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Introducción
La población en Bogotá se ha expandido considerablemente en los últimos cincuenta años. De acuerdo con el DANE, en 1964 el total de habitantes llegaba a 1.697.311, mientras que en 2010 las proyecciones establecían que la ciudad albergaba al menos a 7.563.782, en un proceso que mostró las mayores tasas de crecimiento en los años setenta y ochenta (Duque y Quintero, 2013). Tal situación ha generado múltiples asentamientos en áreas con diversidad de recursos, pero que no cuentan con condiciones de habitabilidad. Los bordes de la ciudad actual obedecen a límites naturales, es decir, a la estructura ecológica principal (EEP). La cantidad de población y asentamientos, tanto informales como formales, en estos territorios crece y con ella la destrucción del ambiente. Esta desarticulación entre medio-sociedad es una de las problemáticas esenciales del momento en la ciudad.
El presente artículo pone en evidencia algunos de los resultados más relevantes derivados del proyecto de investigación "Diseño de lineamientos para la implementación de ecobarrios o ecoaldeas en áreas de borde urbano de Bogotá D.C.", realizado a lo largo del año 2015 con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación y Transferencia de la Universidad de la Salle. Se trató de un ejercicio interdisciplinario que integró aportes de las ciencias del hábitat y las ciencias sociales con el objetivo de reconocer seis experiencias de ecobarrios y ecoaldeas en Bogotá y Cundinamarca en la última década, con el fin de identificar aportes con los cuales contribuir a la generación de política pública en la materia.
El ejercicio se articuló alrededor de la pregunta sobre posibles apuestas sustentables a las problemáticas de orden social y ambiental que se viven en las áreas de borde urbano en la ciudad de Bogotá. A partir de allí se evidenció la existencia de diferentes propuestas de ecobarrios que han sido ejecutadas en la capital del país desde principios del siglo XX, las cuales no han sido analizadas a profundidad. De tal manera, la investigación se propuso realizar un análisis de las características y dimensiones de las experiencias seleccionadas a fin de problematizar los elementos encontrados desde la perspectiva resiliente; a partir de lo anterior se identificaron propuestas para la configuración de comunidades con capacidad para afrontar los retos de la sustentabilidad en una ciudad como Bogotá.
Las nociones de ecobarrio y de ecoaldea han sido utilizadas desde los años ochenta para denotar espacios modificados por la acción humana, construidos con el fin de lograr el mayor nivel de armonía con el ambiente que los rodea. A nivel académico fueron Robert y Diane Gilman los primeros en acuñar el término (Álvarez, 2010), ampliamente extendido en los procesos urbanísticos, primero en Europa y Estados Unidos, para luego ser incorporados en los debates de América Latina. El análisis de la información recolectada a lo largo de la investigación propuso un nuevo escenario en el que se hizo pertinente reinterpretar estas categorías. A nivel global, los términos ecoaldea y ecobarrio tienen una carga significativa y, en general, están ligados con comunidades cerradas, lo que contrasta de manera contundente con los casos estudiados, ya que la posibilidad de configurar espacios para el logro de la sustentabilidad pasa por dos elementos fundamentales: la articulación de la comunidad al entorno en el que se encuentra y la configuración de procesos sociales que den vida a lógicas sustentables a nivel local. Surge así el interés por resignificar estas experiencias como comunidades resilientes, retomando aportes de autores como Joseba Azkarraga (2014).
En las ciencias ambientales, la discusión sobre resiliencia ha estado ligada tradicionalmente a la capacidad de respuesta de individuos, comunidades y colectivos frente a eventos que los ponen en situación de peligro. De ahí que los campos en los que tradicionalmente se ha implementado el enfoque han sido los de reducción de riesgos por desastres, la adaptación frente al cambio climático y la lucha contra la pobreza, en articulación con conceptos como el de vulnerabilidad. El enfoque de Azkarraga (2014) centra la atención en el papel de la resiliencia local y comunitaria, como estrategia para hacerle frente a fenómenos socioeconómicos y socioambientales. Tal situación deriva de la superación en los límites de uso y abuso de la naturaleza, e impone necesariamente un tránsito hacia formas diferentes de organización social, ambiental, económica y política. Analiza las "Iniciativas de transición", procesos organizativos de base que desde la cotidianidad realizan acciones para afrontar los desafíos de la crisis actual, a la par que desarrollan acciones ofensivas cuestionando las tendencias centrales de organización social, política, ambiental y cultural. Desde estas experiencias, el autor propone el concepto de resiliencia local y comunitaria, caracterizada por cuatro elementos:
Enfatizar la escala comunitaria.
Reivindicar la autonomía comunitaria.
por una participación ciudadana activa en relación con la sostenibilidad.
Rehusar la implementación de modelos universales para la solución de problemas socioambientales.
De tal manera, en la investigación se identificó que las comunidades resilientes son más que un espacio físico localizado en zona urbana o limítrofe con la rural, en la cual se interviene desde lo externo. Más bien, se trata de un proceso organizado de la comunidad, es decir, de la creatividad colectiva organizada para la gestión-transformación del territorio, los recursos ambientales, sociales, culturales y económicos que este alberga, desde una perspectiva sustentable / sostenible, que le apuesta a la construcción de resiliencia local-comunitaria y para el ejercicio del derecho a la ciudad.
Metodología
El proceso de investigación partió de la revisión de literatura científica sobre ecobarrios, sostenibilidad y derecho a la ciudad, con el propósito de identificar el estado de la cuestión sobre el objeto de investigación seleccionado. De igual manera, se desarrolló una discusión teórico-conceptual que permitiera reflexionar sobre la ciudad en clave de desarrollo ambiental y sustentabilidad. Posteriormente, se realizó el análisis de tres iniciativas de ecobarrios o barrios que se pensaran en perspectiva de sostenibilidad en la ciudad de Bogotá -Urbanización Lombardía en Suba, Renacer en Bosa y El Triángulo y Aguas Claras en San Cristóbal-, así como tres ecoaldeas ubicadas en el departamento de Cundinamarca -Organizmo, Monte Samai y Ecoaldea Feliz-. En todos los casos se trata de experiencias desarrolladas desde principios del siglo XX en Bogotá y sus áreas circunvecinas.
El estudio y la interpretación de los casos se realizó a partir de cinco dimensiones, derivadas del ejercicio de discusión teórica, que se consideraron como centrales para caracterizar los componentes esenciales de las comunidades resilientes: socioeconómica, sociopolítica, ambiental, de diseño en todas sus escalas desde lo urbano, pasando por lo paisajístico y su desarrollo puntual arquitectónico y objetual, y, claro está, la generación de procesos resilientes. Lo anterior, a partir de fuentes secundarias, visitas en las que se realizó tanto observación participante como entrevistas a profundidad con informantes clave, en este caso, líderes de las comunidades analizadas con amplio conocimiento en el proceso de configuración y funcionamiento de las eco aldeas y eco barrios.
Los procesos de tipo económico resultan cruciales dado que inciden de manera directa en el logro de la sustentabilidad, toda vez que las acciones realizadas por diversos sujetos en pro de solventar las necesidades de producción, cambio y consumo de bienes y servicios plantean una relación directa entre uso de recursos e impactos sobre el entorno. Desde el punto de vista de Azkarraga (2014), el problema de la sustentabilidad está relacionado con la posibilidad de "vivir bien dentro de los límites biofísicos del planeta", de lo que se deduce que el problema de uso y abuso de recursos resulta ser crucial para reflexionar sobre la manera de construir caminos hacia la sustentabilidad, por lo que se ha convertido en uno de los ámbitos clásicos sobre los cuales ha versado la discusión. De tal manera, en la investigación se asumió la categoría socioeconómica en procura de resaltar el papel de los sujetos en los procesos económicos, entendiendo a su vez que las variables de orden económico están en estrecha relación con las de orden social, organizativo y comunitario observadas en los casos seleccionados.
Así mismo, en la investigación se definió la dimensión sociopolítica como el conjunto de variables que, a nivel microsocial, abordan los procesos organizativos en función de la realización de comunidades resilientes: la construcción de redes de coordinación y trabajo, las diferentes formas en las que se realiza el proceso de toma de decisiones y las discusiones sobre cómo se involucra la comunidad en la definición de un horizonte colectivo de convivencia. Esta dimensión centró la mirada en los procesos de construcción de tejido social en torno al logro de la sustentabilidad en escala barrial, así como el desarrollo de actividades conjuntas y el uso de espacios comunitarios tendientes a la configuración de identidad y la cohesión social, elementos indispensables para la construcción de comunidades resilientes.
Por otro lado, la dimensión ecológico-ambiental proporcionó un indicio de cómo es la relación existente entre la sociedad y el resto de la naturaleza. La sostenibilidad se concentra en los flujos de materia y energía en los tres aspectos anteriores en busca de la calidad de ellos en pro del bienestar de los seres vivos en un ecosistema. Se trata de problematizar la rapidez a la que se explotan los recursos frente a la rapidez con la que estos se renuevan. Igualmente, mide el perjuicio que generan al ambiente los deshechos que producimos, y qué tanto aprovechamos fuentes de energía no convencionales (solar, eólica, biomasa, entre otras).
La dimensión de diseño urbano, del paisaje y arquitectónico tiene en cuenta la diversidad entre usos, estratos y biodiversidad; se revisan los servicios públicos, los espacios públicos, la infraestructura, su intensidad de uso, su movilidad, los equipamientos, aspectos de integración con el paisaje existente y las relaciones sociales que se generen. Se tiene en cuenta la densidad, que debe ser alta, manteniendo la calidad ambiental. En el objeto puntual, los materiales, la eficiencia y los procesos son básicos. La dimensión de resiliencia se tiene en cuenta la educación alternativa, el valor de lo local, la identidad, lo único, así como la vitalidad de la comunidad, el estado psicológico apoyado por la cultura y por el uso del tiempo libre y la calidad de vida.
Resultados
La discusión sobre las características, los alcances y presupuestos básicos de las experiencias seleccionadas, en contraste con los elementos teóricos, permitieron la formulación de un conjunto de estrategias para la implementación de comunidades resilientes en por lo menos dos niveles. El primero está enfocado en la política pública, en un acercamiento que se define como top-down. En un segundo plano se ubican algunas estrategias factibles de desarrollar desde lo comunitario, es decir una perspectiva cercana al bottom-up. A continuación, se presentan las propuestas para cada uno de los niveles enunciados.
Top-down: propuesta de política pública con miras a las comunidades resilientes
En el proceso de investigación se encontró que la construcción de política pública hacia el logro de comunidades resilientes debe estar enmarcada en una perspectiva regional, ya que la interrelación de la comunidad con otros niveles territoriales es un punto nodal para la construcción de una perspectiva sustentable.
En ese sentido, la primera escala de intervención identificada fue la regional, que al integrarse al entramado nacional apunta a la creación y puesta en marcha de la región central y del área metropolitana. En términos de los instrumentos vigentes de política pública, se encuentra que es factible darle sustento a la mencionada área metropolitana a través de lo dispuesto en la Ley 1454 de 2011, que en el artículo 30 viabiliza la configuración de la Región Administrativa de Planeación Especial (RAPE). De acuerdo con la Secretaría de Planeación (2015), la RAPE está compuesta por 22 de los 116 municipios de Cundinamarca: Cogua, Nemocón, Gachancipá, Tocancipá, Sopó, La Calera, Chía, Cajicá, Funza, Mosquera, Bojacá, Zipacón, Facatativá, Madrid, Tenjo, El Rosal, Subachoque, Tabio, Zipaquirá, Soacha, Sibaté y Bogotá urbana y rural.
Es importante entender este instrumento administrativo dentro de las lógicas de la región compacta para potenciar de manera efectiva sus beneficios a nivel tanto de movilidad como los de tipo económico, entendiendo los núcleos urbanos como polifuncionales. En esta primera escala se debe reforzar la conectividad nacional apelando a varios medios de transporte colectivos y masivos, que cuenten con tiempos cronometrados, y, sobre todo, que respondan a un sistema integral con efectiva capacidad de movilización de la población. De igual manera, es perentorio generar un plan rural para consolidar la región central desde una perspectiva sustentable, productiva y que respete los límites del ecosistema.
Así mismo, y desde la perspectiva de las propuestas generadas en el marco del proyecto de investigación, se identificó que en los procesos de planificación regional se le debe dar relevancia efectiva a la estructura ecológica regional (EER) y vincularla directamente con la estructura ecológica principal del Distrito Capital (EEP). Según el Decreto 3600 de 2007 del Ministerio del Medio Ambiente, la estructura ecológica se entiende como: "El conjunto de elementos bióticos y abióticos que dan sustento a los procesos ecológicos esenciales del territorio, cuya finalidad principal es la preservación, conservación, restauración, uso y manejo sostenible de los recursos naturales renovables, los cuales brindan la capacidad de soporte para el desarrollo socioeconómico de las poblaciones".
De tal manera, la realización efectiva de este instrumento en el caso de la región y del Distrito se convierte en una estrategia para manejar la huella ecológica, el cambio climático, la mitigación de riesgos y preservación de los ecosistemas presentes. Este esquema para la organización de lo ambiental se tiene que desarrollar de acuerdo con las características del territorio, los ecosistemas y las unidades de paisaje que están inmersas en este gran territorio regional. Como estrategia primordial debe haber un organismo que regule y mantenga la EEP del Distrito Capital, así como la EER.
La estructura ecológica regional y la estructura ecológica principal de Bogotá y su área metropolitana se asocian a las zonas altas de montaña (entre ellas el páramo), a las zonas inundables asociadas a los humedales, y a las cuencas de los ríos principales de la región metropolitana (Figura 1, p. 58).
Fuente: elaboración propia, 2016, sobre plano base Gobernación de Cundinamarca. Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) (2013). CC BY-NC.
Figura 1 Estructura ecológica regional y estructura ecológica principal del Distrito Capital
Del mismo modo, para la preservación de la EEP resulta fundamental controlar la expansión de los asentamientos urbanos y velar por una ciudad compacta en términos de planificación, según lo que postula Richard Rogers (2000) en el libro Ciudades para un pequeño planeta, de manera que los crecimientos urbanos se den al interior del suelo urbano legal determinado. Así mismo, el asunto en el ámbito rural también debe ser reglamentado con una normativa no singular, sino aplicada a la región metropolitana, en la cual haya complementariedad. Como medida se debe proteger la EEP de la ciudad para que esta recupere su ciclo natural y su continuidad intrínseca, propia del territorio. Para ello se precisa restaurar las rondas de los ríos principales de la ciudad, gravemente afectadas desde los años setenta por la tardía ingeniería de rectificación de cauces y canalización, cuyo resultado más evidente al día de hoy es la conversión de ríos principales en caños.
Resulta fundamental entender la importancia del agua, de las cuatro cuencas principales y de todas las quebradas que bañan el espacio construido del Distrito Capital. Es por esto que las cuencas de estos ríos deben renaturalizarse, generar una conversión a lo que era anteriormente una sábana con ríos y vegetación fuerte y nativa como representante de una ciudad tropical de montaña.
En esta misma línea, es importante generar un organismo encargado de la EEP, este debe otorgar áreas de control, y hacer un monitoreo constante para ver su proceso de recuperación en el tiempo, para hacer cumplir los límites y garantizar que nuestros recursos se preserven, al igual que un reconocimiento de todos los ecosistemas al interior de la EEP, así podríamos entender la biodiversidad existente.
La segunda estrategia en esta escala es la de desarrollo del ecoturismo, teniendo en cuenta las cualidades inherentes de la EEP y sus múltiples potenciales. La iniciativa ecoturística se lleva a cabo a nivel nacional y está relacionada con los parques nacionales naturales de Colombia, pero esta iniciativa debe volverse fuerte a nivel Distrital y regional. Para lograr esta estrategia se propone la creación de una rama en el Fondo Nacional de Turismo (Fontur), que se encargue del desarrollo pero a nivel distrital y regional. Esta entidad daría paso a los diferentes lugares asociados al ecoturismo en la región metropolitana, teniendo en cuenta los parques nacionales existentes, escenarios de alta montaña y páramo, y otros escenarios reconocidos por sus calidades ecológicas como son las cuencas, los humedales y los parques ecológicos.
En la Figura 2 (p. 60) se evidencia el arqueo de diferentes ecosistemas ubicados tanto en la EER como en la EEP (zonas inundables, de montaña, de páramo, de reserva, de manejo especial, de protección, parques ecológicos, parques nacionales naturales, tipos de vegetación, cuerpos de agua y cuencas) realizado durante la investigación, en los que existen fuertes potenciales para el desarrollo ecoturístico.
Fuente: elaboración propia, 2016, sobre plano base Gobernación de Cundinamarca. Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) (2013). CC BY-NC-SA.
Figura 2 Mapa región metropolitana y ecoturismo en potencia
En la escala distrital se proponen dos estrategias, la primera está relacionada con el manejo de la estructura ecológica principal a nivel distrital y su relación con la región, como lo mencionamos. Y dentro de esta EEP se debe ver el papel de los botaderos o rellenos sanitarios: el primero es Doña Juana, localizado en el sur de la ciudad, cerca de uno de los principales cauces de la capital como es el río Tunjuelito; el segundo es el de Mondoñedo, localizado en el municipio de Mosquera, al occidente de Bogotá. Estos dos rellenos sanitarios deberían tener políticas de sustentabilidad, donde los residuos se manejen en ciclos, y donde el área dispuesta sirva como parque metropolitano. Se toma como ejemplo Buenos Aires, ciudad en la que el principal relleno sanitario, Ceamse, es un parque metropolitano: "el predio de la Ceamse recibe 15.000 toneladas diarias y está cerca de saturarse. Pero sobre los rellenos hay espacios verdes, animales y casi no se siente el olor. Allí reciclan y hasta generan energía eléctrica" (Novillo, 2015).
Estos espacios en la ciudad deben ser vistos como partes generadoras de nuevas soluciones, a la par que se convierten en lugares de creación por excelencia, ejemplo de transformación, de pensamiento, de ciclos de oportunidad para la investigación. Donde se pueda aplicar de lleno la teoría de las 4R: Reducir, Reusar, Reciclar y Recrear, mencionada por McDonough (2002).
Como segunda estrategia se plantea una política que ayude a darle límite al crecimiento de la población; es necesaria una política clara en cuanto al crecimiento demográfico y, por ende, a la ocupación del territorio urbano disponible para tal efecto. Como señalan Carrizosa y Ruiz (2016): "no hay una política clara respecto al crecimiento demográfico ni una política de ocupación del espacio".
De acuerdo con los datos compilados en Bogotá Humana, un documento realizado por el Centro de Estudios y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana (Ceacsc) de la anterior administración, en el periodo de enero a junio de 2014 se puede ver que la mayoría de adolescentes embarazadas (de 10 a 18 años de edad) están en la periferia del Distrito Capital (Ceacsc, 2014). Esta es una problemática abrumadora, ya que muchos de estos niños son fruto de problemas aún mayores como el abuso sexual, la violencia intrafamiliar, entre otros. Esta situación, a su vez, genera otras problemáticas como el abandono de la educación, el trabajo infantil mal remunerado, ahondando cada vez en el escenario de pobreza, desigualdad, problemas de género, etc. Para poder cambiar esta situación es necesario adelantar campañas hacia la salud sexual y reproductiva, y planificar en el territorio, en el suelo urbano ya determinado.
Bogotá está compuesta por 20 localidades, cada una de las cuales tiene una Alcaldía local que representa el poder distrital (Figura 3). Una de las estrategias fundamentales a nivel local está relacionada con la educación alternativa, experimental y en horarios flexibles, dirigida a todos los miembros que componen la localidad, una población tan diversa como sus intereses. Esto con el fin de generar comunicación entre las diferentes personas de la comunidad y poder utilizar el tiempo libre. Se busca entonces dar lugar a diferentes miradas para esta educación, enfocadas en cinco campos específicos: el sociopolítico, el socioeconómico, el medioambiental, el diseño y la resiliencia.
Fuente: elaboración propia, 2016, sobre plano base Decreto 364, 2013, Planeación Distrital (2013). CC BY-NC.
Figura 3 Las localidades de Bogotá
Esta educación a nivel local puede estar reforzada por cada una de las alcaldías, a fin de que esté bien equipada a nivel humano y a nivel de herramientas. Es necesario un equipo profesional en diferentes ramas, por ejemplo: trabajadores sociales, psicólogos, arquitectos, urbanistas, diseñadores, administradores, entre otros, con especial énfasis en los aspectos que caracterizan las comunidades resilientes.
En la Figura 4 se resumen las propuestas a nivel macro, en las escalas regional, distrital y local, cada una de las cuales plantea las estrategias y acciones necesarias para la correcta implementación de la propuesta.
Bottom-up: propuestas a nivel microsocial, lo barrial
Tal y como se planteaba inicialmente, las comunidades resilientes son ante todo un proceso social que se configura a nivel local a partir de la necesidad de dar respuesta a los retos que se derivan de una perspectiva sustentable de ciudad, en la que la cohesión y el compromiso de los habitantes son determinantes. Es más, se puede afirmar que el nivel de apropiación de la comunidad frente a la trascendencia de los problemas ambientales y a la necesidad de plantear soluciones de orden colectivo es un factor determinante para dar paso a una propuesta de estas características. En momentos previos y durante el primer gobierno de Antanas Mockus (1995-1997), la Alcaldía Mayor de Bogotá puso en marcha iniciativas para desarrollar ecobarrios en las veinte localidades de la ciudad. Dicha experiencia dejó como una de sus principales enseñanzas que el papel de la política pública en función del fortalecimiento organizativo debe estar encaminado hacia el soporte de iniciativas comunitarias, pero no puede someterlas a objetivos prefijados con antelación, desde arriba y por fuera de los intereses de la propia comunidad (Rojas, 2003).
Las propuestas que involucren a la población son fundamentales, de ahí que la participación se convierta en un tema crucial. A continuación se presentan los principales resultados de la experiencia evidenciada en la investigación en el caso de la Ecoaldea Feliz, el más representativo, exitoso y estable entre los analizados.
La experiencia de participación en la Ecoaldea Feliz
Ubicada en el municipio de San Francisco, Cundinamarca, la Ecoaldea Feliz es un proyecto de convivencia sustentable, es decir de Comunidad Resiliente, puesto en marcha desde abril de 2006. Al momento de las visitas y entrevistas -año 2015-, vivían allí 30 personas, 12 niños y 18 adultos, ubicados en espacios de autoconstrucción a partir de insumos locales, con pleno reconocimiento los ciclos tanto de los materiales como de los procesos. Se evidenció la existencia de un control a nivel del área de vivienda: 25 m2/persona, 50 m2/pareja y máximo 70 m2/ familia, independientemente de la cantidad de personas que la componen, así como la configuración de normas para el control de la población, como la de 1 casa/ha. La diversidad en un sentido amplio es el eje central de esta propuesta, ya que se observa la integración de diferentes tipos de actividades productivas que procuran ser sustentables, como actividades que potencian la comunicación permanente entre quienes habitan la Ecoaldea, con espacios colectivos como el taller creativo, el almacén de materiales y el Cusmuy o casa ceremonial.
La dinámica sociopolítica es una de las que más cambios han presentado a lo largo de los nueve años de historia de la ecoaldea, a la vez que se ha convertido en uno de los pilares fundamentales del proceso. Según lo expresado por los líderes de la eco aldea, existe un sistema de gobernanza específico denominado sociocracia, configurado y seleccionado posterior a la implementación de diferentes modos de organización (López y Jaramillo, 2015). El punto central de debate ha sido la forma en la que se toman y ejecutan las decisiones, en tanto que el primer modelo de organización asumido se inclinaba por una lógica permanente de consenso total y consulta frente a cada una de las decisiones que se debía tomar en los más variados campos, desde las relacionadas con la producción hasta las de pertenencia a la ecoaldea. Los testimonios obtenidos permiten evidenciar que tal modelo se hizo complejo, particularmente porque generaba talanqueras al momento de definir y ejecutar. De tal manera, lo que en principio pretendía generar sentido de pertenencia y crear capacidad colectiva de decisión, terminó por generar un relativo inmovilismo que detuvo varios proyectos e iniciativas. No obstante, los líderes de la ecoaldea rescataron tal discusión al considerarla como un momento necesario que permitió la configuración de la misión y visión del proceso.
En este marco apareció la propuesta de la sociocracia, una de las alternativas planteadas desde la Red Colombiana de Ecoaldeas y Comunidades Alternativas, (Renace), a la que se encuentra vinculada la Ecoaldea Feliz. De acuerdo con los dirigentes entrevistados (López y Jaramillo, 2015), los objetivos centrales de tal apuesta organizativa son el mejoramiento continuo de la comunidad, fundado en pilares como participación, discusión, inclusión, ejecución y evaluación; retoma la perspectiva de holocracia, forma de organización que valora la autonomía y la dependencia de las partes que componen un sistema y propende por distribuir la autoridad de manera horizontal, por lo que las decisiones se toman y ejecutan a través de equipos o, como lo denominan quienes participan de la Eco Aldea Feliz, células autoorganizadas. Cada célula tiene uno o dos líderes como máximo, quienes acuden a la reunión de toma de decisiones en una esfera más reducida (Figura 5).
Fuente: elaboración propia a partir de entrevistas a líderes de la Ecoaldea Feliz, 2016. CC BY-NC-SA
La especialización de funciones en cada una de las células permite viabilizar la ejecución de las decisiones tomadas, en un proceso que inicia en cada estructura base, la cual se encarga de proponer iniciativas por desarrollar relacionadas con su área de incidencia. Las mismas son presentadas en el "Círculo menor", instancia de coordinación de los líderes de las nueve células, allí no se aprueba o desaprueba, sino que se informa al resto de los integrantes de la Ecoaldea acerca de la ejecución de las iniciativas y los proyectos. Según los líderes entrevistados, tal nivel de autonomía tiene su base en la construcción de confianza a lo largo de los nueve años de actividad continua.
Discusión
Las comunidades resilientes son posibles en la medida que la comunidad participe y actúe, y que la política pública se implemente y se realice con bases teóricas; para esto es necesario pensar en la densificación y, como se mencionó, tener en cuenta todos los ideales y las teorías de la ciudad compacta expuestas en el libro de Towards an Urban Renaissance (The Urban Task Force, 1999). A nivel distrital tenemos que integrar todas las estrategias, donde la implementación de sistemas de transporte masivo público e integral debe ser la base de la infraestructura de la ciudad. En esta misma línea, la ciudad compacta se caracteriza por minimizar los desplazamientos motorizados y proponer diferentes alternativas para que la población se mueva utilizando los corredores peatonales y las ciclorrutas, que se conectan con la EEP a fin de que se aproveche en doble sentido.
En esta escala, la normativa que se proponga (próximo POT) debe ser una guía, donde las comunidades resilientes puedan realizarse. Para poder llevar a cabo este objetivo deberíamos contar con los siguientes elementos básicos en la planificación:
Mixtura de usos compatibles (vivienda, comercio, equipamientos, zonas de trabajo), donde la intensidad de usos le dé vida a los sectores.
Desarrollar espacio público de calidad propicio para las múltiples actividades realizadas allí.
Multiplicar los polos de trabajo y, así mismo, multiplicar los equipamientos específicos para la población local, que sean específicos o nazcan de las necesidades o identidades que tenga la población.
Densidad habitacional de mínimo 120 viv/ha, para justificar todos los usos y la infraestructura de movilidad.
Alturas medias para mantener un contacto directo con el espacio público.
Diversidad de estratos socioeconómicos.
Diversidad de tejidos y de unidades habitacionales.
Manejo de energías alternativas, hacia la producción de esta.
Así mismo, la normativa propuesta debe estar estructurada de acuerdo con los ecosistemas presentes dependiendo del lugar en la ciudad y su cercanía con la estructura ecológica principal específica presente en Bogotá.
Los límites de la participación comunitaria en la política pública y el ordenamiento del territorio
Uno de los retos esenciales de la política pública, tanto para las instancias gubernamentales como para las propias comunidades es el logro efectivo de participación comunitaria, lo que implica diferentes tipos de retos. En primer lugar, se encuentra la necesidad de resignificar la participación ciudadana en la política pública dado que configura una de las grandes promesas incumplidas de la Constitución de 1991.
En las investigaciones más recientes sobre luchas urbanas en Bogotá se puede encontrar que existe una franca preocupación por el análisis de las dinámicas de participación, enfatizando sus límites en el marco de la política pública en la materia. El centro de debate se encuentra en la incidencia de los actores colectivos populares en la construcción de ciudad y el problema de la participación. El trabajo de Noriko Hataya (2010) asume como problema de investigación los cambios en la relación Estado-comunidad en el contexto de la participación comunitaria, y se pregunta por la efectividad de la lucha urbana en el mejoramiento de la calidad de vida en los barrios que analiza. Para ello estudia los procesos de legalización en seis barrios de origen informal en el periodo 1992-2003, en las localidades de Ciudad Bolívar, Usme y Rafael Uribe Uribe, ubicados al suroriente de Bogotá, discutiendo las relaciones entre Estado, comunidades y otros actores como iglesias y organizaciones no gubernamentales.
De igual manera, Alfonso Torres (2007) vincula el problema de la participación al proceso nacional y local de descentralización apalancado en la Constitución de 1991; la diferencia estriba en los resultados. Mientras que Torres (2007) afirma que lejos de desactivar la protesta este cambio de orden institucional genera una apertura de las oportunidades políticas que permite el ascenso de la movilización, Hataya (2010) encuentra que la lucha urbana, canalizada por la vía de los mecanismos institucionales de participación comunitaria, pasa de ser efectivamente llamativa para muchos pobladores a desaparecer por desmotivación y desconfianza.
Los autores coinciden en afirmar que, en el marco de la institucionalización del neoliberalismo, la descentralización fue promovida como parte del conjunto de reformas estructurales bajo un discurso democratizador, que prometía una mayor incidencia ciudadana en la política pública a nivel local con fines de legitimación de las instituciones, y buscaba desactivar la protesta urbana en auge desde los años ochenta.
Ahora bien, en la relación entre participación y ordenamiento territorial se encuentra que según la legislación vigente en Colombia, el diseño del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) debe contar con la voz y las propuestas de las y los ciudadanos. Los consejos territoriales de planeación son instancias creadas al amparo de la Ley Orgánica de Planeación (Ley 152 de 1994), deben estar conformados por integrantes de la sociedad civil y cumplir el papel de incorporar la visión de la ciudadanía en la organización del territorio. Sin embargo, la configuración de los Consejos Territoriales de Planeación Distrital de Bogotá (CTPD) lesiona el espíritu de participación real ya que es el propio alcalde de Bogotá quien los nombra a partir de ternas presentadas por cada uno de los diferentes sectores que los conforman.
Adicionalmente, la nota predominante en este tipo de escenarios es su carácter meramente consultivo. El escenario distrital presenta un agravante en términos de incidencia efectiva de las y los ciudadanos, ya que los debates entre los técnicos y las decisiones políticas han reducido aún más la participación al restringirla a diferentes acciones de información (Duque, 2010).
Este tipo de estrategia ha hecho que la lógica de ordenamiento del territorio sustentada en dinámicas de concertación entre actores no pase de ser un enunciado, ya que las comunidades, sujetos protagonistas en la construcción del territorio, quedan marginadas de las dinámicas de decisión, tal y como ocurrió tanto en la formulación del POT de 1997 en la primera administración de Enrique Peñalosa, como en la revisión del mismo en 2003. De acuerdo con el análisis de Isabel Duque (2010), entre 1998 y el año 2000, la Alcaldía Mayor se limitó a realizar reuniones informativas que con exceso de lenguaje técnico no dieron posibilidad de reaccionar a quienes participaban de dichos espacios.
Por todo lo anterior, para un verdadero ordenamiento territorial participativo es necesario que a partir de una relación de mutua determinación entre lo político y lo social, la participación política, social y popular se comprenda en su misma construcción de poder social, popular, ejercido desde la perspectiva colectiva y de construcción social, para el logro efectivo de una "democracia directa de tipo maximalista", capaz de llevar los campos de decisión a la definición del modelo económico, el sistema de justicia y el control de la política, tal y como lo propone el profesor De Zubiría (2012).
Las reglas de juego y las formas de participación y decisión serían la primera gran construcción colectiva de esta forma de poder, conjugada con la definición de agendas, temas, niveles de relevancia de los mismos y tiempos. Por contraste, la denominada democracia participativa, sello particular del régimen político con el que se ha ejecutado el proyecto neoliberal se caracteriza, no por ser construcción colectiva, sino más bien escenario ya establecido al que van a interactuar los procesos populares, sociales y ciudadanos. Los asuntos por tratar y la dinámica de participación están establecidos de antemano, haciendo énfasis en el carácter consultivo de tal participación. De ahí que, según la Constitución Política en su artículo 107, los mecanismos de participación del pueblo se restrinjan al voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato, todos reglamentados por la ley.
Experiencias y demandas de las comunidades en Bogotá
Los habitantes de la ciudad de Bogotá han demostrado no ser meros receptores de política pública sino sujetos constructores de la misma, tal y como acontece con la plataforma organizativa Mesa de los Cerros Orientales, gestada desde 2004 por pobladores de barrios ubicados en esta zona de la ciudad. La trayectoria social, política y organizativa de este proceso les ha permitido realizar un tránsito de la exigencia a la propuesta en términos de sus reivindicaciones, generando propuestas de política pública que necesariamente deben ser incorporadas a cualquier ejercicio de planeación.
El primer grupo de propuesta de política pública fue publicado en 2008 por la Mesa de los Cerros Orientales, y reúne tanto un diagnóstico territorial como un conjunto de propuestas realizadas por diversos colectivos de trabajo, organizaciones de base, grupos de vecinos y Juntas de Acción Comunal. Con tales insumos, la Mesa configuró propuestas en diez ejes de acción e incidencia:
Hábitat digno y gestión integral de riesgos ambientales.
Pactos de borde.
Producción agroecológica.
Mejoramiento integral de ecobarrios.
Preservación y uso público para todos y todas.
Juventud y cerros orientales.
Educación ambiental.
Generación de empleo e ingreso productivo ambiental local.
Restauración ecológica.
Recuperación geomorfológica.
El citado caso pone de manifiesto cómo la configuración de procesos organizativos es base de primer orden en la definición de política pública para la sostenibilidad, y evidencia tanto el papel de la acción colectiva en la construcción y el ordenamiento del territorio, como las construcciones de política pública que no son de perfil tecnocrático y que se enraizan en las gestiones propias del espacio hecho desde la acción social.
De tal manera, es importante que las diferentes instancias del gobierno distrital tomen en cuenta que muchas de las comunidades asentadas en los bordes urbanos han tenido experiencias organizativas de diferente tipo a lo largo de su historia como constructores de ciudad, desde los procesos de ocupación inicial en las décadas de los cincuenta, sesenta y setenta, hasta la articulación contemporánea en plataformas y comités para hacer frente a distintas políticas como el reasentamiento, o en función del mejoramiento de barrios. En tal sentido, el papel de la institucionalidad no debe ser el de señalar a las comunidades el rumbo que deben seguir, sino apoyar escenarios de encuentro entre experiencias y generar soporte para que proyectos de las comunidades, la academia o diversas organizaciones no gubernamentales puedan efectivamente ser realizadas. Las definiciones internas de las comunidades deben ser resorte de estas mismas, bajo parámetros de autonomía.
Conclusiones
Desde la perspectiva de la resiliencia comunitaria, la construcción de sostenibilidad en lo barrial es un proceso que no se puede abordar endógenamente, sino que debe tener en cuenta el conjunto de flujos, tránsitos, intercambios y tensiones que se generan tanto al interior del barrio como en la relación que este construye con el entorno. Se trata, por tanto, de comprender que el barrio no es una identidad aislada, sino una construcción social que configura múltiples interacciones con otras escalas de configuración de ciudad. La perspectiva de comunidades resilientes aquí propuesta se vincula a una mirada de conjunto que problematiza las condiciones de la ciudad y la región de la que hace parte, ya que se trata de un concepto que interpela el actual modelo de crecimiento y configuración de la ciudad, enfatizando en los aportes que pueden y deben desarrollarse desde la escala de lo barrial.
Como se observa, la noción de comunidad resiliente trabajada a lo largo de la investigación enfatiza en el carácter social, al tratarse de una construcción realizada por sujetos que se comprenden desde la potencialidad transformadora de lo colectivo, para construir una relación distinta con el ambiente, capaz de tomar distancia frente a la lógica de mercantilización y subordinación para el usufructo humano. Lo anterior a partir de recoger parte de las enseñanzas que dejan las experiencias que hasta el momento se han dado en Bogotá, de acuerdo con las cuales el factor determinante para el logro efectivo de una relación distinta comunidad-ambiente se encuentra en las dinámicas organizativas.
En la medida en que la amplia participación y decisión social se consideran como criterios fundamentales, es factible ubicar un punto de encuentro interesante entre el concepto propuesto y los debates más recientes relacionados con el derecho a la ciudad, los cuales recogen el legado de Henri Lefébvre en su obra pionera de 1967 que reivindica la ciudad como un ejercicio de construcción colectiva, en la cual los habitantes urbanos se apoderan de sus espacios y vidas, no solo para hacerle frente a la exclusión derivada de dinámicas urbanas centradas en las lógicas del capital, sino para la creación misma de la ciudad (Costes, 2011).
Las acciones por emprender en procura de fortalecer el protagonismo de las comunidades en el tránsito hacia dinámicas sostenibles en una ciudad como Bogotá necesariamente deben ampararse en el fortalecimiento de sujetos colectivos empoderados frente al territorio que habitan y han construido históricamente, para realizar interlocución con las diferentes dinámicas de la institucionalidad.
Resignificar el territorio en un ordenamiento territorial participativo
La acción social de los sujetos construye territorialidades. Al planificar el uso del territorio no se está realizando una mera acción mecánica de distribución de funciones y usos, sino que se está realizando un proceso de significación del mismo, se le dota de sentido y se configuran talanqueras para la creación de realidades y relaciones sociales. No es un ejercicio netamente técnico, sino esencialmente político dado que puede configurar, definir, realinear o transformar las asimetrías de poder y las lógicas de dominación que se dan en el territorio.
Lo anterior exige partir de un concepto de territorio que vaya más allá de considerarlo como espacio o como contenedor de objetos. En tal sentido, se comparte lo propuesto por Carlos Walter Porto-Gonçalves, quien afirma que el territorio:
No es algo anterior o exterior a la sociedad. Territorio es espacio apropiado, espacio hecho cosa propia, en definitiva, el territorio es instituido por sujetos y grupos sociales que se afirman por medio de él. Así, hay, siempre, territorio y territorialidad, o sea, procesos sociales de territorialización. En un mismo territorio hay, siempre, múltiples territorialidades (2009, p. 27).
Lo anterior implica que los procesos sociales y la dinámica de las organizaciones populares urbanas transformen espacios en territorios, se territorialicen -expanden el territorio construido-, son desterritorializadas -viven la contracción del territorio-, y se reterritorializan -reconfiguran el territorio perdido para volver a la expansión, en una lectura que sigue lo propuesto por Fernandes- (2005).
Desde de esta perspectiva, Bogotá se entiende como territorio en disputa, configurado por sujetos, conflictos y relaciones de poder de diversa índole, por lo que se precisa interpelar y reconocer el carácter de la acción social y política de las organizaciones populares urbanas desde la perspectiva socioterritorial. Un ejercicio de ordenamiento territorial participativo necesariamente debe analizar cómo las formas de organización, las relaciones sociales y la construcción de identidades configuran espacios y territorios desde la acción colectiva.
Cada realidad, cada sector, evidencia problemáticas diferentes que deben ser afrontados por la comunidad que se proponga establecer relaciones no utilitarias con el ambiente, y así contribuir al logro del buen vivir. No obstante, los proyectos por ejecutar no pueden desdibujar el objetivo trascendente de logro de sostenibilidad ambiental y búsqueda de la resiliencia.
Lo anterior implica que debe existir un proceso de diálogo real y conjunto que permita puntos de encuentro entre los intereses de las comunidades, las iniciativas de la academia, del tercer sector y el Gobierno. Pero el primer paso se encuentra en la generación de procesos a nivel de barrio y desde la comunidad. En este proyecto de investigación se han compilado y generado algunas iniciativas que bien pueden ser asumidas por las comunidades y los grupos de líderes que tengan como propósito construir comunidades resilientes.
