El barrio y el uso social del patrimonio

En las últimas décadas, el predominio del sector financiero, ha caracterizado al desarrollo urbano latinoamericano, lo cual se ha evidenciado en la mercantilización del suelo urbano y en la acumulación de capital inmobiliario. Esta profunda metamorfosis urbana, cristaliza cambios no solo en la fisionomía de las ciudades, sino que también en aspectos relativos a la regulación y gobernabilidad neoliberal de la ciudad contemporánea. La explicación de este fenómeno de transformación se debe al abandono del paradigma de industrialización por sustitución de importaciones, el cual dejó visibles huellas en la configuración urbana y regional de las principales ciudades chilenas. Por lo tanto, desde fines de la década de 1970, Santiago ha experimentado una nueva fase de modernización provocada por la reestructuración económica neoliberal, lo cual ha generado progresivos cambios en el espacio urbano (^{de Mattos, 2016}).

Este fenómeno se evidencia en los cambios de la morfología urbana del centro de Santiago a fines de la década 1980, cuando se iniciaba un incipiente desarrollo del sector inmobiliario. Esto comenzó luego de la puesta en marcha de la Corporación para el Desarrollo Urbano de Santiago (CORDESAN). El objetivo de esta entidad impulsada en la homónima comuna, fue promover el crecimiento urbano y el repoblamiento demográfico tras el terremoto de 1985. La expansión de este fenómeno fue estimulada a partir de la promulgación del Subsidio de Renovación Urbana en 1991 y la modificación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago en 1994, provocando un movimiento espacial y residencial centrípeto respecto a la localización central, lo que, en definitiva, se tradujo en el regreso a la ciudad consolidada y la verticalización residencial (^{Contreras, 2011}).

Las agrupaciones vecinales, en el contexto económico global contemporáneo, han generado estrategias de resistencia ante el avance de la transformación residencial en altura, reivindicando discursos ligados al patrimonio urbano, la identidad, la memoria y los modos de vida (^{Valencia, 2017}). Por tanto, al transitar desde una visión monumental hacia una perspectiva de construcción social (^{Samuel, 2008}), el patrimonio ha aparecido como campo de disputa simbólica, entrando en juego valoraciones culturales pasadas y presentes. Por tanto, la activación de bienes culturales por parte de actores locales es un proceso definido como patrimonialización, y que contempla la identificación, protección y en última instancia el uso de esos bienes patrimonializados (^{Dormaels, 2012}).

El uso social del patrimonio urbano se relaciona con la participación en decisiones políticas y sociales de la ciudad en tanto espacio vivido (^{Ramírez Kuri, 2007}).

Este fenómeno es posible relacionarlo con el concepto de ecopatrimonio, el cual "[...] contribuye al desarrollo presente de la comunidad y de su calidad de vida y cuyo bien es preservar, comunicar y transmitir su cultura viva" (^{Dormaels, 2012}: 15). Por tanto, ante el acelerado proceso de desarrollo inmobiliario en el centro y pericentro de Santiago, es posible deducir un uso político del patrimonio cultural por parte nuevos movimientos urbanos preocupados por las transformaciones del hábitat residencial (^{Saborido, 2015}; ^{Conget, 2018}).

El patrimonio urbano se ha entendido como un derecho ciudadano, puesto que, si bien el reconocimiento legal corresponde a organismos gubernamentales, ello no obsta que su valoración dependa en gran medida de la voluntad ciudadana. En ese sentido, el barrio se entiende cómo una producción dialéctica entre las delimitaciones operativas que producen los gobiernos locales y los aspectos cualitativos que producen los habitantes desde la perspectiva del espacio socialmente construido.

Para el caso chileno, la capacidad de movilización social en relación a procesos de patrimonialización ha sido estudiada para distintos contextos territoriales. Desde la perspectiva de los conflictos socioambientales, se ha buscado preservar las dinámicas tradicionales en relación a comunidades de carácter indígena y rural (^{Skewes, Rehbein & Mancilla, 2012}). Otras investigaciones han buscado explicar los conflictos desencadenados ante transformaciones urbanas y la movilización de recursos patrimoniales para ejercer resistencia en barrios obreros de Santiago (^{Rojas, 2017}; ^{Valencia, 2017}), Valparaíso (Rojas & Bustos, 2015) y Tomé (^{Matus et al., 2019}).

El barrio se entiende entonces como un núcleo fundamental de resistencia frente a las políticas de renovación urbana, posicionando al patrimonio barrial como factor de relevancia en términos de calidad de vida. Estos daños han sido estudiados desde los efectos que genera la demolición de barrios históricos y la verticalización mediante la tipología torre, lo cual afecta el tejido vecinal preexistente debido a la densificación acelerada (^{Carrasco, 2017}).

En ese contexto, las organizaciones ciudadanas han esgrimido al patrimonio urbano como componente de la calidad de vida barrial frente a los cambios que conllevan las operaciones inmobiliarias. Mediante la categoría de ZT, el patrimonio surge entonces como una herramienta normativa e institucional, con el propósito de solicitar medidas de protección barrial. No obstante, la institucionalidad del patrimonio no ha estado exenta de críticas debido a la predominancia de la visión monumental y a la insuficiencia para abarcar otros atributos patrimoniales de carácter intangible.

Es posible atender la productividad territorial que desencadenan estos conflictos urbanos en términos de integración social y de participación ciudadana (^{Melé, 2016}). Asimismo, esto supone visibilizar al barrio como espacio de disputa bajo el contexto de la metropolizatión de la ciudad (^{Link & Méndez, 2010}), con el objetivo de redefinir relaciones entre el Estado, el mercado, la sociedad civil y el territorio. Por tanto, la investigación plantea que es relevante atender a la construcción de prácticas y discursos ciudadanos relacionados con el patrimonio urbano y la calidad de vida barrial frente al desarrollo inmobiliario.

Casos de estudio

Se realiza un análisis cuantitativo de casos en barrios protegidos mediante categoría de ZT entre 1980 a 2019, abordando cuatro décadas de protección patrimonial^[1]. La selección de los casos se consideró con base en la nómina de Monumentos Nationales^[2], búsqueda que arrojó 47 casos de protección de barrios declarados Monumento Nacional bajo la categoría ZT en la Región Metropolitana (RM) (Figura 1). De este universo, 34 declaratorias son categorizadas como barrios en función de un criterio de uso residencial, mientras que las 13 restantes responden a las categorías de áreas que cumplen otros usos urbanos.

Fuente: Elaboración propia en base a documentación del CMN.

Figura 1 Evolución de declaratorias de ZT por quinquenios en la RM entre 1980 y 2019. 

La revisión de estos decretos de protección, muestra que en los primeros tres quinquenios, los valores destacados fueron la homogeneidad constructiva y el sentido de conjunto arquitectónico. En 1997, la declaratoria de ZT de la Población León XIII marcó un punto bisagra, puesto que fue el primer documento que ponderó aspectos históricos, sociales y culturales Los siguientes decretos destacaron de manera más definida el interés de vecinos y propietarios del sector, así como también la relevancia de los valores patrimoniales de carácter intangible.

La distribución espacial en el Gran Santiago evidencia que la mayoría de las ZT se encuentran en áreas centrales y pericentrales de Santiago, mientras que un reducido número de ZT se ubica en áreas periurbanas de la ciudad. Esto confirma que estas declaratorias de protección han puesto principalmente el énfasis en los cascos históricos y áreas residenciales consolidadas, lo cual responde a la valoración de áreas coloniales y al surgimiento de la ciudad republicana propiciada por el proceso de modernización urbana de Santiago a fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. En la última década, también es posible advertir procesos de valoración y declaratorias de ZT en sectores habitacionales obreros, tales como Matta Sur, Barrio Huemul y Población Manuel Montt, barrios ubicados en áreas centrales y pericentrales de Santiago (^{Valencia, 2017}; ^{Rojas, 2017}) (ver figura 2).

Fuente: Elaboración propia en base a documentación del CMN.

Figura 2 Distribución de Zonas Típicas en el Gran Santiago. 

Del universo de ZT declaradas en la RM se abordan en este estudio los barrios de Las Flores (Providencia) y Suarez Mujica (Ñuñoa), protegidos en el último quinquenio. Ambos casos se ubican en el sector nororiente del Gran Santiago, siendo resultado de procesos de urbanización de mediados del siglo XX y cuyas trayectorias de patrimonialización han sido escasamente estudiados. En términos de activación ciudadana, se sostiene que los dos casos responden a la valoración de aspectos de carácter inmaterial relativos a la calidad y modos de vida, distanciándose de los atributos clásicos relativos a la homogeneidad tipológica de su arquitectura y la antigüedad de su entorno construido.

La investigación considera un análisis de contenido de los expedientes de solicitud de ZT; los decretos de protección que consignan a solicitantes y atributos relevados en cada ZT; notas de prensa respecto al proceso de movilización ciudadana y recursos web utilizados por los actores involucrados. En ese sentido, se analiza la valoración patrimonial del entorno barrial, la participación de las comunidades vecinales y las reacciones ciudadanas frente a la renovación urbana.

Barrio de Las Flores

El barrio de Las Flores, ubicado en la comuna de Providencia, entre avenida Bilbao (sur), avenida Pocuro (norte), avenida Tobalaba (oeste) y calle Jorge Matte (este). Las razones de su proceso de patrimonialización se remiten a la activación de un conflicto urbano ante la proliferación de proyectos inmobiliarios que fueron posibilitadas debido a la actualización del plan regulador comunal del 2007. Las primeras inquietudes ciudadanas apuntaron a detener los permisos de edificación que serían un menoscabo para la calidad de vida de los habitantes. En ese sentido, una vecina explicaba que Las Flores: "es un barrio tranquilo, con calles curvas donde los niños pueden jugar en la calle. Más edificios, significarían más personas y más autos, y eso terminaría por cambiarle el rostro al sector" (^{La Segunda, 2012}).

Fue en ese contexto de modificación al instrumento de planificación comunal que los vecinos reaccionaron frente la especulación inmobiliaria, desplegando estrategias de manifestación ciudadana. De esta manera, el disentimiento ante el avance inmobiliario se materializó en: "[...] afiches con el lema «Quiero mi barrio con casas» y exigieron al municipio revisar el plan regulador" (^{AOA, 2013}).

Uno de los problemas centrales fue reactivar las instancias de participación vecinal, si bien el barrio de Las Flores estaba bajo la jurisdicción de la Junta de Vecinos N°10, esta se encontraba inactiva. La necesidad de encarar el problema obligó a la creación de una nueva Junta de Vecinos denominada "N°10 A", en palabras de una dirigente vecinal: "Las inmobiliarias buscan que los vecinos vendan sus casas. Es un tema complejo y es necesario conversar entre nosotros, transparentar posiciones, para que la calidad de vida se preserve" (^{AOA, 2013}). En ese sentido, la apertura del conflicto urbano implicó reconstruir instancias de organización vecinal a fin de aglutinar a los vecinos interesados en oponerse al desarrollo inmobiliario.

En este proceso de organización vecinal, los vecinos encargaron a un grupo de estudiantes de arquitectura de la Universidad de Chile la elaboración de un expediente técnico para caracterizar los atributos históricos, arquitectónicos y urbanos del barrio. La solicitud de declaratoria de ZT fue realizada en 2014 por vecinos y propietarios, en compañía del concejal Nicolás Muñoz Montes y con el apoyo expreso de la alcaldesa Josefa Errázuriz. Este documento ingresado al CMN, manifiesta en su introducción que el propósito de relevar los atributos patrimoniales del barrio es frenar el avance inmobiliario que afecta al sector:

"Estos atributos toman relevancia hoy cuando la ciudad crece de la mano del interés particular del desarrollo inmobiliario, que genera respuestas habitacionales y urbanas aisladas del conjunto de la ciudad y a veces no coherentes con el entorno e identidad de un sector. En ese contexto, el Barrio de Las Flores se perfila con un sentido de unidad tal, que destaca en el plano comunal como metropolitano" (^{Laboratorio Patrimonio Activo, 2014}).

En 2016, el CMN mediante el Decreto N°138 oficializa declaración de Monumento Nacional en la categoría de Zona Típica o Pintoresca al "Barrio Las Flores". Esta declaratoria determina dos valores o atributos, especificados como:

"A) Valores históricos y sociales: El barrio, es un sector excepcionalmente representativo de la comuna de Providencia, que testimonia su evolución histórica y urbana y que plasma el modelo de la ciudad-jardín.

Es una muestra de la búsqueda de la clase media alta santiaguina de la época por crear una nueva manera de habitar, paradigma que se mantiene hasta hoy para sus grupos sociales [...].

B) Valores urbanos y arquitectónicos: En términos urbanos, el sector se subdivide en manzanas regulares, principalmente de forma rectangular, convenientemente dispuestas para evitar la penetración de los flujos vehiculares de paso y a la vez protegido del tráfico de las vías estructurantes del sector, con calles de trazado sinuoso y nutridas de arborización pública, todo lo cual conforma una apacible interioridad en donde se insertan las viviendas rodeadas de jardín, creándose una masa vegetal, que siendo fiel al modelo de ciudad jardín, se complementa y confunde aquella del espacio público con la del privado, otorgándole al conjunto una gran armonía y notable paisaje.

En lo arquitectónico, el sector se distingue por la heterogeneidad de estilos, aunque morfologías similares, con tipologías y tecnologías constructivas propias de la época, dispuestas a algunas en forma aislada, otras con algún grado de agrupamiento, formando un conjunto de diversidad dentro de un orden" (^{Ministerio de Educación, 2016}).

Es preciso mencionar que estos atributos patrimoniales puestos en relieve se alejan del patrón clásico de valoración relativa a obras monumentales o conjuntos de notable antigüedad. Tal decreto destaca el valor de las áreas verdes como elemento ligado al patrón de ciudad jardín, cuyo entorno construido es reconocido en tanto conjunto diverso. Entre los atributos también destaca el proceso de urbanización ligado a la expansión de la ciudad hacia su límite Este, cuya localización pericentral estuvo formada para sectores profesionales.

Tras la declaratoria de ZT de barrio Las Flores, se suscitaron algunas dudas entre vecinos respecto a los alcances restrictivos, sin embargo, se constata que la tramitación ante el CMN no llegó a producir una controversia entre los vecinos.

Este caso de patrimonialización confirma la activación ciudadana, proceso reactivo frente a la amenaza inmobiliaria, con el objeto de oponerse a la modificación del plan regulador comunal de 2007. Cabe destacar que la productividad territorial de este conflicto (^{Melé, 2016}), también implicó que en 2014 se aprobara una modificación seccional a la zona 'N°1 Barrio las Flores' determinada por el actual Plan Regulador de Providencia (Decreto Alcaldicio EX. N°488, 2014), con la finalidad de establecer estándares sustentables de planificación.

Suárez Mujica

El barrio Suárez Mujica se ubica en la comuna de Ñuñoa, entre las calles de Grecia (norte), Lo Encalada (oeste), Pedro de Valdivia (este) y José Domingo Cañas (sur). Gran parte de sus edificios fueron construidos por la Caja de Previsión de Empleados Particulares (Empart) a mediados del siglo XX. El barrio alberga varios volúmenes cuyo lenguaje responde al movimiento moderno, sin embargo, el barrio también está formado por diversos conjuntos eclécticos.

La idea de proteger el barrio surgió tras el boom inmobiliario experimentado en la comuna de Ñuñoa (López et al., 2012). Asimismo, emerge como un proceso de valoración de la historia y arquitectura del entorno barrial, en su relación con hitos urbanos tales como el Estadio Nacional y el sitio de memoria José Domingo Cañas. Desde el año 2013, los habitantes del barrio agrupados en las Juntas de Vecinos N°12 Javiera Carrera, N°13 Suarez Mujica, N°14 Eusebio Lillo y N°15 Campo de Marte, comenzaron a realizar diversas actividades vecinales en torno a talleres participativos, asambleas ciudadanas y actividades de recolección de firmas que sentaron las bases de su proceso de patrimonialización.

Tal valoración patrimonial fue una forma de reacción ante la renovación urbana promovida por desarrolladores inmobiliarios. Entre los habitantes del barrio, estas transformaciones fueron denominadas como "domicidio" en tanto referencia a los procesos de destrucción de inmuebles en sectores residenciales de Santiago (^{Morales, 2016}).

Según un sitio web creado como plataforma de difusión vecinal:

"Los vecinos del Barrio Suárez Mujica nos juntamos frente a las casas que serán demolidas en Mons. Eyzaguirre para realizar una velatón en señal de protesta ante la destrucción de nuestro barrio. Estamos cansados de la falta de planificación urbana de la comuna de Ñuñoa y del "domicido" crudo y sin retorno frente a nuestros ojos. Como vecinos decimos: ¡No Más!" (Barrio Suarez Mujica Wordpress, 2016).

Si bien el desarrollo inmobiliario de Ñuñoa constituía una amenaza aún no materializada al interior del barrio Suárez Mujica, las renovaciones urbanas en el entorno circundante, generaron un proceso de reacción ciudadana en torno a la protección del patrimonio barrial. Por tanto, el impulso de activación ciudadana gestado desde el año 2013 derivó en la elaboración del expediente técnico ingresado al CMN a fines de 2016 y cuya solicitud formal fue realizada por arquitectos residentes en el barrio.

Este conflicto urbano ligado a la inminente renovación del barrio no solo confrontó a empresas inmobiliarias y a organizaciones vecinales. Desde fines del año 2017, un grupo de vecinos escépticos ante la solicitud de protección patrimonial, conformaron la agrupación "Unidos por Ñuñoa" que habría representado a más de 400 propietarios del sector. Es relevante que su presidente, argumentara que para el sector existían normativas suficientes de protección de acuerdo a lo que dictamina el respectivo PRC: "al establecer un máximo de nueve metros o tres pisos de altura, 'lo que aleja el fantasma que se inventa del poder de las inmobiliarias'" (Economía y Negocios, 2018).

Estos vecinos destacaron que su desacuerdo se debía a las implicancias de la ZT respecto a las restricciones en la modificación las propiedades del barrio:

"Ser zona típica implica un congelamiento para la eternidad, jamás podrá volver atrás. Significa que las propiedades sólo se podrán modificar, arreglar, ampliar, etc. con la autorización del CMN y manteniendo la arquitectura y fachada original. [...] Queremos igualdad, no ser un barrio marginado, estancado y congelado en el tiempo" (^{Barrio Suárez Mujica Web, S.F}).

Por otro lado, los vecinos a favor de la ZT comenzaron una campaña para desacreditar algunos argumentos relativos a la ausencia de monumentos en el barrio, la potencial pérdida de valor de las propiedades, la imposibilidad de realizar modificaciones a las viviendas, entre otros. En paralelo, este conjunto de vecinos recibió el apoyo formal de 24 entidades, entre ellas el Colegio de Arquitectos de Chile, la Asociación Chilena de Barrios Patrimoniales y la Fundación Defendamos la Ciudad. Asimismo, fueron recibidas cartas de apoyo de seis diputados y seis concejales por Ñuñoa.

Surgió así una tensión entre las agrupaciones vecinales a favor de la protección patrimonial y la organización conformada para rechazar tal categoría. Las posiciones a favor o en contra que produjo la ZT en el contexto barrial, derivó en controversia entre vecinos, quienes propulsaron campañas respecto a la adhesión o rechazo a esta figura de protección patrimonial.

Con todo, el CMN continuó el análisis de la solicitud de declaratoria. A comienzos de 2018, se emitió el Decreto Supremo N°92, que declaró como Monumento Nacional al barrio Suárez Mujica. Sin embargo, en abril del mismo año, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio decidió impugnar el documento antes de ser tramitado en la Contraloría General de la República, argumentando posibles incumplimientos sobre la ponderación de los valores y atributos en consideración de los criterios de uniformidad que se exige para las ZT (Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, 2017). Esto generó reacciones no solo de los vecinos a favor de la ZT, sino que también de otras organizaciones patrimoniales frente al procedimiento adoptado por la institucionalidad responsable de la declaratoria. Al respecto José Osorio, representante de la Asociación Chilena de Barrios y Zonas Patrimoniales aludió a una posible "[...] presión desde el interior del Ministerio de Educación (sic), desde alguna autoridad, o de algún funcionario, para retirar esto por las presiones que, a su vez, eventualmente, ejerce el mercado inmobiliario" (^{El Ciudadano, 2018}).

Luego de esta controversia, el nuevo veredicto del CMN fue conocido en noviembre de 2018, inclinándose por la definitiva protección patrimonial del barrio, lo que fue consignado mediante el Decreto N° 35, reconociendo de esta manera sus atributos patrimoniales. A su vez, puso de relieve los aspectos sociales y culturales relacionados con la calidad de vida urbana:

"H) Es un barrio en el que se materializan los anhelos de la clase media Santiaguina, conformada por empleados estatales e independientes vinculados a entidades como Fuerzas Armadas, la salud, la educación y la administración, que para mejorar su calidad de vida optaron por vivir en las comunas pericentrales de Santiago, en casas aisladas, rodeadas de árboles y jardines, pero cerca del centro de la ciudad; y, además, modernas, innovadoras y apartadas de los cánones tradicionales.

I) En el barrio se conserva una fuerte identidad territorial, lo que ha permitido la persistencia de elementos inmateriales tales como actividades y usos sociales, siendo una de las más destacadas, las relaciones personales entre sus habitantes, propiciadas por la calidad de sus espacios públicos y la escala de sus construcciones" (^{Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 2018}).

Pese a la oposición de una fracción de vecinos hacia la patrimonialización del barrio, es interesante destacar cómo el decreto que oficializa la protección reconoce y pondera aspectos inmateriales del patrimonio. Esta multiplicidad de valores que configuraron la declaración de protección patrimonial va desde las singularidades constructivas, la historia urbana y la identidad barrial expresada en modos de vida, memorias locales, cultura de barrio, entre otros valores que han emergido en las declaratorias de ZT. Más allá de los valores arquitectónicos e históricos clásicos, la valoración del patrimonio barrial de Suarez Mujica evidencia un distanciamiento respecto a los atributos del patrimonio de carácter monumental, lo que a su vez propende a la democratización de su goce.