La escala como concepto de tensión entre lo global y lo local: los modos de vida y las espacialidades resultantes

La escala es una palabra polisémica que cuando es definida y utilizada disciplinariamente se transforma en concepto, con distintas acepciones, dependiendo de los usos y acoples teóricos. Desde la geografía, ha sido tratado desde las líneas más tradicionales hasta en sus vertientes posmodernas. Por una parte, como «un problema de clasificación y jerarquía y, por otro, como una demostración y/o explicación de las conexiones entre un todo y sus partes» (^{Furlani & Gutiérrez, 1999, p.39} ).

Las teorías y juegos de escalas (^{Revel, 2015}), se enfocan en describir y explicar hechos o fenómenos de nivel micro o, dicho en términos de la resolución óptica y la fotografía, con énfasis en el «grano del píxel». Es la detención y zoom en el micro efecto y/o expresión, pero no solo de la materialidad espacial, sino que también en el modo de la reproducción social de los hechos observados.

El debate en geografía ha problematizado la escala del espacio euclidiano de tamaño y nivel, enfoque tradicional como mencionamos, que se extiende en las últimas décadas a lo relacional (^{Howitt, 1998}), que considera los fenómenos de vinculación socio-ecológica (^{Swingedouw, 2004}) y la incorporación de discursos, diferencias y corporalidades (^{Jones et al., 2017}). En general, se tiende a enfatizar y yuxtaponer las perspectivas marxistas, constructivistas y posestructuralistas.

La escala, en tanto método de síntesis que permite la representación del espacio, abre un camino de múltiples realidades estudiadas por distintas disciplinas, entre ellas la geografía, la arquitectura y el urbanismo (^{Valenzuela, 2006}; ^{Muñetón, 2016}; ^{Ruiz & Galicia, 2016}, ^{Suárez, 2019} y ^{Mansilla, 2017}, entre otros). En este contexto, las ideas de reescalamiento y multiescalaridad han permitido a estas disciplinas dar cuenta cómo procesos y fenómenos producidos en el ámbito local, por ejemplo, podrían tener expresiones globales y viceversa (^{Brenner, 2013}; ^{Sassen, 2003}). A diferencia de la visión más tradicional y estática de la escala, estas no se encontrarían compartimentadas, sino que interactúan entre sí, debido a los flujos y anclajes de poder y capital que (re)producen nuevos espacios.

En este último punto se sitúa parte del aporte de ^{Smith (2020}). A partir de la teoría de desarrollo desigual, el autor explica que las fuerzas del mercado operan en la escala global produciendo espacios para la acumulación de capital, los cuales se generan por discursos utópicos de desarrollo que, debido a las fluctuaciones de capital, de manera simultánea, producen espacios de precariedad. En este entramado, la escala nacional se enfoca en la centralización de capital a partir de la administración del territorio estatal. Así, el Estado-nación ordena y diferencia los territorios según las ventajas económicas comparativas que proveen los espacios regionales. El tercer espacio es el urbano-local, que permite observar la dialéctica de igualación-diferenciación que el proceso de producción, circulación y consumo capitalista genera en los territorios (^{Smith, 2020}).

Según las diferentes fuerzas y tendencias económico-políticas que producen las transformaciones socio territoriales en el actual periodo neoliberal, ^{Jessop (2004}) destaca la descentralización del Estado territorial; la creciente importancia de la asociación público-privada y las redes de flujos de acumulación; el énfasis creciente sobre vínculos funcionales y responsabilidades conjuntas sin considerar la posición dentro de las jerarquías escalares y la internacionalización de los regímenes de políticas. En este sentido, estas tendencias dan forma a las políticas que se emplazan en el territorio, siendo la corriente preponderante también para dar cuenta del modo de estructuración y reestructuración constante en la relación capital-espacio (^{Lencioni, 2011}).

En este trabajo intentaremos dar indicios de la relación existente entre los niveles globales de las políticas urbanas, a través de los postulados ONU/ODS, pasando por las variantes nacionales del Estado central, hasta llegar al nivel urbano/local de Arica. Nos detendremos en los indicadores oficiales y luego indagaremos en los cambios y transformaciones de los modos de vida de la población involucrada en las políticas de vivienda. En este último concepto -modo de vida- hacemos una propuesta híbrida entre el género de vida de la tradición vidaliana (^{Vidal de la Blache, 1994} [¹⁹⁰³]) de la geografía humana, y la sociológica, del modo de vida urbano de ^{Wirth (1968}), encauzado en la idea de hábitat.

Género de vida y hábitat

El género de vida consiste en las estrategias, entendidas como técnicas, tecnologías y costumbres, entre otros, que los grupos humanos desarrollan con el fin de ganar su sustento en los distintos medios geográficos que habitan (^{Vidal de la Blache, 1903}). En relación dialéctica con la naturaleza, representada en una ida y vuelta del proceso de adaptación / transformación, las sociedades humanas se establecen en los espacios plasmando su género de vida en lugares que ostentan en su modelado distintas formas, límites y funciones.

En la óptica sociológica de Louis Wirth, el modo de vida urbano discute la influencia del medio construido de la ciudad sobre la vida de sus habitantes, «pues la ciudad no es sólo la morada y el taller del hombre moderno, sino también el centro de iniciación y control de la vida económica, política y cultural» (^{Wirth, 1968, p.8}). En este contexto, el desarrollo y crecimiento de la ciudad se da a través del tiempo y no surge espontáneamente, lo que lleva a señalar que la influencia de ella sobre estos particulares modos de vida no se traduce en «extirpar por completo los modos previamente dominantes de asociación humana» (^{Wirth, 1968, p.9}).

Entonces, esta aproximación a la escala de los habitantes y de las viviendas construidas por la ayuda y subsidio del Estado, no solo hacen que los beneficiarios se adapten a ellas, sino que también los espacios donde se emplazan se vean modificados por sus propias estrategias desplegadas para satisfacer sus necesidades, materiales e inmateriales. En Arica, por ejemplo, ciudad desértica y fronteriza, donde el diseño de los conjuntos de vivienda responde a directrices del nivel central nacional, entra en conflicto con la condición de frontera y desierto, haciendo que el uso y aprovechamiento de ese bien tenga que ser modificado por condiciones omitidas en la solución original.

La materialidad del espacio, descrita por los clásicos de la geografía de inicios del siglo XX, da cuenta de un aspecto central cuya definición y discusión parece no estar acabada. Resulta relevante el concepto de hábitat, que no sólo involucra las formas del relieve y la geomorfología, sino que más bien el conjunto de rugosidades de la superficie terrestre que moldean la acción humana. Pero, además, expresa las construcciones y las formas originarias y actuales de protección sobre las condiciones del medio (^{Vidal de la Blache, 1922}). La vivienda, en este sentido, es un núcleo primario de condensación del emplazamiento, que en las sociedades nómades y trashumantes es fijo y móvil en cuanto a su habitar (^{Sorre, 1961}).

La materialidad expresada en el hábitat es, en palabras de ^{Reclus (1975)} [1905]), la naturaleza primaria y secundaria a la vez. El hábitat no sólo incluye la disposición de las edificaciones, su función, densidad y uso, sino que además el sustrato natural de que impone la litosfera, hidrosfera y troposfera, que posibilita o restringe al avance o retroceso de las sociedades (^{Vidal de la Blache, 1922}). Muchos de estos elementos de análisis y explicación de la acción humana en la superficie terrestre se basan en la evolución de la civilización y de la técnica (^{Mumford, 1971} [1934]), anclados en la teoría de la modernización que describe el paso de las sociedades tradicionales a la moderna (^{Huntington, 1990}).

El hábitat, entonces, es tanto el escenario o telón de fondo de las sociedades humanas, como un espacio móvil, dinámico y estructural del habitar, es producido y reproducido según la acción de modos y géneros de vida. Es en esa acción -habitar- donde la subjetividad se desenvuelve en la propia materialidad, comprendida como una manifestación de la vida cotidiana (^{Lefebvre, 1972}), que destaca la expresión concreta de los modos de producción capitalista en el día a día, hora a hora y momento a momento de las sociedades, que en sus escalas de relación espacial se vinculan con las propuestas de ^{Smith (2020}). En este sentido, las formas de producción, despojo y explotación, factores determinantes que explican la ocupación móvil que las comunidades andinas realizan en sus lugares de vida, producen un paisaje trashumante de los pisos ecológicos propios de los Andes centrales de América del Sur (^{Dollfus, 1981}).

Escalas de la vivienda subsidiada: sostenibilidad global e integración social urbana en el caso chileno

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) diseñados por la Organización de Naciones Unidas (ONU), han sido asumidos por el Gobierno chileno para la implementación de sus políticas públicas. Los 17 objetivos están compuestos de 169 metas, dirigidos a distintos ámbitos de lo social, territorial, económico y humano. En el plano gubernamental, se ponen en marcha una serie de diálogos y conversaciones que incluyen al sector privado, la academia y la sociedad civil, incluyendo en algunas de estas acciones a los gobiernos locales (Gobierno de ^{Chile, 2019}).

En este sentido, es posible observar como el mandato global de Naciones Unidas compromete a los Estados a que orienten estos objetivos en sus políticas. A pesar de las acciones propuestas para reducir, por ejemplo, la emisión de CO₂ en las ciudades, la gestión de residuos, mejorar las condiciones para el desarrollo de los habitantes en materia de salud, educación, vivienda, construir ciudades sustentables e integradas, estas entran en contradicción con el modelo económico neoliberal en crisis en que dominan las inversiones de las grandes empresas, las cuales ocupan intensas cantidades de energía y espacio para la productividad (^{Harvey, 2012}).

Las actuales políticas habitacionales y urbanas en Chile han seguido un derrotero que se relaciona cada vez más con las políticas globales, que limitan y precisan la acción estatal hacia su capacidad de gestión. En este sentido, la gobernanza de las ciudades se vincula con la captación de inversiones y la adscripción a compromisos internacionales de Naciones Unidas. Así, a pesar de que el desarrollo sostenible supone un cambio en el estilo de desarrollo, aparece más bien como un discurso declarativo que no cuestiona el neoliberalismo y no incorpora a los gobiernos locales ni organizaciones territoriales (^{Naredo, 2016}). Entonces ¿cómo es posible desplegar políticas de sostenibilidad en el campo de la vivienda y ciudad en un periodo histórico donde se han afianzado las distancias físicas, sociales y simbólicas entre clases?

Detenerse en estas políticas es fundamental para verificar cómo algunos de sus postulados se materializan en el campo de la vivienda y el modo en que están aplicándose en la realidad. Entendiendo que los principios rectores de la Política Nacional de Desarrollo Urbano del año 2014 (PNDU) en Chile, relevan la integración en el territorio, se entiende una nueva producción espacial del bien común, cuya armonía debe estar en el resguardo de los derechos individuales (^{Gobierno de Chile, 2014}).

El concepto de sostenibilidad se consolida a finales de la década de los ochenta del siglo pasado. Su origen se encuentra una década antes, cuando Naciones Unidas y el Club de Roma comienzan a debatir sobre los efectos de la industrialización y el modelo económico en el planeta. Desde una visión ecológica, se problematizan las relaciones, procesos y consecuencias entre los sistemas humanos y los sistemas naturales, evidenciando las contradicciones y el colapso de los ecosistemas en su dimensión temporal. En el Informe Brundtland de 1987, aparece el concepto de desarrollo sostenible como el entendimiento consciente de satisfacer las necesidades de los seres humanos del presente, considerando las mismas demandas por parte de las futuras generaciones (^{Zarta, 2018}; ^{Guimarães, 1994}). Los fundamentos de la sostenibilidad se basan en la equidad intrageneracional e intergeneracional, y debate sobre el desarrollo, el modelo económico, la urbanización de las ciudades y el medio ambiente.

Lo sostenible en la PNDU, se enmarca precisamente en aspectos ambientales donde resalta la materialidad de los flujos energéticos o recursos naturales claves para el equilibrio ambiental en la ciudad, como el agua y la calidad del aire, complementado por la integración social urbana. En Chile, la introducción del discurso de integración social como antídoto a la segregación social y la baja calidad de la vivienda se enfocaron cualitativamente en mejorar el estándar de estas y promocionar la integración social, mediante programas enfocados a la intervención barrial. Este cambio de significados no es una creación exclusiva del actual régimen presidencialista (Sebastián Piñera 2018-2022).

La continuidad del Estado en la producción de viviendas sociales para los sectores de extrema pobreza se expresa con claridad en lo cuantitativo, donde el volumen de subsidios de propiedad entregados entre 1990 y 2016 alcanza los 3.082.294, para la adquisición o autoconstrucción de viviendas a nivel nacional (^{Hidalgo, Alvarado & Jiménez, 2017}). Esta cifra, incluye los aportes adjudicados para el mejoramiento del equipamiento comunitario, optimización térmica y reconstrucción en caso de terremotos, tsunamis, inundaciones, incendios, erupciones volcánicas o remociones en masa.

Los efectos espaciales de la política habitacional han producido una nueva faceta urbana. La política de vivienda subsidiada del Estado neoliberal se originó como una respuesta a la acción directa de tomas de terrenos que los sectores populares adoptaron como forma de solución habitacional, por medio de radicaciones en la misma localización o erradicaciones en otra distinta con menor beneficio respecto a la ciudad (^{Hidalgo, 2019}). De este modo, la entrega del subsidio habitacional a los sectores más pobres se consolidó como un procedimiento cada vez más regular de acceso a la vivienda, constituyéndose en un dispositivo que produce el derecho de propiedad, conforme a un orden social moderno de la ciudad. En términos generales, el subsidio habitacional opera como un voucher -cupón, vale- entregado a una persona o grupo familiar con el fin de poder acceder a una vivienda. Se subsidia la demanda, pero los recursos se depositan en la oferta, puesto que la persona o grupo familiar obra como un intermediario, con el fin de traspasar este monto a la empresa desarrolladora del proyecto.

Bajo la primera administración de Michelle Bachelet (2006-2010), se llevó adelante una importante transformación que se manifestó en la creación de las Entidades de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS) y las prestadoras de Servicios de Asistencia Técnica (PSAT), que involucraban a grupos de demanda organizados en comités de vivienda u otras agrupaciones sociales, según se establecieron en los principios de la política de integración (^{Negrete, 2012}). Dichas iniciativas, junto a otros subsidios creados en la última década para promover la integración social y territorial, buscaron alternativas de localización de los nuevos proyectos, para hacer frente a la construcción en la periferia, que propició la edificación en lugares con escasos equipamientos y servicios, con los consiguientes desplazamientos de los beneficiarios, que vieron afectados muchas veces sus vínculos laborales y familiares.

Como hemos mencionado, el discurso de promoción de la integración social se ha incorporado en las políticas habitacionales del siglo XXI y está presente en las directrices de la Política Nacional de Desarrollo Urbano y en la actual discusión respecto a Ley de Integración Social Urbana. En general, esto se traduce en mejorar accesos a bienes públicos (escuelas, transporte, salud, áreas verdes), fortalecer los mecanismos de participación, evitar desastres ambientales y un sinnúmero de retóricas de mejoras en la calidad de vida de los más desposeídos, que no logran poner en jaque la reproducción de los patrones de acumulación de capital.

Resulta interesante el lugar que ocupa la búsqueda de mezcla social para hablar de la integración, buscando evitar la concentración de población homogénea y promoviendo la diversidad de su extracción socioeconómica. Se advierte que los efectos de las políticas con dicha orientación solo han logrado proximidad física entre grupos sociales que no poseen una distancia relativa tan grande entre sí (^{Ruiz-Tagle & Romano, 2019}). Dicho de otra manera, el patrón de distribución socio espacial de la clase dominante no ha logrado destrabarse, puesto que las políticas de integración no buscan hacer que la elite de una ciudad se vaya a residir a barrios populares, sino que los nuevos profesionales que experimentan movilidad social vean como opción residir en barrios pericentrales o periféricos, en proyectos inmobiliarios con acceso controlado y cercano a autopistas intraurbanas, servicios y bienes urbanos. Dicho de otro modo, la integración en su despliegue gubernamental, es vista solo como un problema de clases medias y populares.

Arica: tensiones escalares y géneros de vida en la larga duración

La larga duración, término acuñado por ^{Braudel (1970}), define las estructuras de las culturas y la geografía que permanecen en el tiempo, permitiendo observar elementos de continuidad de los géneros de vida en la ciudad de Arica. Los orígenes de dicha urbe se encuentran en el período colonial hispanoamericano, donde se construyó un puerto que permitió la circulación de la extracción minera de Potosí, en el Alto Perú, definiendo un circuito de movilidad entre costa e interior del continente de la población encomendada, principalmente de origen indígena (^{Soto, 2018}). La condición de puerto y su relación con las regiones altiplánicas es un fenómeno constituyente del género de vida de la ciudad hasta el presente, donde la movilidad es un aspecto estructural que ha permanecido en el tiempo.

Con el proceso de independencia de los Estados latinoamericanos (1810-1889), la ciudad quedó bajo la administración peruana, que continuó como un espacio de intercambio regional con base en el comercio con Tacna, Arequipa y los pueblos intermedios (^{Rosenblintt, 2013}). Desde mediados del siglo XIX, bajo políticas liberales, el Estado peruano consideró la órbita de este territorio como necesaria para generar la explotación de Guano y el Salitre, el primero ubicado en las costas del Pacífico, y el segundo hacia el interior del continente, donde se recaudaba un importante excedente centralizado en las arcas fiscales de Lima (^{Contreras, 2004}). En este período, se construye una importante infraestructura pública en Arica para fomentar el comercio que implicaba el puerto, que fue destruido por el maremoto y terremoto de 1868, y posteriormente por el terremoto de 1877 (^{Díaz, et al., 2012}).

A finales del siglo XIX, la ciudad de Arica se convirtió en el escenario de la Guerra del Pacífico (o del Salitre) entre Chile, Perú y Bolivia, cuando el primero se extiende hasta la ciudad de Tacna, incorporando los territorios del norte, siendo impulsado fundamentalmente por la captura de la industria del salitre. De este modo, la geografía del Estado de Chile tendrá una nueva frontera, instalando sus instituciones, poder y cultura (^{Pizarro, 2017}).

Desde 1883 hasta 1929, el límite territorial del norte de Chile fue la ciudad de Tacna, que según el Tratado de Ancón se definiría su soberanía por medio de un plebiscito. El período estuvo marcado por la modernización capitalista que construyó el espacio minero de Tacora en la región de Arica, con obras como el ferrocarril Arica-La Paz, que se constituyen como un objeto producido por el Estado chileno en el territorio (^{González, 2008}). En 1929, el Tratado de Lima definió la frontera a partir de la línea de Concordia, distante a 10 kilómetros del puente del río Lluta, continuando de manera paralela a la línea del ferrocarril de Arica-La Paz que dejó en su interior la azufrera Tacora y una parte de Laguna Blanca (González, 2008, p.7).

A partir de 1953, Arica experimentó una gran transformación, debido a las políticas que permitieron su apertura al comercio internacional. Durante el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo (1952-1958), se promulgó el Decreto Ley 303 que define la Ley de Puerto libre, medida que implicó la entrada de inversión industrial, cuyo efecto transformó el espacio urbano. Desde el centro estatal se reguló la entrada de capital a la ciudad de Arica, especializándose el tipo de mercancía industrial, como fue el sector automotriz y de tecnología (^{González & Ovando, 2020}; ^{Díaz, Galdames & Ruz, 2015}; ^{Pizarro & Ríos, 2005}).

Atraídas por el proceso de industrialización de la ciudad, se produjo una importante migración a la ciudad procedente de los pueblos del interior de la región, principalmente campesinos de origen étnico, ex trabajadores de la depreciada industria salitrera y migración proveniente del resto de Chile, que habitaron, desde entonces, permanentemente la ciudad. La población creció de 20.000 habitantes en la década de 1950 a 73.000 a finales de 1968 (^{Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 1968}).

Con el fin de planificar el crecimiento urbano y regional, en 1958 se creó la Junta de Adelanto de Arica (JAA), un organismo descentralizado que impulsó una serie de proyectos de modernización en el Departamento de Arica. Entre 1960 y 1976, esta entidad desarrolló importantes obras de infraestructura y equipamiento urbano, tales como parques, el estadio El Morro, conjuntos habitacionales, liceos, escuelas y el terminal de buses, entre otros (^{Soto, 2018, p.52} ).

Desde el punto de vista del desarrollo de la ciudad, se buscó establecer un mercado interno que abasteciese el consumo no sólo de la ciudad, sino que éste se extendiera por el país, en lo que se denominó el «desarrollo hacia adentro» (^{González & Ovando, 2020}; ^{Ruz; 2011}). Como resultado de estos procesos, se forma un género de vida que reunió a la clase obrera, población indígena y, en general, agrupaciones de sectores populares y medios que ingresaron a los trabajos de la industria automotriz, tecnológica, talleres artesanales, comercio y administración, sector económico fundamental de este territorio. Las industrias pesqueras, la agricultura en el Valle de Lluta y Valle de Azapa, fueron observadas como sectores económicos para la producción de un mercado alimenticio (^{Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 1968}) Figura 1.

Fuente: elaboración propia con base en Censos históricos de población y vivienda^{(Instituto Nacional de Estadísticas}).

Figura 1 Población de la ciudad de Arica (1885-2017) 

Así, la ciudad Arica se comprendió integrada al sur de Perú y el interior del continente, demandando la construcción de redes de caminos que conectasen la ciudad a territorios más amplios. De hecho, una de las propuestas del Plan Andino y de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, era que los Estados capacitaran a los campesinos para generar intercambios, estableciendo una red comercial que se desplegase por los países que componían el espacio andino. El comercio y movilidad tradicional a través de los pisos ecológicos de los pueblos indígenas (^{Murra, 2002}), era un elemento permanente por rescatar en el marco de una economía en vías de desarrollo capitalista (^{González & Ovando, 2010}).

Estas acciones e imaginarios implicaron que la producción de espacio de la ciudad de Arica se extendiese. La frontera se amplió hasta el actual Terminal de Buses donde se encuentra el río San José. Desde mediados de la década de 1950, se empieza a poblar la ciudad con migrantes indígenas y campesinos proveniente especialmente de sectores como Chisjlluma, Livilcar, Villacollo y Hacienda Camarones, formando viviendas mínimas en barrios tales como Lautaro, Maipú Oriente, San José y Población Chile, esta vez con características permanentes que fueron objeto de políticas habitacionales, como fueron las políticas de loteo y autoconstrucción (^{Quiroz, 2014}; ^{González, 2018}). A finales de los años sesenta, los indígenas, así como la clase obrera y popular se organizaron en Juntas de Vecinos y organizaciones funcionales institucionalizadas en el gobierno de Eduardo Frei Montalva (1964- 1970), mediante la Ley de Promoción Popular (^{Choque, 2009}).

También, bajo las políticas de la Corporación de Mejoramiento Urbano (Cormu) anclada en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo creado en 1965, se diseñaron viviendas funcionales de tipo modernista, como por ejemplo el complejo Lastarria (^{Galeno, 2013}). No obstante, la población migrante, sin acceso a las políticas institucionales, se localizó hacia el norte de la ciudad a través de la ocupación de terrenos.

En este sentido, de acuerdo con la escala urbana, es posible observar cómo se constituye un nuevo centro urbano por medio de políticas de mejoramiento similares a las de otras ciudades del país; diferenciándose de las nuevas poblaciones populares que extienden la ciudad más allá del río San José, a través de la acción de la Corporación de Vivienda (Corvi) y la mencionada Junta de Adelanto de Arica, establecidas por las relaciones entre el Estado y el gobierno local. A su vez, y paralelamente a este proceso, también se observa el espacio de expansión urbana orientado por la ocupación informal de terrenos (^{Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 1968}).

El panorama a inicios de la década de los años setenta evidenciaba una región que se desarrollaba a partir de la dirección de la Junta de Adelanto de Arica y el fomento estatal. Sin embargo, problemas asociados al mercado industrial y la explosión migratoria en la ciudad tuvieron consecuencias urbanas que desbordaron la planificación desarrollista, desmantelada en el período militar, cuyos efectos se manifestaron en la desindustrialización (^{Podestá, 2011}). En este sentido, la planificación de la Junta de Adelanto de Arica demostró una autonomía relativa, que dependía de las políticas estatales dirigidas para el desarrollo regional, las cuales, con la aplicación del neoliberalismo, establecieron cambios en las escalas urbana y regional siendo subordinadas a la escala de acción estatal.

En este contexto, las últimas décadas del siglo XX estuvieron marcadas por un proceso inestable donde se atestiguó una sistemática producción de vivienda subsidiada, aunque con estándares mucho más bajos que las del periodo precedente. Con el correr del siglo XXI, esta política de vivienda comenzó a asumir directrices globales basadas en la sostenibilidad y la integración social.

Hábitat, vivienda subsidiada y vida cotidiana móvil en la Arica neoliberal

En este período, el Estado central chileno promulgó la creación de una zona franca en la ciudad de Iquique, urbe central de la región de Tarapacá. Con ello, la ciudad de Arica experimentó una desaceleración económica y una desindustrialización urbana debido a la crisis económica que atravesaba el país y las nuevas orientaciones neoliberales. En 1976, la Junta de Adelanto de Arica se desmanteló. Esto tuvo como consecuencia inmediata que Arica dejase de ser un polo de industrialización regional debido a su posición fronteriza, traspasando a Iquique la primacía urbana de la región de Tarapacá (^{Soto, 2018}).

La nueva política del régimen militar se orientó por criterios regionales que definieron a la ciudad de Arica como un espacio de sacrificio ante un eventual conflicto con Perú (^{Dilla, 2018}). Pero a la vez, Arica experimentó procesos similares a otras ciudades del país que situaron a la economía de servicios, comercio y de construcción habitacional como punta de lanza de la producción del espacio urbano.

Para entender la actual base económica de Arica, es importante destacar su función como nodo comercial. La construcción del mercado de la Asociación Gremial de Pequeños y Medianos Agricultores (Asoagro) de Arica, reunió a diferentes agricultores del interior de la región, provenientes de Codpa, Camiña y Mamiña de origen aymara, que observaron a la ciudad como un espacio económico para la venta de los productos alimentarios que cultivaban en los valles. Este centro de distribución se emplazó a la entrada de la ciudad en la Ruta 5 Norte, constatando un anclaje en el territorio del mediano y pequeño capital étnico. Desde los años ochenta, los comerciantes dejaron de ofrecer sus productos en las diferentes calles, ferias y avenidas de la ciudad, para tener un espacio definido para esta práctica (^{Codoceo, 2013}).

La localización de este mercado a la entrada de la ciudad, próximo al río San José, atrajo la producción de un nuevo espacio residencial de vivienda subsidiada, constituyendo una de las zonas de expansión urbana en la actualidad. Del mismo modo que ocurre en la zona norte de la ciudad, que también ha sido un espacio de crecimiento de vivienda mínima para los habitantes más pobres. En este sentido, la vivienda subsidiada es un elemento fundamental para entender el nuevo hábitat. Desde la década de los ochenta, la política habitacional tomó significados trazados por la ideología neoliberal, definiendo el acceso a la vivienda de los sectores medios y más acomodados bajo la modalidad bancaria de crédito hipotecario. A su vez, el Estado se encarga de gestionar este bien a las familias más pobres por medio del instrumento del subsidio habitacional.

Como principal modo de acceso a la vivienda, la política estatal construyó diferentes conjuntos habitacionales durante la década de los ochenta y noventa, tales como Cerro Chuño, Población Los Industriales 1 y 2, Nueva Esperanza, Conjunto Habitacional Guañacagua, entre otros. Estos tendrán un diseño homogéneo para la mayor parte del país, donde Arica no será la excepción (^{Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2001}). Uno de los conflictos inmediatos que surgieron, corresponde a la posibilidad de habitabilidad de estas viviendas, las cuales debido a problemas asociados a la contaminación (como es el emblemático caso de Cerro Chuño)³, o por suelos salinos de mala calidad, fueron erradicados, demolidos, o en los mejores casos, beneficiarios de medidas de mitigación (^{Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2014}).

Cuadro 1 Tipología de conjuntos habitacionales, Arica 

Fuente: elaboración propia a partir de archivo fotográfico propio.

La producción de un hábitat contaminado en Arica es un conflicto que tiene larga data en el territorio. Sobre esta forma de producir vivienda y espacio urbano (sin equipamiento, con áreas verdes reducidas) se evidencia una ciudad que se ha expandido con base en la vivienda. Los siguientes datos dan cuenta de indicadores que hablan sobre la sostenibilidad y la integración social urbana desde una perspectiva gubernamental. Tal como podemos ver, si bien, en materia de accesibilidad a plazas y parques, la ciudad parece estar dentro de los estándares nacionales, a propósito de una serie de nuevas obras públicas (Cuadro 2), las problemáticas están del lado ambiental: la ciudad no logra acercarse a cumplir con normas de calidad del aire y estándares sobre tratamiento de residuos sólidos urbanos (Cuadro 3).

Cuadro 3. Calidad del medio ambiente urbano en Arica

Cuadro 2 Acceso a bienes públicos en Aric 

Fuente: elaboración propia con base en^{Siedu, 2017}

Figura 2 Porcentaje de hogares vulnerables por unidad vecinal (2017), Arica, Chile 

En la Figura 2, podemos apreciar la distribución de la geografía social de la ciudad de Arica. Resulta llamativo que gran parte del espacio urbano de la ciudad no logra cumplir con el estándar propuesto por el gobierno chileno. Ahora bien, esto indica que Arica es una ciudad con una población relativamente homogénea, basada en una mayoría de población con recursos económicos bajos ¿esto quiere decir que el nivel de concentración de las elites socioeconómicas está altamente concentrado en determinadas unidades vecinales de Arica? O bien, ¿que la cantidad de población de altos recursos no tiende a ver Arica como una opción donde residir o habitar? Al parecer ambas lecturas son posibles y complementarias. Tal como se puede apreciar, un poco más de tres cuartos de las unidades vecinales de Arica concentra mucha población denominada como «vulnerable». Salvo en algunas zonas con relativa centralidad podemos apreciar el cumplimiento de los estándares de mixtura social.

Por otro lado, los datos del Cuadro 2 dejan ver que Arica es una ciudad relativamente próxima y, aún guarda cierta compacidad a pesar de la constante extensión de su radio urbano en los últimos años. Las distancias a parques y plazas se encuentran por debajo de los estándares y, si bien la cobertura de plazas y parques no se cumple (recordemos que Arica es una ciudad costera inserta en el desierto de Atacama), la gran cantidad de playas dentro de la extensa línea de costa tiende a ocuparse como un espacio de sociabilidad y ocio (ayudado por el clima predominante levemente caluroso) que suple la falta de parques y áreas verdes.

Cuadro 3. Calidad del medio ambiente urbano en Arica 

Fuente: elaboración propia con base en^{Siedu (2017)},^{Banco Mundial (2014},²⁰¹⁸) y^{OMS (2006}).

En general, estas estadísticas definidas para medir la sostenibilidad y la integración no alcanzan a capturar otros procesos y/o conflictos, como por ejemplo lo relativo a movilidad, educación, comercio, acceso a agua potable o salud de la población expuesta a polimetales en la zona norte (Cerro Chuño y Los Industriales). O, por otra parte, cómo la población de procedencia andina dialoga con los instrumentos de consecución de vivienda en función de sus propias concepciones de hábitat; o cómo reproduce su vida con base en actividades económicas que se basan en la trashumancia. En este sentido, la política de localización de vivienda social subsidiada en Arica se ha distribuido hacia el nororiente, sur y suroriente, definida por el bajo costo en el mercado de suelos y los instrumentos territoriales del municipio que delimitan el uso de suelo residencial. En este marco, los lazos sociales de los habitantes han sido mediados por las organizaciones funcionales en relación a la batería de programas sociales del Estado neoliberal de bienestar (^{Alvarado , 2019}). No obstante, si bien hay una pragmática del acceso habitacional, la inexistencia de sentido de arraigo de la identidad en común, cuya construcción se genera en la experiencia y diferencia con un otro, y la ausencia de prácticas rituales y ceremoniales de los nuevos habitantes en el espacio habitacional, se constituyen, según Márquez (²⁰¹⁹), en elementos simbólicos determinantes que no se observan ni tienen lugar en los fundamentos de la política habitacional.

Elementos que han sido rescatados por la política pública se han producido por relaciones conflictivas entre lo local y el Estado. Por ejemplo, tras una serie de paralizaciones regionales a inicios de la década de los noventa, en 1995 y 2000, se promulgó la Ley Arica 1 y Ley Arica 2, que incentivaron la inversión público- privada en un contexto de cooperación internacional, mercado financiero y globalización (^{Soto, 2018, p.55} ). Una década después, Arica fue decretada como capital de la naciente región de Arica y Parinacota, donde se destaca una imagen del territorio estratégica, asociada a su posición en el centro del continente y como ciudad andina (^{Gobierno Regional, 2018}). Esta nueva visión estará marcada por la fuerte movilidad transfronteriza del territorio, heredera de un hábitat de larga duración.

De esta manera, la ciudad de Arica intensificó sus conexiones con la ciudad de Tacna, con el sur del Perú en general, y con los pueblos y ciudades de Bolivia, posicionando a la frontera como un recurso que permite una movilidad entre los distintos puntos de esta trama territorial. Así, por ejemplo, diariamente se producen viajes a la ciudad de Tacna por servicios médicos, turismo, y comercio. Mientras que, para los tacneños, la ciudad de Arica presenta un nicho comercial en el cual se realizan negocios asociados a la alimentación y transporte (^{Tapia, Liberona & Contreras, 2017}, ^{Dilla & Álvarez, 2018}).

También, la movilidad entre la costa y el interior del continente de los pueblos andinos se ha producido debido a diversas prácticas de carácter cultural y comercial, como las Ligas Andinas asociadas al deporte, donde las organizaciones se desplazan por los pueblos de la sierra, valles y altiplano a partir de estos encuentros. En este sentido, el mejoramiento de carreteras y el acceso al automóvil como medio de transporte ha generado un importante flujo de movilidad, que antes, por razones económicas y técnicas, se hacían caminando con animales y tras largos días. Según ^{Choque (2009, p.281} ), la idea de la Liga Andina en la ciudad de Arica tiene un carácter de reproducción cultural de los «hijos de pueblos» de los valles y el altiplano, que producto de la desterritorialización experimentada a mediados de siglo, tras el fenómeno de la migración campo-ciudad, se organizan para mantener lugares, ritos, festividades, creencias y economías, como por ejemplo el espacio de la ciudad de estas ligas. Este autor considera que las propuestas de Faustino Reinaga, intelectual katarista que propone la liberación de la «clase india» de la explotación neocolonial en Bolivia, llega a Arica como una imagen esencial de los aymaras que identifica sólo a algunos estudiantes de la Universidad de Tarapacá. En contraste, señala que los «hijos de pueblos» no se reconocen con este discurso, debido a la distancia y la fuerte influencia de la estructura e historia de Chile.

Para ^{Choque (2009}), el sistema organizacional del Estado chileno ha institucionalizado e incorporando a las agrupaciones a los mecanismos y beneficios que el Estado puede proveer, evidenciando zonas de intercambio y negociación entre estos pueblos y el Estado. Ejemplo de ello, es el carnaval de Arica que se realiza en el mes de febrero, donde las diferentes organizaciones se preparan durante el año para el desfile y bailes en el centro del espacio urbano, incentivado y posibilitado por los ministerios de cultura y el patrimonio, economía y el municipio.

Esto también es posible evidenciar en el ámbito de la vivienda. Una de las modalidades que ha desarrollado el Estado en la reciente década, se refiere al convenio entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), los cuales han producido un conjunto de vivienda de origen étnico, Villa Caquena, localizada al norte de la ciudad. Estos habitantes son descendientes y primera generación urbana que provienen de Caquena, un pueblo ubicado en el altiplano chileno en la frontera entre Perú y Bolivia, principalmente de origen campesino. Este convenio consistió en la construcción de viviendas con un diseño aymara que representa la identidad de sus residentes. Estos habitantes han producido un espacio comunitario «sustentable», como la Junta de Vecinos construida con paneles solares (enfocado en las directrices de la Agenda ^{Sustentable, 2020}), que reúne a los habitantes de este barrio donde se realizan diferentes formas de economía solidaria. De este modo, si bien el desplazamiento y arraigo de los pueblos indígenas del interior es de larga data en la ciudad, sólo recientemente se han ido estableciendo formas de acceso a programas y políticas habitacionales con criterios cualitativos específicos. No obstante, se constata que en el acceso a vivienda social prevalecen los criterios económicos de bajo costo de suelo que, además, se encuentran expuestos a espacios de precaria calidad ambiental, y de los cuales la población más desfavorecida e indígena de Arica hace uso de ellas.

A modo de cierre

El discurso de la sostenibilidad y la integración se erige como una válvula de escape a la actual crisis del neoliberalismo, posibilitando la realización de nuevos pactos de dominación basados en lo «verde», cuestión que permite trazar límites (dotar de mayor regulación), mas no disputar espacios ideológicos y modelos de desarrollo alternativos al capitalismo. La adopción de las perspectivas y discursos en torno a la sostenibilidad y la integración no implican una disputa del modo de producción capitalista, es decir, no cuestiona las contradicciones entre capital y trabajo, entre deudores y acreedores, menos entre valor de uso y valor de cambio. Al contrario, solo se limita a la adecuación de algunos estándares que no ponen en jaque al modelo: menor contaminación; mayor mezcla entre clases medias y populares, pero en ningún caso, por ejemplo, un aumento del estándar de las viviendas y una disminución de su precio de venta y, obviamente, menos aún un ataque directo al patrón de acumulación y reproducción del capital. Entendiendo que el capitalismo ha sobrevivido mediante la producción de espacios (^{Lefebvre, 2015}), tampoco significa una limitación al avance voraz de la urbanización en materia de creación de espacios residenciales o infraestructura energética, productiva o comercial. La ausencia de límites ante la colonización de espacios por parte del capital implica que la captura y apropiación de flujos de toda índole para su rentabilización no ha de detenerse mediante estas nuevas directrices. En este marco, la sostenibilidad y la integración, tienen más bien la forma de velo, de una mistificación que busca consolidar una imagen de mundo, siendo traducidos en una batería de programaciones gubernamentales definidas a su cumplimiento, las cuales son adoptadas, por ejemplo, por los instrumentos de planificación territorial.

En el caso de Arica, incluso comprendiendo que en la disposición gubernamental de sostenibilidad, se propone un equilibrio entre las necesidades de la población de una ciudad y la localización del equipamiento urbano necesario, los datos nos muestran que aproximadamente un tercio de la población tiene un acceso deficiente a plazas; que la cantidad de metros cuadrados de áreas verdes con mantenimiento por habitante es tres veces menos que el estándar sugerido por la Organización Mundial de la Salud (^{ONU Hábitat, 2015}); que la calidad del medio ambiente urbano es deficiente en tanto la ciudad presenta problemáticas respecto al material particulado y a la recolección de residuos urbanos domiciliarios. Entonces, la dimensión solidaria de la sostenibilidad, el establecimiento de condiciones mínimas para que las futuras generaciones puedan desarrollar sus vidas resulta dificultosa debido a los conflictos ambientales aún no resueltos.

Estos elementos propios de la materialidad del hábitat fijan la escala local de lo cotidiano y en definitiva son aspectos básicos del modo de vida urbano en una ciudad fronteriza como Arica en el desierto de Atacama, Chile. La actual tecnocracia neoliberal se construye en una complejidad de conceptos sustentables, integradores y plasmados de indicadores, todos válidos por supuesto, pero aún en un plano abstracto que no recogen la singularidad de los lugares a los cuales se aplican. Por lo mismo, estamos en presencia de un hábitat rugoso, cuyo habitar cotidiano se da en esferas que requieren ser internalizadas por las políticas de vivienda y ciudad. Los recovecos descritos en este texto son espacios de espesor histórico y cultural muy diverso, que requieren necesariamente de acciones diferenciadas y particulares en la materia tratada por este artículo.