1. Introducción
La fase contemporánea del extractivismo en América Latina consolida el avance del capital para la producción y la extracción de commodities para el mercado global de energía (agrocombustibles, petróleo, gas y carbón), de alimentos (caña de azúcar, soya, maíz y palma de aceite), metales, materias primas y minerales preciosos para acumulación (oro) o para uso de la alta industria de la tecnología (minerales raros como niobio, iridio y otros). La importancia de ese proceso para los países latinoamericanos ha sido denominada por algunos autores como el "consenso de las commodities'" (Svampa, 2013) o "neoextractivismo" (Gudynas, 2013), es decir, la primarización de la economía y la consecuente dependencia económica y política de este nuevo ciclo exportador.
En Colombia, la fase actual del extractivismo profundiza la explotación minera y petrolera, que se torna aún más extensiva e intensiva. Asimismo, fomenta cultivos flexibles como la caña de azúcar y la palma de aceite, que se comercializan según las condiciones del mercado internacional de commodities (azúcar o aceite de palma respectivamente) o del mercado nacional de alimentos y agrocombustibles. En este contexto, la faceta del actual extractivismo petrolero y agroindustrial se observa en el departamento del Meta en lo que va del siglo XXI, el cual ha sido el escenario de la territorialización de importantes inversiones públicas y privadas que incentivaron el aumento del área sembrada de palma de aceite y, recientemente, de caña de azúcar para abastecer una parte del mercado nacional de agrocombustibles (agrodiesel y etanol). Al mismo tiempo, desde 2007 fueron comprobadas las reservas de Campo Rubiales en el municipio de Puerto Gaitán, posicionando así al departamento del Meta como el mayor generador y receptor de regalías por la extracción de crudo del país (Harman Ortiz, 2013).
En este contexto, el objetivo planteado es analizar la dinámica territorial de la economía neoextractivista en el departamento del Meta como uno de los más destacados en el proceso de territorialización del capital agroindustrial y petrolero en las últimas décadas en Colombia, con notables efectos en la disminución del área de producción campesina y en el aumento de la población urbana tanto en su capital, Villavicencio, como en los municipios influenciados por las actividades extractivas y el conflicto armado.
2. Metodología
El análisis se realiza a partir de la representación espacial de la información estadística tomada de bases de datos del Departamento Nacional de Estadística (DANE), el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) principalmente. La delimitación temporal corresponde al inicio del siglo XXI, cuando el precio de las commodities aumenta, hasta el año 2016, momento hasta el cual hay datos consolidados. Se tomaron también datos del censo de 1993 con el fin de facilitar el seguimiento del comportamiento demográfico en el periodo de estudio.
Para el mapeo se construyeron indicadores discriminados por escala. En la escala nacional se incluyó el área sembrada de palma de aceite y la participación porcentual de los departamentos por PIB petrolero. En la escala departamental se construyeron indicadores de área sembrada de monocultivos para la agricultura comercial y para la agricultura campesina, así como de variación de la población total y urbana y, finalmente, de la distribución municipal de regalías provenientes de la explotación de petróleo.
En el caso del área sembrada en el departamento, se clasificaron los datos por el tipo de cultivo (perenne o temporal) y su origen (campesino o agroindustrial)1. Se contrastaron los datos de cultivos y área sembrada entre 2007 y 2013 de la base de datos de la Red de información y comunicación del sector Agropecuario Colombiano (Agronet) del MADR. Los datos de población total y urbana por municipio fueron usados para dilucidar los efectos demográficos y de distribución de población en relación con las actividades económicas y mencionadas.
A partir de los datos, fue usado el software Philcarto para la realización de los mapas. La cartografía temática elaborada fue usada como base para la elaboración de coremas, con el propósito de identificar los elementos significativos del análisis. La modelización presentada es una elaboración que revela un limitado número de organizaciones geográficas y decodifica las estructuras espaciales por medio de elaboraciones metodológicas simples (Théry, 2004; Ferras, 1993, p. 16), lo cual ayuda a destacar la dinámica temporal y territorial del fenómeno representado. Así, fueron construidos cuatro coremas que presentan las dinámicas espaciales observadas en los mapas: crecimiento demográfico, tamaño de la población urbana y la conjunción entre la cuestión agrícola y petrolera. Finalmente, el cuarto corema sintetiza la organización, diferenciación y estructura espacial de los neoextractivismos analizados. La modelización gráfica facilitó la síntesis visual del análisis de la dinámica espacial y de las interrelaciones en el nivel intradepartamental, regional, interregional y nacional.
3. Contexto espacial de la expansión del neoextractivismo en el Meta
Las economías extractivas han estructurado la historia de Colombia desde el período colonial, con diferentes fases de integración a la economía mundo. Desde el período de la independencia, a comienzos del siglo XIX, las élites nacionales buscaron insertar el país en el mercado mundial con la exportación de materias primas minerales y agrícolas. En los últimos dos siglos se ha exportado oro, plata, tabaco, quina, caucho, café, petróleo, azúcar, aceite de palma, cacao y carbón, entre otros. No obstante, desde finales del siglo XIX el café ha sido la más importante commodity agrícola debido al aumento de su producción como resultado de su expansión a diferentes regiones del país (Kalmanovitz, 2010; Palacios, 2009).
Desde la segunda mitad del siglo XX la inserción en el mercado mundial tuvo un giro. En la década de 1970, la crisis capitalista y las mudanzas en las concepciones de intervención del Estado en la economía abrieron de nuevo una fase de dominio hegemónico del mercado, consolidada con la práctica de las doctrinas neoliberales de la apertura económica para la radicalización de la circulación global de capitales y mercancías. La desregulación y liberalización de los mercados trajo consigo la ruptura de acuerdos sectoriales de los mercados internacionales, como el Pacto Mundial del Café, vigente entre 1962 y 1989. En consecuencia, países exportadores de café, como Colombia, emprendieron desde los años noventa una diversificación de sus exportaciones para dinamizar la internacionalización de su agricultura y de las rentas provenientes de la explotación de minerales y petróleo, colocando en riesgo tanto la soberanía alimentaria como la producción de alimentos por parte del campesinado.
Las políticas neoliberales han impulsado la territorialización de economías extractivas de una forma diferenciada. Según Gómez y Domínguez (1990), las economías extractivas se refieren al conjunto de actividades de explotación de recursos naturales regionales, que comparten características como la extracción intensiva de recursos animales, vegetales y minerales, altamente demandados en los mercados externos. El modelo estimula la inversión externa por medio de altas tasas de lucro para los inversionistas que están fuera del área/país de extracción y, en contraparte, promete un retorno en inversión (económica y social) en las áreas explotadas. Asimismo, se asocia con la atracción de mano de obra calificada y no calificada en condiciones laborales precarias, informalidad, inflación en la economía regional y pobreza, entre otros aspectos. A manera de antecedente, una relación entre cambios espaciales y extractivismo ya había sido planteada para el corredor petrolero del Casanare (Devia Acosta, 2010).
Extractivismo y dependencia son una constante histórica de las relaciones económicas y políticas de América Latina en el sistema mundo. Al respecto, Gudynas (2013) distingue la fase contemporánea de las relaciones de dependencia como neoextractivismo y agrega que a comienzos del siglo XXI los países "en vías de desarrollo" se han interesado en aprovechar los altos precios de las commodities agrícolas y minerales en el mercado mundial, intensificando la minería en el sector de hidrocarburos, minerales y metales, así como la expansión de monocultivos de exportación.
En el foco de este proceso de expansión neoextractivista en Colombia está el departamento del Meta, localizado al centro oriente y suroriente de Colombia. El departamento hace parte de las cuencas del río Orinoco y el río Amazonas en diferente proporción. Según Molano (1998), en el medio físico orinoquense se reconocen cinco subregiones y cuatro de ellas hacen referencia al Meta: la subregión Andino Orinoquense, con páramos, selva andina y subandina y piedemonte de influencia andina; la subregión de los Llanos Orientales, con planicies de pantanales y desbordes, sabanas planas de la altillanura, sabanas onduladas o disectadas, sabanas de desborde, llanura eólica y zona aluviales recientes; la subregión transicional Orinoquia-Amazonia y la Sierra de la Macarena.
Los territorios de las cuencas de la Orinoquia y la Amazonia han sido representados como frontera, es decir, como territorios marginales, subdesarro-llados y violentos (Rausch, 2010; Serje, 2004). Sin embargo, en las últimas décadas este departamento ha sido eje de ampliación de la frontera agrícola y foco de la explotación petrolera, interactuando de forma diferenciada entre conflictos y consensos con la agricultura campesina, el latifundio ganadero, los resguardos indígenas, las áreas de colonización campesina, los bosques nativos, las áreas naturales protegidas, las zonas inundables, etc.
Cabe destacar que una parte de este territorio tiene una notable importancia en la dinámica del conflicto armado interno y el posacuerdo con las Farc, puesto que esta guerrilla mantuvo áreas de dominio político-económico-militar que disputaba con el Estado y los paramilitares. Asimismo, hay que tener en cuenta las áreas sembradas de cultivos ilegales (coca y marihuana) mantenidas por campesinos y colonos insertos en la economía del narcotráfico dominada por narcotraficantes, guerrilla o disidencias y paramilitares.
Todo esto configura un escenario en el que se territorializa en las últimas décadas el intenso avance del capital vinculado a la explotación petrolera y de los cultivos flexibles (Borras et al., 2014), es decir, aquellos que se integran a los mercados globales de commodities agrícolas para la industria alimenticia (soya, azúcar y palma de aceite) y al mercado nacional de agrocombustibles, propiciando así un reordenamiento del espacio productivo.
4. Monocultivos y petróleo en el departamento del Meta
En lo que concierne al desarrollo agrícola, desde la década de 1970 la característica de planicie no inundable de la altillanura, al nororiente del Meta, es apreciada como un área para constituir un banco de tierras para ser desarrolladas por medio de paquetes tecnológicos para la producción agroindustrial. Con ese fin se financiaron investigaciones para el mejoramiento de los suelos, caracterizados por su acidez y baja fertilidad.
En las últimas cinco décadas el departamento experimentó la intensificación de los monocultivos en las tierras planas y accesibles. Primero fue el arroz y el maíz, y durante las últimas dos décadas, palma de aceite, caucho, soya y caña de azúcar. En la Figura 2 se presenta la dinámica de movilidad del área sembrada de palma de aceite en el país entre los años 2007 y 2015, que se desplaza del norte hacia el centro oriente del país.
El aumento constante de ese monocultivo ha posicionado a Colombia como el quinto productor mundial de aceite de palma y el primer productor en América Latina (Organización de las Naciones Unidas de la Alimentación y la Agricultura [FAO], 2016). En 2007 había en Colombia 322.030 ha sembradas de palma de aceite, de las cuales el departamento del Meta concentraba el 32,68% (105.251 ha), seguido de los departamentos de Santander, con el 17,24% (55.514 ha), y Cesar, con un 11,91% (38.352 ha). En 2013 aumentó el área sembrada nacional a 536.908 ha y nuevamente el Meta se destacaba por contar con un 34% del total (182.715 ha), reportando un crecimiento del 73,6% del área sembrada con respecto al período anterior. Al mismo tiempo, el mapa de 2015 muestra que se ha consolidado un corredor de palma de aceite que sigue el curso del río Meta entre los departamentos del Meta y Casanare (Agronet, 2017).
La importante expansión de la palma de aceite es consecuencia de inversiones privadas, especialmente de asociados de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma), del apoyo que ha recibido por parte del Estado a través del Fondo de Financiamiento para el sector Agropecuario (Finagro) y de la legislación sobre uso y producción agrocombustibles (Ley 939 de 2004 sobre biodiesel y 693 de 2001 sobre etanol, entre otras). El objetivo ha sido garantizar la flexibilización del cultivo para la extracción de aceite de palma y su exportación o producción de agrodiesel para la demanda en el mercado nacional. La doble utilización o flexibilidad de la materia prima tanto para la extracción de aceite como para la producción de biodiesel son una garantía para el avance de las plantaciones y la creación de plantas de extracción y esterificación del aceite de palma (Federación Nacional de Biocombustibles [Fedecombustibles], 2016).
En este contexto de expansión de la palma, el Meta tiene las condiciones para acoger estas inversiones por estar conectado con el centro del país por una infraestructura vial que ha venido demostrando notables mejorías, así como por la disponibilidad de tierras planas de origen agrícola, ganadero o baldío para cultivos extensivos.
De otro lado, la Figura 3 presenta la contribución de los departamentos al PIB petrolero nacional entre los años 2000 y 2014. El departamento del Meta en este período se convirtió en el principal generador de renta petrolera por cuenta del hallazgo petrolero de Campo Rubiales (Puerto Gaitán), así como por la explotación con nuevas tecnologías en yacimientos antiguos de municipios como Acacías.
Esta tendencia departamental está vinculada al aumento de la extracción y la exportación de petróleo crudo en Colombia. López et al. (2012) señalan que, además del estímulo por el precio internacional, desde 2004 hubo un cambio en la política de contratos de concesión y asociación (alianzas público-privadas) y en los objetivos de extracción. Estos se enfocaron en la utilización de nuevas tecnologías para el reaprovechamiento de los yacimientos antiguos o maduros, lo que se conoce como "recuperación de campos maduros" y, en menor medida, de nuevos yacimientos.
5. Agronegocio y producción campesina en el departamento del Meta
Concomitante al interés de inversionistas y empresarios agroindustriales en las tierras de la altillanura, hay interés del Estado por garantizar la territorialización de estos capitales por medio de políticas de desarrollo rural y financiamiento, con énfasis en la internacionalización de la agricultura. Detrás de este interés está la lógica neoliberal de desvanecer las barreras económicas y políticas, disponiendo recursos naturales (agua, bosques nativos) y tierra para la producción de commodities (soya, palma de aceite, caucho, caña de azúcar y petróleo), produciendo así, según Jiménez (2012), una "valorización capitalista de la Orinoquia colombiana", en la cual está el departamento del Meta. La autora añade que esta valorización hace parte de la importancia que tiene el territorio colombiano en la actual fase global del capital y también de la "reorganización territorial que el capital está generando en el conjunto del subcontinente latinoamericano" (Jiménez, 2012, p. 155).
Con ese referente, se profundiza en el análisis de la territorialización del capital a través del avance de monocultivos. Uno de los más importantes efectos de los monocultivos es la disminución del área sembrada con cultivos propios de la agricultura campesina, lo que lleva a la pérdida de la soberanía alimentaria, principalmente de la diversidad de alimentos, cultivos y semillas. Esto significa la expulsión violenta (material y simbólica) de campesinos, afrodescendientes e indígenas de sus tierras y territorios para garantizar la expansión de los monocultivos del agronegocio. En Colombia existe una mezcla de formas de despojo agenciadas por diferentes actores armados y por desconocimiento de la producción campesina por parte del Estado, con políticas de apoyo a los monocultivos y el latifundio que garantizan crédito público y privado, así como formas jurídicas para el acceso y el uso empresarial de la tierra, con en el caso de la Ley Zidres (Ley 177 de 2016).
Para ponderar esa tensión entre producción campesina y agronegocio en el departamento del Meta, se clasificaron diferentes tipos de cultivos (Tabla 1). Además de los dos grupos, se construyó un tercero, que no es representado en las figuras y distingue cultivos como el cacao y algunos cítricos y frutales, los cuales están más integrados al mercado a través de estrategias de articulación de campesinos con cadenas empresariales.
Campesinos (temporales) | Agricultura comercial (perenes o monocultivos extensivos) |
Papaya, café, yuca, plátano, maíz tradicional, arazá, banano, maracuyá, caña panelera, estevia, sagú, arveja, durazno, mora, tomate de árbol, lulo, fríjol, aguacate, guayaba pera, flor de Jamaica, patilla, guanábana, pepino de guiso, papa, papa criolla, habichuela, mangostino, zapote | Palma de aceite, soya, caucho, arroz de riego, arroz secano2 y arroz mecanizado, maíz tecnificado (caso La Fazenda en Puerto López y Puerto Gaitán), caña de azúcar. |
Fuente: elaboración propia con base en datos de Agronet (2017).
Allcontrastar los datos de cultivos y área sembrada entre 2007 y 2013, se observa el notable avance de los monocultivos, principalmente de palma de aceite (Figura 4). A partir del cálculo del porcentaje del área sembrada por cada grupo de cultivos, es posible afirmar que en 2007 siete municipios contaban con más del 80% de área sembrada con cultivos campesinos: San Juanito, El Calvario, Cubarral, La Uribe, Mesetas, La Macarena y Mapiri-pán. En 2013 solo cinco municipios tenían producción campesina por encima del 70%: Cubarral, La Uribe, Mesetas y Lejanías. Cabe destacar que los municipios que mantuvieron este tipo de producción hacen parte del piedemonte, localizado en las vertientes de la cordillera (Figura 1), característica poco apreciada para la expansión de monocultivos.
En contraste, en 2013 el municipio de Mapiripán (extremo suroriente) pasó de tener predominancia de producción campesina a un notable crecimiento de los monocultivos, particularmente más de 5.000 ha de palma de aceite de la multinacional Poly-grow, que ha sido denunciada por acumulación de tierras, explotación laboral y despojo violento de territorios indígenas (Comisión Intereclesial Justicia y Paz, 2015).
Como tendencia general, la disminución de cultivos campesinos en el sur del departamento está asociada al desestimulo gubernamental con programas de asistencia y crédito al campesinado. Otros factores que están asociados son el predominio de cultivos de coca, no incluidos en este estudio, así como el aumento de plantaciones de palma de aceite en el sistema de integración vertical que asocia campesinos con grupos empresariales propietarios de tierra y plantas de extracción. Esta modalidad de producción ha sido apoyada a través de programas gubernamentales en asocio con instituciones de cooperación internacional, como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), para familias campesinas vinculadas a cultivos ilegales como la coca (Fajardo, 2014).
Otra dinámica por mencionar ocurre con los municipios de la altillanura metense: Puerto López, Puerto Gaitán y Mapiripán (DNP, 2011), que aumentaron el área de monocultivos de palma de aceite y soya. Este último cultivo es resultado de la inversión del Grupo Aliar, que creó un sistema integrado de producción de carne de cerdo con monocultivos de soya y maíz. El emprendimiento fue denominado comercialmente como "La Fazenda" y, a comienzos de la segunda década del siglo XXI, poseían "13 mil ha (7,5 mil ha de soya y 2,5 mil de maíz) con proyección de 40 mil ha (sic)" (Salinas, 2012, p. 193)3.
Ese avance ha sido conflictivo debido a las afectaciones a los territorios indígenas (resguardos indígenas), como en el caso de la empresa La Fazenda contra el resguardo Achagua en Puerto Gaitán (Pueblos en Camino y Tejido de Comunicación - ACIN, 2013). Al mismo tiempo, hay una marginalización de la producción campesina, que está en medio de los monocultivos de palma de aceite, caña de azúcar y la extracción petrolera en Puerto López (Forero et al., 2015).
Sin duda, la territorialización del neoextractivismo se apoya, en algunos casos, en estrategias ilegales de los grupos empresariales para despojar tierras públicas de origen baldío (Salinas, 2012). Algunas de estas tierras han sido entregadas a los campesinos por el Gobierno como aporte para la restitución de tierras a las víctimas del conflicto armado o como política de reforma agraria, pero los empresarios/multinacionales han usado diferentes mecanismos legales e ilegales para despojar y acumular tierras para destinarlas a monocultivos. Esta dinámica se ha radicalizado en el sur del Casanare, la altillanura metense y el Vichada (Contraloría General de la República, 2014).
6. Dinámica demográfica reciente y red urbana en el departamento del Meta
La amalgama constituida por el desplazamiento forzado, el avance de los monocultivos y la explotación petrolera ha dinamizado formas de urbanización de la población que se reflejan en la dinámica demográfica reciente. La Figura 5 representa la variación del crecimiento demográfico municipal en las últimas dos décadas4.
Los municipios en los cuales aumenta el número de población (en naranja) tienen diferentes dinámicas. Un primer subgrupo está compuesto por los municipios de Villavicencio, Acacías, Castilla La Nueva y San Carlos de Guaroa, al noroccidente del departamento. Villavicencio y Acacías concentran más de la mitad de la población del departamento y mantienen proximidad en distancia e infraestructura vial con el centro administrativo del país. Entretanto, Castilla La Nueva y San Carlos de Gua-roa han recibido en la última década una cantidad considerable de trabajadores migrantes (estacionales y permanentes) vinculados con las actividades relacionadas con el petróleo y la palma de aceite (Piñeros, 2016).
Es importante señalar el caso del municipio de Puerto Gaitán, el cual aparece con una tasa de variación menor (0-1,43) calculada a partir de una proyección demográfica del DANE. Sin embargo, la expansión de la actividad petrolera en 2008 generó atracción de trabajadores migrantes, bien sea en esa actividad, bien sea en el sector comercial, de bienes y servicios, que de alguna forma está asociada al boom petrolero. Según la Alcaldía municipal, en 2010 la población era de 22.199 habitantes, mientras que el último censo de población en 2005 reportó 17.306 habitantes (Alcaldía de Puerto Gaitán, 2010). Esto muestra que la cifra proyectada no refleja los efectos de la migración laboral por cuenta de la explotación petrolera en el municipio.
El municipio de Granada presenta un crecimiento positivo, como subcentro regional y municipio de paso obligatorio para ir al sur del departamento. También crece la población de Mapiripán y de Puerto Concordia, en donde hubo aumento de la siembra de la palma de aceite. Otros municipios que crecieron son La Uribe y La Macarena, en el área de piedemonte; este último tiene el mayor crecimiento de población en ese período.
El municipio de La Macarena se caracteriza por un proceso de colonización campesina no coordinada por el Estado que comenzó en la década de 1950 y, hasta hoy, se ha demarcado como un área de constante recepción y expulsión de población por la violencia asociada al conflicto armado y el narcotráfico (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 2011). Esta historia de poblamiento rural se mantiene, pues presenta una mayor proporción de población rural al mismo tiempo que aumenta la población urbana debido a la demanda de bienes y servicios de la población rural municipal y regional y, en algún grado, a la economía ilegal extractiva de la coca asentada en la región.
A partir de los datos presentados, puede afirmarse que el neoextractivismo de los monocultivos y la explotación petrolera han influenciado la dinámica demográfica urbana departamental. En primer lugar, los impactos socioeconómicos de estas actividades han puesto al Meta como un polo de atracción y circulación de población, especialmente de migración laboral temporal hacia las actividades de la agroindustria y el petróleo.
Otro factor con alta incidencia en el aumento de la población urbana es el desplazamiento forzado, derivado del despojo de tierras por medio de la violencia (acumulación por desposesión). Colombia es el segundo país con mayor número de desplazados en el mundo y cerca de 7,7 millones de personas han sido víctimas de desplazamiento entre 1985 y 2018 (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados [ACNUR], 2019).
Entre 1997 y 2010 fueron desplazadas en la región de la Orinoquia 228.196 personas; de estas, el 54,7% fueron expulsadas del departamento del Meta (PNUD, 2011). Asimismo, de los 300 municipios con mayor expulsión de población en Colombia, 13 pertenecen al Meta. Entre estos están Puerto Lleras, San Juan de Arama, El Castillo y Lejanías, los cuales muestran crecimiento negativo en la Figura 5. Los restantes son Puerto Gaitán, Vista Hermosa, La Uribe, La Macarena, Granada, Mapiripán, Puerto Rico, Puerto Concordia y Villavicencio (PNUD, 2011).
Villavicencio es una de las diez principales ciudades receptoras de población desplazada en el país. En 2007 aproximadamente el 12% de la población total ya había sido registrada como desplazada (Comité Internacional de la Cruz Roja, Programa Mundial de Alimentos [CICR-PMA], 2007) y en 2012 la ciudad contaba con 67.717 personas en esta situación (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento [CODHES], 2015). Según la Oficina de Restitución de Tierras del departamento, hasta 2013 se reportaron 3.198 solicitudes de reclamación de tierras por razones de desplazamiento forzado, principalmente de familias campesinas, que suman un total de 731.002 ha; es el sexto departamento con más reclamaciones en el país (PNUD, 2014).
Es importante explicar que el movimiento de los desplazados no sucede en una sola dirección, ya que algunos municipios, al tiempo que expulsan, son receptores de población. La complejidad del desplazamiento forzado responde a las estrategias político-militares de los actores armados y a las estrategias de familias, grupos e individuos para huir de esta penosa realidad.
Así, el neoextractivismo y el desplazamiento forzado tienen efectos en la población y en el sistema urbano. Con el fin de entender mejor esta dinámica espacial se usó el índice de primacía urbana (IPU), el cual señala el alto peso demográfico de la ciudad más grande con respecto a las siguientes ciudades en el sistema urbano nacional (Cuervo, 1994). El índice fue adaptado al sistema urbano departamental, sabiendo que Villavicencio5 es la ciudad principal del departamento y del sistema regional de la Orinoquia colombiana (Devia Acosta, 2018).
El índice de primacía urbana fue calculado con la siguiente fórmula:
En 2013, el 75% de la población departamental vivía en áreas urbanas; de esa población, el 63% residía en la ciudad de Villavicencio, 7,9% en Acacías y 7,2% en Granada (DANE, 2016). Así, la población se asienta mayoritariamente en áreas urbanas y se concentra en la esquina noroccidental del departamento, descendiendo el piedemonte.
La concentración de población urbana en estos tres municipios se relaciona con la presencia de una infraestructura de transporte y servicios que enlaza con Bogotá, capital del país. También constituye un nodo-red que vincula los principales ejes viales de la región: 1) la vía Bogotá-Villavicencio conecta la capital con la región de la Orinoquia, continúa al oriente hacia Puerto López y Puerto Gaitán para acceder a la Altillanura y al departamento del Vichada, y con parte de la vía 4010 o Transversal Buenaventura-Villavicencio-Puerto Carreño, habilitada solo hasta el tramo Puente Arimena-La Arepa en el extremo occidental del Meta; 2) la vía Marginal del Llano, que comunica, de norte a sur, las capitales del piedemonte llanero: Arauca, Yopal y Villavicencio, se prolonga al sur del departamento del Meta, hasta el municipio de La Uribe, y se bifurca hasta San José del Guaviare (Guaviare). Estos tramos conforman la parte norte de la vía 6510, Troncal Villagarzón-Saravena, interrumpida entre Vistahermosa (Meta) y San Vicente del Caguán (Caquetá).
En los demás municipios el peso de la población urbana no es muy significativo, sin embargo, es posible observar (en amarillo oscuro) la continuidad entre piedemonte y altillanura en los municipios de Puerto López (3,5%) y San Martín (2,7%). También es visible una franja en el extremo sur y oriente del departamento, el cual ha aumentado su población urbana por encima del 1,5%.
Si bien en la Figura 5 se observa que San Carlos de Guaroa y Castilla La Nueva tuvieron un crecimiento significativo en el último período, ya que son municipios con economías extractivas, la migración en estos municipios tiene características especiales: el primero está asociado a la agricultura comercial de la palma de aceite, los trabajadores estacionales y no estacionales se asientan en las inspecciones de Surimena y La Palmera y no solo en la cabecera urbana municipal. El segundo, asociado a la actividad petrolera, tiene un patrón migratorio de alta movilidad debido a la provisionalidad de los puestos de trabajo y a la proximidad a las ciudades de Acacías y Villavicencio, donde hay un mayor acceso a comercio, servicios hoteleros y vivienda a menor precio y menos distancia.
7. Dinámica espacial del neoextractivismo y urbanización en el departamento del Meta
El mapeo realizado muestra la rápida territorialización del neoextractivismo en el departamento del Meta a comienzos del siglo XXI, con consecuencias en la espacialización de la agricultura y la población. En esta línea argumentativa, la Figura 7 representa el comportamiento de la actividad petrolera y la agroindustria, que se han concentrado en la franja nororiental del departamento por la intensificación del área sembrada con monocultivos y de la actividad petrolera.
La extracción de petróleo en el Meta se enmarca en un escenario nacional de disminución de la explotación entre 1999 y 2005. En este período el Meta pasó de 29,8 millones de barriles anuales en 1997 a 22,2 millones en 2002, extraídos de los campos Chichimene, Castilla y otros más pequeños de Ecopetrol (Hernández Leal, 2004). Sin embargo, las políticas de exploración a través de Ecopetrol y bajo la modalidad de concesiones se mantuvieron para garantizar el autoabastecimiento, pero en 2007, con el redescubrimiento del yacimiento Campo Rubiales, aportó 215.000 barriles diarios de petróleo, aumentando así la producción nacional y posicionando al departamento como el mayor extractor de petróleo (Chacón González, 2013).
Es interesante revisar los datos sobre el aporte al PIB nacional y petrolero (Figura 3) junto con la participación en regalías petroleras6 transferidas a los departamentos por el Gobierno central. En el año 2000, el departamento del Casanare tenía la mayor participación en las regalías otorgadas por el Gobierno central (56,6%). En 2005 Casanare seguía en el primer lugar, mientras que el Meta pasó al segundo lugar, con el 17,2%, superando a Arauca. Ya en 2015, el departamento del Meta pasó a ser el primer productor de petróleo a nivel nacional y también el mayor receptor de regalías. Actualmente, el 87,34% del total de las regalías nacionales corresponden a las generadas por la extracción de hidrocarburos. De ese total, el Meta generó más de 4,7 billones de pesos colombianos de las regalías nacionales entre 2005 y 2015 (Siste-($4'797.564'223.471) correspondientes al 35,75% ma General de Regalías [SGR], DNP, 2015).
Dos elementos explicarían el crecimiento rápido de la producción petrolera y la intensificación de la exploración, particularmente en la cuenca Llanos, en la Orinoquia: primero, el afán de aumentar las reservas, pues hasta 2003 no existía garantía de suficiencia petrolera. Esto motivó un rediseño del sector, que incluyó la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) (Decreto 1760 de 2003), entidad oficial encargada de administrar y promover el hallazgo de recursos petroleros, responsable de la apertura de áreas para la exploración y de nuevas formas de participación de empresas privadas, que dejó a Ecopetrol las labores técnicas, de investigación y de producción. El segundo elemento es el perfeccionamiento de las técnicas de exploración y de producción petrolera, principalmente las de perforación. Esto viabilizó nuevas condiciones técnicas para el acceso a los yacimientos y garantizó la rentabilidad de la inversión para las empresas extractivas. En particular, enfatizó en la explotación de pozos ya explorados, que no mostraban contenido suficiente o de difícil extracción por tratarse de petróleo muy pesado.
Pueden sumarse a este punto las inversiones en infraestructura de transporte que avanza desde la capital del país al piedemonte (vía Bogotá-Villavicencio) y que vienen en expansión en dirección al oriente8.
Estos elementos se traducen espacialmente la Figura 7. En 2007 las regalías se concentraban en el occidente del departamento, entre los municipios de Villavicencio, Acacías y Castilla La Nueva, y en 2013 el foco de estos recursos se extiende al oriente, en el municipio de Puerto Gaitán. Al observar en el mapa la dinámica de movimiento de la explotación petrolera y de los monocultivos, se evidencia que las dos actividades están avanzando en sentido nororiente y suroriente. Se señala la relación entre el extractivismo petrolero y el avance de monocultivos que se territorializan en el departamento del Meta, la cual se sustenta en la búsqueda de tasas elevadas de ganancias en los mercados mundiales de petróleo y alimentos (principalmente aceite de palma y soya), mercancías que desde el año 2000 han aumentado sus precios (Figura 8).
Esta tendencia está acompañada de políticas de apertura comercial, con mayor peso para las exportaciones. Las políticas de desarrollo agrícola de las últimas dos décadas han favorecido la apertura de fronteras para las "exportaciones no tradicionales", entre las cuales están la palma de aceite, el cacao, etc. En ese escenario se entiende la dinámica territorial de los monocultivos desde piedemonte hacia la altillanura, que aparece como la frontera agrícola que ayudará a que Colombia sea una despensa del mundo (DNP, 2011)10.
Esta dinámica conjuga elementos que profundizan los conflictos sociales, con el protagonismo de movimientos sociales, campesinos, indígenas y sindicatos. El avance de los monocultivos mencionados ha dinamizado conflictos por la tierra, el trabajo y el medio ambiente, así como por las políticas públicas de atención de salud, educación y saneamiento básico. En los últimos años, y con más fuerza en 2015 con la caída del precio del petróleo, los conflictos laborales que envuelven sindicatos y movimientos sociales han aumentado por las condiciones de trabajo y despidos de trabajadores (Duarte, 2016; Censat Agua Viva, 2014; Pueblos en Camino y Tejido de Comunicación - ACIN, 2013).
8. Discusión y síntesis espacial del neoextractivismo en el departamento del Meta
El ejercicio de mapeo muestra el movimiento de la frontera agroindustrial hacia la altillanura. Para sintetizar este movimiento, se elaboraron coremas con base en las Figuras 5, 6 y 7, donde se destacan las estructuras espaciales que organizan la división territorial del trabajo que se ha producido.
El primer elemento en los coremas (Figura 9) es el medio físico-natural del departamento, del cual se reconoce la relevancia de la topografía en la delimitación regional de la Orinoquia colombiana (Figura 1). El departamento del Meta ocupa una franja de la vertiente oriental de la cordillera Oriental de los Andes (en franjas verticales) que desciende a la llanura orinoquense, con áreas de transición entre 3.000 y 230 m. s. n. m. La cuenca orinoquense comienza en la alta cordillera, donde nacen las aguas abundantes y cargadas de sedimentos que irrigan la región y ocupan diferentes pisos bioclimáticos. Estos factores son determinantes para el desarrollo y la expansión de los monocultivos en dirección occidente-oriente, en búsqueda de tierras planas e irrigadas.
El segundo elemento sobre la modelización gráfica es la dinámica demográfica (corema a). La densidad poblacional de la Orinoquia es baja, sin embargo, las migraciones a comienzos del siglo XX y los frentes de colonización campesina procedentes del centro del país desde mitad del siglo XX explican la tendencia de crecimiento de la población en áreas más cercanas al piedemonte: Villavicencio, Acacías, y como novedad en el período estudiado, La Uribe y La Macarena, es decir, la apertura de una cuenca de colonización campesina de población expulsada por la violencia. Con la dinámica reciente de demanda de fuerza de trabajo en actividades de economías extractivas, resalta otra concentración de población en la capital, Villavicencio, y en otras ciudades vinculadas a la economía del petróleo y la palma de aceite, como Acacías, Castilla La Nueva y San Carlos de Guaroa, y al suroccidente Mapiripán y Puerto Concordia.
La urbanización de la población fue el siguiente elemento introducido (corema b). Los municipios con mayor crecimiento de población urbana están representados por puntos con diferente grosor y se disponen de forma continua: el eje Bogotá-Villavicencio que comunica a la capital del país con la región de la Orinoquia, el eje Piedemonte (Villavicencio, Acacías y Granada) y el eje Altillanura (Puerto López y Puerto Gaitán)11, donde el primer eje es el más denso en términos de concentración de población, infraestructura, relaciones comerciales y logística, en parte por la influencia de la capital.
La representación espacial de las actividades extractivas (corema c) se unió a la procedencia y la direccionalidad de crecimiento de los monocultivos y de las regalías por producción petrolera para mostrar la tendencia de crecimiento con dirección nororiente y suroriente: la expansión de la frontera agrícola hacia la altillanura. Las flechas en verde indican las cuencas migratorias desde donde se están proyectando los monocultivos, principalmente la palma de aceite, desde el valle medio y bajo del río Magdalena y el suroccidente del país, especialmente del municipio de Tumaco (Nariño).
Coinciden las flechas en gris oscuro y verde dentro del departamento, que representan la dirección de expansión de las dos actividades y tienen como punto de expansión las áreas cercanas a la capital departamental. La generación de renta está en directa relación con las regalías, las cuales dejaron de ser apropiadas, en su mayor porcentaje, por las áreas de producción después de 2012 para reconcentrarse en el nivel nacional, según las directrices del nuevo Sistema General de Regalías. Dicho proceso de recentralización alteró los presupuestos de los entes territoriales en las áreas de producción y obligó a hacer una reingeniería administrativa, pues el acceso a los recursos de regalías es obtenido solo a través de proyectos de desarrollo que privilegian la satisfacción de necesidades básicas e infraestructura.
En el corema d se juntan los anteriores elementos. Se verifica la movilidad entre piedemonte y altillanura, y la expansión del modelo al oriente y el sur del departamento. El área de la capital departamental y los municipios vecinos concentra población, renta, infraestructura y logística. Al ser área de avanzada de estas economías, se trata de un "punto luminoso" (Santos, 1994) o área de densidad en función de la espacialización del capital y en favor del extractivismo.
9. Conclusiones
El modelo, analizado en la escala departamental, se extiende a otros municipios de la altillanura y replica las relaciones centro-periferia entre la capital nacional y la región de la Orinoquia en la relación capital departamental-resto. La capital nacional, Bogotá, ejerce una doble fuerza en esta dinámica: "centrífuga", de expansión de capital e infraestructura, y de atracción o "centrípeta", al concentrar las decisiones económicas y políticas que afectan directamente las regiones, así como los recursos derivados de estas actividades (incluyendo las regalías). Esta doble fuerza se replica en la región, en la cual Villavicencio es punto de expansión del modelo y concentra personas, infraestructura y capital. Se trata de una zona intermedia entre la nación y la región, lo cual se hace evidente en su posición geográfica, peso demográfico, primacía urbana departamental y como punto luminoso en el avance de las actividades extractivas.
Toda esa intensificación del avance del capital sobre las áreas anteriormente "periféricas" para insertarlas en el proceso de acumulación del capital presenta el tipo de desarrollo que pretende transformar los recursos naturales en ventajas comparativas para reposicionar al país en el mercado global, justo después de la crisis y el abandono del café como la principal commodity nacional del siglo XX (Rincón, 2005). Presenciamos las formas de reestructuración del capital y sus consecuencias en torno al reordenamiento del espacio productivo (Thomaz Junior, 2009), que devora bosques nativos, territorios de poblaciones rurales, recursos hídricos, etc. De esa manera, el sociometabolismo del capital concilia los intereses del bloque de poder transnacional agroindustrial-financiero-tecnológico-energético que estructura las cadenas productivas especulativas, movilizando el capital por el planeta según las posibilidades de obtención de renta (Fajardo, 2014; Mançano Fernandes, 2009; Porto-Gonçalves, 2008)