1. Venezuela, sistema económico y organización territorial

Después de su independencia (1810), Venezuela se integró al mercado mundial como país exportador de materia prima -café y cacao, principalmente- e importador de bienes manufacturados y servicios (^{Travieso, 1972}). Los ciclos comercial y agro-exportador nacional se integraron al comercio exterior por medio de casas comerciales no nacionales, que fueron la base para centralizar el "... capital en un sector financiero, agro-exportador y bancario." (^{Chaves, 1992}, p. 134). Paralelamente, se conformó una economía regional en manos de locales, desintegrada y fundamentada en la artesanía, la horticultura, la ganadería y el cultivo de trigo, entre otros.

En 1870, con la llegada al poder del presidente Antonio Guzmán Blanco, se instauró una política económica de crecimiento hacia afuera, centrada en el fomento de actividades agrícolas (café, cacao y cueros) y, en menor grado, minera (oro y cobre), (^{Chaves, 1992}), que motivó la modernización de puertos (La Guaira, Puerto Cabello, Maracaibo), privilegió las áreas productoras de café y, en menor medida, de cacao, y reforzó la diferenciación regional. No fue por azar entonces, que durante los gobiernos de Guzmán Blanco (187077; 1880-84 y 1886-87) apareciera en Venezuela el capital bancario y se instalaran empresas comerciales, ferroviarias y extractivas de origen inglés, alemán y francés (Chaves, 1992), especialmente en Caracas y su puerto (La Guaira), Maracaibo, Puerto Cabello y Carúpano (^{Estaba & Alvarado, 1985}).

A inicios del siglo XX, fundamentalmente por el paso de una producción de base capitalista agroexportadora a una capitalista petrolera de exportación, se produjeron importantes cambios cualitativos en los rasgos esenciales de la formación socioespacial venezolana. Entre ellos: un nuevo medio de articulación del país con el sistema capitalista mundial y un proceso de modernización del territorio nacional, según el patrón tecnológico de la sociedad industrial.

Por la naturaleza rentista del Estado, este proceso modernizador no solo se apoyó en la formación de capitales nacionales y sus empresas, sino también en el gasto público y su inversión en una amplia gama de empresas del Estado (^{Trinca, 1997}). Ya para la década de los veinte, el incremento sostenido de la demanda, tanto interna como externa, favoreció, por un lado, la importación libre y de bajo costo, y por otro: i) la integración de la economía nacional vía circulación de los ingresos petroleros, inversiones públicas y empresas del Estado; ii) el éxodo campesino hacia la ciudad y las áreas de producción petrolera y, iii) el fortalecimiento del sector público gracias a los ingresos extraordinarios (^{Rojas, 1993}).

La característica más relevante de la actividad petrolera en ascenso fue su condición de enclave: insumos y bienes de capital extranjeros; refinación en islas del Caribe; relación, en su mayor parte, con puertos de exportación y asentamientos aislados bajo la figura de campamentos (^{Travieso, 1972}). A ello se debió, en parte, la discrepancia regional que caracterizó el desarrollo nacional de los años cincuenta y sesenta.

Como política para contrarrestar los efectos "desequilibrantes" de la economía de puertos y de la actividad petrolera, a partir de la década de los sesenta, los esfuerzos del Estado venezolano se centraron en la sustitución de importaciones a los fines de diversificar la economía, eliminar tendencialmente la dependencia del petróleo y disminuir las disparidades regionales. De ello derivaron, por ejemplo, Ciudad Guayana como polo de desarrollo asociado al sistema hidroeléctrico del Caroní (en el sur del país, en el estado Bolívar); el proyecto siderúrgico del Orinoco, por medio del cual se fortaleció el eje San Félix-Puerto Ordaz (^{Ríos & Carballo, 2000}), y las actividades del sector secundario en ciudades como Barquisimeto y Maracaibo.

Para la década de los setenta, la inversión pública y la privada influyeron fuertemente en el crecimiento de ciudades cabeceras regionales hasta conformar ".las áreas metropolitanas de Caracas en el centro norte; Maracaibo-Costa Oriental hacia el oeste; Barquisimeto-Cabudare, al centro-oeste; San Cristóbal-Táriba-Palmira, al suroeste; Barcelona-Puerto La Cruz, al este; y Ciudad Guayana, al sureste" (^{Salas-Bourgoin, Pulido, Rojas & Páez, 2011}, p. 33).

Reconociendo el agotamiento del modelo rentista sustentado en el consumo de los ingresos petroleros y el fracaso de la política de sustitución de importaciones, el VIII Plan de la Nación (EL Gran Viraje, 1990-1995) , apostó por el trabajo productivo y creativo, un Estado orientador de la actividad económica, la descentralización administrativa, la sinceración del precio de los servicios, el fortalecimiento del sector privado, la apertura comercial y el incremento de la competitividad. Esta política, continuada por el presidente Rafael Caldera (1994-1998), a través del proyecto Agenda Venezuela (IX Plan de la Nación), fue reforzada con el Primer Plan Nacional de Ordenación del Territorio (1998).

A pesar de los esfuerzos hechos desde la década del sesenta, la configuración del territorio venezolano no mostró importantes variaciones, sino que más bien se reforzó, pues, como afirman ^{Rojas y Pulido (2009}, p. 84): la ".dinámica geoeconómica en la historia de Venezuela, es la que determina que hoy la región centro-norte-costera sea la que capitaliza la mayor concentración demográfica, económica y de intercambios."

2. Un nuevo modelo socioproduc-tivo para alcanzar el equilibrio territorial

La idea de lograr el "equilibrio territorial" nacional planteada reiteradamente desde los años sesenta y abandonada en los noventa, fue retomada políticamente desde 1998 por el entonces candidato a la Presidencia de la República, Hugo Chávez Frías, sobre la premisa de que lo realizado en los últimos cuarenta años en materia de desarrollo territorial, no propició una efectiva 'desconcentración y descentralización' de actividades y personas, sino que profundizó la "concentración del desarrollo nacional, (.) en una pequeña porción del territorio, dejando el resto (.) prácticamente desatendido (...)", (^{Trinca, 2008}).

El tema del equilibrio como política territorial vuelve a la palestra y presenta, como novedad, al capitalismo como responsable de las desigualdades imperantes. El Plan Nacional de Desarrollo Regional, 2001-2007 al respecto señala: ".las medidas de ajuste macroeconómico y el 'dejar hacer' propio del modelo adoptado por el Estado venezolano, resultaron ampliamente concentradoras en lo territorial." (Ministerio de Planificación y Desarrollo, 2001).

Para su segundo período gubernamental (2007-2012), el presidente Chávez, continuando con la política territorial delineada en el Plan Nacional de Desarrollo Regional, propuso cinco motores de la revolución, entre los que figuró "la Nueva geometría del Poder" . En su discurso de presentación planteó:

¿Cómo lograr una relación simétrica o una ampliación del poder político, del poder económico, del poder social, del poder militar, a lo largo y ancho de todo el territorio? Ahí tenemos muchas deudas, regiones que están muy apartadas muy olvidadas, disminuidas, atrasadas. (...) Hay alcaldías o municipios que tienen una extensión de territorio gigantesca, hay otros que tienen poco territorio y están súper poblados, (...). Hay que comenzar por los pequeños detalles, por desmontar los privilegios, las malas costumbres del estado liberal burgués. (Ministerio del Poder Popular para la Infraestructura, 2007).

Atendiendo el interés presidencial por equilibrar el territorio nacional, el Proyecto Nacional "Simón Bolívar" incorporó un nuevo tipo de desarrollo, sustentado en la economía socialista, dirigido a modificar la estructura socioterritorial del país y materializar un desarrollo territorial desconcentrado, definido por ejes integradores, un sistema de ciudades interconectadas y un ambiente sus-tentable (Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, 2007).

El planteamiento sobre cómo descentralizar y desconcentrar el territorio nacional, lo expuso el mismo presidente al momento de presentar su proyecto de reforma constitucional a la nación, en agosto de 2007:

...el territorio y su organización político-territorial tiene (sic) un peso sumamente grande a la hora de pretender hacer cambios revolucionarios. Una revolución no puede serlo realmente si no enfoca el problema geográfico y de la distribución del poder político, económico, social, militar sobre su espacio;...la geografía... tiene un peso muy grande (...). (^{Chávez, 2007}, p. 5, énfasis nuestro).

Propuso así, modificar el artículo 16 de la Constitución de la siguiente manera:

(...). La unidad política primaria de la organización territorial nacional será la ciudad. Las comunas serán las células geo-humanas (sic) del territorio y estarán conformadas por las comunidades, cada una de las cuales constituirá el núcleo espacial básico e indivisible del Estado Socialista Venezolano, donde los ciudadanos y las ciudadanas comunes tendrán el poder para construir su propia geografía y su propia historia.

En materia económica, planteó la modificación del artículo 112 así:

El Estado promoverá el desarrollo de un Modelo Económico Productivo, intermedio, diversificado e independiente, fundado en los valores humanísticos de la cooperación y la preponderancia de los intereses comunes sobre los individuales, que garantice la satisfacción de las necesidades sociales y materiales del pueblo. Así mismo, fomentará y desarrollará distintas formas de empresas y unidades económicas de propiedad social, tanto directa o comunal como indirecta o estatal, así como empresas y unidades económicas de producción y/o (sic) distribución social, pudiendo ser estas de propiedad mixtas entre el Estado, el sector privado y el poder comunal, creando las mejores condiciones para la construcción colectiva y cooperativa de una Economía Socialista. (^{Chávez, 2007}, p. 10, énfasis nuestro).

Aun cuando el proyecto de reforma constitucional fue rechazado en la consulta popular del 2 de diciembre de 2007, el Ejecutivo nacional continuó su política de instaurar la nueva geometría del poder y lograr la economía socialista. Pretendió, por un lado, reeditar provincias y regiones que, más que impulsar una nueva división políticoterritorial, sirvieron para imponer una estructura de poder paralela a la constitucional, creada desde arriba y sin referentes en la historia del país; y, por otro, modificar el sistema productivo nacional sustituyendo la propiedad privada por la Estatal, social directa, social indirecta y mixta, la cual, menoscabando paralelamente el derecho a la disposición por parte de particulares, de bienes y medios de producción, expuso a cualquier clase de bien a la expropiación por causa de utilidad pública o interés social (^{Chávez, 2007}, p. 11).

En síntesis, con la introducción del sistema socialista y el nuevo modelo socioproductivo se comienza un período en el que se solapan 'dos estructuras de gobierno y dos sistemas productivos': una que progresivamente busca responder al proyecto político que se inició a partir de 1999, y otra que se sustenta en lo que está establecido en la Constitución de la República y que apunta a reforzar el proceso descentralizador y desconcentrador promovido a mediados de los años ochenta del pasado siglo XX.

3. El impulso del nuevo modelo socioproductivo venezolano

El modelo socioproductivo socialista venezolano es una de las siete directrices del Primer Plan Socialista (2007-2013) que, conjuntamente con las demás, pretendía construir un país fundado en valores humanistas y socialistas, con una estructura socioterritorial desconcentrada que lograra la articulación interna del modelo productivo, la satisfacción de la demanda interna y la consolidación de una Venezuela socialista (Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, 2007).

^{Guerra (2007a}) sostiene que durante los gobiernos de Chávez, la economía venezolana experimentó dos fases: la primera (1999-2001), de tipo ortodoxa, neoclásica y monetarista, que respondía a un modelo económico productivo-diversificado, dirigido a la generación de valor agregado con el más alto nivel tecnológico y la mayor competitividad internacional y, la segunda, a partir de 2002, destinada a impulsar el nuevo modelo productivo de base para la construcción del 'Socialismo del siglo XXI'.

En el trienio 1999-2001, el país no se definió como socialista. No obstante, ya para finales de 2001, el presidente Chávez inició un proceso de transformación radical de su discurso cuyas primeras repercusiones fueron la contracción en 8 % de la actividad económica nacional y la caída de todos los indicadores macroeconómicos, a pesar del aumento de los precios del petróleo, el ingreso de divisas y la recaudación fiscal.

Precisamente, apoyado en el incremento de los precios del petróleo y en una recaudación fiscal más efectiva, el Gobierno, a partir de 2004, intentó profundizar los cambios promovidos en el modelo socioproductivo nacional. Para lograr el respaldo político, implementó la agenda social conocida como "Misiones", amplió el ámbito de intervención estatal en la economía y fortaleció las formas asociativas no capitalistas de producción y de distribución de bienes -cooperativas y núcleos de desarrollo endógeno-dando inicio así a la segunda fase de la economía venezolana, referida por ^{Guerra (2007a}).

En el marco del Primer Plan Socialista, en 2010 se sancionó la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, (en lo sucesivo LOSEC), que definió el modelo en cuestión como: "basado en la propiedad social, orientado a la eliminación de la división social de trabajo del modelo capitalista, dirigido a satisfacer las necesidades crecientes de la población a través de nuevas formas de generación y apropiación, así como la reinversión social del excedente" (art. 6, numeral 12).

Dentro del sector industrial, el Estado repotenció la Corporación Venezolana de Guayana y sus filiales. En materia agroindustrial intervino, en 2005, con la creación de la Corporación Venezolana Agraria. En cuanto a la comercialización de alimentos, su participación fue ampliamente manifiesta por medio de MERCAL y la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA). En el sector servicios, se involucró en la creación de una línea aérea, la administración de hoteles y complejos recreacionales; estatizó las empresas de servicios Electricidad de Caracas y Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV) y fortaleció e instituyó canales de televisión, emisoras de radio y medios impresos.

En el ámbito financiero, creó un conjunto de entidades directamente administradas por el Estado: Banco de Desarrollo Económico y Social (BANDES), Banco Industrial de Venezuela (BIV), Banfoandes, Banco de la Mujer, Banco del Pueblo, Banco del Tesoro, Banco de la Vivienda y el Hábitat, Banco Agrícola y bancos de cooperativas. Además, intervino en materia de tasas de interés, gavetas de créditos y controles sobre las comisiones bancarias, lo que evidenció una amplia participación del Estado en materia financiera bajo una lógica netamente capitalista.

Paralelamente, estimuló modos de producción no capitalista, representados en las cooperativas, núcleos de desarrollo endógeno y demás organizaciones comunitarias destinadas a fortalecer la economía comunal a través de empresas de producción social (EPS).

A efectos de apoyar este modelo de desarrollo, el Estado creó el Ministerio del Poder Popular para la Economía Popular (16 de septiembre de 2004, GO 38.024), hoy Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, y, al mismo tiempo, adscribió a este, los entes: Banco de la Mujer, Banco del Pueblo, Fondo de Desarrollo Microfinanciero (FONDEMI), Superintendencia Nacional de Cooperativas (Sunacoop), Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder), Fondo Único Social (FUS), Fondo de Crédito Industrial (FONCREI), Fondo de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y afines (FONDAFA).

Como resultado de este sincretismo, en la actualidad prevalecen en Venezuela elementos de dos sistemas económicos: capitalista y socialista, que hacen difícil su definición porque en este participan cuatro sectores fundamentales: estatal, privado, asociaciones cooperativas y comunal (empresas de producción social). De los cuatros sectores, por su novedad y la relevancia que le confiere esta administración, se abordará con detalle el sistema económico comunal (SEC).

4. Bases y lineamientos que sustentan el sistema económico comunal

El sistema económico comunal (SEC) es la piedra angular del modelo productivo socialista que intenta instaurar el Estado venezolano desde 2007. Supone un:

Conjunto de relaciones sociales de producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios, así como de saberes y conocimientos, desarrollada por las instancias del poder popular, el poder público y por acuerdo entre ambos, a través de organizaciones socio-productivas, bajo formas de propiedad social comunal. (Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal -LOSEC-, 2010, art. 2, énfasis nuestro).

Participación popular, desarrollo sustentable, desarrollo endógeno y satisfacción de las necesidades colectivas se consideraron sus estamentos básicos y, la reinversión social del excedente, uno de sus fundamentos; todo con el fin de alcanzar la 'suprema felicidad social'. A tales efectos, los preceptos de equidad y justicia social, basados en valores y principios socialistas y de solidaridad, guiarían su diseño.

Los elementos clave del nuevo modelo son: i) relaciones sociales de producción desarrolladas por instancias del poder popular y público; ii) propiedad social de los medios de producción; iii) satisfacción de las necesidades colectivas; iv) reinversión social del excedente; v) eliminación de la división social del trabajo capitalista y, vi) hombre como agente económico integral, en el entendido de que no existe separación entre el productor y el consumidor.

Su puesta en marcha encontró justificación en la supuesta contradicción y desequilibrio natural del modelo capitalista, basado en la explotación y alienación del trabajo, la separación del trabajador de los medios de producción, la división en clases sociales y la separación entre las actividades manuales e intelectuales. Contradicciones estas entre el saber y el hacer; fragmentación, atomización y simplificación de las tareas y la contradicción entre el campo y la ciudad.

La meta en lo económico fue la diversificación de las actividades, el aprovechamiento de los recursos endógenos, la democratización de la producción y de la tenencia de los medios de producción, así como el desarrollo sustentable. Sin embargo, lo que

(...) en un primer momento se definió como reto, la construcción de una "economía solidaria y humanista", hoy ya se proyecta la superación de las lógicas y relaciones capitalistas y la construcción del "Socialismo del siglo XXI". En enero del 2007 (...) Chávez anunció el desarrollo y establecimiento de consejos de trabajadores en los lugares de trabajo que, junto a otros consejos (comunales, campesinos, estudiantes...), a largo plazo substituirán el estado burgués por un "estado comunal." (Azellini, 2010, p. 134).

Después de catorce años de redefiniciones, ajustes y nuevas propuestas, cabe preguntarse cuál es el grado de avance en el logro de los objetivos planteados en esta materia, desde el punto de vista económico, social y territorial.

5. Evidencias y conflictos

En general, al nuevo modelo socio-productivo lo orientan tres estrategias: i) control de la actividad privada; ii) implantación de nuevas formas de organización de la producción y, iii) participación directa del Estado en la producción de bienes y servicios, dirigida al logro de tres objetivos: a) desarrollo endógeno; b) estabilidad laboral y, c) soberanía alimentaria (^{Obuchi, Abadi & Lira, 2011}).

La afectación y control de la actividad privada se ha llevado a cabo por medio de las expropiaciones, adquisición de empresas privadas y control regulatorio del sector privado. La implementación de nuevas formas de organizar la producción implica la sustitución de las relaciones capitalistas de producción por la producción social. Finalmente, la participación del Estado en la economía es determinante en todos sus sectores, a través de la creación de empresas estatales y mixtas.

5.1 Control de la actividad privada

La injerencia del Estado en la actividad económica responde, entre otros argumentos, al interés por estimular y controlar la producción, bajo el supuesto de que existe un 'inadecuado uso de los medios de producción' de parte del sector privado. Para ello, la modificación y ampliación del ordenamiento jurídico con miras a intervenirlo forzosamente por causa de utilidad pública, ha sido la herramienta central.

Las expropiaciones y los contratos de compraventa son los mecanismos que usualmente se emplean para activar el traslado de los medios de producción (tierra y capital) desde los actores privados a los actores comunitarios, y se enfocan particularmente en afectar a las empresas y las tierras más productivas del país, sin mayores repercusiones territoriales que el cambio en la tenencia y en la intensidad de uso de la tierra. Entre 2005 y 2009 se produjeron 762 expropiaciones en zonas rurales y urbanas del país, con un incremento total en el período de 1.026 % y un crecimiento interanual de 108 %. Solo en 2009 se efectuaron 374 y en 2010, 434 (Observatorio de Derechos de Propiedad, 2010).

Los sectores de la economía principalmente afectados por expropiación entre 2005 y 2010 fueron: i) agroalimentario (12 %); ii) industrial y comercio (72 %), y iii) inmobiliario (16 %), (Observatorio de Derechos de Propiedad, 2010), que abarcan áreas como: electricidad, telecomunicaciones, petróleo, transporte interno de combustible y actividades petroleras complementarias, empresas productoras de pastas y lácteos, frigoríficos, automercados e hipermercados, cementeras, siderúrgicas, aluminios y mineras, empresas aseguradoras y de transporte aéreo, bancos, complejos hoteleros, centrales azucareros, empresas productoras de agroquímicos y tierras agrícolas. La Figura 1 muestra la distribución territorial de las expropiaciones ocurridas en el país durante este lapso. Allí se observa como estas se concentran en la gran región centro-norte-costera (centro-occidente, capital, central), siendo que entre 2005 y 2009 esta región concentró el 76 % y, en el 2010, el 58 %.

Fuente: elaboración propia, con base en los datos del Observatorio de Derechos de Propiedad (2010).

Figura 1 Expropiaciones por regiones (%). Venezuela, 2005-2010 

5.2 Nuevas formas de organización: ¿democratización de la riqueza o concentración territorial?

La promoción y la consolidación del nuevo modelo socioproductivo descansan en las instancias del poder popular previstas por el Gobierno: consejos comunales y comunas, a partir de las cuales se conforman varias unidades de producción que van desde la escala familiar hasta las grandes industrias .

La Figura 2 permite constatar la incongruencia que existe entre el tamaño de la población y el número de consejos comunales por estado; en aquellos estados cuya actividad líder es de naturaleza rural (Apure, Barinas, Guárico, Portuguesa, Trujillo, Cojedes, p. ej.), los consejos comunales son proporcionalmente más numerosos que la población; por el contrario, en estados que concentran mayor cantidad de población y su actividad económica dominante es de carácter urbano (industrial y de servicios), (Zulia, Miranda, Distrito Capital, Carabobo, Aragua, Anzoátegui, p. ej.), la cantidad de consejos comunales es menor. Ante esto, nos preguntamos cuáles han sido los criterios que han guiado al Gobierno nacional para promover la creación de un mayor número de consejos comunales, en unas entidades más que en otras.

Fuente: elaboración propia, a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística, Venezuela (2013) y El Intersocial (2011).

Figura 2 Proporción de consejos comunales y población por estado, 2011 

Con el propósito de instaurar el modelo de desarrollo y garantizar la sostenibilidad económica de las organizaciones que le dan vida, se ha dispuesto de una amplia gama de instituciones y de mecanismos de financiación, entre otros, el Fondo de Compensación Interterritorial -FCI-, asignado por el Consejo Federal de Gobierno -CFG-(2012), en un todo de acuerdo con la Ley Orgánica que rige la materia en su artículo 22, para "...promover el desarrollo equilibrado de las regiones..." (Ley Orgánica de Consejo Federal de Gobierno, 2010). No obstante, la distribución de las asignaciones parece reforzar las precedentes y tan cuestionadas 'disparidades territoriales', al destinar la mayor proporción de recursos a los estados con más población y mayor aporte al producto interno bruto (per cápita) al total nacional (Figura 3). Evidencia de ello es la asignación de recursos hecha en 2011 por el CFG a los consejos comunales, representada en la Figura 4.

Fuente: elaboración propia, a partir de datos extraídos de ^{Cadena (2012)}.

Figura 3 Producto interno bruto per cápita (US$) por entidad federal, 2007 

Fuente: elaboración propia, a partir de datos aportados por el Consejo Federal de Gobierno (2012).

Figura 4 Aporte del FCI a los consejos comunales por estado, 2011 

Si se agrega, por ejemplo, el aporte hecho a las entidades federales Zulia, Miranda, Anzoátegui y Distrito Capital -que concentran el 43 % del total de la población según el Censo 2011 y presentan el PIB per cápita más elevado-, las mismas se llevan un porcentaje muy significativo del total de recursos distribuidos en 2011, a razón del FCI para financiar los proyectos de los consejos comunales, entre los cuales se encuentran los relacionados con empresas de servicios, agricultura, alimentos y procesamiento de la producción primaria.

En la conformación de estas nuevas organizaciones, Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) han tenido un rol preponderante. La primera, en atención al 'Plan de Siembra Petrolera' y, la segunda, al 'Programa de Organización y Capacitación Socio Productiva a Organizaciones de la Economía Social'.

La Figura 5 muestra la distribución de las organizaciones socioproductivas por estado. Allí se puede observar que Zulia, Anzoátegui, Monagas, Falcón y Carabobo, cuyo PIB per cápita es significativo, al igual que los aportes que reciben del FCI, con la excepción de Distrito Capital y Miranda, concentran el mayor número de unidades de producción socialista, quedando en apariencia rezagados los tradicionalmente más pobres. Dada la dominancia de la actividad petrolera en los cuatro primeros estados, cabe suponer que esa sea una de las razones por la que son más numerosas las empresas de producción social en los mismos.

Fuente: elaboración propia, a partir de datos aportados por la Superintendencia Nacional de Cooperativas (2006); Petróleos de Venezuela -PDVSA- (2005); Convite AC, 2006 y Corporación Venezolana de Guayana (2007).

Figura 5 N° de organizaciones de producción social por estado, 2006-2007 

5.3 Participación directa del Estado en la producción de bienes y servicios

La participación del Estado en la promoción del modelo socioproductivo tiene su base en la intensiva política de expropiaciones, que le permite disponer para sí o para las instancias del poder popular, de diversas unidades de producción de bienes y servicios. Asimismo, en la distribución de los ingresos petroleros vía microcréditos; exoneraciones del impuesto sobre la renta (ISRL), al valor agregado (IVA) y arancel de aduana; dotación de bienes muebles e inmuebles para la producción y compras gubernamentales.

Aun cuando la política de expropiaciones ha tocado mucho más los sectores industrial y comercial, no hay duda de la importancia y prioridad que ha tenido el agroalimentario en general y, la agricultura en particular, para el Gobierno. Ello se ha traducido en un enorme desarrollo normativo e institucional para intervenir en el sector, en un incremento en la asignación de recursos y en el control de la producción y el consumo (^{Hernández, 2012}).

Dos ejemplos representativos de la intervención del Estado en el sector agroindustrial son: Lácteos Los Andes y Agropecuaria Flora. La primera, en operaciones desde 1986, se caracteriza por una amplia producción de lácteos y sus derivados, así como de bebidas refrigeradas comercializadas en todo el territorio nacional y con presencia en 17 estados a través de plantas o distribuidoras. Fue expropiada el 14 de marzo de 2008, por medio de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), y es considerada una de las empresas socialistas bandera del país. La segunda, Agropecuaria Flora, fundada en 1909, es una empresa destinada a la producción comercial de ganado vacuno a través de once hatos ubicados en los estados Apure, Guárico y Falcón, con rebaños de 130.000 cabezas, expropiada en 2011 y presentada actualmente, como la empresa ganadera más importante de Venezuela (Prensa Fondas, 2012).

Para mostrar la incidencia de la implementación del nuevo modelo socio-productivo en este sector, se analizan algunos componentes de las cadenas de valor de rubros que se consideran prioritarios para la seguridad agroalimentaria debido a su importancia en la dieta del venezolano: maíz, azúcar, leche y carne .

a) Maíz: se utiliza básicamente el maíz blanco, para producir harina precocida (HPM) y, el amarillo, principalmente en la industria de alimentos para animales. Se produce en casi todo el territorio nacional, pero son los estados Portuguesa, Guárico, Barinas y Yaracuy los que concentran más de las dos terceras partes de la producción nacional.

Durante más de una década -años noventa y varios de la siguiente- no fue necesario importar maíz blanco, más aún, entre 1998-2003 tanto su producción como la superficie cultivada y sus rendimientos se incrementaron, gracias a diversas políticas de estímulo al sector. Entre 2003-2008, los precios cayeron y, tanto los subsidios a los insumos como el crédito fueron insuficientes para mantener un nivel de rentabilidad adecuado; sin embargo, la producción aumentó (Figura 6), debido a la ampliación de la superficie cultivada. Entre 2008-2010, el escenario cambió: la producción decreció sustancialmente junto con la superficie y los rendimientos, haciendo imperiosa la importación de este cereal, como se puede apreciar en la Figura 7.

Fuente: elaboración propia, a partir de datos aportados por ^{Gutiérrez y Ordóñez (2011)}.

Figura 6 Producción de maíz, 1998-2010 

Figura 7 Importaciones y exportaciones de maíz, 1998-2010 

En 2009, una importante fábrica procesadora de maíz (Monaca) fue intervenida y expropiada por el Gobierno nacional. Con ello y la incorporación de las empresas socialistas al sector, el Gobierno controla actualmente entre el 37 y el 45 % del mercado de harina de maíz.

b) Azúcar: es el segundo alimento que más aporta energía alimentaria a los venezolanos, después de la HPM. Asimismo, la caña de azúcar, como materia prima para producir azúcar refinada y otros subproductos, genera una gran cantidad de empleo directo e indirecto y ocupa amplias extensiones de superficie. Tradicionalmente se ha producido en los estados Aragua, Carabobo, Portuguesa, Lara y Yaracuy, pero también existen zonas productoras en Sucre, Trujillo, Táchira y Monagas y, recientemente, ha aumentado la importancia de la producción en los estados Cojedes y Barinas.

En la actualidad, este sector ha experimentado grandes cambios por el proceso de expropiaciones y de control sobre la propiedad y la producción. Ello le ha permitido al Gobierno controlar diez de dieciséis centrales azucareras , así como el 20 % de la producción de azúcar. Además tiene en ejecución la construcción de otros: Cojedes (en Las Vegas, estado Cojedes), Monagas (en Maturín, estado Monagas) y el CAAEZ (en Sabaneta, estado Barinas).

Durante el período 1998-2010, la producción, según las estadísticas del Ministerio de Agricultura y Tierra (MAT), mostró una tasa de crecimiento anual medio de 1 %, gracias a un mayor rendimiento; sin embargo, la producción per cápita reflejó una caída. Si se consideran las estadísticas de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (FEDEAGRO), la tasa de crecimiento anual medio de la producción para el período en cuestión fue de -2,8 %. La Figura 8 refleja la diferencia en la producción reportada por el MAT y FEDEAGRO.

Fuente: elaboración propia.

Figura 8 Producción de azúcar, 1998-2010 

Otros componentes de la cadena de valor muestran que, así como la producción de azúcar ha disminuido progresivamente, la importación de azúcar bruta ha sido fluctuante con una pequeña tendencia al incremento (el promedio para el período es de 265.835 toneladas y para 2010 llegó a 414.391 toneladas). Además de los datos puntuales de la producción, importación y consumo (figuras 8 y 9), es necesario considerar la tasa de crecimiento medio anual de la población (1,48 %), pues los datos de consumo reflejan un aumento con picos en 2004, 2007 y 2010, que pueden ser parcialmente explicados por el crecimiento poblacional. De allí que el análisis de los componentes de la cadena de valor se debe hacer a la luz de la tendencia de crecimiento de la población y de la consiguiente demanda creciente de productos.

Fuente: elaboración propia, a partir de datos aportados por ^{Gutiérrez y Ordóñez (2011)}.

Figura 9 Importación y consumo de azúcar, 1998-2010 

c) Leche: en el país la producción de este rubro se caracteriza por un bajo rendimiento por animal. Se localiza en los estados: Zulia, Táchira, Bari-nas, Falcón, Lara, Mérida, Yaracuy y Portuguesa, con una producción que a principios de 2000, cubría el 80% del consumo nacional. La Figura 10 representa el comportamiento de la producción entre 1998 y 2010, comparando las estadísticas oficiales del MAT y las de la Cámara Venezolana de la Industria Láctea (CAVILAC). En esta se observa como la producción de leche cruda muestra una tendencia decreciente entre 1998 y 2003, para luego experimentar un período de lenta recuperación a partir de 2004.

Fuente: elaboración propia, a partir de datos aportados por ^{Gutiérrez y Ordóñez (2011)}.

Figura 10 Producción de leche cruda, 1998-2008 

Para el caso de este rubro no se dispone de información periódica consistente que permita discriminar la participación de las empresas públicas y privadas en los volúmenes de procesamiento. Según el MAT, entre 2004 y 2010, la producción de leche cruda experimentó una tasa media de crecimiento anual de 12,8 %, empero el consenso experto la ubica en 1,99%.

En un escenario de 'ilimitadas' importaciones, el Estado ha suplido el déficit de leche cruda que se destina a la producción de derivados, a través de la compra en el exterior de leche en polvo o concentrada, llegándose a adquirir 104.550 toneladas en 2009. La Figura 11 muestra el comportamiento temporal de las importaciones respecto a la producción y la disponibilidad total de leche entre 2007 y 2008. Frente a una producción prácticamente invariante, la importación experimentó un crecimiento exponencial, a fin de suplir la demanda nacional.

Fuente: elaboración propia, a partir de datos aportados por Gutiérrez y Ordóñez (2011).

Figura 11 Importación de leche vs. Producción nacional, 2007-2008 

d) Carne: en el país, los principales estados productores de este rubro son: Zulia, Apure, Barinas, Guárico, Falcón, Bolívar, Táchira y Anzoátegui, los cuales contribuían con más del 75% de la producción nacional; las unidades de producción están conformadas por grandes hatos.

Durante el período 1998-2009, la producción de carne es fluctuante con una tendencia decreciente (Figura 12). Al igual que en los demás rubros analizados, existen disparidades entre las estadísticas oficiales y las presentadas por los medios ganaderos (FEDENA-GA). La producción reportada en las estadísticas del MAT hasta el 2008 incluye como producción nacional, el ganado importado en pie, lo cual se traduce en una sobrevaloración de la producción nacional.

Fuente: elaboración propia, a partir de datos aportados por ^{Gutiérrez y Ordóñez (2011)}.

Figura 12 Producción nacional de carne de res, 1998-2010 

La producción de carne a partir de 2006 ha experimentado una caída significativa: pasó de 442.654 a 270.000 toneladas, en 2009, según la Gaceta Ganadera (^{Gutiérrez & Ordóñez, 2011}). Las cifras oficiales muestran una producción de carne bovina de 520.101 toneladas en 2009 y de 597.337 toneladas en 2010.

A partir del año 2004 se promovieron las importaciones de carne, como resultado del aumento del PIB y del incremento de la demanda. Como se observa en la Figura 13, estas experimentaron un crecimiento exponencial, pasando de 746 toneladas en el 2003 hasta alcanzar un máximo de 345.000 toneladas para 2008.

Fuente: elaboración propia, a partir de datos aportados por ^{Gutiérrez y Ordóñez (2011)}.

Figura 13 Importaciones de ganado y carne de res, 1998-2009 

Como lo señalan ^{Gutiérrez y Ordoñez (2011}), otro factor que está incidiendo en la cadena de valor son los bajos precios reales para los productos, aunado a las expropiaciones de fincas, la amenaza de invasiones, la inseguridad jurídica y personal, los aumentos de la importación de bovinos en pie para el sacrificio en mataderos nacionales y de carne bovina. Por lo tanto, se puede concluir que con esa política la producción de carne bovina no tiene posibilidades en el país, a pesar de que tiene ventajas comparativas para su desarrollo.

El comportamiento de las cadenas de valor de los rubros analizados se puede explicar, en términos generales, a través de: i) deterioro de los precios reales, por una política de control de precios; ii) programas crediticios subsidiados; iii) retraso en los pagos del subsidio gubernamental; iv) subsidio a insumos sin regularidad, con desiguales oportunidades y cantidades en el suministro; v) fijación de precios mínimos para los productores agrícolas y controles de precios a nivel del consumidor; vi) expropiación y estatización de fincas productoras, agroindustrias y plantas procesadoras, lo que se traduce en el incremento de la participación del Estado en la producción y procesamiento; vii) construcción y creación de nuevas unidades de producción social y estatal, sin evidencias claras en los indicadores de producción; viii) obligatoriedad en el cumplimiento de cuotas de la producción de bienes regulados, comprometiendo la rentabilidad de las actividades y por ende, la sostenibilidad de las mismas, lo que obliga a, ix) cubrir el déficit a partir de importaciones gubernamentales con libre arancel y a un tipo cambiario sobrevaluado.

6. Conclusiones

Venezuela está transitando por un proceso en el cual se hace muy difícil definir el modelo de desarrollo que lo orienta, a pesar de las declaraciones oficiales que señalan que se está construyendo el 'Socialismo del siglo XXI'. En este modelo participan cuatro sectores fundamentales: estatal, privado, asociaciones/cooperativas, y las empresas de producción social, siendo bajo la conjunción de fuerzas entre estos sectores que se mueve actualmente el país.

Esta aparente indefinición ha conducido a que se solapen dos estructuras de gobierno: una, que progresivamente busca responder al proyecto político (Socialismo del siglo XXI), que arranca con el primer Gobierno (1999) del presidente Chávez y, otra, que aún responde a lo que está establecido en la Constitución de la República (1999), pero también en normas y leyes aprobadas previamente y que reforzaban el proceso descentralizador y desconcentra-dor iniciado a mediados de los años ochenta del pasado siglo XX.

¿Cuánto se ha avanzado en el modelo propuesto? Ciertamente, se observan avances en el control de la actividad privada, en la implementación de nuevas formas de organización de la producción, en la participación directa del Estado en la producción de bienes y servicios, entre otros. Por ejemplo, la intervención del sector privado se ha llevado a cabo por medio de las expropiaciones, regulando su actividad, y a través de la adquisición de empresas. La puesta en marcha de nuevas formas organizativas de la producción supone la sustitución de las relaciones capitalistas de producción por la producción social. La participación del Estado en la economía se ha hecho a través de la creación de empresas estatales y mixtas.

Si bien se ha avanzado en adentrarse en la implementación de un nuevo modelo, cuando se contrasta con los objetivos que este persigue (bienestar, desarrollo y sustentabilidad), no se aprecia correspondencia en los resultados. En términos generales, la economía venezolana de los últimos tiempos se ha caracterizado por la baja productividad y por un aumento significativo de las importaciones de bienes y servicios de todo tipo. Este estado de cosas lleva a que la satisfacción de las necesidades básicas de la población venezolana, en particular lo referente a la alimentación, no se esté supliendo con la producción interna sino, como en el pasado, pero en mayores proporciones, por vía de las importaciones (p. ej. entre 2006 y 2011, la producción de alimentos disminuyó en promedio un 25 %). Parece evidente que mientras se sigan subsidiando las importaciones con dólares preferenciales y sin pago de aranceles, la producción nacional no tiene como competir.

Esta 'incapacidad' del aparato productivo interno para garantizar la seguridad alimentaria ha fortalecido una economía de puerto: desde el 2007 la proporción de los bienes importados en la dieta nacional no deja de aumentar, al ser los puertos del país los substitutos de las fábricas, las fincas y las haciendas. "Gracias a la actividad portuaria comemos, nos vestimos y manejamos los vehículos que transitan las calles y carreteras de Venezuela" (^{Guerra, 2007b}).

Por otra parte, esta situación también tiene en buena medida una fuente explicativa importante en el hecho de que en el proceso de construir el Estado comunal, la política de expropiaciones adelantada por el Gobierno nacional ha afectado la productividad de los rubros básicos de la dieta del venezolano. Las palabras del presidente del Instituto Nacional de Tierras (INTI) son esclarecedoras al respecto: "La política de 'recuperación' de tierras se mantiene pese a que tanto el INTI como el Ministerio de Agricultura y Tierras reconocen que hay fincas que han sido rescatadas y que no están productivas" (^{Contreras, 2013}).

Todo lo señalado indica que si la propuesta del 'Socialismo del siglo XXI' se sustenta en la teoría marxista del valor trabajo y su expresión en el intercambio de equivalentes, parecería que estamos avanzando hacia un modelo de economía que se limitaría a la reproducción simple sin crecimiento y sin generación de excedentes para la reposición y ampliación del capital, con lo cual se la estaría condenando a un estado de atraso permanente, puesto que todo lo que produciría sería consumido. ¿Será que el socialismo 'petrolero' del siglo XXI representa la alternativa para mejorar las condiciones de vida de los venezolanos?

En cuanto a la política territorial diseñada para disminuir los 'desequilibrios territoriales', las evidencias apuntan a que al ser el aparato productivo nacional cada día más ineficiente -por el poco estimulo a la producción (privada), reducción de las empresas del sector privado e ino-perancia de las empresas socialistas y de producción social-, pareciera poco probable que el objetivo de alcanzar a mediano plazo la integración regional tenga éxito. Por ejemplo, el Plan Socialista Nacional de Desarrollo Ferroviario 2006-2030 estima que para el 2030 deben estar construidos 13.665 km; sin embargo, a la fecha no se llega a los 1.000 km.

Por otra parte, la distribución de las nuevas formas de producción social y de los fondos destinados a su fortalecimiento en el territorio nacional permite afirmar que, a pesar de los intentos por transformar la organización espacial de Venezuela, en el entendido de que en ella radica la causa de los males que en la actualidad aquejan a la sociedad venezolana, la historia territorial del país se ha hecho sentir, pues el Estado ha tenido que continuar atendiendo aquellas entidades federales que tradicionalmente han concentrado la población y las actividades económicas más productivas. Con ello, de manera deliberada (¿o no?), el proyecto del 'Socialismo del siglo XXI' parece reforzar la Venezuela concentrada, 'desequilibrada' y polarizada.