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Introducción
En las últimas décadas, las administraciones estadounidenses, tanto demócratas como republicanas, han sido constantes respecto al establecimiento del "nuevo orden panamericano". Asimismo, han demostrado la necesidad de que los Estados latinoamericanos mejoren sus capacidades defensivas, bajo la idea de lograr estabilidad en América Latina y el Caribe (ALO), frente a los fenómenos caracterizados como amenazas para la seguridad hemisférica (Cardinale, 2018; Labaqui, 2004; Montero Moncada, 2006; Prevost y Oliva Campos, 2014; Romano, 2018; Zuluaga Nieto, 2012). Esta incidencia se ha materializado en flujos de cooperación, en reformas y en prácticas institucionales concretas que se repiten en distintos países y suponen una amplia red de infraestructuras militares ("bases tradicionales", centros de operaciones de avanzada, centros de operaciones de emergencia, etc.), acuerdos regionales de seguridad (Plan Colombia, Iniciativa Andina, Iniciativa Mérida e Iniciativa Regional de Seguridad para América Central-CARSI), patrullajes navales constantes, misiones humanitarias, ejercicios conjuntos y entrenamiento que naturalizan la presencia militar estadounidense (Bitar, 2017; Borón, 2012; Ceceña, 2016, 2018; Ellis, 2016; Lajtman, 2020; Luzzani, 2012; Rodríguez Rejas, 2017; Winer, 2015).
En años recientes, el rol de Perú en la "estabilidad" regional no se limitó a acoger al Grupo de Lima, sino que asumió un papel clave en la reconfiguración de las Fuerzas Militares estadounidenses en la región, en un contexto de recrudecimiento de la ofensiva (diplomática, económica y militar) contra Venezuela (Tirado, 2020). Asimismo, llama la atención que, desde hace décadas, el sistema político peruano a nivel interno se ha visto enfrentado a una profunda crisis vinculada a la judicialización de la mayor parte de la clase política (Ester, 2019; García Fernández, 2020). Pero ese escenario no ha trastocado las relaciones con EEÜÜ, y en particular las que se mantienen con sus fuerzas armadas. Por consiguiente, no sorprende el hecho de que el país andino sea el tercer principal receptor de asistencia militar y policial en la región, y el tercero en el rubro de entrenamiento militar, con más de quince mil militares entrenados por sus pares estadounidenses.
Además, entre las especificidades que hacen de Perú un caso clave de estudio está el alto peso simbólico del terrorismo como "herida abierta" del conflicto armado interno que ha naturalizado la denominación del enemigo como terrorista. Idea resignificada en el escenario de la guerra contra el terrorismo global como política oficial de EEUU luego del 11 de septiembre de 2001. Perú es limítrofe de Ecuador y Bolivia, los cuales tienen algunos de los gobiernos más radicales del progresismo latinoamericano (Serrano Mancilla, 2015), pero también comparte fronteras con Colombia, lo que ha significado una integración militar con este país en arraigada sintonía con los intereses estadounidenses.
En cuanto a recursos, el país andino es el segundo productor de cobre, plata y zinc a nivel mundial. Mientras que en América Latina es el primer productor de zinc, oro y plomo, y el segundo productor de molibdeno (Ministerio de Minas y Energía, 2017). Desde 2008, el gobierno estadounidense ha demostrado interés en el descubrimiento de reservas de uranio en Puno y el potencial desarrollo de energía nuclear en Perú (Cable Wikileaks, 2008a, 2008b). A lo que se añade el reciente descubrimiento de reservas de litio en la región sureste de Macusani (Aquino, 2020). En relación a los recursos hidrocarburíferos, hay que destacar la apertura de más del 70% de la Amazonia peruana a procesos de concesión para la prospección y extracción de petróleo y gas en el marco del proceso de implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC). En el caso del gas, es interesante observar que en 2014 el principal destino de exportación fue China, seguido de EEUU y Canadá (SIICEX, 2014), pero hacia 2019 los principales mercados fueron EEUU, Panamá y Brasil (SIICEX, 2019).
Ante el escenario presentado, llama la atención que gran parte de las investigaciones que tratan específicamente del caso peruano abordan la incidencia de EEUU en las prácticas institucionales construidas alrededor de las políticas sobre las drogas (Casas y Ramírez, 2017; Mangelinckx, 2017; Merino Villadoma, 2019; Obando, 2010; Zevallos, 2014). Esta temática se enfoqua en los mercados ilegales y el rol de las Fuerzas Armadas (Zevallos, Mujica y Casas, 2019); o bien profundiza sobre los vínculos con otras potencias y el rol de Perú en la gobernanza regional y global de seguridad (Adins, 2019). En general, se suele privilegiar una perspectiva de la seguridad que no cuestiona el orden establecido y que concibe desde la visión liberal a las "nuevas amenazas"1. Desde este tipo de abordaje, las críticas generalmente pasan por los "excesos" de las Fuerzas Armadas de EEUU en la región, pero no se discute el rol del país del norte como proveedor. Se considera, por ejemplo, que "la seguridad es un bien público básico que proporcionan los estados, y una de las muchas áreas en las que los gobiernos pueden y deben asociarse para beneficio mutuo" (Isacson y Kinosian, 2017, párr. 19).
De las corrientes que han cuestionado el "rol de proveedor", destaca el trabajo de Sweezy y Magdoff (1972), los cuales alertaban sobre el papel especial del militarismo en el mundo subdesarrollado como columna vertebral del imperialismo que es sostenida por los programas de asistencia militar, el estímulo a las ventas de armamentos y el entrenamiento. Sobre esto, hacia finales de los setenta, Chomsky y Herman (1981) afirmaban que el entrenamiento militar estadounidense estaba marcado por el condicionamiento ideológico del anticomunismo, que, a su vez, se arraigaba en hábitos y prácticas a través de una red de relaciones personales entre los cuadros militares de EEUU y ALC. Haciendo eco de esta corriente, Loreta Tellería hizo hincapié en la dependencia y subdesarrollo por detrás de la asistencia militar y transferencia de equipos (2019).
En ese sentido, los análisis sobre las relaciones entre EEUU y ALC desde una perspectiva crítica, y en particular sobre políticas de seguridad, suelen abordar las relaciones militares entre EEUU y Perú de manera puntual, presentando algunos datos contundentes, pero sin profundizar en el análisis (Bruckman, 2011; Ceceña y Barrios, 2018; Luzzani, 2012; Rodríguez Rejas, 2017). El análisis de las autorizaciones de ingreso personal militar extranjero al territorio peruano entre 2003 y 2010 realizado por Monica Bruckmann (2011) es una de las pocas investigaciones que evidencia de forma sistemática lo alarmante de la integración de Perú a la estrategia militar estadounidense de inicios del siglo XXI.
En función de lo anterior, la apuesta del presente trabajo es cubrir la ausencia de datos sistemáticos, postulados desde una perspectiva crítica, sobre los vínculos militares de Perú con EEUU. Lo anterior, en un esfuerzo por complejizar la mayoría de los análisis que se limitan a describir estas relaciones; con datos fragmentados y una perspectiva técnico-administrativa que no llega a profundizar en el impacto geopolítico. El objetivo final es plantear algunas preguntas disparadoras para pensar la militarización low profile de EEUU en Perú durante el siglo XXI: ¿a través de qué dinámicas se sostiene la relación de EEUU con Perú en términos militares?, más allá de los cambios de gobierno y las profundas crisis internas en el país andino, ¿cuáles pueden ser los intereses que mantienen intacta esta dinámica?, ¿cuáles son los argumentos que justifican la presencia física de militares estadounidenses en el territorio peruano? Para responder a estos interrogantes, se recurre a una estrategia metodológica cualitativa centrada en el relevamiento y triangulación de fuentes documentales y entrevistas a informantes clave.
En un primer apartado, se aborda brevemente algunos aspectos históricos para luego enfocar en los hitos clave de la profundización de la presencia militar de EEUU en Perú desde de la transición democrática en el 2001, y el alineamiento contundente del país andino a la agenda de seguridad estadounidense para la región. A partir de una serie de datos cuantitativos sobre los flujos de asistencia militar cruzados con datos cualitativos obtenidos del relevamiento de fuentes primarias y secundarias (fragmentos de entrevistas a informantes claves y autorizaciones de ingreso de personal militar extranjero a territorio peruano), se articula el análisis plasmado en un mapa sobre el acceso a las instalaciones de las Fuerzas de Seguridad peruanas, sin la necesidad de acuerdos formales de arrendamiento.
En el apartado siguiente, en base a documentos oficiales y declaraciones de autoridades del gobierno estadounidense (Comando Sur, Departamento de Defensa y Departamento de Estado) y agencias privadas de seguridad (Stratfor), se demuestra cómo se viene elaborando el relato renovado de la amenaza narcoterrorista para justificar un nuevo impulso de la asesoría militar estadounidense enfocada en el antiterrorismo. Este plan está orientado, principalmente, a la zona del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).
Por último, se presentan algunos aspectos relacionados al peso de la problemática de las emergencias climáticas, sus consecuentes crisis humanitarias y la configuración de escenarios estratégicos donde se interviene militarmente. Así, se expone el modo en que la cooperación militar con EEUU en este ámbito viene adquiriendo centralidad y entrecruza la asesoría con el entrenamiento antiterrorista. Al final de la investigación, se concluye que la militarización estadounidense en Perú, en términos de asistencia, entrenamiento, programas y acceso a instalaciones, es mucho mayor de lo que se suele considerar. Además, esta tiene un profundo arraigo institucional y es un eslabón fundamental de la estrategia de reorganización hegemónica continental.
Presencia militar silenciosa, permanente y extendida
El gran impulso de la presencia militar estadounidense en Perú se dio a partir de 1952 con la firma del Tratado de Asistencia Militar y la adscripción al anticomunismo en el marco de las políticas de seguridad hemisférica diseñadas por EEUU a inicios de la Guerra Fría (Medrano Toche, 2008, p. 123). A lo largo del siglo XX, las relaciones en el ámbito militar no se dieron de forma lineal o sin conflictos. Ilustra lo anterior, por ejemplo, el hecho de que durante el Gobierno Militar (1968-1980), Perú tuvo la más grande influencia soviética en el plano militar en Sudamérica (Arequipeño Támara y Jiménez Mayor, 1994). Luego del autogolpe de Alberto Fujimori en 1992, EEUU reaccionó con el corte total de la ayuda económica y militar, salvo la ayuda humanitaria y el apoyo para la campaña contra las drogas (Palmer, 2009).
A partir de la transición democrática en el 2001, las relaciones entre Lima y Washington se profundizaron por la apertura de la carpeta comercial bilateral, el mantenimiento, sin mayores problemas, sobre la visión conjunta de los escenarios antidrogas y una mayor cercanía en los escenarios de la seguridad regional. Frente a un inicio de siglo latinoamericano marcado por el avance de gobiernos progresistas que, en menor o mayor grado, han recuperado soberanía frente a la hegemonía estadounidense, Perú se configuró, junto a Colombia, como eje de contención en la subregión andina. Un hito fundamental en ese proceso fue la extensión del Plan Colombia a través de la Iniciativa Regional Andina lanzada por George W. Bush en 2002, que incluyó a Perú como el segundo receptor de recursos (194,873 millones de dólares después de Colombia con 380,500 millones de dólares). La hoja de datos del programa menciona que:
la ARI continúa la ayuda a Colombia, la principal fuente de producción de drogas y violencia, a la vez que aumenta la ayuda a los vecinos de Colombia para fortificar sus esfuerzos por adelantarse a los efectos secundarios del conflicto colombiano. (Casa Blanca, 2002, párr. 3)
El desmantelamiento de la base naval estadounidense en Manta (Ecuador) por decisión del presidente Rafael Correa en 2007, y la posterior declaración de inconstitucionalidad de las siete unidades militares cedidas por Álvaro Uribe al Comando Sur en 2009, son algunos de los factores fundamentales para explicar el reposicionamiento militar estadounidense en territorio peruano. El presidente Alan García (2006-2011) fue un gran aliado en ese proceso que se dio en paralelo a las negociaciones bilaterales del TLC y la ratificación de la agenda neoliberal en el país. A este respecto, un cable filtrado de la Embajada de EEUU en Lima, dirigido al general Douglas M. Fraser, exjefe del Comando Sur, antes de su visita a Perú en el 2009 afirmaba que:
con el presidente Alan García, Perú ha sido un socio confiable de los Estados Unidos y ha jugado un papel constructivo en una Sudamérica complicada caracterizada por el populismo resurgente y periódicos momentos de tensión -más recientemente entre Colombia y Venezuela. A pesar de su reciente crecimiento económico y la disminución de los niveles de pobreza, Perú todavía se enfrenta a amenazas de seguridad, principalmente relacionadas con el tráfico de drogas y el resurgimiento del terrorismo de Sendero Luminoso. (Cable Wikileaks, 2009, párr. 10; subrayado nuestro)
Entre 2003 y 2010, 87 516 militares estadounidenses ingresaron a Perú, con picos registrados en los años de 2004 (43 779), 2006 (12 511) y 2010 (11 220). Lo que permite afirmar que:
mientras que en las reuniones de la UNASUR de fines del 2009 discutíamos las consecuencias de la apertura de nuevas bases militares en Colombia, que implicarían una permanencia de 800 a 900 militares estadounidense en este país, en 2004, el Perú ya había superado largamente esta cifra con 2.390 militares. (Bruckman, 2011, p. 309)
En marzo de 2013, durante el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016), Perú y EEUU formalizaron un memorándum que prevé el intercambio de material, tecnología, entrenamiento y asesoramiento técnico para modernizar sus mecanismos de cooperación ante los desafíos en materia de narcotráfico, terrorismo, seguridad nuclear y asistencia humanitaria. También, hay que mencionar la aprobación de la Ley N° 30339 de control, vigilancia y defensa del espacio aéreo nacional, que, en el marco de la lucha contra el narcotráfico, autoriza a la Fuerza Aérea en coordinación con el ejército estadounidense a interceptar aviones civiles (Ley N° 30339, 2015). Si bien esta legislación sigue vigente, en un momento dado el derribo de aeronaves civiles no vinculadas con el tráfico ilícito generó la interrupción del flujo de recursos del congreso norteamericano al peruano. Prohibiendo así la utilización de aeronaves fabricadas con piezas provenientes de EEUU.
Asistencia militar
Un rubro poco conocido y opaco de las relaciones entre EEUU y ALC es la capacitación y asistencia a las fuerzas de seguridad de los países latinoamericanos. En ese sentido, hay que considerar que las bases de datos oficiales separan la asistencia estadounidense en dos grandes rubros: militar y económico2.
En un reporte elaborado para el Congreso estadounidense sobre asistencia extranjera se advierte sobre una superposición considerable entre las categorías de ayuda, y que la asistencia militar, la ayuda para la seguridad económica, incluidos los programas de promoción al Estado de derecho y la capacitación policial, y los programas de asistencia para el desarrollo pueden apoyar los mismos objetivos políticos de EEUU. Por ejemplo, en países del Medio Oriente, Afganistán y Pakistán. De la misma manera, se afirma que "la asistencia militar y los programas de desarrollo alternativo son elementos integrados de los esfuerzos antinarcóticos estadounidenses en América Latina y en otros lugares" (Epstein y Rosen, 2018, p.4).
Robert Evan Ellis (2019), profesor del Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de EEUU y asesor del Comando Sur, subraya la diferencia entre cooperación para la seguridad (security cooperation) y asistencia para la seguridad (security assistance). La primera, corresponde a los programas y actividades del Departamento de Defensa con las fuerzas de seguridad extranjeras, orientadas a promover los intereses de EEUU. Ello requiere que las naciones asociadas proporcionen acceso al territorio, la infraestructura, la información y los recursos para posibilitar la construcción de capacidades afines con los objetivos de defensa estadounidenses. La segunda, se refiere a un conjunto más amplio de programas o actividades que incluyen la provisión de artículos de defensa, entrenamiento militar y otros servicios relacionados con la defensa que, de acuerdo con las leyes estadounidenses, está financiada y controlada por el Departamento de Estado. Aunque, puede ser administrada por el Departamento de Defensa; "por lo tanto, también puede considerarse parte de los usos legítimos, aunque no ampliamente reconocidos, del instrumento militar en América Latina y el Caribe" (Ellis, 2019, pp. 28-29).
A continuación, se presentan las tablas 1 y 2, las cuales muestran que Perú es el tercer principal receptor de asistencia estadounidense y entrenamiento orientado a las fuerzas de seguridad latinoamericanas; después de Colombia y México, países donde se han implementado los principales programas de seguridad como el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida.
Tabla 1 Principales receptores de asistencia militar y policial EE-UU-ALC (2000- 2019) (en millones de dólares)
| Colombia | $10 079 |
| México | $3 273 |
| Perú | $1541 |
Fuente: Security Assistance Monitor, 2020.
Tabla 2 Principales receptores de entrenamiento a fuerzas de seguridad EEUU-ALC (2000-2019)
| Colombia | 108727 |
| México | 35296 |
| Perú | 15 506 |
Fuente: Security Assistance Monitor, 2020.
En la figura 1 se muestra cómo el flujo de asistencia militar que brinda EEUU a Perú se ha mantenido con pocas oscilaciones a lo largo de las dos últimas décadas. En 2016 y 2017, se percibió un incremento de la asistencia, volviendo a tener valores parecidos a los de inicios del siglo. Esto contrasta con la impresión del contraalmirante Luis Adawi Cáceres3, quien afirma que:
en una época hubo mucha cooperación, pero ahora EEUU ya no da tanto presupuesto, porque el Perú ya no es considerado un país que necesita. A veces adquirimos cooperación porque ellos tienen la tecnología. Vienen, la implementan y nos enseñan, después la hacemos nosotros solos. (Comunicación personal, 2017)
En general, se presta más atención a la asistencia destinada al control de narcóticos administrada por el Departamento de Estado. El programa más "tradicional" en este rubro es el International Narcotics Control and Law Enforcement (INCLE), que ha destinado, entre 2001 y 2018, 463 millones de dólares a Perú, casi el doble del total de la asistencia militar en el mismo periodo que fue de 241 millones (USAID, 2020).
No obstante, el fortalecimiento del componente militar en la "guerra contra las drogas" se percibe con claridad cuando desglosamos las cifras de la asistencia militar. Tal como se puede observar en la tabla 3, el principal programa administrado por la Defense Security Cooperation Agency (DSCA) del Departamento de Defensa es el International Counternarcotics Program, que brinda apoyo capacitación y equipos a los gobiernos extranjeros para combatir el tráfico ilícito de drogas y el crimen organizado transnacional. Justamente, el pico que se observa para el año 2010 (figura 1) corresponde a un incremento exorbitante de 130% (10,29 millones de dólares en 2009 y 23,81 millones en 2010) en los fondos dedicados a este programa en Perú.
Tabla 3 Desglose de asistencia militar EEUU-Perú (20012018)
| Department of Defense | $237189 928 |
|---|---|
| International Counternarcotics Program | $197 924024 |
| Foreign Military Financing (FMF) Program | $23 671 988 |
| International Military Education & Training (IMET) | $8 456 997 |
| Global Train and Equip Program - Peru CIDT to Enhance Information Sharing and Marine Force Generation | $5 239 400 |
| Combating Terrorism Fellowship Program (CTFP) | $1 897 519 |
| Department of the Navy | $3 311402 |
| DoD Excess Defense Articles, Grant Authority | $2 906 765 |
| Service Academy Foreign Student Program-us Naval Academy | $404 637 |
| Department of the Air Force | $530102 |
| DoD Excess Defense Articles, EDA Grant (516) | $306 808 |
| Service Academy Foreign Student Program-us Air Force Academy | $223,294 |
| Department of State | $318 202 |
| Department of State-Peacekeeping Operations: Global Peace Operations Initiative (GPOI) | $318 202 |
| Total | $241 349 634 |
Fuente: USAID Explorer, 2020.
El segundo programa en orden de importancia es el Foreign Military Financing (FMF), que proporciona subvenciones y préstamos para compras de artículos y servicios de defensa fabricados en EEUU. En tercer lugar, está el International Military Education & Training (IMET), que es un programa de entrenamiento militar "de bajo costo y altamente efectivo" para:
facilitar el desarrollo de las relaciones profesionales y personales que han proporcionado acceso e influencia de EEUU en un sector crítico de la sociedad que a menudo juega un papel fundamental en el apoyo o la transición a gobiernos democráticos. Una parte menos formal, pero significativa, del IMET expone a los estudiantes al estilo de vida estadounidense. (Bureau of Political-Military Affairs, 2006, párr. 3)
Ingreso de personal militar estadounidense a territorio peruano
La profundidad de los vínculos en términos cuantitativos (cifras de asistencia, entrenamiento, programas, etc.) se confirma y completa a partir de la información extraída del análisis de las autorizaciones de ingreso de personal militar extranjero a territorio peruano. Aunque esta investigación no se dedica a la sistematización de la totalidad de ingresos, sin duda una tarea pendiente, sí presenta una muestra que da cuenta de las dimensiones que ha adquirido la presencia física de militares estadounidenses en el país andino.
Tabla 4 Autorizaciones del ingreso personal militar de EEUU a territorio peruano
Fuente: elaboración propia.
La información brindada en la tabla 4 da cuenta de la presencia permanente de las Fuerzas Militares de EEUU en el tiempo. Con estadías largas y rotaciones de personal por el promedio de un año. Además, extendida territorialmente en zonas estratégicas a lo largo y ancho del país, incluidas regiones de fuerte conflicto social en la selva y ceja de selva. Los tipos de armamentos con los que el personal militar ingresa al país dan cuenta de que, subyacente a las actividades a realizar, existe una preparación para la guerra (sea interna o externa). También, llama la atención la variedad de instituciones involucradas: todas las ramas de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Ministerio de Defensa.
Igualmente, se percibe una multiplicidad de objetivos que varían entre el entrenamiento de operaciones especiales, las misiones médicas y humanitarias (como Nuevos Horizontes), los asuntos civiles, las reuniones de coordinación con el Ministerio de Defensa, los ejercicios militares conjuntos que involucran, principalmente, a la Marina de Guerra de Perú (como UNITAS y SIFOREX) y las visitas regulares de embarcaciones estadounidenses a los puertos peruanos. Lo anterior se confirma con la opinión del contraalmirante Cáceres al afirmar que el Comando Conjunto tiene enlace directo con el Comando Sur: "El Comando Sur es el par del Comando Conjunto. Hay un diálogo permanente, intercambios y entrenamientos frecuentes; ¿por qué dictan y pagan cursos?, porque les interesa que tengamos su doctrina" (Comunicación personal, 2017).
Utilización de instalaciones de las Fuerzas de Seguridad peruanas
Los vínculos estrechos que se mantienen desde hace décadas posibilitan el acceso a las instalaciones militares y policiales peruanas, sin necesidad de tener bases militares propias con acuerdos formales de arrendamiento (Bitar, 2017). Para ejemplo de esto están las negociaciones realizadas en 2007 sobre la posibilidad de trasladar las operaciones desde la base de Manta-Ecuador a Piura, norte de Perú, frontera con Ecuador. Los cables de Wikileaks exponen que desde el gobierno estadounidense se intentó implementar un acuerdo de arrendamiento tipo SOFA (Status of Forces Agreement). Pero ante la denuncia social el gobierno peruano optó por un acuerdo informal vía nota diplomática, permitiendo la realización de vuelos de vigilancia con aviones Orion P-3 desde Piura (Cable Wikilieaks, 2007a, 2007b).
Según datos del inventario anual del Departamento de Defensa (2018), la única instalación militar en territorio peruano es un hospital militar activo en Lima. Mientras que el Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales de la Marina de EEUU (US Naval Medical Research Unit, NAMRU -6) con sede en Lima sería el único enclave militar formal en Perú. Según información experta, este centro también tiene otras subsedes en Iquitos y Puerto Maldonado, y lleva a cabo actividades en distintas ciudades y distritos de Arequipa, Cusco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Madre de Dios, Piura, San Martín, Tumbes, Puno, Lima, Loreto y Ucayali (Cabieses, 2020). Asimismo, desde que el centro establecido en 1983 fue revestido de una serie de instrumentos y protocolos para darle la formalidad necesaria en el marco de la cooperación bilateral.
No obstante, el factor crucial para garantizar operaciones temporales o permanentes de enlaces del Comando Sur, fuerzas de operaciones especiales y la DEA es la utilización de instalaciones ubicadas en Palmapampa, Mazamari, Aguaytía, Nanay, Pucallpa, Santa Lucia, Mazuco, Ancón, Puerto El Callao, El Estrecho y Piura4. Las anteriores se suman a la instalación de dieciocho Centros de Operaciones de Emergencia Regional (COER) auspiciados por el Comando Sur. Tal como se puede apreciar en la figura 2, la presencia militar estadounidense cubre gran parte del país, desde la Amazonía hasta la costa, y de norte a sur.
Narcoterrorismo en Perú: relatos y prácticas desde EEUU
El inicio formal de la guerra contra las drogas en Perú se dio en 1978 con la promulgación del Decreto Ley 22095, orientado a enfrentar la creciente producción de coca y cocaína ilegal, particularmente, en el Valle del Alto Huallaga. Bajo este marco normativo, se selló el primer convenio sobre represión de drogas con EEUU. Así, con la asistencia militar y policial, se realizaron los primeros grandes operativos antidrogas (Operación Verde Mar I en 1979 y Operación Verde Mar II en 1980), y se empezaron a institucionalizar los primeros programas de erradicación de los cultivos de coca, como el Proyecto Especial de Control y Reducción del Cultivo de la Coca en el Alto Huallaga (CORAH). Este fue creado en 1981 y, hasta la fecha, sigue en funcionamiento5. Desde entonces, la política antidrogas peruana ha sido dependiente de las directrices de Washington (Cotler, 1999), y ha estado inmersa en una compleja red de corrupción del narcotráfico y manejo del Estado, cuyo pico se ilustra con el caso del asesor de Fujimori, Vladimiro Montesinos.
El contexto del boom de la cocaína en Huallaga y el protagonismo del tema del control de narcóticos en la política externa de EEUU hacia la región andina, coincidió con el inicio y expansión de las acciones en el valle del partido comunista de Perú Sendero Luminoso (PCP-SL). El informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación afirma que integrantes del PCP-SL llegaron al Alto Huallaga en un momento en que se había acumulado un resentimiento generalizado hacia las fuerzas policiales. Las cuales llevaban a cabo violentos operativos de control de drogas, con asesoría estadounidense, pese al profundo rechazo de la población (2003).
En estos años, las tensiones entre el gobierno peruano y el estadounidense se daban, principalmente, porque el primero consideraba contraproducente la presión para la erradicación de los cultivos de coca. Esta situación generaba fuerte rechazo entre los campesinos cocaleros y alimentaba un mayor acercamiento de estos con Sendero Luminoso (Obando, 2010, p. 335). A su vez, según palabras del general Carlos Morán6, "la DEA tenía muchas restricciones durante los años noventa. Podía apoyar al gobierno y a la policía contra el narcotráfico, pero no contra el terrorismo" (comunicación personal, 2017). Moran afirmó también: "la policía peruana empezó a construir casos, principalmente, a partir de 2007 que vinculaban a facciones de Sendero Luminoso con narcotraficantes, primero en el Huallaga y luego en el VRAEM" (comunicación personal, 2017). Esa "conexión" con el narcotráfico garantizó el fortalecimiento del apoyo, financiero y logístico, de EEUU "que sigue siendo un apoyo muy importante en la actualidad" (comunicación personal, 2017).
Desde el 2010, la principal zona cocalera del país es el VRAEM, un área geográfica de selva alta en el sureste de Perú que abarca parte de los departamentos de Ayacucho, Cusco, Huancavelica y Junín. Cuenta además con una extensión que equivale a un 5% de la superficie del territorio nacional. En período democrático (2003), durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), se declaró el estado de emergencia por primera vez en la zona. Misma ocasión en la que se dio el secuestro por parte de Sendero Luminoso de 71 trabajadores de Techint, empresa argentina a cargo del tendido del ducto de gas desde el yacimiento de Camisea hasta Lima.
En este contexto, se instaló la idea del rebrote del terrorismo por los "remanentes" del PCP-SL, y la "necesidad" de devolverle el protagonismo a las Fuerzas Armadas en la guerra antiterrorista. Aunque esta situación haya sido el disparador para que el gobierno de Toledo instrumentalizara el régimen de emergencia mediante sucesivas prórrogas, no sería hasta el 2007, durante el gobierno de Alan García, que las operaciones contrainsurgentes se iniciarían de forma sistemática. Lo anterior sucedería con el envío permanente de tropas y la extensión de las atribuciones de las Fuerzas Armadas para el control del orden interno.
A inicios de la gestión de Ollanta Humala, se expandió territorialmente el régimen de excepción, incorporándose nuevos ámbitos provinciales y distritales al Valle del Rio Apurimac, Ene y Mantaro. Por lo que, en conjunto, pasaron a denominarse VRAEM (Decreto Supremo No 074-2012-PCM, 2012). Actualmente, la declaratoria de emergencia sigue vigente, y la intervención de las Fuerzas Armadas se ha flexibilizado aún más con la Ley N° 30796, aprobada en junio de 2018, durante la gestión de Martín Vizcarra (2018-2020). Esta autoriza a que las Fuerzas Armadas realicen "acciones de interdicción terrestre, acuática y aérea contra el tráfico ilícito de drogas en zonas declaradas en estado de emergencia" (Ley No 30796, 2018, Art. 1), sin depender de la Policía Nacional.
En noviembre de 2019, se inició la erradicación de cultivos de hoja de coca en el VRAEM. En una rueda de prensa, el general Carlos Morán, ya en su función de ministro del Interior, señaló que por primera vez en los 37 años de existencia del CORAH, este ingresaría a la zona del VRAEM (El Comercio, 2019). Durante la erradicación forzosa en el distrito de Mazamari, la policía se enfrentó a los campesinos cocaleros que protestaban, dejando como resultado del encuentro a 3 heridos de bala (Ledebur y Grisaffi, 2019). Luego de finalizado este operativo, el embajador de EEUU en Perú, Krishna R. Urs, expresó el apoyo a la estrategia del gobierno peruano para "enfrentar los retos más grandes relacionados con el cultivo de coca, narcotráfico y terrorismo" (Embajada de EEUU en Perú, 2019, párr. 2).
El relato sobre terrorismo/ narcoterrorismo en Perú según la visión de EEUU
Es fundamental considerar que la fusión de los esquemas de antiterrorismo y guerra contra el crimen organizado, más específicamente contra el narcotráfico, tiene su condensación en la figura del "narcoterrorismo", instrumentalizada a partir del atentado a las Torres Gemelas y al Pentágono en 2001. Como muestra de ello, están las políticas de seguridad militarizada en distintos países de la región, dadas a partir del conflicto interno en Colombia y su internacionalización (Delgado Ramos y Romano, 2010; Loveman, 2010).
En ese sentido, considerando el carácter de "modelo" del Plan Colombia, valdría la pena evaluar su contenido contrainsurgente; en el que las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) dejan de ser consideradas como movimiento político para ser catalogadas como un grupo terrorista financiado por el tráfico de drogas (Vega Cantor, 2015). Esa "confusión" ha contribuido a la criminalización y violencia contra las distintas organizaciones políticas y sociales que discuten los esquemas hegemónicos de acumulación de capital, principalmente, en disputas territoriales de zonas estratégicas por sus recursos naturales. La misma también se asocia al fortalecimiento del discurso de la seguridad y estabilidad interna que invita a las fuerzas armadas locales, en alianza a EEUU, a ocuparse de asuntos de orden interno. Lo que facilita la militarización y paramilitarización "abriendo la puerta al negocio de las armas y de la privatización de la guerra, así como de las prácticas de terrorismo de Estado" (Delgado Ramos y Romano, 2010, p. 29). Según definición del Comando Sur (2007), los narcoterroristas obtienen:
financiamiento y el poder de la venta de drogas ilegales (...) y han incrementado los índices de homicidios y secuestros en toda la región, rebasando los límites tradicionales de los Estados. Viven entre la población y la aterrorizan, y se aprovechan de los espacios no gobernados en todo el hemisferio. (p. 9)
En la última Joint Publication 3-07.4 Counterdrug Operations se describe el narcoterrorismo como el total de redes de narcotraficantes que usan el terrorismo contra civiles para promover su agenda. Asimismo, el término hace referencia a los terroristas que usan dinero de la droga para promover su causa (Departamento de Defensa, 2019, pp. 1-15). En base a estas definiciones, distintas agencias del gobierno estadounidense y agencias privadas de seguridad han impulsado una retórica de reedición de la "amenaza" narcoterrorista en Perú como sinónimo del "terrorismo activo" en el hemisferio, cuya insurrección es financiada con dinero del tráfico ilícito de drogas (Comando Sur, 2008, p. 9; Comando Sur, 2012, p. 8).
Los informes sobre terrorismo por país (Country Reports on Terrorism), publicados anualmente por el Departamento de Estado, mencionan a Perú desde su primera edición en 2004. Lo anterior, como país que, al lado de Colombia, enfrenta a movimientos terroristas internos. Según el informe de 2019, Sendero Luminoso tiene entre 250 y 300 miembros, incluidos 60-150 combatientes armados, y sigue siendo una amenaza para la seguridad interna de Perú por brindar servicios de seguridad y transporte a organizaciones narcotraficantes en apoyo a sus actividades terroristas. Este informe también destaca que "a pesar de las protestas y la violencia de los cultivadores de coca, Perú inició la erradicación de la coca en el VRAEM por primera vez" (Departamento de Estado, 2020b, párr. 3).
A su vez, Stratfor, agencia privada de seguridad y estrategia que realiza consultorías para el gobierno estadounidense, adviertió en diciembre de 2007 (momento en que se reanudaron las operaciones contraterroristas en el VRAE) sobre la fusión entre el terrorismo y el narcotráfico (Stratfor, 2007, como se citó en Cable Wikileaks, 2010). Años más tarde, un informe de la misma agencia sugirió que la situación del VRAEM demandaría más cooperación militar de Colombia y EEUU en los rubros de inteligencia, capacitación militar y equipos (Stratfor, 2012). La información detallada anteriormente da cuenta de que el gobierno estadounidense y sus "expertos" contratados vienen impulsando una retórica de redefinición de la frontera interna de la guerra, a partir de la reedición de la "amenaza" narcoterrorista. Recreando así condiciones internas para la estigmatización y criminalización de la resistencia social, el avance de la militarización de los territorios y la "necesidad" de asistencia en materia de defensa y seguridad.
Desde las instituciones estatales peruanas, sobre todo desde el Ministerio de Defensa e Interior, y desde los grandes medios de comunicación y ONGS financiadas por EEUU, como CEDRO e InfoRegión (Cabieses, 2008), se utiliza la idea de "guerra interna" por una supuesta amenaza narcoterrorista para justificar la permanencia de una estructura militarizada en el VRAEM. Esta política no ha logrado desarticular ni al PCP-SL de los hermanos Quispe Palomino, ni al narcotráfico. Pero sí ha contribuido tanto en el proceso de recuperación institucional de las Fuerzas Armadas (Sánchez Montenegro, 2011), como en el proceso para garantizar que el país andino sea uno de los socios más fieles de Washington en la región. Asimismo, considerando que aún los procesos de memoria, verdad y justicia oriundos de los "años de la violencia"7 se encuentran en construcción, es clave percibir la revitalización de la hipótesis ideológica del conflicto, y su traducción a dinámicas autoritarias que oscilan sobre el eje nacional-regional, a partir de la doctrina antiterrorista estadounidense (Lajtman y Mendoza, 2018).
La práctica: asesoría estadounidense en antiterrorismo
Tal como se ha mencionado, en 2007 se retomaron las operaciones contraterroristas en el VRAEM, las cuales han permanecido hasta la actualidad con asesoría militar de EEUU. En septiembre de 2014, el general John Kelly, exjefe del Comando Sur, hizo una visita al VRAEM para analizar junto a las autoridades peruanas la mejor fórmula de intercambio de conocimientos en materia de combate (Defensa. com, 2015). El 9 de enero de 2017, durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), se ratificó el Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno del Perú, con el objetivo de asignar 1 998 824 millones de dólares para los proyectos: SIU Vetted Units ($800 000), Iniciativa Andina ($1 000 000) y Fortalecimiento de la Aplicación de la Ley ($198 824) (Decreto Supremo No 091-2016-RE, 2016).
En la misma línea de eventos, se marcaron las pautas para una nueva serie de ejercicios militares conjuntos y entrenamiento del Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas (CIOEC) y del Comando Especial del VRAEM (Diálogo, 2017).Tal como se puede apreciar en los ejemplos de autorizaciones de ingreso de personal militar (tabla 1), el Destacamento Operacional Alfa (ODA) permaneció durante todo el 2016 realizando entrenamiento de operaciones especiales con el Comando de Fuerzas Especiales del VRAEM. En octubre de 2016, durante en un evento preparatorio para ejercicio naval UNITAS organizado por la Armada de EEUU y realizado por quinta vez en Perú, los infantes de marina peruanos y estadounidenses intercambiaron experiencias profesionales en el VRAEM (Diálogo, 2016). En esa misma fecha, el contraalmirante retirado de la armada peruana, Francisco Calisto Giampietri, regresó al servicio activo como vicealmirante para dirigir el CIOEC.
En una entrevista sobre operaciones conjuntas recientes de Fuerzas Especiales peruanas con EEUU, Giampietri se refirió a la Operación Tenaz:
Los estadounidenses nos ayudaron mucho en la inteligencia previa a la operación. La información que nos dio el Comando Sur nos apoyó mucho para poder desarrollar la operación. Así, pudimos tener un feedback directo con la DEA durante el proceso de la ejecución de la operación. Que yo sepa, nunca antes habíamos tenido un oficial de la DEA en el Estado Mayor del Comando de Inteligencia de Operaciones de Perú durante una operación, o sea, mientras que operábamos teníamos un oficial de la DEA al costado. Así, nuestros requerimientos eran atendidos por la DEA en tiempo real, y ayudaron al movimiento del tablero a nivel táctico de la operación. (Ommati, 2018, párr. 9; énfasis nuestro)
La integración de Perú a la estrategia militar estadounidense se ha intensificado y profundizado, sea directamente vía Washington o indirectamente vía Bogotá. Sobre esta "triangulación", tal como recomendaba el informe de Stratfor de mayo de 2012 citado anteriormente, durante una visita a Lima en octubre de 2012, el entonces secretario de Defensa de EEUU, León Panetta señaló que: "Estados Unidos se encuentra listo para trabajar con el Perú en planeamiento conjunto, intercambio de información y cooperación trilateral con Colombia para abordar nuestras inquietudes compartidas sobre seguridad" (Isacson, Haugaard, Poe, Kinosian y Withers, 2013, p. 26).
Así, en este mismo año, 120 efectivos de las Fuerzas Especiales peruanas que operaban en la región del VRAEM recibieron entrenamiento en técnicas de asalto aéreo por la División de Aviación del Ejército Colombiano (Webinfomil, 2012). Otro ejemplo de "triangulación" fue el juego de planeamiento conjunto y combinado de operaciones especiales Lanza del Sur, realizado en agosto de 2017 en Homestead (Florida). Este se llevo a cabo entre las Fuerzas de Operaciones Especiales de EEUU, Perú y Colombia, con el objetivo de potenciar las capacidades de las fuerzas de operaciones especiales, elevar el intercambio de inteligencia y desarrollar procedimientos para el uso de la fuerza en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo (Diálogo, 2017).
Desastres naturales, ayuda humanitaria y entrecruzamiento con el antiterrorismo
A la lucha contra las drogas y el terrorismo, ámbito por excelencia de las Fuerzas Armadas de EEUU en ALC, se suma una supuesta vulnerabilidad en cuestiones ambientales y la preparación frente a desastres naturales, las cuales justifican la "necesidad" de la presencia de militares estadounidenses en todo el continente. Esto, con el objetivo de capacitar a las fuerzas armadas locales y brindar asistencia humanitaria. En el caso de Perú, la cooperación militar en este ámbito ha venido adquiriendo centralidad y "entrecruzandose" con la asistencia y el entrenamiento antiterrorista.
En el documento estratégico del año 2008, US Southern Command Strategy 2018: Partnership for the Americas, Washington coloca por primera vez a las emergencias climáticas y sus consecuentes crisis humanitarias como uno de los escenarios estratégicos territoriales donde intervenir (Guido, 2014). En este mismo año, y a pocos meses del descubrimiento de los enormes yacimientos petrolíferos del Presal brasileño, se reactivó la IV Flota del Comando Sur, luego de 58 años de inactividad, para patrullar los océanos Atlántico y Pacífico Sur con supuestos fines humanitarios y de control del terrorismo y el narcotráfico.
Una década después, el documento estratégico del Comando Sur, Theater Strategy 2017-2027, planteó que los desastres naturales y el brote de enfermedades infecciosas siguen ocupando un rol prioritario en los desafíos de la seguridad. En la declaración ante el Congreso de abril de 2017, el entonces jefe del Comando Sur, almirante Kurt Tidd, llamó la atención sobre que, además del desafío planteado por las redes del crimen organizado, "América Latina y el Caribe también son vulnerables a los desastres, incluyendo terremotos, huracanes, sequías y el brote de enfermedades infecciosas con potencial de impacto secundario en los Estados Unidos" (Comando Sur, 2017, p. 7).
La cooperación que brinda el gobierno estadounidense se articula por medio de la USAID y del Comando Sur. Desde el 2007, la Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero de EEUU (OFDA) de la USAID ha respondido a más de 90 desastres en la región (USAID/OFDA, 2020). A su vez, el Comando Sur (2008) define como objetivo fomentar la participación de las naciones socias en los ejercicios de respuesta ante desastres y gestión de consecuencias. La situación de Haití frente al terremoto del 2010 es el ejemplo más claro respecto a las funciones complementarias del brazo militar y de "asistencia humanitaria" en la región. El despliegue desproporcionado de Fuerzas Militares estadounidenses a cargo del Comando Sur subordinó la misión de la ONU, controlando los principales puntos estratégicos y el flujo de la asistencia humanitaria internacional, y aumentando la capacidad bélica en la cuenca caribeña, alrededor de Cuba y en la zona de Petrocaribe (Ceceña, 2012).
La atención a los desastres naturales y la ayuda humanitaria vinculada a estos se ha convertido en tema destacado de las agendas de defensa del continente. A nivel multilateral, en todas las declaraciones de la Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas (CMDA) pueden encontrarse referencias a las acciones frente a los desastres naturales. De hecho, la declaración de la XII CMDA planteó la necesidad de nuevos mecanismos de cooperación para mejorar y ampliar la capacidad de respuesta de la región en la prevención y mitigación de los efectos de los desastres naturales. En esa ocasión, el entonces ministro de Defensa del Perú, Mariano González Fernández, detalló el trabajo del Ministerio "para combatir a los remanentes terroristas aliados con el narcotráfico" (Ministerio de Defensa, 2016, párr. 3), así como el trabajo que se realizó en prevención y respuesta a la atención de desastres. Un hecho clave en este contexto fue la transferencia del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) al Ministerio de Defensa, realizada mediante el Decreto Supremo N°002-2016-DE (Decreto Supremo No 002-2016-DE, 2016), al considerar que sus funciones estaban estrechamente vinculadas con la política de seguridad y defensa nacional.
Es fundamental mencionar el hecho de que con financiamiento del Programa de Asistencia Humanitaria del Comando Sur, a partir del 2008 se empezaron a ubicar una serie de instalaciones para la ayuda humanitaria y respuesta a desastres naturales, denominadas Centros de Operaciones de Emergencias (COE) y Centros de Operaciones de Emergencias Regionales (COER), en países como Perú, Paraguay, Haití, El Salvador, Nicaragua y Honduras, como parte de una redefinición del uso de las instalaciones militares tradicionales. Perú es el país con más instalaciones de esta naturaleza en distintos lugares estratégicos a lo largo y ancho del país. Estas empezaron a ser construidas en el 2009 y supusieron una inversión superior a los 20 millones de dólares (Embajada de EEUU en Perú, 2017). En la actualidad, se registra la existencia de dieciocho centros distribuidos en Arequipa, Chiclayo, Junín, Tumbes, Pucallpa, San Martín, Tacna, Cusco, Piura, Puno, La Libertad, Loreto, Cajamarca, Ancash, Moquegua, Huancavelica, Huánuco y Apurímac (figura 2).
Los COER peruanos consisten en grandes almacenes y polígonos de entrenamiento de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas que, en conjunto, forman una amplia red de respuesta en caso de emergencias. Además, estos posibilitan el relevamiento de información y control sobre la población y los territorios, y sirven como forma de adiestramiento tanto civil como militar. Durante visita al COER de Tacna, efectivos del Comando Sur brindaron capacitación al personal técnico de la Oficina Ejecutiva de Defensa Nacional y del INDECI Tacna en los cursos Sistema de soporte logístico y gestión de almacenes de emergencia y Manejo de centros de operaciones de emergencia (Correo, 2018).
En marzo del 2017, Perú fue afectado por el fenómeno del Niño Costero que dejó más de 100 muertos y casi un millón de afectados. La ayuda del gobierno de EEUU fue de más de 6 millones de dólares, canalizada a través de la ONG Save the Children (Embajada de EEUU en Perú, 2017). En ese contexto, el embajador estadounidense en Lima, Brian A. Nichols, indicó que "los expertos de su país apoyan a Defensa Civil y que se han movilizado a la costa norte peruana varios helicópteros estadounidenses que se encontraban en la Amazonía para la erradicación de cultivos de coca" (La Nación, 2017, párr. 5).
En relación a la dinámica que entrelaza el antiterrorismo con la respuesta a desastres, se observa que, en el marco del Programa de Asociación Estatal de la Guardia Nacional de Virginia del Este, del que Perú forma parte desde 1996, se han realizado 120 intercambios de asesoría y entrenamiento, cuyo eje se ha centrado en la contrainsurgencia, el antiterrorismo, la preparación para emergencias y la respuesta a desastres (Comando Sur, 2018). Asimismo, desde 2010 efectivos de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) reciben capacitación en la Escuela de Aviación del Ejército de EEUU en Fort Rucker, Alabama. Según la apreciación de oficiales que asistieron al curso realizado entre julio de 2017 y febrero de 2018, en este se vienen aplicando las enseñanzas de los instructores norteamericanos en la lucha contra el narcoterrorismo en el VRAEM estos años de adiestramiento fueron fundamentales para atender el fenómeno climatológico del Niño Costero en 2017 (Pelcastre, 2018). Este entrecruzamiento también se ve reflejado en la Estrategia Integrada de la Embajada de EEUU en Perú al afirmar que la misión diplomática se enfocará en "desarrollar la capacidad peruana para mitigar los riesgos que plantean los desastres naturales, el crimen y el terrorismo (...) se basará en la cooperación militar-militar existente, fortaleciendo el intercambio de información que protege el suelo patrio estadounidense (US homeland)" (Departamento de Estado, 2020a, párr. 3).
Reflexiones finales
La información presentada abre nuevas posibilidades de análisis sobre la dimensión real de la presencia militar de EEUU en Perú. La cual suele pasar desapercibida en los análisis sobre las relaciones entre EEUU y ALC. En conjunto, los datos revelan que esta presencia es mucho mayor (en términos cuantitativos) de lo que se suele considerar a simple vista. Pero, también revelan que esta está profundamente arraigada de forma institucional, y facilitada por los sucesivos gobiernos que, de la mano de la implementación de una política neoliberal radical, han puesto el territorio nacional a disposición de las Fuerzas Armadas estadounidenses.
Es sorprendente que, sin acuerdos al nivel del Plan Colombia o la Iniciativa Mérida, haya sido posible mantener al país andino en la órbita de la seguridad hemisférica estadounidense. Siendo el tercer país que más recursos y entrenamiento recibió de EEUU. En ese sentido, como se ha planteado en el presente escrito, esta dinámica low profile se viene materializando en dos ámbitos complementarios:
Tras el argumento de contrarrestar supuestas amenazas "narcoterroristas", en continuidad con los lineamientos de la guerra contra las drogas, y revitalizando la hipótesis "ideológica" del conflicto.
Configurando a los desastres naturales como justificativo para la cooperación en materia de defensa, incluyendo entrenamiento y construcción de infraestructura como los COER, que se suman al acceso (en la mayor parte de los casos, informal) a bases policiales y militares peruanas.
Tal como se ha demostrado, muchos de los ejercicios y entrenamientos militares conjuntos abordan tanto la actuación contra el narcoterrorismo en el VRAEM, como la atención a fenómenos climatológicos y sus posibles consecuencias. Lo que permite visualizar una dinámica de entrecruzamiento/complementariedad entre ambas "amenazas".
El caso peruano muestra también una forma distinta a la clásica colocación de bases militares, la cual da la posibilidad a EEUU de no tener la responsabilidad de una base, su costo por administración y mantenimiento, y el costo político que implica. Por ello, Perú muestra una vía de militarización "tercerizada" que ha sido silenciosa en lo que va del siglo, y que no ha sido afectada por la enorme inestabilidad política del país andino. Entre tantos escándalos de corrupción, las Fuerzas Armadas de Perú han sabido colocar sus intereses por encima de los objetivos de EEUU.
Desde una mirada geopolítica regional, este análisis es un aporte para pensar y complejizar sobre la injerencia estadounidense en Perú como parte de una estrategia de reorganización hegemónica continental. En un marco complementario de la Alianza del Pacífico y desde una perspectiva ampliada del Plan Colombia, el refuerzo de la presencia militar en los Andes, la Amazonía y el Pacifico conforma una franja militarizada desde México, pasando por Centroamérica, Colombia y Ecuador (desde el gobierno de Lenin Moreno se han profundizado los vínculos en materia de seguridad, y recientemente Ecuador ha firmado los términos de referencia para ingresar a la Alianza del Pacífico), hasta Perú y Chile.
