Objetivo/contexto:

las democracias latinoamericanas del siglo XXI enfrentan una tensión entre “proteger” la soberanía estatal con políticas inmigratorias más restrictivas y adscribirse a los diálogos y acuerdos internacionales más liberales, que promocionan los derechos y la movilidad humana. Una mayor migración intrarregional, especialmente desde Venezuela, ha llevado a varios países a restringir derechos y libertades previamente reconocidos. Nuestro objetivo es profundizar en este giro hacia la restrictividad mediante un análisis empírico de las tendencias e intenciones legislativas de inmigración en Chile.

Metodología:

desde 2018, el Gobierno de Chile ha promovido medidas para “ordenar” y “regular” la inmigración. Entre estas, modificar la Ley de Migraciones de 1975. Empleamos el índice de políticas de inmigración en comparación (IMPIC), utilizando el proyecto de Ley 8970-06 y la Ley 20430 de refugiados.

Conclusión:

la administración chilena presenta intenciones legislativas de una mayor restrictividad frente a la inmigración económica y la reunificación familiar, que se direccionan a constreñir la movilidad humana.

Originalidad:

el artículo extiende el uso de IMPIC en 2010 a 2019, y lo aplica por primera vez en las intenciones legislativas de un gobierno incumbente para comprender mejor los cambios en las estrategias del país como un Estado migratorio.