Vivir con el terror y los daños irreparables

Al cumplir mis diez años comencé a experimentar el terror por los asesinatos selectivos realizados por los grupos al margen de la ley en las diferentes comunidades. Posteriormente, con la llegada de los paramilitares se agudizó la problemática; no era raro escuchar disparos y luego saber que habían asesinado a alguien. En ocasiones, cuando salíamos al recreo del colegio y llegaba hasta la casa para buscar el desayuno, nos tocaba ver los cadáveres bajando por el río o amarrados en la balsa de la estación de policía.

No puedo olvidar el año 2000, cuando en una toma guerrillera acabaron con la vida de la mayoría de los policías de Vigía del Fuerte y se llevaron secuestrados a los de Bellavista. Estos fueron combates desde las diez de la noche hasta las seis de la mañana; desde entonces desapareció la fuerza pública del Medio Atrato. Los dos años siguientes fueron de muerte y terror absoluto para los habitantes del Medio y Bajo Atrato. El país se enteró del infierno que vivíamos cuando en la iglesia del pueblo explotó la pipeta con la que le arrebataron la vida a aproximadamente un centenar de nuestros familiares, amigos, compañeros de estudio y vecinos.

Los hechos violentos que hemos vivido han tocado de una forma u otra al 100 % de los habitantes de Bojayá; en su gran mayoría son daños irreparables ya que la afectación es generada a grupos étnicos (comunidades negras e indígenas) que paulatinamente hemos ido perdiendo la identidad cultural. La vida del hombre y la mujer medioatrateños se desarrolla en una simbiosis con el territorio. La transmisión de conocimiento se genera con el trabajo diario y en acciones que se llevan a cabo en las fincas, zonas de caza, sitios sagrados, montañas donde crecen las plantas medicinales, entre otras actividades. Al llegar el conflicto, la población prioriza la protección de la vida, en especial de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que tienen el mayor riesgo, tanto, que en ocasiones no se les permite salir ni al patio de la casa para evitar el reclutamiento o los asesinatos. Esto rompe los lazos sociales y las formas de compartir que por tradición permiten que una comunidad se consolide. A esto se suma que los niños y jóvenes no pueden aprender los oficios ya que no logran interactuar con el territorio, como consecuencia, las nuevas generaciones desconocen los nombres de las plantas, la utilidad que tienen, muchos no saben nadar, cuando nuestra vida es el río. El cultivar la tierra o actividades de pesca tradicional van desapareciendo.

La mala muerte se apodera de nuestro pueblo

Nuestros familiares asesinados fueron enterrados de manera inapropiada según nuestras tradiciones. La mala muerte se apoderó de nuestro pueblo. Estamos acostumbrados a la muerte natural y con ella a hacer el duelo en comunidad; con las muertes violentas se privó a los fallecidos de recibir los rituales apropiados y a los vivos de la posibilidad de dar ese último adiós.

La Fiscalía exhumó los cuerpos de la fosa común, donde la comunidad se vio obligada a enterrar a nuestra gente en medio de los combates del año 2002. Posteriormente, la Fiscalía los inhumó con números (sin nombre) de manera superficial en la parte más baja del cementerio, donde con los cambios de nivel del río se inundaba, poniendo en riesgo la permanencia de los cuerpos y la salubridad de las comunidades, ya que por la ausencia de agua potable, toda el agua utilizada es la que provee el río Atrato. Nos ha tocado sufrir un dolor prolongado durante muchos años porque nuestros muertos no descansan en paz, fueron enterrados sin los rituales mortuorios de nuestro pueblo.

El descanso de los muertos, las exhumaciones y la búsqueda de los desaparecidos

Consideramos que hay que hacer las cosas bien para el adecuado descanso de las almas y cumplir con nuestra obligación espiritual como familias y como comunidad; además, es fundamental lograr el entierro de las personas que están en condición de desaparecidos. Desde hace muchos años esperábamos que el Gobierno regresara a entregar de manera apropiada los cuerpos, pero al ver que esto no pasaba y que el daño se agudizaba en las familias que tienen personas en condición de desaparecidos, la comunidad organizada, a través del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá, inició un proceso de incidencia ante la Fiscalía, primero a nivel regional y posteriormente ante la fiscal del despacho 37 que tenía a su cargo el caso Bojayá. Estas gestiones no arrojaron los frutos que esperábamos, la Fiscalía insistía que todo estaba muy bien hecho y que máximo habría que rendir un informe a la comunidad.

Nos tocó escalar el tema a la mesa de negociaciones de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba, y realizar gestiones ante el director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Desde estas instancias se logra priorizar el caso (comunicado 62 de La Habana) y la primera acción que recibimos es un informe conjunto entre la Fiscalía General de la Nación y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Este informe enciende aún más las alarmas en el interior del Comité porque nos revela el nivel de cuerpos mezclados en las fosas (en la mayoría de los casos, en las fosas estaban dos, cuatro o más restos de individuos). Las personas además habían sido enterradas hasta en tres fosas distintas con sus cuerpos fragmentados. Aprendimos sobre la existencia de la fosa 75, la cual contenía restos aislados de aproximadamente 38 personas (según el informe conjunto) y que otros, a quienes presumíamos enterrados en Bellavista, según este informe estaban en el municipio de Riosucio, Chocó. El desconocimiento de los bebés fallecidos, de las madres que murieron en embarazo, entre otros detalles, aumentaron nuestro dolor (al no haber evidencia física y en la mayoría de los casos las madres gestantes no llevaban los respectivos controles por la deficiencia de los servicios de salud en la región). Después de 17 años, ante la ley parece que estas personas no hubiesen existido.

Lo anterior obliga al Comité a solicitar un informe detallado sobre cada caso ante una asamblea, con la presencia de todas las familias que tienen personas asesinadas en esa masacre. Con este nuevo informe se hacen evidentes algunas inconsistencias en relación con el informe escrito. Estaba, por ejemplo, el caso de una niña que presuntamente estaba inhumada en el cementerio de Rio-sucio. En este informe nos damos cuenta de que lo único que se encontró de ella estaba en el laboratorio del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, en la ciudad de Bogotá. En otro caso, un hombre adulto estaba enterrado en el cementerio de Riosucio, según los informes de la Fiscalía, pero la comunidad dice que esto es imposible ya que vieron su cuerpo en Bellavista y quienes hicieron la fosa común inicial recuerdan haberlo llevado allá. Por último, las edades que las familias conocen de sus fallecidos no concuerdan con las aproximaciones del estudio por odontología. Al encontrar un panorama tan confuso, las familias toman la decisión en esa asamblea de la necesidad de exhumar todos los cuerpos para buscar a los desaparecidos, realizar una individualización confiable y lograr una identificación más precisa. Después de todo lo que ha sucedido con los cadáveres de nuestros familiares, es difícil alcanzar un entierro verdaderamente digno según la visión cultural nuestra, por eso para las familias era de suma importancia lograr un entierro en un lugar que trate de devolver la dignidad del ser humano después de la muerte y, sobre todo, hacer un entierro de acuerdo con las tradiciones para garantizar el eterno descanso de las almas.

Para esta exhumación se definen varios criterios. Si bien esta es una diligencia judicial, también es una acción humanitaria y en ese sentido tiene que adecuarse para atender de manera muy especial el enfoque étnico. La exigencia era la de ser respetuosos con las costumbres de las comunidades y esto implica concertar cada paso del proceso y articular el conocimiento técnico con el tradicional de las comunidades: que se puedan hacer los rezos y cantos, que los sepultureros tradicionales direccionen el manejo de los cadáveres, el vestido de los cuerpos, entre otras. Es decir, que todo el proceso se adelantara respetando las tradiciones de la comunidad bojayaseña y que las familias participaran en todas y cada una de las fases del proceso: su presencia en las exhumaciones, en el seguimiento a la identificación con visitas a los laboratorios, en las mesas técnicas y en las asambleas de información y toma de decisiones. Las familias facilitaron la información ante mortem de los fallecidos y participan en la definición de todos los detalles del entierro.

El proceso se realizó a través de la articulación institucional y desde el diálogo permanente con las familias, el Comité y el grupo de sabedores. Los sabedores son un grupo de articulación interdisciplinar de conocimiento ancestral (cantadoras, rezanderos, médicos tradicionales, parteras, sepultureros y jaibanás¹) y los asesores permanentes del Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá, organización que lideró todo el proceso.

Los cuerpos de las víctimas regresan al territorio y el entierro final

A pesar de lo reparador de todo el proceso, quedan pendientes importantes como la exhumación de los cuerpos que aún permanecen en el municipio de Riosucio, continuar la búsqueda de los desaparecidos, obtener el reconocimiento legal de la existencia de las personas que fallecieron en el vientre de las madres y, sobre todo, devolver la esperanza de una vida en dignidad a los sobrevivientes.

Después de al menos ocho asambleas de información y toma de decisiones, el 11 de noviembre del 2019 regresaron los cuerpos de las víctimas de la masacre de Bojayá que fueron intervenidos en los laboratorios de medicina legal en la ciudad de Medellín. Esto sucedió luego de meses de planeación y análisis de detalles realizados por sabedores tradicionales, familiares de víctimas, el Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá e instituciones involucradas en el proceso. A eso de las 10:23 a. m. arribaron dos helicópteros de la ONU procedentes de Medellín, donde al menos cien osarios llegaban para darles la despedida espiritual/tradicional a las víctimas de la masacre de Bojayá. Nueve embarcaciones de madre con capacidad para 150 personas cada una esperaba en el puerto de Bellavista, donde los familiares y la comunidad en general esperaba con muchos sentimientos encontrados.

A orillas del Atrato, con cantos y rezos fueron recibidos los restos mortales para iniciar un recorrido hasta Vigía del Fuerte. Este fue un gesto de agradecimiento por la inmensa solidaridad que esta comunidad tuvo con Bojayá en los momentos de crisis. Después, como recorriendo los pasos, la procesión se dirige al antiguo Bellavista, donde cada familiar toma el osario de su ser querido y lo ingresa al templo objeto del ataque con el cilindro bomba. Los cantos de alabaos, oraciones y palabras sentidas de familiares dieron el último adiós al lugar donde fueron a buscar refugio aquel 2 de mayo del 2002. Este mismo día se tenían preparadas dos ceremonias: una eucaristía ecuménica en Bellavista y un velorio colectivo para algunas víctimas oriundas de la comunidad de Pogue, en la tierra que los vio nacer.

Fuente: fotografía del autor.

Figura 1 Ceremonia de despedida a las víctimas de la masacre de Bojayá 

Entre los días 12 y 16 de noviembre del 2019 se adelantaron las explicaciones técnico-científicas donde cada familia, en un espacio íntimo, tenía la oportunidad de conocer los hallazgos sobre las causas y maneras de muerte de sus seres queridos. Dichas explicaciones iniciaban a las ocho de la mañana y concluían a las cinco de la tarde, con un tiempo promedio de dos horas por víctima. A las ocho de la noche se desarrollaba un rezo colectivo por el eterno descanso de las almas, liderado por los sabios tradicionales. El 17 de noviembre las actividades del día inician con una eucaristía y un acto público donde el Gobierno debería atender exigencias de la comunidad que permitiera confiar las verdaderas garantías de no repetición (que Bojayá y ninguna comunidad en Colombia tuviera que enterrar a tantas personas por ocasión del conflicto armado, político y social), pero el Estado no envió ningún delegado que diera respuesta a la comunidad.

En las horas de la noche, a eso de las ocho se encienden las velas y las voces de los rezanderos rompen el silencio, justo al frente de 100 osarios de dos tonalidades: los blancos que acogieron los cuerpos de 48 menores de edad asesinados en el genocidio de Bojayá, y los de color marrón que abrigan los restos mortales de los adultos. Otro detalle que se pudo destacar es la presencia de algunos de los osarios abiertos, significando la ausencia de aquellos que permanecen en condición de desaparecidos. Los rezos y los cantos se extendieron hasta las seis de la mañana del día 18, como es la costumbre de las comunidades negras del Atrato, dando inicio luego a la eucaristía final que guiaría los cuerpos hasta el mausoleo donde fueron sepultadas todas las víctimas. La jornada termina cerca de las 9 de la noche con la sepultura en la fosa 75 de restos aislados y misceláneos. La noche del 18 inician las novenas que concluyen el 26 de noviembre; los rituales mortuorios se extendieron hasta las seis de la mañana con el levantamiento de la tumba y despedida espiritual de las almas.

El ambiente en medio de las novenas se vio enrarecido por el asesinato de Pedro Palacios en el río Bojayá por grupos armados ilegales. Mientras Bojayá honraba a los sagrados espíritus de las víctimas del genocidio del 2002, en su territorio se desarrolla una cruenta disputa territorial entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos paramilitares. Hoy Bojayá vive un ambiente muy similar al de la masacre.