El Estado provincial y el servicio doméstico

En la provincia de Córdoba, a lo largo del decenio de 1930, se observa una tendencia general hacia una mayor intervención del Estado en el mundo laboral, intensificada con el avance del período. Ella se materializó sobre todo en la creación de dispositivos de institucionalización de los conflictos capital-trabajo, que aspiraban a conciliar sus intereses, y estaba presidida por la búsqueda de una mayor humanización del trabajo. Aun con sus marcadas diferencias políticas e ideológicas, los miembros de la Unión Cívica Radical, del Partido Demócrata y los sectores católicos coincidían en la necesidad de una intervención estatal en las relaciones laborales para un mejoramiento de la situación de los trabajadores, la búsqueda de armonía social y la solución pacífica de los conflictos capital-trabajo¹⁸. Sin embargo, dentro de esta década se pueden reconocer dos momentos. En la primera mitad del decenio, bajo el gobierno del Partido Demócrata, se implementó una política laboral actualizada y más flexible que en años inmediatamente anteriores; se aprobaron leyes que conllevaron la creación de la Junta de Trabajo y de los Tribunales de Arbitraje y Conciliación Obligatoria y a la imposición del sábado inglés, pero no se veló por el cumplimiento de las normas laborales¹⁹. Desde 1936, bajo el gobierno de la Unión Cívica Radical, liderado por Amadeo Sabattini, la intervención estatal en el mundo laboral experimentó un nuevo y notorio empuje, que evidenció un compromiso más efectivo de los poderes públicos frente a la cuestión obrera. Esto se plasmó en el impulso de varias iniciativas legislativas, la promoción -a través de ellas- de derechos sociales y el control más decidido del cumplimiento de las leyes laborales. Esta dinámica se sostuvo sobre un cambio de concepción acerca del papel del Estado frente a la cuestión obrera. Para Sabattini y sus seguidores, el Estado debía ser creador de derechos, además de guardián de las leyes; propender a reequilibrar un tanto la relación entre el capital y el trabajo, en vez de ser un espacio neutral, como pensaban los liberales alineados con el Partido Demócrata, e incluso sectores católicos²⁰.

No sorprende, entonces, que en su discurso de posesión en 1936, Sabattini haya enunciado unos tópicos, que caracterizó explícitamente como problemas del mundo del trabajo, que su gobierno pretendía afrontar mediante la acción de los poderes ejecutivo y legislativo. El gobernador aludió a la reforma de las leyes que garantizaban el trabajo asalariado, el establecimiento del arbitraje conciliatorio en los conflictos capital-trabajo, la fijación del salario mínimo para los servidores del Estado y de empresas beneficiarías de sus concesiones, la dotación de viviendas para obreros y empleados, la regulación del trabajo a domicilio y "la consideración legal del servicio doméstico"²¹. Esta última cuestión parece haber sido prioritaria, si se tiene en cuenta que apenas un par de meses más tarde, ajustándose a la agenda de asunción del mando, el Poder Ejecutivo envió su proyecto de reglamentación a la legislatura.

La propuesta iniciaba estableciendo qué se consideraba como servicio doméstico, definiéndolo como "el estado de los empleados a sueldo por otra persona a objeto de consagrarlos a su trabajo y cuidado, sin que puedan ser dedicados a fines de lucro directo, comercio o industria"²². Para este personal de servicio se estipulaban derechos en materia de condiciones laborales, como contar con "alojamiento higiénico, amueblado y alimentación sana y suficiente", descanso semanal, indemnización por despido sin "justa causa" -equivalente a un mes de sueldo- a partir de los tres meses de continuidad laboral, y límites -por defecto- a la extensión de la jornada, que se asumía como de 10 horas, porque se prescribía que debían disponer de 8 horas continuas para dormir y 6 para comidas, instrucción y cuidado de su persona. Dentro de esas 6 horas, el empleado podría asistir a cursos nocturnos para su instrucción. Quedaba prohibido "absolutamente" el empleo de menores de 14 años²³, aunque "sin perjuicio" de lo que dispusieran las "leyes especiales", y en el caso de los menores de 18 años, cuando no hubieran cumplido con el mínimo de enseñanza obligatoria, el empleador debía proporcionársela, la jornada no podría exceder de 8 horas y su salario sería establecido por "convención de las partes", con autorización del Departamento Provincial del Trabajo (DPT). En cambio, para los mayores de 18 años, el sueldo sería fijado por una Comisión de Salarios integrada por patrones, empleados y autoridades. Toda persona empleada en el servicio debía proveerse de una libreta, entregada gratuitamente por dicha repartición, donde se registrarían sus datos personales, certificado de estudio, clase de ocupación, horario de labor y constancia de aptitud física. El DPT sería el encargado de vigilar la aplicación de la ley, al realizar las inspecciones correspondientes, y las infracciones serían penadas con multas imputables a los empleadores o patrones, "salvo prueba en contrario"²⁴.

El proyecto reeditaba una fallida iniciativa legislativa impulsada por el gobierno radical de Córdoba en 1928²⁵, postulada por su ministro de gobierno, Sabattini, a la sazón gobernador en 1936. La observación detenida del contenido de ambos proyectos muestra una única diferencia -aunque significativa- entre ellos, y es cuando se alude a la fijación del salario del personal doméstico mayor de 18 años. El proyecto de 1928 estipulaba un salario mínimo y mixto, fijado por el gobierno en 50 pesos mensuales, además de la obligación patronal de proporcionar casa y comida. En cambio, la iniciativa de 1936, establecía la constitución de una Comisión de Salarios compuesta por seis integrantes, presidida por un delegado del DPT, con intervención de una autoridad pública -el intendente de Córdoba o el jefe político respectivo para las localidades del interior de la jurisdicción- y representación por partes iguales de patrones y domésticos -dos de cada uno-, explicitándose que estos últimos debían pertenecer a un gremio inscripto en dicha repartición laboral.

Esto implicaba al menos dos cosas: una, la existencia de un sindicato del sector -algo que se había concretado apenas un mes y medio antes del inicio del trámite legislativo del proyecto-; y otra, el reconocimiento oficial de dicha organización por el gobierno provincial. La comisión se reuniría en virtud de la convocatoria del DPT para expedirse -por simple mayoría de votos de los presentes- sobre "el pedido" de fijación de salario mínimo para el sector. El proyecto no estipulaba el origen de dicho pedido ni la forma en que debía realizarse. Con seguridad estas cuestiones quedaban pendientes para la reglamentación de la ley por el Poder Ejecutivo, si se sancionaba el proyecto. Diez meses más tarde, la iniciativa aún permanecía detenida en la Comisión de Legislación de Diputados, a la espera de despacho²⁶. Cabe señalar que, al menos durante los dos primeros años de gobierno, la administración de Sabattini enfrentó una tenaz resistencia legislativa encarnada por la principal fuerza política opositora, el Partido Demócrata, que tenía mayoría en el Senado, una de las dos cámaras legislativas. Más allá de la suerte corrida por el proyecto, interesa detenernos y ahondar en las razones o motivaciones subyacentes a él, tratando de despejarlas del mensaje del Poder Ejecutivo que lo acompañó en 1936 en su tránsito a la legislatura. Al efecto, focalizaremos la atención en su contenido, haciendo un análisis minucioso, comparándolo a la vez con su semejante de 1928, cuando Sabattini -gobernador en 1936- era ministro de gobierno.

Con la iniciativa de 1936, el Poder Ejecutivo pretendía intervenir en lo que estimaba como "un vasto problema social", que era la "domesticidad del hombre sobre el hombre"²⁷. Quienes trabajaban en el sector eran víctimas, desde hacía siglos, de "un sistema de prejuicios sociales de hondas e inconmovibles raíces", de un "estigma social" vinculado al pasado de la esclavitud de la época colonial e independentista, sumergiéndolos en una "verdadera inferioridad material y moral" que se extendía hasta los tiempos contemporáneos, incluso, sobreviviendo a la sanción de la Constitución de 1853 que había dejado "subsistente esta nueva etapa de dependencia servil y precaria que se llama servicio doméstico"²⁸. Las "buenas intenciones" que se le atribuían a la sociedad habían resultado insuficientes para redimir a esas personas, mantenidas "como un elemento de atraso y como un resabio institucional"; de ahí la necesidad de sacarlas de esa situación de inferioridad y extirpar los prejuicios "a la luz de la civilización y de la dignidad humana". Para esto había que apelar a la intervención del Estado a través de la sanción de leyes en ese sentido, la vigilancia de su aplicación y el otorgamiento de derechos consagrados por ellas. La fórmula aludida en el mensaje no dejaba dudas al respecto, y a la vez desnudaba con contundencia la concepción del Estado que subyacía a las políticas sociales impulsadas por el gobierno de Sabattini: el Estado era "fiel guardián de las leyes y generoso creador de los derechos"²⁹.

Estos últimos eran fundamentales en la iniciativa porque las mejoras para quienes trabajaban en el servicio doméstico debían ser garantizadas por la ley y la acción del Estado, no por el fruto de concesiones ocasionales resultantes de la buena predisposición o voluntad de los patrones de turno. A menudo ambas se daban por descontadas como una consecuencia natural o espontánea de la continuidad del trato interpersonal en el ámbito doméstico entre las partes de una relación que era, a la vez, laboral y social, y que involucraba también un contenido afectivo. El ejecutivo era muy claro al respecto cuando aludía a la vigencia de un "argumento emocional" que servía de justificación a las posturas que pretendían evitar la intervención del Estado en el sector por considerarla innecesaria, y sobre lo cual Sabattini expresaba que:

Se afirma [...] que el servicio doméstico, en la estrecha y diaria convivencia de empleador y dependiente, conduce a la benevolencia, al despertar de sentimientos humanitarios, a la comprensión y afianzamiento natural del derecho de los dependientes, haciendo innecesaria y hasta extorsiva toda legislación que tienda a una protección que como hecho humano ya se cumple.³⁰

Para el gobierno, no se podía confiar lisa y llanamente en la naturaleza humana: era imprescindible la existencia de una norma legal que regulara la relación, aunque tomara a aquella como punto de partida: "No es posible que el Estado delegue sus previciones (sic) y cifre todo en la bondad y crédito de la naturaleza humana. Ello será la base, pero es necesario que también sea la consecuencia impositiva de la ley"³¹. No se trataba de concesiones entre particulares sino de auténticos derechos garantizados por ley, resultado de "fórmulas precisas e incuestionables", no "la concesión graciosa y contingente de la cultura". Enfatizando en este planteamiento y, a la vez, trascendiendo el servicio doméstico, en su mensaje de 1936 -líneas ausentes en su semejante de 1928- el ejecutivo sentenciaba que:

Es necesario que la sociedad se mueva, en su órbita de relaciones recíprocas, sobre un cuadro de ordenamientos legales que, al par que crean y afirman derechos imponen responsabilidades y defensas útiles para el interés en juego. Que los débiles tengan la total protección del Estado.³²

En el caso del servicio doméstico, el amparo del Estado se estimaba aún más necesario por la participación significativa que en él tenían las mujeres y los niños, sujetos sociales que se hallaban en una situación social de debilidad agravada, porque a su condición de trabajadoras frente a los patrones se añadía la previa de ser grupos minorizados por el marco jurídico general. Ambos colectivos eran doblemente débiles, por su condición de clase y de género o edad o, por "su propia naturaleza", para apelar a los términos del mensaje de 1936, de modo que requerían una protección especial (agravada) del Estado mediante políticas sociales. Se trataba de seres incapaces natural y legalmente, que, sin embargo, podían establecer un acuerdo laboral, lo que tornaba más seria la cuestión social vinculada al servicio doméstico:

Más vasto aún como problema, cuando él se refiere a la situación de mujeres y niños, en cuyo favor la legislación civil ha creado una serie de incapacidades legales para la defensa de su propia incapacidad natural, pero dejando subsistente, contra su misma previsión, un cuadro de libre actividad y de libre contratación como se manifiesta en este régimen del servicio doméstico. [...] Mujeres y niños, débiles y protegidos por su naturaleza, deben serlo también por su condición jurídica. Que el servicio doméstico deje de ser como una zona de excepción, zona neutral donde no alcanza la proyección tutelar de las leyes sociales.³³

Esta consideración estuvo absolutamente ausente en el mensaje de 1928. Su inclusión en el de 1936 fue quizá un argumento que buscaba enfatizar en la sed de justicia social que subyacía al nuevo proyecto, el cual pretendía acercar a un extendido colectivo del mundo de los trabajadores a algunas protecciones legales ya vigentes para otros. O quizás, no incompatible con lo anterior, fue apenas un argumento táctico y pragmático para aunar voluntades detrás de un proyecto que ya había fracasado a fines de los años de 1920.

La aprobación del proyecto habría contribuido a atemperar un tanto las desigualdades dentro del mundo laboral, no solo con respecto a los trabajadores hombres adultos -modelo de inspiración de las intervenciones del Estado sobre el trabajo-, sino incluso las existentes entre pares, dentro del mismo segmento de género y edad. Esto obedecía a que algunas normas vigentes suponían una regulación estatal de la participación laboral de mujeres y niños, pero incidían nada o poco cuando se trataba del servicio doméstico. Esas leyes reglamentaban el trabajo femenino asalariado, visualizado como amenaza a la capacidad física de reproducción, y buscaban compatibilizarlo con la función maternal³⁴. La Ley provincial 2790 de 1919 solo reglamentaba la labor de mujeres y niños en industrias, talleres y comercios³⁵. En el mejor de los casos, la reglamentación nacional de la actividad laboral de esos colectivos, plasmada en la Ley 11317 de 1924³⁶ -adecuada en Córdoba en 1926-, en relación con el servicio doméstico establecía la prohibición de emplear en él a menores de 14 años y lo exceptuaba -al igual que a la enfermería- de la inhibición del trabajo nocturno que alcanzaba a mujeres y menores de 18 años³⁷. Finalmente, la reglamentación provincial de la ley nacional de descanso hebdomadario, en 1926, contemplaba expresamente la excepción del servicio doméstico de dicho beneficio.

Por otra parte, la normativa proyectada definía al servicio doméstico como "el estado de los empleados a sueldo por otra persona, a objeto de consagrarlos a su trabajo y cuidado, sin que puedan ser dedicados a fines de lucro directo, comercio o industria"³⁸; por tanto, quedaría al margen de las protecciones legales todo personal de servicio que no percibiera un salario por sus tareas. Así, la normativa contribuiría a reproducir desigualdades también dentro del sector del mundo del trabajo sobre el cual el Estado pretendía intervenir. Esto era especialmente sensible para todas las menores que componían el vasto segmento de colocadas -con variadas dosis de coacción, formal o informal, por padres o tutores, la beneficencia, la Defensoría de Menores- en el seno de hogares familiares en donde aportaban su concurso laboral como domésticas, y que la definición dada por el proyecto dejaba fuera. De hecho, esta marginalización despertó reclamos dirigidos hacia el Estado por parte de la prensa y, sobre todo, de las trabajadoras adultas asalariadas³⁹, quienes percibían en las colocadas una potencial competencia desleal y perjudicial para sus intereses laborales. Temían que las mayores exigencias a los patrones relativas a condiciones de trabajo provocaran una sustitución de trabajadoras adultas por otras menores.

Más en general, la iniciativa estatal buscaba equiparar un tanto a los domésticos con el resto de los asalariados en materia de derechos laborales, sacándolos de la marginación legal en que se hallaban. El Poder Ejecutivo los integraba explícitamente dentro del colectivo de los asalariados y, como tales, aspiraba a que fueran alcanzados por al menos algunos beneficios sociales ya consagrados por ley para otros sectores del mundo del trabajo. Incluso invocaba como ejemplos de esa marginación su exclusión de la ley de descanso hebdomadario y de la de accidentes del trabajo, que establecían protecciones para "la clase social que genéricamente los involucra". Por consiguiente, y reiterando en 1936 una sentencia de su mensaje de 1928, el ejecutivo expresaba que: "Es indispensable, entonces, que la legislación avance en bien de estos trabajadores, que bajo su amparo los domésticos de hoy se conviertan en los trabajadores del hogar del mañana"⁴⁰. Aun así, las condiciones laborales que se pretendía asegurar para el servicio doméstico estaban por debajo de las existentes para otros sectores del mundo laboral en cuestiones como extensión de la jornada, persistencia de un salario mixto o cobertura por accidentes, entre otras. A esa sentencia antes aludida le subyacía la pretensión mayor del ejecutivo de contribuir -en virtud de la ley- a la necesaria elevación humana y social de los domésticos, arrancándolos de la situación de "domesticidad del hombre sobre el hombre" en la que estaban sumidos, y promover así su dignificación como sujetos sociales y la humanización de su trato y de sus labores mediante concretas mejoras materiales en sus condiciones de trabajo.

Finalmente, el proyecto hacía eco de los impulsos de reformismo social existentes en el medio local y nacional desde hacía unas décadas, que estaban encaminados a reducir la desigualdad social y, por esta vía, a conjurar los riesgos de una eventual radicalización que pusiera en jaque los fundamentos del orden y la cohesión social. El gobierno radical de los años de 1930, a semejanza de las administraciones provinciales demócrata-conservadoras de la primera mitad de esa década y de mediados de los años de 1910 y gran parte de los de 1920, propendía mediante la legislación social a rehabilitar a los de abajo -especialmente a los trabajadores- a la vez que promover la armonía social y desactivar la conflictividad en acto o larvada. Se trataba de redimir a los sectores populares y a los trabajadores en particular, desde arriba, desde el Estado.

Las leyes sociales tenían también, entre otras connotaciones, una función preventiva frente a la cuestión social, como lo hizo notar el Poder Ejecutivo en su mensaje de 1936. Aunque ahora hablaba en términos de derechos, no de concesiones graciosas de los de arriba a los de abajo, y azuzaba los temores de los sectores más conservadores, a los que no dejaba de criticar sutilmente por su apego y defensa de cierto orden:

Que cierta sociedad celosa de sus prerrogativas, liquide en su cuna un nuevo pronunciamiento extremista que algún día pueda invocar la bandera de redención para las clases necesitadas, anticipándose con la justa concesión de derechos, a una reclamación social que tanto afecta al orden que esa colectividad propugna.⁴¹

En un sentido muy parecido se había expresado en 1928, si bien lo que ahora se presentaba como eventual, antes se planteaba como inexorable de no mediar la intervención estatal para la promoción de derechos sociales.

Por último, despierta la atención una puntual y significativa continuidad argumental con una serie de tentativas (y discursos) reglamentaristas del servicio doméstico que tomaron forma en Córdoba entre el último tercio del siglo XIX y fines de los años de 1920⁴². Al igual que en ellas, en el mensaje del Poder Ejecutivo de 1936 -y en el de 1928- se alude a la intención de contribuir a una mayor seguridad sanitaria y patrimonial de los empleadores y, por extensión, de toda la sociedad, al exigir a cada doméstica una libreta expedida por el DPT en la cual se dejaría constancia de su aptitud física, datos personales y antecedentes laborales. Así, al finalizar su mensaje, como argumento adicional, el Poder Ejecutivo invocaba su aspiración de "entregar a la sociedad trabajadores físicamente aptos y moralmente sanos, para que en su convivencia con el núcleo familiar no afecten sus intereses ni constituyan un peligro real y constante para ella y la sociedad entera"⁴³.

La reglamentación en la prensa

Los tres diarios de Córdoba examinados, al anoticiar sobre el envío del proyecto a la legislatura, brindaron información variable sobre su contenido⁴⁴ y opiniones y pareceres sobre el mismo que revelaban disímiles posicionamientos al focalizar su atención en distintos tópicos contemplados en la iniciativa. En las crónicas iniciales llama la atención las diferencias entre los subtítulos de las notas respectivas, que apuntan hacia cuestiones distintas, en todos los casos, en sintonía con inquietudes sociales de la época. El diario católico y conservador Los Principios y su par radical La Voz del Interior -cercano al gobierno de turno-, los periódicos de mayor trayectoria en Córdoba, coincidían en aludir al trabajo de los menores en el servicio doméstico; en cambio, el más reciente Córdoba -progresista desde sus orígenes y con empatía con los intereses de los trabajadores- se concentraba en el salario mínimo y su fijación por una comisión designada al efecto⁴⁵.

En este último periódico se asume de modo implícito que todas las personas adultas empleadas en el servicio eran mujeres. Córdoba manifestó un decidido respaldo a la iniciativa del gobierno, convirtiéndose en fervoroso defensor de la sanción de una normativa específica para el servicio doméstico, que permanecía fuera del alcance de las leyes laborales y descuidado por las instituciones estatales. Era "un gremio olvidado por los poderes públicos. Ninguna legislación existe al respecto y hasta la misma intervención del Departamento del Trabajo, cuando es solicitada para lograr el cobro de jornales, resulta ineficaz"⁴⁶. Para Córdoba se imponía la necesidad de una intervención del Estado en la relación contractual de hecho entre patrones y domésticas, por la evidente posición de inferioridad de estas respecto de aquellos, ya que ellas estaban supeditadas a su puro arbitrio, y soportaban así condiciones vitales y laborales muy precarias: jornadas de 12 o 13 horas, dureza de las faenas, salarios reducidos, alimentación deficiente, dormitorios que eran pocilgas, injuria patronal, trato descortés⁴⁷. Este abanderamiento con la causa de las domésticas, la defensa de su promoción social por la regulación estatal, la denuncia pública del descuido legal del sector y de sus deficientes condiciones de existencia y labor no eran inéditas. En 1929, sobre el trasfondo de una huelga de domésticas en el interior de la provincia, el periódico había denunciado con vehemencia que se trataba de un gremio olvidado por "los fabricantes de leyes", que habían puesto a esas trabajadoras "al margen de toda protección", congratulándose de que estas hubieran iniciado una lucha ("rebelión") por su propio mejoramiento y, así, despertaran la atención de los políticos⁴⁸.

Retomando una cuestión sensible para Córdoba desde sus inicios a fines de los años de 1920, aunque por entonces relativa a los trabajadores en general y en 1936 para las domésticas, este periódico defendía la fijación de un salario mínimo, pero con un alcance universal para todo el sector. Esto obedecía -como perspicazmente se señalaba- a la competencia desleal y ruinosa que para las trabajadoras adultas significaba que las jóvenes mujeres colocadas por los Defensores de Menores realizaran labores domésticas y percibieran -cuando lo hacían- una retribución bastante menor a la vigente en el mercado. De aprobarse el proyecto y estipularse un salario mínimo, debía universalizarse a todo el servicio doméstico:

De no contemplarse este aspecto importantísimo, el gremio de sirvientas verá en aquéllas a sus más decididas competidoras. De establecerse un sueldo mínimo para retribuir la labor de quienes realizan quehaceres domésticos, debe asumir él un carácter general. Se eliminará de este modo la competencia que hará en las Defensorías de Menores al gremio de sirvientas.⁴⁹

Aunque a través del tópico del salario, Córdoba recuperó así la cuestión del trabajo de los menores en el servicio doméstico, un tema que formaba parte de los subtítulos con que los otros dos periódicos anunciaban el envío del proyecto a la legislatura.

La Voz del Interior, muy próximo desde el punto de vista político e ideológico a las posiciones del gobierno, subrayaba de modo enfático que apenas conquistado el poder por las urnas, el partido había enunciado un "programa político" para su gestión que contenía expresas declaraciones sobre legislación obrera y del trabajo en Córdoba. El periódico consideraba que sobre esto existía "bien poca cosa", especialmente en términos de un "instrumental orgánico y coordinado", en nítido contraste con la "montaña de legislación comercial e industrial en resguardo natural y lógico del capital". Sus declaraciones dejaban entrever que el flamante gobierno aspiraba a avanzar en "soluciones prácticas" en favor de los trabajadores, trascendiendo la pura simpatía o el sentimentalismo con que a veces los gobernantes contemplaban los intereses y la situación aflictiva en la que vivían "las clases humildes y modestas que integran los asalariados y el proletariado en general"⁵⁰.

Allí es muy evidente la identificación del periódico con la definición de Sabattini en su mensaje de 1936 respecto a que se necesitaban normativas que materializaran la intervención del Estado en el mundo laboral como instrumento de mejoramiento social, al consagrar derechos, algo que no podía quedar librado a la eventual buena voluntad, predisposición o sentimientos nobles de los patrones de turno. La Voz del Interior consideraba la iniciativa gubernamental como presidida por "una decisiva intención de humanización" del servicio doméstico, en concreto, una "humanización de sus labores pesadas, intensas, muchas veces sin horario y con frecuencia miserablemente remuneradas", que propendía a la vez por "la dignificación de una de las más modestas, humildes y sufridas clases de nuestra sociedad"⁵¹. Sus dichos coincidían, nuevamente, con las expresiones del gobernador, en el sentido de que aspiraba al mejoramiento moral y material de los domésticos y a sacarlos de la inferioridad social en que se hallaban. La similitud entre estas consideraciones y las palabras de la prensa son elocuentes; se trataba de contribuir a la "redención moral, espiritual y material de esos modestísimos servidores", ya que era "una lamentable y humillante condición la de ser sirviente de un semejante".

Por último, el periódico caracterizaba a la iniciativa como "reglamentación y condicionamiento" del servicio, seguramente porque su aprobación plasmaría una regulación formal en la cual el Estado fijaría parámetros dentro de los cuales debería encuadrarse el acuerdo entre patrones y trabajadoras. Esto acarrearía un cambio crucial en la relación laboral, por la intervención activa de un tercer sujeto -el Estado- en lo que había sido concebido como un contrato privado entre particulares, supuestos iguales. La Voz del Interior reparaba específicamente sobre esto y su impacto en la sociedad, estimando que la reglamentación iba a "modificar de manera substancial, hábitos y costumbres sociales de arraigo profundo"⁵².

A diferencia de los anteriores, Los Principios -decididamente católico y de acendrada tendencia conservadora- exteriorizaba una posición nítidamente contraria al proyecto del ejecutivo, revelaba cierta identificación de clase con la patronal, su postura sobre la iniciativa rezumaba espíritu paternalista y una representación estereotipada y atravesada por prejuicios clasistas y de género sobre el servicio doméstico. El periódico le dedicó al tema editoriales, en los cuales exhibía un notorio esfuerzo para sostener argumentalmente su posición, apelando a fundamentaciones de naturaleza diversa. Además, no puede obviarse que su postura estaba sesgada por una actitud más general de férrea oposición al gobernador Sabattini, blanco predilecto de muchas de sus críticas a las políticas del período⁵³, a las que caracterizaba como acciones demagógicas y parte de una "preocupación constante" por exhibirse como "un entusiasta obrerista" ante el pueblo elector⁵⁴.

Una manifestación específica de esa actitud era el proyecto de reglamentación del servicio doméstico, que Los Principios inscribía explícitamente dentro de "los problemas" que cruzaban la relación entre el capital y el trabajo y que, de implementarse, entendía que terminaría perjudicando a las trabajadoras a quienes deseaba proteger. La fijación legal de derechos y condiciones laborales favorables a las domésticas -lo que en este periódico se definía como "multiplicación de las exigencias"- y su supervisión por reparticiones estatales conllevarían una disminución de la demanda de personal y el despido de empleadas. La otra consecuencia práctica es que incentivaría la corrupción moral de las trabajadoras, porque la reducción del tiempo de trabajo que -entre otras cosas- acarrearía la norma, se destinaría inexorablemente o casi -según se infiere de las opiniones del periódico- al ocio recreativo, en concreto, a la asistencia a bailes populares, enfáticamente condenados como ámbitos de perversión, "antros, antesalas de la peor vida", "mercado del vicio"⁵⁵.

La Voz del Interior y Córdoba coincidían en la necesidad de reducir el tiempo de labor de las domésticas y que contaran con horas para descanso, instrucción y recreación. Para Los Principios, el ocio aparece linealmente identificado como algo perjudicial para las trabajadoras, un gremio "expuesto a mil peligros" -se infiere- morales, revelándose un fuerte sesgo clasista y de género. El Estado debía procurar un mejoramiento moral de sus integrantes, aunque el periódico no se expedía acerca de los medios o instrumentos adecuados. En sus opiniones sobre el proyecto, nunca desliza un comentario favorable sobre las calidades personales -incluso laborales- de las domésticas. Por el contrario, consideraba que era un "gremio indisciplinado por naturaleza" y de "irresponsabilidad material".

A diferencia de La Voz del Interior y de Córdoba, el diario católico tampoco aludía a ninguna deficiencia o precariedad de las condiciones materiales de vida o de labor de las trabajadoras del servicio. Por el contrario, lo estimaba como uno de los sectores "mejor remunerados", especialmente, porque además del salario monetario percibía un componente en especie (casa y comida) y tenía "menos exigencias en el vestir", de ahí que solo cabía propender a una "humanización" de su trabajo, bregar "por su mejoramiento general", sin explicitar de qué modo o en qué aspectos. Quizás, pareciera inferirse del editorial, y en sintonía con planteamientos generales del catolicismo, se pensaba solo en situaciones abusivas, inicuas y de sobreexplotación en las que "el egoísmo de los poderosos [...] reducen a la miseria a sus dependientes"⁵⁶.

Para Los Principios, la regulación formal del servicio doméstico sería perjudicial -por las razones expuestas- y, por tanto, inconveniente, pero ante todo era innecesaria, rechazándose la intervención del Estado en los acuerdos entre las partes involucradas que libremente convenían. Se trataba de un espacio de negociación entre ellas, supuestas en paridad de condiciones, en el cual el Estado no debía inmiscuirse. El principio rector que regulaba el contrato en el servicio doméstico era tan informal como efectivo y consistía en lo que denominaba como "irresponsabilidad material" de la trabajadora, su falta de sujeción que hacía que esta declinara el trabajo y buscara otro cuando las condiciones le eran insatisfactorias. Esto, en su opinión, era moneda corriente, aseveración donde resonaba el eco de un reclamo patronal -recurrente y preexistente al período- sobre el comportamiento del personal de servicio. En suma, había que preservar la autorregulación del mercado a través del libre juego de oferta y demanda. El periódico definía dicho principio regulatorio al expresar que:

[Es] la mejor ley que garantice su trabajo: su irresponsabilidad material. Irresponsabilidad que le permite cambiar con más frecuencia de casa que de ropa. [...] el sirviente que no se va es porque no le conviene, ya que nada hay, contrato ni compromiso que lo ate, y en cambio existe una constante demanda de servicio doméstico.⁵⁷

El diario católico se esmeraba en sostener argumentalmente su posición contraria al proyecto, abrevando en fuentes de naturaleza diversa: el derecho, la condición económica de la actividad que se pretendía regular y su carácter o especificidad. Ante todo, se apelaba al ordenamiento jurídico vigente, al cual le atribuía la mayor prioridad y definía el título del editorial alusivo. El periódico recuperó un argumento ampliamente conocido y esgrimido por distintos actores en el pasado en cada ocasión en que se discutió la posibilidad de regular el servicio doméstico. Se trataba del artículo 1624 del Código Civil, que comprendía a dicha actividad dentro de la fórmula jurídica de un contrato de locación de servicios y atribuía su regulación a las administraciones comunales o a las autoridades policiales locales. De hecho, el editorial iniciaba reproduciendo como epígrafe dicho artículo. Los Principios afirmaba que la intervención del gobierno provincial en la materia era improcedente e inconducente, sería una "legislación sonora y vacua", dado que de implementarse, cualquier ciudadano que se considerara damnificado podría acudir a la justicia y obtener "la nulidad de una ley sancionada con desconocimiento de disposiciones que rigen para todo el territorio de la nación"⁵⁸.

En segundo lugar, este diario consideraba acertada la disposición del Código Civil, debido a las diferencias existentes -según la visión del periódico, aunque no privativa solo de él- entre las actividades productivas, económicas o generadoras de lucro, y el trabajo doméstico asalariado, lo cual significaba que este no era ponderado como generador de riqueza o beneficio, concepción dominante en la época. Los Principios expresaba que: "Sabia previsión del codificador, ya que el servicio doméstico por su índole y naturaleza está a enorme distancia con el que responde a una empresa o actividad comercial e industrial"⁵⁹. Este argumento subrayaba lo que se concebía como una diferencia esencial entre el servicio doméstico -trabajo no productivo- y el genuinamente productivo, y fue invocado con recurrencia en el Congreso en debates de proyectos legislativos que pretendieron regularlo, siendo, de hecho, un planteamiento decisivo para sellar la suerte de los mismos⁶⁰.

Por último, Los Principios justificaba su oposición a la regulación del servicio doméstico en la especificidad de la actividad que, al desenvolverse en el seno de una familia, se mezclaba con relaciones interpersonales, de naturaleza familiar, que trascendían el vínculo laboral, y por eso este trabajo de algún modo se adaptaba a los muy diversos entornos domésticos que coexistían en la sociedad. Estos últimos definían un variable -aunque restringido- abanico de condiciones materiales y de vida para las trabajadoras. Las posibilidades propias de cada familia delimitaban en buena medida el nivel de bienestar al que podían aspirar sus domésticas. Los Principios fue contundente en este punto: "El doméstico, quiérase o nó, es parte integrante del hogar humano que no es lugar de especulaciones materiales. Por tanto, sus derechos se mueven y conservan dentro de la compleja estructuración del hogar en que sirve". Incluso, por esto último, no cabía una reglamentación especial de la actividad, sino una normativa muy general que se limitara solo a garantizar a la trabajadora el cobro sin retrasos de su remuneración, en caso de que se viera forzada a reclamarlo. En este caso, bastaba una disposición municipal o policial, inscripta dentro de lo ya estipulado por el Código Civil⁶¹.