INFORMALIDAD MINERA Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Como señalan ^{Rothenberg et al. (2016)} el sector informal incluye todas las actividades productivas que no están registradas formalmente ante las autoridades y no pagan impuestos, de modo que carecen de reconocimiento legal, protección estatal, tributación oficial y regulación. La magnitud de este sector afecta negativamente el crecimiento económico, el PIB per cápita, los ingresos tributarios y la provisión de bienes públicos. Para la International Labour Office (^{ILO, 2015}) la economía informal tiene numerosos efectos: deslegitima el imperio de la ley, desconoce el derecho de los trabajadores a protección social y a condiciones de trabajo decente e impide el desarrollo inclusivo; así, limita la sostenibilidad de las empresas, los ingresos públicos y el alcance de la acción del gobierno; en especial de las políticas económicas, sociales y ambientales. También afecta la solidez de las instituciones y la competencia justa en los mercados, y restringe el desarrollo sostenible (DS).

Según el Informe Brundtland, el desarrollo sostenible "satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades" (^{WCED, 1987}, p. 16). En opinión de ^{Sachs (2015)}, es una búsqueda intelectual que dé sentido a la interacción de tres sistemas complejos -la economía mundial, la sociedad global, y el ambiente físico- creando un marco integral que haga posible cumplir las metas correspondientes adicionalmente. Y, más en particular, considera que es un campo de estudio cuyo tema es la complejidad de los sistemas humanos y naturales, y sus interrelaciones no lineales.

En el departamento de Chocó, Colombia, la actividad minera en su mayoría de carácter informal o ilegal. Esto afecta el desarrollo sostenible (entendido como la integración de las dimensiones social, ambiental y económica o pilares que se refuerzan mutuamente), no contribuye al desarrollo económico y reduce el bienestar. Además, puesto que no se aplican las leyes lleva a la degradación ambiental y pone en entredicho la acción del Estado y de sus instituciones.

Este ensayo estudia la minería del platino y del oro en el Chocó, con base en el análisis documental, la teoría del DS (^{Strauss, 1987}), y el concepto de ""triple bottom line'', propuesto por ^{Elkington (1997)}, según el cual la prosperidad económica, la calidad ambiental y la justicia social están interrelacionadas, son interdependientes y pue-den estar en conflicto. Dada la imposibilidad de lograr un consenso acerca de los criterios para lograr el DS, sostiene ^{Gallopín (2003)}, es conveniente que cada región caracterice el desarrollo sostenible de acuerdo con sus intereses y su situación concreta, aunque es claro que la informalidad económica es el principal obstáculo para el DS. De modo que es necesario analizar la minería del platino y el oro como un todo en sus dimensiones social, ambiental y económica, para sugerir los cambios institucionales necesarios para un auténtico DS.

ASPECTOS SOCIALES DEL CHOCÓ Y SU ACTIVIDAD MINERA

El departamento de Chocó tiene una población considerable, con la segunda mayor tasa de crecimiento del país, y una diversidad étnica peculiar (cuadro 1). Se proyecta un crecimiento natural de 21,05 por mil habitantes en el periodo 2015-2020; así, su población será de 525.528 habitantes en 2020 (^{Dane, 2013a}). La organización de las comunidades étnicas está vinculada a la distribución del territorio. Existen 119 resguardos indígenas¹ y 57 títulos de tierras de comunidades negras², en su mayoría en áreas del Pacífico colombiano (^{Dane, 2010}).

El 58,7% de la población es monetariamente pobre y el 32,7% está en situación de pobreza monetaria extrema y la desigualdad medida por el coeficiente de Gini es de 0,566. En comparación solo el 26,9% de la población nacional es pobre y el 7,4% vive en la miseria, con un Gini de 0,508 (^{Dane, 2018b}). La pobreza también se puede medir mediante las necesidades básicas insatisfechas (NBI) que, como dicen ^{Feres y Mancero (2001)}, es un sustituto de las líneas de pobreza, que se basan en indicadores relacionados con el ingreso y soslayan algunas características de la vivienda (p.ej., clase de materiales, acceso a agua potable, sistema de eliminación de excretas o número de cuartos) y algunos datos demográficos del hogar (p. ej. número de miembros, edad, asistencia escolar de los menores, nivel educativo y ocupación del jefe). Según este indicador, en Chocó el 79,2% de los hogares tiene al menos una carencia básica y es pobre (^{Dane, 2013b}).

Según el ^{Ministerio de Educación Nacional (2011)}, la tasa de analfabetismo es del 20,9%, y la población en edad escolar por fuera del sistema de educación es del 21,59%. La educación básica y media es la de peor calidad del país (^{Ministerio de Educación, 2015}), y el puntaje total promedio ha disminuido en comparación con 2014 (^{Ministerio de Educación Nacional, 2017}). La cobertura de la educación superior es baja, de solo el 24,1% para jóvenes de 17 a 21 años; hay una progresiva reducción de los cupos, y una muy baja calificación de los posgrados. No existe ningún programa universitario catalogado de alta calidad por el Consejo Nacional de Acreditación al 2019. Una cuarta parte de los profesionales formados en el departamento migran a otras regiones. Existen once instituciones de educación superior (Ministerio de Educación Nacional, 2010). En la Universidad Tecnológica de Chocó, la única oficial, estudia un 75% de los jóvenes universitarios, 10.196 (^{Ministerio de Educación Nacional, 2017}).

Solo existen dos programas relacionados con minería: tecnología en gestión minero ambiental y técnica profesional en minería sostenible. Es decir, hay una carencia evidente de programas profesionales de pregrado y posgrado en ingeniería de minas, ingeniería geológica y geo-ciencias. En 2012, el Ministerio de Minas y Energía estimó que de las 5.981 personas participante en la minería, 845 eran analfabetas, 3.522 tenían alguna educación básica, 1.569 educación básica o media y 45 estudios de educación superior.

La tasa de cobertura en salud es insuficiente, un 68%³. La tasa de obesidad era la más alta del país, la tasa de natalidad la segunda más alta y las tasas de mortalidad y de fecundidad las terceras mayores en 2010-2015. Es el departamento con el mayor riesgo de mortalidad infantil: de 42,7 entre menores de un año y de 51,5 entre menores de cinco años, por 1.000 nacidos vivos (ibíd., p. 61). Se registra la mayor mortalidad por malaria, numerosos casos de enfermedad diarreica aguda y un número algo menor de infección respiratoria aguda. Así como las tasas más altas de enfermedades recurrentes: sífilis congénita, meningitis y tétano neonatal; la de hepatitis B es la tercera de mayor incidencia. Otro problema de salud pública es la exposición al mercurio, que se utiliza como reactivo en la lixiviación del oro y el platino, cuyos efectos se analizan en ^{Bernhoft (2012)}; después de inhalarlo va al cerebro, disuelto en suero o adherido a las membranas de los glóbulos rojos; se deposita en otros órganos -tiroides, pecho, miocardio, músculos, glándulas (suprarrenales, sudoríparas, salivales), hígado, riñones, piel, páncreas, osteocitos, testículos y próstata- y afecta su funcionamiento. La absorción intestinal por ingesta de pescado con alto nivel de mercurio, equivalente a la absorción por contacto cutáneo, afecta las funciones neurocognitivas, provoca enfermedades coronarias en adultos y descensos sutiles del neurodesarrollo en infantes (^{Medical Letter, 2010}).

Se han hecho estudios sobre los efectos de la contaminación mercurial en la salud humana de participantes directos en la minería artesanal y pequeña de metales preciosos de Chocó (p. ej., ^{Palacios et al., 2018} y ^{Salazar et al., 2017}). En el estudio de ^{Medina et al. (2011)} se examinaron 447 personas en riesgo de contaminación mercurial, y se encontraron 420 resultados positivos de 1993 a 2010. Los autores concluyen que en la mayoría de las personas que manipulan el mercurio en la cadena productiva del oro y el platino se detecta alta concentración de mercurio en su organismo, y que la mayor concentración se encuentra en los mineros e intermediarios comerciales, que manipulan y funden los metales amalgamados sin la tecnología adecuada para recuperar o depurar el vapor contaminante. En su estudio más reciente, Palacios et al. encontraron una concentración de mercurio en peces del Río Atrato muy superior a los límites establecidos por la OMS (0,5|_ig/g) y que este metal pesado está difundido en todo el Chocó biogeográfico.

En la minería chocoana del oro y platino, pequeña y artesanal, la salud no es una prioridad. Habitualmente, los trabajadores no utilizan elementos de seguridad industrial en sus labores, y no son instruidos en técnicas de salvamento. Debido a la informalidad, en las organizaciones que los cobijan no hay programas de salud ocupacional, y no reciben instrucción en temas de seguridad laboral por parte de las instituciones encargadas. Además, los mineros tienen un contacto permanente con el agua, la lluvia, la humedad y la radiación solar sin acceso al seguro de riesgos laborales. Solo el 4,6% de las UPM aportan a la salud, las pensiones y los riesgos profesionales de sus funcionarios, y el 93% no toma medidas de seguridad, higiene y seguridad industrial (^{Ministerio de Minas y Energía, 2012a}).

En cuanto a la justicia de género, el 45% de las mujeres chocoanas manifestó que ha sufrido agresiones físicas de su pareja; la mayor incidencia en el país (^{Ministerio de Salud y Protección Social, 2013}). Además, según el Ministerio de Minas y Energía (2012), en la actividad extractiva intervienen 843 trabajadoras, solo un 32,5% con funciones administrativas; 569 de ellas se dedican a trabajos operativos, el 67,5%, la mayor proporción a nivel nacional.

Una problemática social específica del país es el conflicto armado interno. Un conflicto -que según ^{Vargas (2006)} es asimétrico y de larga duración⁴- entre el Estado, que posee legalidad y legitimidad, y grupos alzados en armas que proclaman intenciones políticas, con un precario nivel de legitimidad y cuyas prácticas se han degradado; además de grupos paramilitares que proclaman ser defensores del orden que el Estado no mantiene en el territorio. Según este autor, las organizaciones guerrilleras surgieron por causas estructurales, como la tendencia a usar la violencia para obtener objetivos específicos en reacción al sistema de exclusión socioeconómica, política y regional, en el marco de una cultura política antidemocrática. La confrontación se acentuó y se modificó con el narcotráfico⁵, la expansión de cultivos ilícitos⁶ y el colapso del aparato de justicia, Y se agravó con las conductas delictivas y corruptas en la gestión del Estado⁷.

Algunos actores del sector privado realizan actividades en posible asociación con grupos 1200 km ilegales. A la Corte Constitucional le preocupa la explotación, supuestamente legal, de recursos naturales, pues se realiza en forma anómala con el respaldo de actores armados, que desplazan o eliminan comunidades para implementar los proyectos (^{Vargas, 2013}). Según ^{Urrea (2012)}, las violaciones a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) en Chocó están articuladas al conflicto armado, en la disputa por el control del territorio y la explotación de recursos naturales. Según la ^{Defensoría del Pueblo (2018)}, entre enero de 2016 y febrero de 2018 hubo en Colombia 282 homicidios de líderes sociales y defensores del DIH, 14 de ellos en el departamento.

En las explotaciones mineras legales e ilegales, la seguridad suele estar a cargo de organizaciones irregulares -guerrillas y paramilitares- que intimidan a la población rural (afrocolombiana e indígena) y expulsan a los mineros artesanales. Así, se estima un desplazamiento forzado acumulado de 289.328 personas en 2018 (^{Unidad Nacional de Víctimas, 2019}). Por su parte, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes es relativamente alta, 30,5, en comparación con la del país, 26,5. Sin embargo, en lesiones fatales por causa externa (violencia interpersonal, violencia intrafamiliar, suicidio, personas desaparecidas, etc.) los índices son bajos en comparación con el promedio del país (^{Instituto Nacional de Medicina Legal, 2015}).

Para concluir esta sección cabe mencionar que el índice de desarrollo humano (IDH) calculado por el PNUD en 2011 el cual ajusta la estimación del coeficiente de correlación con el índice de violencia (y reconoce la intensidad del desplazamiento y la tasa de homicidios así como la correlación con la concentración de la propiedad) fue de 0,68 en 2008 para este departamento, el segundo de menor desarrollo humano del país, frente a un promedio nacional de 0,77. En el 2017, el IDH del departamento se calculó en 0,679 y el del país en 0,748 (Global Data ^{Lab, 2019}).

EL POTENCIAL AMBIENTAL DE CHOCÓ

Chocó tiene una superficie de 46.530 km², se sitúa en la esquina noroeste de Colombia -entre 04° 00' 50" y 08° 41' 32" de latitud norte y entre 76° 02' 57" y 77° 53' 38" de longitud oeste, y tiene 30 municipios (SGC, 2011). Por el norte limita con el Océano Atlántico, por el noroeste con Panamá, por el este con los departamentos de Antioquia, Caldas y Valle del Cauca, por el sur con el Valle del Cauca y por el oeste con el Océano Pacífico (mapa 1). En su margen Este está bordeado por la cordillera occidental hacia el sur, cuya altitud promedio es de 2.000 m.s.n.m. y una longitud de 1200 km, con eventos montañosos de 100 m a 4.764 m de altura (Atlas Geográfico Colombiano, 2012).

En el territorio chocoano hay lluvias intensas, cuya precipitación puede llegar a 500 mm (^{Henkel, 2015}). Quibdó, la capital, recibe 9.000 mm por año, y es la ciudad con una población de más de 100 mil habitantes más lluviosa del mundo. Lloró uno de sus municipios, es quizá la zona con mayor nivel de lluvias en el mundo, 13.300 mm al año. Tutunendo al noreste de la capital, con un promedio de 11.394 mm por año, recibió 26.303 mm en 1974, la mayor precipitación anual registrada en el país. El sistema hidrográfico es uno de los más abundantes del país, no solo por el nivel de lluvias sino por la existencia de numerosos ríos, entre los que se destacan el Atrato, el San Juan y el Baudó. El Atrato, que desemboca en el océano Atlántico, tiene una longitud de 720 km, 560 navegables por embarcaciones de hasta 200 ton, y en sus orillas se encuentran las poblaciones de Quibdó, Riosucio, Bojayá, Lloró y el Carmen. El San Juan, el más caudaloso de Sur América entre los que desembocan en el Pacífico, tiene una longitud de 410 km, 350 navegables por barcos de poco calado, y surca los departamentos de Risaralda, Chocó y Valle del Cauca; en sus orillas se emplazan poblados como Tadó, Istmina y Andagoya. El Baudó, que corre paralelamente a la costa del Pacífico en dirección contraria a la del Atrato, tiene una longitud de 180 km, 150 de los cuales son navegables, y desemboca en el Pacífico. La subcuenca del Atrato, al norte, y la sub-cuenca del San Juan, al sur, están separadas por el Alto Istmina-Condoto (^{Bedoya et al., 2007}).

Fuente: UPME.

Mapa 1 Colombia, hotspot de biodiversidad, Chocó y zonas de extracción. 

Chocó se sitúa en el hotspot de biodiversidad o eco-región Chocó-Darién, en el que se encuentra un alto número de especies endémicas y vegetación prístina. El corredor de preservación Chocó-Manabí es la región forestal más diversa de la región neo-trópica, solo cubre el 1,4% del planeta pero contiene el 60% de las especies terrestres, con una multitud de ecosistemas forestales y de agua dulce: manglares, bosques de tierras bajas, estuarios y bosques húmedos montanosos (^{Cincotta et al., 2000}; ^{Critical Ecosystem Partnership Fund, 2005}; ^{Gómez et al., 2014}).

Los frentes de minería del platino y el oro se concentran en el centro del departamento. Los principales asentamientos de minería aluvial del platino se sitúan en las márgenes de los ríos Condoto y Sipí, con menores concentraciones en los ríos Baudó, Bojayá, Guía y Atrato. Los municipios de minería activa de metales preciosos son Istmina, Nóvita, Sipí, Condoto, Medio Baudó, Lloró, Quibdó, Medio Atrato y Bojayá. El mapa 1 muestra las áreas donde se explota el platino, indicadas por puntos, y el hotspot de biodiversidad se encuentra delineado. Los municipios mencionados se indican con un mayor tamaño de fuente.

La Costa Pacífica colombiana es un área tectónicamente activa. Los frecuentes movimientos telúricos han causado abducciones en partes de la costa; las calizas cretácicas oceánicas se superponen en sedimentos terciarios que forman terrazas fluviales, cubiertas por depósitos piroclástitos cuaternarios y aluviales. En el caso de los metales del grupo del platino hay evidencias del carácter piroclástico de los depósitos en las gravas auríferas, como señala ^{Galvis (1996)}; los depósitos procedentes de vulcanitas se encuentran en grandes extensiones de la cuenca superior del Río San Juan, en buena parte de la llanura del Río Quito y en algunas zonas de la cuenca del Atrato. Tales depósitos tienen un origen aluvial o son resultado de la meteorización de mineralizaciones primarias. El complejo de Condoto es el más joven entre las zonas ultrabásicas del mundo y el de mayores depósitos aluviales (^{Tistl, 1994}). Pero se desconoce la localización de los focos volcánicos donde se originaron las piroclásticas, y las reservas probadas son inciertas.

En cuanto a la riqueza y diversidad de la flora, ^{Rangel (2005)} registra 85 especies de musgos, 146 de hepáticas y 160 de líquenes en el grupo de vegetales inferiores; y 170 familias, 1.211 géneros y 4.525 especies en plantas superiores 'angiospermas'. Y, en cuanto a la fauna, registra "778 especies de aves, 139 de anfibios, 192 de mamíferos y 188 especies de reptiles", entre los vertebrados (ibíd., p. 295). Entre las especies acuáticas, Rivas y ^{Mosquera (2015)} mencionan 829 registros que incluyen peces dulceacuícolas, marinos y de estuarios, moluscos y crustáceos. Entre los peces dulceacuícolas se estima que en el Chocó biogeográfico existen 186 especies, agrupadas en 77 géneros, 33 familias y 8 órdenes; 52 de esas especies son nativas (^{Maldonado et al., 2012}). En las cuencas de los ríos Atrato, San Juan y Baudó se reportan 4.219 individuos de 9 órdenes, 70 familias y 143 géneros (^{Mosquera, Córdoba, y Salas, 2015}).

Existen dos áreas de reserva forestal protectora: la del Darién, con una superficie de 619 km², y la de Río León, con 342 km²; y tres parques naturales: el Parque Nacional Natural de Utría, con un área de 543 km², el Parque Nacional Natural Los Katíos, con 720 km², y el Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona, con una extensión de 262 km², de gobernanza pública (^{Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2015}). Existen, además, iniciativas de conservación, de gobernanza comunitaria -a cargo de consejos comunitarios de comunidades afrodescendientes y cabildos indígenas- y privadas en un área de 9.273 km². Las áreas para minería activa y las solicitudes de títulos se concentran en las áreas de gobernanza comunitaria. Aunque hay conflictos con la minería aurífera en Playona, al norte del departamento (^{Sánchez, 2014}).

Según el estudio nacional de calidad del agua realizado por el ^{Ideam (2015)}, en la minería chocoana se utilizaron unas 195 ton de mercurio para beneficiar metales preciosos en 2012, y los municipios de Quibdó, Istmina, Condoto, Certegui, Nóvita, Unión Panamericana y Tadó vertieron en promedio 2,5 ton por año cada uno. Según los análisis realizados por ^{Sánchez y Cañón (2010)}, también se vierten desechos sólidos, aceites y excretas, que llegan a las fuentes hídricas y ocasionan problemas de sedimentación, aumentan la turbiedad, cambian las características hidráulicas y la geomorfología, y afectan la vida acuática. Además, existe una intensa caza ilegal y piratería de fauna silvestre (^{Asprilla, Serna y Palacios, 2013}), principalmente de en aves y mamíferos, aunque la especie más perseguida es la tortuga Icotea. Entre las especies decomisadas por las autoridades ambientales, el 80,6% corresponde a especies en extinción.

En el Chocó biogeográfico, la deforestación alcanzó 4.720 km², el 6,3% de la región Pacífica, entre 1990 y 2005 (^{Armenteras, Cabrera et al., 2013}). Y en el sur del Chocó, la tasa deforestación fue del 0,98%, 291 km² de bosque perdido de los 6.100 km² existentes, entre 2002 y 2007 (^{Dávalos et al., 2011}). El principal propósito de la deforestación, es la explotación maderera, seguido de la adecuación de terrenos para minería y, eventualmente, el cultivo de coca. En Chocó se registraron 1.741⁸ ha de coca, la novena mayor cifra del país, en 2014. Y es el departamento con la mayor deforestación por estas actividades. Sin embargo, el efecto ambiental no se limita a la pérdida de flora, ya que es el cuarto departamento con mayor aspersión de glifosato, 7.474 ha en 2014 (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 2015). En 2017 se erradicaron manualmente 776 ha (^{Observatorio de Drogas de Colombia, 2017}, p. 88).

LA ECONOMÍA ACTUAL DEL PLATINO Y EL ORO EN CHOCÓ

El crecimiento económico de Chocó en 2017 fue del -3,8%, con un 0,5% del PIB del país y una contribución negativa al crecimiento del país, debido a que la extracción de minas y canteras se redujo en un 25,8% (^{Dane, 2018a}). Las principales actividades que allí se realizan son: administración pública, defensa, seguridad social, educación, salud y servicios sociales, con un 32,9% del PIB; explotación de minas y canteras, con un 18,4%; agricultura, caza, silvicultura y pesca, con un 18%; comercio, reparación de automóviles, transporte y almacenamiento con un 14,4%. La construcción solo llega al 5,5%; la industria manufacturera y las actividades profesionales, científicas y técnicas aportan menos del 1 (^{Dane, 2019a}).

La extracción minera se realiza entre la informalidad y la ilegalidad. La primera, en UPM sin título minero -minería artesanal- y en las que tienen título minero, hay graves problemas legales, técnicos, ambientales, económicos, laborales y sociales (^{Ministerio de Minas y Energía, 2014}). En esta modalidad se suelen pagar regalías, porque los comprobantes se pueden utilizar como prueba legal en procesos de formalización realizados por autoridades. En la minería ilegal, que según el ^{Ministerio de Defensa Nacional (2012)} es la que realizan personas u organizaciones naturales o jurídicas, sin título minero inscrito en el registro minero nacional, se prohíbe el uso de maquinaria pesada: retroexcavadoras, buldóceres o dragas. En esta no se pagan regalías sobre el mineral explotado, y este se vende en mercados de platino u oro clandestinos. En lo concerniente a la minería ilegal hay ambigüedades institucionales⁹.

El mercado informal del oro y el platino es impulsado por la demanda de las casas comercializadoras y sus intermediarios. Estos, además de comprar oro y platino, hacen préstamos a los mineros para comprar maquinaria pesada, con el fin de elevar la oferta y garantizar mayores niveles de abastecimiento. Esas negociaciones se hacen directamente con el jefe del frente de minería. En la gráfica 1 el cuadrado grande representa el territorio, alrededor de la minería mecanizada se realizan operaciones semi-mecanizadas y los mineros artesanales se dedican a buscar sedimentos de minerales estratégicos en el material supuestamente estéril, arguyendo el agotamiento de tenores en las riberas. Por su parte, los grupos armados ilegales -ELN, paramilitares y Bacrim¹⁰- influyen fuertemente en el emplazamiento de nuevos frentes informales e ilegales. Y se asocian ilícitamente con los jefes de mina, para coordinar aspectos de movilidad y logística, a cambio de "vacunas" o tributos extralegales. El jefe de mina también debe tratar con el propietario del terreno que -tenga o no título minero- debe recibir un porcentaje líquido del mineral explotado.

Fuente: ^{Osorio (2012)}, Silva (2014); elaboración propia.

Gráfica 1 Funcionamiento del mercado informal del oro y platino en el Chocó. 

Hay una estrecha relación entre crecimiento económico y producción y precio de los metales. Al parecer, los volúmenes operativos de carácter estacionario se determinan según el precio del oro y del platino, como indican las gráficas 2 y 3. La devaluación influye en la producción intermitente. Los flujos financieros asociados a la explotación de platino y oro son determinantes en la economía chocoana. Si el volumen de oro y platino extraído en el periodo 2014-2017 se valorara por su precio en el mercado "formal", y se tomara esa cifra como aporte de Chocó al PIB sectorial, el resultado sería mucho mayor que el estimado por las entidades oficiales. Su contribución al PIB del sector sería en promedio de un 43%¹¹.

Fuente: SIMC (2019a, 2019c); U.S. Geological Survey (2013, 2015, 2019), elaboración propia.

Gráfica 2 Producción y precio del oro, Chocó y nacional (Kilogramos y dólares/kg). 

Gráfica 3 Precio y producción de platino, Chocó y nacional (Kilogramos y dólares/kg). 

Hay una fuerte dependencia económica de la actividad minera, aunque de origen cuestionable. La estimación anterior se basa en los pagos de regalías registrados en la Agencia Nacional de Minería, que no cubren la extracción ilícita de metales transportados a otras regiones para evitar pagos e intermediarios locales o venderlos en mercados informales más dinámicos. Además, como señala ^{Tubb (2014}; ²⁰¹⁵) hay evidencias de que los actores armados utilizan la minería chocoana para lavar dinero proveniente del narcotráfico¹². Así, el volumen extraído realmente puede ser inferior al registrado, como indican las estimaciones del SIMC, debido a registros contables inflados de los supuestos mineros o intermediarios comerciales que sirven como testaferros de los narcotraficantes y los demás actores ilegales. Además, la minería es quizá el sector donde más se blanquean esos capitales, debido a que los metales preciosos son de fácil introducción en mercados clandestinos.

Los minerales existentes en Chocó son de origen aluvial y en su extracción se yuxtaponen tres técnicas principales: el barequeo, en el que se emplean herramientas manuales artesanales y se inspecciona el tamizaje de los sedimentos en una batea de madera; una técnica legal según la Ley 685 de 2001 o Código de Minas. La semi-mecanizada, en la que se desprende el material con motobombas o se utilizan mini dragas que absorben y clasifican el mineral del lecho del río. Y la mecanizada, en la que se establece un campamento y se utiliza maquinaria pesada -retroexcavadoras, camiones, tolvas, canalones- (^{Upme, 2005}).

El cuadro 1 describe los métodos asociados a las técnicas indicadas por los círculos punteados de la gráfica 1, conforme a los términos que utilizan los mineros para describir sus operaciones. El proceso de amalgamación predominante se basa en sistemas abiertos de mercurio y, debido a la informalidad prevaleciente, no se recurre a la hidro-destilación fraccionada ni a técnicas de recuperación limpia de los metales preciosos. Aunque hay intentos promovidos por proyectos demostrativos, como el de "Aplicación de técnicas y prácticas de producción más limpia en la minería auro-platinífera del departamento del Chocó" (^{Lara, 2017}, ²⁰¹⁸).

Cuadro 1 Técnicas de minería de platino y oro en Chocó. 

Fuente: GOMIAM (2014), Upme (2005); elaboración propia.

Con el fin de mejorar la competitividad del sector estableciendo aglomeraciones mineras para el desarrollo local, el Ministerio de Minas y Energía (2005) caracterizó unos distritos mineros a partir de tres criterios: el tipo de mineral y el volumen de producción, el grado de concentración minera frente a zonas relativamente homogéneas y uniformes, y la tradición minera de las comunidades locales y regionales. En esos distritos se encuentran productores, empresarios privados, organizaciones sociales, gremiales y de apoyo, entidades generadoras de conocimiento y tecnología y entidades territoriales. En Chocó se creó el distrito minero número 20 'Istmina', el cual "comprende la actividad minera registrada en los municipios de Bagadó, Condoto, Istmina, Sipí y Tadó" (^{Upme, 2004}, p. 250).

El Dane (2019b), estima que en 2018 la tasa de participación (TGP) en el mercado laboral fue del 49,8%, un 1,7% menor que 2017; la tasa de ocupación (TO) del 45% (168.854 personas empleadas); la tasa de desempleo (TD) del 9,61%, con una tasa de subempleo subjetivo del 18% y de subempleo objetivo del 3,4% (es decir, 40.364 personas subempleadas). Mientras que en el país, que la TGP fue del 62,3%, la TO del 55,6% y la TD del 10,7%, con una tasa de subempleo subjetivo del 20,2% y de subempleo objetivo del 8,8%. De las 5.699 personas dedicadas a la minería en Chocó, solo el 11,3% tienen contrato laboral y no temen el desempleo según las últimas cifras disponibles del ^{Ministerio de Minas y Energía (2012a)}, los demás mineros realizan sus actividades en unas condiciones que no ofrecen estabilidad laboral.

Chocó cubre un 4,2% del área nacional rural dispersa, pero más del 80% de las tierras son de bosque naturales y menos del 10% se utilizan con fines agropecuarios. De estas un 50% en agricultura y un 48% en pastos; además, contiene la mayor proporción nacional de tenencia en forma de propiedad colectiva (^{Ministerio de Agricultura, 2015}). En 2018 sus exportaciones llegaron a 73.450.000 dólares, el 92% en productos minero energéticos, y el 8% restante en productos de industria liviana. Los principales productos exportados fueron: oro 70,7% a Cali; minerales de cobre (25,3%) a China, madera densificada a Vietnam, y madera en bruto a Turquía. El platino solo representó el 0,8% (^{Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2019}).

Para cerrar esta sección, cabe decir que la competitividad de Chocó frente a la de los demás departamentos es una de las "coleras" como la califican ^{Ramírez y Aguas (2017)}, ocupa el lugar 28 entre los 32 que consideraron. Entre los seis factores que incluye la metodología de la Cepal que ellos utilizaron, el departamento está rezagado en fortaleza económica, bienestar y capital humano, institucionalidad y gestión pública. Es colero en competitividad, ciencia, tecnología e innovación y bajo en infraestructura y logística. En suma, tiene graves carencias para alcanzar los niveles mínimos de bienes y servicios públicos, aumentar el bienestar de la población, lograr un crecimiento económico autosostenido y generar ventajas competitivas.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Después de examinar las dimensiones social, ambiental y económica de Chocó solo se puede concluir que sus interacciones de ninguna manera llevan a un desarrollo sostenible de la minería del platino y el oro. La explotación minera no solo agota los recursos del subsuelo sino que provoca miseria, insalubridad, ilegalidad y violencia de género; y su impacto ambiental irremediable en ecosistemas mega-diversos reduce la población de peces, aves e insectos, y causa alteraciones abruptas del paisaje natural mediante la deforestación y contamina las redes hidrográficas vertiendo químicos y mercurio. La informalidad de la producción minera chocoana y la dependencia económica de metales preciosos lleva al estancamiento económico. Las malas condiciones laborales, el uso de maquinaria pesada irregular y la falta de una cadena de agregación de valor muestran que no existen imperio de la ley ni orden.

La caótica reproducción se externalidades negativas se debe a la precaria manera de mitigarlas. El gobierno y las autoridades del sector no velan por la adecuada aplicación de la ley y la regulación ambiental en el departamento y es dudoso que el marco regulatorio sea inclusivo para los mineros pequeños y artesanales, con poca capacidad organizacional, que las empresas y el Estado pretenden formalizar estableciendo reglas complejas que no llevan a un aumento efectivo de la productividad de los trabajadores (^{Lara et al., 2017}). En lugar de ello, se crean barreras de entrada al sector formal, que refuerzan la informalidad y la ilegalidad, y dan lugar a lo que ^{Verbrugge (2015)} denomina lógica económica persistente de la informalidad, pues los mineros que buscan salir de esa economía oscura no tienen un apoyo estatal suficiente para competir con los ilegales. No obstante, para determinar claramente qué tan inclusivas son las medidas para formalizar el sector o qué tanto ayudan a reducir la miseria se requiere un análisis más profundo (^{Lara, 2018} y n.d.).

La poca inversión de los beneficios de la explotación minera en actividades productivas reproducibles aumenta la miseria en la región.

La ausencia de un Estado que garantice el derecho a la propiedad colectiva de la población afrodescendiente e indígena impide que desarrolle actividades económicas sedentarias y la induce a mantener las actividades nómadas y de subsistencia (pesca, caza, minería artesanal) e incluso ilegales (cultivos ilícitos, deforestación, tráfico de fauna, narcotráfico). Por otra parte, el hecho de que los grupos armados ilegales vulneren los derechos de propiedad de la población hace imposible la creación de bienes de capital. De modo que estos se crean en centros urbanos de otros departamentos, donde el Estado garantiza la propiedad.

El Estado no ejerce el monopolio del uso de la violencia, la tributación y la justicia en el departamento, y no ha logrado proporcionar bienes y servicios públicos suficientes y de buena calidad. La eliminación de la miseria, la inclusión social y la sostenibilidad ambiental están gravemente comprometidas en el escenario de informalidad económica y ambiental que hemos descrito. Además, la usurpación de acciones que competen al Estado por los grupos armados ilegales deslegitima las políticas públicas que promueven el desarrollo sostenible. Así, las actividades ilícitas que comentamos son una adaptación de la población vulnerable y excluida a la falta de diversificación de su economía, que para subsistir sin un empleo formal se empeña en actividades que le reportan algún ingreso o salarios mayores a los que ofrece una lánguida industria.

La informalidad también impide el progreso técnico. Las técnicas que hoy se emplean en la minería chocoana del platino y el oro son bastante tradicionales y quizá no se ciñen a la reglamentación, como sucede con el uso del mercurio usualmente como reactivo en la lixiviación. Las tecnologías de reducción, como la hidro-destilación fraccionada o el uso de centrifugadores o mesas de concentración carecen de una base para desarrollarlas, difundirlas y adoptarlas debido al pequeño número de empresas formales, así como a la baja profesionalización y la escasa capacidad científica y tecnológica; de modo que en el mediano plazo no se podrá eliminar el uso del mercurio en la minería chocoana. Además, el débil progreso técnico de la minería y de otras actividades multiplica las actividades ilícitas, ya que los pagos de subsistencia obtenidos en el sector improductivo tradicional no tienen comparación con los que se obtienen en actividades económicas ilegales de fácil entrada.

El Estado, las empresas públicas y privadas y la misma sociedad deben reconocer que el desarrollo sostenible de la minería chocoana requiere equilibrar las dimensiones social, ambiental y económica, mediante acuerdos democráticos que provoquen cambios institucionales y den origen a reglas explícitas inclusivas (políticas públicas, leyes, contratos, códigos, derechos), que se aplique gradualmente e induzcan comportamientos que permitan trasformar los ingresos de la explotación de recursos naturales no renovables en actividades productivas que hagan posible una distribución menos desigual de la riqueza y el ingreso.

La riqueza natural del Chocó ha sido menospreciada. Muchos recursos naturales no son renovables, y su agotamiento paulatino es irreparable. Para encaminarse hacia un desarrollo sostenible en el largo plazo es necesario desarrollar capacidades en actividades lícitas renovables y ambientalmente sostenibles, con gran potencial en la región. Aunque la mega-biodiversidad se ha desestimado, se debe impulsar su aprovechamiento mediante la investigación y el desarrollo de biotecnologías, y la formación en bioingeniería, química verde, bioinformática y nanotecnología. Además, se debe fomentar la producción de mercancías novedosas elaboradas con celulosa y de customizados en madera, y también de bioenergía, establecer sistemas de producción acuícolas dulces y de mar, así como de alimentos para los mercados doméstico e internacional. El potencial ecosistémico se debe aprovechar para ofrecer servicios ecosistémicos reguladores, como la captura de dióxido de carbono, la producción de agua potable y de aire limpio, o culturales (recreación, excursiones, exploración científica, terapias, geo-turismo) que promuevan la conservación y la recuperación de impactos ya causados. En la envidiable red hidrográfica es promisorio el desarrollo de canales navegables y embarcaciones que impulsen el comercio interno. También se necesitan puertos marítimos en el Pacífico y el Caribe.

Los mineros artesanales y de pequeña escala, los resguardos indígenas y los consejos comunitarios de afrodescendientes no tienen capacidad organizacional para adaptarse a la economía formal. Es evidente la débil capacidad del Estado, que no ha propiciado esquemas inclusivos para la población vulnerable. Para eliminar la miseria y lograr la sostenibilidad ambiental, el gobierno debe fortalecer y modernizar las entidades del Estado que aplican las leyes, y formular e implementar políticas y reglas inclusivas que promuevan un desarrollo virtuoso y traigan prosperidad al departamento. En Colombia se establecieron polos de crecimiento en el centro geográfico del país durante la primera mitad del siglo XX (^{Lara et al., 2013}). Hace 70 años la situación de la población de esos departamentos era similar a la de los habitantes del Chocó en la actualidad: prevalecían la informalidad y las actividades de subsistencia. No obstante, el Estado impulsó la industria mediante la política de industrialización que empezó a ejecutar en 1938.

En el largo plazo, el polo de crecimiento establecido en torno a los recursos minerales provocó cambios en la dimensión económica: estabilizó la relación capital-producto, aumentó la oferta de trabajo y de bienes, mejoró la distribución de ingreso y el ahorro, que junto a la educación y la calificación de la mano de obra sentó las bases para la innovación y la diversificación, la agregación de valor y la formación de nuevas empresas. En la dimensión social mejoró la dotación de bienes y servicios públicos; infraestructura vial y férrea, salud y seguridad industrial, alcantarillado, energía eléctrica, telecomunicaciones, vivienda, y centros de educación superior para responder a la demanda de personal calificado. Cincuenta años después, el Estado seguía impulsando el polo con la política de reconversión industrial (^{Barreto et al., 2014}). Esta situación es radicalmente opuesta a la de Chocó. En el centro geográfico del país, el Estado afianzó una economía en su mayor parte formal, que tiene mayores oportunidades de avanzar hacia un desarrollo sostenible. En Chocó descuidó su potencial económico, social y ambiental, y no invirtió en su industrialización. Así la informalidad económica y ambiental resultante de políticas excluyentes ha hecho imposible el desarrollo sostenible de la minería en el departamento.