Gestión empresarial

Las entidades gubernamentales son empresas dedicadas al sector público y requieren de estrategias o planes de gestión que les permita realizar sus funciones. ^{Torres y Lamenta (2015)} abordaron la temática de la gestión del conocimiento y los sistemas de información en las organizaciones afirmando que la gestión del conocimiento mejora el desempeño de la organización, con miras a lograr una entidad inteligente, donde se involucran estrategias de planeación y establecimiento de políticas. Por otro lado, según ^{Osorno Balbín et al., (2016)}, la gestión de la información y el conocimiento en las organizaciones implica dos asuntos esenciales. El primero exige poder convertir en conocimiento la gran cantidad de información que se maneja para ayudar en la toma de decisiones, y el segundo, exige una eficiente gestión del conocimiento para obtener ventajas competitivas en la globalización actual.

Gobierno digital

El gobierno digital representa una oportunidad para incrementar el bienestar de los ciudadanos fortaleciendo la confianza pública a partir de un Estado que cada vez es más cercano e inteligente, a través del uso de tecnologías de la información y las comunicaciones (^{Pimiento, 2017}).

Según ^{Martino et al., (2017)}, el gobierno digital debe hacer que los servicios estatales operen de una manera más eficiente y ahorrar dinero, crear Gobiernos cada vez más transparentes, dando a los ciudadanos acceso a los datos y brindando información sobre las actividades que se llevan a cabo. En 2016, ^{Corydon et al., (2016)} señalan que para generar una transformación digital en un Gobierno se requieren dos consideraciones principales: la primera se refiere a las capacidades básicas que los Gobiernos utilizan para involucrar a los ciudadanos y empresas a realizar su trabajo. La segunda son los facilitadores organizacionales que apoyan a los Gobiernos para entregar esas capacidades: estrategia, gobernanza y organización, liderazgo, talento y cultura, y tecnología.

Según ^{de Armas Urquiza y de Armas Suárez (2011)} el gobierno electrónico se debe asumir como un proceso evolutivo de cuatro fases: presencia, interacción, transacción y trasformación. Según ^{Sagar (2019)} con el impacto de los cinco desarrollos digitales emergentes (ciberresilencia, privacidad de datos, internet de las cosas, cadenas de bloques e inteligencia artificial), los Gobiernos, como usuarios de estas tecnologías, pueden actuar con más rapidez para capturar ganancias y ofrecer mejores servicios públicos. Así podrían ayudar a reducir la brecha digital y asegurar que la tecnología llegue a las comunidades que más las necesitan. Finalmente, como lo indica ^{Savage (2018)}, la aplicación de la inteligencia artificial por parte de los Gobiernos podría ayudar a combatir la guerra, mejorar la toma de decisiones económicas y disminuir los costos de hacer negocios a nivel internacional.

En este sentido, los entes gubernamentales que invierten en servicios digitales pueden mejorar drásticamente el bienestar de sus ciudadanos. El gobierno digital brinda un acceso más amplio a salud pública y educación de alta calidad, a programas sociales específicos, seguridad mejorada y ayuda en la prevención de delitos (^{Huawei, 2018}). Cabe resaltar que aparte de las dificultades políticas y de cambio climático, los Gobiernos enfrentan el nuevo desafío de la globalización del comercio, que exige que se adapten soluciones del sector privado para cumplir con sus requisitos únicos (^{Selfridge et al., 2018}). Cuando los Gobiernos no responden a las cambiantes exigencias sociales es porque todavía operan con estructuras jerárquicas, aisladas y burocráticas (^{Daniel et al., 2018}). Como contrapeso, ^{Zhang y Kim (2016)} proponen que el gobierno digital ayude a resolver aspectos críticos y sociotécnicos, recurriendo cada vez más a la interoperabilidad entre organizaciones como una estrategia para maximizar el valor de la información (^{Gil-García et al., 2016}).

Cabe mencionar que el gobierno digital también afronta una serie de dificultades y problemas técnicos, tales como la falta de capacitación en cuanto al manejo de tecnología; el acceso a internet en los lugares más alejados para que toda la comunidad esté informada y se puedan generar nuevas oportunidades laborales, académicas, sociales y culturales. Por último, y no menos importante, son los altos costos para la implementación y utilización de diferentes herramientas tecnológicas, ya que no todos los Estados cuentan con los mismos recursos y presupuestos.

Gobierno digital enfocado a la ciudadanía

El énfasis aquí es la interacción que el ciudadano tiene con el Gobierno mediante el uso de las tecnologías. En este orden de ideas, ^{Linkov et al., (2018)} definen la digitalización como mayor conectividad y redes de tecnologías digitales para optimizar la comunicación, los servicios y el comercio entre comunidad, organizaciones y entes de control. Con referencia a lo anterior, ^{Vlachokyriakos et al., (2016)} resaltan que el beneficio de los bienes públicos convencionales es que convierte a las personas en clientes de servicios, a los Gobiernos locales en productores de información, y a la tecnología digital en un medio de comunicación. Cabe agregar, como ejemplo, (^{Massal & Sandoval, 2010}), tres procesos de gran relevancia que han implicado cuestiones de gobierno electrónico en Colombia:

El sistema de pagos de aportes a la seguridad social a través de transferencias electrónicas de fondos usando la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), que deben realizar la totalidad de trabajadores independientes y las empresas; el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), el criticado sistema de información de automotores y conductores. Además, algunos trámites de certificación relevantes para la mayoría de colombianos como son el pasado judicial, los antecedentes disciplinarios y fiscales (p. 4).

Con este propósito, un gobierno abierto, transparente y responsable es primordial para una comunidad informada. Un gobierno abierto es aquel que tiene una posición de conversación con la ciudadanía, con el fin de oír lo que dice y solicita para tomar decisiones a partir de estas necesidades, lo que redunda en la colaboración de los ciudadanos al buen desarrollo del Estado. En este orden de ideas, el gobierno abierto se basa en lo novedoso, no solo en nuevas tecnologías, sino también en productos y servicios. Los avances en redes sociales, análisis de datos, información libre, macrodatos (big data) y demandas ciudadanas se ajustan para crear un contexto de gobierno abierto sin precedentes, asentado en un ciclo de transparencia cada vez más continuo, participativo e iterativo entre el público y los gobiernos (^{Bertot et al., 2016}).

Por lo tanto, según ^{Gil-García et al., (2018)}, el gobierno digital aborda muchos valores de gestión a medida que explora las implicaciones de la adopción de tecnología para los sistemas de prestación de servicios, la rentabilidad, los recursos humanos, las estructuras organizativas, los procesos y el rendimiento. La orientación política de la investigación del gobierno digital afronta los efectos de la información y la tecnología en la transparencia, la responsabilidad y el compromiso de los ciudadanos y las comunidades. En relación con lo anterior, las ciudades inteligentes se han definido como innovación, no precisamente, sino especialmente a través de las TIC, que mejoran la vida de las personas en términos económicos, de movilidad y de gobernanza. El gobierno inteligente también es un tema emergente, que cada vez más atrae la atención de los estudiosos en administración pública, ciencias políticas y ciencias de la información (^{Anthopoulos & Reddick, 2016}).

Las Ciudades Digitales integran la tecnología digital en los sistemas básicos de infraestructura de la ciudad, mientras que las ciudades inteligentes se basan en la infraestructura de ciudad digital para construir edificios inteligentes, sistemas de transporte, escuelas, espacios servicios públicos, integrados en sistemas urbanos inteligentes (^{Estévez & Janowski, 2016}), p. 13.

Seguridad y privacidad de la información en el gobierno digital

La seguridad y privacidad de la información es un problema de gran relevancia para todas las entidades gubernamentales. Pero hoy en día no se puede dividir en temas específicos, como la seguridad nacional o la piratería informática, que sería solo una pequeña parte del desafío que enfrentan los Gobiernos. Si una empresa gubernamental puede lidiar con la seguridad y privacidad de la información de una manera que cumpla con las expectativas de la comunidad, entonces se mejora la posición general del Gobierno (^{Noonan, 2017}). Para afrontar estos problemas y desafíos, el Min TIC (2014) ha adoptado el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, MSPI, con el que se busca contribuir al incremento de la transparencia de la gestión pública, promoviendo las buenas prácticas de seguridad de la información. Este modelo proporciona una serie de guías anexas que ayudarán a las entidades a cumplir lo solicitado, incluyendo los nuevos lineamientos del protocolo IPv6 en el Estado colombiano.

Cadenas de bloques y seguridad y privacidad de la información

Para garantizar la seguridad de la información es ideal que el procedimiento se ajuste con ayuda de la tecnología. En este contexto, es necesario utilizar múltiples enfoques de seguridad para mitigar el riesgo de violaciones (^{Safa et al., 2016}). Es indispensable verificar la credibilidad de los macrodatos (big data) para disminuir los riesgos, ya que una herramienta que no protege bien al usuario, se constituye en una amenaza a su privacidad y a la seguridad de los datos (^{Zhang, 2018}). Como respuesta a este problema, surge la cadena de bloques (blockchain), una gran base de datos descentralizada a la que se ingresan distintos tipos de datos como transacciones, procesos, contratos, privados, entre otros, cifrados con procedimientos matemáticos complejos para aumentar su seguridad (^{Meneses, s.f.}). La técnica de la cadena de bloques está pensada fundamentalmente para construir redes privadas que, con una figura similar a la potestad central, otorga certificados de identidad para poder operar en la red (^{Alija, 2018}).

Aunque los responsables de políticas tienen que ser capaces de construir un marco legal en el que se proteja la privacidad y se promueva la interoperabilidad internacional para evitar que se atasque el comercio entre países (^{Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE] & Banco Interamericano de Desarrollo, 2016}), la creciente profundidad y volumen de los datos personales y corporativos la convierte en un blanco muy atractivo para los delincuentes cibernéticos y el espionaje o sabotaje estatal (^{Nadeau, 2017}). En el futuro, toda la información se resguardará mediante la cadena de bloques, que ya ha soportado numerosos ataques demostrando claramente que, a pesar de su naturaleza descentralizada, es una técnica confiable (^{Dimov & Juzenaite, 2017}). Cabe agregar que las empresas podrán transformar el funcionamiento de sus sistemas, ya que las organizaciones podrán manejar sus datos sin una entidad centralizada que haga esta tarea (^{La Rotta, 2018}). La seguridad y privacidad de la información «busca proteger los derechos de los usuarios de la entidad y mejorar los niveles de confianza en los mismos a través de la identificación, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos de los sistemas de información» (^{MinTIC, 2017}). Por ello, es importante tanto la seguridad física de ordenadores y dispositivos de almacenamiento, como la de los sistemas y redes de tecnologías de información (^{Cárdenas-Solano et al., 2016}).

Cadena de bloques aplicada al gobierno digital

Aquí se resalta la influencia que puede tener la cadena de bloques en la política del modelo de seguridad de las entidades gubernamentales. A este respecto, la cadena de bloques es uno de los avances más significativos y primordiales de las plataformas digitales y también es, posiblemente, la tecnología más sobrevalorada en la actualidad (^{Warthon University of Pennsylvania, 2018}). La cadena de bloques se encuentra entre las «próximas grandes tecnologías de transformación» que el Gobierno está considerando utilizar en su búsqueda para brindar a los residentes un acceso fácil y en línea a servicios y transacciones (^{Douglas, 2017}). En este sentido, la tecnología de bloques es especialmente adecuada para un sistema de gobierno electrónico porque es una herramienta para la protección contra la manipulación de contratos digitales (^{Felip, 2018}) y, a su vez, mejora la eficiencia en la prestación de servicios a los ciudadanos, aumentado la confianza y generando ahorros (^{EY Global, 2018}). Según ^{Parker (2018)}, en el último año ha habido un cambio fundamental en el pensamiento acerca de la tecnología de cadena de bloques y sus innovaciones ya están proporcionando soluciones a problemas de macrodatos.

Gobierno digital en el mundo

El gobierno digital es una herramienta fundamental en los diferentes escenarios gubernamentales. Así, según ^{Putra et al., (2018)}, permite ofrecer servicios públicos disponibles en cualquier momento y desde cualquier lugar en donde se encuentren los usuarios. Asimismo, ^{Carter et al., (2016)} indican que el gobierno electrónico permite brindar servicios más transparentes, de alta calidad, eficientes y efectivos a los ciudadanos. Por ejemplo, ^{Burton (2018)} señala que el Gobierno federal de Australia se ha comprometido a convertirse en uno de los principales tres gobiernos digitales para el 2025. Como parte de su estrategia, han desarrollado un plan de transformación digital que incluye acelerar la inteligencia artificial, la computación cuántica, entre otros (^{Commonwealth of Australia, 2018}).

Por otra parte, el ^{Instituto Científico de Gobierno Electrónico (2016)} realizó la encuesta de clasificación del ranking mundial en el ámbito del gobierno digital entre 65 países en el año 2016. Los siete primeros puestos con sus correspondientes puntajes son 1) Singapur, 91 puntos; 2) Estados Unidos, 90.2 puntos; 3) Dinamarca, 88.8 puntos; 4) Corea del Sur, 85.7 puntos; 5) Japón, 83.2; 6) Estonia, 81.8 puntos y 7) Canadá, 79.9 puntos. Por otro lado, ^{Policy Options Politiques (2019)} menciona a Canadá como un país que está tomando el gobierno digital como una prioridad fundamental, el cual traerá eficiencia, un uso más sofisticado de los datos y una mejora en la interacción entre los ciudadanos y el Estado. Según ^{Patiño, (2018)}, la estrategia de este país en cuanto a gobierno digital se basa en tres principios: centrarse en los usuarios; probar cosas nuevas y aprender de las experiencias; y liderar la práctica de datos abiertos.

Según ^{Twynam (2019)}, el Reino Unido también se está sumando a esta iniciativa, por medio de la estrategia de transformación del gobierno digital implementada a principios de 2017. Esta representa una oportunidad para brindar mayor flexibilidad, seguridad y productividad a los equipos de todo el Gobierno central, atrayendo al mejor talento posible. Para ello, como lo indica ^{Jiménez (s.f.)}, su estrategia se basa en convertirse en un Estado de teléfonos inteligentes, donde los ciudadanos siempre estén conectados con el Gobierno por medio de las tecnologías, ofreciendo servicios de calidad para construir nuevos cimientos para educación, seguridad y conectividad.

Singapur es sin duda el modelo a seguir. El país cuenta, por ejemplo, con 1600 servicios electrónicos y una banda ancha que da acceso al 99 % de los ciudadanos; es el primer país del mundo en usar la identificación por radiofrecuencia (RFID, por sus siglas en inglés) en sus 21 bibliotecas públicas; cuenta con la primera red totalmente electrónica que funciona las 24 horas del día para servicios portuarios; ha creado el portal eCitizen, que proporciona los servicios e información del Gobierno de manera intuitiva y segura; los funcionarios públicos son capacitados en información y comunicaciones para que puedan utilizar la tecnología en pro del servicio público. Singapur se ha consolidado como el primero en el mundo en materia de gobierno digital (^{Instituto Científico de Gobierno Electrónico, 2016}), porque ha sabido llevar un proceso constructivo, permitiendo aumentar los ingresos económicos, estrechando la brecha tecnológica y generando un gran impacto a nivel global por la excelente estructuración del Gobierno.

Gobierno digital en Colombia

^{Ruiz Velasco (2013)} dice que el gobierno en línea en Colombia surgió a principios del siglo XXI. Era la respuesta a las políticas del Plan Nacional de Desarrollo: Cambio para Construir Paz (1998-2002), que buscaba la inclusión de las TIC en las administraciones públicas para avanzar en la modernización de la infraestructura del Estado, haciendo énfasis en los principios de eficacia, eficiencia, responsabilidad y transparencia. Por otra parte, el MinTIC (2015) señala que la transformación de estrategia de gobierno en línea a política de gobierno digital, genera un nuevo enfoque, en que no solo el Estado, sino también los ciudadanos, son actores fundamentales para su desarrollo integral y consolidar un Estado y unos ciudadanos competitivos, proactivos, e innovadores, que generen valor público en un entorno digital. Así, pues, el ^{MinTIC (2018)} busca que el uso de las tecnologías sea ágil, sencillo y útil, y que promueva un ambiente seguro, corresponsable y previsible para los diferentes actores de la política. Como ejemplo, ^{Colprensa (2018)} propone la aplicación Soy CIO, la cual busca facilitar la implementación de la política de gobierno digital y acercar a los ciudadanos con las entidades públicas, implementado un chat, un banco de conocimiento, una sección de eventos, noticias, y el avance de las entidades en su implementación.

Colombia mejora cada vez más en eficiencia del Gobierno, de las empresas y en infraestructura. Por esto, el país pasó del puesto 52 al 48 entre 60 economías en el anuario sobre competitividad 2013, elaborado por la Escuela de Negocios de Suiza, IMD (^{El Espectador, 2013}). Este crecimiento posicionó al país como un miembro de la OCDE (^{El Espectador, 2018}). Esto obliga a que se sigan una serie de buenas prácticas y pautas para promover el bienestar económico y social, según se indica en el estudio de la ^{OECD (2018)} sobre gobierno digital, el cual permitirá aprovechar todos los beneficios de las tecnologías, fomentando una administración moderna impulsada por los ciudadanos y que apoya una era de paz en Colombia.

En resumen, el gobierno digital permite el acceso a la información de forma flexible y confiable. Así, el Gobierno puede dar inclusión, fiabilidad en la prestación de servicios y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Asimismo, al poner a disposición diferentes servicios en línea e información en general, es necesario considerar su seguridad y privacidad pues, aparte del marco legal, también se debe hacer uso de tecnologías como la cadena de bloques que permite garantizar la seguridad, confiabilidad y trazabilidad de los datos, además de facilitar la supervisión generando territorios transparentes y, por tanto, menos corruptos. La gestión de la información y, posteriormente, la gestión del conocimiento de los datos generados, a partir de la estrategia de gobierno digital, será el germen de nuevas políticas y regulaciones.