Saint-Ouen - 2018
Johanna Orduz
Introducción
¿Quién necesita «identidad»? Se preguntaba Stuart Hall en el año 2003, cuando proponía situar el debate en desarrollos y prácticas históricas específicas. Desde esta perspectiva, la identidad se construye dentro del discurso, en el interior de formaciones y prácticas discursivas específicas mediante estrategias enunciativas particulares y siempre al interior de ámbitos históricos e institucionales. Al mismo tiempo, las características de los procesos identitarios emergen de modalidades específicas de juegos de poder, producto más de las marcaciones de la diferencia y la exclusión1.
Por ello, nos interesa prestar atención a las instituciones y a los agentes que intervienen en la configuración de discursos acerca de la identidad regional con características puntuales en la provincia de La Pampa. En ese marco, las políticas culturales impulsadas por el Estado provincial jugaron un rol crucial (Salomón Tarquini & Laguarda, 2012), y a tal efecto fue que se convocaron investigadores de distintas disciplinas, interesados en distintos aspectos y muy en particular en relación con los pueblos indígenas de la región. En este artículo analizaremos el surgimiento de estos estudios en su vinculación con el desarrollo de dichas políticas culturales, que tendieron a reforzar un discurso específico sobre la identidad provincial donde los pueblos indígenas, con especial énfasis en las comunidades ranqueles2, ocuparon un lugar central.
Varios estudios analizan el papel de instituciones como el Estado en la imposición y difusión de determinadas nociones sobre el pasado y los grupos sociales. Esta perspectiva parte de pensar al Estado en estrecha relación con la sociedad en la que opera y como un artefacto ideológico (el Estado-idea definido por Abrams, 1988) en ejercicio de legitimación (Alonso, 2006). Al retomar los aportes de autores como James Brow, Philips Abrams & Benedict Anderson, Alonso (2006) plantea las estrategias simbólicas, materiales y hegemónicas que producen la idea de Estado, así como los diferentes modos espaciales, corporales y temporales a través de los cuales se materializa la «comunidad imaginada».
Desde el punto de vista del autor, el discurso actúa como una herramienta a través de la cual el abuso de poder social, el dominio y la desigualdad pueden ser practicados, reproducidos e incluso combatidos por el discurso, oral o escrito, en un contexto social y político específico.
Pero la formación de los Estados nacionales desencadena un doble proceso. Si por un lado genera proyectos de homogeneización y totalización, por otro conlleva a la elaboración de categorías acerca de los «unos» y los «otros». De esta manera, la etnicidad es en parte el efecto de la formación de los Estados que crea formas diferenciadas y jerarquizadas de imaginar las distintas identidades colectivas (Alonso, 2006). Claudia Briones y su equipo de trabajo se dedicaron a analizar «las formaciones nacionales de diversidad» (2005a) para designar las formas por medio de las cuales los Estados construyen la identidad nacional. Para Briones, los procesos de formación de grupos alterizados se generan con base en la selección de marcaciones racializadas desde lugares de poder como el Estado3. Ahora bien, la autora sostiene que más allá del peso de las construcciones de alteridad hegemónicas a nivel nacional, las dinámicas de relaciones al interior de las provincias perfilan formaciones provinciales de diversidad, es decir, economías políticas específicas de producción de diversidad cultural (Briones, 2005b)4.
Si bien es innegable el papel de las instituciones y las distintas políticas que se despliegan en la formación y marcación de identidades, no debemos desatender el rol de los agentes en este proceso. Martínez (2013), subraya el papel de personajes a nivel local, provincial o regional que cumplen roles destacados en la construcción del campo cultural. La autora señala la necesidad de prestar atención al papel de aquellos intelectuales, agentes o, como ella los denomina, «productores culturales» que, aun formando parte de contextos considerados «periféricos» o «locales» y pese a su posición marginal, ocuparon y ocupan roles significativos en la producción, circulación y apropiación cultural. Al mismo tiempo y en sintonía con los objetivos de este trabajo, la autora sostiene que, para comprender el papel desempeñado por estos agentes, resulta fundamental reconstruir la trama contextual y relacional en la que se mueven estos sujetos y donde desarrollan sus actividades5.
En el marco de los estudios sobre poblaciones indígenas en particular, existen diferentes trabajos que analizan el proceso de construcción de representaciones acerca de lo que constituye «lo indígena» desde los sectores hegemónicos en diferentes regiones de América Latina y Argentina6. En la provincia de La Pampa los mayores antecedentes en la temática lo constituyen los aportes de Lazzari (2010) quien, en su tesis, analiza el resurgimiento actual de los Rankülche en la provincia. Para el autor las demandas de reconocimiento de este pueblo entran en contradicción con un pensamiento que proclama la casi inexistencia de los indígenas en La Pampa7.
Con estos antecedentes, el artículo se ocupa de un asunto escasamente explorado en la historiografía argentina, que recientemente comienza a dedicarse a procesos de construcciones hegemónicas a niveles de estatalidad provincial, pero en el cruce con la historia social e intelectual. Nuestro trabajo está organizado de la siguiente manera. En un primer momento, analizamos los inicios de un discurso indigenista que tuvo lugar sobre todo a partir de la década de 1930 en un contexto de movilización política y social particular. En segundo lugar, repasamos las principales características de las políticas culturales provinciales entre los años 1970 y 1980. Finalmente, abordamos el transcurrir de las políticas culturales en el periodo democrático. Entre las técnicas de análisis se cuentan las entrevistas a informantes clave, y la observación y análisis de documentos elaborados por las distintas agrupaciones y entidades.
Una aclaración preliminar es necesaria: en la región, las campañas militares de fines del siglo XIX finalizaron con la autonomía política de los grupos indígenas, que fueron incorporados en forma subalternizada a la sociedad nacional. Durante todo el siglo XX solo hubo un reclamo puntual por tierras en la década de 19608, pero los grupos indígenas no formaron parte de la formulación de políticas culturales en ningún momento, al menos dentro del periodo analizado. Las primeras comunidades de pueblos originarios en La Pampa se organizan a inicios de la década de 1990, cuando gran parte de las investigaciones y políticas culturales ya han tomado un rumbo preciso y las instituciones y actores centrales llevan varias décadas de trabajo conjunto, como se verá a continuación.
Los inicios: indigenistas y discursos oficiales en la primera mitad de siglo y la postprovincialización
En Argentina, el territorio que hoy conforma la provincia de La Pampa fue delimitado como Territorio Nacional de La Pampa mediante la ley nacional N° 1.532 en 1884, pocos años después de las campañas militares que finalizaron con la autonomía de los pueblos indígenas de la región. Los Territorios no tenían la misma jerarquía jurídica que las provincias, y sus gobernadores eran designados por el poder ejecutivo de la Nación y no por la población en elecciones. La misma ley preveía en su artículo cuatro que al alcanzar los 60.000 habitantes, se tendría el derecho de ser declarada provincia. Un intenso flujo migratorio llevó a la población del territorio de 25.915 habitantes en 1895 a 88.863 en 1912. Sin embargo, la provincialización no se concretó hasta 1952. De este modo, las primeras décadas del siglo XX vieron crecer movimientos sociales con reclamos provincialistas, en los que los aspectos culturales tenían un rol central, pues permitían dar cuenta de las especificidades regionales.
En la Pampa, esta tendencia creció notablemente en la década de 1930. La movilización de la sociedad civil se conjugó con los intereses estatales en algunos puntos donde interesaba el conocimiento disciplinar y la producción artística regional9. En este contexto, se realizaron excursiones arqueológicas para aumentar el acervo del Museo. La Dirección de Cultura recientemente creada, dependía orgánicamente de la Comisión del Museo Regional Pampeano y hasta fines de la década de 1950 se alternaron las expediciones de aficionados con el inicio de excavaciones profesionales, la primera de ellas a cargo de Osvaldo Menghin10, en 1950 en el marco de su pertenencia al Museo Etnográfico, de la Universidad de Buenos Aires (Pera, 2011).
También de estos años data la creación del Centro de Estudios Pampeanos, a cargo de Enrique Stieben11, escritor e investigador que tuvo amplio acceso a los medios de impresión y difusión de la gobernación del territorio a lo largo de la década de 1940 (Lanzillotta, 2011). En la emisión de las conferencias radiales de 1939, luego publicadas como documento de gobierno, sostenía respecto de los indígenas que:
Ahora los descendientes [de los indios fugitivos y sometidos] viven en los pueblos y las colonias indígenas [...] Centenares de ellos trabajan en chacras. Pero van desapareciendo minados por el alcohol, el tabaco y la miseria en que los sume la incapacidad técnica elemental y su absoluta incultura. Hoy se comprende porque no fue suficiente ni acertado otorgar tierras en común a las tribus. Ni hubieran servido de nada los títulos individuales sobre leguas y más leguas. Esos indios carecían en absoluto de nociones de orden, administración doméstica y trabajo. Se habían educado en el pillaje durante siglos. Su edad era prehistórica. Su oficio, la guerra. ¿Cómo iban a convertirse, pues, de la noche a la mañana en sosegados pastores y honrados agricultores? /.../ Esa evolución no se logra en una, ni en dos ni en tres generaciones, si no está apoyada en la educación metódica, deliberada y obligatoria. Lo acertado hubiera sido fundar colonias-escuelas dirigidas por técnicos elementales. Pero ese problema subsiste y su solución es del futuro próximo (Stieben 1939, citado en Lazzari, 2010, p. 22).
Stieben se dedicó a la recopilación de información sobre la lengua y las «costumbres» de los indígenas que llegó a conocer y cuyos testimonios recogió, pero lo hizo desde esta interpretación que suponía su persistencia como un resabio del desierto que era necesario borrar para construir una «pampa civilizada», y auguraba su pronta extinción12.
A poco tiempo de la conversión de La Pampa en provincia, a inicios de la década de 1950, se esperaba que los elementos de las colecciones arqueológicas permitieran «investigar las características de sus habitantes antes y después de la conquista /... / ilustrar y documentar la vida, costumbres y características propias del indio pampa» (Museo Provincial, 1955, citado en Pera, 2011, p. 81). A lo largo de toda esta década hubo normas contradictorias que permitían la coexistencia de la Dirección de Cultura que aparecía en el presupuesto de 1957, con una Secretaría de Cultura (creada por Decreto 327/54) que luego fue reemplazada por un Departamento de Cultura (Decreto 884/54). El Decreto Ley 746/60, mediante el cual se creó la Dirección de Cultura -en el ámbito del Ministerio de Asuntos Sociales- regularizaría esta situación e inauguraría un periodo de políticas culturales sistemáticas que preveían divisiones internas para la administración de las distintas actividades: la División de Bibliotecas, la División de Intercambio Cultural y las Secciones de Cultura Social, Arte y Museos (Pera, 2011).
Desde fines de la década de 1950 y principios de la siguiente se inició una etapa que podría denominarse «fundacional» en las políticas culturales de la provincia. En este periodo se trataron de definir las bases en torno a las cuales se articularía una «identidad pampeana», mediante el apoyo a los escritores y músicos locales, especialmente desde la gestión de Ricardo Nervi13, Director de Cultura entre 1956 y 1960 (Salomón Tarquini & Laguarda, 2012). Su perspectiva era la de resaltar los valores de trabajo de una pampa agrícola, y sin vinculación con las «raíces» indígenas14. Pero durante su gestión reunió a artistas que poco después comenzarían a plantear una visión distinta acerca de las principales bases de esa «identidad cultural», en la cual los pueblos indígenas tendrían un lugar clave (Salomón Tarquini & Abbona, 2016).
Fue precisamente en ese contexto en que entró en vigencia el Decreto Ley N° 2.028, de 1959, que estableció que las ruinas, yacimientos, bienes arqueológicos y paleontológicos, y de interés histórico, científico y turístico ubicados dentro del territorio provincial serían de propiedad provincial (Pera, 2011). A partir de la década de 1960 comenzó a sistematizarse la presencia de arqueólogos de universidades nacionales y centros especializados, en la mayoría de los casos por iniciativa propia, aunque más tarde esos vínculos iniciados de esta manera redundaron en la convocatoria por parte del gobierno provincial.
En enero de 1962, Jorge Zetti inició las expediciones arqueológicas en las sierras de Lihuel Calel (ubicadas al sureste de la provincia), a las que luego se sumó Rodolfo Casamiquela. En 1965 llegaron Rosendo Pascual, Enrique Ortega y Eduardo Tonni (de la Facultad de Cs. Naturales de la Universidad Nacional de La Plata) y también lo hicieron Amalia Sanguinetti de Bórmida y Marcelo Bórmida (bajo la dirección de Osvaldo Menghin) (Pera, 2011). Poco después, en 1967 M. Bórmida y Antonio Austral, de la Universidad Nacional del Sur, fueron convocados por el director del Museo Provincial, a través de nota del director provincial de Cultura para dictar charlas y realizar excavaciones (Pera, 2011). Finalmente, en 1968 arribaron Ciro R. Lafon (de la Universidad de Buenos Aires) O.C. Chiri, R. Merlino, Luis Orquera y A. Barbieri, pero en expediciones que no fueron gestionadas por las autoridades locales y que motivaron un fuerte reclamo de la Dirección de Cultura provincial ante las autoridades de la UBA.
El contacto con Casamiquela fue uno de los que, iniciado en esta época, perduraría por varios años más. En 1966 fue contratado por la dirección de Geodesia de la provincia para realizar un relevamiento de la geonimia que incluyera voces indígenas15.
Las políticas culturales provinciales en los años 1970 y 1980
Las políticas culturales de inicios de los años 1970, especialmente con el arribo de Fernando Aráoz16 como Director de Cultura, se caracterizaron por el inicio de un plan de mediano y largo plazo que implicaba la profesionalización de la gestión cultural a través de la vinculación con organismos especializados. En este periodo, las relaciones iniciadas en los años previos cobraron mayor importancia y se profundizaron las visitas de los profesionales de arqueología, pero también con otras entidades, como veremos a continuación.
En la reseña producida en mayo de 1973 por el Ministerio de Gobierno, Educación y Justicia, se establecía con respecto a la actividad desarrollada por la Dirección de Cultura entre 1971 y 1973, período a cargo de Aráoz, que
se ha ido proponiendo la legislación básica para encaminar la política cultural, se ha buscado la colaboración de organismos especializados mediante convenios de acción conjunta, se ha procurado la creación y puesta en marcha de actividades especializadas, sin perjuicio de la labor usual de presentación de artistas, incremento de colecciones, etc. (Ministerio de Gobierno, Educación y Justicia & Gobierno de La Pampa, 1973, p. 79-80)17
Entre las acciones, se hacía referencia a la ampliación de las colecciones del Museo Provincial, la creación del Consejo Provincial de Coordinación Cultural, del Archivo Histórico de la Provincia, la reglamentación de la Ley de Defensa del Patrimonio Arqueológico y la firma de nuevos convenios de cooperación y asistencia técnica con el Fondo Nacional de las Artes, el Consejo de Investigaciones Científicas de Río Negro18 (en el que se encontraba Rodolfo Casamiquela, quien como vimos, había comenzado a realizar visitas a La Pampa por distintos estudios en la década anterior) y el Instituto Nacional de Antropología (para la realización de un relevamiento musicológico y literario)19.
El Instituto Nacional de Antropología estaba dirigido a la sazón por Augusto Raúl Cortázar, quien sugirió que se prestara mayor atención a la producción artesanal de la provincia, especialmente los textiles indígenas20, y propuso la visita de Ercilia Moreno Cha -para un relevamiento musicológico que finalmente se concretó años después- y de Jorge Prelorán, quien realizó tres documentales en distintos lugares de la provincia21.
Las políticas delineadas por Aráoz fueron recuperadas en el gobierno democrático iniciado el 25 de mayo de 1973, con Ángel Cirilo Aimetta como nuevo Director de Cultura de la Provincia. En 1974, por ejemplo, puso en marcha un Plan General de Cultura que, bajo el lema «cultura desde el pueblo y con el pueblo», se proponía la «investigación, rescate y difusión de todas las manifestaciones representativas del acervo histórico-cultural, tales como la arqueología, la etnografía, el folklore, etc»22.
Pocos años después de la creación del Archivo Histórico Provincial (en 1973), se puso en marcha el Departamento de Investigaciones Culturales de la Provincia de La Pampa (DIC)23, que promovió una serie de proyectos de investigación con el objetivo de conocer distintos aspectos de la historia y la cultura pampeana por medio de la recopilación de testimonios24. De acuerdo a Norma Medus, por entonces directora del DIC y el Archivo, «Lo que estaba creado por decreto era el Archivo [Histórico Provincial] pero la idea era formar el archivo [por Departamento] de Investigaciones para que se investigara y se rescatara la cultura regional»25.
Todos estos proyectos fueron organizados en distintos fondos sonoros y documentales como los Fondos Ranquel y testimonios, muchos de cuyos relatos fueron transcritos26. El departamento estuvo a cargo de la geógrafa Norma Medus27 desde su fundación en 1973 hasta el año 2000, la sucedió la antropóloga María Inés Poduje, y a partir del corriente año permanece en el cargo Ignacio Roca, también antropólogo.
Por estos años, se comenzó entonces a trabajar sistemáticamente con el tema indígena28, específicamente en relación a las artesanías tradicionales, según lo afirman Norma Medus y María Inés Poduje29. Se enfatizó en la difusión de variadas prácticas culturales pampeanas, sobre todo en la zona oeste, entre las que se contaban la música popular, la producción literaria, las artesanías y el cine, entre otras. En la misma década también se aprobó la ley de promoción de la producción pampeana artesanal y artística (Ley N° 778 de 1977) y en 1978 se puso en funcionamiento el Mercado Artesanal30.
La década también asistió a la implementación de proyectos y políticas gubernamentales destinadas al rescate del patrimonio arqueológico de la provincia. Si bien se hicieron trabajos arqueológicos previamente en La Pampa, estos eran más bien esporádicos. Fue desde los años 1970 que se trabajó en forma sostenida y con mayor rigor científico en el área. Pera (2011) sostiene que los intentos de protección de los bienes arqueológicos formaron parte de un movimiento más amplio iniciado a mediados del siglo XX. Según la autora, las provincias comenzaron a dictar sus propias leyes ante la necesidad de proteger un patrimonio que se consideraba desprotegido (y en manos de privados en muchos casos) y que era percibido como propio y de gran importancia para la identidad provincial. En este periodo, la formación y protección de las colecciones arqueológicas en La Pampa estaba a cargo de la Dirección de Cultura y, dentro de ésta, a los dos departamentos que la conformaban: el Departamento de Investigaciones y el Departamento de Museos. En ese contexto, en 1973 se dictó una medida que preveía beneficios para coleccionistas que declararan espontáneamente sus colecciones, se los declaraba custodios permanentes de las piezas arqueológicas, con la obligación de no vender las colecciones en forma total o parcial, ni retirarlas del ámbito provincial, o facilitar sus préstamos cuando se lo requiriera la Dirección de Cultura (Pera, 2011). Se organizaron campañas arqueológicas destinadas a detectar yacimientos de interés y en particular aquellos que tuvieran arte rupestre. Para ello se convocó al arqueólogo Carlos Gradin31. Se pretendía aquí ya de manera sistemática que se tuvieran conocimientos técnicos para realizar las recolecciones arqueológicas y para realizar los inventarios, para evitar el coleccionismo particular y crear conciencia de que los bienes arqueológicos forman parte del patrimonio público (Pera, 2011)32.
A la vez, se encararon también diagnósticos sobre la situación de los indígenas a inicios de la década de 1970. La gestión de Aimetta encargó a Rodolfo Casamiquela la elaboración de un informe sobre la situación de los indígenas de Emilio Mitre, que finalizó con una prospección realizada en mayo de 1974 y un reporte de 15 páginas en el que se daba cuenta de la situación socio-económica y las necesidades de los pobladores. En la primera página se indicaba que
dadas las especiales características de la comunidad objeto de estudio, por tratarse de una colonia de indígenas argentinos descendientes de las antiguas tribus ranqueles, se abordó el estudio de la misma, mediante las técnicas adecuadas, apelando a la metodología propia de la ciencia antropológica. Los objetivos fijados por la institución patrocinante se centralizaron en dos lineamientos: a) rescate y salvaguarda de los valores culturales de este pueblo; b) esbozo de una línea de acciones concretas tendientes a dar pronta solución a inminentes problemas sociales y económicos. (Casamiquela & Giordano 1975, negritas propias)33
Desde el punto de vista lingüístico, según Fernández Garay (2015) las iniciativas para trabajar sobre los ranqueles surgen en los años 1980 de parte de las autoridades provinciales interesadas no sólo en conocer cuál era la población indígena de la provincia, sino también su situación sociolingüística. En 1983, la autora fue contratada por la Secretaría de Cultura de la Nación para llevar a cabo el relevamiento lingüístico de los hablantes de ranquel en la provincia de La Pampa, proyecto en conjunto con la antropóloga María Inés Poduje, que finalizaría en la conformación de los ya mencionados Fondos Ranquel y Testimonios del Archivo Histórico Provincial, además de diccionarios, libros de textos, el dictado de talleres de lengua ranquel en distintas localidades de la provincia, entre otras cosas. A partir de entonces, Ana Fernández Garay y el grupo de lingüistas de la Universidad Nacional de La Pampa que la acompañaba, comenzaron a trabajar de manera conjunta con las comunidades ranqueles, con el apoyo tanto de la universidad como del gobierno provincial, ambos financiando distintos proyectos34.
Como se ha mencionado en otros trabajos (Abbona, 2013), la labor del DIC en la provincia pareció estar cada vez más dirigida casi exclusivamente a los ranqueles. Cuando tuvimos la oportunidad de entrevistar a María Inés Poduje, en varios pasajes ella destacó el carácter único de los ranqueles, o «lo ranquelino» como ella lo denomina, en La Pampa. De esta manera, en el momento que Ana Fernández Garay es contratada para realizar el relevamiento lingüístico del que hablamos anteriormente, Poduje ya trabajaba en el DIC (asumiría su dirección más tarde) y también participó del proyecto. Acerca de esto nos comentaba:
fuimos [refiriéndose a ella misma y Ana Fernández Garay] a los distintos lugares donde había posibles hablantes, mapuches pensamos nosotros [por los miembros del DIC a cargo del proyecto]... o no sé en ese momento qué le habremos dicho a ella [por Fernández Garay]. Entonces hicimos el recorrido y ella nota esta clara diferencia y nos dice lo ranquelino es único, no hay otro grupo en la Argentina enfoquémonos en esto, por las dudas, porque está muy en riesgo35.
Al dirigir su accionar a los ranqueles y aún reconociendo en los distintos documentos que existen en la provincia de La Pampa otros pueblos que no se reconocen como ranqueles, el DIC contribuyó a generar una imagen que coloca a este pueblo en relación directa a la provincia de La Pampa. Discurso, creemos, que forma parte de la construcción hegemónica de una «identidad pampeana» que incluye a «lo ranquelino» como «marca de identidad en la construcción de la provincianía» (Mombello, 2005).
En el auge del regreso de la democracia
Con el retorno de la democracia tras la dictadura de 1976-1983 en Argentina, y en un marco de efervescencia política y cultural, en La Pampa las políticas retomaron progresivamente los reclamos de las organizaciones sociales que para esa época comenzaban a constituirse como instituciones, como la Asociación Pampeana de Escritores (APE, en noviembre de 1983) y el Centro de Artistas Plásticos Pampeanos (CEPAP, en abril de 1984). En estos años se diferencian claramente una nueva gestión de Rodolfo Capón Filas (1983-1984), un período de acefalía entre principios de 1985 y fines de 1986, y, a partir de la creación de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia, la actuación de Norma Durango, entre 1987 y 1991.
Pocos después de su nombramiento, Capón Filas convocó al «Primer Encuentro Cultural Pampeano», que tuvo lugar en Santa Rosa a fines de marzo de 1984, cuyo objetivo era el de sentar las bases para los principales lineamientos de las futuras políticas culturales. Para ello se convocaron a artistas e instituciones para participar en su formulación. A fines de octubre de ese año, en una nota periodística en la que se anunciaba un curso de «folklore y educación», se hacía referencia al encuentro realizado en marzo, asegurando que «hubo voces que plantearon la necesidad, previa la formulación de un Proyecto de Acción, de un análisis y caracterización antropológica y sociológica de nuestra cultura».36
Esa línea de trabajo aparecía relacionada con la labor de los integrantes del Instituto de Estudios Regionales (IER), en el ámbito de la Universidad Nacional de La Pampa, que justamente era la entidad que ofrecía el curso37.
El Proyecto Cultural Pampeano se puso en marcha en 1985 y contemplaba líneas de acción para todos los departamentos que dependían de la Dirección de Cultura. Para el Departamento de Investigaciones Culturales se preveía que sus funciones consistían en: «desarrollar y promover los estudios arqueológicos, etnohistóricos, históricos, antropológicos, sociológicos, lingüísticos, folklóricos de interés provincial y regional. Identificar e inventariar los yacimientos arqueológicos, sitios, lugares y monumentos históricos de la provincia» (Pera, 2011, p. 193)38.
Posteriormente, en 1987 tuvieron lugar las Jornadas de reflexión sobre el proyecto cultural pampeano, a partir de una convocatoria de la Dirección. Se había previsto la participación de «Municipios, Comisiones de Fomento, Organizaciones Intermedias y Pueblo en General. Con el fin de: debatir roles y políticas a seguir por parte de los organismos responsables»39. En esta instancia participaron distintos integrantes del ámbito cultural y muy especialmente la Asociación Pampeana de Escritores (APE). En los despachos de las comisiones se contaba la situación de patrimonio y había un apartado específico referido a las comunidades indígenas.
Acerca del patrimonio, la comisión destacó
¿cuál es nuestro patrimonio cultural? Es el conjunto de hechos, objetos y valores generados a [¿y?] adaptados a lo largo de la historia de nuestro pueblo, que nos permiten reconocer nuestra identidad como tal. Esta definición involucra lo científico, lo arqu[e]ológico, edicilio, histórico, lingüístico, artístico, artesanal, la tradición oral, etc. Esta Comisión aprovecha para formular una dramática exhortación a los Poderes Legislativo y Ejecutivo para que arbitren los medios más urgentes dirigidos a rescatar las particulares muestras de nuestro patrimonio cultural que se encuentran en peligro de inminente extinción (por ejemplo, la lengua ranquel40.
Y en relación a las «culturas indígenas», como se indicaba en el subtítulo del despacho de la comisión, se indicaba:
esta Comisión propone reconocer y respetar a las comunidades indígenas como un grupo humano que practica una tradición desconocida para muchos y ya olvidada para otros.
Debemos tomar conciencia de que nuestro patrimonio cultural tiene sus raíces mucho más allá de los objetos inanimados que podemos apreciar en los Museos (sin menospreciar con esto el reconocimiento del alto valor histórico, antropológico, artístico y/o cultural que puedan tener aquellos). /.../ Es necesario entender que no se puede apreciar ningún objeto de una cultura sin comprender el ser humano que existe detrás de él, y la tradición histórica en la que nació. /.../ Por eso es que proponemos su integración como ser humano organizado a la sociedad. No debemos permitir que nadie lo vea como la cosa rara del pasado sino como la raíz del patrimonio cultural del pueblo. Debemos promover su organización en cooperativas u otras formas de asociación que defiendan sus intereses como comunidad. Otra forma de integrarlos para no perder nuestra raíz, es brindar cursos, seminarios, etc. sobre las diversas lenguas que se hablan aún hoy en algunos de estos grupos humanos. También debemos rescatar la historia por medio de las leyendas que pasaron de generación en generación en forma oral y que no han perdido por ello verosimilitud y significado.41
En el contexto de estas líneas, se avanzó con las investigaciones arqueológicas. De acuerdo a Lía Pera, en el año 1987 tuvo lugar un reordenamiento de las mismas en la provincia, pues ya se había finalizado con el rescate arqueológico en el área de Casa de Piedra, y se continuó con exploraciones en las áreas de las cuencas del Salado-Chadileuvú-Curaco y en la meseta basáltica (a cargo de las arqueólogas Mónica Berón y de Ana Aguerre respectivamente), investigaciones que fueron apoyadas por las universidades en las que ellas se desempeñaban -bajo la dirección de Carlos Gradin- y para las que el DIC organizó los viajes y movilidad, prestando asistencias de distintos tipos (Pera, 2011). El ordenamiento y conservación de las colecciones dentro del Museo, sin embargo, no fue una prioridad, pues los materiales quedaron guardados en los embalajes originales realizados por los investigadores. En la interpretación de Pera, «la carencia de especialistas en arqueología dentro del personal del museo y la tendencia de esta ciencia a requerir equipos de trabajo multidisciplinarios, actuaron en detrimento del ejercicio de la labor científica por parte de la institución» (Pera, 2011, p. 172).
En este período, las investigaciones arqueológicas continuaron con un trabajo sostenido en el área de Lihuel Calel (Mónica Berón), en el caldenar del norte de la provincia (a cargo de Ana Aguerre y luego de Alicia Tapia y su equipo), a las que se sumaron las investigaciones de Rafael Curtoni (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires) (Poduje, 2004).
La importancia que el DIC otorgó a estos estudios se plasmó en su participación en las Jornadas de Historia Ranquelina. Estas jornadas, organizadas inicialmente por el director del Archivo Histórico de la Municipalidad de Río Cuarto, se realizaron por primera vez en 1992 y en la segunda oportunidad tuvieron lugar en Santa Rosa, en 1994. De hecho, investigadoras dedicadas a analizar los procesos históricos protagonizados por los ranqueles, por ejemplo (como Marcela Tamagnini y Martha Bechis), se conocieron en Santa Rosa en oportunidad de estas jornadas.42
La imagen que presentamos a continuación grafica algunas de las relaciones tejidas entre investigadores y organismos provinciales a lo largo de los años repasados en este texto.
Como puede observarse, la Dirección (y luego Subsecretaría) de Cultura y el Departamento de Investigaciones Culturales fueron algunos de los principales articuladores entre los investigadores de distintas disciplinas, y la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPAM) también jugó un rol importante. De hecho, varios de los principales actores en esta tarea (Fernando Aráoz y Norma Medus especialmente) eran docentes en dicha universidad y formaban parte de los grupos de sociabilidad informal y amistad con quienes se interesaban por el pasado regional, como el historiador y profesor de esa universidad Julio Colombato, fundador del IER. En el Fondo Editorial Pampeano, que se fundó en 1984 y depende hasta la actualidad de la Secretaría de Cultura de la provincia, en los jurados que evalúan las obras hay docentes de la UNLPAM, y ya los había en los años 1980, al menos de geografía, como evaluadores estables.43
Años más tarde, a mitad de la década de 1990 se abrieron posibilidades de financiar publicaciones por parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI, creado por ley de 1985).44 Para entonces, el DIC contaba con abundante información, y se multiplicaron estudios específicos que finalizaron con la publicación de las Memorias de las Jornadas Ranquelina (AA.VV. 1998), las Crónicas Ranquelinas (Cazenave & Depetris, 1998), Pampas del Sud. Recopilación de textos que hacen a las raíces autóctonas de la provincia de La Pampa (APE, 1997), entre otros.45
En esas Memorias de las Jornadas Ranquelinas se transcribió una nota que hicieron llegar en 1996 desde la Fundación Willi Kalkin, una de las primeras agrupaciones ranqueles, que se habían conformado a inicios de la década de 1990. Allí, su presente Germán Canuhé, señalaba que se había enterado de las jornadas y se quejaba de que no hubieran sido invitados:
No se puede hacer un guiso de liebre sin liebre. No entendemos cómo se pueden organizar jornadas ranquelinas sin Ranqueles. Para salvar esa enorme omisión trataremos de que lo más representativo de nuestro pueblo pueda estar presente. (Poduje, 1998, p. 179)
Los ranqueles comenzaban a participar de las instancias de discusiones de los investigadores sobre temas que los afectaban, y años después participarían en campañas arqueológicas y en la organización conjunta de congresos, pero para entonces, se había efectuado un largo recorrido.
Consideraciones finales
¿Quién necesita identidad? Así empezábamos un recorrido que inició en 1960 para finalizar en 1993, y que tuvo como objetivo analizar el surgimiento de los estudios acerca de las poblaciones indígenas en lo que en la actualidad constituye la provincia de La Pampa. El trayecto recorrido puso igual énfasis en la importancia tanto de las instituciones como de los agentes involucrados, de los contextos y de los múltiples vínculos entablados que permitieron dar cuenta de cómo se fueron gestando políticas culturales que, desarrolladas durante el periodo que nos ocupa, dieron forma a discursos acerca de «una identidad regional» que ponía especial atención en el tema indígena.
Las políticas de exploración y preservación del patrimonio arqueológico fueron las investigaciones más destacadas en los primeros años posteriores a la provincialización, es decir hasta fines de la década de 1960. Hacia inicios de la siguiente y fundamentalmente con la gestión de Fernando Aráoz, se profundizaron y sistematizaron los vínculos con arqueólogos, pero también se comenzó con la indagación en otros aspectos, como los testimonios orales y la producción artesanal de la población indígena, para finalizar, hacia inicios de la década de 1980, con estudios a cargo de lingüistas en trabajo de campo. En el impulso de estas investigaciones, el rol del Estado provincial fue central. La Dirección de Cultura (luego Subsecretaría) ya sea a través del Museo Regional y posteriormente con más peso desde el Departamento de Investigaciones Culturales, no solo encargó investigaciones concretas, sino que también puso a disposición de los investigadores recursos para el trabajo de campo. Años más tarde, los ranqueles, organizados en fundaciones, comunidades y asociaciones comenzarían a incidir y participar en las instancias de investigación y reuniones académicas y culturales, pero las operaciones de marcaciones de alteridad habían comenzado décadas antes. Para la década de 1990, merced a las investigaciones y la difusión de intelectuales y gestores de las políticas culturales, los ranqueles eran parte de «nuestras raíces».