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El Ágora U.S.B.

Print version ISSN 1657-8031

Ágora U.S.B. vol.21 no.2 Medellin July/Dec. 2021  Epub June 15, 2022

https://doi.org/10.21500/16578031.5875 

Artículos derivados de investigación

En el limbo de la espera permanente. Representaciones sociales en torno a reparación y verdad en mujeres desplazadas por el conflicto armado colombiano: caso granizal y turbo - (Antioquia)1

In the Limbo of Permanent Waiting. Social Representations around Reparation and Truth in Women Displaced by the Colombian Armed Conflict: Granizal and Turbo Case, Antioquia

Sara Elena Hacen-Flores1 

Juan David Villa-Gómez2 

1. Psicóloga, Magister en psicología social de la Universidad Pontifica Bolivariana, Colombia. Correo electrónico: saraelena.hacen@upb.edu.co ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8377-0515

2. Doctor en Migraciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo. Docente asociado, Facultad de Psicología, Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia. Integrante del Grupo de Investigación en Psicología: sujeto, sociedad y trabajo. Correo electrónico: juan.villag@upb.edu.co ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9715-5281


Resumen

Este texto pretende identificar y comprender las representaciones sociales de mujeres desplazadas por causa del conflicto armado colombiano de la vereda Granizal y el municipio de Turbo (Antioquia) en torno a procesos transicionales en escenarios de posacuerdo en Colombia. La metodología se construyó a partir del enfoque fenomenológico-hermenéutico a través de entrevistas en profundidad y semiestructuradas. Los resultados de esta investigación demuestran que, ante el impacto y consecuencias del desplazamiento forzado, las mujeres han construido formas individuales y colectivas de afrontamiento y resistencia para la reconstrucción de sus vidas, siendo los procesos y acciones transicionales del Estado ineficientes para garantizar el acceso a sus derechos, por lo que diariamente afrontan condiciones de exclusión, pobreza y violencia, que les permite afirmar que el discurso transicional del Estado Colombiano puede ser banal y mentiroso.

Palabras clave: desplazamiento forzado; representaciones sociales; justicia transicional; verdad; reparación; derechos humanos.

Abstract

This text aims to identify and to understand the social representations of women displaced by the Colombian armed conflict in the village of Granizal and the Municipality of Turbo, Antioquia, regarding transitional processes in post-agreement scenarios in Colombia. The methodology was based on the phenomenological-hermeneutic approach through in-depth and semi-structured interviews. The results of this research show that faced with the impact and consequences of forced displacement, women have built individual and collective forms of coping and resistance for the reconstruction of their lives, being the transitional processes and actions of the State inefficient to guarantee access to their rights. Hence, they daily face conditions of exclusion, poverty, and violence, which allows them to affirm that the transitional discourse of the Colombian State can be banal and deceiving.

Keyword: Forced Displacement; Social Representations; Transitional Justice; Truth; Reparation; and Human Rights.

Introducción

Colombia vive uno de los conflictos armados internos más antiguos de la historia contemporánea. Dicha conflictividad se ha caracterizado por violación sistemática y generalizada de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en el marco de una guerra irregular con diversas modalidades de violencia física y simbolica. La principal víctima es la población cívil. Los datos oficiales del Registro Único de Víctimas permiten cuantificar el horror y el impacto sobre la población: desde 1985 hasta el hoy se han identificado un total de 9.177.128 víctimas de distintos hechos (Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas, 20 de septiembre, 2021). Esta violencia ha impactado de forma diferencial a las mujeres que representan el 49,4% del total.

Uno de los impactos más dramáticos de este conflicto es el desplazamiento forzado. Según el RUV, existe en Colombia un total acumulado de 8.137.396 víctimas de este flagelo (Unidad para la Atención y Reparación Integral a Víctimas, 20 de septiembre, 2021); es decir, aproximadamente 2 de cada 10 colombianos. Del total, el 49,9% son mujeres. Los desplazados internos se ven forzados a abandonar su tierra de origen, pertenencias, oficios, tradiciones e identidad cultural, redes familiares y vecinales para huir por amenazas, persecución o miedo. Más del 50% llegan a los grandes centros urbanos, a vivir en asentamiento humanos informales y marginales en condiciones de exclusión, pobreza y discriminación, donde enfrentan nuevas formas de violencia y revictimización.

La vereda Granizal del municipio de Bello, habitada por aproximadamente 25.000 personas, es el segundo asentamiento de población desplazada más grande del país. Sus habitantes viven en condiciones de pobreza extrema y exclusión. Entre los principales problemas están: déficit en servicios públicos domiciliarios, precariedad en vías de acceso y caminos, deficiencias habitacionales, dificultades en educación y salud, y presencia de grupos armados ilegales. Por su parte, el municipio de Turbo hace parte de la subregión del Urabá antioqueño. De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 tiene un total de 114.434 habitantes, de los cuales el 49,9% presenta pobreza multidimensional (IPM) y 39,15% Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). El RUV reporta 140.626 víctimas de desplazamiento forzado al 20 de septiembre de 2021, siendo Urabá uno de los territorios que mayor desplazamiento ha generado en Colombia.

En medio de este contexto, hace aproximadamente 20 años el Estado colombiano viene implementando una serie de mecanismos y procesos propios del paragdima de justicia transcicional con el propósito de poner fin a la confrontación armada y atender sus impactos humanitarios. Algunos de estos mecanismos y procesos transicionales han sido: 1. La Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) que brindó el marco jurídico para la desmovilización y reinserción de los paramilitares; 2. La creación y aplicación de la Ley de Víctimas (Ley 1448 de 2011); y 3. El Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera firmado entre el Estado y la guerrilla de las FARC-EP; el cual en su Punto 5 referido a las víctimas, establece un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición enfocado en el reconocimiento de sus derechos, que se encuentra compuesto por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV).

La acción del Estado colombiano a través de la institucionalidad dispuesta para la implementación de políticas, programas y proyectos en el marco de dichos mecanismos y procesos transicionales, tiene impactos directos y concretos en la vida de personas y comunidades víctimas, incluyendo las mujeres desplazadas. Esta investigación entonces ha tenido por objetivo comprender las representaciones sociales en torno a estos procesos en mujeres víctimas de desplazamiento forzado en la vereda de Granizal y el municipio de Turbo, considerando sus formas de afrontamiento y resistencia.

Los procesos transicionales se comenzaron a aplicar después de la segunda guerra mundial y se han extendido de forma generalizada a distintas experiencias transicionales de regímenes dictatoriales a democracias y de la guerra a la paz (Millán, 2015) a lo largo del planeta. En estos, se pretende garantizar a las víctimas sus derechos de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, además de respaldar sus procesos de memoria (Acosta-López et al, 2017, Gómez, 2014; Loyo, 2017; Palacios, 2016;). Se trata de mecanismos institucionales excepcionales dispuestos para superar un pasado violento. Como señalan Colorado Marín y Villa Gómez (2020) “a finales del siglo veinte y comienzos del veintiuno la justicia transicional se normalizó y comenzó a aplicarse no solo en períodos de transición, sino también durante el desarrollo de los conflictos” (p.7). con el fin de atender las violaciones sistemáticas de los DDHH y el DIH por parte de gobiernos dictatoriales u otros actores armados (Baldosea, 2017; Saldarriaga, Osorio y Cárdenas, 2017; Millán, 2015; Obando et al. 2016).

En el caso de Colombia, la justicia transicional ha tenido altas y bajas, relacionadas con la evolución del conflicto y los múltiples procesos de negociación política ligados a este. Ha habido una serie de desarrollos normativos, institucionales y de política pública que tienen como propósito satisfacer estos derechos vulnerados. Pero, persiste una brecha notoria entre los desarrollos normativos y las realidades de exclusión, estigmatización y revictimización que día y día sufren víctimas y desplazados (Villa Gómez, 2013). Por lo cual, es fundamental que sus voces se entrelacen efectivamente con estos marcos legales.

Ahora bien, el problema de las representaciones sociales alrededor de procesos transicionales en Colombia gira en torno al débil conocimiento y valoración de lo que significa la defensa de los DDHH (Ibarra, 2016); al poco significado político y social que se le da a la justicia transicional como alternativa reparadora y restaurativa de justicia (Rico-Revelo, López Cuadrado y Effer López, 2020; Villa Gómez, 2020; Gómez, Bohórquez y Villa Gomez, 2021; Villa Gómez, Bohórquez y Gómez, 2021, en prensa); así como, a intereses hegemónicos que obstaculizan los esfuerzos para lograr salidas negociadas al conflicto armado.

Un mecanismo importante, utilizado en procesos transicionales ha sido el de las Comisiones de la Verdad. En muchos países - como Colombia o Perú- han tenido una naturaleza extrajudicial enfocando principalmente el levantamiento de testimonios, casos e informes para brindar razones explicativas de la violencia y sus impactos, y definir recomendaciones que conduzcan hacia reformas institucionales, claves para la no repetición (Colorado Marín y Villa Gómez, 2020). Estas comisiones construyen una narrativa particular sobre la vivencia del conflicto (Naranjo, 2016; Díaz y Molina, 2017; Páez et al, 2015) que posibilita una versión oficial desde las voces de las víctimas y otros actores implicados, en torno a las causas, patrones y consecuencias de la violencia (Martínez y Garzón, 2018) y cumplen un rol facilitador para que las sociedades se sinceren consigo mismas (Martínez, 2018; Mut, 2017; Millán, 2015).

No obstante, en este punto, como lo sostienen González y Varney (2013) es fundamental la apropiación social de este trabajo. Para lo cual, las comisiones deben ser fuentes de narraciones sobre el pasado y un mecanismo que establece una agenda de cambios y transformaciones (Bakiner, 2015) para promover y fortalecer un nuevo marco institucional, a través de narrativas contrahegemónicas que puedan regular poderes establecidos (Ruiz e Histrova, 2019), posibilitando el reconocimiento y la reivindicación de derechos (Gómez, 2014; Villa Gómez, 2013). De la misma forma, Arnoso et al. (2015) junto a Macher (2014) y Arellano (2012) coinciden que su trabajo es extender la justicia, desarrollando en las víctimas el sentido de ciudadanía para reivindicar sus derechos.

De otro lado, en Colombia, trabajos como los de Álvarez-Múnera, Iañez-Domínguez, Zapata Serna, y Pareja Amador (2020), Cruz Castillo y Baracaldo (2019), Cruz Castillo y Prieto Páez (2020), Jaramillo (2012), Mellizo y Cruz (2020), Vargas Molano (2018), Villa Gómez e Insuasty (2015, 2016 a, b), Villa Gómez, Arias y Arroyave (2018), Villa Gómez (2013, 2016) dan cuenta de las vicisitudes, dificultades e incumplimientos del Estado Colombiano en relación con los procesos de reparación en el marco de la ley 1448 de 2011, que evidencian no solamente la falta de voluntad política del Estado, sino también, las rupturas, daños y afectaciones que estos procesos han generado en múltiples comunidades que han sido intervenidas en el marco de dicha ley. Pero al mismo tiempo, la capacidad de agencia, resistencia y participación de las comunidades que, desde diversas latitudes, siguen reconstruyendo sus proyectos de vida, sus organizaciones y afrontando activamente no solamente los golpes recibidos en medio de la guerra, sino también los déficits históricos en materia de necesidades básicas, derechos fundamentales y ausencia de garantías por parte del Estado ante quienes reivindican sus derechos. Estas investigaciones han abordado el caso de los desplazados, y particularmente de las mujeres en situación de desplazamiento, dando cuenta de representaciones sociales que permiten identificar la forma en que valoran, cuestionan o denuncian las acciones del Estado en el marco de procesos de reparación.

En Colombia también existen numerosos trabajos sobre las representaciones sociales de las víctimas que muestran sus perspectivas sobre la violencia y el conflicto armado y su incidencia (Salgado, 2017; Chávez y Ramírez, 2018). Estos estudios han contribuido a rescatar sus voces y prácticas cotidianas para orientar mejor esfuerzos en la construcción de paz. Las representaciones sociales, en tanto que conocimiento práctico, se nutren de conocimientos previos, creencias, tradiciones y contextos ideológicos, políticos o religiosos, que permiten a los sujetos actuar sobre el mundo y el otro, asegurando, al mismo tiempo, su función y su eficacia sociales. La teoría de las representaciones sociales permite una aproximación a estas prácticas sociales y comunicativas de los sujetos. Son, según Moscovici citado en León (2002), sistemas cognitivos con una lógica y lenguaje propios (…) No representan simples opiniones, imágenes o actitudes en relación a algún objeto, sino teorías y áreas de conocimiento para el descubrimiento y organización de la realidad (…) Sistema de valores, ideas y prácticas con una doble función; primero, establecer un orden que le permita a los individuos orientarse en un mundo material y social y dominarlo; y segundo permitir la comunicación entre los miembros de una comunidad al proveerlos con un código para el intercambio social y para nombrar y clasificar sin ambigüedades aspectos de su mundo y de su historia individual y grupal (p. 369).

En síntesis, este estudio de las representaciones sociales en escenarios transicionales es una oportunidad para rescatar las voces de las mujeres en situación de desplazamiento, atravesadas por realidades de marginación y exclusión, pero también de esperanza y resiliencia. Se trata entonces de abordar dichas realidades desde sus propios marcos de sentido, no sólo para comprender sino también para transformar dichas realidades desde una propuesta ética en favor de la vida y su dignidad. Precisamente esos campos de sentido producto de estas relaciones, se constituyen en nudos críticos que permiten analizar y comprender a partir de una representación determinada cómo funciona la sociedad referente a su problema. Las mujeres habitantes de estos territorios, además de la experiencia trágica y violenta del desplazamiento, continúan afrontando situaciones de pobreza, exclusión, marginación, estigmatización y nuevas violencias. De manera que, este trabajo rescata sus voces y su lugar en medio del conflicto armado en Colombia de cara a la transición hacia el posconflicto y la construcción de paz.

Metodología

La propuesta metodológica se enmarcó en los parámetros de una perspectiva cualitativa de diseño fenomenológico - hermenéutico, articulando la dimensión histórica, cultural, sociopolítica y contextual. La investigación se desarrolló a través de entrevistas a profundidad y semiestructuradas a mujeres víctimas de desplazamiento forzado en la vereda Granizal del municipio de Bello y de Turbo, Antioquia. El rango de edad de las mujeres es de 30 - 65 años.

Para la muestra escogida se tomó en cuenta el proceso psicosocial que se realiza a través de la organización social Paz y Esperanza Colombia, una organización social de derechos humanos que brinda acompañamiento a las mujeres víctimas del conflicto armado en la Vereda Granizal del Municipio de Bello y en el Municipio de Turbó, Urabá, integrantes de los procesos del grupo de Memoria y Destierro y Unidos por la Convivencia, en la Vereda Granizal y en el municipio de Turbo respectivamente. El muestreo fue tipológico, intencional a conveniencia, y participaron 6 mujeres, de la vereda Granizal y 6 del municipio de Turbo. Al tamaño de la muestra no se aplicaron criterios de representatividad estadística sino de saturación teórica.

En cuanto a la producción de resultados, se desarrolló un análisis categorial que posibilitó la construcción de una primera matriz de coherencia, en la cual se analizó el contenido expresado por cada participante mediante unidades de sentido, referidas a cada categoría. El siguiente paso fue desarrollar un análisis intertextual, de forma comparativa y diferencial entre Granizal y Turbo, donde se analizó por cada categoría lo que el total de las participantes expresaron. Es aquí donde se realizó un procedimiento de codificación teórica de primer y segundo nivel (Gibbs, 2012), que dio pie a los resultados.

Resultados

Participación y procesos de afrontamiento y resistencia de las víctimas

Después de los hechos victimizantes y el desplazamiento las mujeres empezaron a reconstruir sus vidas cuando encontraron grupos y redes de apoyo en las zonas a donde llegaron. Para las mujeres de Granizal fue de vital importancia su inserción en espacios colaborativos, de construcción comunitaria y apoyo barrial. Lo que les ayudaba a afrontar la realidad compleja que debían vivir, puesto que, en el relacionamiento con mujeres que habían experimentado las mismas vivencias o tenían similares historias, potenciaban su capacidad de juntanza, resistencia y organización; además, pudieron contar con el acompañamiento de organizaciones eclesiales y de la sociedad civil.

Uno de los primeros beneficios descritos por las participantes fue el terapéutico, puesto que al reconocer en ellas sus propias historias de vida marcadas por el conflicto armado, pudieron procesar de manera comunitaria miedos, desconfianzas y traumas vividos, recuperando confianza, relaciones, y reconstruyendo el tejido social (Cfr. Villa Gómez, 2014, 2016), facilitando su asentamiento en este nuevo territorio. A la vez elaboraron nuevos sentidos de su cotidianidad,

Después de desplazada yo duré como tres a cinco años, como oprimida, con miedo, entonces me he dedicado mucho a estar en los proyectos. (…) Eso implica que uno se va relacionando más con la gente, conoce gente, conoce casos de la otra gente (…) yo vivo solita en mi casa y eso me ha ayudado a no sentirme sola o sentirme mal (E1-Granizal).

En contraste con las experiencias de participación comunitaria vividas por las mujeres de Granizal, las de Turbo tuvieron un desarrollo comunitario diferente, ellas no encontraron entidades u organizaciones que las agruparan y dieran acompañamiento. Sin embargo, se generaron espontáneamente algunos liderazgos y la solidaridad barrial cubrió, en la medida de las posibilidades, las carencias. Varias señalan que la comunicación permanente entre ellas facilita que todas las familias puedan acceder a información y beneficios. Esta es la forma que han encontrado para construir comunidad:

Había mucha gente que tenía conocimiento de eso, entonces decían vengan para acá que están dando tal cosa y uno que no sabía, iba con esa persona y le ayudaban, o estaba en un lugar y pasaba alguien que decía: “están dando comida en no sé dónde”, entonces anotaba el nombre y decía: “cuando sea la hora yo le aviso” y así (…) Cuando uno recién llegaba era que la gente más acudía (…) entonces venía uno, venía el otro, y unos le daban comida, en esos tiempos la gente andaba pendiente (E9-Turbo).

La construcción de sentido comunitario entre mujeres con similares experiencias propició la cohesión social y sentido de pertenencia en los lugares de asentamiento, lo que redundó en iniciativas de mejoramiento de la calidad de vida. En el caso de Granizal las mujeres llegaron a ubicarse en asentamientos informales, donde por iniciativa propia y organización vecinal, levantaron las estructuras básicas para sus viviendas, a través de juntas de acción comunal, utilizando la tradición del convite. Fueron aunando esfuerzos en pro del mejoramiento del territorio que habitaban, coordinando y generando recursos, organizándose para la mano de obra y construcción:

Cuando llegué al barrio no había sino raíces y caminos, rastrojos para abrir vías. Nos tocó trabajar muy duro, se formó la junta de acción comunal, trabajamos mucho en convites, nos midieron los lotecitos para hacer las casitas (E4-Granizal).

De esta forma, la participación en espacios comunitarios comenzó a suplir las necesidades de conectarse con el territorio, generar relaciones de confianza para compartir sus vulnerabilidades y conectarse con el dolor propio y el de otras mujeres que habían vivido experiencias similares. En su condición de mujeres, el tema de la soledad relacionada con la tristeza y la nostalgia ha sido recurrente, por ello manifiestan que, en muchas ocasiones, independientemente de la actividad que realicen, encontrarse con otras permite sobrellevar los recuerdos y el dolor,

A medida que uno se iba entronando más con ellas en trabajos, no teníamos tiempo de ir pensando o recordando, entonces uno ocupado se distrae más y fui conociendo entidades que venían al barrio y uno se iba empatando con ellas (E4-Granizal).

Las diversas organizaciones y entidades presentes en la vereda Granizal han favorecido que estas mujeres puedan participar de espacios en los que han podido procesar de manera multidimensional las vivencias ocurridas, han podido recibir acompañamiento psicológico y espiritual por parte de comunidades de fe y encontrar motivación, así como también capacitaciones en temas de derechos de las víctimas, “aquí llegan muchas entidades. Nosotros hemos estado reunidos y nos dan este apoyo. Ha venido la universidad de Antioquia, también muchos gringos, ACNUR. Tenemos abogados, psicólogos que nos han ayudado” (E4-Granizal).

Sin embargo, el acompañamiento institucional no ha sido una realidad para las mujeres de Turbo. La institucionalidad hizo presencia a través de donaciones, asistencia y ayuda humanitaria, pero no en la generación de espacios de participación que propendan por un acompañamiento integral. Como se ha mencionado anteriormente, a pesar de que esta comunidad realiza permanentemente acciones de solidaridad, reconociéndose como iguales en su condición, no se han desarrollado proyectos institucionales que promuevan bienestar, espacios comunitarios organizados a largo plazo, ni de acompañamiento o pedagogía en temas de derechos, generándose dinámicas más asistenciales,

No, acá no hacen nada de eso (…) Aquí no hacen nada de víctimas, tan bueno que hicieran esas reuniones, ¿cierto? A mí me parece muy bueno, pero la gente no hace nada. (E8-Turbo). Si usted les dice que para ir a una reunión y hablar de esos temas específlcos nadie presta atención (…) La gente a veces siente que los engañan, y por eso también a veces no van, porque la indemnización también iba a ser hace años y nunca se ha dado. A la gente le da pereza. Hay gente que va y dice que es pura habladuría (E9-Turbo).

Las mujeres refieren que el Estado sólo les ha brindado algunas ayudas de tipo humanitario, sobre todo después del desplazamiento. Sin embargo, debido a la profunda condición de vulnerabilidad y precariedad, estas ayudas han sido insuficientes en proporción con sus necesidades inmediatas y apremiantes. Las ayudas varían en cantidad y tiempo, e incluso beneficiarios, ya que algunas mujeres refieren que no las han recibido. Por lo demás, no han sido suficientemente relevantes en sus procesos de reconstrucción de vida, siendo más común la indolencia de entidades y funcionarios, y la espera eterna de la prometida indemnización (Cfr. Jaramillo, 2012). Por el contrario, dejaron de recibir ayudas, según entidades y funcionarios por “haber dejado de ser desplazados”, “haber salido de la condición de pobreza” o “superar la condición de vulnerabilidad” siguiendo indicadores, formatos preestablecidos que se alejan de su realidad,

Éstas ayudas humanitarias las dieron por 4 años y después ya no siguieron dándonos, porque según ellos, nosotros ya dejamos de ser desplazados, esa fue la ayuda inmediata que conseguí después del desplazamiento (E6-turbo). Yo del gobierno no he recibido ayudas, lo único que recibí fue cuando metí la papelería y me dieron indemnización, cuando eso, era Acción social, pero era para repartirlo con mis cuatro (E5Granizal).

Incluso afirman que esta asistencia humanitaria depende de afinidades políticas, cercanías con el partido que ocupe el poder en la localidad y formas de politiquería y clientelismo. Desde su punto de vista, para la mayoría no han existido mecanismos o rutas de información específica sobre sus derechos y la forma de hacerlos valer. En ese recorrido, en la búsqueda de información que les pudiera abrir puertas a ayudas humanitarias o la búsqueda de asistencia, estas mujeres en varias ocasiones se vieron confrontadas con escenarios faltos de empatía y actos revictimizantes,

Cuando yo tenía tres meses aquí me dijeron vaya a la Cruz Roja, me fui a pie (…) a los 3 meses uno todavía está todo asustado; porque no fui capaz de dar un número de teléfono, me devolvieron (…) Me dijeron que no daban la ayuda. De allí en adelante yo quedé como mal. (E1-Granizal). Cuando yo llegué a Medellín, fui discriminada por una funcionaria: dijo que por qué todo desplazado llegaba a Medellín, que si era que no había para donde más arrancar (E4-Granizal).

Por esta razón, las mujeres recuerdan de forma más marcada, las ayudas recibidas de organizaciones sociales, que a través de iniciativas, proyectos o donaciones han podido contribuir a la atenuación de sus necesidades. Las ayudas estatales han sido puntuales y de corta duración en el tiempo, mientras que el apoyo de organizaciones de la sociedad civil ha sido más continuo y sostenido en el tiempo.

La memoria como proceso de reconstrucción y renacimiento

Dentro de las propuestas de participación comunitaria emergieron espacios enfocados en la memoria colectiva, para suplir una necesidad de tipo socioemocional. Aunque no han sido suficientes, los encuentros que se han realizado han dejado impresiones permanentes en la vida de las mujeres. Parte de la reconstrucción de sus vidas es la reconstrucción socioemocional y psicológica, las secuelas de la violencia y el conflicto permanecen en sus recuerdos, compartir sus historias de vida, pérdidas, recuerdos y dolores con las demás tiene efectos terapéuticos que han beneficiado para liberar recuerdos que les oprimían, para realizar catarsis emocionales, lidiar con la tristeza y elaborar el dolor, en la medida en que pueden reconocerlo, verbalizarlo y compartirlo; dejar atrás miedos o desconfianzas y reconstruir un lazo social en una relación de apoyo, donde la otra y el grupo son escucha significativa que propicia la construcción de otros sentidos (Cfr. Villa Gómez, 2014),

Estos espacios me han beneflciado mucho, me han revivido como el ave fénix. Porque eso nos ha tocado a nosotras (…) también lo digo por mis compañeras que nos ha tocado revivir de las cenizas, de no tener nada, de empezar de cero (…) pero en estos grupos uno sabe que no es uno solo, sino que a muchos les tocó pasar. (E3-Granizal).

En estos espacios de memoria superaron dificultades para integrarse al barrio, temores y desconfianzas que les impedían interactuar con vecinos o participar en espacios comunitarios; afrontaron la zozobra y la incertidumbre de no saber en quién confiar, realizaron sus procesos de duelo, saliendo de esquemas mentales producidos por la guerra, del espacio físico que habitaban y reconstruir relaciones con sentido, de apoyo y solidaridad. Y aunque eso por sí sólo no es suficiente, los procesos de memoria han permitido una superación parcial para dar nuevos sentidos a la cotidianidad de sus vidas:

Yo duré un tiempo oprimida, como con miedo, me daba miedo salir, hablar con la gente, debido a lo que a mí me pasó en Apartadó. Yo digo que si yo hubiera seguido así, me hubiera enfermado, pero entonces comencé a salir a esos espacios, (…) a ayudarme, a tratar eso que nos ha pasado y eso me ha ayudado mucho a salir adelante (E1-Granizal).

Además cumplen con el papel de visibilizar sus historias comunitarias o individuales, impidiendo que caigan en el olvido, rescatando su dignidad y dándole un sentido al sufrimiento producido por la violencia. Comparten experiencias vividas, empatizan reconociendo en las otras sufrimientos y recuerdos, empoderándose al tomar la palabra. La identificación de unas con otras refuerza su cohesión grupal y facilita medios para la contención emocional y una disposición a la acción transformadora (Cfr. Villa Gómez, 2014). Sin embargo, aunque reconocen el beneficio de estos espacios para exteriorizar el mundo emocional y sentir alivio temporal, sienten que necesitan otros escenarios y procesos para poder transformar su situación de vulnerabilidad,

He participado en el Rincón de la Memoria, desde hace cuatro años. A mí me gustó mucho porque tenemos objetos que para nosotras son de mucho valor, por ejemplo, fotos, artículos que trajimos de las veredas o pueblos donde vivíamos, también hay historias, yo tengo una historia de los hijos míos. Estos procesos nos enseñaron que uno no olvida (E4-Granizal). Soltar un poco tanta angustia y dolor que había en nuestro corazón, tanto sufrimiento, y que uno sufría callado porque no se tenía la libertad para abrirse a contar (…) son cosas que uno ha recuperado mucho, ya no es la misma persona, ya no se siente tanto como vulnerado, uno siente más libertad (E12-Granizal).

Para el caso de las mujeres participantes de Turbo, no existieron procesos de memoria reconocidos como tales, tampoco acompañamiento psicosocial, sin embargo, algunas intervenciones de actores de la sociedad civil e iglesias han podido menguar en algo esta carencia. Esta es una necesidad fundamental, puesto que, ellas expresan que el pasado es imborrable y requieren tramitar de alguna forma lo sucedido. Sin embargo, como se mostró anteriormente, las mujeres de Turbo se reúnen de manera informal, crean sus propios espacios de Memoria en las puertas y aceras de sus casas, donde escuchan y son escuchadas, vierten todas las historias e imágenes que les dejó impregnada la violencia, pueden escuchar los relatos y construir espacios de empatía y solidaridad:

Esos espacios ayudan (…) uno quisiera que esto se repitiera más y sé que en otros lugares se repite más. Pero sí ayuda, de verdad que sí ayuda, (…) uno ya siente como una familiaridad que yo le importo a alguien (E10-Turbo). Nos sentamos allí afuera y me cuentan que han matado a gente que ellos conocían, que los cadáveres pasaban por el rio (…) igual muchas veces la gente habla de eso, uno está y cuentan que la violencia fue dura (…) Uno va dejando el miedo, va aceptando las cosas que pasó, y acogernos de lo que ya vamos a vivir de ahora en adelante. (E8-Turbo).

La construcción de espacios de intercambio tuvo como consecuencia mayor cohesión social entre quienes participan, produciendo conjunción de fuerzas para seguir trabajando en el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de los barrios en los que se encuentran. Esto es una característica particularmente visible en el caso de Granizal, donde resisten y empujan sin darse por vencidas para seguir recuperando, construyendo y tejiendo. Por esta razón, dado que asentamiento informal, presenta varias carencias en torno a servicios básicos, por ello, las mujeres han aprovechado los lazos construidos en los espacios de memoria para convertirlos en fuerza creadora y transformadora, incidiendo en su mejoramiento, desarrollando mecanismos de economía comunitaria, recogiendo fondos que se destinan para ayudar a personas en condiciones más vulnerables o para gestionar algún mejoramiento en el barrio, han realizado convites en búsqueda de un objetivo común, a la vez que se siguen reforzando los lazos sociales,

Salimos a ayudar a la gente. Somos un grupo muy unido, donde nos llaman allá vamos, nos gusta por decir, estamos en muchos convites. En estos momentos no tenemos fondos para seguir trabajando, entonces tenemos que pedirle a la gente de las mismas casas que nos colaboren para poder trabajar porque no tenemos de donde (E2-Granizal).

Las vivencias de la violencia son marcas muy profundas que cuestionan estos espacios y procesos. Es en estos últimos casos en donde vemos su impacto profundo en la vida de las víctimas, para algunas de ellas no es posible traer sanidad a ese dolor con el que conviven diariamente, en ese sentido se dificulta una reparación emocional

No, ese dolor no lo cambia ni, mejor dicho, lo cambia Dios, de resto no (…) Bueno hay gente que dice que haciendo memoria si servía para aliviar o reparar el alma (…) como yo le decía, uno se distrae en el momento porque está en grupo, porque uno trata de tejer con las manos lo que uno ha vivido, de hacer manualidad y cosas así, pero que eso le saque a uno todo el dolor que usted tiene por dentro, ¡no! Porque ese dolor está allí plasmado, eso no se ha salido. Uno llora, una patalea, a veces se siente triste, pero eso está allí, eso no sale tan fácil, tan rápido. (E2-Granizal).

Así pues, estos espacios de memoria, aun con sus límites, han posibilitado desarrollar, de manera conjunta, prácticas y acciones concretas que promueven el bienestar mutuo, siendo un factor importante considerar el reconocimiento de sí mismas y de miembros de la comunidad como víctimas de desplazamiento forzado, factor que las unifica en cuanto a sus vivencias del pasado, pero también en su construcción del futuro.

Acciones del Estado: reparación en el marco de la ley 1448

Existen muchas desconfianzas alrededor de la ley 1448 (Ley de víctimas). La mayoría de las mujeres entrevistadas mantienen ideas someras y genéricas respecto a esta ley como la que puede proteger o garantizar sus derechos, mientras que otras manifiestan desconfianza en cuanto a su ejecución y efectividad, por lo menos en sus vidas concretas, puesto que no han sido particularmente beneficiadas por ella. Incluso las entrevistadas de Turbo no han escuchado hablar de esta ley. Así pues, los procesos de reparación no han incidido de manera sustantiva en el mejoramiento de su calidad de vida, en contraste con sus propias acciones de sobrevivencia y resistencia.

En cuanto a los procesos de carácter administrativo por los que tenían que pasar para ser reconocidas como víctimas, consideran que han sido extremadamente lentos, burocráticos y engorrosos. Las mujeres mencionan que cada mecanismo de reparación ha significado un desafío en su acceso, desde el proceso de reconocimiento en el RUV, hasta recibir la indemnización que les corresponde (Cfr. Villa e Insuasty, 2015, 2016 a, b). Coinciden que la llegada de cualquier medida es incierta, puesto que, han esperado por años para ser reconocidas como víctimas. Destacan algunos elementos: la ineficiente o inexistente comunicación, el difícil acceso a la información en el seguimiento de sus procesos, la carencia de recursos reales para la reparación económica, la lentitud en el reconocimiento y las dificultades para realizar los trámites correspondientes,

Yo tengo 67 años y duré 7 años y medio esperando el subsidio del gobierno y apenas me vino a salir este año, con 7 años de haber metido yo la papelería, yo decía solamente Dios sabe cuándo me lo manda (…) Lo primero que hice fue comprarme una pipeta de gas. (E1-Granizal). Es más el tiempo que uno le pone a eso que lo que ellos cumplen. Ellos le ponen a voltear a uno con documentos, con papeles, lo hacen gastar una cantidad de plata (…) tengo ya como 4 o 5 años desde que me pidieron esa papelería, y todavía no (…) me volvieron a llamar para actualizar datos, según dijo, pero la actualización es que usted le diga cómo está viviendo, qué come, qué bebe, qué viste, por qué se viste y de dónde saca. Es como para analizarle y venirle a decir a uno, ya usted no tiene derecho a nada del Estado porque ya usted está muy bien. Pero no por ellos ni porque ellos han cumplido, sino porque nosotros no nos hemos quedado de brazos cruzados y nos hemos preparado, pero no porque el Estado nos haya ayudado (E6-Turbo).

En torno al rol del Estado en sus procesos de reconstrucción de vida, la representación construida es la de un organismo de avance lento y burocrático que elude sus responsabilidad en la garantía de derechos, que no cumple con la reparación a las víctimas, que necesita mejorar los procedimientos a través de los cuáles puedan hacerse efectivos. Además de ello, algunas mujeres entrevistadas, manifiestan que para realizar los trámites tienen que destinar un día entero de viajes, filas, esperas, lo que no se ve recompensado con agilidad en el proceso o calidad de la atención,

Estaba esperando la indemnización del desplazamiento pero eso no se dio, me dijeron que ahora el 17 empiezan a atender, pero dígame usted, yo soy una persona de edad, con mis enfermedades, al parque de juanes le toca uno irse a amanecer allá, dan 20 flchas, y la gente es así, uno va allá y pierde la ida, entonces uno tiene que irse a amanecer allá eso es un lugar solo, allá no hay nada, eso es un potrero, la oflcina queda detrás de los puentes de la avenida, entonces me da miedo ir por allá, el trasnocho y la gaminería, toda una noche al aire, llueve truene o relampaguee, uno serenándose (E4-Granizal).

A pesar de ello, existen diferencias en el cumplimiento de algunas medidas de reparación, porque a algunas les ha llegado la indemnización y otros subsidios, como el de vivienda, mientras que otras, la mayoría, han esperado por años para que se concrete dicha entrega, sin que lo hayan obtenido. Expresan, además, desconocimiento de cómo funciona el Estado y aún de los derechos específicos que les corresponden como víctimas. En Turbo además, reconocen que se trata de desinterés y falta de “disponibilidad” de entidades y funcionarios del Estado, que no circulan la información, pero también una carencia en su empoderamiento en relación con sus derechos y su reivindicación, puesto que, en muchos casos, ni siquiera conocen lo que deberían de reclamar,

Yo creo que sí han recibido, pero no lo suflciente y tampoco están lo suflciente preparados para reclamar sus propios derechos. Por parte del Estado ha dado pero muy poquito, como le diría yo: muy poquita orientación a las necesidades que hay de cada desplazado (…) Yo pienso que más disponibilidad del Estado, que ha tenido como muy poco interés en que los desplazados se superen y entiendan la magnitud de sus propios derechos, al Estado como que no le conviene que nosotros nos preparemos para poder reclamar nuestros propios derechos. Y como no le conviene no se preocupa por hacer lo que tiene que hacer con las personas víctimas (E6-Turbo).

Es importante tener en cuenta que las mujeres desplazadas en su mayoría son personas de campo, quienes tenían como medio de subsistencia la producción de la tierra o de animales que criaban. Al llegar al lugar receptor, sus medios de subsistencia inevitablemente varían, enfrentándose a la precariedad en la búsqueda de oficios o labores que les puedan generar ingresos. Esta dinámica aunada a las demoras en las reparaciones profundizó la condición de vulnerabilidad en la que se encontraban. Asimismo es necesario mencionar, que para no pocas mujeres la reparación es una categoría difusa que pierde sentido en la práctica, ya que mencionan que no ha existido para ellas restitución y la indemnización no ha sido proporcional a las pérdidas que afrontaron como víctimas. Al hacer recuento de las pérdidas materiales que han tenido, dejando propiedades, terrenos, animales de granja, etc., a las que no ha podido regresar o recuperar, consideran que lo que les ha dado el Estado no llega a cubrir el balance de las pérdidas,

Como desplazada me dieron un año o dos años ayuda, pero a los 10 años lo sacan a uno del sistema, a mí la última ayuda me la dieron en el 2012 (…) De hecho, yo ahorita pedí que me dieran la indemnización (…) yo soy desplazada desde el 2000, era para que yo tuviera una calidad de vida muy diferente y sin embargo, no. (E3Granizal). A nosotros nos dijeron que estábamos para la indemnización, que nos iban a indemnizar, que tal cosa y hasta este momento nada, solamente gastamos la plata en documentos (E6-Turbo).

Relaciones entre memoria, verdad y reparación

Al dialogar con las mujeres acerca de la reparación integral, la verdad emerge como categoría, importante, necesaria y transversal, como parte fundamental de esta. A través de todas las dificultades que han tenido que sortear, justamente para ver cumplidos sus derechos, han sufrido nuevas vulneraciones por parte del Estado, que se condensan en una idea: estas mujeres se sienten engañadas, paradójicamente, en sus búsquedas de verdad, pero también ante las promesas incumplidas de reparación.

Engañadas por un Estado que les ha incumplido con la reparación económica, esencial para la reconstrucción de sus vidas, engañadas porque la información oficial que se produce sobre el conflicto no es congruente con las historias que ellas han vivido, porque perciben una diferenciación en el acceso que tienen a la justicia en comparación con otros sectores de la población; engañadas porque sienten que el Estado como garante de derechos les ha fallado. Afirman que no ha habido verdad para ellas respecto a la violencia que vivieron y al paradero de sus familiares, quedando sólo interrogantes, confusiones, falta de información, de acompañamiento y atención, falta de reconocimiento a sus historias de vida, y de respuestas frente a lo que vivieron.

Eso de la reparación no, le voy a decir algo, el gobierno como para reparar esas pérdidas no, no han dado nada. Seño, ese derecho a la verdad está un poco confundido porque uno no alcanza a comprender, a asimilar la verdad, porque suceden las cosas, se escuchan muchas versiones, entonces no le sé decir que sí. (E7-Turbo).

Por esta razón, es imperativo analizar cómo los conceptos de verdad, memoria y reparación han sido conocidos, apropiados o han influido en sus subjetividades. Las mujeres de Granizal en medio de las particularidades de sus procesos de resistencia han construido sus propias narrativas respecto al rol del Estado que, a la luz de las entrevistas, puntúan más en la falta de presencia y acompañamiento, lo que les ha cerrado puertas para acceder de manera oportuna a una reparación integral que garantice su derecho a la verdad. Existe en ellas una fuerte representación social de falta de veracidad del Estado como garante de derechos, viéndolo como una institución burocrática que no ha tenido la capacidad y la voluntad de garantizarlos, razón por la cual todo el sistema institucional es percibido por ellas como mentiroso. Lo cual ha generado que se sientan abusadas, burladas y mantengan una profunda desconfianza, ya que es un fenómeno no aislado de incumplimiento sistemático en la protección y garantía de sus derechos:

El Estado a veces encubre cosas, o dicen hasta donde les conviene a ellos decir, porque cuando la gente decía quiénes eran los que habían hecho la toma, el Estado no decía nada, porque la gente con nombre propio decía, y saben quiénes son los que hacen las cosas, cuando ellos quieren investigar investigan bastante. Sólo que echan las cosas al olvido y no las retoman como uno quisiera (E9-Turbo). Nosotros como desplazados debemos tener en cuenta que tenemos derecho a la verdad, porque mire que a uno lo han engañado mucho, imagínese yo durar 8 años sin que me metieran al registro de desplazados, me decían una cosa, otra cosa. Aguantando hambre todo el día, porque uno se iba con los meros pasajitos. (…), para irle a decir a uno un viaje de mentiras, váyase otra vez, ¡Qué injusticia! Ir con los niños a esos lugares por allá sin poderles dar nada, pasando hambre. Entonces como desplazados y como seres humanos necesitamos la verdad, que no nos engañen tanto, merecemos la verdad a pesar de todo lo que nos ha pasado en la vida, necesitamos la verdad (E1-Granizal).

Se trata de dos marcos para la verdad, el primero tiene que ver con la imposibilidad de saber lo que sucedió con los hechos que les convirtieron en víctimas, para satisfacer su derecho a saber y el segundo con la promesa permanentemente incumplida de reparación que las participantes leen como engaño, trampa y mezquindad. De allí, emergen dos categorías compartidas: la impunidad y la incertidumbre. La impunidad que se levanta como una categoría que mira al pasado y da cuenta de todo aquello que quedó pendiente en términos de justicia y verdad. Para ellas el Estado no ha trabajado de manera efectiva en la búsqueda de la verdad sobre los sucesos violentos, a pesar de que posea la capacidad y los recursos, consideran que ha sido falta de voluntad y aun encubrimiento. Puesto que sus testimonios o voces no son escuchadas, sus historias o versiones no son validadas en relación con la información oficial.

Se cuestionan cómo ellas sabiendo nombres y pudiendo relatar sucesos con detalle, sus historias y versiones no han logrado brindarles justicia y verdad. Incluso no han servido para poder acceder a la reparación, pues tardaron años en reconocerlas como víctimas. Lo que profundiza la percepción de abandono, desinterés y aun de silencios cómplices por parte del Estado, además de experimentar de manera continua esa burocracia humillante que, en lugar de reparar, profundiza heridas, brechas y desconfianzas. Además para estas mujeres, mecanismos como la CEV y otras instancias, se perciben como lejanos y no accesibles en su cotidianidad. Así, la verdad emergería, para ellas, tanto como explicación o información relacionada con el pasado, como en el cumplimiento de la ‘promesa’ de reparación’ que debe ser principio ético de la atención,

Que no engañen a uno, que hablen con la verdad (…) ¿Cómo yo voy a meter una mentira o decir que me pasó sabiendo que no me pasó? Entonces ellos también deben hablarle a uno con la verdad. Si le van a dar una ayuda a uno decir, pero varias veces me hicieron ir a mi para Belencito para decirme que no había mostrado un papel, que no sé qué. Cómo uno iba a pie me ponía a pedir ayuda. Es mejor que se demore más pero que sea verdad. Que me digan a usted dentro de un año le vamos a dar esto y esto, yo estoy contando con que me lo van a dar cierto, al año voy yo y me salen con un chorro de baba, ¿dígame si eso no le duele a uno? Uno a pie, con hambre, cansancio. Entonces eso es, que le hablen con la verdad. (E1 Granizal).

Emerge, por tanto, la incertidumbre. Evocada a través de las circunstancias del presente y la proyección a futuro, al no saber si la verdad algún día llegará. La falta de claridad en los procesos de indemnización y reparación, el largo tiempo para ver satisfechas necesidades básicas, una justicia, verdad y reparación a medias, se convierten en promesas incumplidas que, con el pasar de los años afectan la calidad de vida, el bienestar emocional y psicológico, la confianza en las instituciones y en la justicia.

Ha habido algunas personas que hasta se han muerto esperando que les dieran lo que les tocaba por ley… y nunca les llegó. Y no es justo porque se murió y todo quedó allí, como una vecina mía que se murió esperando, vivía en una casa en la que se metía el agua todo el tiempo y murió esperando justicia, y tenía dos desplazamientos esa señora. (E9-Turbo).

La JEP y la CEV son para ellas noticias ambivalentes que ven en los medios de comunicación, pero no instituciones que se acercan a su vida, su cotidianidad y su historia. Por ello, al preguntarles acerca de las relaciones que hay entre justicia, verdad y reparación emergen representaciones que las relacionan con realidades borrosas, de difícil acceso. Así, la verdad es más lejana aún que la reparación, puntualmente conocer, saber y obtener la explicación de lo sucedido es una meta que parece inalcanzable, y no logran comprender la función y la acción de la CEV, a quien perciben muy distante de su propia experiencia. Además, sus condiciones de vulneración y vulnerabilidad en términos materiales y simbólicos, favorecen la representación desarrollada hasta ahora, en la que el Estado, al ofrecer un acceso a la justicia desigual, sea por condición social, económica o de poder, pareciera cómplice de todo lo que les ha sucedido y les ha tocado vivir,

¿La reparación? Mire qué lidia para sacar lo que le corresponde a uno como derecho. ¿Y la verdad? No tiene uno esa certeza, esa verdad que uno supo. Imagine que a mi papá lo mataron de 65 años y no sabemos por qué, eso no se sabe. Esa es la cosa, que uno sigue sin esa seguridad, que no sabe qué pasó. La reparación y la verdad eso es como igual allí. A mi hermano lo mató el ejército en la vereda (…) Las reparaciones que hacen, es como una suerte, hay mucha gente que han indemnizado, hay muchos que no. (E4Granizal). Yo veo todo eso como un cuento de noticias (…) porque en mi vida en sí no se ha visto, porque yo en este momento no sé quién mató a mi compañero. Y si eso si fuera justicia, verdad y reparación allí estaría eso completo. Yo veo que matan a una persona importante y eso por todas partes lo miran, que le ponen noticias, cuando mataron a mi compañero como que si se muere un perro: vaya recójalo, entiérrelo y listo. ¿Quién lo hizo, por qué lo hizo, en qué momento, qué estaba haciendo el de malo para que lo mataran? (E3-Granizal).

Sentido o importancia de la verdad en Colombia

Así pues, las mujeres se han sentido sistemáticamente engañadas por el Estado y los diferentes actores del conflicto, sea porque consideran que no han querido hablar o dar respuestas a sus interrogantes o porque han sido insuficientes y han ocultado la verdad. Perciben que por parte de estos actores no existe voluntad para entregar información verídica de los hechos, tanto en el marco de las versiones libres de la ley de justicia y paz, como en las declaraciones ante la JEP. Aunque este conocimiento traiga dolor y sufrimiento, el desconocimiento y la falta de cierre en sus vidas, produce una carga más pesada de llevar. Para ellas, es importante que la verdad se sepa, aunque eso signifique un impacto doloroso,

Todavía se notan las secuelas porque no tienen toda la verdad, todavía hay cosas ocultas de sus familiares que no saben que pasó, entonces ellos esperan tener la verdad para luego tener esa parte de reparación, (…) todavía la herida en muchas personas sigue latente, como quien dice largando lágrimas, llanto y dolor (E10-Turbo).

Las instancias transicionales, según las mujeres deberían compeler a los actores armados para asumir la responsabilidad de develar lo que sucedió y brindar explicaciones respecto a las violentas afectaciones sufridas, pero ellas sienten que esto se hace a cuentagotas y cuando se realiza, no tienen la difusión suficiente para generar un impacto reparador en ellas. Muchas han tratado de comprender las razones por las cuales familiares suyos fueron víctimas aparentemente aleatorias del conflicto, por qué fueron violentadas en una guerra que no era suya, por qué no han podido encontrar a familiares y seres queridos desaparecidos, sin recibir algún tipo de información respecto a lo que pudo haber pasado con ellos. Allí radica la importancia que le confieren a la verdad, fundamental para un cierre simbólico de lo que vivieron, sufrieron y perdieron en una guerra que no era de ellas. Ni las versiones libres, ni las declaraciones ante la JEP o la CEV han sido para ellas algo relevante que incida directamente en sus vidas o cotidianidad, sino que se sienten lejanas, escenarios dispuestos para otras víctimas.

Lo que visualizan en los medios de comunicación, en la retórica de algunos líderes o representantes, no logran incorporarlo a su experiencia y no se identifican con lo que sucede en estos espacios generados por el marco legal, puesto que es distante y no asimilable a sus casos, a sus historias y sus vidas. En muchos casos lo sienten como versiones impersonales y lejanas, expresadas desde los medios de comunicación, desconectadas de su vivencia, por lo que, generan desconfianza, no es su verdad:

Uno se pregunta por qué lo hicieron, no había motivos, que hubiera estado en una riña, no estaba en una riña, no era una persona problemática, entonces pregunta, el por qué lo hicieron… (E2-Granizal). Yo digo que serviría para vivir más tranquila, porque me daría cuenta por qué llegaron los armados a meterse al pueblo, a matar, a llevarse ganado y todo, a veces siempre hay una interrogante que uno quiere saber por todas las cosas que pasó, uno no vive tranquila así, vive pensando muchas cosas, (…) aunque la verdad le parte el alma a uno. Las victimas como nosotros no hicimos nada para que esa gente llegara a matar, a robar, llevándose todo lo que tenía uno, entonces uno quisiera saber la verdad, pero aquí nunca le dan nada a uno (E8-Turbo).

Además de lo anterior, sus propias experiencias y verdades se han visto confrontadas con las declaraciones y posturas de los excombatientes responsables, cuando comparecen antes las instancias transicionales; ya que, según las mujeres, parecen manipular esa verdad con la finalidad de recibir beneficios judiciales, lo que incrementa su desconfianza en los procesos transicionales, porque, además, no puedan participar como interlocutoras interpelantes, sólo como oyentes.

La verdad sería para mí que digan eso “vea yo le mate a su esposo por esto, por esto”. Sí a mi vienen y me aclaran los motivos y por qué lo mataron. (…) Dicen que los ojos son el espejo del alma, y la mayoría que supuestamente va a confesar la verdad no mira a los ojos. Cuando empezaron las audiencias, el que mató a mi compañero, el Cacique Nutibara, él hablaba lo que le convenía, sólo fue por un beneflcio de excarcelación o de rebajas… a mí me gustaría que hablen con la verdad, de forma directa. (E3-Granizal).

Una verdad reconocida y otorgada de manera plena, en contraste con los procesos que se dan en la realidad, configuraría nuevos escenarios en donde se le pueda otorgar sentido al pasado, de acuerdo con su historia de vida, comprender e internalizar lo que sucedió con la finalidad de poder reconstruir nuevas subjetividades en torno al presente. Este sería, según las participantes, un elemento que le da apertura a la reconciliación; entendida como la convivencia entre grupos, libre de prejuicios. distancias y desconfianzas, para continuar construyendo sociedad con las siguientes generaciones,

Pero si no se sabe, si lo niegan, lo esconden, se quedan callados ¡Qué sufrimiento para los que necesitamos saber y estamos esperando tantos años para que eso pase! Nuestros hijos han crecido, se han ido, ya son adultos y profesionales y nosotros seguimos esperando que llegue esa verdad. (E5-Granizal). Esa verdad sirve para saber si toma una decisión, si usted perdona o no perdona, pero también para saber si lo que usted estaba pensando no era algo falso, sino que era real (…) la verdad yo creo que nos sirve para esclarecer nuestras dudas y poder tomar las mejores decisiones. Porque esa verdad es la que nos va a ayudar a reconciliar, a través de esa verdad ya nosotros podemos y todo nuestro país podrá entender todo aquello (E6-Turbo).

Conocimiento, importancia e incidencia de la CEV en sus vidas y comunidades

Ahora bien, como se ha dicho hasta ahora, las mujeres en términos generales han tenido muy poco o nulo acercamiento a la CEV o a la JEP como mecanismos para el esclarecimiento de la verdad. Muchas de ellas manifiestan no conocerlas ni tienen idea de cuál es el propósito o rol de dichos mecanismos. Algunas de ellas tienen ideas vagas respecto a haber escuchado en algún momento, pero su experiencia es de distancia y desconfianza, “No, no. Para qué, nunca he escuchado acerca de eso, yo creo que aquí vinieron para hablar con algunos, pero no sé más” (E1Granizal). “No nunca han venido a hablar, ni pedir testimonio ni nada” (E8-Turbo).

Dado este desconocimiento, se genera en algunas mujeres temor por participar en estas instancias, debido a las amenazas a las que fueron sometidas y desde el desconocimiento y desprotección que han sufrido a lo largo de los años, por lo que manifiestan desconfianza para declarar o participar en espacios de la CEV o la JEP, a pesar de estas ofrecer absoluta confidencialidad, porque consideran que no existen condiciones que les puedan brindar la seguridad necesaria para hacerlo. Es una desconfianza que se generaliza hacia la institucionalidad, hacia todo el sistema por su ineficacia en relación con la protección integral de las víctimas,

A mí me da miedo, porque a nosotros nos echó de Urabá uno de los paramilitares, entonces eso me da miedo, ay no, no. Harto que he corrido y harto que he sufrido. Le da miedo con esa gente ya. Yo no quiero ya seguir corriendo ni sufriendo. Yo no, preflero estar tranquila (E1-Granizal). Yo estaría dispuesta a dar mi testimonio, si mi nombre no sale por allí, yo lo daría. (E8-Turbo).

En medio de la entrevista se les ofrece información sobre la CEV como un espacio de generación de verdad. A partir de allí, pueden representársela como la última oportunidad y esperanza para encontrar las verdades que buscan, que este mecanismo pueda servir para responder sus preguntas y cuestionamientos anteriormente mencionados, y para que además toda la comunidad y el país sepa lo que les sucedió a ellas y a sus seres queridos, como una forma de dignificar sus memorias. Para ello piden que “se metan en sus zapatos”, de esa manera perciben que la búsqueda de la verdad no sería infructífera y no quedaría impune, sería el puente hacia la reconciliación:

Sí, que se recoja, que no se quede impune, que no sea como si no pasara. Que importante sería que se escuche en todos los lugares, a todas las personas que vivieron esto y que se hable con la verdad, que digan qué fue lo que pasó, que no mientan para su propio interés, ¿por qué tratar de cambiar las cosas de lo que sucedió? (E4-Granizal).

Por lo tanto, el trabajo de la CEV será relevante en la medida en que visibilice fielmente los testimonios de las víctimas, que pueda incluir las historias que han estado en silencio y soledad y que no han salido a la luz, que logre dar a conocer al país que millones de ciudadanos colombianos quedaron en medio de una guerra que no era suya, que sufrieron violencias estatales y de otros actores con la justificación de intereses que cosificaron su vida y la de sus seres queridos:

Que esto no sea un archivo más para la papelería de archivos del Estado y que no se preste atención a lo que verdaderamente hayan hecho con las víctimas, pero si a eso se le diera en realidad el proceso que se le debe dar, yo pienso que esto nos ayudaría como país a cambiar muchas cosas, especialmente para las víctimas. (…) Sí, es bueno que esta memoria sea un libro abierto (…) es muy bueno que el mundo sepa de esto (E6-Turbo).

Pero expresan que, en su vida concreta, ni la verdad ni la justicia ni la reparación se materializan. Así, en medio de la insatisfacción de derechos básicos perpetuada a través de las insuficientes asistencias humanitarias y el incumplimiento sistemático de las reparaciones que por ley les corresponden, en medio de verdades a medias y de un foco puesto en la palabra de los victimarios, manifiestan que están en el limbo de una espera permanente. Puesto que las promesas siempre incumplidas, la sistemática violación de sus derechos fundamentales, la carencia en una garantía de derechos, no han permitido una reconstrucción total o en muchos casos aún, una reconstrucción parcial de sus condiciones de vida, lo que les hace dudar de la efectividad que puedan tener la CEV y la JEP en un contexto como el colombiano, donde la violencia sigue golpeando y sus condiciones de vida siguen siendo de extrema vulnerabilidad, una pobreza multidimensional en la que el tiempo se detuvo mientras siguen luchando por el acceso a una vivienda digna, a salud de calidad, a sustento básico, a seguridad económica y sobre todo a que no se les invisibilice ni se les violente más.

Discusión

En apartados anteriores se han descrito y analizado las representaciones sociales de estas mujeres sobre procesos transicionales. El análisis se erige con una mirada interesada en los diferentes mecanismos institucionales que han incidido o no en la reconstrucción de sus vidas. Macher (2014) y Arellano (2012) apuntan a que el estudio de las representaciones sociales en escenarios de violencia debería enfocarse en la modificación de la historia de la violencia, así como en la actitud de solicitar justicia. Esta es la base desde la cual partimos, analizando si las condiciones que provocaron estados de vulnerabilidad a causa del conflicto armado han sido modificadas después de los hechos victimizantes. Uno de los hallazgos primordiales es que las vidas de estas mujeres no han tenido ningún mejoramiento sustancial en sus condiciones de vida, comparando la situación actual con la inmediata después del desplazamiento forzado. La mayoría de ellas sigue habitando los asentamientos precarios a los que llegaron y continúan con enormes dificultades para encontrar medios de subsistencia para ellas y sus familias.

Esto nos habla de un estado de latencia perenne, ya que han pasado años y, en algunos casos, décadas de espera para obtener la satisfacción de algún derecho, sin que se materialice; observando cómo sus vidas han permanecido con las heridas abiertas por el conflicto, recibiendo sólo promesas incumplidas. Las condiciones de vida en las que se encuentran han sido aquellas a las que han tenido que adaptarse, no por falta de lucha sino por los cientos de obstáculos que se interponen, una miseria que se impone a pesar de la inconformidad prevalente, inconformidad que nutre la esperanza de recibir por parte del Estado, de Dios, de alguien o algo, un alivio definitivo que no parece llegar, mientras se desgasta la vida en un limbo interminable, mientras sus voces son invisibilizadas y los mecanismos diseñados para reivindicarles apenas se acercan a su propia historia. Las condiciones que debieron favorecer la reparación, la reconstrucción de sus proyectos de vida no fueron ejecutadas de manera efectiva. En medio de tanta espera, de este limbo, son mujeres que tejen su propia resistencia, más allá del Estado y la sociedad (Cfr. Villa e Insuasty, 2016 b, Cruz Castillo y Baracaldo, 2019; Cruz Castillo y Prieto Páez, 2020).

La deuda latente, morir esperando

Como lo mencionan Posada, Mendoza, Cano, Orozco y Restrepo (2017) los análisis en temas de desplazamiento deben tener en cuenta factores como la discriminación racial o la marginación; sus experiencias de asentamiento en las zonas urbanas estuvieron marcadas también por componentes de discriminación, rechazo y menosprecio debido a su condición de desplazadas no sólo a nivel social, sino a nivel institucional. Esta situación se reitera también en las diversas dificultades que han enfrentado las mujeres para acceder a los procesos transicionales, específicamente la verdad que dignifique a sus seres queridos y la reparación de los daños causados por la violencia.

Se evidencia que el rol del Estado es irrelevante en sus vida, puesto que no ha podido asegurar la reparación integral como deber estatal ni como derecho de las víctimas. Así pues, estas mujeres perciben la intervención estatal como limitada, parcial e insuficiente, presente sólo en momentos puntuales y ante la emergencia o con medidas asistenciales recibidas después de insistir y persistir por un simple apoyo humanitario, denotando un problema estructural en la gestión o administración de los mecanismos ya estructurados jurídicamente.

En la mayoría de las entrevistas existe un malestar generalizado respecto al cumplimiento de la reparación, atribuido no sólo a la incapacidad de hacer efectiva la indemnización, sino también a los procesos vividos para gestionarla, experimentando cada vez que se acercaban al aparato estatal, revictimización por parte del sistema, procesos en los que cargando con el dolor a cuestas no eran reconocidas como víctimas y tener que insistir para que sus derechos fueran reconocidos y reivindicados. Este tipo de situaciones las recogen también Villa e Insuasty (2015, 2016 a, b), Villa, Arias y Arroyave (2018) para el municipios de San Carlos y la ciudad de Medellín y Jaramillo (2012) para La Guajira, evidenciando que la reparación es siempre una promesa incumplida, que mantiene en latencia a las víctimas que van asumiendo una posición pasiva.

En esta dinámica de revictimización e incumplimiento pasaron años de la vida con dos luchas grandes: la primera, por la sobrevivencia en la cotidianidad, en medio de pobreza, estigmatización, exclusión y nuevas violencias, la segunda, por el reconocimiento, que se encierra en garantizar los derechos prometidos. González Díaz (2018) considera que la responsabilidad de atención reposa en el Estado, al mismo tiempo que la concibe de carácter transitorio y superable. El desplazamiento debería ser una situación enmarcada en un rango de tiempo limitado, que supondría que, dadas ciertas condiciones, se puede superar; sin embargo, las condiciones de vulnerabilidad se hicieron permanentes. Así pues, los mecanismos transicionales no se aplican de manera efectiva en sus vida, operando una revictimización cuando son sometidas a estos procesos sin transición, mientras las condiciones de vulnerabilidad por la injusticia estructural permanecen inalteradas, además de continuar sujetas a nuevas formas de violencia en el marco de un conflicto que parece interminable (Villa Gómez, 2013).

Así pues el Estado, principal responsable de toda esta situación, se erige como un actor que engaña y miente. En no pocos casos esta espera eterna las ha acompañado hasta el final de sus días, sin que llegara a materializarse el cumplimiento de los derechos que les correspondía, procesos transicionales que duraron lo que les resta de vida y nunca hicieron transición, deuda impaga, espera desesperada que no logra concretar acciones específicas que transformen su situación (Cfr. Jaramillo, 2012).

Reparar a medias, recuperar imposible

La reparación como categoría jurídica que les debería asegurar, por lo menos, una indemnización que compense los daños patrimoniales sufridos ha sido motivo de grandes frustraciones y revictimizaciones, generando una profunda decepción y desconfianza frente a su materialización. La lucha porque se cumpla este derecho ha sido compañera a través de los años, en muchos casos ha sido el salvavidas urgente para salir a flote en medio de la extrema vulnerabilidad, y en otros se ha convertido en una misión de vida.

La reparación abarca también todos los sentidos simbólicos de las mujeres alrededor de sus pérdidas, de los daños ocasionados que no serán posibles reparar, por lo que van más allá de la categoría de reparación en su acepción jurídica, académica e institucional para hacer reflexiones en carne viva: ¿reparar lo perdido? ¿recuperar lo perdido? No parece posible. Recuperar a la hija asesinada, al hermano muerto, al esposo desaparecido desde hace décadas, parecen ser luchas perdidas y ellas son conscientes de ello, la única lucha que pueden hacer por ellos es la humanizante y la dignificante, luchar para que sean reconocidos como víctimas, para que la verdad sea conocida y la justicia sea garantizada. Es en esto último donde se entrelaza la necesidad de visibilizar lo vivido a través del reconocimiento de su condición de víctima, en donde la percepción alrededor del daño moral se erige como configuradora de sus subjetividades. El daño moral, el quebranto y sufrimiento que vivieron, el ataque a su dignidad, por ley, deberían ser indemnizables, sin embargo, sus testimonios de vida muestran que esto es imposible

Es aquí donde emergen en sus nuevas cotidianidades las categorías de memoria, verdad y reparación, que se entretejen en medio de los espacios de construcción de nuevas identidades y ciudadanías. De esta forma, la verdad no sólo es una categoría conceptual a la que tienen derecho las víctimas del conflicto armado, no sólo es uno de los elementos dentro de los procesos transicionales, no sólo es recibir información. Para ellas la verdad es un principio ético humanizante, que les devuelve la dignidad tanto de cara al pasado como al futuro. Reconocer desde la veracidad lo ocurrido durante los años de violencia que experimentaron restaura su dignidad, aporta para la construcción de nuevas formas de estar en el mundo.

La búsqueda de la verdad no se limita a saber lo que sucedió en el conflicto armado, la verdad como principio ético también se manifiesta en la forma como se sigue construyendo el futuro para ellas y con ellas, sobre todo por parte del Estado, que carga con la responsabilidad de ser garante de derechos; y en ese sentido, propender para que los mecanismos a los que estas mujeres tienen derecho ayuden a construir procesos de dignificación y humanización de sus historias y sus vidas presentes. Esta perspectiva choca con la indolencia de un Estado que no solamente no satisface el derecho a saber lo que pasó y sus responsabilidades en los hechos, sino también en la medida en que no cumple sus promesas manifiestas en la ley 1448, por lo que, para ellas se erige como un Estado mentiroso, incapaz de dar la cara, de garantizar sus mínimos derechos. Es en esa medida que, teniendo en cuenta las grandes pérdidas que sufrieron y que nunca se podrán recuperar o reparar, su expectativa estriba en que el Estado pueda reconocer lo vivido, sufrido y perdido y les pueda cumplir, no sólo con leyes de papel y burocracias que la simulan, manteniendo un estado latente de espera, lo que significa profundizar sus vulnerabilidades y ser revictimizadas, sino con verdad, justicia y reparación efectivas.

Sin embargo, hablar de verdad, justicia y reparación, implica poner en cuestión categorías políticas, académicas e institucionales cuyas definiciones nacen en campos ajenos a su vivencia, pero ¿qué sucede cuando las confrontamos con las experiencias de estas mujeres y sus familia? Ellas adoptaron estas categorías de los diferentes espacios en los que participaron, así como la categoría “víctima”. Es decir, más que parte de su experiencia cotidiana y mundo de la vida, las toman de su interacción con un entramado institucional distante, que se acerca no a dialogar, sino a definir su situación, a imponerla, a enmarcarla dentro de sus coordenadas, colonizando sus experiencias, dolores y sufrimientos, secuestrando su palabra, envenenando sus cuerpos (Das, 2008 a, b).

Es así como profundizamos en la comprensión de lo que subyace a sus relatos, más allá de las categorías conceptuales que utilicen, que, si bien es cierto, en muchos casos hacen una referencia adecuada a los procesos y mecanismos diseñados para ellas como víctimas, en otros casos pueden agrupar también diferentes conceptos, ideas, percepciones o sentimientos interrelacionados con estas categorías que provienen de los académicos, de los interventores, de los agentes estatales, quienes generan una ruptura entre la experiencia y su forma de comunicarse, con un léxico estructurado que, al colonizar la vivencia, conmina a la pasividad, al silencio, y en muchos casos, a la resignación (Das, 2008 a, b, Villa Gómez, 2014; Villa Gómez, et al., 2017).

El camino que han recorrido estas mujeres víctimas de desplazamiento forzado medido tanto geográfica como temporalmente y los procesos en los que se han involucrado en este transitar hacia la reconstrucción de vida, ha moldeado en ellas las narrativas, discursos y percepciones que manejan en la actualidad respecto a los mecanismos de verdad, justicia, reparación y no repetición. Categorías concebidas en muchos casos como inalcanzables o difusas. A las cuales les han impreso sus propias vivencias, sentidos, experiencias y sufrimiento para que sean congruentes con lo que se espera de ellas. Pues cuando logran traducir su experiencia a estos lenguajes expertos, jurídicos, estatales, científicos, pareciera dar la apariencia de ser por fin escuchadas y sus necesidades atendidas. Así incorporan el léxico, lo hacen suyo, a costa de perder la posibilidad de darle sentido a su experiencia, la que solamente parecen recuperar en sus propios espacios de memoria compartida (Cfr. Villa Gómez, 2014).

Esta categoría es la que más claramente se ajusta a sus propias construcciones y definiciones, en la que menos ha permeado la institucionalidad como forma de imposición teórica y la más cercana a sus prácticas de resistencia. Las mujeres llevan sus recuerdos a flor de piel, estos recuerdos y vivencias han sido en muchos casos las motivaciones que han determinado sus esfuerzos para luchar por derechos, para seguir consistentemente en el proceso de reconstruir su vida, y en algunos casos -debido a la falta de reparación psicológicala memoria ha sido también una forma de elaboración, aunque se confronte en el horror, de allí la importancia de acompañar estos procesos y dinámicas que tienen un poder transformador (Villa Gómez, 2014).

La transición interminable de los procesos transicionales

¿Se puede hablar, entonces, de procesos transicionales? Veíamos en los hallazgos anteriores que la condición de desplazamiento lleva inherentemente el potencial de ser superado, sin embargo, en contraste con la evidencia de vida de las mujeres, se concluye que la condición transicional no existe para estas víctimas, que están sometidas a procesos transicionales, sin operar concretamente en sus vidas una transición (Villa Gómez, 2013). Hablar de “superación” parece una utopía inalcanzable, por esta acción lenta o inacción del Estado y sus mecanismos que no garantizan derechos. Algo que tampoco se alcanzará en la mediocre y parcial implementación que el gobierno actual ha realizado de los acuerdos de paz entre las FARC y el Estado colombiano.

Los procesos transicionales inherentemente llevan como potencial aprendizajes, cambios y reconstrucción del tejido social, esto es, si se cumplen las condiciones necesarias para que así sea; sin embargo, si las voluntades y esfuerzos políticos no se alinean para incidir en esta reconstrucción social, es posible que estemos frente a escenarios en donde la insatisfacción, la indignación, el descontento generalizado por violencias que no terminan, sino que mutan, sigan siendo el componente principal para los ciclos repetitivos de revictimización, violencia y formas de pseudoreparación. Por tanto, al analizar la idea de ‘transición’ en la vida de estas mujeres en este escenario de posacuerdo, podemos hacernos la pregunta ¿Colombia está realmente en transición? ¿A qué nos referimos con transición cuando hablamos desde las miradas de estas mujeres desplazadas? Sobre todo cuando, a través de los años, los eventos del pasado político violento, así como las afectaciones psicosociales en sus vidas han permanecido en estado de latencia.

En su experiencia, todo termina siendo un juego discursivo de apariencias: el Estado promulga leyes, normas, hace acuerdos de paz, establece mecanismos, pero queda sólo para la galería, en un juego de mimetismo que permite decir a la opinión pública y a la comunidad internacional que se cumple, pero en el papel. Se cumple incumpliendo, se incumple prometiendo, se elaboran bellos discursos, pero no se da la voluntad política para desarrollar lo que estos procesos implican, lo que los convierte en una espiral sin cierre definido. Una transición permanente que se prolonga por décadas, pero que transita siempre hacia lo mismo: más violencia, más injusticia estructural e impunidad. Se repiten los mismos patrones de victimización una y otra vez, permanecen las condiciones de vulnerabilidad, no hay verdad fáctica para ellas, no ven que la justicia sea aplicable en sus casos, la reparación es una burla permanente. Si los procesos transicionales en este escenario de posacuerdo no han logrado convertirse en realidades tangibles en las vidas de estas mujeres y de tantas víctimas en el país (Villa Gómez, 2013), ¿es posible que digamos que Colombia está en un proceso de transición?

La reparación y la verdad son conceptos intrínsecamente ligados, en donde el conocimiento de la verdad precede a los mecanismos de reparación, la verdad es la categoría que responde sus preguntas y valida sus historias, la verdad es el espacio en el que escuchan las respuestas a sus “por qué, dónde y cuándo” y pueden encontrar un cierre al sufrimiento, y a la vez, la verdad para ellas también es ser escuchadas, que sus historias sean válidas y visibilizadas. Lo cual llevaría a concluir que no es posible hablar con seguridad de procesos transicionales cuando esas transiciones son despojadas del carácter temporal y no tienen la eficacia necesaria para garantizar los derechos de las víctimas, sino que se tornan en luchas permanentes en las vidas de estas mujeres para acceder y reparar sus derechos vulnerados (Jaramillo, 2021; Villa Gómez, 2013; Villa Gómez e Insuasty 2016, 2017; Villa Gómez, Arias y Arroyave, 2018). En este sentido, todas las entrevistadas manifestaron que en diferentes grados hay un incumplimiento sistemático por parte del Estado, acentuando la percepción de éste y del actual gobierno como engañador y mentiroso, puesto que pasan años y décadas sosteniendo promesas incumplidas, mientras esperan interminablemente que la dignificación arribe a sus vidas, llegando, incluso, hasta el final de sus días.

Es importante humanizar, entonces, estos procesos de acceso a los mecanismos transicionales, tener en cuenta las afectaciones psicosociales que en la mayoría de los casos no han sido reconocidas y mucho menos acompañadas, garantizar que las víctimas del conflicto armado puedan hacer efectivos sus derechos, que es algo primordial, contribuir a la recuperación de su dignidad, hacerlas partícipes reales, concretas y efectivas de los procesos de verdad y justicia, que puedan ser visibles para la CEV y la JEP, cumplir, por lo menos, con la reparación prometida en la ley 1448. Y, en esa medida, contribuir a la reconstrucción de sus vidas, no sólo desde lo material sino desde lo multidimensional, de tal manera que no se generen nuevas afectaciones, garantizando su dignificación con miras a la reconstrucción de sus vidas y del tejido social. Lamentablemente, éstas son tareas que Colombia como nación, que el Estado colombiano, los diversos gobiernos y la sociedad aún le adeudan a sus víctimas.

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1El presente artículo deviene del proceso de investigación que dio lugar al trabajo de grado de maestría en Psicología Social de la UPB, de la ahora magíster, Sara Hacen Flores, dirigido por el Profesor Juan David Villa Gómez, coordinador de la macroinvestigación en la que se enmarca este trabajo, denominada “Barreras psicosociales para la construcción de la paz y la reconciliación en Colombia” radicado con código 325C-11/18-10, ejecutado por la Universidad Pontificia Bolivariana-Medellín (Grupo de Investigación en Psicología: sujeto, sociedad y trabajo -GIP-) y la Universidad de San Buenaventura-Medellín (GIDPAD y Grupo de Estudios Clínicos y Sociales en Psicología), que además cuenta con la participación de Grupos de investigación de la Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga; la Universidad Surcolombiana, la Fundación Universitaria Claretiana y la Pontificia Universidad Javeriana, Cali.

Recibido: Noviembre de 2020; Revisado: Diciembre de 2020; Aprobado: Febrero de 2021

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