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Introducción
La violencia sexual y de género (VSG) es una característica crucial cuando se consideran los efectos de los conflictos contemporáneos en términos de seguridad humana de grandes poblaciones, especialmente mujeres y niñas. Durante la última década, los debates sobre cómo los conflictos armados aumentan la vulnerabilidad de ellas frente al sufrimiento de dicha violencia se han abordado de diversas formas. Consecuentemente, la violación como arma de guerra ha cobrado relevancia como tema político y de seguridad dentro del discurso de la comunidad internacional en relación con el uso de la violencia sexual (VS) en los conflictos armados y su prevención, ya que al incluirlo como un tema de paz y seguridad internacional, la prevención de esta violencia en tiempos de guerra es una preocupación principal en lo que respecta a las responsabilidades de los diferentes actores involucrados en un conflicto y de la comunidad internacional en general.
En el año 2000, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció oficialmente que las mujeres y las niñas experimentan la guerra de manera diferente a los hombres y los niños, mediante la adopción y posterior implementación de la Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU). Esta resolución constituyó la base del marco de políticas derivadas de la agenda Mujeres, Paz y Seguridad, que ha pedido una mayor participación de ellas en contextos de paz y seguridad, al igual que la incorporación de perspectivas de género (Cohn; Kinsella; Gibbins, 2004).
La agenda mencionada y, más específicamente, las resoluciones del CSNU 1325 (2000), 1820 (2008), 1882 (2009a), 1888 (2009b) y 2106 (2013), han sido centrales para las respuestas de política en materia de protección de mujeres frente a crímenes atroces, asociados a conductas de VSG, especialmente la violación en tiempos de guerra. Estos instrumentos, a su vez, han sido importantes para modelar la manera en que la VS como arma de guerra se ha entendido a nivel internacional: como una táctica deliberada y estratégica utilizada para atacar a civiles con el fin de intimidar o destruir al enemigo violando y esclavizando a mujeres identificadas como parte de la población adversaria (Baaz; Stern, 2009; Card, 1996; Cohen, 2016; CSNU, 2008; Farwell, 2004).
En relación con esto, la Resolución 1820 (2008) fue crucial para delimitar el alcance de las respuestas internacionales hacia la prevención de la VS, centrándose exclusivamente en la conexidad con los conflictos armados, y cómo puede constituir una parte esencial de la comisión de crímenes atroces, siendo eventualmente una amenaza para la paz y la seguridad internacional. El cambio en la consideración de la VS en tiempos de guerra como un problema de seguridad ha representado una oportunidad para presionar a la comunidad internacional, en aras de que se preste mayor atención a este problema, de modo que sea considerado una prioridad en las agendas de los formuladores de políticas (Crawford, 2013).
Esta atención se ha traducido en una mayor movilización de recursos para responder a las violaciones en contextos de guerra en las esferas local, regional e internacional, y a sus efectos en las víctimas, especialmente después de decisiones judiciales históricas en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR) y el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), así como la decisión sobre Jean Paul Akayesu por facilitar e instigar la comisión de VS durante el genocidio de Ruanda (Farwell, 2004), y la adopción de la Resolución 1325 (2000) por parte del CSNU.
Sin embargo, enmarcar la VS en la guerra como un problema de seguridad, específicamente a través de la narrativa VS como arma de guerra, ha producido varias dificultades para prevenir la violencia de género en tiempos de guerra y la comisión de crímenes atroces basados en género.
Bajo este escenario, el objetivo de este artículo es analizar por qué la VS como arma de guerra no ha generado un cambio significativo para prevenir la comisión de crímenes atroces asociados a la VSG. El principal argumento es que, a pesar de la visibilidad que trae esta narrativa sobre la incidencia y las dinámicas relacionadas con la VS en el contexto de los conflictos armados, los esfuerzos para mejorar la prevención se han visto limitados debido a los múltiples problemas vinculados a la securitización del discurso, la categorización de formas de daño, el enfoque en respuestas legalistas y militaristas, y la existencia de puntos ciegos en el discurso.
Este artículo planteará, inicialmente, una breve reseña de las principales características y aportes de la narrativa VS como arma de guerra, y cómo se ha relacionado con la ocurrencia y prevención de crímenes atroces. En segundo lugar, se discutirán las principales críticas que se hacen a la VS como arma de guerra y por qué esta narrativa no contribuye significativamente a la prevención de la comisión de crímenes atroces basados en género, desde tres aspectos principales: el problema de estar enfocado solo en la promoción de la rendición de cuentas, la categorización del daño y la securitización de VS en el marco de conflictos armados y, finalmente, algunos de los puntos ciegos presentes en esta narrativa. Finalmente, se dará una breve conclusión sobre los puntos principales discutidos en el texto.
Metodología
Este artículo responde a una investigación sociojurídica que fue desarrollada bajo un enfoque cualitativo en el que, mediante un diseño no experimental de alcance descriptivo, se llevó a cabo una revisión bibliográfica sobre los aspectos problemáticos de la narrativa VS como arma de guerra respecto a su relación con la prevención de crímenes atroces. Para tal fin, se implementó una matriz de revisión documental basada en un diseño bibliométrico, que permitió la sistematización de las fuentes primarias y secundarias consultadas. A partir de esta, se desarrolló un análisis de contenido y codificación de las tres categorías de análisis utilizadas para la investigación: violencia sexual como arma de guerra, prevención de crímenes atroces y violencia de género.
En cuanto a la elección de estas categorías, se tuvieron en cuenta los resultados de la matriz de revisión documental, la cual permitió su identificación tras la revisión de antecedentes y la organización de la información por unidades de análisis. Por ende, las categorías se determinaron a partir de los ejes conceptuales de la investigación, considerando aspectos desarrollados en el campo de las relaciones internacionales desde el feminismo, el derecho penal internacional y los estudios de género.
El método hermenéutico guio el análisis de la información consultada, mediante la interpretación de las fuentes, en aras de lograr la identificación de aspectos centrales útiles para la investigación. Además, la revisión documental partió del uso de patrones de búsqueda en bases de datos especializadas, por suscripción y de acceso libre, utilizando conectores lógicos que facilitaran la depuración de la información, buscando la identificación de similitudes y diferencias en la literatura especializada consultada para lograr un análisis general del fenómeno.
Por último, es necesario agregar que este artículo pretende aportar en el enriquecimiento del debate académico y científico sobre la narrativa VS como arma de guerra, por lo cual, la revisión bibliográfica fue la técnica que se consideró más apropiada para operacionalizar las categorías de análisis e identificar en la literatura académica los aportes y desafíos de dicha narrativa para la prevención de crímenes atroces. En suma, la revisión bibliográfica permitió comprender el fenómeno estudiado al posibilitar la contrastación de la información existente: las variaciones presentes en la literatura, las características o dimensiones del problema abordado, y las limitaciones existentes a partir de los desarrollos presentes en dicha temática.
La violencia sexual como arma de guerra: una breve reseña sobre sus aportes
Una proporción significativa de los conflictos contemporáneos se caracteriza por el ataque directo a civiles, muchas veces existiendo una línea borrosa entre civiles y combatientes, lo cual favorece la destrucción deliberada de infraestructura y los medios de vida y sustento más básicos (Cohn, 2013), y donde frecuentemente se impacta de manera grave la seguridad humana de mujeres y niñas. Dado lo anterior, el género es utilizado como base para los sistemas de discriminación relativos a la atención de víctimas (Robinson; Hudson; Brookman, 2008) y comisión de crímenes atroces asociados al uso de VS (Cohn, 2013). La vulnerabilidad de mujeres y niñas aumenta frente al uso sistemático de la VS como arma de guerra en la búsqueda de objetivos militares o políticos.
Como resultado, la VS como arma de guerra se ha desplegado en diferentes conflictos como un mecanismo de limpieza étnica o una forma de causar daño al enemigo. En esta línea, True (2012) afirma que el objetivo principal es oprimir a las minorías o a los rivales mediante el uso sistemático de la VS como arma de guerra. Ejemplos de este uso se han presentado en contextos como el de Bosnia, República Democrática del Congo, Ruanda, Darfur, Sierra Leona, Irak, Siria y, más recientemente, Etiopía.
En el caso de Siria, los episodios de violencia sexual sistemática se generaron contra la población Yazidí por parte de Estado Islámico, en un escenario de limpieza étnica que, adicional a otras dinámicas de dicho conflicto, conllevó a la apropiación de la narrativa VS como arma de guerra (Lokot, 2019) en el léxico utilizado desde organismos humanitarios. También, en sucesos como la intervención militar en Libia, esta narrativa ha sido utilizada como parte de los elementos discursivos que han llevado a legitimar escenarios de intervención militar (Kolmasova; Krulisova, 2018). Con respecto al conflicto armado en Perú se resalta el caso Manta y Vilca, en el que la Comisión de la Verdad y Reconciliación (2003) y la Fiscalía determinaron la ocurrencia de violencia sexual generalizada y sistemática por parte de agentes del Estado entre 1980 y el año 2000 contra poblaciones aledañas, bajo la sospecha de pertenencia o afinidad con las guerrillas Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, apelando a la violación como el principal método de VS, y recurriendo a embarazos forzados, esclavitud sexual y prostitución forzada (Ríos; Brocate, 2017). En casos como el de Guatemala, la VS fue perpetrada de forma sistemática por parte de agentes estatales, con una intencionalidad política sobre las mujeres, con fines de destruir, desde una perspectiva biológica y sociocultural, al pueblo maya (Fulchiron, 2016).
En el caso de Colombia, la Comisión de la Verdad (2022) ha resaltado los efectos del uso sistemático de la VSG en el marco del conflicto armado, logrando documentar 32.446 casos de vulneraciones contra la libertad e integridad sexual, en los cuales el 92 % de las víctimas fueron mujeres y niñas, y el mayor registro de casos se presentó entre 1997 y 2005. Adicional, se resalta que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mediante el Auto núm. 03 de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR) (2023), que es correspondiente con el Auto de Determinación de Hechos y Conductas en el Caso 021, imputó a 15 exintegrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) por prácticas que conllevaron a ejercer VSG como un mecanismo de control territorial, direccionado a regular el comportamiento de la población mediante la imposición de roles de género enmarcados en una perspectiva patriarcal y heteronormativa (Auto núm. 03, 2023) y que conllevó a la naturalización de la violencia sexual (JEP, 2023).
De igual forma, la VSG ha sido ampliamente utilizada como mecanismo de explotación transaccional, lo que responde directamente a construcciones de género relacionadas con la hipermasculinización de los militares y cómo las mujeres son percibidas como objetos de deseo. Además, la vulnerabilidad de ellas a la explotación también se ve incrementada por el abuso sexual por parte de actores en posiciones de poder, incluidos aquellos que tienen la responsabilidad de proteger, como sucedió en el caso Sepur Zarco en Guatemala, en donde se determinó el uso de la violencia sexual como delito de lesa humanidad (Ríos; Brocate, 2017).
El aspecto inicial a considerar y comprender es que la narrativa VS como arma de guerra proporciona una forma de articular la naturaleza sistemática de esta violencia en tiempos de guerra, incluyéndola como parte integral del conflicto armado y no como un elemento incidental (Buss, 2009). El componente sistemático y estratégico se refiere a patrones de violencia regulares, instrumentalizados para lograr objetivos políticos más amplios por parte de los actores en conflicto. Diken y Laustsen (2005) explican que el objetivo principal del uso instrumental de la violación como arma de guerra es infligir traumas y daños psicosociales, que intentan destruir los lazos familiares y la solidaridad comunitaria dentro del grupo considerado como enemigo.
De manera similar, Baaz y Stern (2013) sostienen que los perpetradores se valen consciente e intencionalmente de la violación como arma de guerra para infligir degradación social, y humillar a las víctimas y sus comunidades. Como consecuencia, bajo esta narrativa, la violación pasa de ser un efecto secundario de la guerra, guiada por la naturaleza y los impulsos privados y personalizados de los perpetradores, a un aspecto central de la misma, considerada un crimen guiado por elecciones racionales sistemáticas que conduce al logro de objetivos sociales, políticos o metas estratégicas en el ámbito militar (Baaz; Stern, 2013).
Dicho lo anterior, la función fundamental de la VS como arma de guerra es exhibir, comunicar y producir dominio sobre un individuo o grupo (Card, 1996). Este dominio se ejerce mediante el uso de los cuerpos de las víctimas para enviar un mensaje y comunicar un significado social simbólico, relacionado con la eliminación del control sobre lo que se considera como sujeto de protección que, bajo esta narrativa, se asocia principalmente con los cuerpos de las mujeres y niñas.
En ese sentido, el uso sistemático y planificado de la violación en tiempos de guerra ha sido considerado en la literatura como parte integral de las campañas de limpieza étnica y genocidio, relacionadas con la búsqueda de resultados políticos o militares y, a pesar de que la violación como arma de guerra no es un concepto legal, ha ganado relevancia desde que el TPIR lo utilizó para enjuiciar la ocurrencia sistemática y estratégica de VS (Buss, 2009), al igual que sucedió Perú y Guatemala (Boesten, 2021; Ríos; Brocate, 2017), y se discute en Colombia (Comisión de la Verdad, 2022; JEP, 2023). Por lo tanto, la violación y otras formas de VS han sido consideradas como un daño físico y mental grave y, pese a no estar incluidas en la Convención sobre Genocidio, fue el TPIR quien determinó que la violación y la mutilación sexual también hacían parte de un acto de genocidio, siempre y cuando se ejercieran con la intención necesaria y orientada hacia dicho fin, y que la violación es un crimen de lesa humanidad (“The Prosecutor vs. Jean-Paul Akayesu...”, 2001).
La ONU ha considerado que la violación en tiempos de guerra es una táctica militar que sirve como herramienta para humillar y desmoralizar a nivel individual, separar y fragmentar familias y devastar comunidades (Resolución 1820, 2008; ONU, 2007), lo cual requiere que este fenómeno sea comprendido como algo que no es solo producto de tropas indisciplinadas, sino que implica un grado de estrategia y planeación (Wachala, 2012). De esta manera, la VS como arma de guerra se ha establecido como el discurso dominante para entender las dinámicas tendientes a prevenir y mitigar la VS en conflictos armados. Dicho discurso gira en torno a cuatro puntos nodales.
En primer lugar, se fundamenta en la idea de la utilización de la VS como estrategia, lo que implica que es intencional y conlleva una racionalidad determinada a causar un daño o resultados específicos (Baaz; Stern, 2013). A pesar de que en la literatura se pueden encontrar diferentes términos sobre las tipologías o nombres que recibe esta narrativa -táctica de guerra, arma de guerra, estrategia de guerra-, hay diferencias menores en cuanto a su caracterización y conceptualización en términos de su significado y alcance discursivo. Conviene subrayar que el carácter y efecto estratégico reviste un elemento fundamental, a partir de la sistematicidad que implica la VS como arma de guerra, lo cual implica que se enfoque en la reafirmación de masculinidades militarizadas y en poner en el centro al perpetrador, teniendo en cuenta sus motivaciones y objetivos (Skjelsbaek, 2012).
El carácter estratégico no implica necesariamente que la VS como arma de guerra dependa exclusivamente del cumplimiento de órdenes, sino que también puede generarse a partir de intereses implícitos o de la promoción de esta práctica para que sirva a intereses de un actor determinado (Card, 1996; Isikozlu; Millard, 2010; Skjelsbaek, 2001). Es decir, que se direcciona, principalmente, a que uno o varios actores armados alcancen objetivos políticos o militares (Baaz; Stern, 2013), sirviendo a fines que faciliten el obtener ventajas desde el ámbito psicológico para los perpetradores; y producir un daño colectivo al adversario, infligiendo un perjuicio a poblaciones con una alta relevancia simbólica (Skjel- sbaek, 2010; 2012). En definitiva, puede darse en persecución de varios objetivos que inciden en dirimir simbolismos patriarcales que plantean una relación de poder vertical, siendo el cuerpo de la mujer un medio para transmitir el mensaje de dominación y humillación (Petróngolo, 2021; Villellas-Ariño, 2010).
En segundo lugar, el género juega un papel decisivo en esta narrativa desde la perspectiva de a quién se considera como víctima o como agresor. La ONU, en diversos documentos (2007; 2014) y resoluciones del CSNU (2000; 2008; 2013), contempla a las mujeres y niñas como el principal foco poblacional o sujeto pasivo de la VS como arma de guerra, lo que implica una feminización del daño al plantear que dicha violencia se ejerce como un mecanismo de control, humillación y poder, bajo una mirada patriarcal, que se extrapola a un contexto de falta de imperio de la ley y persecución de objetivos políticos y militares que basa el daño en la victimización de la mujer (Baaz; Stern, 2013). De igual forma, en esta narrativa se asume que el perpetrador responde a una noción de sujetos comprendidos bajo una mirada o perspectiva de masculinidades militarizadas que persigue una razón estratégica.
Es así como la dimensión de género tiene un papel relevante en la medida que la consideración del cuerpo de las mujeres se aborda desde una dimensión colectiva e individual, asociada a la idea de propiedad y cosificación, y con una finalidad de represión política y disputa militar que tiene la capacidad de destruir o perturbar al adversario (Aguilar; Fulchiron, 2000; Villellas-Ariño, 2010). Además, las consecuencias de estos abusos se pueden evidenciar en el ámbito psicológico, siendo distintos los efectos para el hombre y para la mujer a la luz de esta narrativa puesto que, en el caso de un hombre, este tipo de abusos destruye su masculinidad, y desde una óptica violenta se ve feminizado, mientras que, en la mujer, refuerza la concepción de ser objeto para los hombres (Maldonado-Garay, 2019).
En tercer lugar, la idea de culpabilidad ha tenido un rol fundamental en esta narrativa, a partir de la noción establecida en el TPIY y el TPIR. Dentro de esta noción de culpabilidad, se genera una intersección en la valoración de aspectos relacionados con la intencionalidad, propósitos, control y daño producidos por la violación como arma de guerra, lo cual implica que, quienes sean responsables, deben ser penalizados. Así mismo, esta va más allá de la comprensión de la violación como un acto asociado al propósito individual o satisfacción de necesidades sexuales del perpetrador, considerando la interrelación entre formas estratégicas de ejercer un control social o político, ligadas con la racionalidad del perpetrador para cometer un crimen de guerra o de lesa humanidad y ser, eventualmente, responsable por el mismo (Baaz; Stern, 2013).
En cuarto lugar, la idea de que la VS como arma de guerra puede ser evitable es uno de los elementos fundamentales de esta narrativa, ya que condiciona la noción de responsabilidad de los actores desde una perspectiva legal, moral y de construcción de política. Dicha noción se enfoca en que la prevención depende, en gran medida, del reforzamiento del Estado liberal, fundamentado en un aparato estatal que pueda garantizar el imperio de la ley, teniendo la capacidad de reformarse y actuar para penalizar y responsabilizar a los perpetradores de crímenes atroces.
Sin embargo, la violación como arma de guerra ha sido ampliamente criticada a partir de la omisión o poca atención prestada al hecho de que la desigualdad de género constituye una causa fundamental de la VSG, tanto en tiempos de guerra como de paz (Aroussi, 2016). En esta medida, el principal problema de la narrativa es que oscurece el hecho de que la VSG en algunos países o regiones devastados por la guerra, no es solo una estrategia militar, sino una realidad que enfrentan mujeres, niñas, hombres y niños en su vida cotidiana (Aroussi, 2016). A propósito de esto, Seelinger y Wood (2021) y Wood (2020) plantean que la VS más que un arma de guerra es una práctica, lo que implica que, a pesar de que pueda ser frecuente, no necesariamente hace parte de una política organizacional de un actor armado. Esto quiere decir que es promovida desde la base -desde abajo- de una estructura armada y, aunque no es adoptada por la comandancia de un grupo armado, esta tampoco se prohíbe o previene eficazmente, generando dinámicas relativas a la violación oportunista (Wood, 2020).
Para Seelinger y Wood (2021), lo anterior puede explicarse en dos sentidos: primero, que sea una práctica significa que está más arraigada a la continuidad de dinámicas sociales referentes al género que se expresan en los combatientes, partiendo de escenarios de tolerancia por parte de superiores o del oportunismo individual, que se trasladan en dinámicas asociadas a la jerarquía de género. Esto requiere comprender cómo funciona el continuum de las violencias que plantea Cockburn (2014) desde una mirada interseccional y estructuras de poder asociadas al género (Krause, 2015).
Segundo, la VS como práctica de guerra puede manifestarse como un proceso de socialización de la organización armada que se desarrolla con la materialización de normas y jerarquías de género al interior de su estructura (Seelinger; Wood, 2021). Eso conlleva a procesos sociales horizontales que tienden a generar una acomodación del combatiente a las expectativas y comportamientos de sus compañeros, transformando las inclinaciones y creencias individuales para dar paso a las grupales (Cohen, 2013; 2016; 2017; Nagel, 2021; Winslow, 1999). Estos procesos pueden ser lo suficientemente potentes para anular la disciplina de grupos que organizacionalmente no apelan o prohíben la VS como un medio para hacer la guerra.
Esta crítica tiene una relación directa con la valoración de si realmente la VS en contextos de comisión de crímenes atroces responde a patrones sistemáticos u oportunistas de violencia lo cual, desde el punto de vista de las implicaciones legales, marca una notoria diferencia en cuanto a la valoración de la previsibilidad, perduración, complicidad, responsabilidad de mando, planeación y prevención de las conductas por parte de combatientes. Generalmente, los enjuiciamientos por delitos internacionales se han enfocado en aquellos cometidos como parte de una política. No obstante, es fundamental considerar los actos sexuales que, pese a no ser ordenados ni autorizados, han sido tolerados por los comandantes e incentivados por las dinámicas sociales y jerarquías de género vigentes en la organización. Lo anterior tiene una relación con el continuum de las violencias que se asocia a la persistencia de estereotipos que reproducen la violencia de género que se da en la cotidianidad, y la extrapolan a contextos de conflicto armado (Cockburn, 2004). Es decir, que existe una línea de continuidad entre las manifestaciones y formas de violencia de género entre fases de paz y de conflicto, que conlleva a la posibilidad de establecer conexiones con el ciclo que regula la violencia relacionada a dinámicas patriarcales (Kostovicova; Bojicic-Dzelilovic; Henry, 2020).
Adicional, uno de los desafíos más importantes que plantean Sellinger y Wood (2021), respecto a la persecución penal de la VS como crimen internacional, se relaciona con la baja tasa de registro y material probatorio que establezca que esta ocurrió masivamente, como una consecuencia directa de una orden o autorización expresa de una comandancia, producto de la tolerancia frente este fenómeno. A pesar de lo anterior, hay que tener en cuenta que la violación como estrategia inmediata (Wood, 2009; 2014; 2018) o como política organizativa también se puede presentar bajo un razonamiento ligado a fines no taxativamente militares, sino como una forma de regulación de la vida sexual y reproductiva de una población específica, como en el caso de las FARC-EP en Colombia (Comisión de la Verdad, 2022); algunas expresiones de violencia manifestadas en el caso Sepur Zarco en Guatemala (Ríos; Brocate, 2017), por medio de la limitación de derechos sexuales y reproductivos; o como una forma de recompensa a combatientes que se manifiesta en dinámicas de esclavitud sexual, como el caso de mujeres y niñas yazidí por parte de Estado Islámico en Irak, y en Siria por parte de grupos extremistas (Banwell, 2018; Sellinger; Wood, 2021).
La discusión radica entonces, y en ello se centra fundamentalmente la narrativa estudiada, en lograr identificar en el marco de un conflicto armado si se materializa una violencia política sexual o un fenómeno de VS (Maldonado-Garay, 2019), entendiendo la primera como aquella violencia instituida como un cuerpo político institucional, toda vez que es una herramienta para ejercer un control político sobre un individuo o colectivo, en aras de lograr un fin o un efecto social; y la segunda como aquella que se da en el ámbito privado como una manifestación del poder patriarcal.
Por ende, la VS como práctica también podría ser catalogada como una manera de persecución, considerada como crimen de lesa humanidad. Esto puesto que la persecución implica una privación o violación de los derechos humanos, incentivada por creencias, raza, nacionalidad, origen étnico de un individuo o grupo poblacional. Al respecto, el Estatuto de Roma (1998) consagra la persecución por motivos de género (artículo 7.1., literales g y h) y, por tanto, los actos de VS pueden ser considerados como un crimen de lesa humanidad, si se configuraron los requisitos relacionados con que el autor directo actuó con la intención de generar un daño, a partir de una discriminación causada por motivos de género, raciales, culturales, religiosos, nacionales, étnicos o políticos, que incidan en la formación identitaria del sujeto pasivo de los crímenes cometidos.
Así, la violación como arma de guerra ha sido un concepto central para discutir las consecuencias de los delitos de VS en contextos de conflicto armado, que ha generado el abordaje de esta violencia como un problema para la paz y la seguridad internacional. A pesar de algunos avances, también ha traído consigo impactos notorios que no contribuyen a la prevención de crímenes atroces basados en género de manera significativa. Para ilustrar esto, se describirán y analizarán las tres limitaciones y críticas más importantes hacia esta narrativa.
Problemas y limitaciones de la violencia sexual como arma de guerra para prevenir la comisión de crímenes atroces basados en género
Las dificultades de centrarse únicamente en el problema de la impunidad
Uno de los principales problemas de la narrativa VS como arma de guerra es que considera la impunidad como la causa central de la VS en tiempos de guerra. Según Cohen (2016), esta suposición significa una visión simplista sobre el tema al sugerir que la solución es mejorar los sistemas de rendición de cuentas para responsabilizar a los perpetradores como una estrategia disuasoria.
En este sentido, existen dos limitaciones centrales. En primer lugar, Cohen (2016) cuestiona la practicidad de los juicios penales y sus altos costos en términos de tiempo y recursos, con respecto a cómo pueden contribuir a prevenir los crímenes atroces basados en género. Por esto, un problema significativo de la violación como arma de guerra está relacionado con la identificación clara de patrones estratégicos para identificar cuándo la violación en tiempos de guerra ocurre como un crimen oportunista o cuándo hay una falta de órdenes, incitación al odio y acciones de recompensa o sanción por cometer actos de VS (Card, 1996).
La comprobación de actuaciones sistemáticas es lenta, y presenta limitaciones como el subregistro, el desconocimiento por parte de las víctimas de los mecanismos de atención, y la falta de capacidad para encontrar pruebas. Un ejemplo de este argumento lo señala Kitharidis (2015) cuando explica que la ausencia de recursos y capacidad humana en los sistemas judiciales, como el de la República Democrática del Congo (RDC), han constituido barreras estructurales que exacerban la impunidad y contribuyen a la ocurrencia de delitos generalizados de VS y por motivos de género, relacionados con los conflictos armados que se presentan en ese país. Similarmente, Aroussi (2016) sostiene que los esfuerzos fallidos, y en su mayoría superficiales, del Gobierno de la RDC para abordar la impunidad de la VS responden a la falta de financiamiento, capacidad humana y recursos presentes en los poderes judiciales y policiales, y de unidades para realizar investigaciones. Este problema, más la presencia de asuntos estructurales como infraestructura deficiente, corrupción y un sistema penitenciario disfuncional, contribuye a la ineficacia de las respuestas del gobierno de la RDC para combatir los crímenes atroces relacionados con VSG.
Como consecuencia, es poco probable que la Corte Penal Internacional (CPI) o los tribunales nacionales procesen a los perpetradores cuando no hay pruebas de que se produjeron violaciones generalizadas en ausencia de órdenes directas de los comandantes de un grupo armado (Cohen, 2016). Considerando que la CPI se centra principalmente en los máximos responsables de crímenes atroces, el argumento de disuadir la comisión de crímenes atroces basados en género mediante el enjuiciamiento en un tribunal penal internacional, deja un vacío sobre la responsabilidad de los combatientes de rango medio o bajo, y de los civiles que cometieron dichos crímenes en el contexto de un conflicto armado.
Cohen (2012) sostiene que, a pesar de que la doctrina de la responsabilidad del mando responsabiliza a los comandantes que no logran prevenir atrocidades masivas, centrarse únicamente en los mecanismos de rendición de cuentas no contribuye de manera importante a prevenir las atrocidades basadas en el género en contextos donde los grupos armados no tienen una fuerte cohesión o estructura de mando, o donde el uso de la violación como arma de guerra no está claramente identificada con los objetivos y accionar de dicho grupo. Consecuentemente, la VS como arma de guerra se limita a analizar las motivaciones que articulan la actuación de los combatientes para cometer la violación cuando existen objetivos estratégicos o tácticos, pero no responde a otros escenarios donde se presentan líneas grises o poco claras sobre la responsabilidad de mando.
En segundo lugar, aunque el fortalecimiento y la asistencia a los Estados en la promoción del Estado de derecho (incluida la mejora de los mecanismos de rendición de cuentas y los sistemas de justicia) es un objetivo central de la comunidad internacional, como una forma de prevención estructural en regiones afectadas por la guerra, la prevención de crímenes atroces basados en género es poco probable mediante el enjuiciamiento y la disuasión, pues no aborda los impulsores y las causas profundas de la VSG a nivel social.
No obstante, se debe considerar que la narrativa VS como arma de guerra se ha convertido en un punto de encuentro en la comunidad internacional para el reconocimiento legal de este fenómeno, y la comprensión sobre la manera en que se desarrolla esta violencia como una estrategia sistemática de guerra, tanto en esferas legales como no legales (Lokot, 2019). Esto ha llevado a que se comprenda que las respuestas judiciales nacionales en casos de infracciones al Derecho Internacional Humanitario relacionadas con VS deben tener en cuenta los precedentes internacionales en materia de juzgamiento y sanción de crímenes atroces, asociados al uso de la VS en contextos de conflicto armado.
A criterio de los autores de este artículo, los procedimientos judiciales son necesarios y deseables, pero no generan dinámicas transformativas en términos de justicia de género ni prevención de nuevos crímenes atroces, a menos que estén acompañadas de estrategias asociadas con la reparación de las víctimas, la rendición de cuentas más allá de una visión meramente punitiva, y la deconstrucción de jerarquías de género. Al respecto, Boesten (2021) plantea que las cortes nacionales tienen el potencial de generar efectos transformadores en las víctimas y sus familias, a partir del uso de prácticas judiciales adecuadas para atender casos de VS ocurrida en el marco de un conflicto armado, las cuales deben responder al contexto local sin dejar de aplicar los estándares internacionales para la investigación. Además, resalta que este balance entre los escenarios locales y los estándares internacionales produjo resultados transformativos en el caso Sepur Zarco en Guatemala, gracias a la búsqueda de la no revictimización y no retraumatización de las víctimas, pero en el caso Manta y Vilca en Perú no se lograron dichos efectos orientados hacia la transformación, como consecuencia de prácticas judiciales no centradas en la víctima y que permitieron la reproducción de estereotipos y jerarquías de género.
El problema está fuertemente relacionado con la forma en que los mecanismos de rendición de cuentas, basados en los parámetros occidentales de justicia respecto al enjuiciamiento de los perpetradores, no consideran las debilidades estructurales de los poderes judiciales en los Estados devastados por la guerra, y no abordan las dinámicas sociales y los desequilibrios de poder que contribuyen a la ocurrencia de crímenes atroces basados en género, las dificultades para solucionar las causas fundamentales de la VSG, y las necesidades de las víctimas (Aroussi, 2016; Cohen, 2016; Kitharidis, 2015). Por lo tanto, al centrarse únicamente en mejorar la rendición de cuentas, la disuasión de futuros perpetradores es poco probable.
Considerando las limitaciones mencionadas anteriormente, enmarcar la VS como arma de guerra desde una óptica en la que se concibe exclusivamente como un problema de paz y seguridad internacional, ha producido abordajes desde enfoques legalistas y militaristas que dejan por fuera el análisis de la desigualdad de género que conduce a esta problemática.
Categorización de víctimas, formas de daño y la securitización de violencia sexual ocurrida en el marco de conflictos armados
El segundo problema de esta narrativa está relacionado con el aislamiento conceptual de la violación como arma de guerra de otros tipos de violencia de género que se presentan antes, durante y después del conflicto armado, y cómo produce una marginación de estos en marcos preventivos (Crawford, 2013; Lokot, 2019). El énfasis en enmarcar la violación como un arma de guerra crea problemas significativos para el reconocimiento de otras formas de violencia de género relacionadas con el conflicto, la asistencia a las víctimas en función del delito que han experimentado, y la percepción de mujeres como víctimas y hombres como perpetradores (Crawford, 2013). Esto se relaciona con la situación en la que el acceso a la justicia por parte de las víctimas depende de su experiencia o del hecho victimizante de VS, creando una categorización del dolor en la que otras formas de violencia no son consideradas tan relevantes como la violación. Lo anterior produce una jerarquía entre daño sexual militarizado y no militarizado, daño sexual y no sexual, y, en muchos casos, entre hombres y mujeres víctimas (Aroussi, 2016).
Aroussi (2016) expresa que esta categorización de daños y víctimas está presente en la Resolución 1820 (2008) al exigir la evacuación de mujeres y niños bajo amenaza inminente de VS, sin incluir la evacuación de poblaciones vulnerables frente a otras formas de violencia, o la evacuación de hombres que enfrentan peligro de VS. Asimismo, las resoluciones de la agenda Mujeres, Paz y Seguridad contribuyen a la distinción jerárquica entre víctimas de VS como estrategia de guerra y otras víctimas de violencia no sexual, especialmente en lo que se refiere a la prioridad otorgada a las víctimas de delitos de VS relacionada con el conflicto para la búsqueda de responsabilidad penal (Aroussi, 2016). En términos de Banwell (2018), lo que se ha venido presentando responde a la creciente securitización de esta narrativa, dejando como secuela la marginalización de otras formas de violencia de género de carácter estructural, asociadas a las comprensiones patriarcales de los roles de género que se potencian por la situación humanitaria propia del conflicto armado.
Dicha categorización ignora el impacto de la VS fuera del conflicto, como la cometida por parejas íntimas o civiles, lo que ha implicado que la VS por fuera de un contexto de guerra aparezca como una cuestión apolítica y menos provocativa (Lokot, 2019; Mibenge, 2013) para generar respuestas a víctimas de violencia sexual (Kolmasova; Krulisova, 2018), reconociendo la incidencia de la desigualdad de género como un elemento estructural que modela la ocurrencia de la VSG. Al respecto, Davies y True (2015) sostienen que la narrativa VS como arma de guerra invisibiliza el carácter político que tiene la VSG en sí misma, y como fenómeno más amplio, al estar mediada por relaciones de poder asimétricas preexistentes, margina a otras víctimas de VS que no encajan en dicha narrativa (Kolmasova; Krulisova, 2018), pero que se ven afectadas por la existencia de estas relaciones que tienden a exacerbarse en contextos de conflicto armado. Considerando lo anterior, esta narrativa ignora el fenómeno social detrás de la violación en tiempos de guerra y, por ende, omite el continuum de las violencias, enmarcándolo como una cuestión meramente militar y estratégica. Por lo tanto, la priorización de la violación en el discurso internacional para combatir crímenes atroces de VSG ha ampliado la estigmatización que rodea a esta problemática, oscureciendo los efectos generalizados de otros delitos en las víctimas.
En relación con esto, Baaz y Stern (2009) explican cómo las dinámicas sociales y económicas juegan un papel importante en condicionar el comportamiento de los combatientes en lo que respecta al uso de la violación que, según ellas, puede ser “lujuriosa” o “malvada” (Baaz; Stern, 2009: 509-510). La lujuria sexual está ligada a la satisfacción y liberación de la tensión sexual por parte de los combatientes para normalizar sus comportamientos sexuales como consecuencia de la falta de organización en sus funciones militares, teniendo un carácter más oportunista y que no se presenta como algo moralmente malo desde la perspectiva del perpetrador. En contraste, las violaciones “malvadas” incluyen una desvinculación moral y un alto nivel de brutalidad motivados por el deseo de humillar a las personas. Las autoras identificaron la frustración, las nociones fallidas del luchador sexualmente potente, y la naturaleza de la guerra como los principales impulsores de este tipo de violación, que puede estar vinculado a la comisión de crímenes atroces de VSG, ya que se identifica como una forma de destruir y humillar al otro, siendo un acto performativo utilizado para reconstituir la masculinidad de los combatientes (Baaz; Stern, 2009).
Sin embargo, y considerando la diferenciación de Baaz y Stern (2009), se puede concluir que la VS como arma de guerra ofrece una forma reduccionista de entender la VS relacionada con un conflicto al generalizar su ocurrencia como parte de una estrategia de guerra, principalmente porque no considera las diferentes motivaciones y dinámicas vinculadas a una masculinidad y heterosexualidad militarizadas, presente en las lógicas utilizadas por los perpetradores. Considerando lo anterior, Menzel y Tschörner (2023) argumentan que los intentos para modificar la comprensión limitada de la narrativa VS como arma de guerra, respecto a la omisión de otras dinámicas que inciden directamente en la continuidad de estas expresiones violentas, han generado una reafirmación de esta narrativa al buscar reestructurarla. En ese sentido, se han reafirmado comprensiones asociadas a que contextos de conflicto armado conllevan a la brutalización de la sociedad, producto de las secuelas de la violencia y la reacomodación de los límites morales (Porter, 2019), generando que la guerra siga siendo la principal causa explicativa de la violencia sexual, incluso ya superada la etapa de conflicto armado.
Por su parte, Elisabeth Wood (2014) argumenta que la variación en los patrones de VS en conflicto responde a las diversas dinámicas internas de los grupos armados, enfatizando cómo la influencia de las ideologías, los mecanismos disciplinarios internos y el tipo de adoctrinamiento dentro de las organizaciones armadas, juegan un papel crucial en la determinación de la ocurrencia de esta violencia en los conflictos. Así, la violación es más frecuentemente una práctica de guerra que una estrategia que se utiliza para crear cohesión interna o para compensar a los combatientes (Sellinger; Wood, 2021; Wood, 2014; 2019). Como consecuencia, algunos de estos grupos pueden involucrar la VSG como parte de su repertorio violento, pero otros no lo hacen, desafiando la suposición común dentro de la narrativa de la VS como arma de guerra de que es una situación inherente al conflicto armado.
Mackenzie (2012) analiza una explicación de este último punto y argumenta que la securitización de la VS es limitada en alcance, al considerar la importancia de las relaciones y normas arraigadas en los supuestos patriarcales y las jerarquías de poder institucionalizadas dentro de un país o sociedad afectado por la guerra. Al respecto, Meger (2016) plantea que el enfoque de seguridad de la VS ha producido una fetichización que oscurece las causas profundas de la VSG al ignorar, o hacer menos visibles, las formas de violencia no sexual que afectan profundamente a las víctimas, tales como muerte, destrucción de propiedad, desplazamiento, condiciones laborales desiguales, discriminación económica, entre otros. Esta fetichización no ha ayudado a avanzar en la prevención respecto a la comisión de crímenes atroces basados en género, al descontextualizar las relaciones de poder, la desigualdad de género y la continuidad de la violencia, constitutivas de la VSG (Meger, 2016). Al ignorar esto, la narrativa VS como arma de guerra no distingue la violación cometida en el marco de la ocurrencia de crímenes atroces basados en género, de la violación cotidiana, lo que provoca la normalización de esta última (Meger, 2016). Efecto de lo anterior, la securitización de la VS, especialmente la violación, ha socavado los esfuerzos para abordar y prevenir la comisión de crímenes atroces basados en género.
Como parte de la promoción de actividades de paz relacionadas con el abordaje de la VS como arma de guerra, la ONU (2014) considera que la creciente participación de mujeres en las misiones de paz puede incentivar la denuncia de delitos sexuales por parte de las mujeres locales, contribuyendo a la prevención y reporte de nuevos episodios de violencia de género desde tres perspectivas.
En primer lugar, Bridges y Horsfall (2009) sostienen que un número representativo de mujeres en dichas misiones es útil para combatir y prevenir las conductas sexuales inapropiadas y los abusos perpetrados por sus homólogos masculinos. Autores como Simic (2010), Pruitt (2016) y Bellamy y Williams (2010) han señalado que esto tiene efectos positivos en el combate y la prevención de la VSG por parte de las fuerzas de mantenimiento de la paz, específicamente a través de la disminución de prostíbulos cercanos a los campamentos de las misiones, la disminución de los casos relacionados con abuso sexual, y la reducción de las tasas de niños y niñas abandonados por los hombres pertenecientes a las misiones después de completar su estancia.
En segundo lugar, teniendo en cuenta la importancia y las consecuencias de las operaciones de mantenimiento de la paz sobre el terreno, un mayor número de mujeres y una fuerza representativa de ambos géneros favorece la eficacia operativa de las misiones. Pruitt (2013; 2016) y la ONU (2014) explican que la presencia de las mujeres en este ámbito fomenta la participación de las mujeres locales en las fuerzas de seguridad, sirviendo como modelos a seguir, lo que, eventualmente, es beneficioso para la transición de la guerra a la paz, y el apoyo al trabajo de seguridad realizado por las operaciones de mantenimiento de la paz.
En tercer lugar, Bridges y Horsfall (2009) argumentan que una mayor proporción de mujeres en el personal militar genera confianza y mejora la reputación de las fuerzas de mantenimiento de la paz entre las poblaciones locales. Al respecto, las mujeres de las misiones marcan la diferencia en cuanto a la mejora del acceso y apoyo de las mujeres locales, la reducción del conflicto y confrontación entre locales y personal de las misiones, y la presencia de un repertorio más amplio de habilidades y estilos disponibles de resolución de conflictos. Un ejemplo de esto lo plantea Bleckner (2013) cuando explica que las poblaciones locales se sentían más cómodas trabajando con equipos de policía civil formados por hombres y mujeres en misiones en Namibia (UNTAG), Sudáfrica (UNMOSA) y Ruanda (UNAMIR).
La lógica radica en que más mujeres pueden desempeñar un papel de disuasión para la comisión de conductas abusivas por parte de los hombres en misiones de paz (Karim; Beardsley, 2016). Bajo esta lógica, un mayor número de mujeres reduciría el número de infractores de VS, considerando que los hombres son el grupo predominante en la comisión de delitos sexuales.
Sin embargo, este último argumento es limitado considerando que las mujeres también pueden ser responsables de actos de VS. Simic (2014) explica que la suposición de que las fuerzas de paz con contingentes femeninos estarán predispuestas a empatizar con las mujeres locales, ayudándolas a abordar los problemas de VSG, ignora la diversidad de las fuerzas de paz y el papel que juegan otras jerarquías sobre ellas. Así, Simic (2014) critica la suposición de que las mujeres de las misiones de paz son mejores para tratar con las mujeres locales, argumentando que esta idea se basa en estereotipos de género, relacionados con la concepción de ellas como naturalmente sensibles y maternales, asunto que fortalece el estereotipo de que las mujeres son más pacíficas que los hombres y, por lo tanto, más adecuadas para promover actividades de paz. Al respecto, Pruitt (2013) indica que las mujeres normalmente no pueden participar en la denuncia de delitos sexuales, porque tienden a internalizar y aceptar comportamientos abusivos de sus contrapartes masculinas. Esto es resultado del marco militar masculino presente en las misiones de paz y las jerarquías existentes en los militares que están vinculadas a construcciones sociales basadas en el patriarcado.
En razón de lo anterior, cuando las mujeres pertenecientes a misiones de paz no toman medidas, se socava la confianza de las comunidades locales, lo que agrava el subregistro de los delitos de VSG (Pruitt, 2013) lo que conlleva a que este entorno hipermasculino es hostil para las mujeres, afectando y socavando su utilización óptima y su capacidad para infundir efectivamente un enfoque de género (Heinecken, 2015), y superar las dinámicas de securitización de la VS. En consecuencia, existen dos desafíos para superar dicha securitización.
En primer lugar, el fortalecimiento de las perspectivas sensibles al género en misiones de paz. Bellamy y Williams (2010) explican que es necesario mejorar los enfoques sensibles al género para evitar la participación de las fuerzas de mantenimiento de la paz en actos de violencia y explotación sexual de las poblaciones locales, argumentando que se debe ir más allá de consolidación de las normas de igualdad de género dentro de las misiones para lograr transformar de manera efectiva las causas subyacentes a este fenómeno.
En segundo lugar, la rendición de cuentas de los agresores sexuales por parte de los países contribuyentes de tropas a misiones de paz ayudaría a reducir su ocurrencia, lo cual para Burke (2014) y Bellamy y Williams (2010) es una de las tareas más difíciles respecto a la esfera de prevención. Lo anterior, dado que hay un alto grado de impunidad como consecuencia de que, normalmente, las tropas de países contribuyentes gozan de inmunidad, lo que implica que los sistemas de justicia del país donde está la misión no pueden perseguir penalmente a los infractores que hagan parte de esta, y se temen los efectos sobre la reputación de los países contribuyentes y su posible renuencia a seguir aportando tropas si se expone o nombra su responsabilidad a nivel internacional. Esto ocurre, incluso, considerando la implementación de la política de tolerancia cero de la ONU contra la violencia sexual por parte de personal de las misiones de paz, la cual también ha sido criticada por ser patriarcal al retratar a las mujeres como víctimas y a los hombres como protectores.
Finalmente, es necesaria una reconceptualización de las causas de la VS en los conflictos para abordar los impulsores inmediatos de la VSG (Meger, 2016). En esta línea, se requiere la desecuritización y repolitización de la VSG para modificar la lógica excepcional y excluyente de la seguridad, presente en las respuestas a la VS en el marco de un conflicto, a través de la narrativa VS como arma de guerra (Meger, 2016). Esto se puede superar buscando desmantelar dicha lógica que configura las relaciones sociales en torno a la VSG, lo que implica ir más allá de las dinámicas que producen narrativas que no ahondan en las causas y consecuencias de estas expresiones violentas, ni en las repercusiones que esto conlleva en materia de prevención para quienes deben ser protegidos y quienes son considerados potenciales perpetradores. El objetivo es superar los discursos que enmarcan algunas formas de VSG como más amenazantes que otras.
Puntos ciegos
El tercer problema identificado dentro de la narrativa de la VS como arma de guerra es la existencia de puntos ciegos. En relación con esto, Dolan (2014) explica que la atención puesta por la Resolución 1325 (2000) del CSNU, sobre la VSG experimentada por mujeres en conflictos armados, ha oscurecido y fallado en responder a la ocurrencia de crímenes atroces relacionados con VS contra hombres y niños, generando una reticencia sistemática a reconocer esta violencia como una consecuencia de un discurso patriarcal “vestido con ropaje feminista” que ha contribuido a silenciar esta realidad (Dolan, 2014).
Esto se vincula con la categorización de víctimas y del dolor discutidas anteriormente, considerando que las víctimas masculinas no suelen contar con apoyo para la supervivencia, aun cuando estos delitos afectan e intersectan su vida familiar, conyugal y social (Christian; Safari; Ramazani; Burnham; Glass, 2012; Dolan, 2014). En ese sentido, Carpenter (2006) y Dolan (2014) destacan cómo la negativa a contemplar los efectos de la VS contra hombres y niños es una consecuencia de los binarios de género, construidos culturalmente con respecto al papel de los hombres como perpetradores en contextos de seguridad, mientras que las mujeres tienden a ser consideradas víctimas. Carpenter (2006) indica que el reconocimiento y las respuestas para abordar y prevenir los delitos de VSG contra ellos han sido secundarios, generando su marginación como sujetos de protección frente a estas formas de violencia en tiempos de guerra. Como resultado, la narrativa VS como arma de guerra no aborda otras formas de violencia de género experimentadas, principalmente, por otros grupos, como las masacres selectivas por sexo, el reclutamiento forzoso y la mutilación genital.
A pesar que la Resolución 2106 (2013) reconoce e incluye a hombres y niños como víctimas de VSG en conflictos armados, los esfuerzos y avances para abor- dar y prevenir crímenes atroces basados en género contra ellos mediante el uso de la narrativa VS como arma de guerra son limitados, considerando que esta violencia es comúnmente enmarcada como un problema de mujeres y niñas, y oscurece otras formas de violencia sexual. En un análisis de las diferentes políticas dentro del sistema de la ONU para la prevención de crímenes atroces basados en género, Sivakumaran (2010) concluye que la falta de avances en esta área es consecuencia de la prevalencia brindada a la creación de instrumentos para proteger y prevenir la VS contra las mujeres y las niñas.
Una de las causas de este fenómeno se encuentra ligada a la preocupación por el desvío de recursos destinados a la promoción de los derechos de las mujeres para la atención de víctimas masculinas (Carpenter, 2006). Además, las víctimas de violación de grupos étnicos o políticos considerados perpetradores o agresores, a menudo se ven marginadas en las medidas adoptadas para abordar los crímenes atroces basados en género, especialmente en lo que respecta al apoyo de supervivencia. Por tanto, los instrumentos de política de la ONU para prevenir dichos crímenes dejan como un aspecto secundario o residual la violencia sexual masculina, y también ignoran las formas de violencia sexual ocurrida en el marco de un conflicto armado cometida contra prisioneros y personas reclutadas por la fuerza al centrarse solo en civiles.
Adicional, la estigmatización es una consecuencia que altera la vida de la víctima que tiene un efecto perdurable y destructivo sobre su identidad social (Rose, 2023). Dicha estigmatización está configurada por comprensiones basadas en género, relacionadas con la identidad, el estatus social y el comportamiento de la persona (Rose, 2023), produciendo mecanismos de castigo social para las víctimas masculinas por no responder a lo que se espera socialmente a partir de las estructuras de género. La narrativa VS como arma de guerra omite las consecuencias creadas en hombres y niños víctimas, en términos de la respuesta a la estigmatización, modificación de las relaciones de poder, y el posible castigo social que se genera, producto de no encajar en los constructos y ordenes de género patriarcales, a partir de la vulneración de las normas que contradicen la comprensión de las relaciones sociales desde una perspectiva binaria y heteronormativa.
Schulz y Touquet (2020) plantean que cuando la VS contra hombres ocurre en contextos privados u oportunistas generalmente no es tomada en cuenta como parte de su uso como arma de guerra. Esto complica la comprensión y alcance de las expresiones de VS como una forma orientada a desmasculinizar a la víctima que busca enviar un mensaje de dominación sobre el adversario. No obstante, cuando se refiere a contextos de VS oportunista contra hombres poco se ha explorado en la literatura sobre cuales podrían ser las múltiples razones de su ocurrencia, y que estas vayan más allá de la mirada binaria entre el carácter estratégico/oportunista de la VS contra ellos.
Por último, y coincidiendo con Schulz y Touquet (2020), se identifica una necesidad de profundizar los debates y aproximaciones para comprender la VS contra hombres durante escenarios de conflicto armado, ya que las intersecciones entre sexualidad, género y poder no han sido suficientemente exploradas con relación a las causas que generan esta violencia, limitándose a explorar la finalidad orientada a la subordinación de las víctimas masculinas mediante prácticas de VS como arma de guerra.
Conclusiones
A pesar de que la narrativa VS como arma de guerra se ha utilizado ampliamente para llamar la atención sobre la incidencia de esta violencia en los conflictos armados al considerar este problema como un fenómeno que afecta la consecución de la paz y seguridad internacional, la misma ofrece una visión limitada y simplista con respecto a las complejas dinámicas e impulsores que rodean la ocurrencia de crímenes atroces basados en género. Como resultado, la presentación de la VS desde esta perspectiva no ha ayudado a prevenir la ocurrencia de dichos crímenes. Para demostrar este argumento, este artículo analizó tres de las críticas y limitaciones más importantes de esta narrativa, abordando las brechas presentes en la prevención.
En primer lugar, se consideró el problema de centrarse simplemente en cerrar la brecha de impunidad mediante la implementación de enfoques legalistas, destacando cómo estas respuestas tienen un alcance limitado para prevenir y abordar las causas profundas de comisión de crímenes atroces basados en género. Esto, puesto que el análisis se ha concentrado en la noción de máximos responsables, a partir del ejercicio de responsabilidad de mando, focalizando su atención a la participación mediante una orden directa o a través de su tolerancia, con el propósito de mantener su poder sobre la organización, y afectar poblaciones mediante dinámicas de VS como un arma de guerra. Esto representa una dificultad para el análisis de la VSG debido a que no se abordan los problemas estructurales que conllevan a su surgimiento, ni se brinda la importancia necesaria a la responsabilidad de los combatientes de rangos inferiores. Además, debe decirse que esta problemática incluye otros aspectos como la debilidad del Estado, el improbable efecto disuasorio sobre los futuros perpetradores, y cómo el empleo de respuestas legalistas no aborda las necesidades de las víctimas, lo que influye en la perduración del ciclo de violencia basado en el género.
En segundo lugar, se analiza la categorización de las formas de daño y las víctimas, y la securitización de la VSG para demostrar cómo la VS como arma de guerra crea una marginación de otras formas de violencia experimentadas en el conflicto. Se concluye que esta narrativa proporciona una forma reduccionista de entender la VS ocasionada en el marco de conflictos armados como un tema militar o político, en lugar de abordar las lógicas y dinámicas que rodean los crímenes atroces basados en género, vinculadas a la desigualdad de género, la continuidad de la violencia y la dinámica patriarcal, presentes en contextos militarizados y con presencia de masculinidades hipermilitarizadas.
En tercer lugar, la VS como arma de guerra proporciona una comprensión limitada frente a la VS con relación a un conflicto, ya que existen puntos ciegos dentro de la narrativa que limitan la prevención en la comisión de crímenes atroces. Esto, a pesar de que se considera que este tipo de actos se fundamentan en razones de género, en donde indistintamente de su sexo, se utiliza al individuo para lograr el control, represión y sumisión de sus enemigos y de la población civil. La literatura y la institucionalidad se han enfocado en la atención efectiva hacia las mujeres, ignorando y omitiendo el deber de protección y garantía de los Estados hacia poblaciones como los hombres y niños, o quienes son reclutados por la fuerza para asumir el rol de combatientes o caen prisioneros de guerra. Desde estas premisas, la comprensión de la VSG implica la necesidad de adoptar una óptica incluyente de interpretación, en la que se planteen estrategias de superación y atención efectiva, considerando las características particulares en las que se puede presentar, siendo un elemento vital para generar un efecto directo en la prevención de crímenes atroces.
Para concluir, estos tres aspectos son centrales para comprender las limitaciones de la narrativa VS como arma de guerra y sus respuestas preventivas, buscando superar los reduccionismos y omisiones presentes en esta para lograr el abordaje de problemas estructurales relacionados con la desigualdad de género, la pobreza y el subdesarrollo, aspectos que pueden jugar un papel significativo en el compromiso de prevenir la comisión de crímenes atroces basados en género.
