INTRODUCCIÓN

El presente trabajo deriva de una investigación titulada “La vinculación afectiva de adolescentes en Tabasco”, realizada en el marco del programa de maestría en Ciencias en Intervención Psicosocial de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, mediante la cual se buscó conocer cómo eran los procesos psicosociales relacionales de estos sujetos.

Para dicho fin, fue necesario el análisis del marco legal vigente en México y, de forma particular, en Tabasco. Lo anterior, con el próposito de dar cuenta del papel del Estado para con los adolescentes, el cual se inicia a partir de la vigencia de la Ley del ^{Instituto Mexicano de la Juventud (1999)}. Cabe aclarar que para el presente trabajo, en lugar de emplear el concepto de “adolescencia” se utilizó el de “juventud”, pues esta última etapa vital comprende la primera, de modo que se amplía el rango de edad de los sujetos a los que aquí se hace referencia.

Al respecto, la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud (1999) considera jóvenes a personas con edades entre los doce a los veintinueve años (1998). En primera instancia, la noción de juventud se expone como una categoría asociada con la edad (^{Margulis, 2001}). En esta línea continuaría concebir la juventud como el período de vida de una persona que se ubica entre la infancia y la adultez (^{Instituto Mexicano de la Juventud, 2017}), que está relacionada con la preparación y la consolidación de la personalidad, así como con la aceptación de responsabilidades, hechos que finalizan y tienen su declive en la vejez (^{Palazzo, 2007}).

Sin embargo, la juventud no solo corresponde a una etapa biopsicológica del ciclo de vida, sino también a una posición socialmente construida y económicamente condicionada (^{Urcola, 2003}). Por tal motivo, resulta imprescindible interpretar este concepto tomando en cuenta el contexto temporal y espacial en el que se le conciba. De este modo, en este documento se presenta un análisis del papel que realizan las instituciones mexicanas en materia de juventud, considerando la realidad en el estado de Tabasco.

Un breve recorrido por los derechos de los jóvenes, a manera de introducción, resulta esencial. En el ámbito internacional, la Sociedad de Naciones (1924), predecesora de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aprobó en la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, que contemplaba las condiciones para el desarrollo material y espiritual del infante, la atención a necesidades primarias y a situaciones de emergencia al que pudiera enfrentarse este sector poblacional, la protección ante cualquier explotación, además de la garantía para tener acceso a la educación.

Más tarde, la Asamblea General de las Naciones Unidas promulgó la Declaración de los Derechos del Niño (1959), que reconoce, entre otros, el derecho a la educación, al juego, a la atención de la salud y a un entorno saludable para su crecimiento. A pesar de la ampliación de las prerrogativas encaminadas a un desarrollo digno de los niños, no fue sino hasta el año 1989 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la Convención sobre los derechos del niño, que recoge los derechos de todos los menores de dieciocho de años. En otras palabras, reconoce el papel de los niños como agentes sociales, económicos, políticos, civiles y culturales.

Realizar un abordaje por los documentos con mayor peso en cuanto a derechos de los jóvenes, permite conocer los instrumentos abocados a la protección de estos que fungen como base para el diseño de planes para el desarrollo de esta población.

A propósito de los planes, estos no pueden ser llevados a cabo por sí mismos, sino que requieren de entes que los pongan en marcha, es decir, las instituciones, mismas que juegan un papel importante en la sociedad porque constituyen el tejido de la vida social (^{Hodgson, 2011}), y organizan el desarrollo de una determinada función social (^{Urcola, 2003}), como la protección, el desarrollo y/o la atención para la juventud.

En consecuencia, se abre paso a cuestionamientos como ¿qué medidas ha tomado el Estado mexicano para la protección, desarrollo y atención de los derechos humanos de los jóvenes? y ¿cuál es la situación real que atraviesa actualmente la juventud en México y en Tabasco?, los cuales fungirán como ejes rectores del presente artículo.

Se empleó una metodología documental la cual, de acuerdo con ^{Caricote (2008)} , consiste en tomar como fuente principal los documentos, que en el presente caso comprendieron las publicaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), así como la literatura jurídica y científica acerca de esta etapa vital del ser humano con un enfoque más orientado hacia lo social.

En relación con la estructura, el presente trabajo se encuentra organizado en tres partes. La primera es de carácter descriptivo, pues en ella se plasma la literatura jurídica relacionada con el papel del Estado en cuanto a protección mediante leyes, desarrollo a través de planes y programas, y atención por medio de instituciones, en materia de juventud, tanto en el ámbito mexicano, como en el contexto tabasqueño. En segundo lugar, se presentan las estadísticas sociodemográficas del Inegi de este sector poblacional, con el fin de contrastarlas con el trabajo que ha realizado al respecto el Estado. Finalmente, en el apartado de conclusiones se enuncian argumentos que dan respuesta a los cuestionamientos de los que se partieron para la elaboración del presente trabajo.

1. EL PAPEL DEL ESTADO MEXICANO EN MATERIA DE JUVENTUD

2. LA REALIDAD DE LA JUVENTUD

En México se registra una población total de 126.014.024 personas, de las cuales 37.764.587, es decir, 30 %, se encuentra en edades de entre doce y veintinueveaños que, de acuerdo al Imjuve, son considerados jóvenes. En el Estado de Tabasco habitan 710.354 jóvenes, lo cual representa 1,8 % del total de jóvenes en México (^{Instituto Nacional de Estadística y Geografía [Inegi], 2020}).

La situación laboral de México es presentada de forma pública por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y se conoce por medio de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que es la principal fuente de información sobre los perfiles de empleo y desempleo de la población mexicana.

Para la población joven, se toman en cuenta los datos de personas entre quince y veintinueve años de edad, puesto que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), es a partir de los quince años la edad para trabajar. De acuerdo con los resultados del cuarto trimestre de 2020 de la ENOE, la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada en este sector poblacional, es decir, jóvenes que se encontraban realizando algún tipo de actividad económica, fue de 14.727.481 personas, que equivale a 38,9 % del total de jóvenes en México. En el ámbito local, fueron 216.331 personas, que es igual a 30,4 % del total de jóvenes en Tabasco.

En lo que respecta a la PEA desocupada, es decir, jóvenes que se encontraban activamente en busca de realizar alguna actividad económica, fue de 1.158.685 personas, que equivale a 3 % del total de jóvenes en México. En Tabasco, fue de 4,4 % del total de la población juvenil.

Por otro lado, la población no económicamente activa (PNEA), es decir, personas que no tuvieron ni realizaron una actividad económica, ni buscaron desempeñar una, fue de 15 millones 013 mil 661 personas, que significa 39.7% del total de jóvenes en México. Para Tabasco, fue 46.3% del total de esta población (tabla 1).

En cuanto a las características educativas de la juventud mexicana, el Inegi señaló en su última encuesta que hasta el año 2020, de acuerdo con su escolaridad, el 0,9 % no contaba con escolaridad, el 49,7 % había estudiado la educación básica, el 30,5 % contaba con educación media superior y el 18,4 % tenía educación superior. En lo que respecta a Tabasco, el 0,8 % no tenía escolaridad, 47,2 % contaba con educación básica, 33,4 % tenía hasta educación media superior y 18,1 % había estudiado hasta educación superior (^{Inegi, 2020}). Así lo muestra la tabla 2.

Respecto a servicios de salud, la población joven afiliada hasta el 2020 era de 26.718.567 personas, lo que representa 70 % de jóvenes en México. Mientras que la población joven no afiliada era de 10.997.051 personas, es decir, 29,1 % del total de jóvenes. En el contexto tabasqueño, la población joven afiliada a servicios de salud era de 474.053 personas, que representa el 66.7 % del total de jóvenes en Tabasco. Por otro lado, la población joven no afiliada era de 235.943 de personas, que es igual a 33,2 % del total de jóvenes en Tabasco, según la tabla 3.

De forma sucinta, las juventudes en Tabasco se encuentran en una situación sumamente desfavorable. En cuanto a sus características económicas, casi la mitad de los jóvenes están desempleados y no están en busca de un trabajo, únicamente menos de un tercio de ellos se encuentran realizando alguna actividad económica. Referente a educación, solo un tercio de éstos cuenta con educación media superior, y menos de la quinta parte de los jóvenes cuentan con educación superior. En relación con el tema de salud, un tercio de la población joven no está afiliada a algún servicio.

CONCLUSIONES

En primer lugar, para la protección de las juventudes, el Estado mexicano promulgó la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud (1998), a su vez, el Estado tabasqueño cuenta con la Ley de la Juventud para el Estado de Tabasco (2012).

En segundo lugar, para el desarrollo de las y los jóvenes, el Estado cuenta, a nivel nacional, con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, del que se desprenden, entre otros, el Programa Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, Jóvenes Construyendo el Futuro, y Jóvenes Escribiendo el Futuro. En el panorama tabasqueño, se encuentra el Plan Estatal de Desarrollo (PLED) 2019-2024, del que subyace el Programa Sectorial (Prosec) Educación, Ciencia, Tecnología, Juventud y Deporte 2019-2024.

En tercer lugar, para la atención de las y los jóvenes, a nivel nacional está el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), mientras que en Tabasco está el Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco (Injudet).

Sobre la base de los datos del Inegi, que reflejan la realidad sociodemográfica que están atravesando las y los jóvenes tabasqueños, adviene la necesidad de repensar la posición de estos, en el sentido de si son vulnerables o, más bien, son vulnerados, ya que a pesar de que las juventudes buscan y son capaces de tomar un mayor compromiso en lo que respecta a su salud y a su vida, el que lo hagan depende considerablemente del actuar de otros. Dicho de otro modo, no basta con que los jóvenes decidan intervenir para mejorar su situación, sino que hay una realidad social compleja que condiciona su bienestar en la que está implicada el Estado.

La situación actual de las y los jóvenes en cuanto a la protección, el desarrollo y la atención que reciben por parte del Estado hace evidente la falta de coherencia entre las leyes que este establece, los planes que propone y el proceder de sus instituciones. En este sentido, se hace claro el reto en el que el sistema gubernamental se ve implicado, sobre todo en lo que respecta a políticas públicas, entendidas como el conglomerado de decisiones y objetivos que el Estado realiza para resolver problemas públicos y demandas de la sociedad de manera racional, por medio de un proceso de acciones gubernamentales.

Antes de los procesos de evaluación y aprobación de las políticas públicas encaminadas al bienestar de las y los jóvenes, se requiere una fase de diseño. Dicha fase implica conocer las realidades de las juventudes, y es justamente ahí donde radica el reto para el Estado, puesto que este tiene la obligación de hacer el diagnóstico correspondiente. Sin embargo, tras la vulneración de sus derechos, la disposición de este sector poblacional se ve comprometida.

Finalmente, debido a todo lo anterior, resulta esencial enfatizar en la relevancia de un conocimiento más profundo sobre las juventudes, por lo cual se propone, para el panorama tabasqueño, que se realicen estudios en los que los diversos sectores contemplen escuchar a los jóvenes desde su contexto, para poder tener una perspectiva más amplia y más apegada a sus realidades.

En consecuencia, se posibilitaría el diseño de intervenciones más efectivas, en el sentido de que estas se realizarían con planes esquematizados a partir de las necesidades y las potencialidades expresadas por los jóvenes e implementadas por medio de métodos acordados conjuntamente entre los jóvenes y las instituciones para la mejora de sus condiciones de vida.