después murió la esposa. Más tarde el mayor de los hombres fue asesinado a los 21 años. Vendió la casa para costear los funerales.

Años después formalizó su unión libre con una nueva compañera, con quien lleva quince años de convivencia. Describe su relación como agradable. De ella han nacido dos varones y dos niñas. Hace seis años la pareja vive en habitaciones arrendadas en dos casas vecinas para reducir al mínimo los gastos.

El 5 de enero del 2012, el entrevistado fue atropellado por un bus, debido a que el conductor se subió a la acera. Quedó inconsciente durante quince días. Al despertar no reconocía a sus familiares. Le realizaron tres cirugías (tórax, pulmón y columna). Por los perjuicios que le ocasionó el accidente, la gravedad de las intervenciones quirúrgicas y la prolongada incapacidad, el padre de familia afirma haber perdido su capacidad muscular. No puede realizar esfuerzos propios de la construcción. Desarrolló un problema de equilibrio con vértigo agudo. No puede realizar actividades en alturas superiores a tres metros.

Dos años después, mientras se recuperaba, pisó excremento de vaca en las cercanías de su residencia y resbaló rodando cuesta abajo. Los resultados fueron fracturas en pie y pierna derechos, que le generaron dos nuevas cirugías y curaciones domiciliarias día de por medio. Desde que tuvo los accidentes, su pareja satisface las necesidades del hogar. Ella trabajó en la construcción, pero no fue acogida, pues no querían mujeres en el gremio. Tuvo que dedicarse a trabajar en un municipio cercano, desempeñaba labores comerciales con un salario inferior al mínimo. Este hombre nota deterioro en su relación familiar. Las hijas del primer matrimonio lavan su ropa y lo asisten. Dadas estas condiciones, los hijos varones del segundo matrimonio han ejercido el trabajo infantil como alternativa de apoyo a sus progenitores: se dedican a la reventa de bolsas para basura, compran una "paca", la reducen a paquetes de diez unidades y las distribuyen comercialmente en las calles.

En cierta ocasión los niños almorzaron y luego salieron a trabajar. Llevaron consigo 190 paquetes de bolsas para la venta y se dirigieron al centro de la ciudad. A las 5:30 p.m., la madre recibió una llamada de la Policía Nacional, que tenía bajo custodia a los menores. Los padres se desplazaron a la Estación, mientras los niños estaban encerrados en una patrulla. Los policías no les brindaron atención a los padres. Los menores fueron remitidos a una institución católica, que subcontrata el cuidado de niños en situación de vulnerabilidad.

Semanas después del internamiento, los niños llegaron de regreso a la residencia de sus progenitores, se habían escapado del centro de protección porque un niño golpeó al hijo menor, al punto de producirle contusiones y dolores. Por esa razón, no querían volver; además, las encargadas de brindarles protección "eran muy regañonas", según las palabras de los niños. Fueron desescolarizados. Alejados de su familia. Los padres fueron amenazados con retirarles la custodia, si los niños eran vistos ejerciendo actividades laborales nuevamente. Uno de ellos decidió no volver al colegio, debido a que la situación económica empeoraba. Al estrés cotidiano se sumaba el miedo a la desintegración familiar.

El trabajo infantil y la familia en crisis

Según ^{Cutri, Hammermüller, Zubieta, Muller y Miguelez (2012)}, durante el siglo XVI los niños se iniciaban en labores artesanales y agrícolas a los siete años, la separación generacional estaba relacionada con la capacidad de trabajo y la familia era una unidad productiva. Gracias al capitalismo se diferenciaron los roles de adultos y niños. Las condiciones económicas, culturales y sociales determinaban la posibilidad de acceso a la educación, que conllevaba una mejor calidad de vida: "los niños de sectores populares trabajaban en minas, industrias textiles y agrícolas, mientras que los niños burgueses eran protegidos" (Cutri, Hammermüller, Zubieta, Müller y Miguelez, 2012, p. 351). ^{Estrada (2015)} demuestra que para la década comprendida entre 1970 y 1980, el papel de la infancia boyacense en los hogares se basaba en la realización de labores domésticas y agrícolas, transmitidas por medio de violencia verbal y física, estas tareas iniciaban cuando los niños y las niñas aprendían a caminar.

El sistema capitalista genera distribución inequitativa de la capacidad de supervivencia. Obliga a que niños y niñas trabajen para que su familia no caiga en situaciones de indigencia (^{Noceti, 2009}). Paradójicamente muchos intentos por proteger a la infancia mediante la prohibición del trabajo infantil crean situaciones críticas, que demuestran la contradicción entre realidad y discurso estatal. ^{Rojas, Vegas, Briceño y Rodríguez (2010)} señalan que el porcentaje de niñas y niños que ejercen actividades laborales a nivel mundial excede la mitad de esta población. Incluye a niñas y niños que trabajan siete días por semana. Para ^{Romero, Amar, Palacio, Madariaga, Sierra y Quintero (2012)} este porcentaje crece o mengua dependiendo del grado de escolaridad de los padres y de la valoración que realicen del rol de estudiante. Condiciones económicas, culturales y sociales determinan la escolarización de la infancia o su vinculación con trabajos mal calificados. Para ^{Frasco-Zuker (2016)}, el trabajo pesado asociado al estudio crea niveles de cansancio no-saludables para el infante.

Cuando las instituciones no se sincronizan para velar por el bienestar de niños y niñas, se generan daños sociales que por la fragilidad de las familias en situación límite pueden ser irreparables. El papel que juegan instituciones religiosas, gubernamentales y policivas en la restitución de derechos requiere que estas conozcan las categorías de trabajo infantil y las acciones a tomar en cada caso. ^{Padrón y Román (2013)} identifican el trabajo infantil como un estado de privación, en que se pierden oportunidades de educación, con afectación del desarrollo psicofísico, y argumentan que deben condenarse las formas de trabajo que vulneran a niños y niñas, al diferenciarlo del trabajo infantil que no tiene un impacto negativo.

En el caso que presentamos, las instituciones necesitan protocolos para realizar diagnósticos diferenciales antes de tomar acciones, pues aun en casos de pobreza extrema puede ser más sano para una niña o un niño permanecer al lado de su familia si encuentra allí figuras afectivas y protectoras. El diagnóstico permitirá diferenciar una actividad de explotación de un acto de solidaridad y disciplina, teniendo en cuenta que el comercio informal representa una alternativa para los marginados.

En el caso mencionado no hubo estudio de sobrecarga laboral. Las instituciones no identificaron situaciones como las puntualizadas por ^{Carrasco y Murillo (2013)}: esclavitud, abandono, exposición a riesgos y enfermedades. Se debe diferenciar entre formas de trabajo pedagógico, trabajo infantil, maltrato y explotación. Cada modalidad debe estar clara al intervenir y la respuesta debe fundamentarse en manuales de procedimiento y diagnósticos interdisciplinarios.

^{Sarmiento (2010)} distingue entre trabajo infantil masculino y femenino. La costumbre crea situaciones específicas para hombres y mujeres. A su turno, ^{Orozco (2012)} diferencia entre el trabajo infantil urbano y el rural, el último resulta más difícil de enfrentar por sus determinantes geográficas e históricas. En todos los casos debe ser analizado el costo de oportunidad (^{Khoudour, 2009}), que se refiere a la pérdida de posibilidades de crecimiento. El trabajo infantil debe ser abordado por medio de acciones sociales en las que los objetivos individuales y los familiares puedan sincronizarse, para ayudar a la familia a satisfacer sus necesidades y a las personas a formarse, de manera que puedan ingresar en el mercado laboral en condiciones de dignidad. No tener en cuenta los objetivos existenciales de niños y niñas genera perjuicios en la situación del futuro adulto, pues el costo de una baja escolaridad es ver reducida su oportunidad de ascenso socioeconómico (Orozco, 2012).

^{Rausky (2009)} plantea que el trabajo infantil debe ser social y económicamente reconocido, para trascender las relaciones de explotación y generar nuevos espacios y significados, en los que la infancia reconozca sus aportes y su situación. El trabajo infantil es viable siempre que moldee el carácter, enriquezca el entendimiento, genere participación, continuidad en las relaciones de poder y los procesos de formación ciudadana. ^{Lemus (2010)} plantea que los niños y los adolescentes trabajadores deben ser tratados como complemento de la sociedad y ciudadanos en uso de razón, que emplean su energía vital para desarrollar la economía, y a quienes se les debe garantizar el protagonismo y la participación en las decisiones públicas (Lemus, 2010, p. 14).

La historia de trabajo infantil en los padres, sumada al "salario crítico", determinan que un niño se vincule o no con actividades laborales. ^{Acevedo, Quejada y Contreras (2011)} y Acevedo, Quejada y Yánez (2011) conciben el "salario crítico" como la situación económica que determina si los menores ingresan al mercado laboral o permanecen en el rol de estudiantes. Para ^{Plazas (2013)}, las situaciones moral y económicamente precarias que acarrean actividades laborales poco controladas por el Estado, hacen ineludible para niñas y niños la vinculación a labores de explotación.

Para ^{Ureña, Tovar y Castillo (2009)} las determinantes del trabajo infantil deben identificarse a partir de la tipificación del vínculo de niñas y niños con este tipo de labor. Hay explotación cuando el trabajo trasciende el apoyo a las labores del hogar e interfiere con actividades escolares. Coinciden con ^{Ávila y Acosta (2011)} cuando afirman que la sostenibilidad del hogar rural, solo se logra con el aporte de cada uno de los miembros, incluidos niños y niñas, por lo que la sincronización de la vida escolar, laboral y lúdica debe ser equilibrada.

^{Chaparro (2012)} señala que hay una contradicción entre el Estado, que busca erradicar el trabajo infantil, y las familias que lo usan para transmitir la cultura, mejorar la economía y crear disciplina. Frente al rol paterno desdibujado, los hijos trabajadores se convierten en proveedores afectivos y económicos de madre y hermanos (Chaparro, 2012, p. 32).

Para ^{Estrada, Novoa-Vargas, Guío-Nitola y Espinel-Mesa (2015)}, el procedimiento diagnóstico debe partir del reconocimiento de la subjetividad del niño. A esta dimensión se llega por el juego y el arte como herramientas simbólicas que permitirán determinar el valor y el significado que tiene la infancia en su hogar, así como la forma en que las pautas comportamentales, emocionales y cognitivas del hogar son replicadas por niñas y niños en sus lugares de trabajo y estudio.

Trabajo infantil e IAP

Fals Borda caracteriza la IAP como un proceso de transformación del ambiente político. A partir del trabajo con grupos locales, busca desarrollar una sociología de la liberación, para domesticar las estructuras de poder y asegurar la satisfacción de las necesidades del pueblo (^{Flores, Montoya y Suárez, 2009}). ^{Abad, Delgado y Cabrero (2010)} ubican el origen de la investigación-acción en la "pedagogía progresiva" de Dewey. Esta metodología asume el proceso educativo con "carácter democrático". ^{Collier (1945)}, en sus estudios sobre relaciones interétnicas, señala la necesidad de aplicar la investigación-acción en programas sociales que solidaricen al investigador con los participantes (p. 466).

^{Martínez (2007)} afirma que "la investigación participativa surgió en el sector educativo" (p. 110) y se popularizó con los aportes de Freire, que impulsaron la educación popular como forma de resistencia. De esa forma, acción política y empoderamiento popular se convirtieron en elementos estructurales de la educación (^{Negrete, 2008}). Freire pugnaba por una relación epistemológica sujeto-sujeto, en la que la investigación fuera acción política y lucha por la equidad. También se ha identificado el origen de la investigación-acción en Kurt Lewin, quien caracterizó la psicología social como disciplina del cambio y la creación de condiciones de dignidad. Investigó prácticas sociales como la producción fabril, la discriminación racial y los hábitos de compra y reconoció "ciclos en espiral que implican la planeación, la acción, la observación y la reflexión" (Martínez, 2007, p. lio), en los procesos de construcción del conocimiento, que involucran a los sujetos de investigación como autores.

Al asumir la IAP como fundamento para interpretar y enfrentar un fenómeno social multidimensional como el trabajo infantil, la infancia aparece como responsable de construir la realidad en la que quiere realizar su existencia y construir el futuro con el que sueña. Los profesionales especializados y la comunidad tienen participación activa en la construcción de nuevos mundos, pero en temas como el trabajo infantil es la infancia trabajadora la que debe tomar las riendas de su destino y aportar las metodologías para el cambio. Por tanto, esta debe ser entendida como un grupo social en igualdad de condiciones en el campo de la participación política frente a la población adulta y ser preparada para disponer de libertad de inversión y posesión de bienes. Si el Estado permite la vulneración de sus derechos, debería garantizar su libertad para defenderse y participar en las decisiones que se tomen sobre su futuro.

Precisamente, la IAP genera situaciones de libertad en las comunidades mediante el empoderamiento y la reinterpretación cultural (p. 268). Al respecto, ^{Gutiérrez-Vega y Acosta-Ayerbe (2013)} plantean que la IAP encuentra los puntos de contacto entre conocimiento popular y saber científico, con esto las niñas y los niños trabajadoras/es son los encargados de diagnosticar su situación y fijar el curso del cambio.

No hay cultura ni grupo autorizado por ninguna instancia universal para interpretar a los demás grupos y culturas. No hay teoría exterior a la historia y a los grupos humanos que sirva como medida hermenéutica universal de interpretación. Culturas y grupos solo pueden interpretarse desde sí mismos, (p. 270)

^{Yepes y Hernández (2010)} remontan la IAP hasta la epistemología crítica. Allí la superación de situaciones de déficit social se logra mediante pedagogías que establecen condiciones de reciprocidad entre todos los actores sociales. Investigadores e investigados son asumidos como actores con igual autoridad intelectual. Para ^{Mieles, Gaitán y Cepeda (2012)} la IAP convierte los problemas en tema de diálogo creativo, en el que las propuestas de intervención surgen de la participación social de los mismos actores e instituciones (p. 82). ^{Becerra y Moya (2013)} entienden la investigación-acción como investigación-intervención, en la que el carácter participativo desdibuja las fronteras entre los sujetos sociales participantes, que asumen roles activos y toman decisiones conjuntas (p. 139).

La IAP constituye un proceso de construcción de subjetividad colectiva, asunción de valores que aglutinan la voluntad y la sabiduría popular. ^{Abad, Delgado y Cabrero (2010)} plantean que el investigador puede ubicarse frente a la comunidad: 1) como consultor experto, 2) como profesional que interviene sobre un grupo que no demanda su intervención y 3) como actor que participa del cambio (p. 469). En el contexto del trabajo infantil se requiere un cambio de sensibilidad frente a la infancia y transformar la imagen limitada que ha ofrecido la ciencia, según la cual esta es una etapa hacia la conquista de la vida adulta, concepción antropológicamente cuestionable desde Mircea ^{Eliade (1994)} y Louis-Vincent ^{Thomas (1993)}, quienes plantean que en las sociedades primitivas la infancia era un estado prehumano semejante al de la animalidad. Esta fase debía trascenderse mediante ritos iniciáticos que hacían del niño protagonista del mito cultural y le daban acceso a la adultez. Así las cosas, la infancia era un estado precosmogónico de existencia.

En nuestro contexto, se caricaturiza la intelectualidad infantil, se crea una visión disminuida de su potencial para la participación ciudadana y se construyen prejuicios sociales semejantes al que pesaba sobre la mujer en la mentalidad medieval. Considerar que la infancia es incapaz de valorar y razonar certeramente es tan errado como suponer que los razonamientos y las valoraciones adultas son infalibles.

El cambio de situación en la infancia trabajadora parte del reconocimiento de su estatus de igualdad y capacidad de decisión, que le otorga derechos que aseguren resonancia histórica para sus acciones. Ese cambio significa darse cuenta de que el trabajo material e histórico de niñas y niños produce riqueza y progreso, por tanto, merece reconocimiento civil. En este sentido, la IAP es una metodología de "creación intelectual y lucha social" (^{Rojas, 2009}), que servirá para que niñas y niños creen organizaciones, confieran utilidad a su saber y ayuden a construir una ciencia popular. Los discursos de infancia, ciencia y sociedad adulta poseen igual densidad ontológica. Sus demandas y sus luchas sociales deben reconocerse con planes de inversión y proyectos liderados por niñas y niños, para dignificar su situación.

La presencia política de la infancia debe fortalecerse por medio de la incorporación de niños en procesos interdisciplinarios de observación de su propia realidad. ^{Ortiz y Borjas (2008)} permiten plantear que la visión integradora infantil es la base de una nueva concepción de infancia: el primer paso para integrar sus saberes a la educación popular. El proceso implicaría el desarrollo de actividades y generación de materiales intelectuales al alcance de los niños, lo que no quiere decir que es necesario simplificar los materiales, sino que se requiere educar a los niños para entender lo más complejo y simplificar la sociedad para que sea asimilable para todos ellos.

En la IAP los informes de investigación son testimonios históricos que deja la comunidad científica para las generaciones del futuro, evidencia de las luchas que han tenido que enfrentar los grupos humanos para alcanzar condiciones democráticas. ^{Folgueiras (2008)} resalta el carácter integrador de la IAP como proceso de construcción del saber. Con esto, es posible afirmar que una verdadera pedagogía social incluye a todos los actores en sistemas de solidaridad intergeneracional y transcultural.

Los espacios académicos cumplen un papel fundamental en el proceso de posibilitar la transformación de la realidad por medio de la ciencia. Al respecto, ^{Balcázar (2003)} afirma que la IAP inicia con un agente universitario que promueve la conciencia crítica y facilita la evaluación de necesidades. A medida que el proceso avanza, el agente externo se convierte en vínculo entre comunidad e institución, los líderes locales asumen el proceso de cambio, la comunidad controla la agenda y el agente externo provee apoyo logístico. Los resultados se determinan por el cumplimiento de las metas, interpretando la oposición encontrada, los recursos, la efectividad de las acciones y el grado de compromiso y participación. Con esto, se establece que la IAP es progresiva e incrementa la complejidad de las acciones mediante el fortalecimiento de la autoeficacia de las personas, que son reforzadas por el propio frente al cambio.

Siguiendo a ^{Balcázar y Hernández (2002)} y a ^{Estrada, Novoa-Vargas, Guío-Nitola y Espinel-Mesa (2015)}, la IAP con infancia trabajadora exige dispositivos para construir discursos que propicien una imagen del mundo enraizada en la visión de niñas y niños. Los agentes facilitadores generan teorías que permiten controlar las circunstancias, incrementar la participación y abrir espacios institucionales. Poder es autoconfianza y control sobre las condiciones laborales y ambientales. Para Leal, la IAP enfrenta las metodologías que propician la manipulación de los resultados y crea las condiciones para la participación de las comunidades en la construcción del conocimiento (2009, p. 24).

La IAP busca transformar la realidad y reorganizar la sociedad (^{Ahumada y Peccinetti, 2012}). Cada fase del proceso genera retroalimentación, lo que asegura la congruencia entre metas y métodos y el cumplimiento de los objetivos y el plan de trabajo. La colaboración entre comunidad e investigadores aumenta la relevancia de las investigaciones, su validez social y su rigor científico. Al involucrar a la infancia en el reconocimiento y transformación de su realidad, se garantiza su participación en el análisis de sus condiciones de vida y su enfrentamiento con el poder adulto.

Para ^{Obando (2009)}, el investigador social crítico o facilitador usa su saber y capacidad metodológica para gestionar procesos sociales emancipatorios y progresistas. No acumula conceptos, sino que amplía el universo conceptual de quienes entran en contacto con él, usa el conocimiento para optimizar las políticas públicas, convierte los informes de IAP en expresión de la infancia trabajadora y describe el mundo en el que los niños desean vivir. ^{Guerrero, Aguirre, Besser, Morales, Salinas y Zamora (2017)} preguntan por la orientación que tienen los trabajos grupales con infancia, para evaluar las intervenciones que se realizan con este grupo e interrogar la práctica profesional mediante estudios cualitativos flexibles, reflexivos y sistemáticos que generen modelos de los fenómenos sociales. Estos estudios pueden asociarse con investigaciones sobre el espacio social (^{Rodríguez-Mancilla y Boada, 2016}) donde fuerzas políticas, pensamiento y acción dinamizan las relaciones simbólicas y la experiencia vital. La comunidad renovaría sus vínculos de pertenencia y reciprocidad, con el objetivo de promover la satisfacción de las necesidades, la convivencia, la identidad, la integración y la influencia mutua.

A partir de ^{Rodríguez-Mancilla y Boada (2016}), planteamos que la política ciudadana debe posibilitar un espacio público en el que la infancia construya su identidad, renueve sus vínculos de pertenencia, se integre con los otros grupos de edad e intercambie bienes, servicios y comunicación en un ejercicio de construcción de comunidad política.