INTRODUCCIÓN
En el 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, compuesta por 17 objetivos y 169 metas, que sustituyen los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Para el caso del ODS 6 “Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos”, se establecieron ocho metas asociadas, las cuales, se pueden agrupar en dos temas/sectores principales: i) Agua Potable, Saneamiento e Higiene (APSH) y ii) Gestión Integrada de Recursos Hídricos (GIRH), así como también los medios de implementación, que se consideran transversales a los dos sectores anteriores, como se observa en la figura 1.
La manera como está planteado el ODS 6 reconoce que los desafíos asociados al agua y saneamiento se pueden cumplir, mediante la adopción de enfoques más integrados para la gestión y asignación de los recursos hídricos, incluida la protección de los ecosistemas, sobre los que dependen las sociedades y las economías (Valencia et al. 2019); no obstante, si bien a primera vista los temas de APSH y GIRH parecen estar “naturalmente” interconectados, dado que dependen del mismo recurso natural, la realidad muestra otra cosa. Ello es más evidente en el nivel ministerial en países latinoamericanos, donde cada tema se concibe como un “sector hídrico” diferente, con sus propias políticas, planes de acción y presupuestos. Incluso, desde el punto de vista conceptual, se aprecian diferencias entre estos sectores (UNICEF et al. 2016; GWP, 2019). Esta división sectorial histórica al interior de la gestión del agua, entre otros factores, ha propiciado que la crisis actual del agua se reconozca cada vez más como una crisis de gobernanza del agua (UNESCO, 2006).
En tal sentido, el cumplimiento del ODS 6 requiere de enfoques más integrados para abordar la sostenibilidad en la prestación de servicios de APSH, en un mundo con una inseguridad hídrica, cada vez mayor (Wetlands International, 2017). Es por eso, que forjar mejores vínculos y lograr una verdadera integración entre el sector de APSH y la GIRH es un desafío, pero, a su vez, la mejor oportunidad para alcanzar el cumplimiento del ODS 6 al 2030, a nivel global. Para ello, el marco de las funciones de gobernanza del agua brinda un marco de análisis, que permite el establecimiento de puentes o vínculos entre APSH y la GIRH, con el fin de potenciar el cumplimiento del ODS 6, a nivel global, en un futuro cercano.
En tal sentido, este artículo tiene como objetivo identificar y analizar la vinculación entre los sectores de APSH y GIRH en contexto latinoamericano, en el marco del ODS6, mediante el modelo de gobernanza del agua, propuesto por SIWI (2018).
MATERIALES Y METODOS
El área de estudio de esta investigación, se concentra en la región andina de Suramérica, en la cual, se ubican Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina, donde una adecuada prestación de servicios de agua y saneamiento, para todos sus habitantes y una gestión integrada de recursos hídricos, son cada vez más complejos de alcanzar.
La metodología utilizada partió de la revisión de literatura sobre APSH, GIRH y los principales modelos de la gobernanza del agua, desarrollados a nivel global (OCDE, 2012; Havekes et al. 2013; Flammini et al. 2014; SIWI, 2018; GWP, 2019; SWA, 2020). A partir de ello, se seleccionó el modelo diseñado por SIWI (2018), que define un conjunto de funciones que aplican, tanto para el sector de APSH como de la GIRH, lo que permite identificar y analizar, de mejor manera, los vínculos entre estos sectores hídricos.
Luego, se seleccionaron casos potenciales a documentar sobre la vinculación de los sectores APSH y GIRH en Latinoamérica, a partir de lo cual, se realizó una revisión de literatura específica y se desarrollaron cuatro entrevistas virtuales con los responsables de algunos casos identificados, con quienes se ampliaron y precisaron aspectos técnicos de cada caso, que se detallan más adelante. Finalmente, la información recolectada se organizó, se sistematizó y se analizó, con base en el marco de Gobernanza del Agua propuesto, por SIWI (2018).
Para el desarrollo del artículo, se tuvieron en cuenta las siguientes definiciones y conceptos relacionados con la investigación:
Agua potable, saneamiento e higiene. Se puede definir el sector de APSH, como el conjunto de actividades interdependientes, que incluyen la provisión de agua para consumo humano y doméstico, la disposición de residuos líquidos y domésticos de origen humano y las prácticas de higiene asociadas. Según UNICEF (2016), las funciones clave de gobernanza de este sector se pueden agrupar en las siguientes: i) Política sectorial y estrategia; ii) Arreglos institucionales; 3) Planificación, seguimiento y revisión; iv) Presupuesto y financiamiento; y iv) capacidad del sector desarrollo.
Gestión integrada de recursos hídricos. Hoy, se sabe con algún grado de certeza, que la gestión del agua es muy compleja y que, idealmente, debe ser manejada de manera integral, teniendo en cuenta la eficiencia, la equidad y la protección del ambiente (Giordano & Shah, 2014). Por ello, para abordar esta crisis, se requieren nuevas miradas y enfoques intersectoriales para la gestión del agua como, por ejemplo, la gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH) (Restrepo, 2004). Este concepto, que busca ser atractivo y lógico, se basa en que los usos del agua son múltiples e interdependientes y que deben ser considerados en conjunto (Cap-Net et al. 2004). Así, esta GIRH, se concibe como “un proceso que promueve el manejo y el desarrollo coordinado del agua, la tierra y los recursos relacionados, con el fin de maximizar el bienestar social y económico” (GWP, 2000); no obstante, es necesario aceptar que este concepto no se adapta a todas las situaciones o condiciones de la gestión del agua, por lo que hay que reconocerlo como una herramienta e incluir otras alternativas en el discurso y en la acción para afrontar la “crisis global del agua” (Giordano & Shah, 2014).
La GIRH significa, entonces, la reconciliación de las necesidades humanas básicas, asegurando acceso y equidad, con desarrollo económico y la imperativa integridad ecológica, mientras respeta compromisos transfronterizos (Zaag, 2005). Para ello, forjar mejores vínculos y lograr una verdadera integración entre los sectores de Agua Potable, Saneamiento e Higiene y la GIRH es otra forma de fortalecer la GIRH en su conjunto, incluyendo la participación de base (Butterworth et al. 2010). Así, la inclusión del ODS6 coloca la responsabilidad de la gestión del agua en las manos del sector hídrico y de los actores que utilizan el agua (Shah, 2016).
El marco de la gobernanza del agua. Si bien existen en la actualidad múltiples definiciones y conceptos sobre gobernanza del agua, la definición más utilizada, a nivel mundial, es la proporcionada por la Asociación Mundial del Agua, que la plantea como “el conjunto de sistemas políticos, sociales, económicos y administrativos establecidos para desarrollar y gestionar los recursos hídricos y la prestación de servicios de agua en diferentes estratos de la sociedad” (Rogers & Hall, 2003). Esta gobernanza del agua, se constituye a partir de una serie de funciones centrales, que se refieren a una gama de actividades estándar que deben realizar las instituciones del sector (UNDP et al. 2013), para una adecuada gestión del agua.
En el caso del modelo de gobernanza del agua propuesto por el Instituto SIWI (2018), se incluyen, como funciones, las siguientes: i) Política y Estrategia, ii) Coordinación, iii) Preparación y planificación, iv) Financiación, v) Arreglos institucionales, vi) Regulación, vii) Desarrollo de capacidades, viii) Monitoreo, evaluación y aprendizaje, y ix) Gestión de desastres - respuesta y recuperación.
RESULTADOS Y DISCUSION
La gobernanza del agua como marco integrador de los sectores de Agua potable, Saneamiento e Higiene y la Gestión Integrada de Recursos Hídricos en América Latina. A partir del marco de las funciones clave de la gobernanza del agua propuesto por SIWI (2018), a continuación, se identifican y analizan vínculos entre el sector de APSH y la GIRH en América Latina, a partir de ocho casos de estudio observados en siete países andinos, en cada uno de los cuales, aplica un número de funciones específicas (Tabla 1).
Fondo de Protección del Agua de Quito (Ecuador). El Fondo de Protección del Agua de Quito, FONAG, se originó en el 2000, a través de esfuerzos de The Nature Conservancy, TNC y Fundación Antisana, junto con socios clave, como la Alcaldía de Quito y la Empresa de Agua de Quito (Epmaps) (Goldman-Benner et al. 2012). Si bien el FONAG se creó inicialmente como un mecanismo de financiación de largo término de la conservación de la biodiversidad en la Reserva de la Biosfera Condor (Joslina & Jepson, 2018), hoy, funciona como un Fondo de Agua, siendo el primero (pionero) de su tipo en Latinoamérica y también modelo para la implementación de otros Fondos en la región (Chafla & Ceron, 2016).
El FONAG permite a los usuarios del recurso hídrico, ubicados aguas abajo (compradores de servicios ecosistémicos), financiar actividades aguas arriba, con el fin de obtener un suministro limpio y regular de agua (Goldman-Benner et al. 2012). En todos los casos, los servicios se originan dentro de ecosistemas naturales, pero son la ordenación y el uso de la tierra por parte de las comunidades humanas en sus territorios específicos, las que determinan la prestación de servicios, siendo estas comunidades los principales proveedores de estos servicios (Goldman-Benner et al. 2012).
Para el funcionamiento del Fondo es vital la participación del sector APSH, a través de la Epmaps (principal aportante), dado que, por normatividad, se dispuso un aporte inicial de USD20.000 para la creación del fideicomiso y, al menos, el 2% de las tarifas que cobra la empresa de agua, se destina al fondo de agua (Goldman-Benner et al. 2012). Para ello, fue fundamental la expedición de la Ordenanza Metropolitana 199 de 2006 (actualmente Ordenanza 213 de 2007), la cual, blinda con recursos económicos el funcionamiento de FONAG.
Si bien dentro del esquema de Gobernanza del Agua, el FONAG se relaciona directamente con la función de “Financiación”, para el cumplimiento de sus objetivos ha sido clave también la “Coordinación” entre entidades y la “Regulación” normativa. De igual manera, hoy el FONAG también presta asesoramiento técnico y genera información hidroclimática de las cuencas hidrográficas de su área de influencia, con lo cual, se relaciona directamente con otras funciones de gobernanza, como “Desarrollo de capacidades” y “Monitoreo, evaluación y aprendizaje”.
Consejo Departamental de Política Ambiental y de Gestión Integral del Recurso Hídrico - CODEPARH Valle del Cauca, Colombia. Se creó mediante la Ordenanza 421 de 2016, como un mecanismo de articulación, asesoría política y gobernanza, con el propósito de garantizar el logro de la visión del desarrollo sostenible a mediano y largo plazo. Este Consejo quedó integrado por representantes de Autoridades Departamentales y Locales, la Autoridad Ambiental Regional, Empresas prestadoras de servicios de agua potable y saneamiento y universidades, entre otros (Gobernación del Valle del Cauca, 2019).
Como principales resultados de este Consejo, se destaca la formulación de la Política Pública Departamental en Ambiente y Gestión Integral del Recurso Hídrico, adoptada mediante Ordenanza 445 de 2017 y luego modificada por la Ordenanza 446 de 2017 (Gobernación del Valle del Cauca, 2019). Además, se suscribió, en 2017, un Memorando de Intención, firmado por 21 instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil, que avaló un plan de Inversión inicial orientado a la restauración y protección de cinco cuencas prioritarias del departamento.
Un aspecto importante para destacar es la participación del sector de APSH en el Codeparh, siendo el caso de la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado del Valle del Cauca, Acuavalle ESP, Vallecaucana de Aguas ESP y la Empresa de servicios Públicos de Yumbo (ESPY). Es así como, además de la participación en las mesas locales de coordinación, estas empresas han invertido en obras de captación, conducción, tratamiento y desinfección de agua para consumo humano y en obras de saneamiento básico y construcción de alcantarillados y plantas de tratamiento de aguas residuales (CODEPARH, 2019).
Aun cuando el Codeparh se enmarca, principalmente, dentro de una función de Coordinación en el marco de Gobernanza del Agua (SIWI, 2018), se observa que para su avance se requirió del desarrollo de otras funciones, como Política y Estrategia, Preparación y Planificación, Arreglos Institucionales, entre otras, sin las cuales, no se tendrían los resultados positivos, que hoy presenta este consejo.
Plan Nacional de Cuencas - Bolivia. Teniendo como antecedente la “Guerra del Agua” desatada en Cochabamba, Bolivia, a inicio de la década del 2000 y luego de la expedición de legislación nacional sobre el tema, en 2003, se firma un acuerdo entre los países donantes Holanda, Alemania y Suiza con el gobierno boliviano, para la implementación del Proyecto de Promoción del Programa Nacional de Cuencas (PPPNC), precursor directo del Plan Nacional de Cuencas (PNC) (CTB Enabel, 2019). Posteriormente, con la llegada de Evo Morales a la Presidencia de la República, se crea, en el 2006, el Ministerio del Agua, como respuesta a las demandas de movimientos sociales y los sucesos de la “Guerra por el agua”, entidad que consideró tres nuevos subsectores, los cuales, eran riego, agua potable y cuencas (Ruiz & Gentes, 2008). Con la creación de este Ministerio del Agua, se decide elaborar la primera versión del PNC con la cooperación holandesa y sueca, teniendo como resultado un documento conceptual y estratégico, que enmarca las políticas del Gobierno Nacional en el tema, incluyendo, la participación social en todos los procesos y un enfoque transversal cultural (Danida, 2007).
La versión inicial del PNC reconoce, en 2006, como un problema central de la gestión institucional del agua, la falta de una gestión integrada e intersectorial del recurso hídrico y una visión a largo plazo, en parte, por falta de una estrategia que ubique y vincule al agua potable y saneamiento con el riego y otros sectores (medio ambiente, minería, electricidad, hidrocarburos y forestal) (Ministerio del Agua, 2007). Luego, con una segunda versión, formulada durante el 2013, el PNC se consolida como política del Estado Plurinacional de Bolivia (CTB Enabel, 2019), que permite adoptar, mediante Resolución Ministerial 0540 del 13 de diciembre de 2013, el Programa Plurianual de Gestión Integrada de Recursos Hídricos, GRH y Manejo Integral de Cuencas, MIC 2013-2017 (Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 2013). Finalmente, mediante Resolución Ministerial 0470 del 08 de septiembre de 2017, el Programa Plurianual de GIRH-MIC se ajustó, extendiendo su vigencia del 2017 al 2020 (Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 2017).
El PNC de Bolivia es un ejemplo de la función de gobernanza del agua asociada a Preparación y Planeación, en la cual, convergen diferentes actores sociales del país, según sus competencias del orden local, regional y nacional, pero que requiere de otras funciones para su desarrollo, como es el caso de la Coordinación, Política y Estrategia y Financiación, entre otros.
Mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos Perú. Con la expedición de la Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales (Ley 26821 de 1997), se institucionaliza el tema de los servicios ecosistémicos en el Perú, al incorporar como una obligación del Estado, realizar el inventario y valorización de los recursos naturales y de los servicios ambientales. Luego, la Ley sobre la conservación y el aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica (Ley 26839 de 1997), incorpora como una obligación del Estado, la adopción de medidas como mecanismos financieros e instrumentos económicos, para una adecuada gestión de la diversidad biológica en el país; no obstante, es con la expedición de la Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento del Perú (Ley 30045 de 2013), que se da un paso significativo hacia adelante, al definir que las entidades prestadoras de servicios de saneamiento, EPS y la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNASS, debían incluir, en su Plan Maestro Optimizado, mecanismos de compensación ambiental y manejo de cuencas (Congreso de la República del Perú, 2013).
Posteriormente, el marco normativo nacional se ve fortalecido con la expedición de la Ley de Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos, MRSE (Ley 30215 de 2014) y el Decreto Legislativo 1240 de 2015, el cual, modificó la Ley 30045 de 2013. Este Decreto incluyó que la SUNASS, en coordinación con las EPS, debía incorporar en la tarifa MRSE, destinados a asegurar la permanencia de los beneficios generados por los ecosistemas que proveen de agua, para la prestación de los servicios de saneamiento.
Es así como la mayor cantidad de inversión comprometida en MRSE en el país proviene de las EPS, que está directamente relacionado con la promulgación de Ley 30045 y normas complementarias (Quintero & Pareja, 2015), siendo, en la actualidad, siete EPS, las que tienen incorporado en su tarifa MRSE (Argote, 2019).
Los MRSE de Perú, se constituyen en un caso de aplicación de la función de gobernanza del agua asociada a Política y Estrategia, especialmente, en el desarrollo normativo del orden nacional, pero que también requiere de otras funciones para su desarrollo, como es el caso de la “Coordinación” entre actores sociales relacionados con los MRSE, así como también “Regulación” y “Financiación”, entre otros.
Reúso de aguas residuales domésticas tratadas en Mendoza - Argentina. Una de las más importantes áreas de riego en Argentina, se localiza en la región central de la provincia de Mendoza, con 350.000ha, aproximadamente (Abril et al. 2014). En esta provincia, el reúso de aguas residuales tratadas en agricultura, se realiza desde hace más de cinco décadas, propiciado por la escasez del recurso hídrico, dada las condiciones de baja precipitación y aridez del territorio y la alta demanda de agua para riego, que representa el 80% del total de la demanda hídrica (Foresi, 2017).
Al respecto, hay que mencionar que la Ley Provincial 6044 de 1993 permitió la prestación de servicios de saneamiento cloacal, compuesto por aguas residuales de origen doméstico, por parte del sector privado y creó un Ente Provincial del Agua y del Saneamiento, EPAS, que le asignó normas de preservación hídrica, junto con el Departamento General de Irrigación (DGI) y las Municipalidades (Legislatura de Mendoza, 2019). Esta ley plantea que las aguas residuales generadas por los tratamientos de saneamiento cloacal, se encuentran bajo la jurisdicción y control del DGI (Pinto, 2012).
Luego, a partir del 2000, la provincia de Mendoza introduce la posibilidad de hacer reúso controlado de aguas residuales tratadas para riego, con la expedición de la Resolución DGI 627 de 2000, que se materializa en 2003, con la creación de las Áreas de Cultivos Restringidos Especiales, ACRE (DGI, 2019b). Un ACRE es un área agrícola destinada al aprovechamiento productivo de las aguas residuales tratadas que provienen de plantas depuradoras de líquidos cloacales, en la cual, está prohibido que el agua salga del área establecida o se libere al uso irrestricto (DGI, 2019a).
Como parte de los arreglos institucionales para el reúso de aguas residuales, el costo de la depuración de los efluentes cloacales, en ambas plantas, lo pagan los usuarios del agua potable, es decir, los ciudadanos de Mendoza a AySAM. Esta empresa, le entrega el agua tratada en forma gratuita nuevamente al DGI, quien la entrega a los usuarios del ACRE respectivo, quienes deben pagar un canon de riego (Foresi, 2017). Otro arreglo institucional es que la Resolución DGI 400 de 2003 define los cultivos permitidos en las ACRE, de acuerdo con el nivel de tratamiento alcanzado para el efluente cloacal y prohíbe, expresamente, el riego con aguas residuales de cultivos de consumo en fresco que se cosechan y distribuyen de forma inmediata (DGI, 2019b).
Si bien la gestión del reúso de aguas residuales tratadas en Mendoza se puede enmarcar, principalmente, en la función de “Arreglos Institucionales” del esquema de Gobernanza del Agua, se observan otras funciones claves para su desarrollo. Es el caso de “Política y estrategia”, “Coordinación” y “Regulación”, entre otras.
Agenda Venezuela 2030. Según Sinergia (Red Venezolana de organizaciones de la sociedad civil), Venezuela está en situación de Emergencia Humanitaria Compleja desde 2015, expresada en el desmoronamiento de la economía formal y de las estructuras estatales, los conflictos civiles, los riesgos sanitarios y el éxodo en masa de la población (SINERGIA, 2019). Es así, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos- ACNUDH considera que el desvío de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión, han deteriorado servicios básicos, como el transporte público y el acceso a electricidad, agua y gas natural, dando como resultado, violaciones al derecho, a un nivel adecuado de vida, en este país (ACNUDH, 2019).
La crisis asociada al ODS 6 en Venezuela, no se expresa solamente en términos de la prestación de servicios públicos, también es el caso de la gestión de los recursos hídricos, pues este país cuenta con un patrimonio hídrico importante, pero con desequilibrios territoriales y amenazas importantes (Grupo Orinoco, 2018). Además, grandes usuarios, como la agricultura, a escala nacional, tienen dificultades con el suministro de agua, dado que, una gran parte de las tierras agrícolas, no cuentan con sistemas de riego, lo que las convierte en altamente vulnerables a la variabilidad climática (SINERGIA, 2019).
Ante este panorama y la falta de cifras oficiales y las restricciones al acceso de información pública confiable y oportuna (SINERGIA, 2019), una serie de organizaciones de la sociedad civil crearon la Agenda Venezuela 2030, la cual, tiene como misión informar y promover el seguimiento y monitoreo de los ODS en Venezuela, entre ellos el 6 (SINERGIA, 2020). Esta iniciativa ciudadana, se concibe en una plataforma que permite a sus asociados trabajar en equipo, compartir información y visibilizar la situación de los ODS en Venezuela, sin restricciones ni injerencia del gobierno Nacional (Gil-Beroes, 2020).
Según lo anterior, Agenda Venezuela 2030, se constituye en un caso de Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje de la función del marco de gobernanza del agua, pero que requiere también de la Coordinación, en este caso, desde las organizaciones de la sociedad civil, con el fin de avanzar en el cumplimiento del ODS 6, en un país en situación de Emergencia Humanitaria Compleja.
Seguridad hídrica en Chile. Si bien Chile se ubica parcialmente con poca o ninguna escasez de agua (Arroyo et al. 2015), cada vez es más recurrente observar en la literatura académica y técnica que este país sufre de escasez de agua (Oppliger et al. 2019; Escenarios hídricos 2030, 2019a).
Frente a este panorama, nace en el 2016, la iniciativa “Escenarios hídricos 2030 - 2050”, espacio de diálogo y construcción colectiva entre los diferentes actores y sectores claves para la elaboración de insumos, análisis y discusión, que contribuyan a alcanzar la seguridad hídrica al 2050 (Escenarios hídricos 2030, 2019a). Para ello, se diseñó una metodología colectiva con cinco etapas al 2019, bajo un enfoque de innovación social, una colaboración radical y sinérgica, sobre la base de un objetivo común, que busca el uso racional, compartido y sustentable del agua (Escenarios hídricos 2030, 2018).
En la primera etapa, se construyó gobernanza en diferentes niveles de gobierno y con la participación de actores sociales públicos, privados, no gubernamentales, entre otros (Escenarios hídricos 2030, 2018). En la segunda etapa, se elaboraron indicadores sobre la situación actual y tendencia en el tiempo del recurso hídrico en Chile (Escenarios Hídricos 2030, 2018). Para la tercera etapa, se formularon escenarios hídricos al 2030 y 2050, a partir, de los cual, se construyeron hojas de ruta de la cuarta etapa, que priorizan las inversiones e intervenciones para fortalecer el desarrollo y la seguridad hídrica (Escenarios hídricos 2030, 2019b). La quinta y última etapa es la difusión y comunicación de los resultados (Escenarios hídricos 2030, 2018).
Los escenarios hídricos, se constituyen en un caso de implementación de la función de gobernanza del agua asociada a “Gestión de desastres (riesgo)”, articulada a otras funciones como la “Política y estrategia” y la “Coordinación”, entre otros.
LA-Wet Net. La Red Latinoamericana de Desarrollo de Capacidades para la Gestión Integrada del Agua, LA-WETnet, conformada en Perú, en 2002, se creó como respuesta a los compromisos asumidos por los estados miembros de las Naciones Unidas, en el 2000, que condujeron a las Metas del Milenio (CAP-Net UNDP, 2019).
LA-WETnet es, hoy, una red regional, autónoma y sin fines de lucro, que ofrece servicios de desarrollo de capacidades de alta calidad y costos accesibles, sobre la gestión integrada y sostenible del agua y el acceso al agua y el saneamiento, en un contexto de cambio climático (LA-Wet Net, 2019). Para ello, se plantea, como misión, conformar una red de organizaciones y personas dedicadas a la enseñanza, investigación y gestión del agua, con el fin de fortalecer las capacidades de los distintos grupos de interés en América Latina, para una gestión sostenible del agua y una mejora en el acceso al agua y al saneamiento, contribuyendo a la salud, la protección ambiental y a la reducción de la pobreza en la región (LA-Wet Net, 2019).
Desde el inicio de actividades en 2003, la Red ha realizado un total de 85 actividades de desarrollo de capacidades, la mayor parte, cursos presenciales, con lo cual, se ha tenido una cobertura de 3.132 personas. En 2016, se iniciaron los cursos virtuales, como complemento a los presenciales y en colaboración con el Campus Virtual de Cap-Net PNUD (LA-Wet Net, 2019), red internacional para el desarrollo de capacidades en la gestión integrada de los recursos hídricos, a la cual, está afiliada desde 2002.
LA-WETnet, se constituye en un caso de “Desarrollo de capacidades” en el sector de la GIRH en Latinoamérica, función del marco de gobernanza del agua, que requiere, también, de la “Coordinación” con instituciones y organizaciones del sector, como GWP y UNDP, para el cumplimiento de su misión, como dinamizadora y articuladora del conocimiento de la GIRH, en la región.
Para concluir, el cumplimiento, a nivel global del ODS 6, requiere de nuevos enfoques que integren el APSH y la GIRH, sectores que, tradicionalmente, se han visto como separados dentro de la gestión del agua y, en algunos casos, competidores por el recurso hídrico. Es allí, donde modelos más adecuados de gobernanza del agua son fundamentales para poder entender la manera como operan estos sectores, permitiendo aumentar su integración y potenciar los resultados que se requieren para lograr el ODS 6; no obstante, se debe tener en cuenta que la aplicación de un modelo de gobernanza del agua no genera, de manera per se, la vinculación entre APSH y GIRH, por lo que su mayor virtud está en servir de marco de análisis para una eventual integración.
Al analizar los casos de estudio registrados bajo el modelo de gobernanza del agua de SIWI (2018), se identifica que, si bien cada uno de ellos se enmarca en una función principal de gobernanza, todos requieren de “Coordinación” y “Política y Estrategia”, como actividades esenciales y complementarias, para alcanzar los fines esperados. Específicamente, la “Coordinación”, como una actividad núcleo en la que confluyen y se alinean los intereses, expectativas y necesidades hídricas de las diferentes partes interesadas y la “Política y Estrategia”, como una actividad que permite establecer un marco de acción conjunto para la gestión del agua, de cada parte interesada.
Además, se observa cómo las funciones de “Monitoreo, Evaluación y Aprendizaje” y de “Gestión de desastres” son las que menos se registran en los casos estudiados, lo que refleja la baja cultura de seguimiento y evaluación, pero, sobre todo, una débil incorporación de procesos de aprendizaje en el tema. Igualmente, se reconoce una escasa inclusión del riesgo en la toma de decisiones sobre la gestión del agua superficial que, en escenarios de cambio climático, es fundamental para la seguridad hídrica de la región.
Si bien en América Latina se observan ejemplos de cómo se han integrado de manera positiva los sectores de APSH y GIRH, todavía persisten marcos institucionales sectoriales en la gestión del agua, que dificultan la integración de estos sectores, con miras al cumplimiento del ODS6. Es el caso de aspectos estructurales en la gestión del agua, como la formulación de políticas públicas y normatividad y la coordinación, que se siguen desarrollando por cada sector, de manera independiente.
Finalmente, es necesario que los gobiernos latinoamericanos, sobre todo del nivel central, flexibilicen los actuales marcos institucionales de gestión del agua, permitiendo una participación más activa de las diferentes partes interesadas en las decisiones que se toman sobre el recurso hídrico. Es así, como una formulación de políticas y de normas hídricas nacionales más incluyentes y el establecimiento de espacios de coordinación con una mejor representatividad social, entre otros, pueden ayudar en la integración de los sectores de APSH y GIRH y, por consiguiente, a un cumplimiento más efectivo del ODS6 en la región.