1.1. Libertad de expresión, honra y reputación en el sistema universal de protección de derechos humanos

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) está dentro de esos instrumentos del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos que tocan el tema relativo a la libertad de expresión, encontrando sustento en su artículo 19, el cual hace alusión a la posibilidad que tiene toda persona de expresarse y opinar libremente sin ser molestado por esta razón y de poder difundir sus mensajes por el medio que considere más expedito (^{Naciones Unidas, 1948}).

Como si se tuviera la intención de hacer uso tácito de aquella popular frase según la cual los derechos de los demás empiezan en donde terminan los míos, la DUDH también se refiere a la honra y a la reputación en los siguientes términos: “nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación” (^{Naciones Unidas, 1948, art.12}).

Por otro lado, el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) también apunta en una dirección ampliamente proteccionista del derecho a la libertad de expresión. A su tenor se lee lo siguiente:

Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. (^{Naciones Unidad, 1966, art. 19})

No obstante, el instrumento también contiene una apreciación hacia los límites de este derecho, ya que no lo concibe como algo absoluto, sino que encuentra un freno en su ejercicio cuando con él se llegan a comprometer negativamente otros derechos, como el buen nombre de los demás o la seguridad y el orden público (^{Naciones Unidas, 1966}). Esto implica que deba ser interpretado en armonía con lo dispuesto en el artículo 17, relativo al derecho a la honra, el cual dispone que “nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación” (^{Naciones Unidas, 1966, art. 17}). En este sentido, su materialización entraña la conocida relación entre derechos y deberes que, en este caso en particular, se refiere al deber de respeto hacia los demás y al orden constitucional y legal de cada Estado.

Además de las disposiciones mencionadas previamente, existen otros instrumentos que consagran estos derechos y sus limitantes. De esta manera, a título enunciativo se trae a colación la ^{Convención sobre Derechos del Niño (1989)} (artículos 13 y 16), la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (¹⁹⁹⁰) (artículos 13 y 14), y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (²⁰⁰⁶) (artículos 21 y 22).

1.2. Libertad de expresión, honra y reputación en el sistema interamericano de protección de derechos humanos

Desde el sistema regional de protección de derechos humanos también se observa la protección de los derechos que son objeto de estudio en este artículo y el establecimiento de límites en el ejercicio de estos. Así, por ejemplo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo 4 consagra el derecho que tiene toda persona de opinar, investigar, expresarse y difundir información sin mayores limitaciones (^{OEA, 1948}). Seguidamente, el artículo 5 del mismo documento hace referencia al derecho a la honra y a la reputación, al establecer que las personas deben estar protegidas por la ley cuando se presenten ataques a estos derechos (^{OEA, 1948}). Aquí se pone en evidencia, una vez más, la entrañable relación entre todas estas garantías y la necesidad de marcar pautas de respecto entre ellas.

De acuerdo con ^{Nikken (s.f.)}, la importancia de la enunciación de estos derechos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, radica en que al ser este un instrumento solemne, que en principio no tiene el carácter vinculante de un tratado, pone de manifiesto la intención de los Estados de reconocer ciertos derechos que terminan siendo principios fundamentales del derecho internacional. Por lo tanto, se convierten en normas perdurables, que incluso ayudan en la conformación de una costumbre internacional.

Por otro lado, el instrumento insignia del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, es decir, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 11 se refiere al derecho a la honra, aduciendo que “toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad” (^{OEA, 1969, art. 11}). En este sentido, establece la prohibición de injerencias arbitrarias en la vida privada de las personas y de los ataques a la reputación (^{OEA, 1969}).

En lo atinente al derecho a la libertad de expresión, la CADH se encargó de hacer una descripción minuciosa de todos los elementos que lo comprenden. Por esto, el artículo 13 establece que toda persona tiene la libertad de pensar y expresar sus ideas, derecho que a su vez implica la posibilidad de buscar información, recibirla y difundirla sin limitaciones a través de medios escritos, orales o artísticos (^{OEA, 1969}).

Asimismo, el numeral 3 del artículo 13 de la CADH contempla que no puede haber restricciones indirectas al derecho de expresión, y trae como ejemplos los siguientes tipos de limitaciones:

El abuso en los controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. (^{OEA, 1969, art. 13})

Pese a lo anterior, la libertad de expresión también encuentra un límite cuando con ella se pretende hacer propaganda a la guerra, al odio y a la discriminación, de acuerdo con lo previsto en el numeral 5 del artículo 13 de la CADH (1969). De igual forma, es permitida la censura previa por la ley de los espectáculos públicos cuando se pretende la protección de la moral de los infantes y de los adolescentes, de acuerdo con lo establecido en el numeral 4 del mismo artículo (^{OEA, 1969}). Sin embargo, el uso de las limitaciones a la libertad de expresión no es una potestad discrecional de los Estados, sino que para ello se deben seguir los planteamientos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la interpretación del artículo 13 de la CADH. En este sentido, el órgano colegiado ha establecido el llamado test tripartito para determinar la admisibilidad o no de una restricción al derecho a la libertad de expresión, el cual se compone de los siguientes aspectos:

(1) la limitación debe haber sido definida en forma precisa y clara a través de una ley formal y material, (2) la limitación debe estar orientada al logro de objetivos imperiosos autorizados por la Convención Americana, y (3) la limitación debe ser necesaria en una sociedad democrática para el logro de los fines imperiosos que se buscan; estrictamente proporcionada a la finalidad perseguida; e idónea para lograr el objetivo imperioso que pretende lograr. (^{CIDH, 2009, p. 2})

La libertad de expresión también ha sido considerada el eje central de los Estados democráticos, puesto que entraña la posibilidad de que los ciudadanos se muestren críticos frente a la gestión de los dirigentes que asumen su papel como resultado de la confianza que los votantes depositan en ellos, lo que hace realizable una verdadera democracia. Este postulado se reafirma si se tiene en cuenta lo planteado en artículo 4 de la ^{Carta Democrática Interamericana (2001)}, el cual contempla como componente fundamental de la democracia, entre otros aspectos, el derecho a la libertad de expresión y de prensa (^{OEA, 2001}). Lo anterior, también se predica de lo establecido en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión (DPLE), donde se dispone que “la libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática” (^{OEA, 2000, ppio. 1}).

2.1 Derecho fundamental a la libertad de expresión

La jurisprudencia constitucional ha entendido el derecho a la libertad de expresión como una categoría genérica que contiene varios derechos y libertades (^{Sentencia T-200/18, 2018}). Los elementos específicos que integran este concepto genérico son los siguientes: la libertad de opinión, o también conocida como libertad de expresión stricto sensu; la libertad de informar y de recibir información; y la libertad de fundar medios de comunicación. A través de la ^{Sentencia T-117/18 (2018)} la Corte se refirió a la diferencia entre la libertad de información y la libertad de opinión en los siguientes términos:

La libertad de expresión comprende dos aspectos distintos, a saber: la libertad de información, orientada a proteger la libre búsqueda, transmisión y recepción de información cierta e imparcial sobre todo tipo de situaciones o hechos, y la libertad de opinión, entendida como libertad de expresión en sentido estricto, la cual implica básicamente la posibilidad de poder difundir o divulgar, a través de cualquier medio de comunicación, las propias ideas, opiniones y pensamientos. (^{Sentencia T-117/18, 2018})

Para el ejercicio de la libertad de opinión solo son requeridos los medios físicos e intelectuales con los que cuenta aquella persona que expresa sus sentimientos, emociones y pensamientos. Por otro lado, para el ejercicio de la libertad de información es requisito indispensable que el contenido difundido cumpla con parámetros precisos de veracidad e imparcialidad.

En lo que respecta a la libertad de opinión es importante resaltar que, aun en aquellos eventos en los cuales es ejercida a través de medios de comunicación, el canal por medio del cual se emite el mensaje no desdibuja su real naturaleza. Por esta razón, no es dable exigir parámetros de veracidad e imparcialidad cuando quien se expresa lo hace a través de una columna de periódico o de revista, siempre y cuando se trate de libertad de opinión y no de información.

2.2 Derechos fundamentales a la honra y al buen nombre: similitudes y diferencias

La honra es un derecho fundamental que encuentra sustento en el artículo 21 de la Constitución Política de Colombia y, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, “alude a la consideración que sobre la persona se haga en razón a su condición de ser humano, por su valor intrínseco” (^{Sentencia T-731/15, 2015}). Por otro lado, el derecho al buen nombre es entendido como “la buena opinión o fama adquirida por un individuo en razón a la virtud y al mérito, como consecuencia necesaria de las acciones protagonizadas por él” (^{Sentencia T-411/95, 1995}). A través de la ^{Sentencia C-442/11 (2011)} la Corte Constitucional se refirió a las diferencias entre estos derechos de la siguiente manera:

El buen nombre alude a la reputación de la persona, es decir, a la apreciación que la sociedad emite de la persona por su comportamiento en ámbitos públicos. Mientras que la honra, por su parte, se refiere a la valoración de comportamientos en ámbitos privados, así como la valoración en sí de la persona. En suma, el buen nombre se refiere a la apreciación que se otorga a la persona por asuntos relacionales (cumplimiento de obligaciones dinerarias, aptitud para dirigir un equipo deportivo, entre otras), mientras que la honra se refiere más a la apreciación de la sociedad hacia una persona, a partir de su propia personalidad y comportamientos privados directamente ligados con ella. (^{Sentencia C-442/11, 2011})

Ahora bien, analizados y descritos los derechos fundamentales que han de tenerse en cuenta al momento de la identificación de las relaciones de precedencia condicionada, en los casos concretos en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se procederá a hacer un breve pronunciamiento respecto del principio de armonización. Es importante resaltar que, el objetivo esencial de este principio es evitar que en las colisiones entre derechos fundamentales se sacrifique un derecho para darle prevalencia a otro bajo argumentos simples o carentes de lo que ^{Alexy (1993)} denomina una razón iusfundamental correcta.

4.1. Colisión entre principios

Existen innumerables situaciones en las cuales un principio (mandato de optimización que debe cumplirse en la mayor medida de las posibilidades) colisiona con otro principio que, de ser aplicado, comporta una decisión final opuesta al primero. Cuando esto sucede no es viable pensar en la eliminación de uno de los principios declarándolo inválido para darle prevalencia al otro, ni buscar la manera de crear una regla que sirva de excepción a la aplicación de uno respecto del otro, puesto que aquí no se aborda el conflicto desde el punto de vista de la validez de los principios en cuestión, toda vez que se entiende que ambos son válidos, sino que se requiere que uno preceda al otro, y para determinar cuál debe preceder es indispensable saber cuál es el principio que tiene un mayor peso al ser aplicado en un caso concreto.

De acuerdo con ^{Alexy (1993)} la colisión entre principios debe ser resuelta a través de la ponderación, la cual dará como resultado una “relación de precedencia condicionada” (^{Alexy, 1993, p. 92}) entre los principios implicados. A continuación, se ejemplificará la construcción de esta relación:

Juan hizo una serie de afirmaciones en la radio donde expresó que José era una persona en la que no se podía confiar.

P1: Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir sus pensamientos y opiniones.

P2: Se garantiza el derecho al buen nombre.

Si se le da prevalencia al principio P1 ello implica que Juan está en la libertad de expresar y difundir sus pensamientos y opiniones en el caso concreto. Por otro lado, si se le da prevalencia al principio P2 significa que el derecho al buen nombre de José es privilegiado. De esta manera, acoger cualquiera de los dos principios trae como consecuencia un juicio completamente opuesto.

Si se llega a comprobar que el principio P1 tiene un peso mayor que el principio P2 en su aplicación en un caso específico, y existen razones correctas que respaldan esa posición, entonces se crea una condición de precedencia que puede ser identificada como C. Teniendo como resultado que, P1 precederá a P2 siempre y cuando en el caso concreto se estén dando las circunstancias C.

Para el ejemplo que se ha creado, podría decirse que C equivale a la siguiente condición: “si la afirmación del sujeto activo está enmarcada en una opinión que deriva de sus intimas convicciones producto de situaciones que ha vivido, entonces el principio P1 (libertad de expresión) precederá al principio P2 (derecho al buen nombre)”. Por lo tanto, C implica una condición de precedencia que contiene un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, es decir, si C -> R. Esto significa que, de cumplirse el supuesto de hecho de C en un caso concreto, en donde colisionen los principios P1 y P2, se dará como resultado R (prevalencia del principio P1).

5.1. La ley de la ponderación

Según la ley de la ponderación de ^{Alexy (1993)} , al presentarse una colisión entre dos principios fundamentales hay que tener en cuenta que “cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro” (p. 161).

Para realizar un buen ejercicio ponderativo es importante tener en cuenta tres variables fundamentales: i) la importancia de la satisfacción de un principio; ii) el peso abstracto de los principios; y iii) el reconocimiento de las apreciaciones empíricas. Los dos primeros pasos pueden ser resueltos a través de lo que ^{Alexy (1993)} llama la escala triádica, es decir, se establece un grado de intensidad catalogado en leve (mínimo), moderado (medio) y grave (máximo) que hace referencia al grado de importancia de los principios en colisión.

En ese sentido, la primera variable de la ponderación debe dividirse en tres pasos:

En cuanto a la otra variable relativa al peso abstracto, es importante tener en cuenta que cada principio puede poseer un grado jerárquico mayor al otro dentro de un ordenamiento constitucional. En este sentido, se trae a colación el ejemplo de ^{Bernal Pulido (2006)} cuando establece que “el principio de protección de la vida tiene un peso abstracto mayor que la libertad, por cuanto, es obvio, para poder ejercer la libertad es necesario estar vivo” (p. 63).

Por último, existe la variable sobre la seguridad o certeza de las apreciaciones empíricas, la cual se basa “en el reconocimiento de que las apreciaciones empíricas relativas a la importancia de los principios en colisión pueden tener un grado diverso de certeza y esto puede afectar el peso relativo que se atribuya a cada principio en la ponderación” (^{Bernal Pulido, 2006, p. 63} ).

5.2. La fórmula del peso

Para la articulación de las tres variables antes expuestas existe la llamada fórmula del peso, mediante la cual se establece el peso concreto del principio P1 en relación con el principio P2 y viceversa, para determinar cuál principio ha de preceder al otro en un caso concreto. Para una mayor compresión de la formula se emplearán letras de acuerdo con las iniciales de sus elementos y se señalará el valor que debe dársele a cada uno.

ISP = Importancia de la satisfacción del principio. Se mide en: leve (1), medio (2) y grave (4).

PA = Peso abstracto. Se mide en: leve (1), medio (2) y grave (4).

SAE = Seguridad de las apreciaciones empíricas. Se mide en: cierto (1), plausible (0.5) y falso (0.25).

Posteriormente, se pasa a reemplazar las letras por los valores numéricos que representan el grado de intensidad con el cual se ven reflejados los elementos de la fórmula en el caso concreto, para luego obtener un resultado cuantitativo que determinará el principio que ha de prevalecer.

Resultado: el principio P1 precede al principio P2 en este caso concreto.

6.1. T-066 de 1998

El primer asunto que se expone es la ^{Sentencia T-066/98 (1998)}, aquí la Corte Constitucional revisó el caso del alcalde de un municipio de Colombia que se vio afectado por una publicación de la revista Semana en la que se le incluía en una lista con los alcaldes que supuestamente tenían vínculos con grupos guerrilleros. En esta oportunidad, la Corporación decidió darle prevalencia a los principios de honra y buen nombre, pues la información difundida no cumplía con los parámetros de veracidad e imparcialidad. La revista Semana no intentó demostrar las distintas versiones sobre los hechos que componían la noticia, de ahí que la Corte expresara lo siguiente:

No cumplir con este procedimiento constituye una imprudencia, una negligencia grave, que, en este caso, vulneró el derecho de los ciudadanos a contar con una información veraz e imparcial, afectó la honra y buen nombre de los alcaldes y puso en condiciones de riesgo la vida e integridad personal de los últimos. (^{Sentencia T-066/98, 1998})

Así las cosas, la relación de precedencia establecida fue la siguiente: P2 precede a P1 en el caso concreto, toda vez que la noticia difundida no cumplía con los paramentos de veracidad e imparcialidad.

6.2. SU-1723 de 2000

A través de la ^{Sentencia SU-1723/00 (2000)}, la Corte revisó el caso de la tutela interpuesta por el cantante Diomedes Díaz en contra del medio de comunicación Telecolombia Ltda por la emisión de un programa de televisión donde se hizo alusión a los hechos que rodearon la muerte de una mujer y el proceso penal en el que el accionante se encontraba inmerso. En esta oportunidad, la alta corporación procedió a elaborar una relación de precedencia donde prevaleció el derecho a la libertad de expresión.

En ese sentido, la relación de precedencia establecida fue la siguiente: P1 precede a P2 en el caso concreto, ya que en la difusión de la noticia se respetó el principio de veracidad e imparcialidad y se asumió una posición neutral.

6.3. T-634 de 2001

Mediante la ^{Sentencia T-634/01 (2001)}, la Corte Constitucional revisó el caso de la acción de tutela presentada por un contralmirante de la Armada Nacional en contra de la extinta revista Cambio, por cuanto esta realizó una publicación en la que se hacía referencia a los presuntos vínculos que el accionante tuvo con una persona cercana al narcotráfico.

Este caso tiene unas particularidades en lo que respecta a la creación de la relación de precedencia condicionada que permitió establecer una prevalencia del principio de libertad de expresión. En esta oportunidad, la Corte se topó con un escenario en el cual se mezclaron elementos informativos propios de la actividad periodística y de opiniones personales del periodista que realizó la publicación, cuestión que, por lo general, hace difícil evidenciar el cumplimiento de los requisitos de veracidad e imparcialidad propios de la libertad de prensa. No obstante, la alta corporación se pronunció en los siguientes términos:

Si bien el artículo en cuestión mezcla y entrelaza hechos objeto de la información con las opiniones, interpretaciones y demás expresiones periodísticas referidas a la situación en comento, con todo el material recopilado y publicado dentro del mismo artículo se permite y otorga la posibilidad al lector o público en general, de diferenciar claramente qué información es producto del material investigativo y qué forma parte de la opinión periodística. (^{Sentencia T-634/01, 2001})

Y concluyó que,

Con la publicación del material objeto de la información se permite a la opinión pública establecer la diferencia entre hechos y opiniones, formándose así mismo su propia opinión o criterio sobre los hechos, lo que no implica que el medio no pueda libremente expresar su pensamiento y opinión sobre los mismos. (^{Sentencia T-634/01, 2001})

Así las cosas, la Corte estableció una relación de precedencia que se puede ilustrar de la siguiente forma: P1 precede a P2 en el caso concreto, ya que a pesar de que la noticia difundida mezcló elementos propios del derecho a la información y del derecho a la opinión, cumplió con los parámetros de veracidad e imparcialidad y le permitió al destinatario formarse su propio criterio.

6.4. T-219 de 2009

En esta sentencia, la Corte Constitucional revisó el caso de la tutela presentada por un magistrado del Consejo Superior de la Judicatura en contra de la revista Semana, luego de que este medio de comunicación publicara una noticia en la que se hacía referencia a los lazos de amistad que el accionante tenía con una persona que a su vez sostenía negocios con un extraditable. La publicación incurrió en muchas imprecisiones, dentro de las más destacadas se encuentran las siguientes: se hizo pasar a un sujeto como patrocinador de eventos para agasajar a algunos magistrados de Colombia; se citarón unas palabras de elogio pronunciadas por el accionante indicándose un lugar y fecha de emisión incorrectos; se descontextualizaron elementos fácticos; y se hicieron pasar opiniones por hechos verdaderos. De esta manera, se desconocieron los requisitos de veracidad e imparcialidad establecidos en el artículo 20 la Constitución Política de Colombia, cuestión que inducía en error a los destinatarios de la revista, al tiempo que vulneraba los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre del accionante, de tal suerte que la Corte manifestó lo siguiente:

Por la forma en que el artículo fue redactado, las conclusiones personales de los periodistas se presentan como hechos realmente ocurridos, lo cual, como se vio, dista por completo de la realidad probada en el proceso. Por lo tanto, existió un desconocimiento de los principios del artículo 20 de la Carta y, en consecuencia una vulneración de los derechos a la honra y buen nombre del demandante. (^{Sentencia T-219/09, 2009})

Así las cosas, la alta corporación estableció una relación de precedencia condicionada orientada a dar prevalencia a la honra y al buen nombre, la cual se ilustra a continuación: P2 precede a P1 en este caso concreto, por cuanto el medio de comunicación presentó conclusiones personales como hechos ciertos y desconoció los requisitos de veracidad e imparcialidad.

6.5. T-043 de 2011

Mediante la ^{Sentencia T-043/11 (2011)}, la Corte Constitucional revisó el fallo proferido en el trámite de acción de tutela iniciado por la sociedad Barón Peralta Ltda (centro médico El Cabrero), Isaac Gabriel Meza Lozano y Justiniano Macías Cárdenas en contra de Caracol Televisión y el programa Séptimo Día. De acuerdo con los elementos fácticos narrados en el caso, el programa de televisión vulneró el derecho al buen nombre de los actores cuando decidió hacer un reportaje, donde afirmaba que la clínica mantenía recluido a un ciudadano italiano bajo el argumento de que presentaba problemas mentales para evitar que fuera enviado a una prisión y, así, propiciar la impunidad. La Corte se refirió al asunto expresando lo siguiente:

La libertad de información implica una carga de veracidad e imparcialidad al momento de su transmisión. En este sentido, tanto la veracidad como la imparcialidad referida a los hechos objeto de la información deben siempre ser posibles de comprobarse por el medio. (^{Sentencia T-043/11, 2011})

Así las cosas, concluyó que el medio de comunicación no vulneró el derecho al buen nombre de los accionantes, argumentando que:

De la descripción hecha se concluye que el programa emitido no afectó en forma alguna el derecho al buen nombre del Centro Médico. En efecto, del material probatorio no se deduce que la información trasmitida en el programa sea falsa, o presente un punto de vista que rebase los amplios parámetros dentro de los cuales debe valorarse la imparcialidad de un medio de comunicación. (^{Sentencia T-043/11, 2011})

En ese sentido, la alta corporación estableció una relación de precedencia encaminada a dar prevalencia al principio de libertad de expresión, la cual se ilustra a continuación: P1 precede a P2 en el caso concreto, toda vez que el medio de comunicación difundió la información cumpliendo con la carga de veracidad e imparcialidad que le es exigida para tal fin.

6.6. T-312 de 2015

En esta sentencia, la Corte Constitucional revisó el fallo emitido en el trámite de tutela iniciado por el fiscal Jesús Aureliano Gómez Jiménez en contra del Canal Caracol y el programa Séptimo Día. El fiscal consideró que sus derechos fundamentales a la honra y al buen nombre habían sido vulnerados por la emisión de un programa documental en el que se cuestionaba su labor como fiscal encargado de la investigación de la muerte de dos menores de edad en la ciudad de Medellín.

Para la tomar una decisión la Corte verificó el cumplimiento de los requisitos de veracidad e imparcialidad en la difusión de la información, y pudo determinar que el medio de comunicación indagó más allá del simple relato de los familiares de las víctimas, pues le solicitó explicaciones a un investigador de CTI, al juez que tuvo conocimiento del asunto y al fiscal (accionante), siendo este último el único que se negó a dar respuesta a las preguntas formuladas por el periodista del canal. Teniendo estos puntos de referencia, la Corte manifestó expresamente lo siguiente:

Esta Corporación valora positivamente que también se haya acudido a un experto forense con el objetivo de contar con un concepto técnico e imparcial de los hechos. En esta medida, Séptimo Día no presentó una versión unilateral, acabada y pre-valorada, sino un trabajo periodístico legítimo. (^{Sentencia T-312/15, 2015})

En ese sentido, el órgano colegiado aplicó la relación de precedencia que se expone a continuación: P1 precede a P2, en el caso concreto, toda vez que el programa de televisión tuvo en consideración las declaraciones de las distintas partes y le brindó la oportunidad al accionante para que explicara su proceder. Por lo tanto, no mostró una versión unilateral de los hechos, cuestión que permite acreditar el cumplimiento de los requisitos de veracidad e imparcialidad.

6.7. T-731 de 2015

La ^{Sentencia T-731/15 (2015)} guarda cierta similitud con la ^{Sentencia T-634/01 (2001)}, en lo que respecta a la mezcla de elementos propios de la libertad de información y de la libertad de opinión en un mismo escenario periodístico. De tal suerte que su estudio requiere de un mayor detenimiento, ya que puede ser entendida como una actualización de lo planteado en el año 2001 sobre este tipo de situaciones.

En esta sentencia, la Corte Constitucional estudió el caso de la acción de tutela presentada por los hermanos Juan Manuel y Carlos Fernando Galán en contra de la fundación Las 2 Orillas, propietaria del informativo digital de mismo nombre, y del periodista Gustavo Rúgeles, por la publicación de una columna en la que se hicieron una serie de afirmaciones sobre el éxito contractual de la Corporación Escuela Galán para el Desarrollo de la Democracia durante el gobierno de Juan Manuel Santos y el coetáneo triunfo de los hermanos en el Senado de la República. Según el criterio de los demandantes, la publicación vulneraba sus derechos fundamentales a la honra y al buen nombre porque daba información descontextualizada que confundía al lector, además aseguraron que ni ellos ni su familia tenían relación con la entidad, la cual es de carácter mixto, cuyo porcentaje de participación estatal es del 85.57 % frente a un 14.23 % de origen privado.

El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá tuvo el conocimiento del asunto en primera instancia y decidió conceder el amparo solicitado por los demandantes, argumentando que la nota periodística contenía “opiniones fundadas en hechos inexactos”, situación agravada por la amplia difusión que se le dio a la columna. El a quo consideró que a los demandantes se les atribuyó el éxito que obtuvo la corporación con la celebración de los contratos que se mencionaban. Además, manifestó que el periodista incumplió con los requisitos de veracidad e imparcialidad necesarios para el ejercicio del derecho a la información, ya que sin realizar una investigación adecuada sobre la persona jurídica que analizaba concluyó la participación de los accionantes en la misma y que la contratación de la corporación era resultado de la acción política de estos.

El medio de comunicación accionado presentó un escrito de impugnación, cuyo conocimiento estuvo en cabeza de la Sala Séptima de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito de Bogotá. Luego de analizar la nota periodística, el ad quem determinó que esta correspondía a una opinión personal del periodista que tenía como fundamento una investigación que había realizado respecto de la contratación de algunas entidades con la Corporación Escuela Galán para el Desarrollo de la Democracia. Por lo tanto, se trataba de libertad de expresión stricto sensu y recordó que frente a esta la Corte Constitucional ha determinado que no se requieren parámetro de veracidad e imparcialidad. Además, hizo énfasis en que los accionantes son servidores públicos que representan sectores políticos y, por ende, la ciudadanía en general y los medios de comunicación pueden ejercer vigilancia sobre las actividades que realizan en la vida pública con opiniones que incluso pueden ser equivocadas o parcializadas. En atención a todo lo anterior, el juzgador de segundo grado decidió revocar la sentencia del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogotá y denegar el amparo solicitado por los accionantes.

Cuando el caso pasó a la Corte Constitucional para su eventual revisión, esta optó por confirmar la sentencia de la Sala Séptima de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito de Bogotá. Sin embargo, al momento de descender al caso concreto, la Corte determinó que la columna objeto de análisis no contaba con una naturaleza homogénea, ya que mezclaba elementos de la libertad de información (libertad de expresión lato sensu) con elementos de la libertad de opinión (libertad de expresión stricto sensu). Por lo tanto, no era viable exigir únicamente cargas específicas de una de las dos libertades, lográndose identificar que los apartes de la columna que hacían referencia a información fueron corroborados por el periodista a través de un proceso investigativo, lo que a su vez evidenciaba el cumplimiento del requisito de veracidad, mientras que la opinión brindada cumplía con los siguientes criterios:

(i) se basa en hechos ciertos y verificables, por lo que no tiene la virtualidad de generar un impacto negativo frente al prestigio social y al reconocimiento público del que los accionantes gozan; (ii) la opinión no se presenta de un modo tal que pretenda hacerse pasar como un hecho cierto, por lo que tampoco busca engañar al lector; (iii) la presentación de las opiniones como tales permiten al público tomarlas de acuerdo con su buen criterio y con ello conformar su opinión libremente. (^{Sentencia T-731/15, 2015})

A continuación, se ilustra la relación de precedencia que estableció la Corte para este caso concreto en donde la actividad del periodista mezcló elementos de libertad de información y de libertad de opinión: P1 precede a P2 en el caso concreto, toda vez que se cumplieron las cargas de veracidad e imparcialidad en la presentación de la información, y esta representó una opinión relevante desde el punto de vista político, que no se confundió con hechos ni impactó negativamente los derechos invocados por los accionantes.

6.8. T-117 de 2018

En esta sentencia se acumularon dos expedientes que contienen elementos fácticos muy similares. Sin embargo, para lo concerniente al tema que es objeto de estudio de este artículo, solo resulta pertinente el análisis de la relación de precedencia creada en el expediente T-6.155.024, teniendo en cuenta que esta hace alusión a la colisión de los principios libertad de expresión, honra y buen nombre derivados de la actividad periodística, mientras que el otro caso identificado bajo el expediente T-6.371.066 plantea una problemática parecida pero que no involucra el ejercicio periodístico.

Dentro de los supuestos de hecho más relevantes del caso, se tiene que la señora Gloria Mayorga quien se desempeñaba como juez promiscuo municipal de Sesquilé (Cundinamarca) interpuso una acción de tutela en contra del periodista Aldemar Solano y de la señora Nasly Huertas, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y a la imagen. El señor Solano realizó una publicación en su cuenta de Facebook y en un blog de noticias de un escrito titulado “denuncian acoso y matoneo por parte de la juez de Sesquilé”, donde se hacía referencia a presuntos tratos indebidos de la funcionaria con sus empleados, las denuncias penales y disciplinarias de las que había sido objeto y los inconvenientes que esta había tenido en un conjunto residencial. La publicación a su vez fue comentada y respaldada por la señora Nasly Huertas.

La Corte Constitucional (2018) al momento de revisar el caso abordó el asunto señalando que, si bien los periodistas pueden denunciar hechos y actuaciones que puedan constituir delitos o faltas disciplinarias, sin que para ello estén obligados a esperar la producción de un fallo definitivo, deben ser muy cuidadosos en la información difundida, puesto que no pueden inducir a sus receptores a que den por cierto hechos que aún no han sido del todo corroborados, además, manifestó que:

Los interrogantes planteados en la publicación ahora cuestionada, tienen como consecuencia sugerir al lector que la accionante es una persona que incurre en conductas reprochables disciplinaria y penalmente, sin que las autoridades competentes se hayan pronunciado al respecto, pues las pruebas obrantes en el expediente, aunque dan cuenta de la existencia de algunos procesos en contra de la accionante, en ninguno de ellos se ha proferido una decisión de fondo que corrobore lo expresado por el accionado […] la información presentada sin la suficiente exactitud que permita verificar la verdad de los hechos y evitar a la confusión del lector, desconoce el principio de veracidad. (^{Sentencia T-117/18, 2018})

En ese sentido, la Corte optó por darle prevalecía a los principios honra y buen nombre, estableciendo una relación de precedencia que se puede ilustrar de la siguiente manera: P2 precede a P1 en el caso concreto, toda vez que la información fue presentada sin la suficiente exactitud que permitiera verificar la verdad de los hechos y evitar la confusión del lector, desconociendo el principio de veracidad.

6.9. T-200 de 2018

A través de la ^{Sentencia T-200/18 (2018)} también se decidieron dos expedientes. Sin embargo, solo se analizará el caso identificado en el expediente T-6.433.282, puesto que en este se plantea la colisión concreta de los principios bajo estudio, mientras que en el caso del expediente T-6.442.273 el análisis se centra en el derecho a la intimidad de los menores de edad. Aclarado esto, se procede a hacer una breve síntesis de los elementos fácticos del primer caso.

El día 14 de enero del año 2017, el señor Santos Aguillón Guarín se movilizaba por el municipio de Jericó en el departamento de Boyacá en un carro que era conducido por su hijo. El vehículo chocó con otro carro que transitaba por el sector, lo que generó la presencia de las autoridades de policía en el lugar, estas le preguntaron a Aguillón si portaba algún tipo de arma de fuego, a lo que el señor respondió afirmativamente y procedió a hacer la entrega de la misma a los agentes. Posteriormente, el 16 de enero de 2019 el Diario Extra, de frecuente circulación en el municipio de Jericó y en otros municipios vecinos, publicó una noticia donde informaba que la Policía Nacional había incautado a Aguillón un arma de fuego por encontrarse en estado de embriaguez. Una vez Aguillón tuvo conocimiento de esta información presentó una solicitud de rectificación al medio de comunicación, manifestando que no fue detenido por consumir bebidas alcohólicas ni por hacer actos delincuenciales. Sin embargo, el medio de comunicación hizo caso omiso a la solicitud, razón por la cual el afectado presentó una acción de tutela en contra de este medio por considerar vulnerados sus derechos al buen nombre, a la honra, a la rectificación y de petición.

Al revisar el caso, la Corte Constitucional procedió a amparar los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre del accionante, argumentando que de “los elementos de juicio aportados al proceso y el texto de la noticia acusada demuestran que la forma en la que fue presentado el reportaje desconoció el principio de veracidad, en su componente, de proporcionar información exacta e inequívoca” (^{Sentencia T-200/18, 2018}). En ese sentido, el alto tribunal concluyó que la vulneración de los derechos a la honra y al buen nombre se materializó cuando el afectado fue mostrado ante la sociedad como una persona borracha e infractora de la ley, tal argumento se recoge del siguiente fragmento del fallo:

La conducta objeto de reproche constitucional, también derivó en la violación de los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra del actor, comoquiera que fue etiquetado por su comunidad como un “borracho” e infractor de la ley, pese a que, como fue demostrado con antelación, no existe plena certeza de que lo informado corresponde a la situación del accionante. (^{Sentencia, T-200/18, 2018})

Así las cosas, la Corte procedió a la elaboración de una relación de precedencia orientada a dar prevalencia a los principios honra y buen nombre, la cual se ilustra a continuación: P2 precede a P1 en el caso concreto, toda vez que el medio de comunicación desconoció el principio de veracidad en su componente de proporcionar información exacta e inequívoca.

6.10. SU-274 de 2019

La ^{Sentencia SU-274/19 (2019)}, es el pronunciamiento de unificación jurisprudencial más reciente emitido por la Sala Plena de Corte Constitucional en lo que respecta a una colisión entre los principios libertad de expresión versus honra y buen nombre. Los elementos fácticos que se extraen del caso pueden sintetizarse de la siguiente manera: el señor Luis Ramos Botero quien ha desempeñado cargos públicos de gran importancia, tales como alcalde de una ciudad, gobernador de un departamento y senador de la república, ha sido investigado durante varios años por la Corte Suprema de Justicia por la comisión de algunos delitos relacionados con la vinculación con grupos paramilitares. El día 20 de enero del año 2018, Noticias Uno divulgó como hecho noticioso la existencia de un proyecto de sentencia donde se proponía un fallo condenatorio para el procesado. Ramos Botero consideró que la divulgación de esta noticia vulneraba sus derechos a la honra, al buen nombre y a la presunción de inocencia, por tal razón, solicitó al canal que rectificara la información en las mismas condiciones en las que fue emitida y la retirara de su canal de YouTube. El canal accedió parcialmente a lo solicitado y rectificó algunas afirmaciones hechas dentro de la noticia macro en donde se vinculaba al procesado con unos hechos particulares de conformación de grupos paramilitares, los cuales no eran objeto de debate en el proceso penal al cual correspondía el proyecto de fallo condenatorio. Pero en todo lo demás la noticia siguió intacta; por estas razones, Ramos Botero presentó una acción de tutela para buscar la salvaguarda de sus derechos fundamentales.

Una vez emitidas las decisiones de instancia, el expediente pasó a la Corte Constitucional para su eventual revisión, siendo seleccionado e incluso empleado para una decisión de unificación por parte de su Sala Plena. Si solo se extraen los elementos que son útiles para este trabajo, se puede afirmar que en el caso concreto hay dos problemas jurídicos palpables, los cuales se formulan de la siguiente manera:

En cuanto al problema jurídico número uno la alta corporación expresó lo siguiente:

El ejercicio adecuado de la libertad de información implica que la noticia difundida sea contrastada con fuentes y fundamentada en hechos reales, pues de lo contrario, se atentaría contra los derechos a la honra y al buen nombre. Visto esto, la Sala encuentra que Noticias Uno no vulneró los derechos a la honra y al buen nombre. (Sentenc

De este fragmento se puede extraer la relación de precedencia condicionada que se expone a continuación: P1 precede a P2 en el caso concreto, toda vez que la noticia difundida fue contrastada con fuentes y fundamentada en hechos reales.

Ahora bien, en lo que respecta al segundo problema jurídico, la Corte Constitucional (2019) hizo referencia a los esfuerzos del ordenamiento legal para evitar la divulgación de información que ostente la calidad de reservada, especialmente la relativa a los asuntos judiciales y administrativos. En este sentido, advierte que tales incumplimientos pueden traer consecuencias penales y disciplinarias, y puntualizó que:

Esta limitación no comprende -en principio- a los periodistas ni a los medios de comunicación, por lo que no podría ser entendida exactamente como una restricción para el ejercicio de la libertad de información, sino como una prohibición en cabeza de los funcionarios públicos que tienen a su cargo el conocimiento y la custodia de dichos asuntos. En otras palabras, las sanciones por la divulgación de información sujetan a reserva, conciernen únicamente a los servidores públicos que la revelaron, por lo que no pueden recaer sobre los medios de comunicación, salvo que estos hubieran cometido fraude o un delito para obtenerla. […] A juicio de esta Corporación, Noticias Uno no tenía en este caso la obligación legal de mantener bajo reserva el proyecto de sentencia que le fue suministrado, pues tal deber recae sobre los funcionarios que tenían a su cargo la custodia del expediente del proceso penal. (^{Sentencia SU-274/19, 2019})

Así las cosas, para solucionar el problema jurídico número dos la Corte estableció la relación de precedencia que se enuncia a continuación: P1 precede a P2 en el caso concreto, toda vez que la obligación de mantener la reserva de la información se encontraba en cabeza de los funcionarios que tienen a su cargo la custodia de la misma, y no se comprobó que el medio de comunicación la hubiera obtenido a través de fraude o delito.