Introducción

El presente artículo discute sobre el uso contemporáneo de dos de las principales herramientas estratégicas del uso del poder que tienen los Estados en su interacción con los demás actores del sistema internacional. Parte de la siguiente pregunta: ¿Cómo se puede definir mejor la estrategia de Colombia con respecto a su asociación con la OTAN: disuasión o contención? Para contestar esta incógnita se propone desarrollar un balance de las estrategias que ineludiblemente llevan al estudio de la historia del pacto y del uso de estas herramientas de poder de los Estados desde la política internacional.

Desde el punto de vista metodológico, el escrito corresponde a un artículo derivado de una investigación cualitativa que para ^{Hernández Sampieri, Fernández y Baptista (2010}):

Utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. (...) El investigador o investigadora plantea un problema, pero no sigue un proceso claramente definido. Sus planteamientos no son tan específicos como en el enfoque cuantitativo y las preguntas de investigación no siempre se han conceptualizado ni definido por completo. (pp. 7-9)

Así, se empleó la consulta de fuentes disponibles como los documentos de la OTAN que organizan jurídicamente el acuerdo y la vinculación de Colombia al pacto, además de otras fuentes oficiales como la ^{Cancillería de Colombia}.

Teóricamente el análisis parte de las teorías clásicas y críticas de la disciplina de las relaciones internacionales que describen el comportamiento de los actores en el sistema internacional caracterizado por su constante choque y su anarquía prevalente. En sintonía con esto, el análisis de la estrategia de los Estados parece interpretarse mejor desde el punto de vista de las teorías estatocéntricas en la medida en que estudian la interacción de los actores a partir de sus conductas (behaviorismo). Adicionalmente, el realismo periférico ubica a Colombia dentro de los márgenes de acción de países que no ejercen influencia directa en el sistema del poder global, pero que alinean sus estrategias en materia de política exterior con las potencias.

Antecedentes y alcances jurídicos de la OTAN

La Conferencia de San Francisco en 1945, mediante la cual se creó las Naciones Unidas, marcó un hito histórico importante en el que cincuenta países expresaron su deseo de convivir y conservar la paz y evitar una guerra catastrófica como la que acababan de atravesar, cuyas secuelas dejó a gran parte de Europa en ruinas¹.

No obstante, la tensión entre Estados Unidos (EE. UU.) y la Unión Soviética (URSS) por establecer un sistema económico predominante durante la posguerra en Europa (capitalismo vs. comunismo) y por obtener el control sobre las armas atómicas, se escalaba con mayor intensidad a medida que avanzaba el tiempo. En primer lugar, EE. UU. desarrolló el Plan Marshall, un programa de recuperación y reconstrucción de las zonas azotadas por la guerra que eliminaría las barreras al comercio y realizaría una inserción segura a la economía en Europa occidental. En efecto, según Camilo ^{Díaz (2018}) el gobierno estadounidense de la época se aseguró de que la reactivación económica garantizara que Europa occidental tuviese estabilidad política y fuese menos susceptible a las presiones e influencias de la URSS. Del mismo modo, se establecería un bloque de fuerzas y alianzas entre los países en contra de la difusión del comunismo y de la expansión soviética (OTAN y Pacto de Varsovia).

En segundo lugar, la creciente desconfianza respecto al uso de armas atómicas y una posible guerra entre ambas potencias llevó a la creación de la Comisión de Energía Atómica de la ONU en 1946 y a la firma y ratificación de un tratado sobre la proliferación de armas nucleares (Plan Baruch) según el cual tales armas debían obedecer al interés común de las naciones y no a uno bélico. Sin embargo, EE. UU. y la URSS no llegaron a ningún compromiso formal según la regulación de los principios del derecho internacional respecto a la entrega, prohibición y destrucción de este tipo de armamento: ambos bloques condicionaban la aplicación del tratado a que el bando opuesto entregase sus armas primero. En consecuencia, el enfrentamiento ideológico, político y económico de ambas superpotencias por obtener el control del sistema internacional desencadenó el inicio de la Guerra Fría, cuyas reglas implícitas establecieron los límites de competencia entre sí: 1) respetar las zonas geográficas de influencia de cada potencia; 2) evitar el enfrentamiento militar directo de las potencias por asuntos de terceros y 3) evitar a toda costa el uso de armas nucleares en enfrentamientos (Gladis, 1987; Garthoff, 1985 y Lawrence, 1989 citado en ^{Díaz, 2018}, p. 9).

Por otro lado, EE. UU. adoptó la Resolución Vandenberg propuesta por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado en 1948, que le permitía al país participar en alianzas militares en razón a la seguridad nacional y la conservación de la paz mediante acuerdos o pactos de legítima defensa conforme al artículo 51 de la Carta de la ONU². Esta resolución fue el antecedente inmediato para la creación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de 1949 firmado en Washington, con el propósito de establecer una alianza militar defensiva en pro de los principios democráticos de los países del hemisferio norte para promover la defensa colectiva, la conservación de la paz y la seguridad (^{OTAN, 1949}).

En caso de peligro o amenaza a la soberanía, independencia política, seguridad o integridad territorial de alguno de los países miembros del tratado, este consultaría con los demás miembros (^{OTAN, 1949}, art. 4). Además, un ataque armado en territorio de América del Norte o en Europa en contra de uno o más de los adherentes implicaría que este fue dirigido a todos los países aliados de la OTAN y, por consiguiente, podrían ejercer su defensa colectivamente acorde con el artículo 51 de la Carta de la ONU e incluso se legitimaría el uso de la fuerza armada para restablecer el orden público y la seguridad nacional (^{OTAN, 1949}, art. 5).

Ahora bien, conforme a la OTAN “la firma del Tratado del Atlántico Norte había creado aliados, no había creado una estructura militar que pudiera coordinar eficazmente sus acciones” (^{OTAN, s. f.}). Sin embargo, esta estructura se consolidó gracias a la detonación de la primera bomba atómica RSD-1 de la URSS en 1949 y la guerra de Corea en 1950; y como efecto, se creó el Cuartel General Supremo de las Potencias Aliadas de Europa (SHAPE) y posteriormente una secretaría civil permanente en París.

Tiempo después Europa del Este firmó el Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua de 1955 conocido como el Pacto de Varsovia que instituyó un mando conjunto de defensa entre los países adherentes para proteger la independencia, soberanía y no intervención en asuntos internos conforme a los principios de la Carta de la ONU y nuevamente, acorde con su artículo 51. De igual forma, autorizó y legitimó la presencia del cuerpo militar soviético en esos países. En consecuencia, esta alianza surgió para proteger los ideales y políticas comunistas de sus países miembros y con el objetivo de hacerle frente a la OTAN. No obstante, la URSS realizó varias intervenciones militares con el argumento de la seguridad regional para impartir su régimen y mantener la subordinación de sus aliados, como las realizadas en Hungría (1956), Checoslovaquia (1968) o Afganistán (1980), miembro no perteneciente al Pacto de Varsovia.

Asimismo, la Guerra Fría tuvo importantes efectos en la década de los sesenta en todo el orbe: la construcción del muro de Berlín en 1961, que dividía a la Alemania Federal del este de la Alemania

Democrática del oeste y la llegada de la lucha ideológica y política a países tercermundistas como Cuba, que adoptó una postura comunista con la llegada de Fidel Castro (1959-2008) al poder y el apoyo a la ideología de la URSS. Por ello, durante ese periodo la OTAN acogió una política estratégica represiva: si la URSS amenazaba con atacarla usaría armamento nuclear en su defensa. Sin embargo, durante esta década hasta los años setenta las superpotencias optaron por retomar el diálogo, la cooperación y el respeto mutuo³.

De igual modo, ambos bloques firmaron los Convenios SALT I y SALT II (conversaciones sobre limitaciones de armas estratégicas) con el objetivo de limitar el uso y desarrollo de armamento nuclear. Pero, debido a la tensión entre EE. UU. y la URSS estos convenios no se cumplieron y la OTAN desplegó misiles balísticos de largo alcance (Pershing 2) en 1979 con el fin de presionar a la URSS para negociar los límites en el uso de este tipo de armamento. Solo hasta la década de los ochenta, después de la explosión de la planta nuclear de Chernóbil, el mundo comprendió las consecuencias devastadoras de la energía nuclear. Por ello, ambas potencias firmaron el Tratado de las Fuerzas Nucleares Intermedias (FNI) en 1987 para la eliminación de las armas nucleares de largo alcance lanzadas desde tierra y, consecuentemente, se abrieron las puertas para el diálogo entre el Pacto de Varsovia y la OTAN. En efecto, para esta década se vislumbró el fin de la Guerra Fría, toda vez que la URSS se comenzó a desintegrar, su economía había disminuido considerablemente y para 1989 el muro de Berlín en Alemania abría sus fronteras.

En consecuencia, el Pacto de Varsovia desapareció como organización en 1991 y la OTAN cambió su rumbo estratégico: amplió el área de interés geográfico y el estudio de las amenazas a sus miembros incluía el análisis de disputas territoriales, rivalidades étnicas y problemas políticos o económicos. Por tanto, sus intereses iniciales de equilibrio y poder se posicionaron al final de las mencionadas amenazas. Entre 1995 y 1999 la “nueva” OTAN intervino militarmente por primera vez y apoyó a la ONU en el conflicto armado interno de los Balcanes, producto de la guerra en Bosnia y Herzegovina y en la región de Kosovo, en donde lanzó misiles durante nueve días seguidos y posteriormente envió soldados para restablecer la paz en ese país, lo que concluyó con la firma del Acuerdo de Paz de Dayton.

El ataque terrorista contra el World Trade Center (Torres Gemelas) y el pentágono del 11 de septiembre de 2001 marcó un hito en la OTAN pues, además de ser su segunda participación en un conflicto armado, fue la primera vez que la organización invocó el artículo 5 de su Tratado de creación para defenderse colectivamente del grupo terrorista Al-Qaeda en Afganistán, que realizó varios ataques violentos a los miembros de la OTAN. Adicionalmente, la OTAN participó en el conflicto armado de Libia en 2011 para proteger a los civiles atacados por su propio gobierno. Hoy esta organización vela por defender a sus miembros no solo de ataques militares armados sino de los ciberataques perpetrados en contra de la seguridad nacional.

La OTAN y su relación con Colombia

Los primeros acercamientos entre la OTAN y la República de Colombia datan del periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez (2002 y 2010) cuando EE. UU. consideraba a Colombia como un potencial miembro de la organización. Pero esas negociaciones no fueron fructíferas. El acercamiento se consolidó en el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), toda vez que, para la época, el país se consideró un modelo en seguridad y defensa nacional en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico (^{Garay, Cubides y Rondón, 2019}, p. 12). En 2013 Colombia firmó un acuerdo con la OTAN sobre cooperación y seguridad de la información, que se adoptó mediante la Ley 1734 de 2014 -el primero de la organización con un país latinoamericano-. En efecto, con este acuerdo se establecieron pautas de cooperación, confidencialidad y seguridad de la información suministrada entre sí en materia de derechos humanos, lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado y justicia y proyección del sector defensa del país. Además, cabe resaltar que, conforme a las declaraciones del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón Bueno, el acuerdo no genera una vinculación como miembro de la OTAN sino un esfuerzo conjunto y de cooperación entre ambas partes. De hecho, la firma de este acuerdo “no implica la participación de las tropas colombianas en conflictos de otros países ni que se instalen bases militares pertenecientes a otras naciones en el territorio colombiano” (^{Lara y Jímenez, 2019}, p. 27).

Este acuerdo fue declarado inexequible por vicios existentes en el procedimiento de su adopción normativa, toda vez que la Corte Constitucional consideró que no se cumplió con el quorum decisorio ni con su aprobación por mayoría simple. Además, la Procuraduría General de la Nación, ejerciendo como interviniente en tal acción constitucional, mostró su preocupación respecto de la protección a la información sensible de los ciudadanos y al derecho fundamental al habeas data (^{Corte Constitucional, 2015}). Entonces el Gobierno presentó un nuevo proyecto de ley que se aprobó y materializó por medio de la Ley 1839 de 2017.

En mayo de 2017 se aceptó a Colombia como socio de la OTAN y se estableció el programa de cooperación individual en el ámbito de seguridad cooperativa conocido como Individual Partnership Cooperation Program (IPCP), cuyo fin fue establecer “valores democráticos y estrategias en temas de seguridad internacional que incluyan actividades de educación y entrenamiento militar, seguridad marítima, buena gobernanza, aplicación de buenas prácticas y transparencia” (^{Lara y Jímenez, 2019}, p. 51). En este sentido, según el coronel (RA) Juan ^{Padilla (2018}) Colombia podrá acceder a programas educativos, pertenecer al club de buenas prácticas en defensa y tener la posibilidad de que los miembros de la fuerza pública participen en las misiones internacionales organizadas por la OTAN.

De todos modos, existen retos por enfrentar. ^{Torrijos y Avella (2017}) proponen tres grandes desafíos de la OTAN, que de cierta manera pueden impactar a Colombia. En primer lugar, lo que los autores llaman “la reafirmación de la vigencia de la OTAN [lo cual] constituye un primer desafío fundamental”. La misión de esta organización se ha venido ajustando a las características del sistema internacional, por lo que cuando no hubo amenazas serias de una confrontación, pareciera que la razón de ser de la organización se desvirtuara parcialmente. En sentido contrario, en escenarios de riesgo bélico global o regional, la organización puede terminar facilitando panoramas de carrera armamentista, militarización y proliferación. El segundo desafío mencionado por los autores es “el desarrollo cada vez más urgente de que se implementen intervenciones acertadas e integrales ante los riesgos de erosión de Estados y gobiernos alrededor del mundo”, o lo que se puede entender como el riesgo reputacional por intervenciones cuestionadas. El último de los desafíos planteado por los autores es “la necesidad y presión que tiene la organización en el presente para responder a las expectativas de la comunidad internacional ante los retos que impone la crisis humanitaria de los migrantes de Oriente Medio”, lo cual se suma al costo reputacional planteado en el segundo de los retos (Torrijos y Abella, 2017).

En respuesta a los retos planteados por los autores citados desde el realismo periférico (^{Escudé, 2009}), el costo reputacional de la OTAN afecta en mayor medida a los Estados hegemónicos, que decidirían los parámetros de intervención en determinados teatros de operaciones. Así las cosas, buena parte de los desafíos se disipan y, para el caso colombiano, son más los beneficios que los costos. Por tanto, resulta racional que un actor periférico decida formar parte de una organización multilateral para posicionar subsidiariamente sus intereses -según lo planteado por Escudé- en la medida en que quede amparado por los intereses del hegemón. Colombia, efectivamente, decidió abrirse un camino como socio global de la OTAN para encontrar un espacio práctico y poco costoso a la hora de posicionar su agenda.

Justamente la Cancillería colombiana ha sido pragmática para encontrar en este acuerdo una vía para afianzar su proyección de poder en un entorno favorable y poco desgastante. Según el ministerio, la relación entre la promoción de los intereses y el acceso a estos foros multilaterales es clara, tal como queda expuesto en los Principios y lineamientos de la política exterior colombiana, al afirmar que:

Para aprovechar las oportunidades que ofrece el mundo de hoy, y apuntalar más sólidamente la promoción de los intereses nacionales, Colombia debe seguir diversificando estratégicamente su agenda de política exterior y sus interlocutores tanto gubernamentales como no gubernamentales, profundizando sus relaciones históricas e identificando nuevos escenarios y áreas de convergencia. (2018)

De manera más puntual, la entidad ha propuesto que lo multilateral, enfocado en la seguridad y en la defensa, debe marcar uno de los objetivos de la política exterior. Para ello, el Plan Estratégico Institucional 2019-2022 (Cancillería de Colombia, 2018) retoma algunos de los aspectos propuestos por el plan antecesor y propone la preeminencia de lo multilateral como una herramienta definitiva para la promoción de la seguridad y la estabilidad internacional (Objetivo estratégico 1). Dicho de otra forma, Colombia emplea el espacio multilateral para fortalecer su capacidad de acción en seguridad y defensa, de manera que pueda proyectar poder duro -conforme la razón de ser de la OTAN-, pero mantiene simultáneamente un enfoque constructivista -y por momentos idealista- sin posicionar un discurso beligerante en la arena internacional. Esto es un claro enfoque desde el realismo periférico, que abre las puertas al poder duro, sin caer en desgastes reputacionales (Serrano y ^{Montero, 2019}).

Otras perspectivas refuerzan lo planteado hasta el momento. El valor agregado de la participación en la OTAN se refleja en el concepto estratégico de la organización, que ha evolucionado desde sus orígenes mismos hasta el momento marcado por el compromiso antiterrorista global. El más reciente de los conceptos estratégicos plantea que el terrorismo y las armas de destrucción masiva -o de daño masivo, lo cual amplía sustancialmente el espectro- constituyen las principales amenazas que se deben resolver. Esta perspectiva quedó cimentada en la Comprenhensive Political Guidance de 2006, desarrollada en la Cumbre de Riga (^{Montero, 2008}).

Los elementos presentes en el Guidance configuran una evidencia adicional de la articulación de los intereses colombianos con la OTAN, que entienden el terrorismo como una amenaza sustancial para ambas partes.

Ahora bien, conforme a la evolución del sistema internacional, Rusia constituye, junto con China y otros actores estatales, la amenaza más preeminente para Occidente. Europa central y oriental han sido claros tableros de ajedrez a los que la organización ha sabido responder a retos provenientes desde Moscú, por intermedio de despliegues y ejercicios militares. Rusia también ha querido ampliar su campo de acción en Europa y ha fortalecido sus posiciones y sus aliados como Bielo- rrusia (^{Montero y Velandia, 2019}). Este panorama de competencia tiene serias implicaciones para Colombia, toda vez que la región suramericana no es ajena a los intereses de actores estatales extrarregionales, muchos de ellos en franca oposición a los intereses de Estados Unidos. Este escenario sin duda traerá una inestabilidad regional a la cual Colombia responde con pragmatismo, por intermedio de su estatus como socio global de la OTAN.

Análisis teórico de la estrategia de Estado de cara al pacto con la OTAN

Las misiones internacionales de la OTAN son herramientas de transmisión de poder en función de una agenda colectiva que, aunque priorice las necesidades del más fuerte -en este caso EE. UU- puede, desde una perspectiva del realismo periférico, ayudar a apuntalar los intereses de actores periféricos como Colombia. Ya desde los años setenta se pensaba en el rol de las organizaciones internacionales con base en una visión normativa y de ordenamiento internacional, fundamentalmente neorrealista. En ese sentido, Vargas Hernández es enfático cuando propone que

Las instituciones son reflexiones del poder del Estado y de la relativa distribución de sus capacidades, lo que las hace ligadas a los intereses del Estado en primer lugar y por virtud de ello a la estructura de la anarquía de los sistemas internacionales. (2009, p. 121)

En el caso de la OTAN, lo que plantea el neorrealismo se evidencia con mayor claridad. La organización tuvo desde sus comienzos un carácter absolutamente normativo a la hora de organizar a los aliados de EE. UU. en torno al adversario común que era la URSS. Ahora bien, con la mutación del sistema bipolar hacia uno multipolar orientado a la ampliación del concepto de seguridad, la organización queda más expuesta a apoyar la búsqueda de intereses de actores secundarios. En ese sentido, los aportes de Carlos Escudé a la discusión ofrecen un panorama explicativo para la canalización de los intereses de actores secundarios por medio de las organizaciones internacionales, especialmente aquellas basadas en la expresión del poder duro. Para el autor del realismo periférico, la posibilidad de que un actor no hegemónico promocione eficientemente sus intereses depende de la habilidad que este actor tenga de acoplarse a los intereses del hegemón y de no tomar un camino de confrontación contra él ni contra sus prioridades. En ese sentido, Escudé plantea:

Desde el punto de vista del realismo periférico, sin embargo, lo que importa es que cuando lo hacen los fuertes, la ecuación de costos y beneficios es positiva para los perpetradores, mientras cuando la defraudación es intentada por un Estado débil, los costos de la transgresión suelen superar en mucho a los beneficios. Reiterando la sagaz sentencia de Tucídides, pronunciada para nuestro beneficio en el siglo V antes de Cristo: “Los fuertes hacen lo que pueden, los débiles sufren lo que deben”. (2009, p. 9)

A partir de la argumentación anterior, queda abierta por tanto la discusión de la pertinencia de la asociación subsidiaria de países periféricos a organizaciones como la OTAN. En otras palabras, es completamente útil que Colombia quiera incorporarse como socio estratégico global de la OTAN, para que la organización canalice sus intereses, siempre y cuando las aspiraciones de Colombia sigan una línea similar a las de Estados Unidos, lo cual es altamente posible a partir de nuestra tradicional inclinación por la doctrina Respice Polum (mirar hacia el norte).

El pacto con la OTAN como una estrategia de disuasión de la amenaza en el hemisferio

Desde los conflictos de la antigüedad los Estados han empleado la disuasión como herramienta estratégica para hacer desistir al adversario de una acción en contra de sus propios intereses; es decir, prevenir la acción so pena de un castigo sin que signifique una amenaza directa. Es una estratega sutil que incorpora el arte de la diplomacia y la demostración del poder militar sin que sea necesariamente usado. En plena génesis de la geopolítica moderna del siglo XIX, la demostración de la fuerza fue una herramienta frecuentemente usada por las potencias mundiales; los desarrollos tecnológicos propios de la Revolución Industrial y las nuevas técnicas de producción a escala ampliaron la brecha entre los países industrializados y aquellos cuyas fuentes tecnológicas eran escasas, lo que reflejó por primera vez una disparidad notable en el tablero mundial.

La diplomacia de cañonero (Gunboat Diplomacy) fue la estrategia que, usando la ventaja, emplearon las potencias industrializadas neocoloniales para disuadir a varios países periféricos de aceptar tratos desiguales -por lo general de naturaleza comercial-, como la llegada del Comodoro de Mathew Perry a Japón en las postrimerías del Shogunato Tokugawa (1867) y el arribo a costas venezolanas del SMS Panther durante el bloqueo naval de los británicos al país suramericano 1902-1903, uno de los episodios más relevantes de vulneración de la Doctrina Monroe⁴ instaurada en el hemisferio por Estados Unidos.

Sin embargo, la maduración de la disuasión como teoría comenzaría a cautivar a la comunidad académica desde el fin de la segunda Guerra Mundial y el inicio de la era nuclear. A partir del estudio sistemático de la política internacional, del énfasis en el comportamiento de los actores internacionales (behaviorismo) encaminó su énfasis como una estrategia de la prevención de guerra y se convirtió de esta manera en “(...) uno de los más elaborados intentos de teorización rigurosa en el campo de las ciencias sociales” (^{Sodupe, 1991}, p. 54).

Desde entonces, parte importante de la formulación de la política internacional de EE. UU., tuvo un predomino notorio de acciones de disuasión a la URSS y su lucha frontal contra la ideología comunista. Ante el dominio de los paradigmas estatocéntricos, a la sazón realismo y neorrealismo, resulta plausible afirmar que la estrategia de seguridad de los EE. UU. direccionó sus acciones a disuadir a la URSS del uso de las armas nucleares y evitar una guerra de proporciones catastróficas para la misma subsistencia de la humanidad. Según el mismo autor vasco:

(…) la disuasión hace referencia a un conjunto de relaciones entre Estados que se sitúan en el centro mismo del paradigma estatocéntrico. Es necesario resaltar que, con arreglo a este paradigma, los Estados operan en un sistema internacional anárquico. Aun dejando al margen los postulados realistas sobre la naturaleza humana, la ausencia de una autoridad central es un elemento suficiente en sí mismo para justificar el carácter eminentemente conflictivo de la política internacional. En un sistema de estas características, los responsables políticos han de procurar poseer aquellas cotas de poder que garanticen la consecución de los intereses nacionales de sus respectivos países. (^{Sodupe, 1991}, p. 55)

De la misma forma en que el enfoque estato-céntrico configura una parte importante de la disuasión, la anarquía también fundamenta su accionar porque las herramientas de la política exterior, la diplomacia y las armas están al mismo nivel (^{Kissinger, 1996}). La disuasión resulta ser el punto de equilibrio entre estos mecanismos. Es importante destacar que su empleo de la disuasión difumina la política y la guerra en el manejo de los asuntos internacionales de los Estados.

En la práctica, la discusión fue efectiva durante la Guerra Fría en la medida en que la observación de su evolución nota la ausencia de la confrontación directa entre las dos superpotencias hegemónicas. Si bien, como lo hemos anotado anteriormente, la disparidad del armamento disponible ante la evolución de las capacidades tecnológicas permite la disuasión con más facilidad ante los débiles, paradójicamente, las armas atómicas y sus capacidades demostradas en Hiroshima y Nagasaki en febrero de 1945 sirvieron como experiencia suficiente para que después de la Crisis de los Misiles se materializara un canal de comunicación directo entre Washington y Moscú para dialogar antes de cualquier acción militar. En la actualidad, la experiencia de la Guerra Fría ha llevado a la firma de compromisos en cuanto a reducción de armamento nuclear y la renuncia de los países emergentes al desarrollo de programas con estos propósitos.

Acorde con todo lo anterior y con la premisa esencial de la garantía de los intereses nacionales, la seguridad y la defensa nacional, la política estadounidense se centró, entre otras, en la implementación de estrategias orientadas a garantizar sus intereses y a contener la expansión de los de la URSS. Este escenario motivó la creación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) firmado en Washington en 1949, con el objetivo de forjar una alianza militar defensiva a favor de los principios democráticos de la libertad individual y el imperio de la ley de los países del hemisferio norte para promover la defensa colectiva, la conservación de la paz y la seguridad (OTAN, 1949).

La anexión de Colombia al pacto como partnertship o socio global supone, si no la consecución de sus intereses nacionales mediante la alianza, sí la potencialización de su posición como actor en el escenario regional de cara a proyectos políticos ideológicos antagonistas en la región. ^{Torrijos y Abella (2017}) resumen así esta situación, acorde con el contexto descrito:

(...) las reacciones regionales e internacionales no se hicieron esperar. Los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Bolivia interpretaron el acuerdo como un primer paso de Colombia para convertirse en miembro de ese organismo y como una amenaza para la estabilidad regional. Por su parte, Brasil y Ecuador manifestaron su inquietud en razón a que algunas potencias que conforman la OTAN se han manifestado contra la integración y los asuntos internos del continente. Además, consideraron que el acercamiento podría amenazar la soberanía amazónica de los países latinoamericanos. En el caso de Bolivia, el gobierno solicitó hacer una convocatoria urgente para llevar a cabo una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Unasur para analizar los riesgos que podría tener para la región esta iniciativa colombiana. (p. 63)

Aun cuando los voceros de la Organización han salido en la defensa de Colombia y de su manera de cooperar interoperativamente con sus socios globales, es notorio el rechazo de Venezuela (2018) puntualmente a la integración de Colombia al pacto porque considera que de esta forma se introduciría en América Latina y el Caribe, una alianza militar externa con capacidad nuclear. De la misma forma que operó el mecanismo multilateral durante la Guerra Fría es interesante resaltar la instrumentalización de Colombia, en un escenario cada vez más global de disuasión ante una eventual intervención militar de las potencias extracontinentales que han develado interés en la región como Rusia y China.

El pacto con la OTAN como una estrategia de contención de la amenaza en Colombia y el hemisferio

Como preámbulo al presente análisis es importante mencionar el periodo de “posguerra”, que dio origen a la organización de Naciones Unidas (ONU) como hito en el marco de las relaciones internacionales entre los Estados, pues durante siglos, las comunidades, las naciones y los imperios recurrieron al uso de la fuerza contra otros, para defender sus intereses. Por ello se estableció consuetudinariamente la noción de “la guerra justa”, concepto acogido e interpretado jurídicamente con la figura del ius ad bellum, a través del cual un Estado considera legítimo emplear la fuerza para salvaguardar sus intereses de los demás Estados (^{Cardoza, 2011}, p. 1).

Las graves incidencias que tuvieron la primera y la Segunda Guerra Mundial, como catástrofes de magnitud y profundidad considerables para la humanidad, ante la ausencia efectiva de un control internacional unificado con respecto a la diversidad cultural, ideológica y sus diferentes perspectivas, generaron la necesidad de establecer una organización internacional que propusiera mecanismos efectivos para la preservación de la paz y la regulación de la guerra. En consecuencia, la Carta de las Naciones Unidas, firmada en junio de 1945, estableció un nuevo orden para los Estados, toda vez que su propósito se centró en mantener la paz y la seguridad internacional, tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz y suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos contra ella (^{Wilhelmy von Wolff, 2010}, p. 296).

En efecto, la Carta de las Naciones Unidas señaló expresamente en los incisos tres y cuatro de su artículo segundo que:

3. Los miembros de la Organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia.

4.Los miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas. (ONU, 1949, p. 4)

No obstante, la misma Carta previó en su artículo 51 la acción en beneficio de la defensa de los valores y principios estatales en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión: “(…) Ninguna disposición de la Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas” (^{ONU, 1949}, p. 16).

Estas nuevas reglas de juego en el ámbito internacional de los Estados establecieron un novedoso orden, de tal forma que, en adelante, buscarían por distintas formas y estrategias de empleo del poder, la garantía del cumplimiento de sus intereses nacionales y la salvaguarda de su seguridad y defensa. En este contexto, los Estados empezaron a desarrollar estas estrategias de empleo del poder como un medio para lograr que otros actores internacionales hicieran lo que no harían sin tener que recurrir a la amenaza de sanción o al uso de la fuerza.

De acuerdo con lo anterior y con la premisa esencial de la garantía de los intereses nacionales, la seguridad y la defensa nacional, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial y en medio de la Guerra Fría, la política estadounidense se centró entre otras, en la implementación de estrategias orientadas a asegurar sus intereses y a contener la expansión de los de la URSS por medio de varias estrategias: en el plano doméstico, la investigación y persecución a la presencia y a los propósitos comunistas en suelo estadounidense e internacionalmente el perfeccionamiento de los acuerdos como el de la OTAN.

En virtud de los artículos 4 y 5 del tratado de creación de la alianza militar, justamente, los países miembros deberían consultar con los demás adherentes qué acciones tomar en caso de peligro o amenaza a la soberanía, independencia política, seguridad o integridad territorial. Asimismo, la posibilidad de un ataque armado en territorio de América del Norte o en Europa en contra de uno o más de los adherentes implicaría que fue dirigido a todos los países aliados de la OTAN que se podrían defender individual o colectivamente para restablecer el orden público y la seguridad nacional (^{OTAN, 1949}, art. 5).

Cabe señalar en el marco de análisis, que este tratado podría considerarse como un eje fundamental de una estrategia de contención, de acuerdo con las acciones de diverso orden, tendientes a neutralizar los deseos expansionistas de la URRS en Asia y Europa y también en Centro y Suramérica. Uno de los aspectos por resaltar conforme a esta concepción es que en 1954 Estados Unidos en voz del presidente Dwight Eisenhower (1953-1961), hizo clara la importancia estratégica del territorio latinoamericano en la lucha contra el socialismo soviético. El mandatario se refirió a su política latinoamericana como un capítulo de “la Guerra Fría contra nuestros enemigos” (^{Rabe, 1988}, p. 71) e indicó que en América Latina se estaba peleando una guerra en contra del comunismo.

Conviene precisar aquí que el término contención apareció por primera vez como parte de la estrategia propuesta por George ^{Kennan, en el artículo titulado “Los orígenes de la conducta soviética (1947})”, que plantea la necesidad de enfrentar la expansión de la URSS con políticas inteligentes a largo plazo capaces de responder a las diferentes manifestaciones y estrategias del socialismo, pues, en esencia, la estrategia de contención es una serie de acciones desarrolladas por un Estado o grupo de Estados, con el fin de impedir la expansión ideológica, política, económica o estratégica de otro Estado fuera de su acordada o presunta “esfera de influencia” (^{Calderón, Barón y Monroy, 2019}, p. 261).

Por ello, para Soledad ^{Loaeza (2013}) la estrategia de contención desarrollada por EE. UU. durante la Guerra Fría consistía en desarrollar modelos democráticos para disuadir las pretensiones políticas y territoriales de la URSS, pues, los movimientos sociales del continente estuvieron particularmente atentos y sensibles al desarrollo de los acontecimientos internacionales, desde la Primera Guerra Mundial y el choque entre el sistema capitalista y la promesa socialista que representaba la URSS había determinado mucho de la naturaleza y la forma como se desarrollarían los conflictos internos en estas naciones en vía de desarrollo. De esta manera, la ausencia de contramedidas estatales e instituciones sólidas en primera instancia permitieron que el socialismo penetrara hondo en los ideales de un amplio sector de la población, lo que acabaría fortaleciendo el surgimiento de grupos ilegales, la guerra civil y posteriormente conflictos armados contra guerrillas marxistas financiadas por la URSS (p. 13).

Como corolario de lo anterior, ^{Carbone (2006}) señala que EE. UU. entendió la necesidad de concretar alianzas militares de apoyo, para evitar la caída de un país latinoamericano en manos del comunismo, asumiendo en los sucesivos gobiernos el liderazgo para la defensa de la paz contra las acciones comunistas y por ello en 1947 se firma un tratado de seguridad colectiva suscrito por todas las naciones americanas: “El Pacto de Río”⁶. Un año más tarde, EE. UU. también impulsó la concertación del “Pacto de Bogotá”, que aportó un componente de seguridad y cooperación colectiva en caso de agresión, que quedó institucionalizado en la formación de una organización regional como la OEA. El objetivo era imposibilitar la entrada del comunismo a una región considerada coto privado estadounidense desde la formulación de la Doctrina Monroe (p. 7).

El triunfo de la Revolución Cubana (1959) y seguidamente la Crisis de los Misiles (1963) se convertirían en eventos que cambiarían la naturaleza del choque entre EE. UU. y la URSS, reafirmando la necesidad de una estrategia ágil, clara y contundente para frenar la amenaza soviética sobre los territorios democráticos de América. Por tanto, el interés de las dos superpotencias volvió a enfocarse en el continente, que ya adelantaba procesos sociopolíticos, revoluciones y guerras internas, razón por la cual durante la administración de Richard Nixon (1969-1974), se retomaron parte de los postulados de Kennan, pero dejarían de lado la preocupación interna y tomarían medidas de cara al funcionamiento interno de otras naciones, lo que favoreció el surgimiento de fuertes movimientos socialistas, como en los casos de Chile y Colombia y, aunque estas situaciones puedan parecer aisladas, son pruebas fehacientes de los vestigios de la Guerra Fría, y de cómo el proyecto expansionista de la URSS encontraba nuevos intereses y formas de propagarse en América Latina (^{Díaz, 2018}).

En el caso colombiano, el recrudecimiento del conflicto armado interno durante el periodo 19601990 se debió en gran parte al levantamiento de guerrillas de izquierda que buscarían ejecutar el proyecto expansionista soviético y consolidar la imposición del socialismo por medio de las armas. Tal situación ha tenido en las últimas décadas diferentes matices en el ámbito suramericano y Colombia ha desempeñado un papel fundamental como bastión democrático ante la expansión del socialismo derivado de los vestigios comunistas y el apoyo estadounidense ha sido esencial y ha trascendido políticamente las fronteras.

Conclusiones

Como conclusión debe señalarse que, aunque los intereses y las concepciones geopolíticas de EE. UU. y Colombia difieren ampliamente, hay puntos comunes en las necesidades de las dos naciones para salvaguardar su integridad y soberanía territorial, con el fin de proteger los valores democráticos y el resguardo de la paz. En este sentido, aunque el conflicto armado interno en Colombia es de naturaleza fundamentalmente política, y que las guerrillas comunistas tienen como objetivo final la toma del poder por medio de las armas, el ingreso de Colombia a la OTAN como partnership, no podría necesariamente considerarse una genuina estrategia de contención; sin embargo, no es menos cierto, como se ha señalado, que la creación de esta organización diera origen a una serie de tratados internacionales en las que los dos países forman parte y que siguen vigentes ante la intervención de intereses comunes y la expansión del comunismo en Colombia y América Latina que los sigue haciendo socios y con intereses y relaciones políticas y de apoyo muy fuertes donde las consideraciones diplomáticas de la agenda de Washington tienen siempre como aliado a Colombia, para influir en la región.

Antes de dar una respuesta a la pregunta que orienta el artículo es importante hacer algunas consideraciones puntuales. En primera instancia, es notorio que Colombia sigue potenciando su accionar internacional mediante la ya clásica alianza con EE. UU. que data de la época de la formulación de la doctrina del Respice Polum. De este modo, se presenta ante un foro multilateral con las capacidades de operación como la OTAN. Ahora con la Alianza se puede ver que la estrategia colombiana vincula varios niveles de la estrategia al tratar roles de tipos político, económico, comercial, militar y diplomático que apuntan a la seguridad y defensa nacionales, vinculando las estrategias de disuasión y contención contra potenciales amenazas no solo militares sino de los diferentes campos de acción del Estado.

Teóricamente se estableció cómo a partir de los postulados de las teorías clásicas y críticas que explican desde el modelo de comportamiento de los actores, la acción estratégica de disuasión durante la Guerra Fría y después su extensión orientada regionalmente a escenarios globales de tensión diplomática. Ideológicamente, el área del Circun-caribe registra una presión constante por los modelos políticos implantados. En este escenario, la acción de Colombia en el plano internacional para la teoría del realismo periférico concuerda satisfactoriamente porque este acuerdo permitirá garantizar la defensa de los intereses nacionales, desarrollar y actualizar las capacidades militares y permitirá entrar unos nuevos actores que tendrían que ser considerados en aspectos de la seguridad hemisférica.

En el plano de la estrategia se puede concluir que, desde el balance de las dos herramientas de poder, predomina la disuasión ante la contención a la hora de interpretar la afiliación de Colombia a la OTAN, contra las amenazas del escenario global contemporáneo porque supone el establecimiento del status quo en la región. Además de considerarse benéfico para los intereses de Colombia, el pacto potenciará su liderazgo en materia de la defensa de la democracia y las libertades individuales.