El distrito de riego de Marialabaja y su gente

El distrito brinda agua para riego a 2.035 familias que se ubican en un área total de 18.390 ha (Incoder 2015)⁶. De los tres municipios que hacen parte del área de beneficio, Marialabaja tiene un 75 % del total de la superficie del sistema, Arjona cuenta con un 15 °% y Mahates con un 10 % (Incoder 2008). El distrito, incluyendo las represas y los sistemas de captación de agua de los arroyos de alta montaña, ocupa un área de 25.000 ha, la mitad del total de la superficie del municipio de Marialabaja. Además de la infraestructura para la distribución y el manejo del agua, la obra cuenta con vías carreteables paralelas a los canales que facilitan la comunicación entre corregimientos y veredas (véase figura 1).

Fuente: elaboración propia a partir de IGAC (2005), cartografía social.

Figura 1 Ubicación del distrito de riego de Marialabaja 

La administración del distrito depende de una entidad privada sin ánimo de lucro nominada Usomarialabaja, que actúa bajo supervisión del Incoder. Si bien el distrito es propiedad del Estado, Usomarialabaja se encarga de su administración gracias a la figura de concesión. Según Alfonso Torres⁷, gerente de la entidad en el 2014, a esta le corresponde la selección del personal administrativo a través de la asamblea general, cuyos miembros son dueños de tierras cultivadas con palma y algunos arroceros locales, pues un requisito para hacer parte de la asamblea es ser propietario legal de la tierra. Usomarialabaja también se encarga de los cobros y el control de la distribución del agua. Este hecho es importante para comprender las formas de relación entre las poblaciones locales sin tierra productiva con la infraestructura y con el Estado.

El distrito de riego funciona por gravedad: la parte más alta se ubica a 700 m s. n. m. y surte de agua a la zona baja del municipio mediante el represamiento de los arroyos Matuya y Arroyo Grande, que nacen de la parte alta de los Montes de María en los municipios de Carmen de Bolívar y San Jacinto. Sus aguas terminan en el complejo de ciénagas de Marialabaja y en el canal del Dique, que sirven de rebosadero en épocas de crecientes e inundaciones. Las formas de control de la distribución de agua se basan en un sistema de compuertas ubicadas en la represa Arroyo Hondo -la más grande e importante del distrito-. Desde allí, la administración controla los tiempos y las cantidades de agua que surten al canal principal. Tal como una llave de agua del hogar, las compuertas permiten la circulación del líquido entre los canales principales, los secundarios y la entrada del agua a cada finca. Abrir o cerrar esta llave es decisión de Usomarialabaja.

Las lógicas de provisión del agua del distrito están estrechamente ligadas con las condiciones climáticas de la región. Marialabaja, y en general Montes de María, tienen un clima seco tropical, con una temperatura que oscila entre los 24 °C y los 30 °C (^{Aguilera 2013}). Atendiendo a los patrones pluviales, el distrito realiza una campaña de riego anual en el primer semestre del año y deja el segundo semestre -la época de lluvia- para la recuperación de los embalses. De ello se sigue una relación entre los patrones climáticos, las temporadas de riego y las lógicas de producción, pues las zonas bajas se benefician con agua durante todo el año, ya sea de lluvia, del distrito o de las ciénagas. En contraste, las zonas medias y altas solo cuentan con la temporada de lluvias para la siembra. El distrito de riego y la disponibilidad de agua modifican las prácticas cotidianas dependiendo del lugar donde se ubiquen las poblaciones, de allí que cada comunidad le dé un significado diferente al agua de acuerdo con su uso.

Del mismo modo, la delimitación de zonas según la altura está ligada a la cadena montañosa que atraviesa la región, conocida como Serranía de San Jacinto, que condiciona las formas de tenencia, el área de los predios y las formas de propiedad. Se reconocen tres: la zona de montaña o zona alta, con el menor número de habitantes, en su mayoría pequeños propietarios sin títulos; la zona de piedemonte o zona media, con la mayoría de población concentrada en caseríos, que basa su sustento en el trabajo en las grandes plantaciones de palma, y la zona Troncal Río Magdalena o zona baja, que tiene una mayor densidad poblacional y se caracteriza por sus grandes extensiones de plantaciones de palma de aceite, pastos y arroz, así como por las industrias de procesamiento del aceite de palma y el casco urbano del municipio.

Lejos de ser una infraestructura ajena e intocable con una serie de restricciones para quienes no pagan por el riego, el distrito es un espacio en disputa en medio de los procesos de movilización por un territorio campesino y étnico. El agua es parte importante en las discusiones sobre el ordenamiento local y, en últimas, sobre las políticas de desarrollo de la zona. Al respecto, un campesino local menciona: "ya perdimos la tierra, ahora tenemos que luchar por el agua". En consecuencia, las poblaciones rurales que se ubican en las inmediaciones del distrito adelantan procesos de reconocimiento étnico, cultural y territorial, como los consejos comunitarios afrocolombianos, los cabildos indígenas zenúes y las zonas de reserva campesina⁸. Para todas las organizaciones que impulsan estos procesos el distrito de riego es la fuente de agua más importante que permite la reproducción de la vida.

Las voces que sustentan este trabajo son de campesinos y campesinas cuyas familias se encontraban allí antes de la construcción del distrito de riego; otros llegaron como consecuencia del desplazamiento que significó la construcción de este, como es el caso de Paloaltico, y otros buscaron trabajo en la zona y se instalaron allí, como en el caso de La Suprema. Estas voces locales se refieren a líderes de la Organización de Población Desplazada, Étnica y Campesina de los Montes de María (OPDS), de escala regional; miembros de organizaciones veredales de San José de Playón, Paloaltico y La Suprema, adscritas a OPDS, y algunos habitantes locales de dichos lugares. La mayoría de estas familias hacen parte de los 1.042 propietarios que poseen menos de 1 ha de tierra⁹ (Incoder 2012).

Reforma agraria, construcción del distrito de riego y arroz

A finales del siglo XIX, el gobierno de Rafael Reyes otorgó un incentivo para la construcción de un ingenio azucarero en la zona baja de Montes de María (Ripoll de Lemaitre 1997, 66) a los hermanos Carlos y Fernando Vélez Daníes, empresarios ganaderos de la sociedad cartagenera. El incentivo buscaba contener la producción bovina de la región, a causa de la sobreproducción de carne para el consumo interno (Ripoll de Lemaitre 1997, 65). Con dicho apoyo, los hermanos Vélez construyeron el ingenio Sincerín, la primera iniciativa de producción azucarera en el país. Su ubicación le permitió el beneficio de la alta fertilidad de los suelos por cuenta de la cercanía al sistema cenagoso de Marialabaja y el Canal del Dique.

El área calculada del ingenio era de 50.000 ha ubicadas entre los municipios de Mahates, Arjona y Turbaco. Su funcionamiento se basó en la adecuación de lotes de 50 ha asignados a colonos, quienes se encargaban de contratar los jornales de siembra, corte y limpieza (Ripoll de Lemaitre 1997). De la mano de la producción de azúcar, la ganadería continuó como actividad importante en la región, ocasionando un cambio notorio en el paisaje por la transformación del bosque seco en potreros para el ganado (^{Van Ausdal 2009}). Dicha transformación fue importante en la ampliación de la frontera agrícola y las relaciones de patronazgo que se establecieron entre colonos, campesinos, indígenas, comunidades negras y los empresarios del azúcar. Al tiempo que el ingenio proveía de trabajo, vivienda y salud a sus jornaleros (Ripoll de Lemaitre 1997), otros habitantes se desplazaban hacia las zonas altas en busca de tierra para la habitación y la siembra de cultivos de pancoger.

Durante este periodo, el acceso al agua era libre para las poblaciones rurales, los ganaderos y el ingenio, ya que se disponía de los arroyos y escorrentías de la zona alta, las ciénagas, pozos y jagüeyes de las zonas medias y bajas y las lluvias. Si bien los habitantes locales no tenían dificultades para acceder al líquido, los productores de caña y el Estado concebían el agua como un obstáculo para el aprovechamiento real de los suelos (^{Camargo 2008}). Ejemplo de ello fueron los esfuerzos de ampliación de la frontera agrícola, no solo por medio de la ganadería (^{Fals 1976}), sino a través de prácticas de dragado y desecamiento de cuerpos de agua como las ciénagas y el canal del Dique (^{García 2014}).

Con la crisis económica de 1929, los precios del azúcar se vieron afectados drásticamente; para entonces los ingenios azucareros del Valle del Cauca habían cobrado protagonismo a escala nacional. Aunque la crisis afectó la producción azucarera de todo el país, el ingenio Sincerín no logró recuperarse; su producción era inferior a la de otros ingenios y nunca alcanzó una producción de dos zafras¹⁰ anuales por la falta de un sistema de riego continuo que controlara el flujo hídrico (Ripoll de Lemaitre 1997). La dependencia de los regímenes pluviales propició prácticas de trashumancia y movilización de animales y cultivos hacia las zonas medias (^{Herrera 2002}) en época de lluvia y situaciones de escasez de agua durante el verano.

Estos hechos contribuyeron a la disolución del ingenio en 1950. En los años siguientes, la ganadería extensiva recobró importancia en la región y abonó el terreno para la concentración de la propiedad en las zonas planas del municipio, hecho que motivó la implementación de la reforma agraria en la zona y la construcción de la infraestructura agrícola. El distrito de riego debe ser entendido como parte del proceso de consolidación de los monocultivos fomentados por las políticas de desarrollo del país. Al respecto, un campesino de Mahates menciona:

Bueno, lo primero es remontarnos un poco a inicios del siglo pasado, por allá en 1910 exactamente entra todo lo que es el capitalismo salvaje a la costa, a esta zona. Prácticamente por esta parte del país -y eso entra aquí a Sincerín- con un ingenio azucarero, el primero y el más grande de Latinoamérica. En ese entonces se llamó la Compañía Azucarera Colombiana, eso después era de capital de los gringos, ellos la llamaban Colombian Sugar Company [...] entonces esto tenía ese gran capital extranjero y estas tierras eran de los hermanos Vélez Daníes. (Leonardo¹¹, Mahates, junio del 2014)

El distrito de riego fue construido por el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora), en la década de los sesenta, con la intención de adecuar tierras fértiles y brindar tierras a campesinos pobres para la producción de alimentos durante todo el año, garantizando riego continuo a partir del control de agua. El 45 % del costo de la primera etapa de obras (equivalente a 5,2 millones de dólares) fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo en el marco de la Alianza para el Progreso. El valor restante, equivalente a 6,3 millones de dólares, fue asumido por el Incora (Incora 1968). La distribución del suelo en la zona en el momento de la construcción del distrito era la siguiente: 1.500 ha para caña, 5.000 ha para plátano, 10.000 ha de pastos para la ganadería y las restantes 3.500 ha para cultivos menores (yuca, maíz, ñame, frutales, aguacate, plátano, entre otros) destinados al consumo local (^{Caviedes 1975}; Incora 1968). Si bien la diversificación del uso del suelo fue entendida como una ventaja para desarrollar un sistema de riego de gran escala, la concentración de la tierra representaba el mayor obstáculo de la construcción de la infraestructura y la implementación de la reforma agraria.

La construcción del distrito de riego demostró un afán por domesticar la naturaleza que había sido un gran obstáculo para la productividad de la tierra. El control de caudales fue también una apuesta institucional por controlar las relaciones de los habitantes locales con el agua y su entorno. La intervención sobre el flujo del agua a través de compuertas fue una de las principales técnicas de mediación de las relaciones de la gente con la naturaleza; el acceso ya no era libre y las personas debían solicitar permiso a la administración de la infraestructura para abrir las compuertas en épocas de sequías y cerrarlas durante las crecientes. Aun hoy estos permisos deben ser solicitados por los habitantes de la parte baja que viven a los costados de los canales sin una gota de agua.

La puesta en marcha de las políticas de desarrollo de la época y la construcción del distrito modificaron, por un lado, las formas de cultivo que se concentraron en la producción de arroz y, por otro, las formas de movilidad dentro de la zona. El uso de fertilizantes, la compra de semillas aprobadas por el Incora y la introducción de lanchas a motor para atravesar los cuerpos de agua del distrito fueron algunos de los cambios concretos en las relaciones de los habitantes con la naturaleza. Otro de los cambios que se vería reflejado en el desgaste del ciclo hídrico fue el uso de agroquímicos asociados a la Revolución Verde.

En resumen, queremos destacar que la presencia física del distrito de riego en el espacio es resultado de un conocimiento experto y de intereses económicos, privados y estatales. La sumatoria de dichas posturas se ve reflejada en la distribución desigual de los servicios que la infraestructura provee, posibilitando el acceso para unos y excluyendo de su beneficio a otros (^{Carse 2012}). Es decir, la infraestructura no es un simple artificio separado de la naturaleza; su irrupción en el paisaje genera nuevas relaciones entre la gente y su entorno, nuevos modelos de producción y apropiación del espacio en los que se termina por asumir la obra como parte de la naturaleza (Carse 2012). Lo anterior se observa en las percepciones de un exfuncionario del Incora que trabajó en el distrito después de 1975:

El Incora manejaba todo, absolutamente todo. Desde el acceso a la tierra, suministrarle a la gente pues, digamos, todo lo referente a la organización, al empoderamiento organizacional, capacitación, asistencia técnica; éramos banco, prestábamos plata también. El Incora en su momento construía infraestructura física como esa, infraestructura social, que de todas maneras, en muchos departamentos como Arauca, como en el Putumayo, prácticamente todas esas poblaciones nacen a raíz de la presencia del instituto. (Exfuncionario del Incora, junio del 2015)

El funcionamiento del distrito segregó automáticamente a los habitantes de las zonas medias y altas, privándolos del beneficio de riego, al tiempo que aseguraba agua constante para las parcelas y fincas ubicadas en las zonas bajas. Aunque en principio la implementación de la Ley 135 de 1961 buscaba contrarrestar la alta concentración de la tierra a partir de la imposición de una unidad agrícola familiar¹² (UAF), el efecto fue contrario para algunas poblaciones locales. En esta región, se estipuló el tamaño de una UAF de 10 ha en las zonas bajas y 20 ha en las zonas medias y altas, y con la instalación del distrito de riego, el 90 °% del área de las parcelas debía destinarse al cultivo de arroz asistido por riego, dejando el 10 °% restante para cultivos de autoconsumo. Puesto que el arroz era impuesto por la ley, los campesinos se vieron en la necesidad de adquirir obligaciones con la institucionalidad dispuesta para la implementación de la reforma -principalmente con la Caja Agraria¹³-. La imposición de nuevas prácticas financieras, como los créditos bancarios y el manejo de chequeras, entre otros, reforzó la desconfianza de la gente hacia la reforma y los funcionarios del Incora, por lo que muchas familias optaron por abandonar sus parcelas e incluso se rehusaron a ser beneficiarios de la parcelación y la entrega de tierras que proponía la reforma.

Con los cambios de gobierno en los años setenta, los principios de la reforma agraria se modificaron (^{Albán 2011}), al tiempo que el panorama nacional empezaba a convulsionar por cuenta del surgimiento y fortalecimiento de las guerrillas. Para la región de Montes de María, la presencia guerrillera fue concomitante con la acción de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC)¹⁴, razón por la cual se fortaleció la percepción de la región como un nicho guerrillero que debía intervenirse¹⁵. Pese a un contexto agitado por las acciones del movimiento campesino y las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), el éxito de algunos arroceros atrajo la atención de actores externos que contaban con el capital suficiente para la compra de grandes extensiones de tierra, hecho que profundizó la concentración de esta.

Si bien hubo un periodo de bonanza arrocera, los grandes propietarios empezaron a sortear el robo de ganado por parte de la guerrilla -que para algunas personas estaba relacionada con el movimiento campesino-, lo que radicalizó las relaciones locales entre grandes ganaderos y campesinos organizados. La confluencia de estos factores, sumados al cambio de política económica nacional, causó el fracaso del arroz. En la década de los noventa, la apertura económica favoreció la creación de nuevas políticas para el sector agropecuario que apuntalaron la producción de monocultivos permanentes para la exportación. En Marialabaja se privilegió la producción de palma de aceite, teniendo la garantía del riego permanente del distrito.

Palma de aceite, escalada paramilitar y neoliberalización de la naturaleza

La década de los noventa inició con la presidencia de César Gaviria (1990-1994) y su política de apertura económica, sustentada en el principio de ventaja comparativa y la eliminación del modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) que había caracterizado las iniciativas agrarias en las cuatro décadas anteriores (^{Martínez 2006}). Las nuevas políticas propiciaron la importación de arroz desde el Sudeste Asiático (^{Molano 2011}) y significaron la quiebra total de los pequeños arroceros en Marialabaja, afectados por las deudas que dejó la Caja Agraria y el fortalecimiento de la ganadería como sistema productivo regional. El cambio en la estructura administrativa y la privatización del acceso al agua del distrito de riego también profundizaron la crisis.

La apertura económica se adscribe a un régimen al que algunos autores denominan neoliberalización de la naturaleza, en el que la extracción de recursos naturales funciona como vía de inserción a los mercados globales, generando tensiones y antagonismos frente al acceso, uso y distribución de estos en la escala local y beneficios económicos para sectores privados de orden global, lo que configura procesos sofisticados de acaparamiento y despojo de recursos (^{Alimonda 2011}; ^{Bakker 2015}; ^{Castree 2008}; ^{Harvey 2005}). En Montes de María este proceso se caracterizó por la puesta en marcha de reformas basadas en dos elementos básicos del proyecto neoliberal: la privatización y la comercialización de la naturaleza. La privatización implicó un cambio en las relaciones de propiedad, es decir, se dio una transferencia del manejo público al control privado del distrito de riego. La comercialización ocurrió por cambios institucionales que modificaron las prácticas del manejo del agua convirtiéndola en una mercancía necesaria para la producción de aceite de palma. En resumen, el proceso de neoliberalización de la naturaleza se caracterizó por dotar de valor de cambio a los bienes comunes (Bakker 2010).

La privatización del distrito de riego comenzó en el mes de junio de 1994, año en el que el Instituto Colombiano de Adecuación de Tierras (INAT)¹⁶ y la Asociación de Usuarios para el Distrito de Marialabaja -entonces llamada Asodimar- firmaron un contrato concesional en el que el Estado le cedía a la asociación la administración de la infraestructura sin perder la propiedad de esta. La transferencia implicó la responsabilidad del recaudo de tasas de agua, elaboración de presupuestos y planes de manejo por parte de Asodimar (^{Vermillion y Garcés 1999}); sin embargo, la entrega real ocurrió a finales de 1996. La cesión de la administración del distrito de riego a las asociaciones de privados, que tenía como requisito incluir en la gestión de los recursos a los usuarios propietarios legales de tierras beneficiadas, tuvo varios problemas; el más importante fue la incapacidad de las asociaciones de garantizar su mantenimiento debido a los altos costos. Gran parte de los usuarios no contaban con el dinero para pagar el beneficio de riego ni las obligaciones contraídas con la Caja Agraria, como consecuencia del descalabro arrocero. Dada la informalidad de la tenencia de la tierra en la región y la cantidad de trabajadores del campo sin acceso a tierra, la Asociación de Usuarios estaba constituida por medianos (entre 20 y 50 ha) y grandes propietarios (50 ha o más), excluyendo a la mayoría de los beneficiarios indirectos de los cuerpos de agua y canales del distrito de riego, particularmente, las poblaciones que usaban el distrito como fuente de agua para el hogar. Este modelo de cesión de responsabilidades estatales para la adecuación de las tierras de campesinos medianos y pequeños propietarios fue reflejo de un fenómeno global relacionado con el neoliberalismo y el fracaso de las políticas proteccionistas de las décadas anteriores. La transferencia del manejo del distrito también fue un proceso de privatización y control del acceso al agua en la región de Montes de María, dado que afectó a los campesinos sin tierra que no tenían voz ni voto en la administración de la Asociación de Usuarios.

En el marco de esta dinámica de exclusión de pequeños campesinos de la administración del agua y de quiebra del arroz, en 1998 llegaron al municipio los primeros cultivos de palma de aceite apoyados por el entonces ministro de Agricultura, Carlos Murgas Guerrero, conocido actualmente como el "Zar de la Palma"¹⁷ (Menco 2011). La experiencia con el arroz había dejado en los habitantes locales desconfianza frente a los proyectos de desarrollo liderados por el Gobierno nacional, de allí la baja aceptación que tuvo la palma en un principio. Como mecanismo de cooptación, el Gobierno ofreció créditos asociativos, subsidios y respaldo de créditos previamente adquiridos, a través del Fondo Agropecuario de Garantías, una entidad estatal para el fomento del agro (^{Aguilera 2002}). Al tiempo que se ofrecía el dinero para la palma, se cerraba el crédito para otros cultivos y se presionaba por el pago de las deudas adquiridas previamente con el arroz. Bajo dichas condiciones, algunos campesinos beneficiarios de la reforma se acogieron al nuevo proyecto productivo basado en la palma, mediante la figura de alianzas productivas¹⁸. La formalización de títulos de propiedad requerida para el establecimiento de las alianzas, por parte de campesinos locales, y la adquisición y adecuación de una planta extractora, por parte del grupo empresarial Oleoflores, favorecieron las condiciones para que los cultivos de palma fueran los principales beneficiados del riego. El incremento en los predios sembrados de palma en el área de influencia del distrito, junto con el deterioro físico y administrativo de este, abonaron el terreno para la creación de una nueva asociación nominada Usomarialabaja, en la que tenían participación el grupo empresarial y los ahora campesinos productores de palma. Si bien Oleoflores no era el propietario de la mayoría de los predios, sí era el dueño de toda la producción; de allí que concediera la presidencia de la Asamblea General de Usuarios a Carlos Murgas hasta el 2017. Desde la perspectiva institucional, este proceso de control de los palmeros sobre el distrito de riego se ve de la siguiente manera:

La cartera se mejora un poco cuando llega el programa de la palma, entonces la palma asume la figura de las alianzas productivas en donde encontramos un ente integrador que es la promotora -planta extractora- Hacienda Las Flores. La promotora los agremia a través de asociaciones de palmicultores [...] al estar en una asociación, la promotora asume inmediatamente todos los costos y gastos [en] que ellos incurren. Ellos pagan el uso de todos los predios que tienen palma [...] nos hacen un desembolso a nosotros como recaudadores. En ese sentido, nosotros recuperamos el 100 % de la cartera que se le da al grupo de palmicultores [... ] hemos mejorado un poco las finanzas, y que de pronto a veces nosotros nos atrevemos a decir que con la palma, con esos ingresos se hace posible la dinamización de la empresa, que no se paralice por falta de recursos. (Eduardo Castaño, gerente de Usomarialabaja, junio del 2015)

La consolidación de la producción palmera en el municipio tuvo como agravante la presencia paramilitar del bloque Héroes de los Montes de María, que tenía vínculos estrechos con estamentos políticos y grupos económicos de todo nivel ("¿Cómo se fraguó la tragedia de los Montes de María?" 2010). Su operación en la región se registra desde mediados de la década de los noventa, momento de recrudecimiento de la violencia expresada en masacres, violaciones, desapariciones, desplazamiento y abandono de tierras por parte de pequeños campesinos. Las cifras indican 56 masacres entre 1997 y el 2004; 220 muertes de civiles, de los cuales el 80 °% fueron víctimas del paramilitarismo; 200.000 casos de desplazamiento forzado y el despojo de 80.000 ha de tierra entre 1997 y el 2007 (^{De los Ríos, Becerra y Oyaga 2012}, 32). El acaparamiento se efectuó a través del "clientelismo armado" (Grupo de Memoria Histórica 2010) que favoreció el incremento de las áreas sembradas con palma en el municipio, que llegaron a 6.000 ha en el 2005 (PNUD 2010). El aumento del cultivo de palma en las zonas bajas y medias, junto con la privatización de la administración del distrito de riego, dieron paso a dinámicas de despojo de otros recursos, como la captación y manejo de estos a partir de procedimientos legales y políticos por parte de empresarios y terratenientes (^{Borras, Franco y Wang 2013}).

Además de la violencia paramilitar, que las narrativas oficiales declararon como terminada con la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el 2005, los habitantes locales tuvieron que sortear otro tipo de violencias asociadas al despojo de recursos como el agua (^{Ojeda et al. 2015}). El acaparamiento del agua del distrito por empresarios palmeros redundó en el cerramiento de pozos comunales y jagüeyes mediante cercas y vigilancia privada instaladas por grupos paramilitares, así como la contaminación de las fuentes hídricas a causa del vertimiento de agroquímicos utilizados en la industria de la palma. En ese sentido, las denuncias de habitantes y organizaciones se centran en mostrar cómo la contaminación afecta directamente los usos tradicionales del agua y reflejan de qué manera la instalación de cercas alrededor de los cuerpos de agua incide en el acceso desigual sobre la cantidad y la calidad del líquido para las actividades cotidianas (^{Isch 2010}). Las pocas alternativas que encuentran las comunidades para suplir sus necesidades de agua también se ven atravesadas por lógicas de género que afectan de manera diferencial a hombres y mujeres. Con esto nos referimos a que son las mujeres quienes se encargan de su aprovisionamiento para todas las tareas del hogar. Puesto que el agua del distrito se encuentra contaminada, son ellas quienes más se exponen a contraer enfermedades por las actividades que realizan, como el lavado de ropa o de la loza. De igual manera, cuando acuden a los pozos y jagüeyes en busca de agua menos contaminada, para consumir o cocinar, se ven expuestas a constantes discusiones con los vigilantes que rondan los predios donde se encuentra el líquido.

En términos generales, los hechos presentados reflejan un ciclo de privatización/acaparamiento/despojo de agua y de tierras en el que la infraestructura agrícola desempeña un papel activo, en la medida en que se convierte en la única fuente de agua de las poblaciones locales y parte de su territorio. En esta lógica, desde su construcción, el distrito medió en las formas de acceso al agua y modificó el paisaje, apuntalando la producción y expansión de monocultivos que requerían gran cantidad de este recurso y concentraban la tierra. Su construcción abonó el terreno para un proceso de apropiación y resignificación local de la infraestructura por parte de las poblaciones locales, posicionando el agua como columna vertebral de su territorio, tema del siguiente apartado.

Agua para regar la tierra y cultivar la vida

Nosotros teníamos unos ojos de agua que eran todo el año, los que vivían allá cogían agua allá, los que vivíamos acá cogíamos agua acá y no teníamos que hacer pozos. En estos momentos, usted va a esa zanja y hay agua corriendo, todo el año agua corriendo. Llegando Semana Santa, usted llevaba agua en jarras, era agua cristal... hoy no, en esos tiempos era calidad de agua, hoy corre con grasa. (Juan Carlos, Marialabaja, junio del 2014)

Como se vio en los apartados anteriores, grandes y medianos dueños de tierras, campesinos y pescadores han usado el distrito de riego de Marialabaja de formas muy diferentes a lo largo de su historia. Para las poblaciones locales, el distrito de riego significa una posibilidad de acceder al agua, tanto para sus actividades productivas, como para la vida cotidiana. Lavar la loza y la ropa en compañía de las vecinas, llenar cubetas de hielo, cocinar, limpiar los patios y regarlos para mitigar el fogaje¹⁹ son solo algunos de los usos que se le da al agua del distrito de riego en los caseríos que lo rodean. El agua que contiene es un eje articulador de las formas de regar la tierra y cultivar la vida de las poblaciones campesinas, es decir, se convierte en el centro de los debates por la defensa del territorio. De allí que los procesos de resignificación de la infraestructura y del agua, que son formas locales de reproducir la vida, constituyan la base de los procesos de movilización social frente a los ciclos de privatización/acaparamiento/despojo descritos.

La violencia paramilitar, que tuvo su apogeo entre 1999 y el 2005, desplazó a cientos de personas de sus tierras. Cinco años después parte de estos hombres y mujeres campesinos retornaron a sus hogares y comenzaron a construir organizaciones veredales, a partir de las cuales fuera posible retomar las actividades productivas y políticas que tenían antes de la violencia paramilitar y el cultivo de palma de aceite. Este retorno se dio con el apoyo y el acompañamiento de cooperación internacional, los Planes Nacionales de Consolidación²⁰ y la construcción de Laboratorios de Paz²¹ (Podec 2011). El retorno comenzó después de la desmovilización de los grupos paramilitares, sin que esto significara el fin de la violencia en la región, pues regresaban al territorio sin ningún tipo de garantías de seguridad por parte del Estado.

Este regreso vino acompañado de una serie de estrategias de resistencia y de defensa del agua en el marco de la construcción de un territorio de paz. Las principales estrategias, que también son formas de resignificación del territorio y de la naturaleza, estuvieron basadas en: 1) la conformación de organizaciones sociales y la propuesta de un ordenamiento territorial regional, que tiene como eje la economía campesina y las prácticas de uso de agua relativas a esta actividad; 2) la reconstrucción de prácticas cotidianas de manejo del agua tanto para la siembra y la pesca como para el acceso al agua potable. Estas estrategias trascienden los reclamos por la tierra y reivindican prácticas, conocimientos y relaciones específicas entre los humanos y el entorno, como formas de habitar el espacio.

En este apartado argumentamos que el agua se integra a las luchas por el territorio, de tal forma que se convierte en parte fundamental de la percepción del espacio y de los ejercicios locales de resignificación de la naturaleza. Se trata de la manera como el agua es integrada al discurso y las luchas socioterritoriales locales mediante tres mecanismos que se traducen en prácticas cotidianas: 1) defensa de lo público y discusiones acerca de la propiedad del agua e impulso de procesos de colectivización de la propiedad y la producción; 2) integración de conocimientos ambientales en términos de sostenibilidad del territorio; 3) integración del ámbito cotidiano y privado a las luchas comunitarias, teniendo como referencia la memoria como estrategia de resistencia.

La historia de las organizaciones sociales a escala regional se remonta a la década de los setenta con la ANUC. Su influencia propició la conformación de comités veredales encaminados a la defensa de la tierra, que fungieron como las primeras formas de organización y como la base organizativa de las juntas de acción comunal²². El trabajo y la articulación regional por medio de la ANUC generaron redes locales basadas en la estructura familiar y relaciones de amistad, que integraron la organización hasta la década de los ochenta. Para el 2017, en Montes de María existían varios tipos de organizaciones con diferentes escalas de incidencia y acción política, todas ellas herederas de la ANUC. Encontramos a las organizaciones que actúan desde sus veredas y se componen de vecinos y amigos; otras de mayor incidencia que reúnen estas organizaciones más pequeñas y actúan como articuladores de propuestas locales, y otras que cumplen el papel de acompañamiento y gestión, también de escala regional.

Desde el inicio del debate por la defensa del agua, que surgió asociado a los problemas de escasez y contaminación, todas las organizaciones sociales plantearon la necesidad de reconocer los cuerpos de agua del distrito de riego de Marialabaja como patrimonio público; es decir, como inalienable, imprescriptible e inembargable. Al respecto, la Corporación Desarrollo Solidario²³ (CDS) menciona:

Un paisaje que combina bosques, montañas y agua: es el Distrito de Riego de Marialabaja. Es en realidad un patrimonio público de las comunidades de San Jacinto, Marialabaja, Carmen de Bolívar y en general los Montes de María, así como de las ciudadanías cartageneras y bolivarenses. ("El Distrito de Riego de Marialabaja ¿Patrimonio público?" 2015)

Aunque este tipo de instancias no gubernamentales fungen como apoyo a las iniciativas de defensa del agua, habitantes y organizaciones locales reclaman la propiedad de esta a partir de la resignificación de los cuerpos de agua como un bien común; como la práctica de un trabajo-para-todos (^{Gutiérrez y Salazar 2015}). Es decir, la funcionalidad del distrito de riego administrado por Usomarialabaja está inserta en las formas campesinas de pensar y vivir el territorio, de reproducir la vida. De allí se entiende que el debate sobre el acceso al agua tenga como punto de partida un reclamo de los derechos de propiedad, entendidos más allá de la propiedad física y legal (Ribbot y Peluso 2003).

La integración del distrito de riego como un bien común va de la mano de la propuesta de delimitación del territorio, llamada zona intercultural de protección territorial²⁴. Esta zona integra las demandas relacionadas con el acceso al agua del distrito de la región, desde dos puntos de vista: la necesidad y la articulación con las economías campesinas y la protección frente a la contaminación ocasionada por los fertilizantes y pesticidas usados en el cultivo de palma. Si bien esta propuesta está acompañada por la cooperación internacional y organizaciones que cobijan toda la región de Montes de María, uno de los principales objetivos es incluir el distrito de riego y los cuerpos de agua como columna vertebral de la región. La zona intercultural de protección territorial parte de una lectura de las formas de despojo del agua ejercidas por el cultivo de palma de aceite y responde al contexto con propuestas concretas de cuidado y restauración de las fuentes de agua. En términos generales, estas formas de reivindicación son parte de un proceso de resignificación de la naturaleza que alimenta la movilización por la defensa del agua como un bien común.

En el marco del despojo, la contaminación y el control del agua se perfilan como las preocupaciones más acuciantes para los habitantes locales. Sus demandas contemplan formas de conservación de cuerpos de agua, relacionadas con la reforestación del bosque seco tropical por medio de la siembra de "árboles que llaman agua" (varios, comunicación personal, julio del 2016), como el caracolí, y la aplicación de conocimientos locales para evitar su desecamiento y la pérdida de especies nativas de peces, como el currulá, el moncholo, el macaco, la dorada y el bocachico. Estas formas de control y de recuperación de espacios de agua tienen que ver con conocimientos ambientales locales²⁵, tal como lo muestra el siguiente fragmento:

Finalmente, aclaramos que la recuperación del sistema cenagoso no es un beneficio exclusivo para los pescadores de la región. Es la oportunidad de rescatar un nicho de biodiversidad, que pueda contrarrestar los efectos actuales del cambio climático y calentamiento global. Significa también contribuir al posicionamiento de una actividad de vieja data a la cual no se le ha dado mayor reconocimiento en el país y es la posibilidad de que la región sobresalga en el ámbito nacional al apoyar la pesca artesanal. (Repisnobol, CDS y AIDA 2014)

La integración del ámbito cotidiano y privado a las luchas comunitarias por la defensa del agua y del territorio pasa por reconocer los mecanismos de captación de agua, incluida la de lluvia, como pozos, jagüeyes, ojos de agua, llaves caseras, embalses y los canales, así como el uso que se les da. El destino de dichas aguas depende de su origen: el agua para cocinar y tomar se recoge en los pozos comunales, ojos de agua, jagüeyes y el tanque de almacenamiento que se surte de agua lluvia en la temporada de invierno. El agua del distrito y de las llaves -que tiene el mismo origen- se destina para los oficios de la casa y el mantenimiento de patios y parcelas. En épocas de verano casi todas las fuentes diferentes al distrito se secan, de modo que los embalses suplen todas las necesidades cotidianas. Es importante mencionar que, como consecuencia de la contaminación, tanto hombres como mujeres han denunciado el aumento de enfermedades gastrointestinales y dermatitis en la población general, e infecciones vaginales en el caso de las mujeres.

Las actividades cotidianas que tienen que ver con el uso del agua en el hogar y con el uso productivo y comunitario responden entonces a procesos de resignificación de la infraestructura. Las formas de moverse entre los espacios de producción comunitarios²⁶, el uso del agua desde el hogar hasta la producción agrícola, las estrategias de defensa del agua potable y los sistemas de acueductos y saneamiento básico gestionados de forma comunal, así como la construcción de sistemas de riego locales que utilizan el distrito, son algunas de las formas como mujeres y hombres apropian y le dan sentido al agua en la región. Es decir, cada vez que una familia instala una tubería subterránea que conecta con alguna represa del distrito del riego, está resignificando el uso del agua, y por lo tanto el sistema general de riego. El agua deja de ser exclusiva de la producción de aceite de palma y se convierte en un bien común que permite reproducir la vida local. Si bien esto se da en un contexto de despojo, las estrategias de la gente van de la mano de la construcción de espacios de esperanza, del diseño espaciotemporal de formas locales -utopías dialécticas- que se contraponen a las espacialidades capitalistas (^{Harvey 2003}). Son prácticas cotidianas y de consolidación de organizaciones sociales que incluyen el agua en los debates por la defensa del territorio.