ÁLVARO ANDRÉS SANTOYO
DOCTORANTE EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y ETNOLOGÍA,
ÉCOLE DES HAUTES ETUDES EN SCIENCES SOCIALES DE PARÍS
INVESTIGADOR, GRUPO DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL, ICANH
asantoyo@icanh.gov.co

Recibido: 7 de mayo de 2010 Aceptado: 1 de septiembre de 2010

Resumen

En este artículo se reconstruyen, a partir de documentos de archivo, los ejes argumentativos de las disputas entre caucheros, misioneros y funcionarios alrededor de la regulación del trabajo indígena en el contexto de la explotación cauchera, como una manera de entender las discusiones existentes en las décadas de 1960 y 1970, sobre el gobierno de la población indígena de la antigua Comisaría del Vaupés. Dicha reconstrucción se realiza en tres apartados. En el primero se presenta la justificación, desde los caucheros, de la importancia de la industria del caucho para el progreso de la Comisaría y su influencia en el proceso de civilización de los indígenas. Enseguida, las querellas entre los tres actores sociales sobre la contratación de indígenas. Por último, el texto aborda el cierre de la disputas, a partir del análisis de la denominada Declaración de Miraflores, documento publicado por los misioneros católicos en la prensa colombiana en el que se denunciaron los abusos de los caucheros en la región.

Abstract

The aim of this paper is to analyze the struggles off the ways to govern the indigenous peoples of the Comisaría del Vaupés (Colombia). These struggles are approached by the analysis of the dispute about indigenous work regulation that took place between rubber businessmen, local government employees, and catholic missionaries in the context of rubber exploitations between 1960 and 1970. The argument is made from the analysis of archival sources and it is presented in three sections. In the first one I expose the rubber businessmen arguments to justify the relevance of their industry for both the region's economic development and the "civilization" of native populations. In the second section I reconstruct the main arguments of those social actors struggle over indigenous people hiring. Finally, the article closes with the analysis of the Declaration de Miraflores, a statement published in Colombian national press by the catholic missionaries to denounce rubber businessmen abuses in the region.

En las entrevistas y conversaciones sostenidas durante los últimos dos años con indígenas tucano oriental, que habitan en los resguardos cercanos a San José del Guaviare así como en el casco urbano del mismo², surgen relatos sobre el pasado reciente cuya forma narrativa se asemeja a una especie de autobiografía, construida temáticamente por las razones que los llevaron a partir del Vaupés, los lugares en que han vivido, los oficios o trabajos desempeñados, el establecimiento de una familia y, en algunos casos, las luchas políticas que llevaron a la creación de los actuales resguardos. En resumen, son narraciones en las que dan cuenta de su participación en la sociedad del Guaviare y, como dicen algunos de ellos, de su vida como colonos-indígenas. Un ejemplo de estos relatos es el siguiente fragmento, en el que mi interlocutor narra las razones por las cuales él y su familia partieron de Montfort, pueblo de misión sobre el río Papurí:

Nací en Montfort pero desde muy joven empecé a viajar. En 1964 estuve por estos lados trabajando en la construcción de la carretera de San José a Calamar. Luego volví a Mitú y de ahí regresé a Montfort. Allá mandaban los misioneros. Eran la policía. Yo había ido a la escuela en Montfort y después estuve en el internado en Mitú. Allí aprendí cosas. Me di cuenta que había leyes de Colombia. Diferentes a lo que los misioneros decían. Ellos no enseñaban esas leyes. No enseñaban nada, sólo la Biblia.

Al regresar a Montfort con la familia me di cuenta que tenían que pagar una multa. Una multa por hacer cultura. Cultura tradicional. Yo me disgusté mucho con los misioneros que ponían multas por hacer cultura. Ellos castigaron a mi familia. Yo le dije a la familia que las leyes colombianas nos permitían salir. "Nosotros podemos salir". "Somos libres", ir a donde quieran. Convencí a la familia que allá no podían continuar. No con los misioneros. Eso fue en 1966. Hablé con la familia: mi papá, mis tíos, tres o cuatro familias. "Les dije que somos libres". Entonces nos preparamos y salimos. Los misioneros no querían que nos fuéramos. Querían retenernos, pero nos fuimos. Llegamos a Mitú y acá el Obispo también nos quería parar: que no nos fuéramos. Nosotros habíamos vendido todo, canoas, todo. Íbamos para el Guainía pero aquí [Guaviare] nos acogieron los curas. Los mismos curas nos dijeron que nos quedáramos acá. Nos prestaron tierra. Aquí encontramos una familia Pira-tapuya. Ellos llegaron después. Vino gente de Montfort, Piracuara y Teresita en el Vaupés. (Entrevista 1. San José del Guaviare, marzo de 2008.)

La participación en la construcción de la carretera o en otras obras públicas, las tensiones con los misioneros y el aprendizaje o conocimiento de las leyes del país son elementos recurrentes en las narraciones sobre las razones que llevaron a estos indígenas a migrar del Vaupés en búsqueda de un nuevo lugar dónde establecerse. Estos relatos, por lo general ubicados temporalmente en la década de 1960, me llevaron a preguntarme sobre qué sucedía en el Vaupés durante los años 60 y 70 y qué llevó a estas personas a tomar la decisión de partir.³ Lo anterior, teniendo en cuenta que la relativamente poca literatura sobre el Guaviare hace un silencio sobre los indígenas que llegaron al departamento y se centra sobretodo en los colonos que venían desde la región andina (Acosta, L., 1993; Molano, A., 1987; SINCHI, 1999). Ahora, si bien metodológicamente este problema se podría abordar desde el punto de vista de las personas entrevistadas, reconstruyendo sus trayectorias laborales y políticas a través de historias de vida, considero que en aras de la complejización del mismo es importante acercarse a otras fuentes, en este caso documentales, que permitan dar cuenta de los contextos regionales a los que no se tiene acceso a partir de los sujetos. No con el ánimo de corroborar si lo dicho por ellos es verdad o no, sino de ampliar el espectro de comprensión.

De hecho, es el análisis de los documentos oficiales que componen los archivos de la investigación (constituidos por documentos de archivo⁴, informes de investigación⁵, libros y monografías publicados⁶ que comprenden desde los años 50 hasta los 80) el que me lleva a proponer como objetivo de este artículo analizar las disputas por el gobierno de indígenas en la antigua Comisaría del Vaupés, a través de la reconstrucción de los principales ejes de la discusión entre caucheros, funcionarios y misioneros sobre el proceso de regulación del trabajo indígena.⁷

En los informes, oficios, cartas, reportes y contratos que componen la mayor parte de este aún pequeño corpus de análisis, misioneros, caucheros y funcionarios discuten de forma frecuente sobre el gobierno de los indígenas de la Comisaría. Pero cómo no discutir, si los indígenas constituyen casi el 90% de la población, son la principal mano de obra en los fábricos o explotaciones de caucho y la razón de la permanencia de los misioneros en el Vaupés. Específicamente, las disputas entre los tres actores sociales mencionados versan sobre el papel que ocupan los indígenas en el sistema de explotación del caucho y esto a pesar de ser una época en que dicha industria se encuentran en declive. Así, la discusión sobre el gobierno tiene como eje central el proceso de regulación del trabajo indígena.

En aras de comprender las razones de estas disputas, hay que tener en cuenta que la Comisaría del Vaupés hace parte de esos territorios que constituyen aquello que M. Serje (2005) denomina el revés de la nación. Territorio marginal en el marco del Estadonación colombiano, el Vaupés puede ser comprendido como uno de esos márgenes del Estado abordados por V. Das y D. Poole y que caracterizan como

Sitios donde la naturaleza puede ser imaginada como salvaje y fuera de control y en los que el Estado reformula constantemente sus modos de orden y creación legal. Estos lugares no son sólo territoriales: también son, y quizás más importante aún, sitios de la práctica en los que la ley y otras prácticas estatales están colonizadas por otras formas de regulación que emanan de las necesidades de las poblaciones para asegurar su supervivencia política y económica (Das., V. y Poole, D., 2004, p. 8).

Esta marginalidad hace aún más interesante las disputas por la regulación del trabajo indígena, en especial la discusión sobre los contratos y su perfeccionamiento, ya que al menos dos de los actores involucrados, caucheros y misioneros, tienen además la función social de coadyuvar en el proceso de integración de la población indígena de la Comisaría a las estructuras económicas y políticas nacionales. Como ya ha sido señalado por varios autores, durante al menos las primeras tres cuartas partes del siglo XX la colonización, y en ella los caucheros, era pensada por las élites nacionales como un mecanismo necesario para ejercer soberanía y "civilizar" las selvas y sus gentes e integrarlos así al cuerpo, hegemónico, de la nación. Por otra parte, las misiones fueron el principal instrumento oficial con el que el Estado intervino directamente la población indígena, fomentando su concentración en las aldeas de misión, en las que dicha población era objeto de diferentes prácticas de colonización, cuyo fin último era crear trabajadores (Cabrera, G., 2002; Santoyo, Á., en prensa, y Zarate, C., 2008).

Para cerrar la introducción, el argumento del artículo está estructurado en tres apartados, comenzando por la justificación que hacen los empresarios caucheros de la importancia de la industria del caucho para el progreso de la Comisaría y su influencia en el proceso de civilización de los indígenas. Enseguida, se reconstruyen las querellas entre caucheros, misioneros y funcionarios sobre la contratación de indígenas, utilizando documentos que dan cuenta de los argumentos de estos dos últimos actores y contextualizándolas en el proceso legal que llevó al monopolio de los misiones sobre los indígenas de la Comisaría. Por último, el texto aborda el cierre de la disputas, que coincide con el inicio del final de las grandes explotaciones de caucho en la Comisaría, a partir del análisis de la denominada Declaración de Miraflores, en la cual los misioneros denuncian ante la opinión nacional el estado de la industria y de servidumbre en que los grandes patronos de caucho tenían a la población indígena del Alto Vaupés. Por último, debo mencionar que, interesado ante todo en presentar los argumentos que esgrimen cada uno de ellos, en el artículo se hacen citas en extenso de las posturas de cada actor que espero ayuden a la exposición.

En términos económicos, para la década de 1960 la explotación del caucho natural resultaba una industria muy poco rentable en Colombia. Tributaria de los esfuerzos realizados por Estados Unidos durante la II Guerra Mundial para establecer explotaciones en diferentes países de América Latina, tras la caída en 1942 de las plantaciones de Asia suroriental (que producían el 90% del caucho mundial) en manos de los japoneses, la explotación del caucho en el Vaupés estuvo sujeta a las vicisitudes de la guerra, a los intereses de Estados Unidos y a la baja producción efectiva del producto.⁸ En efecto, el interés en promover la explotación en el Vaupés duró poco más de dos años, desde el inicio de las exploraciones en la región en 1943 hasta el final de la guerr a en 1945.⁹ El principal efecto de este corto período de explotación de caucho para el conjunto de la Amazonía, como plantea C. Domínguez, fue la construcción de pueblos-aeropuertos. Es decir, pueblos o simples asentamientos en los que se construyeron pistas de aterrizaje para sacar el producto con rapidez, que después fueron la base para la creación de núcleos administrativos del Estado que funcionaron como enclaves "blancos" en territorios indígenas, a partir de los cuales se pretendió ejercer soberanía y generar sentimientos de pertenencia a la nación (Domínguez, C., 2005, pp. 215-219). Sobre el río Vaupés, ejemplo de estos poblados son Miraflores, Calamar y Mitú.

No obstante el reducido peso económico de la explotación de caucho vaupesino en el contexto nacional, se debe reconocer que su reactivación tras la segunda guerra mundial, dejó en la región, además de los pueblos-aeropuertos, varios fábricos o campamentos de explotación. No se debe olvidar que la Caja Agraria se ocupó, al menos entre 1955 y 1980, de fomentar la explotación y asegurar la compra del producto para distribución en el mercado nacional (González, J., 1998b, p. 164). Así, la defensa que hacen los empresarios del caucho de la industria en los años 60 y las discusiones que lograron suscitar llevan a pensar que su importancia regional iba más allá del ámbito de competencia estrictamente económica. En efecto, para los empresarios del caucho que quedaron en la Comisaría este producto era visto como la única industria viable para "redimir", si utilizamos las palabras de la época, a esta región del país y a sus pobladores. Para ellos, representados en los miembros de la Comisión de Caucheros del Vaupés que viaja a Bogotá en 1964 con el fin de demandar un incremento en el precio del caucho, este era el único producto que generaba dividendos suficientes a quienes lo producían, permitía el surgimiento de una mínima actividad comercial y ofrecía empleo a los pequeños colonos existentes y a los indígenas ubicados sobre el curso medio y alto del río Vaupés (Gómez, H. y Hilman, C., 1965, pp. 6-7).

De hecho, la que debía ser una discusión sobre los precios y en la cual se esperarían argumentos eminentemente económicos, poco a poco se convertirá en una apología a la explotación cauchera, en la que la defensa de la industria se construye a partir de su impacto social y político. Un ejemplo de esto lo encontramos en la carta que los miembros de la Comisión dirigen al Superintendente de Regulación Económica, fechada el 28 noviembre de 1964. En esta, justifican su demanda de un aumento en el precio del caucho en los siguientes términos:

Y así por este medio de exclusión, llegamos a la conclusión de que el único ramo de producción que en aquella zona existe, es la explotación del caucho, actividad esta, de donde el personal blanco e indígena deriva su subsistencia y se pone en contacto con la civilización a través de los colonos o caucheros, quienes en muchos casos han llegado a exonerar al Estado de su obligación de terminar con el analfabetismo. La población de este Territorio Nacional es aproximadamente de 17.000 habitantes, de los cuales en un 90% es indígena y tiene como fuente primordial de trabajo y sustento la explotación del caucho, hecho bajo la dirección y por cuenta de los caucheros, quienes exponen sus haberes a una actividad improductiva, pero de grandes repercusiones en el campo social y económico, si el Estado no Decreta el aumento del precio del caucho, esto sería un problema social porque los indígenas no tendrán a quien vender su fuerza de trabajo. Y para ello se presentarán una de dos situaciones: o van a recluirse en cualesquiera de las Misiones, Católicas o Protestantes que funcionan en el Territorio, para llevar una vida vegetativa, sin que su capacidad productiva pueda desarrollarse o marchan hacia el Brasil a donde el indígena es muy solicitado y por quien ese Estado se preocupa poderosamente (Gómez, H y Hilman, C., 1964, pp. 36 y 37).

Como se puede apreciar en la carta, los empresarios del caucho son concientes del carácter improductivo de su industria. Sin embargo, buscan aumentos en el precio con que la Caja Agraria les compra el producto. Se podría afirmar que esta conciencia es la que los lleva a argumentar su demanda en otros términos, como el impacto social que tiene la industria para el desarrollo de la región. En este contexto, adquiere sentido el énfasis que hacen en la capacidad de proveer trabajo y generar los circuitos comerciales ya mencionados, así como el hecho de presentar su industria y a sí mismos en tanto agentes que cumplen funciones que claramente corresponden al Estado, como asegurar la oferta educativa y la inclusión en la economía nacional de la población local. En lo que respecta a este último aspecto, la carta también permite observar cómo los empresarios del caucho crean una oposición frente a las misiones, católicas y protestantes. Para ellos, su industria es la única forma de aprovechar el trabajo de los indígenas, ya que en las misiones no existe ocupación alguna; la extracción de caucho evita el incremento de la desidia y pereza para trabajar que se atribuye a la población local (Gómez, H. y Hilman, C., 1964, p. 37). Ahora bien, los empresarios caucheros no son los únicos agentes que proponen al caucho como industria que permitirá la integración de los indígenas a la vida económica de la nación. Diferentes funcionarios, entre ellos los comisarios, también veían en ella una industria importante para por fin empezar a "civilizar" la selva. Este aspecto es en particular claro en las descripciones de algunos fundos, que son presentados como verdaderos enclaves de la "civilización". Por ejemplo, en su informe de la visita al corregimiento de Miraflores realizada entre el 20 de septiembre y 7 de octubre de 1959, Alfonso Caycedo, entonces Comisario del Vaupés escribe:

Martes 22 de septiembre
3 y 30 pm. Atracamos en el puerto del señor Hernando Gómez A., natural del Dpto. de Boyacá, hace poco más o menos que entró al Vaupés y se ha dedicado a la explotación de gomas y recientemente el Ministerio de Agricultura le adjudicó los valdios que hace años está trabajando.
Sin lugar a dudas esta es la fundación mejor que tiene el Territorio del Vaupés en esta Zona, tiene dos muy buenas edificaciones de dos pisos, que le sirven de habitación una de ellas, la otra está destinada a taller de carpintería, depósitos, para almacenar caucho, café, cacao, etc., y un salón amplio destinado a Escuela para los hijos de los trabajadores blancos e indígenas. La escuela está regentada por una pariente del señor Gómez, la Sta. DILIA MARÍA NOZA, quien hizo estudios en Bogotá y Tunja, hasta cuarto de Bachillerato, graduada en Comercio. Los programas seguidos en los estudios de conformidad con los del Ministerio de Educación. La escuela es mixta, lleva el nombre de "Divino Niño Jesús", está funcionando desde el 10 de marzo del corriente año.
El personal que asiste diariamente es de 24 alumnos, 12 niñas y 12 niños, la mayoría indígenas de las Tribus Cubea, Cirianos,Tatuyos, Carapanas, Yurutises y Desanos. Esta escuela es sostenida en un todo, por el Sr. Gómez.
La fundación tiene CAMPO DE ATERRIZAJE, costeado y hecho por Gómez -cultiva y tiene plantaciones de árboles frutales, Piñal-Caña de Azúcar-Cafetales-Cacaotal y siembras de Yuca dulce y brava y al mismo tiempo explota Siringa. Los trabajadores indígenas han sido favorecidos dándoles casitas bien construidas para que sean habitadas con sus familiares."(AGN-Mininterior, Caja 190, Carpeta 1609, ff 1-21:8.)

A pesar de la justificación de los beneficios que trae la industria del caucho en la región, así como la bucólica descripción que hace el Comisario del fundo del sr. H. Gómez (quien hace parte de la Comisión de Caucheros del Vaupés), para parte de las autoridades civiles y de todas las eclesiásticas, el fantasma de la explotación a que fueron sometidos los indígenas durante el primer boom del caucho en la Amazonia aún rondaba la contratación de estos en los fábricos. En especial, por los atropellos y atrocidades cometidas por la Casa Arana en el Putumayo, así como por las condiciones de esclavitud a que fueron sometidos mediante el sistema de endeude, predominante en prácticamente todos los grandes campos de explotación de caucho existentes durante el primer tercio del siglo XX. (Domínguez, C., 2005; Pineda, R., 1993 y 2000; Rodríguez, C. y Van der Hammen, M. C., 1993)

Así, con el objeto de evitar posibles abusos por parte de los caucheros, durante la década de 1950 la Comisaría emitió resoluciones (75 de 1956, 390 de 1969 y el Decreto 058 de 1958) que pretendían reglamentar los términos en que debía darse la contratación de los indígenas del Vaupés. Además de regular aspectos como salarios, avances en mercancías, edad mínima para trabajar, duración del contrato, costos de transporte que debe asumir el patrón y la autoridad ante quien debe firmarse el contrato, estas resoluciones permiten observar cómo las autoridades locales ejercían su función, legalmente atribuida, de protección de los indígenas, así como los principios en que esta última reposaba.

Al respecto, valga recordar que para esta época la política indígena se definía por la Ley 89 de 1890. Esta Ley, inspirada en el pensamiento evolucionista, establecía una clasificación de las sociedades indígenas según su grado de "civilización" e integración a la sociedad nacional. Todos los grupos amerindios ubicados en las selvas (Amazonia y Pacífico principalmente) se ubicaban en el peldaño más bajo de dicha jerarquía, es decir, legalmente eran concebidos como "salvajes" y "no civilizados". Estas categorías implicaban que las poblaciones en ellas contenidas estaban al margen de las leyes de la república, por lo que su gobierno y protección quedó en manos de las Misiones católicas, que tenían por objeto ocuparse del proceso de reducción de los indígenas en poblados, catequización e iniciación en algunos oficios manuales, así como nombrar los representantes de los grupos indígenas y ejercer funciones tanto policivas como de justicia. Esta labor comienza en términos efectivos en 1918 cuando se decreta que los "indígenas salvajes de las regiones del Vaupés [...] serán gobernados en forma extraordinaria por los misioneros encargados de su redención" (Decreto 614 de 1918).

A medida que los misioneros avanzaban en su tarea de reducción de indígenas, la Comisaría, vía sus resoluciones, les daba nuevas funciones en el ejercicio de protección de los mismos, permitiendo así la concentración del poder de los misioneros.¹⁰ En este sentido, les es otorgada la potestad de determinar quienes podían trabajar y qué caucheros podían contratarlos. Como quedó escrito en la resolución 075 de 1956, "los indígenas de la región no podrán ser contratados para ninguna clase de trabajo sin previo permiso del señor Prefecto Apostólico o del Sacerdote a quien este allegue tal función".

Es entonces la concentración de poder en los misioneros la que va a ocasionar gran parte del descontento de los caucheros durante los años 50 y 60, pues los primeros ejercieron con celo la potestad de autorizar qué indígenas podían trabajar y para qué caucheros. Incluso, llegaron a incursionar en los campamentos con el fin de llevarse a los indígenas que habían sido enganchados sin su autorización. A este aspecto, se suma el hecho de que en el pensamiento de la época estaba anclado aún un principio de determinismo geográfico, según el cual la adaptabilidad de los grupos humanos a diferentes ecosistemas era central en la productividad de los mismos. Para el caso del Vaupés, este principio explicaba el fracaso de los "blancos" en los fábricos y hacía de los indígenas la única "mano de obra efectiva y disponible para la explotación del caucho" (AGN-Mininterior, caja 190, carpeta 1609, folios 28-33/4). Así, las acciones de los misioneros eran vistas por los empresarios del caucho como una manera de dejarlos sin la mano de obra necesaria para asegurar la extracción del producto en sus propiedades. La tensión entre caucheros y misioneros alrededor de la contratación de los indígenas es descrita en un informe de la Comisaría fechado en junio de 1960 de la siguiente manera:

En la práctica el uso de esta atribución ha venido a crear un serio problema entre la Misión y los caucheros [...] en uso de esta atribución, la Misión está determinando que caucheros pueden contratar indígenas y cuáles no, reservándose la Misión los motivos que para ello tenga. Se afirma que hay caucheros a los que por razones, no siempre suficientes y justificadas, sistemáticamente se les niega el derecho a contratar indígenas para sus trabajos, con graves perjuicios para quienes no tienen otro medio distinto a la explotación del caucho para subsistir [...] También se afirma que en virtud de la misma Resolución [075], la Misión, por propia determinación y sin explicar razones, en ocasiones se presenta a la cauchera y retira los indígenas que ya han sido contratados con las formalidades del caso, sin tener en cuenta que el indígena ya ha recibido "avances" de consideración a cuenta del contrato [...] con este último sistema se ha hecho fracasar a muchos caucheros en su "fabrica" habiendo tenido que quedar en el cumplimiento de sus obligaciones con la Caja Agraria [...]"(AGN-Mininterior, caja 190, carpeta 1609, folios 28-33/4).

Estas denuncias del accionar de los misioneros en relación con la contratación de indígenas por parte de los caucheros, estuvieron acompañadas de propuestas por establecer un nuevo balance entre las autoridades civiles y eclesiásticas. De hecho, en el mismo informe el funcionario en cuestión propone revisar en su totalidad la legislación vigente en la Comisaría, reajustando todo lo relacionado con lo que podríamos llamar los derechos de los trabajadores, como son los jornales, la asistencia médica, el alojamiento y estableciendo límites a la autoridad atribuida a la Prefectura en la protección de indígenas. El funcionario se refiere a este último punto de forma diplomática, señalando la posibilidad de promover la "cooperación entre la Misión y las Autoridades civiles", con el fin de que cada autoridad pueda cumplir las funciones que le corresponden. Como escribe el funcionario: "Hoy día prácticamente estas [Autoridades civiles] se hallan marginalizadas de sus obligaciones más elementales debido a un inexplicable complejo frente a las Autoridades Eclesiásticas" (AGN-Mininterior, caja 190, carpeta 1609, folios 28-33/4).

Esta propuesta apunta, más que a la mejora de las condiciones laborales de los indígenas, a establecer un nuevo balance entre autoridades civiles y eclesiásticas en su gobierno y protección, que desemboque en la flexibilización del acceso a la mano de obra. Si bien las reformas sobre la contratación existían casi siempre solo en el papel, en la práctica, los caucheros encontraban la manera de burlar sus compromisos. En cierta medida, estamos ante un ataque frontal al poder, casi al monopolio, que tiene la Prefectura sobre la población indígena de la Comisaría.¹¹ Con esta propuesta del funcionario, queda abierta la disputa entre caucheros, funcionarios y misioneros.

Ante estos ataques, los misioneros responden cuestionando las cualidades morales de los caucheros, su influencia nociva para el propósito de "civilizar" a los indígenas y la pertinencia misma de la industria del caucho para el Alto Vaupés. Al respecto, es bastante ilustrativo el informe escrito por el padre Guillermo Vásquez a solicitud del Jefe de la oficina de Territorios Nacionales. En este, comienza su descripción del tema del caucho negando de forma diplomática pero lacónica su pertinencia para la zona: "Mi concepto personal es el de que la explotación del caucho en este territorio (sin desconocer su importancia para la industria nacional) no será propiamente el renglón industrial que redima esa comarca", dice el misionero. Acto seguido empieza a dar las razones que sustentan su aseveración. En primer lugar, encontramos aquellas relacionadas con el modo de producción del caucho y los circuitos de comercialización. Entre estas, Vázquez señala la técnica de explotación y el desinterés de los caucheros por sembrar árboles y crear plantaciones de caucho, las dificultades para el transporte del producto, los bajos precios existentes, la ausencia de una red que permita operaciones comerciales (bancos, Caja Agraria) y la explotación por parte de los comerciantes existentes. (AGN-Mininterior 190/1609/49-60/3 y 4.) La segunda razón para poner en duda la pertinencia de la industria reside en las dificultades para conseguir buenos trabajadores en la Comisaría. Donde "buenos" se piensa desde el punto de vista de cualidades morales que sirvan de ejemplo a los indígenas y no de la productividad de los mismos, como se señaló antes. Al respecto, el misionero escribe:

Desafortunadamente los colonos caucheros del Vaupés son, en su mayoría, elementos no muy buenos. Los hay decentes, caballerosos y honrados pero en muy escaso número. El cauchero no tiene más interés ni otro ideal que enriquecerse. ¿Por cuáles métodos de trabajo? No importa. ¿La dignidad humana? No interesa. Para muchos, el indio sigue siendo un ser despreciable y esclavo de esos malévolos propósitos.
Todavía hay en el Vaupés rezagos de la CASA ARANA y colonos que por desgracia, siguen empleando los inhumanos y crueles métodos de esa época nefanda. Golpean a los indígenas, los encadenan, los hacen aguantar hambre, enfermedades y miserias. Abusan de sus mujeres y violan a sus hijas y siempre el colono será un mal ejemplo y un obstáculo para el indígena que desea civilizarse y hacerse cristiano (AGN-Mininterior 190/1609/49-60/3 y 4).

Sin embargo, el padre Vásquez no se limita a denunciar las cualidades morales de los colonos caucheros y los métodos empleados por ellos. Como muchos de los que escriben sobre la Comisaría, termina su intervención planteando algunas soluciones. Así, propone que es necesario estabilizar el precio, mantener la protección del caucho nacional y obligar a las industrias a consumir toda la producción antes de utilizar caucho importado, lograr que los colonos se asocien en una sola cooperativa, hacer que la Caja Agraria consolide una agencia en Mitú, facilitar el crédito a los caucheros comprándoles el producto y abrir un almacén en el que se ofrezca elementos básicos para la industria y la vida cotidiana. La última propuesta, con la que alimenta la discusión y la distancia con los caucheros es una crítica a los argumentos de estos últimos en cuanto a su influencia civilizatoria, al señalar la necesidad de cambiar la forma de pensar del colono. En sus palabras:

Finalmente Y LO MÁS DIFÍCIL POR CIERTO, cambiando la mentalidad de los colonos, para que lleguen a adquirir el sentido de responsabilidad como tales, ante Dios y ante la Patria. Así, y solo así, podrá ser de utilidad la explotación del caucho en el Vaupés. Así, y solo así, llegará el día anhelado por todos, en que los misioneros que tienen la directa responsabilidad de los indígenas vaupenses, puedan entregarlos a los colonos para que trabajen en los siringales con honradez y rendimiento, sin malos tratos, ni peligros para su vida de nuevos cristianos (AGN-Mininterior 190/1609/49-60/4).

En síntesis, la censura del padre Vázquez a la industria del caucho en el Vaupés es radical. Por un lado, describe de forma crítica el funcionamiento de la industria en la Comisaría, señalando problemas que van desde la técnica de extracción del caucho, cuidado y siembra de los árboles, hasta los problemas del transporte final del producto. Así, cubre todos los aspectos del proceso y cuestiona el conjunto del sistema desde el punto de vista técnico. Por el otro, ataca directamente los aspectos que los empresarios del caucho destacaban como los principales beneficios que tiene la industria para la Comisaría, ya expuestos en el apartado anterior. En particular, al descalificar los intereses de los caucheros (enriquecimiento) y sus prácticas frente a los indígenas (métodos crueles e inhumanos), el misionero busca minar la representación de la industria como un sistema social que permitiría vincular la población indígena a la economía nacional y por este medio integrarla a la sociedad nacional. Este aspecto es crucial ya que está relacionado con el presente de los indígenas en tanto trabajadores. Para finalizar, se puede afirmar que los empresarios del caucho y los funcionarios critican las misiones porque, según ellos, promueven la ociosidad de los indígenas. Los misioneros critican a los empresarios y los fábricos porque allí explotan a los indígenas. Sin embargo, en este juego argumentativo hay una diferencia fundamental. Mientras los afectados directos por las acciones de los misioneros denunciadas por los empresarios del caucho son ellos mismos (no disponen de mano de obra), las prácticas que denuncian los misioneros afectan principalmente a los indígenas que trabajan para los caucheros. Así, estos últimos defienden sus interés; los misioneros, aparentemente, los de un tercero de interés para el Estado.

La disputa entre los misioneros a cargo de la Prefectura Apostólica y los caucheros se ha formado a lo largo de casi 20 años, desde la creación de la Prefectura en 1947 y su asignación a los Misioneros Javerianos de Yarumal. Para la década de 1960 el conflicto se ha hecho más fuerte, aunque pocos hablen de él abiertamente. Un ejemplo de esto lo encontramos en la intervención de Luis Chaves, teniente retirado de la Policía Nacional, en el Primer Congreso de Territorios Nacionales. En su presentación sobre la industria del caucho en el Vaupés, Chaves menciona el asunto de manera diplomática, aunque directa:

Por la delicadeza del tema, me abstengo de entrar en comentarios, pero sí recomendaría una mejor comprensión entre nuestros directores espirituales y quienes, en una u otra forma, laboramos para llevar a nuestra mesa el pan cotidiano [...] Siempre ha existido un mal entendimiento entre los misioneros y los caucheros, por asuntos de trabajadores indígenas (Chaves, L., 1966, p. 7).

Si bien la disputa parecía resolverse a favor de los primeros, ya que en la década de 1960 se modificó la resolución mencionada y se incrementó el precio del caucho, hay que decir que el golpe de gracia a los empresarios del caucho en el Vaupés lo dieron los misioneros en 1969, cuando denunciaron en la prensa nacional los malos tratos que los caucheros daban a los indígenas en los fábricos, así como el incumplimiento total de sus obligaciones contractuales y, quizás lo que realmente llamó la atención, la venta de indígenas. La denuncia, denominada Declaración de Miraflores en razón del lugar en que se firmó, comienza de la siguiente forma:

Servidumbre permanente. Especie de Esclavitud. Compraventa de indígenas. Los suscritos indígenas, colonos caucheros pobres y misioneros, moradores de la Comisaría Especial del Vaupés y conocedores de la realidad de esta tierra, ponemos en conocimiento de la opinión nacional lo siguiente [...].

A la luz de lo descrito en el apartado anterior, un primer aspecto que llama la atención de la Declaratoria es precisamente la presentación de indígenas, caucheros pobres y misioneros como un colectivo. Para la ocasión se borran, al menos en el papel, las diferencias existentes entre ellos y se presentan como iguales. Sus puntos de unión son el hecho de residir en la Comisaría, que es formulado de forma explícita, y el antagonismo con otros actores de la Comisaría como los empresarios caucheros y los funcionarios. Ahora bien, el primer aspecto mencionado tiene una doble función, ya que además de establecer un lazo entre tales actores, sirve como fuente de autoridad pues su conocimiento de la realidad, como plantea la Declaración se deriva del hecho de vivir inmersos en las tramas sociales, económicas y políticas que constituyen el día a día de la Comisaría. Por su parte, el antagonismo entre cada uno de estos actores y los empresarios del caucho es construido a lo largo de la Declaración, a medida que se denuncia la realidad económica y las relaciones laborales existentes en el conjunto del sistema de explotación del caucho.

Otro aspecto de la Declaración sobre el cual hay que llamar la atención es el público al que está dirigida: la opinión nacional. Este aspecto es importante en la medida que rompe los canales habituales de comunicación en la Comisaría, que hasta ahora se caracterizaban por mantener una correspondencia directa, en este caso, entre el Prefecto, ya sea con el Comisario, el director de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno, el Director de Territorios Nacionales o incluso con el mismo Ministro de Gobierno si el asunto de la comunicación lo ameritaba. En este sentido, la Declaración expande el círculo de individuos e instituciones que se ocupan de la administración de los asuntos de este territorio y el modo de trabajar de los mismos. Esto último se verá reflejado en el surgimiento de las comisiones de funcionarios del orden nacional a la región, que tienen como finalidad evaluar o elaborar diagnósticos de la situación que vive la población del Vaupés. Ejemplo de esto es la comisión enviada por el Ministerio de Gobierno, realizada en colaboración con detectives del DAS rural, para investigar los hechos denunciados en la Declaración (AGN, Min-Interior 125/924/1-8; Reyes, A., 1980), así como la realizada por el ICBF y el Ministerio de Educación en 1970 (AGN, Min-Interior 125/924/12-61). Guardadas las proporciones con las comisiones estudiadas por A. Stoler (2002 y 2009), podemos afirmar con ella que la finalidad de las mismas ha sido "ayudar a determinar el carácter de los hechos sociales y producir nuevas verdades, mientras produce nuevas realidades sociales. Fueron respuestas a las crisis que generaban ansiedad, corroborando la realidad de la crisis misma". (Stoler, A., 2002, p. 104.)

De vuelta al texto de la Declaración, hay que mencionar que esta aborda y está articulada en dos grandes temas, cada uno desarrollado en varios puntos, a saber: la situación económica de los empresarios caucheros y la realidad laboral de los indígenas vinculados a la explotación cauchera. El primer tema tratado busca describir la situación económica real en que se encuentran los caucheros tomando como elementos explicativos el alto costo de vida en la región, el precio real del kilo de caucho, de acuerdo con los impuestos y licencias de explotación que se deben pagar, las dificultades para conseguir trabajadores indígenas y, por último, la competencia desigual entre grandes y pequeños patronos. De hecho, este último aspecto es el que permite incluir a los colonos caucheros pobres como uno de los actores del colectivo que suscribe la Declaración, ya que se reconoce, incluso se establece, una diferencia en el conjunto de los patronos del caucho entre los dueños de grandes y pequeños fábricos. Estos últimos se encuentran en desventaja frente a los primeros, pues aunque no dependen de ellos, el monopolio de las tierras y el sistema de endeude de la mano de obra indígena sí los afecta ya que no disponen del capital suficiente para aventurarse en largos viajes en busca de trabajadores. Dicho esto, es importante anotar cómo la Declaración no atribuye a los pequeños patronos el tratar mal a los indígenas y hace un silencio sobre sus cualidades morales como agentes de la civilización, aspecto que recurrentemente utilizaron los misioneros para descalificar al conjunto de los explotadores del caucho, tal y como lo demuestran las palabras del padre Guillermo Vásquez antes citadas. En síntesis, la diferencia de capital con el gran productor y el atribuir a los colonos caucheros pobres la comprensión de las diferencias culturales entre ellos y los indígenas al momento de buscar mano de obra, son las que llevan a su inclusión en la firma de la Declaración. Como se plantea en su numeral 1-b: "[El pequeño] empresario no encuentra personal que voluntariamente acepte trabajo debido, entre otras cosas a la diferencia de culturas y la diversa concepción que tenemos del trabajo y la economía".

El segundo gran tema de la Declaración se refiere directamente a los diferentes abusos cometidos por los grandes empresarios del caucho contra la población indígena. La denuncia es argumentada mediante la mención de: las injusticias cometidas con la mujeres indígenas, quienes debían trabajar la tierra sin remuneración alguna y en algunas ocasiones eran separadas de su familia; el arreglo de los contratos por parte de los patronos, de forma tal que al final del fábrico el indígena siempre quedaba endeudado y se veía obligado a trabajar para él de forma continua¹²; la monopolización de la tierra y de la mano de obra por parte dichos patronos; la complicidad entre estos y los funcionarios locales, quienes por tener intereses comunes y alianzas con los caucheros no cumplían sus obligaciones como funcionarios y tampoco velaban por el cumplimiento de la legislación existente sobre contratación de indígenas.¹³

Como se mencionó anteriormente, la Declaración generó el envío, por parte del Ministerio de Gobierno, de una comisión encargada de investigar las denuncias realizadas en ella. En particular, el traspaso entre caucheros de trabajadores indígenas inventariados como parte de sus propiedades y el maltrato de que estos eran objeto en los fábricos. Compuesta por tres personas a cargo de un joven funcionario de la División de Asuntos Indígenas, la comisión recorrió 18 lugares del Vaupés, desde San José del Guaviare hasta el río Papurí. Según el testimonio del funcionario encargado, escrito 11 años después del evento, durante tal periplo entrevistaron a las autoridades civiles e indígenas, a los misioneros, comerciantes, jueces y policías, a empresarios caucheros y sus trabajadores (Reyes, A., 1980). Tras su indagación el funcionario confirmó buena parte de las denuncias contenidas en la Declaración y presentó en su informe¹⁴ una descripción del ciclo productivo del caucho, en el que destacaba el papel central que ocupaba la Caja Agraria, los lazos que tenían los grandes empresarios caucheros, que en realidad eran muy pocos, con un senador de la república quien, a cambio de los votos de los indígenas de la Comisaría, obtenía incrementos en el precio del caucho. Asimismo, señaló que la economía del caucho era artificial, ya que era subsidiada por el gobierno, los estrechos lazos entre funcionarios y caucheros y el hecho de que la policía estuviera más que todo al servicio de estos. Según el encargado de la comisión, los principales efectos del informe que presentó al Ministro de Gobierno y a los gerentes de la Caja Agraria y del ICA fueron la supresión a los empresarios del caucho del cupo de crédito que solía darles la Caja Agraria, el inicio de un programa de apoyo a los caucheros que buscaran reubicarse fuera de territorios indígenas a cargo del INCORA y la transferencia a los indígenas, organizados en cooperativas, de parte del crédito de la Caja Agraria para que ellos mismos se hicieran cargo de la explotación del caucho. Estas medidas llevaron finalmente a que la mayor parte de los empresarios caucheros, desprovistos de créditos, quebrara y abandonaran el negocio y la región. (Reyes, A., 1981, p. 9.)

En este artículo he tratado de reconstruir los ejes argumentativos de las disputas entre caucheros, misioneros y funcionarios alrededor de la regulación del trabajo indígena en el contexto de la explotación cauchera, como una manera de entender las discusiones existentes en las décadas de 1960 y 1970 sobre el gobierno de la población indígena de la antigua Comisaría del Vaupés. Como se mencionó al inicio de este artículo, el énfasis en tal aspecto viene dado por los documentos mismos. Por lo tanto, se puede afirmar que la relevancia del tema no era mínima en la época y en consecuencia una entrada pertinente a las preocupaciones reales que existían en la Comisaría.

Estas discusiones nos permiten entender que una de las mayores apuestas de la colonización de la Comisaría, más que el control de la soberanía territorial, era el control de la población indígena. Aunque esto puede parecer obvio, es importante recordarlo ya que, una vez avanzado el trabajo de los misioneros, su impacto no puede ser menospreciado. De hecho, para la época que nos concierne, las misiones llevan alrededor de 50 años en la Comisaría y hay regiones al interior de la misma que han sufrido transformaciones profundas, como es el caso de la cuenca del río Papurí y los alrededores de Mitú. En estas zonas existen aldeas de misión consolidadas en las que se consiguió centralizar una parte importante de la población y hacer de los indígenas trabajadores para la sociedad nacional. Es decir, se logró crear la necesidad de vender la fuerza de trabajo a cambio de dinero, con el fin de adquirir algunos bienes que en este nuevo contexto eran básicos. Sin embargo, en dichas aldeas, aparte de los pocos trabajos propuestos por la misión, no existían opciones laborales para los indígenas. Y es precisamente este hecho el que aprovechan los caucheros para justificar su importancia como dinamizadores de la región y tratar de adquirir más poder. Dicho de otra manera, de institucionalizar su poder.

Sin embargo, las discusiones revelan ante todo la posición ocupada por cada uno de los actores en el campo social y político de la Comisaría. Los caucheros se presentan a sí mismos como agentes del progreso que, si su industria se mantiene y crece, podrían incluso ocuparse de cubrir algunas funciones del Estado como brindar educación en la región. Esta autorepresentación es fundamental en su discurso, pues los sitúa como un actor que se insinúa como reemplazo de los misioneros en lo que concierne a la civilización de la población indígena. En efecto, los caucheros presentan su industria como el único medio para integrar de forma productiva a los indígenas, aspecto que es bastante claro en su crítica a las misiones como lugares donde la población lleva una vida ante todo ociosa. Así las cosas, uno de los objetivos de los caucheros se hace evidente: minar el poder que tienen las misiones para dictaminar en qué se pueden ocupar o no los indígenas. Alineados con los caucheros, visto el poco poder que tienen en el día a día, los funcionarios de la Comisaría también apuntan a la redefinición del poder, casi monopolio, que tienen los misioneros. Sin embargo, el lugar de los funcionarios es ambivalente, pues hasta entrada la década de 1950 incrementaron el poder de las misiones a través de actos normativos que ubicaban al Prefecto Apostólico como la autoridad que dictaminaba qué indígenas podían trabajar y para quién podían hacerlo. Solo hacia la década de 1960 surgen algunas críticas al sistema existente y los funcionarios comienzan a postular la necesidad de establecer un nuevo balance, planteado en términos de cooperación, entre autoridades civiles y eclesiásticas frente a la "protección de los indígenas". Así, se crea un bloque de interés entre funcionarios y caucheros que buscará desmantelar el poder que posee la Iglesia en la Comisaría. Al respecto, no se puede olvidar que desde el punto de vista del Estado, las misiones son pertinentes en la medida en que aseguran el encauzamiento de los indígenas hacia las estructuras económicas y políticas que se están creando en la región y que son pensadas como mecanismos para su integración a la nación.

Por su parte, la posición de los misioneros se mantiene constante frente a los empresarios caucheros, a quienes crítican precisamente aquello que estos consideran su principal cualidad, es decir, su capacidad de actuar como agentes con capacidad para civilizar y asegurar la integración de los indígenas como trabajadores productivos en el sistema económico. Esta crítica se basa tanto en la denuncia del potencial económico real de la industria misma, de las relaciones de explotación a que someten a los indígenas, como en una representación negativa de las cualidades morales de quienes la promulgan como bandera para el progreso de la Comisaría. Ahora bien, como se mostró en el último apartado, la salida final a los intentos de los empresarios caucheros y funcionarios por desmantelar en su beneficio el poder otorgado a los misioneros en el gobierno de los indígenas, consistió en la creación de un colectivo, muy seguramente retórico, que agrupaba a indígenas, caucheros pobres y a los mismos misioneros. Es decir, la promoción de una nueva alianza en la que, al menos en el papel, se borraban las relaciones jerárquicas existentes entre ellos y se resaltaba aquello que tenían en común, es decir, el hecho de ser dominados y/o atacados por la dupla conformada por caucheros y funcionarios. Asimismo, el recurso a canales de comunicación diferentes, la prensa, implicó poner en conocimiento de un tercer grupo, la opinión pública o nacional como dice la Declaración de Miraflores, los problemas de la Comisaría. Por último, es pertinente mencionar que el colectivo que firma la Declaración de Miraflores puede ser visto como un ejemplo de los cambios que los misioneros empezaron a adoptar desde los años 60 en la forma de concebir su trabajo. En el caso que nos ocupa, ya no se dedican exclusivamente a la reducción y catequización de indígenas, sino que extienden su trabajo a los grupos campesinos y colonos pobres que llegan a la Comisaría. Con ellos, además de ocuparse de asuntos espirituales, apoyaran algunos procesos organizativos como la creación de asambleas veredales y juntas de acción comunal. Trabajo que posteriormente será vigilado por las autoridades y en algunos casos tachado de subversivo, como sucedió con el periódico local El Hacha.

Para finalizar, quisiera resaltar la relevancia de proponer de nuevo el trabajo asalariado como un tema de investigación para comprender los procesos sociales y económicos en que están envueltos algunos grupos indígenas incluso hoy en día, en particular cuando se trata de aquellos cuya vida se desenvuelve muy cerca de centros urbanos o zonas de explotación agrícola en las que son contratados como jornaleros. Como espero haber mostrado en este artículo, el énfasis en este tema permite una aproximación diferente a problemas contemporáneos de cómo el gobierno y las conceptualizaciones de la población pueden dar nuevas miradas sobre las relaciones de los indígenas con la sociedad nacional. Al respecto, creo que es importante enfocar dichos análisis en perspectivas etnográficas como las propuestas por P. Gow (1991) y E. Viveiros de Castro (2009), que buscan dar cuenta de las conceptualizaciones locales o las premisas socio-cosmológicas con las cuales los grupos indígenas, como plantean C. Lasmar (2005) y G. Andrello (2006), narran y experimentan las transformaciones sociales en que se ven envueltos.

2. Los resguardos en cuestión son Panuré y El Refugio que quedan, respectivamente, a un km y a tres km del centro de San José del Guaviare. Estos son resguardos multiétnicos en los que habitan personas de varias etnias de la familia lingüística tucano oriental que empezaron a llegar del Vaupés en las décadas de 1960 y 1970, principalmente de la cuenca del río Papurí y de Mitú. En Panuré (200 habitantes aproximadamente) la mayor parte de la población es tucano, mientras que en El Refugio (122 habitantes aproximadamente) predominan los desano.

3. Es conveniente mencionar que la migración de la gente de las diferentes etnias de la familia lingüística tucano oriental del Vaupés hacia el Guaviare no fue un flujo unificado. Por el contrario, se dio principalmente entre las décadas de 1960 y 1970 y por familias nucleares, aunque también llegaron varios hombres jóvenes sólos. Las razones que da la gente sobre la migración, se podría decir, son tan variadas como el número de familias y personas que migró. Entre ellas cabe destacar, grosso modo, la muerte de familiares cercanos, dificultad para encontrar trabajo y los conflictos con los misioneros, como es el caso del testimonio citado.

4. Este primer acercamiento a los archivos ha permitido identificar 70 documentos, que comprenden alrededor de 800 folios. En ellos se encuentran referencias más que todo a la industria del caucho en la Comisaría del Vaupés, a los problemas sociales y económicos de la Comisaría y a las misiones durante las décadas de 1950, 1960 y principios de la década de 1970. Este trabajo se ha realizado hasta ahora en el Archivo General de la Nación, falta consultar los archivos locales.

5. Incluyen monografías de grado (Espinosa, P., 1977; Gómez, A. J., 1980 y Morales, L. A., 1975 y 1977) e informes de investigación producidos en la década de 1980 en el marco del programa de investigación e intervención social y económica Dainco-Casam (Chaves, M., 1987; Pijnenburg, Th., 1989 y Urueta, G. 1990 ).

6. Los principales son: G. Castro (1976), A. Molano (1987), L. E. Acosta (1993), J. González (1998b) y Sinchi (1999).

7. La Comisaría del Vaupés, como unidad político-administrativa fue creada en 1910 y comprendía los actuales departamentos de Guaviare, Guainía y Vaupés. Esta unidad se mantuvo hasta 1963 cuando se divide y se crea la Comisaría del Guainía. Por útlimo, en 1977 se vuelve a dividir creándose las Comisarías de Guiaviare y del Vaupés. Las tres comisarías solo alcanzaran el estatus de departamento tras la reorganización establecida en la Constitución Política de 1991.

8. Entre abril de 1942 y junio de 1946, según datos propuestos por W. Davis, el aporte colombiano a la producción de caucho latinoamericano fue realmente bajo. De un total de 127.662 toneladas producidas en ese período, el país contribuyó solo con 2.403 toneladas (Davis, W., 2005, p. 398). Valga surbrayar que esa es la producción de las diferentes campos de explotación en el país y no disponemos de cifras específicas para el Vaupés.

9. Sobre el proceso de exploración de la región del alto Vaupés-Apaporis en busca de concentraciones de caucho ver la reconstrucción de las exploraciones realizadas por E. Shultes, entonces empleado de la Rubber Development Company, realizada por W. Davis (2004), capítulos 10 y 11.

10. Sobre el funcionamiento de las misiones en el Vaupés durante la primera mitad del siglo XX ver Cabrera, G., 2002.

11. Aquí vale la pena recordar que para los años 60, el poder que poseían las misiones católicas a nivel nacional se ha comenzado a fisurar por varias razones. Dos a tener en cuenta son: primero, la intervención de diferentes agentes sociales que comenzaron a develar los métodos coercitivos utilizados, entre ellos la desestructuración familiar como mecanismo reducir a los indígenas y segundo, la entrada de misioneros evangélicos al país, quienes con un trabajo silencioso fueron minando la hegemonía religiosa que tuvieron los católicos. Sobre la acción de los misioneros frente a la sociedades del Vaupés colombiano durantes las décadas de 1960 y 1970 ver: Jackson, J. (1984); Jimeno, M., (1980); Pinzón, A., (1979) y Reichel-Dolmatoff, G., (1972). Sobre la actividad
misionera en el Vaupés brasilero ver Chernela, J., (1998). Sobre los cambios internos en la forma de concebir el trabajo misionero visto desde el punto de vista de un misionero colombiano ver Zambrano, M., (1972).

12. El funcionamiento del sistema del endeude en el contexto de la explotación cauchera ha sido analizado por varios autores para el conjunto de la Amazonia. En este sentido, se pueden consultar los siguientes trabajos: Domínguez, C., 1994, Rodríguez, C., y Van der Hammen, M. C., 1993; Pineda, R., 1992 y 1993.

13. Sobre la mercantilización de los trabajadores la Declaración plantea: "2. Respecto a la realidad laboral del indígena del Vaupés, nos vemos precisados a reconocer que es una servidumbre permanente, una especie de esclavitud disimulada, ya que el sistema de endeude o avance -como aquí se le llama- mantienen de hecho al indígena sometido, puesto que las deudas sólo son redimibles con trabajo. a.) De ahí se deduce que las declaraciones sobre compraventa de indígenas en el Vaupés, corresponden a la realidad por cuanto el traspaso de cuentas lleva consigo el traspaso de las mismas personas de los indígenas. En confirmación de esto tenemos las declaraciones que en reunión pública en esta población, hizo un empleado del 'famoso Tío Barbas' quien, pretendiendo defenderlo, afirmó haber recibido el encargo de obtener, no los $136.000 que debían los trabajadores, sino a los setenta (70) indígenas. Es común, en la venta o intercambio de puestos de explotación cauchera, que en el inventario entre [...] también el número de trabajadores indígenas, quienes se ven obligados a trabajarle al nuevo patrón muchas veces contra su propia voluntad [...] d.) Frecuentemente los funcionarios del gobierno que formalizan los contratos de trabajo o son caucheros o hacen alianzas con algunos de ellos por razones políticas o económicas. De esta manera, no hacen lo debido porque se cumplan las leyes en beneficio de todos. Se da el caso de funcionarios que golpean ellos mismos o hacen detener a indígenas al reclamar estos sus derechos, calificándolos como elementos de alta peligrosidad. No han faltado voces que [...] han protestado contra estos procederes. Sin encontrar en las altas autoridades comisariales y del gobierno central el respaldo exigido y esperado" (Declaración de Miraflores, 1969).

14. Para lograr claridad y por la forma en que he utilizado los documentos en este artículo, aquí cabría decir más bien que el funcionario recuerda haber incluido en el informe los aspectos mencionados, ya que desafortunadamente sólo hemos tenido acceso a un testimonio escrito a posteriori y no al informe de comisión en sí. Esta aclaración es importante ya que el tipo de documento es de una naturaleza diferente a aquellos utilizados hasta ahora. Es ante todo un testimonio escrito para un público diferente y, dado el tiempo trasncurrido entre su acción como funcionario y el texto legado, puede incluir reflexiones o datos que en un primer momento no estaban.