2.1 La formación del proyecto extractivo estatal: del énfasis político en la minería al ordenamiento minero del territorio

En los últimos cuatro periodos presidenciales ha habido un énfasis político en la extracción de recursos naturales no renovables como motor de la economía nacional, con base en el entendimiento de que existe un escenario internacional propicio para esta actividad que hay que aprovechar. Ese objetivo coincide efectivamente con un aumento de títulos mineros en Colombia, que pasó de 1.13 a 8.53 millones hectáreas (^{Osorio, 2010}, octubre 14).

Esta propuesta económica sustenta su validez en presentar la minería como una actividad prioritaria, de interés social y que tiene una utilidad pública,³ características que aprueban, sin muchas consideraciones, cualquier tipo de intervención económica de tipo extractivo sobre los territorios. Así se han generado una serie de conflictos en ciertas regiones del país, en tanto se da el mensaje a diversas entidades estatales de que es necesario privilegiar la minería sobre otras actividades económicas, intereses de las comunidades, e incluso derechos fundamentales (^{Negrete, 2013}).

En los planes de desarrollo del periodo se visualiza una suposición de que el sector minero tiene la potencialidad de generar riqueza para sostener financieramente otros sectores y programas, y por tanto se puede delegar a la minería en gran parte el desarrollo regional y el crecimiento del país en general. El común denominador es que el camino para el crecimiento del sector es brindar a la empresa privada condiciones adecuadas para la inversión. La preocupación general es que las empresas puedan desarrollar sus actividades en óptimas condiciones, para lo que se requieren ajustes institucionales. La priorización de las grandes empresas tiene que ver con la idea de que estas pueden cumplir de mejor manera criterios de productividad, sostenibilidad y competitividad. Esto ha hecho que se genere la impresión de que las instituciones del Estado están para apoyar y facilitar las acciones de la empresa privada, mientras que las instituciones locales y comunidades aparecen como obstáculos para superar o actores externos con los que hay que mejorar las relaciones.

Los aspectos sociales, cuando son abordados, son considerados en función de las empresas y no de las poblaciones locales: se enuncia, por ejemplo, que es necesario mejorar las condiciones de la inversión para las empresas, aminorar los conflictos locales para garantizar las explotaciones y generar protocolos para manejar crisis sociales para asegurar la apuesta minera, pero sin una óptica del cumplimiento de los derechos y el aumento del bienestar de las comunidades involucradas en las operaciones mineras. En las bases del Plan de Desarrollo 2010-2014. Prosperidad para todos hay una preocupación por acompañar a la “industria” en la relación con las comunidades durante las fases de planeación, implementación, desarrollo y operación de los proyectos, pero no a la inversa (^{González, C., 2011}).

De manera paralela al énfasis político en la extracción se ha producido un marco normativo que tiende a darle especial importancia a la minería frente a otras actividades económicas, a privilegiar el modelo de la minería a gran escala y a concentrar en la inversión privada el crecimiento del sector. Sin embargo, la legislación ha sido un escenario de visiones y modelos de desarrollo contrapuestos y las altas cortes, en particular la Corte Constitucional y en ocasiones el Consejo de Estado, han actuado eventualmente como contrapeso frente a los modelos de desarrollo económico liderados por funcionarios de marcada tendencia neoliberal, rescatando el carácter ambiental y social de la Constitución Política (^{Fierro, 2012}, pp. 15-16).

El marco jurídico que delimita las competencias de los diferentes ámbitos territoriales respecto al uso de los recursos naturales se basa en la Constitución de 1991, que consagra a la nación, entendida como la autoridad central, la administración del subsuelo y de los recursos naturales no renovables que allí se encuentran; y al Estado, concebido como ente abstracto, como propietario de los mismos.⁴ Esto implica que cualquier extracción de recursos naturales no renovables debe generar una retribución al Estado en compensación por el usufructo de los bienes colectivos, que corresponden a las llamadas regalías, y que la administración de estos recursos, su cobro y redistribución está circunscrito a las instituciones del ámbito central.

A pesar del marcado acento en “lo nacional” como unidad para la toma de decisiones en la minería y de la delegación de competencias a las instituciones centrales del Estado, en torno a la legislación ha estado presente la discusión sobre cómo armonizar los intereses y visiones de los territorios y las actuaciones de instituciones de distintos ámbitos territoriales. Igualmente, ha sido tema de debate cómo dirimir el pulso entre la minería y otras actividades como la agricultura, la ganadería y el turismo, e intereses como la protección ambiental.

A pesar de que la administración del subsuelo estaba concedida a las instituciones del ámbito central del Estado desde el siglo pasado, es solo con la promulgación del Código de Minas de 2001 y con el aumento del interés político en promover la inversión extranjera que la centralización de la administración del subsuelo alcanza a generar un grado de conflictividad mayor. En los años siguientes a la promulgación del Código se formó una retícula abstracta de titulación con el fin de promover la actividad minera que hizo una nueva lectura de los espacios locales con base en planos abstractos, que consideraban los recursos del subsuelo como criterio único de organización del territorio y no tenían en cuenta las propiedades y características de la superficie en el momento del otorgamiento.

La puesta en marcha de un proyecto extractivo estatal implicó la creación de instrumentos para la administración del territorio, el establecimiento de procedimientos concretos para la concesión de áreas a particulares, y la asignación de términos para distinguir formas de hacer minería que han tenido un despliegue y uso local. Estos esquemas pueden interpretarse como parte de la naturaleza del Estado que está ligada a lógicas y procesos para entender y ordenar a los sujetos y sus entornos, registrar prácticas sociales complejas, ilegibles y locales mediante la creación de esquemas y procedimientos estandarizados, mediante los cuales se podría registrar y controlar centralmente (^{Scott, 1998}).

2.2 Támesis: la búsqueda de alternativas a la gran minería en un territorio “no minero”

Durante las décadas recientes Támesis ha basado su economía en el cultivo del café y de cítricos, y en otras actividades agrícolas y agropecuarias. Aunque la fundación del pueblo se asocia con actividades de extracción de oro, la minería de metales no ha sido una actividad significativa económicamente (^{Alcaldía de Támesis, 2012}).⁵ En la última década se ha evidenciado un renovado interés por realizar explotaciones de este mineral, el cual se ha concretado en la solicitud de concesión de títulos mineros en el 90% del territorio, en el inicio de actividades de exploración y en los acercamientos de representantes de empresas multinacionales a las comunidades locales (comunicación personal 2, concejal, abril de 2015).

El caso se caracteriza porque, sin haberse desplegado hasta ahora grandes intervenciones, se han generado respuestas articuladas por parte de la población local en contra de la actividad minera con la idea de la “defensa del territorio” y la reivindicación de otras formas posibles de proyectarse como municipio. El cuestionamiento se dirige primordialmente hacia los esquemas de titulación, basados en procedimientos estandarizados y ajenos al territorio, que priorizan la minería sobre otras alternativas económicas como la agricultura y el turismo, y otros intereses como la protección del ambiente y el aprovechamiento del paisaje.

La movilización social para hacer frente a la minería ha tenido como eje al Comité por la Defensa del Territorio (Codeate), que a su vez se articula regionalmente al Cinturón Occidental Ambiental (COA). Estas agrupaciones han hecho alianzas para la organización conjunta de actividades de movilización, la formación de líderes locales y la difusión e intercambio de información con organizaciones no gubernamentales como el Censat-Agua Viva, Conciudadanía, Penca de Sábila, Confiar y Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que están conectadas con redes internacionales que trabajan alrededor del tema ambiental y tienen como agenda el cuestionamiento al modelo extractivista (^{Cinturón Occidental Ambiental, s. f.}).

En esas respuestas locales se evidencia una alusión directa a componentes identitarios, que se ha hecho visible en acciones de movilización como marchas, vigilias, caminatas y en acciones jurídicas. En las manifestaciones discursivas de algunos líderes locales se presentan referencias a aspectos como el sentido de pertenencia y el arraigo, y a la identidad agrícola y campesina. También a una promoción de la necesidad de “tener identidad” o “fortalecer una identidad” para defenderse de lo que han representado como una amenaza.

La identidad no solo se piensa como una arena que podría ser afectada y quebrantada por la llegada de la minería a gran escala, sino también como un recurso que debe promoverse para mitigar sus efectos, que puede generar cohesión entre la población y sentido de pertenencia por el municipio. Se visualiza una faceta de la identidad ligada al sentido de pertenencia y la disposición a asumir una postura activa, visible en una serie de contrastes discursivos entre agricultor-minero, digno-vendido, comprometido-pasivo, que entran a jugar en las acciones de resistencia de la población y ligados discursivamente a la identidad.

Pese al aparente consenso, en veredas de influencia directa de los proyectos como Manzanares, Cedeño Alto y Riofrío el panorama es complejo y las posturas frente a las intervenciones se encuentran más divididas, en parte por las tensiones que generan los acercamientos iniciales de las multinacionales. Mientras hacia afuera hay una posición de rechazo, hay personas que encuentran oportunidades laborales en la minería o en los beneficios indirectos que genera, o que manifiestan no conocer lo suficiente sobre el tema para asumir una posición. Por el contrario, se identifica a Palermo como el lugar con un fuerte rechazo a las empresas, guiado por actores con gran poderío económico, que se ilustra en que los comerciantes no les venden sus productos, “ni un tinto les vendían, ni un arroz” y ponen recursos para las movilizaciones (comunicación personal 1, líder local, abril de 2015; comunicación personal 2, concejal, abril de 2015; comunicación personal 9, comerciante Palermo, mayo de 2016).

El proceso organizativo ha implicado un ejercicio autorreflexivo que parte del interés de reconocer y recorrer el entorno que los rodea, describir sus características y resaltar sus particularidades. Se han valorado viejos elementos del territorio —los petroglifos, la riqueza hídrica, cavernas, patrimonio arqueológico y caminos— que, aunque estaban ya ahí presentes, han adquirido un nuevo sentido en la coyuntura.⁶ Ante la necesidad de dar respuesta a las disposiciones de orden estatal que sobre la base de lo nacional y procesos estandarizados de titulación del territorio ignoran las particularidades de la zona, aparece cierto sentido estratégico de la identidad como un instrumento para exaltar elementos que caracterizan la localidad, exaltar su singularidad y así denunciar una incompatibilidad de las trayectorias económicas, sociales y culturales locales con los planes estatales.

Últimamente la gente está haciendo un reconocimiento de los petroglifos y los caminos ancestrales de los indígenas, de todo esto. Entonces también hay unos elementos ahí que nos llevan a decir “nosotros tenemos algo que a nosotros nos hace distintos a todo lo demás”, el sentido de identidad con esa parte diríamos ancestral. (…) Yo soy de Támesis, hice mi primaria, mi colegio y mis cosas aquí, nunca me hablaron de la riqueza arqueológica que tenemos. (…) Inclusive ya se está empezando a colocar en sócalos, se está empezando a colocar en artesanías, aretes, camisas, gorras, y eso empieza a generar entonces también un tema de “esto hay que cuidarlo, hay que protegerlo, hay que venerarlo” (comunicación personal 4, emprendedor turismo, abril de 2016).

En la discusión sobre la minería, las imágenes de lugares mineros han desempeñado un papel central como una manera de mostrar una contracara de cómo se representan a sí mismos o representan lo que quieren ser. Los referentes “mineros” de los interlocutores suelen ser lugares como Marmato, Amagá, El Bagre y el Nordeste antioqueño, y más recientemente, Buriticá. En contraposición al “otro” minero, los movimientos de rechazo a la minería destacan una construcción de una imagen de Támesis como un municipio que tiene una sensibilidad ambiental, que por tener una tradición agrícola y ganadera posee un vínculo más cercano con la tierra y con el lugar de pertenencia (comunicación personal 2, concejal, abril de 2015). La imagen del “otro” minero se usa para explicar cómo sería Támesis si las explotaciones mineras proyectadas tuvieran lugar.

De la mano con la necesidad de distanciarse de ese “otro” minero se produjo cierta “ecologización de las identidades”. Muestra de ello es el interés de sectores de la población por el discurso ambientalista y la emergencia de emprendimientos locales y propuestas económicas alternativas que consideran pueden brindar opciones distintas a la de la minería. Existen iniciativas de economía solidaria como el Circuito de Economía Solidaria de Támesis, que promueve la comercialización de productos agropecuarios orgánicos y proyectos que impulsan el consumo local. Estas dinámicas tienen referentes globales en movimientos sociales de carácter ambiental que influyen en estilos de vida y promueven su articulación a otros mercados no convencionales.

Las enunciaciones de la identidad tienen un papel político al dirigirse a responder a las disposiciones centrales que afectan al territorio y a incidir en las condiciones de su entorno, específicamente proyectando su diferencia e incompatibilidad con la minería y la particularidad de su territorio frente a otros.

2.3 Buriticá: diferenciarse o asemejarse en el conflictivo auge minero

Buriticá, a diferencia de Támesis, ha tenido una relación más cercana con la minería aurífera. Durante el periodo prehispánico y colonial la industria minera fue reconocida, el comercio por medio del trueque era la actividad central y, a pesar de una decadencia posterior que dio paso a la agricultura, esos símbolos perviven entre la población (comunicación personal 14, historiadora local, mayo de 2015). Sin embargo, hace no más de diez años la minería no era una actividad económica relevante para el municipio: había una producción a baja escala que compartía lugar sin mayores tensiones con otras prácticas agrícolas y artesanales. Las actividades mineras se limitaban a la minería de aluvión en las veredas Mogotes y La Angelina —en el cauce del río Cauca—, a una iniciativa de minería de veta de pequeñas dimensiones de la Centena S. A. —en la vereda Los Asientos—, que fue el antecedente de la Continental Gold, y a intentos limitados de algunos habitantes de la zona de extraer oro artesanalmente en las quebradas (comunicación personal 15, funcionaria, mayo de 2016).

En la coyuntura de la promulgación del Código de Minas de 2001 los planes mineros de la Continental Gold crecieron: las exploraciones iniciales mostraron buenos resultados y, bajo la nueva normatividad minera, la empresa adquirió más títulos en la zona (^{Cardona y Cuadros, 2014}; comunicación personal 15, funcionaria, mayo de 2016). Simultáneamente, la presencia de mineros informales que iniciaron explotaciones en la zona titulada fue cada vez mayor. En este fenómeno de la minería informal —sin título o que se realiza sobre un título ajeno— coincidieron personas del pueblo que habían estado relacionadas con las actividades previas de La Centena, tenían conflictos laborales con la empresa y crearon sus propias asociaciones para extraer oro; los mineros tradicionales de otras zonas que llegaron tras el rumor que generaron las primeras noticias en medios de comunicación sobre la minería en Buriticá; y un flujo posterior de población que llegó desde regiones mineras de Antioquia y Colombia, principalmente del Nordeste y Bajo Cauca (comunicación personal 11, líder minero, mayo de 2015; comunicación personal 15, funcionaria, mayo de 2016).⁷

El auge minero transformó en menos de cinco años el modo de vida local: la población se duplicó, se dinamizaron sectores económicos como el comercio y el negocio inmobiliario, el costo de vida se incrementó por el flujo de dinero de la minería, la capacidad de los servicios institucionales se quedó corta para la demanda, hubo una fuerte presión sobre los recursos como el agua y crecieron las cifras de inseguridad (^{Sánchez, 2013}; ^{Silva, 2015}). Estos fenómenos generaron un escenario novedoso, conflictivo y complejo en donde confluyeron diferentes actores: mineros informales del pueblo, los mineros provenientes de otras regiones, Continental Gold, instituciones estatales y población nativa.

Aquí las alusiones y referencias a la identidad han sido un recurso para desenvolverse y encontrar un mejor lugar en el marco del modelo minero.⁸ Las opciones son diversas, pero hacen uso de las referencias identitarias previas, ya sea para desligarse del fenómeno minero y denunciar las nuevas problemáticas que este ha generado, o reclamar legitimidad de sus actividades relacionadas con la minería y buscar una mejor participación en el negocio minero.

Un asunto bastante discutido es cómo contar su propia historia y explicar si Buriticá es o no un pueblo minero. La activación de elementos del pasado, los personajes y los momentos resaltados, y su uso como referentes para la construcción de un relato sobre su identidad depende en gran medida del lugar de enunciación de los actores, las aspiraciones e intencionalidades en el escenario del auge minero actual.

Las personas del pueblo que trabajan en la minería aluden al referente colonial para explicar una larga historia ligada a la minería:

Soy nacido y criado aquí, y nosotros siempre hemos trabajado la minería. Buriticá es un municipio de tradición minera así algunos digan que no la tenemos, pero sí (…). La primera minería que hubo en Colombia fue Buriticá, que fue expuesta ante los demás países, Perú, Chile, México, y ya después se fue regando ante los chibchas y todas las tribus colombianas, pero salió de aquí. (…) La cañada, la que llamamos ahorita La Mina, siempre ha tenido tradición de minería. Hay gente que ha barequeado, gente que ha sacado minería para transformar de la forma en que hemos hecho, por medio de cocos y molinos (comunicación personal 11, líder minero de Buriticá, mayo de 2015).

Por el contrario, la población nativa ajena a la minería destaca el carácter agrícola previo del municipio y los cambios que implicó la llegada de la minería:

La parte agrícola se acabó. Antes se vivía del café, del maíz, del frijol, del ganado. Al pueblo a usted le traían lo que es la cebolla, el tomate, de los campos. Y ahora hay una jaula que viene de Medellín y pasa para Tabacal. Vea, va de largo, pasa por aquí vendiendo de toda clase de legumbre. La cebolla se llevaba para (Santa Fe de) Antioquia de aquí, y el tomate, el maíz, el fríjol, ¡no! mucha cosa, pero todo esto se acabó (comunicación personal 16, pareja de ancianos, junio de 2015).

Además, el esquema propiciado por la legislación estatal de mineros legales-ilegales-artesanales ha cobrado un lugar central, ya que los actores se han visto abocados a encajar o cuestionar el esquema, y usarlo para definirse o definir a otros en la disputa por el derecho a decidir sobre el territorio y su transformación.

La población nativa de Buriticá tiende a enfatizar en las diferencias con la población “recién llegada”, a partir de referencias a sus costumbres y sus formas de ser y vivir para denunciar los cambios abruptos en su entorno, demandar participación en las decisiones sobre su territorio o reclamar un mejor lugar en el nuevo escenario minero por el hecho de ser del municipio. Algunas personas, incluso, destacan el carácter de ilegalidad de quienes realizan la minería. En contraste, los mineros nativos de Buriticá han buscado reivindicar su actividad, justificar su accionar y promover unas mejores condiciones en el negocio minero a partir de una alusión a la ancestralidad de la actividad en su pueblo.

Por su parte, las referencias de los mineros informales a la tradición minera se conectan con una reivindicación del oficio y un cuestionamiento al estatus de ilegalidad que han propuesto en ocasiones las instituciones estatales. Exaltan su nacionalidad colombiana para cuestionar la priorización que hace el Estado de la inversión extranjera y darse un lugar distanciándose de la Continental Gold.

El proyecto estatal y los espacios locales

El proyecto extractivo estatal buscó optimizar y aumentar la extracción de minerales en el marco de un escenario internacional caracterizado por su creciente demanda y priorizó, en la visión política, el modelo de la mediana o gran minería y la extracción por parte de empresas privadas. En ese sentido, estableció jerarquizaciones entre tipos de actividades y formuló una destinación específica de los espacios locales y, por lo tanto, de las poblaciones.

Los planes mineros tienen como respaldo procesos administrativos que poco tienen en cuenta las características y particularidades de los espacios locales, ya que requieren de cierta estandarización de los territorios y de los sujetos del desarrollo. Se basaron en un esquema de titulación que desde la legislación está dotado de prioridad frente a otras actividades económicas, usos del suelo e intereses regionales y locales. El ordenamiento del espacio se hace a partir de un solo componente, el subsuelo, y con miras a la extracción de un tipo de recurso: el oro y otros metales preciosos. Es un proceso de reducción de la complejidad local para poder contenerla en un esquema único e intervenirla (^{Scott, 1998}).

Tanto los mineros informales como quienes no participan en la minería en ambos municipios coinciden en que las políticas mineras centrales no tienen en cuenta las particularidades de los espacios locales, los actores que hay en los territorios y las trayectorias económicas y sociales previas. Los primeros, puesto que la masiva titulación implicó que quedaran limitados en sus actividades mineras tradicionales y que se profundizará su estatus de ilegalidad. Los segundos, en tanto consideran que la primacía de la actividad minera ha establecido una jerarquización frente a otras actividades e intereses.

En ambos casos, los planes estatales han tenido dificultades para llevarse a cabo en el ámbito local: en Támesis, por cuenta del rechazo de parte de la población y la existencia de respuestas organizadas que han dificultado actividades de las empresas mineras; en Buriticá, por las consecuencias “inesperadas”: el desplazamiento masivo de mineros de otras regiones a realizar explotaciones en el área titulada a la Continental Gold y que los planes de crecimiento de la empresa no se desarrollaran como estaban previstos. El resultado de las intervenciones y su desarrollo está determinado no solo por los planes, esquemas y proyectos estatales, sino también por las trayectorias previas de los espacios locales y la manera como las poblaciones se relacionan con ese proyecto extractivo a partir de, entre otros aspectos, las referencias identitarias previas, las capacidades de acción de las comunidades y los entramados políticos locales.

Así, mientras en el plano ideal hay un solo proyecto de orden nacional, su aplicación en lo local se presenta de múltiples formas. La distinción entre el Estado como emisor y la sociedad como receptora del proyecto se desvanece, haciendo que las realidades locales incidan, moldeen y ajusten los intentos estatales de transformación. Este es un indicio, entre muchos otros, de que el Estado no es una esfera separada de la sociedad y de lo ilusorios que son los límites entre uno y otro al ser efectos de los juegos de poder (^{Abrams, 2000}; ^{Mitchell, 2015}). Es la reducción que se hace en el lenguaje estatal la que hace que su proyección local en espacios complejos no se asemeje a los planes.

La identidad como recurso político

Las alusiones y referencias a la identidad en el caso de Támesis atraviesan transversalmente las manifestaciones discursivas de las organizaciones sociales en contra de la minería tanto en los símbolos, las marchas y los eslóganes. En Buriticá, aunque no son tan explícitas las referencias a la identidad, existen alusiones a ella a la hora de referirse a otros actores que hacen parte del conflicto y, en este sentido, operan como una marca para diferenciarse de unos y asemejarse a otros actores. La identidad constituye un recurso, ya sea para justificar y dar legitimidad a la minería informal o formal actual, o desligarse de ella y rechazarla.

El despliegue del proyecto extractivo estatal puso en tensión el ámbito de la identidad, en tanto hizo que las poblaciones pasaran por un “proceso autorreflexivo” al formar nuevos escenarios políticos locales caracterizados por la presencia de actores diferentes, la creación de retos económicos, políticos y sociales, y el surgimiento de temas de discusión novedosos. Estos escenarios se convierten en marcos de referencia en los que los actores deben desenvolverse y en los cuales la identidad resulta convertida en un recurso a partir del cual las personas se relacionan con el “otro”, interpretan esa nueva realidad e intentan incidir en su devenir.

Los usos políticos de la identidad se dirigen a hacerle frente o desenvolverse en los esquemas de ordenamiento de la realidad que el proyecto instaura; operan como herramientas de las poblaciones locales con el fin de resistir u oponerse a los esquemas de simplificación que construye el Estado para hacer más legibles los espacios locales con miras a su intervención (^{Scott, 1998}), además de posicionarse frente a otros actores y negociar condiciones en el escenario político que generan las intervenciones al territorio.

Los actores refuerzan o matizan elementos, pues valoran de manera diferencial en este contexto algunos aspectos de su cultura, historia y geografía. Hay pues un proceso activo de re-conocimiento de los sujetos que obedece a esa lógica del “más de uno” (^{Hall, 2003}), es decir, entraña un trabajo discursivo de marcación y ratificación de límites simbólicos y producción de “efectos de frontera” ante nuevos escenarios: un ejercicio de trazar límites y crear una exterioridad. En las localidades la propuesta estatal produjo una gama de posibilidades de identificación entre polos de representación: minero-campesino, activo-pasivo, desorden-orden, tranquilidad-intranquilidad, moralidad-inmoralidad, tradicional-nuevo, entre otros.

Los puntos resaltados tienen siempre una direccionalidad política, actúan en un marco jerarquizado de relaciones de poder (^{Bolívar, 2006}) y, por lo tanto, están en la búsqueda de incidir en la realidad y encontrar un lugar en ella. La identidad no está pues separada de la acción política de las personas, de las identificaciones que establecen con su entorno y con otros (^{Escobar, 2010}).

El concepto de identidad no señala un núcleo estable de un “nosotros” que se desenvuelve sin cambios a través de las vicisitudes de la historia o demarca ese fragmento que permanece intacto a lo largo del tiempo (^{Hall, 2003}). Tales usos de la identidad, como expresiones discursivas concretas enmarcadas en un escenario de discusión particular, constituyen una parte de ese proceso extendido de transformación de las identidades. Aunque son limitados y no se subsume a ellos la identidad, dan luces sobre las dinámicas locales de transformación de las identidades a partir de una coyuntura que activa su entrada en el plano discursivo.

Esta postura ayuda a comprender el carácter estratégico y posicional de las identidades en contraposición a su versión esencialista (^{Hall, 2003}), pues no se trata de una disposición a construir una identidad desde cero, ni tampoco los desplazamientos de los referentes identitarios son premeditados, deliberados e intencionados. Se generan en un escenario de transformación e intervención, frecuentemente tenso y conflictivo, donde interceden ante otros interlocutores y problemas inéditos (^{Restrepo, 2007}). La relación identidad y cultura pasa así por “lo político”: la identidad implica ese componente activo de los sujetos frente a su entorno (^{Escobar, 2010}) de “hacer conscientes”, otorgar un valor a algo, resignificar elementos, en este caso, en los nuevos escenarios generados por el despliegue del proyecto.

Lo local: espacio donde se conecta el Estado y la identidad

Como en ambos casos las tensiones alrededor del proyecto extractivo estatal se deben al esquema de titulación del territorio que no considera las relaciones sociales, culturales y políticas de los espacios locales y a la primacía que tiene este ordenamiento frente al que hacen otras instituciones estatales o las comunidades mismas; lo local adquiere relevancia como un elemento de contraste que da cuenta de la complejidad y de los procesos de estandarización y esquematización que dan forma al Estado.

Los espacios locales, más que ser los depositarios de los proyectos estatales o los destinatarios de unos universales globales, son ámbitos cargados de sentido, donde se encuentran las referencias y los significados posibles a los cuales los actores aluden cuando elaboran respuestas políticas. Estas respuestas, sin embargo, no se hallan aisladas o desconectadas, están inmersas en procesos concretos de formación de redes y flujos de información que dan forma a discursos universales de la globalización y los tienen como horizonte, reflejan posicionamientos implícitos o explícitos frente a temas de alcance global (^{Tsing, 2005}). Así, aunque hay interlocutores externos y un marco de actuación global, los usos políticos de la identidad tienen un marco de referencia que, ante la negación de lo local de esquemas estatales e intervenciones estandarizadas, está ligado primordialmente a la relación que establecen con los componentes geográficos y físicos, la historia local, las relaciones cotidianas y las actividades económicas.

En lo local se visualiza la manera en que los encuentros heterogéneos y desiguales tienen una faceta creativa, producen nuevas configuraciones de la cultura y del poder donde se modifican mutuamente los discursos globales y locales (^{Tsing, 2005}). Es ahí donde los contactos entre actores dan lugar a escenarios concretos, cargados de discursos y prácticas, que pueden ser una arena para examinar fenómenos de orden nacional o global.

Las características previas de los espacios locales inciden además en el tipo de respuestas que establecen las poblaciones con el proyecto extractivo y en los recursos simbólicos con los que cuentan. Las respuestas articuladas o fragmentadas al énfasis extractivo dependen de una larga historia de relaciones sociales, conflictividades e identificaciones que pueden asociarse con el fracaso o éxito de los proyectos estatales (^{Scott, 1998}), o determinar la forma como inciden en los espacios locales.